Abriendo la norma
Ley provincial 11.085 · 2025
Crean la Procuración Penitenciaria.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba Sanciona con Fuerza de Ley:
Créase la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba, en el ámbito del Poder Judicial, que actúa con autonomía funcional y tiene por objeto la tutela, promoción y protección de los derechos y garantías de toda persona detenida o privada de libertad en jurisdicción provincial, cualquiera sea el organismo actuante, la naturaleza de la medida o el tipo de establecimiento, incluyendo establecimientos penitenciarios, complejos carcelarios, alcaidías y cualquier otro dispositivo de detención o privación de la libertad.
La Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba goza de autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su organización económico-financiera y de recursos humanos depende del Tribunal Superior de Justicia.
La Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba está integrada por una Procuración Penitenciaria General, hasta cuatro Procuraciones Penitenciarias Adjuntas, siendo facultad del Poder Ejecutivo Provincial determinar su número, y dos Secretarías Técnicas.
La Procuración Penitenciaria General, las Procuraciones Penitenciarias Adjuntas y las Secretarías Técnicas son designadas por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Antes de asumir sus funciones, deben prestar juramento ante el Tribunal Superior de Justicia.
El Procurador Penitenciario General dura cinco años en sus funciones y puede ser designado nuevamente. Las Procuraciones Penitenciarias Adjuntas y las Secretarías Técnicas gozan de la garantía de inamovilidad en sus cargos. Los nombrados precedentemente, pueden ser removidos del mismo modo y por las mismas causales previstas para los jueces. Asimismo, les son aplicables las mismas inmunidades e incompatibilidades establecidas para estos.
Para ser designado en los cargos de Procurador Penitenciario General o Procurador Penitenciario Adjunto de la Provincia de Córdoba se requiere: 1) Ser ciudadano argentino, con ciudadanía en ejercicio; 2) Tener no menos de treinta años de edad; 3) Poseer título de abogado, y 4) Acreditar doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura, o de desempeño en instituciones públicas vinculadas a la protección de derechos humanos, políticas penitenciarias o ámbitos afines; Para ser designado como Secretario Técnico, se requiere: a) Ser ciudadano argentino, con ciudadanía en ejercicio; b) Poseer título de abogado, y c) Acreditar ocho años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura, o de desempeño en instituciones públicas vinculadas a la protección de derechos humanos, políticas penitenciarias o ámbitos afines.
Establécese que el régimen laboral, disciplinario y salarial, aplicable al personal de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba, es el que rige para el personal del Poder Judicial de la Provincia. El cargo de Procurador Penitenciario General percibe una remuneración equivalente a la de un Vocal del Tribunal Superior de Justicia. Los cargos de Procuradores Penitenciarios Adjuntos perciben una remuneración equivalente a la de los Defensores Adjuntos del Ministerio Público de la Defensa Los cargos de Secretarios Técnicos perciben una remuneración equivalente a la de un Juez de Primera Instancia.
El Procurador Penitenciario General es la máxima autoridad de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba, y el responsable de su funcionamiento. Las personas que ejerzan los cargos de Procuradores Penitenciarios Adjuntos actúan bajo su coordinación, supervisión y en el marco de las delegaciones funcionales que les otorgue.
Son funciones de la Procuración Penitenciaria General de la Provincia de Córdoba: 1) Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento general de la Procuración Penitenciaria; 2) Realizar inspecciones, con o sin previo aviso, y monitoreo de los establecimientos comprendidos en la presente Ley; 3) Emitir recomendaciones y requerimientos; 4) Requerir informes, antecedentes y documentación; 5) Realizar entrevistas con personas privadas de la libertad; 6) Poner en conocimiento del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana todo acto, hecho u omisión que pudiera constituir una falta disciplinaria de agentes de las fuerzas de seguridad; 7) Poner en conocimiento de oficinas de sumarios u organismos públicos correspondientes todo acto, hecho u omisión que pudiera configurar una falta administrativa de agentes o funcionarios del Estado; 8) Requerir la intervención urgente de la autoridad judicial en situaciones de riesgo inminente para la vida, integridad o salud de una persona privada de libertad; 9) Formular denuncia penal o constituirse en querellante en el marco de sus competencias y según su criterio, cuando tome conocimiento de actos, hechos u omisiones que pudieran constituir delitos de acción pública en contextos de privación de libertad; como asimismo promover acciones judiciales de tutela de derechos fundamentales, incluyendo habeas corpus, amparo individual y amparo colectivo, medidas cautelares o autosatisfactivas, así como toda acción constitucional o procesal conducente a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, de manera individual o respecto de grupos, colectivos, establecimientos o sistemas de detención; 10) Poner en conocimiento de lo actuado a la autoridad judicial a cuya disposición se encontrare la persona privada de la libertad y respecto de la cual se iniciaron las actuaciones, pudiendo, a su vez, expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o de derecho ante el magistrado interviniente, en carácter de "amigo del tribunal"; 11) Mantener comunicación institucional permanente con organismos vinculados a la ejecución penal y al tratamiento de personas privadas de libertad; 12) Elaborar y presentar el Informe Técnico Anual; 13) Dirigir la política institucional en materia de capacitación de personal y trabajo interdisciplinario; 14) Dictar el Reglamento Interno de la Procuración Penitenciaria; 15) Aprobar protocolos de actuación; 16) Representar a la Procuración Penitenciaria ante autoridades provinciales, nacionales e internacionales, y suscribir convenios en materias de su competencia; 17) Promover acciones de formación y capacitación en materia de su competencia; 18) Delegar atribuciones en los Procuradores Adjuntos y supervisar su ejercicio, sin perjuicio de las funciones previstas por esta Ley, y 19) Ejercer toda otra función asignada por esta Ley o que determine su reglamentación.
El Procurador Penitenciario General debe concurrir por lo menos una vez al año ante la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Penitenciario y la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de exponer sobre su gestión.
El Procurador Penitenciario General es suplido en casos de delegación expresa, vacancia, ausencia o impedimento por el Procurador Penitenciario Adjunto que correspondiere, conforme la materia de que se trate.
Son funciones de las Procuraciones Penitenciarias Adjuntas, las siguientes: 1) Realizar, bajo supervisión del Procurador General, inspecciones, con o sin previo aviso, y monitoreo de los establecimientos comprendidos en la presente Ley y entrevistas a personas privadas de la libertad; 2) Colaborar en la elaboración del Informe Técnico Anual y de los informes especiales; 3) Mantener comunicación con otros organismos e instituciones vinculadas con la materia de su competencia; 4) Proponer medidas urgentes ante situaciones de riesgo o vulneración de derechos, y 5) Ejercer toda otra función que les delegue el Procurador Penitenciario General o que establezca el Reglamento Interno.
En caso de vacancia, ausencia o impedimento, los Procuradores Penitenciarios Adjuntos son suplidos por el de su misma jerarquía, según lo disponga el Procurador Penitenciario General o en la forma prevista por esta Ley.
Las Secretarías Técnicas son el órgano de asistencia técnica, administrativa y de gestión de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba. Sus funciones son: 1) Asistir a la Procuración Penitenciaria General y Procuraciones Adjuntas en la programación, coordinación y ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, de su reglamentación y de las decisiones que aquellos adopten dentro de su competencia; 2) Implementar las decisiones, instrucciones y lineamientos generales impartidos por el Procurador Penitenciario General y sus Adjuntos, en el marco de la organización interna de la Procuración Penitenciaria; 3) Organizar y mantener actualizados los registros, bases de datos y sistemas de información que establezca el Reglamento Interno, siendo responsable de su custodia, integridad y confidencialidad, conforme la normativa vigente; 4) Colaborar en la elaboración de informes, recomendaciones y documentos técnicos; 5) Llevar el protocolo de resoluciones de la Procuración Penitenciaria General, y 6) Desempeñar toda otra función que le asignen la presente Ley, su reglamentación, el Reglamento Interno o las decisiones del Procurador Penitenciario General en el ámbito de su competencia.
La Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba está facultada para llevar adelante inspecciones, con o sin previo aviso, y monitoreo en establecimientos penitenciarios, complejos carcelarios, alcaidías y cualquier otro dispositivo de detención o privación de la libertad.
La Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba puede formular recomendaciones, requerimientos o propuestas de alcance particular o general a organismos o reparticiones del Estado, para la tutela, prevención y protección de derechos individuales o de incidencia colectiva de personas privadas de la libertad.
La negativa o demora injustificada en la colaboración o respuesta a un requerimiento, ocultamiento u obstrucción del trabajo de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba, constituirá falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.
Ante situaciones de grave vulneración de derechos, la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba puede requerir ante el organismo correspondiente, las medidas urgentes que resulten pertinentes.
Las comunicaciones y la correspondencia intercambiadas entre la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba y las personas privadas de la libertad son inviolables, y no pueden ser sometidas al control de ninguna autoridad, ni pueden ser interferidas o impedidas. La correspondencia no puede ser retenida bajo ningún concepto.
Anualmente el Procurador Penitenciario General dará cuenta ante el Tribunal Superior de Justicia, mediante un informe técnico, de la labor realizada, el cual debe ser presentado antes del 31 de diciembre, remitiendo copia al Poder Ejecutivo Provincial y a la Legislatura.
El informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba contará con copia de todas las recomendaciones emitidas, como así también de las denuncias y presentaciones realizadas ante el Poder Judicial y trámite o resultado en que se encuentran. El informe anual no puede detallar nombres y datos personales de los internos y demás personas privadas de libertad comprometidos en las denuncias y recomendaciones, salvo expreso consentimiento de éstos. Los informes anuales y especiales tienen carácter público, salvo las reservas previstas por esta Ley o por normas de protección de datos personales y confidencialidad.
Créase en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Penitenciario y la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tiene por objeto colaborar en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, recomendaciones y acciones institucionales en materia penitenciaria y de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la jurisdicción provincial.
La Comisión Especial para el Seguimiento del Sistema Penitenciario está integrada por: 1) El Presidente Provisorio de la Legislatura; 2) Los Presidentes de los bloques políticos parlamentarios de la mayoría y de la primera y segunda minorías, y uno por las restantes minorías; 3) El Presidente de la Comisión de Seguridad; 4) El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; 5) El Presidente de la Comisión de Legislación General; 6) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; 7) Un representante de las universidades públicas con asiento en la provincia de Córdoba, y 8) Un representante de la sociedad civil, con conocimiento en la materia de la presente Ley.
El personal de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba no puede participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, ni ejecutar acto alguno que comprometa su función.
Todo lo que no estuviese expresamente previsto en la presente Ley se regirá por lo dispuesto en la Ley N° 8435 -Orgánica del Poder Judicial- y en las demás leyes que resulten de aplicación.
Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 8435 -Orgánica del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera: "Artículo 2°.- MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS. Son Magistrados del Poder Judicial los Vocales del Tribunal Superior de Justicia, de las Cámaras, los Jueces y los reemplazantes que los sustituyan transitoriamente. Son Funcionarios del Poder Judicial los Miembros del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba y los reemplazantes que los sustituyan transitoriamente, conforme lo establecen las leyes respectivas; los Relatores, los Secretarios, los Prosecretarios, Oficiales de Justicia, Ujieres, Notificadores, Médicos Forenses, Directores y Subdirectores. Los Magistrados y Funcionarios mencionados precedentemente deben tener residencia real efectiva dentro de un radio máximo de treinta kilómetros computados desde la sede oficial en donde deban cumplir habitualmente sus tareas; para los reemplazantes y jueces de paz dicho radio podrá ampliarse hasta cincuenta kilómetros. No podrán participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones."
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones presupuestarias que fueren necesarias para la implementación de las disposiciones de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigencia a los treinta días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba.
De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Fin del texto
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