Abriendo la norma
Ley provincial XIX-102 · 2026
Prohíben el ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad.
La Legislatura de la Provincia del Chubut sanciona con fuerza de Ley:
La presente ley tiene por objeto prohibir el ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial, con excepción de terminales móviles de primera generación expresamente autorizadas por la autoridad competente y establecer un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantice el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660. Las restricciones y medidas previstas en la presente ley deberán interpretarse y aplicarse de conformidad con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y no afectación arbitraria del derecho a la comunicación.
La presente ley rige en todos los establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y en todo lugar de alojamiento de personas privadas de libertad de jurisdicción de la Provincia del Chubut. También alcanza a aquellas personas privadas de libertad alojadas en unidades del Servicio Penitenciario cuando su detención hubiese sido dispuesta por sentencia o resolución judicial emanada de juez o tribunal de la Provincia del Chubut, cualquiera sea la autoridad penitenciaria o policial responsable del establecimiento carcelario.
A los efectos de esta ley se entiende por: a) Equipo o terminal móvil: todo dispositivo electrónico portátil apto para cursar comunicaciones o transferencias de datos mediante redes celulares, Wi-Fi, satelitales, de radiocomunicación u otras equivalentes, incluyendo, de modo enunciativo, teléfonos celulares, smartphones, dispositivos con SIM/eSIM, tablets, computadoras portátiles (notebooks, netbooks, laptops, ultrabooks), módems portátiles, hotspots/routers portátiles, relojes inteligentes con conectividad, consolas u otros dispositivos portátiles con conectividad, y cualquier otro dispositivo análogo, así como sus partes, componentes, módulos, accesorios o consumibles, aun cuando se encuentren separados del equipo principal, y de cualquier elemento o dispositivo destinado a facilitar su funcionamiento o a dificultar, neutralizar u obstaculizar los controles de seguridad; b) comunicaciones institucionales controladas: aquellas realizadas mediante infraestructura administrada o autorizada por la autoridad penitenciaria, conforme protocolos, registros y medidas de seguridad. La enumeración precedente es enunciativa. Quedan comprendidos en la definición del inciso a) todo dispositivo electrónico portátil que, por sí o mediante accesorios, permita cursar comunicaciones o transferencias de datos a través de redes públicas (celulares, Wi-Fi, satelitales u otras), o acceder a servicios de internet, mensajería o redes sociales. Quedan excluidos de dicha definición los dispositivos, terminales o infraestructuras provistos o autorizados por la Autoridad de Aplicación en el marco de las comunicaciones institucionales controladas y de los programas educativos, laborales, sanitarios o de reinserción bajo supervisión.
La detección de dispositivos prohibidos dará lugar a su inmediato secuestro, labrándose acta circunstanciada con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias. Cuando existan indicios de comisión de delito, se dará inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal y al juez de ejecución o, en su caso, al magistrado que hubiese dispuesto la prisión preventiva.
Las autoridades a cargo de cada establecimiento alcanzado por la presente ley tienen la obligación permanente de impedir el ingreso y circulación de tecnología prohibida y de hacer cumplir la prohibición establecida en esta ley, adoptando y manteniendo operativos los controles y procedimientos necesarios. La Autoridad de Aplicación dictará los estándares mínimos de actuación, supervisará su cumplimiento y efectuará auditorías periódicas. Las medidas previstas en el presente artículo deberán ajustarse a protocolos previamente aprobados, documentados, auditables y accesibles a los organismos judiciales y de control competentes, con respeto de los estándares de derechos humanos y sin perjuicio de las reservas operativas estrictamente indispensables para la seguridad del establecimiento.
A los fines de garantizar el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad con sus familiares y defensa técnica, cada establecimiento de detención deberá disponer y mantener operativo un sistema institucional de comunicaciones mediante líneas fijas y/o tecnología VoIP provistas por la propia institución, e instrumentar un esquema de turnos y horarios que asegure un acceso regular, efectivo y no discriminatorio. Sin perjuicio de ello, la reglamentación podrá habilitar, para supuestos específicos y bajo infraestructura institucional cerrada, otros medios de comunicación digital controlada, incluidos sistemas de videocomunicación, cuando resulten necesarios por razones judiciales, educativas, sanitarias, de vinculación familiar o de reinserción, siempre que no impliquen acceso libre a internet ni a plataformas abiertas de comunicación. Las terminales institucionales habilitadas a tal fin deberán configurarse para permitir exclusivamente las funcionalidades expresamente autorizadas por esta ley y su reglamentación, quedando prohibido que permitan, por sí o mediante configuraciones, accesorios o conexiones: a) acceso libre a internet o navegación web no autorizada; b) uso de aplicaciones de mensajería instantánea abierta, redes sociales, correo electrónico, intercambio libre de archivos o cualquier otra modalidad de comunicación no habilitada institucionalmente. El establecimiento deberá adoptar las restricciones técnicas necesarias para asegurar que las comunicaciones sólo puedan cursarse a través de los canales institucionales previstos, quedando prohibida toda maniobra tendiente a habilitar funcionalidades no permitidas o desviar el sistema para fines distintos a los establecidos por la presente ley.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, la máxima autoridad de cada establecimiento alcanzado por la presente ley deberá disponer, mantener operativo y administrar un sistema de comunicaciones institucionales controladas mediante líneas telefónicas fijas y/o tecnología VoIP provistas por la institución y, en los supuestos especialmente previstos por la reglamentación, otros medios digitales cerrados de carácter institucional, configurado y operado bajo condiciones de seguridad, de modo tal que garantice el derecho a la comunicación conforme los controles previstos en la presente ley. El sistema se regirá por las siguientes reglas mínimas: a) Las comunicaciones se realizarán exclusivamente mediante líneas, cabinas, terminales o dispositivos institucionales habilitados a tal fin y únicamente hacia números, cuentas o destinos previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, sin perjuicio del régimen especial previsto para la comunicación con la defensa; b) se llevará un registro de datos básicos de cada comunicación o interacción autorizada, incluyendo fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y destino, sin registrar ni interceptar el contenido, salvo orden de autoridad judicial competente; c) podrá implementarse, cuando corresponda, un mensaje institucional pregrabado que informe que la comunicación se origina en un establecimiento de detención; d) la frecuencia, duración, asignación de turnos y condiciones de acceso deberán responder a criterios objetivos, generales, razonables y no discriminatorios, garantizando acceso equitativo y evitando restricciones arbitrarias; e) la reglamentación deberá prever mecanismos de contingencia para asegurar la continuidad del servicio ante fallas técnicas o interrupciones prolongadas.
La gestión del sistema de comunicaciones institucionales deberá resguardar la inviolabilidad y privacidad del contenido de las comunicaciones, así como asegurar un tratamiento lícito, adecuado, pertinente y no excesivo de los datos registrados en virtud de la presente ley. Queda prohibida la interceptación, registro, escucha, transcripción, monitoreo o análisis del contenido de las comunicaciones sin orden de autoridad judicial competente, de conformidad con el marco legal aplicable. En particular, las comunicaciones con la defensa técnica deberán garantizarse bajo condiciones reforzadas de confidencialidad.
La comunicación con defensores, organismos judiciales y organismos de control deberá garantizarse en condiciones de confidencialidad, no pudiendo ser escuchada ni registrada en su contenido, sin perjuicio de controles visuales y de seguridad externa compatibles con dicha garantía.
Medidas técnicas sobre señal: inhibición o gestión controlada. A los fines de asegurar el cumplimiento de la prohibición establecida en la presente ley, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la instalación de soluciones técnicas para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles en los sectores de alojamiento, incluyendo inhibición o sistemas de acceso/gestión controlada, siempre que: a) Se ajusten a lo establecido para estos dispositivos por la normativa nacional aplicable, incluyendo autorizaciones y condiciones técnicas; b) se adopten ajustes técnicos para evitar afectación a redes o áreas exteriores y a comunidades aledañas; c) se prevea un mecanismo de apagado inmediato ante afectación externa y hasta su corrección; d) su implementación no implique, en los hechos, una incomunicación por falta de canales alternativos suficientes, conforme el estándar de proporcionalidad señalado por la jurisprudencia.
A fin de contribuir a la educación y capacitación para el trabajo, y facilitar necesidades operativas del personal, la Autoridad de Aplicación podrá contratar o disponer redes alámbricas internas y servicios digitales restringidos, bajo estricta supervisión.
Sin perjuicio de las responsabilidades penales y de infracción al régimen de ejecución penal, la violación a la prohibición prevista en esta ley será considerada falta grave a los efectos del régimen disciplinario aplicable, en concordancia con el estándar legal nacional. El personal penitenciario o policial que facilite consienta u omita controles de modo doloso o gravemente negligente la utilización por parte de reclusos de los dispositivos de comunicación prohibidos por esta ley, será pasible de las sanciones administrativas correspondientes, ello sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
La Autoridad de Aplicación instrumentará convenios y mecanismos de coordinación con autoridades nacionales competentes y prestadores de telecomunicaciones para el cumplimiento de la presente, especialmente respecto de autorizaciones y estándares técnicos vinculados al espectro radioeléctrico.
Será Autoridad de Aplicación el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut, o el organismo que en el futuro lo reemplace, en atención a sus competencias en materia penitenciaria. La Autoridad de Aplicación deberá conservar y poner a disposición de los jueces competentes, el Ministerio Público de la Defensa y los organismos de control con competencia en materia de privación de libertad, registros de auditoría e informes de funcionamiento que resulten pertinentes, con las reservas estrictamente indispensables por razones de seguridad.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días contados desde su entrada en vigencia. La reglamentación deberá aprobar un plan de adecuación e implementación gradual por etapas, establecimientos y niveles de criticidad, priorizando la puesta en funcionamiento de los canales institucionales alternativos de comunicación y, posteriormente, la instalación o ajuste de las medidas técnicas complementarias previstas en la presente ley. Durante todo el proceso de implementación deberá garantizarse, en cada establecimiento alcanzado, la disponibilidad efectiva de canales institucionales suficientes para no afectar arbitrariamente el derecho a la comunicación.
A los fines de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley -en particular lo dispuesto en los artículos 3° a 11°- queda autorizado el Poder Ejecutivo a adquirir el equipamiento y tecnología que resulten conducentes a ese fin, y a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la puesta en ejecución de la de la presente ley.
LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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