Abriendo la norma
Ley provincial VII-104 · 2026
Establecen un Programa de Alivio Financiero.
La Legislatura de la Provincia del Chubut sanciona con fuerza de Ley:
La presente ley tiene por objeto: a) Establecer el Programa de Alivio Financiero destinado a personas humanas residentes en la Provincia del Chubut en situación de vulnerabilidad financiera, con un régimen de alícuota reducida en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las entidades que adhieran; y b) regular el régimen de deducción voluntaria de haberes del personal del Sector Público Provincial y de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones comprendidos en la presente ley para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero.
Créase en el ámbito de la Provincia del Chubut el Programa de Alivio Financiero, destinado a facilitar la cancelación o refinanciación de las deudas de personas humanas residentes en la Provincia del Chubut que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 4° de la presente ley, mediante el acceso a líneas de crédito especiales otorgadas por entidades financieras adheridas al programa, en las condiciones establecidas en la presente ley.
El programa tiene por finalidad reducir la carga financiera de los hogares, prevenir situaciones de exclusión crediticia, promover la regularización de deudas existentes y contribuir a la estabilidad económica de las familias residentes en la Provincia del Chubut.
Pueden acceder a las líneas de crédito a otorgarse en el marco del Programa de Alivio Financiero las personas humanas que reúnan simultáneamente los siguientes requisitos: a) Registrar deudas originadas en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras; b) que cada una de las deudas cuya cancelación o refinanciación se pretenda se encuentre informada al 1° de septiembre de 2026 o fecha posterior que establezca la reglamentación, en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en Situación 1, 2 o 3, conforme la clasificación establecida por dicho organismo; c) poseer ingresos mensuales del grupo familiar inferiores a DIEZ (10) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, conforme la integración del grupo familiar y la metodología de cómputo de ingresos que establezca la reglamentación; y d) contar con domicilio real en la Provincia del Chubut.
Los créditos otorgados por las entidades adheridas tienen como único destino la cancelación o refinanciación de las deudas originadas con la propia entidad y los créditos contraídos por sus clientes con cualquier otra entidad financiera regulada por el Banco Central de la República Argentina. En este último caso, las entidades adheridas pueden definir los requisitos crediticios que deben cumplir los beneficiarios previstos por el artículo 4°de la presente ley, respetando las condiciones crediticias definidas en el artículo 6° de la presente y en la medida que no desnaturalicen el objeto y la finalidad del programa.
Los préstamos otorgados en el marco del programa deben ajustarse a las siguientes condiciones: a) Tasa Nominal Anual fija máxima del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%); b) plazo mínimo de devolución de VEINTICUATRO (24) meses. Las entidades adheridas pueden ofrecer condiciones más favorables para los beneficiarios que las previstas en la presente ley, incluyendo tasas de interés inferiores o plazos de devolución superiores.
Pueden adherir al programa las entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526 y los proveedores no financieros de crédito inscriptos ante el Banco Central de la República Argentina, mediante presentación ante la autoridad de aplicación en la forma que fije la reglamentación. La adhesión importa la aceptación de las condiciones de la presente ley y el deber de informar trimestralmente las operaciones otorgadas. En todos los casos, los créditos ofrecidos por las entidades adheridas deben cumplir las condiciones y requisitos establecidos en la presente ley.
Los intereses devengados por las entidades otorgantes como consecuencia de los préstamos celebrados en el marco del presente programa gozan de una alícuota reducida al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad, siempre que dichos créditos cumplan con los plazos y las condiciones mínimas establecidas en la presente ley. La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) puede reglamentar las disposiciones del presente artículo y dicta las normas complementarias necesarias para su efectiva implementación.
Créase el régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero aplicables al personal del Sector Público Provincial y a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones comprendidos en el presente artículo. A tal efecto, quedan comprendidos: a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Administración Provincial, conformada por la Administración Central, los Organismos Descentralizados, Autárquicos y autofinanciados que no tengan prevista afectación de recursos en la Constitución Provincial; b) el Instituto de Seguridad Social y Seguros, respecto a sus agentes activos y de los beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones a su cargo. El presente régimen comprende las amortizaciones y servicios de préstamos, pagos por consumo y cuotas sociales.
A los efectos de la presente ley, se entiende por Sistema de Código de Descuento al mecanismo administrativo mediante el cual, previa autorización del agente, jubilado o pensionado y cumplidos los requisitos establecidos en la presente ley, el servicio administrativo financiero correspondiente practica deducciones sobre sus haberes y transfiere las sumas resultantes a una entidad habilitada. El sistema tiene carácter instrumental y facultativo para el Estado Provincial. Su utilización no importa reconocimiento, garantía, aval ni asunción por parte del Estado de las obligaciones emergentes de la relación jurídica existente entre la entidad y el agente, jubilado o pensionado.
Las entidades a cuyo favor pueden efectuarse deducciones en los haberes del personal son: a) Mutuales; b) cooperativas; c) obras Sociales; d) entidades Oficiales; e) Banco del Chubut S.A; f) asociaciones civiles; g) asociaciones sindicales; h) las demás entidades públicas o privadas que determine la reglamentación, siempre que su incorporación resulte compatible con la finalidad y condiciones del presente régimen. Los sujetos comprendidos en el presente artículo deben acreditar, según corresponda, su personería jurídica, matrícula, inscripción o autorización vigente ante la autoridad competente, así como encontrarse legalmente habilitados para desarrollar la actividad, prestación u operación que origine la deducción.
La suma total de las deducciones por el pago de obligaciones de dar sumas de dinero contempladas en el artículo 9° de la presente ley, no puede exceder el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la retribución salarial bruta total del agente o del haber previsional bruto total del jubilado o pensionado, según corresponda. En ningún caso se puede afectar un porcentaje superior al establecido en el presente artículo y los haberes netos resultantes de la deducción no pueden ser inferiores al monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, en cuyo caso el límite de descuento debe adecuarse para no afectar el haber. No puede realizarse descuento alguno sobre las asignaciones familiares.
Cuando el agente, jubilado o pensionado, hubiera autorizado deducciones a favor de más de una entidad, la totalidad de ellas no puede superar el límite del artículo 12 de la presente ley. En caso de concurrencia tienen prioridad, en este orden, las deducciones a favor del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Instituto Provincial de la Vivienda y el Banco del Chubut S.A; respecto de las restantes, la prioridad se determina por el orden cronológico de comunicación al servicio administrativo financiero. La deducción que no pueda practicarse por exceder el límite no genera responsabilidad alguna para el Estado.
Toda deducción por el pago de obligaciones de dar sumas de dinero debe ser solicitada en forma previa, expresa e individual por el agente público, jubilado o pensionado destinatario, quien debe autorizar al servicio administrativo financiero pertinente del Sector Público Provincial a practicar las deducciones correspondientes.
Créase, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Provincia del Chubut, el Registro de Entidades Habilitadas para operar con el sistema de deducción de haberes, en el que deben inscribirse las entidades comprendidas en el artículo 11 de la presente ley que pretendan operar mediante dicho sistema. La inscripción es condición para la asignación de un código de descuento. La reglamentación debe establecer los requisitos de inscripción, permanencia, suspensión y baja de las entidades en el Registro.
Las entidades inscriptas en el Registro deben mantener durante toda su permanencia las condiciones exigidas para su inscripción y comunicar a la autoridad de aplicación cualquier modificación que se produzca respecto de ellas. Asimismo, deben informar, con carácter previo a la incorporación de cada operación al sistema, la totalidad de las condiciones de la operación, incluyendo el monto otorgado, la tasa de interés, el costo financiero total, la cantidad y el importe de las cuotas y cualquier otro concepto que integre el costo del crédito. La omisión o insuficiencia de dicha información, así como la aplicación de costos financieros totales superiores a los límites establecidos en la presente ley, impide que se practiquen los descuentos correspondientes a la operación observada. La falsedad o adulteración de la información suministrada constituye causal de suspensión o baja del Registro.
El código de descuento constituye una facilidad administrativa que el Estado Provincial otorga y puede modificar, suspender o suprimir, y no genera derecho adquirido alguno a favor de las entidades. El Estado no es responsable por las consecuencias de la caducidad de códigos, la suspensión o baja del Registro, la imposibilidad de practicar una deducción por aplicación de los límites de esta ley ni la derogación de este régimen.
Establécese un límite máximo para el costo financiero total de los créditos otorgados por entidades inscriptas en el Registro cuya cancelación se instrumente mediante el sistema de código de descuento, el que no podrá exceder en CINCO (5) puntos porcentuales adicionales a la tasa informada mensualmente por el Banco del Chubut S.A como aplicable a las operaciones de préstamos personales tomando como referencia el vigente a la fecha de celebración de la operación. El Costo Financiero Total debe comprender la totalidad de los intereses, cargos, comisiones, seguros y demás conceptos que integren el costo de la operación, conforme la metodología que determine la reglamentación.
El titular del servicio administrativo financiero incurre en falta grave en caso de efectivizarse la deducción sobre los haberes por un porcentaje superior al establecido como límite en la presente ley o sin observar los topes de Costo Financiero Total dispuesto en el artículo 18 de la presente ley.
Fíjase un arancel equivalente al UNO CON CINCO POR CIENTO (1,5%), calculado sobre el total a depositar a cada entidad, en concepto de costo administrativo. El arancel está a cargo exclusivo de la entidad beneficiaria del descuento y no puede ser trasladado directa ni indirectamente al agente, jubilado o pensionado.
Las deducciones correspondientes a préstamos otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, cuya ejecución mediante código de descuento hubiera cesado como consecuencia de lo dispuesto por el Decreto N° 1185/2026, deben reanudarse de pleno derecho, pero sujetas a las condiciones establecidas en el artículo 12 de la presente ley. Las entidades titulares de dichos códigos de descuento deben solicitar su inscripción en el Registro dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde la promulgación de la presente ley. Vencido dicho plazo sin que se hubiera solicitado la inscripción o en caso de que se rechace la misma, no pueden practicarse nuevas deducciones a su favor hasta tanto la entidad cumplimente dicho requisito. Si como consecuencia de los topes establecidos en el artículo 12 de esta ley quedaran saldos pendientes de pago por parte del deudor, los mismos pueden ser refinanciados por las entidades otorgantes de los préstamos sin que pueda considerarse en mora al deudor y sin devengamiento de intereses moratorios y punitorios. La solicitud de inscripción en el Registro creada por la presente ley por parte de la entidad implica la aceptación de pleno derecho de estas condiciones y la renuncia a constituir en mora al deudor por los saldos no descontados en virtud de esta ley. Los códigos de descuento que no hubiesen sido dados de baja por el Decreto N° 1185/2026 mantendrán transitoriamente su vigencia. Las entidades titulares de dichos códigos deben solicitar su inscripción, en el Registro dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde la promulgación de la presente ley. Vencido dicho plazo sin que se hubiera solicitado la inscripción, o si esta fuera rechazada, no pueden practicarse nuevas deducciones a su favor hasta tanto la entidad cumplimente dicho requisito. Cuando exista más de un préstamo y la suma de las cuotas supere el límite máximo de afectación previsto en el artículo 12 de la presente ley, el importe disponible debe distribuirse a prorrata entre los distintos acreedores.
El Ministerio de Economía, o el organismo que en el futuro lo reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente ley. En el ámbito del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los organismos con autonomía funcional, la implementación del Capítulo III de la presente corresponde a sus respectivas autoridades administrativas, con sujeción a los límites sustantivos aquí establecidos y utilizando el Registro y el sistema de verificación previstos en el artículo 15 de la presente ley.
Abrogación. Abrógase la Ley I N° 109.
LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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