Abriendo la norma
Ley provincial 8.123 · 1991
Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
*Artículo 1.- Garantías Constitucionales. Nadie podrá ser penado sino en virtud de un proceso previamente tramitado con arreglo a éste Código, ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho y designados de acuerdo con la Constitución Provincial; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias. Esta última prohibición no comprende los casos en que no se hubiere iniciado el proceso anterior o se hubiere suspendido en razón de un obstáculo formal el ejercicio de la acción. El proceso no podrá durar más de dos años, pero si concurrieren las circunstancias previstas en la última parte del Artículo 337, el plazo podrá extenderse hasta un año más, previo el trámite legal previsto en el Artículo 283 inc. 4).
Este código será aplicado desde que sea puesto en vigencia, aún en los procesos por delitos anteriores, salvo disposición en contrario.
Será interpretada restrictivamente toda disposición legal que coarte la libertad personal, limite el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso, o establezca sanciones procesales o exclusiones probatorias.
Las disposiciones que reconozcan derechos a la víctima, deberán interpretarse de modo que se asegure su efectividad, en cuanto resulte compatible con la garantía del debido proceso. La intervención de la víctima podrá ser considerada en la valoración integral del caso, sin alterar el régimen de partes, derechos y recursos previsto por este Código.
El Tribunal Superior de Justicia dictará, de oficio o a propuesta de otros tribunales o del Ministerio Público, las normas prácticas que sean necesarias para aplicar este Código.
La acción pública es ejercida por el Ministerio Público, sin perjuicio de las facultades que este Código le confiere a la víctima. El Ministerio Público debe iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley.
Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá iniciarse si el ofendido por el delito o, en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o guardador, formularen denuncia ante autoridad competente para recibirla. Será considerado guardador quien tuviera a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del menor. La instancia privada se extiende de derecho a todos los partícipes del delito.
El ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, podrán intervenir en el proceso como querellante particular en la forma especial que este Código establece, y sin perjuicio de ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si el querellante particular se constituyera, a la vez, en actor civil, podrá formular ambas instancias en un solo escrito, con observancia de los requisitos previstos para cada acto.
La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial que este Código establece (424 y ss.)
Cuando la solución de un proceso penal dependa de la solución de otro y no corresponda la acumulación de ambos, el ejercicio de la acción se suspenderá en el primero después de la investigación penal preparatoria, hasta que en el segundo se dicte sentencia firme.
El Tribunal o el Fiscal de Instrucción deberán resolver, con arreglo a las disposiciones legales que las rija, todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las referentes a la validez o nulidad del matrimonio, cuando de su resolución dependa la existencia del delito. En estos casos, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que en la jurisdicción civil recaiga sentencia firme, la que producirá el efecto de cosa juzgada.
Cuando se deduzca una excepción de prejudicialidad, el Tribunal o el Fiscal de Instrucción, podrán apreciar, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil. En caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenará que éste continúe. Cuando la resolución que odrene o deniegue la suspensión fuere dictada por el Fiscal de Instrucción, podrá ser objeto de oposición. El Juez de Control resolverá, sin sustanciación, en el término de tres días. La resolución no será apelable. Cuando el auto que ordena o niega la suspensión fuere dictado por el Juez de Control podrá ser apelado.
Resuelta la suspensión del proceso de acuerdo con los artículos 9 y 10, se ordenará la libertad del imputado, previa fijación de domicilio, pudiendo disponerse las restricciones previstas en el artículo 268 y practicarse los actos urgentes de investigación.
El Juicio civil que fuere necesario podrá ser promovido y proseguido por el Fiscal en lo Civil y Comercial, con citación de todos los interesados.
No obstante el deber impuesto por los artículos 5º y 71 de este Código, el Fiscal de Instrucción podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho o algunos de los hechos, en los siguientes casos: 1) Cuando se trate de un hecho insignificante; 2) Si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia y pudiera corresponder, en el caso concreto, una pena de ejecución condicional; 3) Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y/o desproporcionada la aplicación de una pena; 4) Cuando la pena que pueda imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde carezca de importancia en consideración a la pena ya impuesta o a la que puede esperarse por los restantes hechos; 5) Cuando exista conciliación entre las partes. Si como consecuencia de la conciliación y ante la existencia de daño las mismas hubieran arribado a un acuerdo resarcitorio, el Fiscal de Instrucción sólo podrá prescindir de la acción cuando la víctima haya percibido la totalidad de lo convenido, y 6) Cuando el imputado se encuentre afectado, según dictamen pericial, por una enfermedad terminal. La imposibilidad de dar con el paradero de la víctima no obstará la aplicación de los criterios de oportunidad previstos en los incisos 1), 2), 3), 4) y 6) de este artículo. Si el Ministerio Público decide que no procede la aplicación de una regla de disponibilidad de la acción, la decisión no será susceptible de impugnación alguna.
No corresponderá la aplicación de las reglas de disponibilidad de la acción: 1) En los casos en que el autor del delito fuera funcionario público y hubiese cometido el hecho con abuso de su cargo; 2) Cuando el hecho haya producido una afectación al interés público. Este sólo se considerará afectado cuando en el caso concreto se pueda estimar que: a) La pena que sufriría el imputado en caso concreto de ser condenado sería de ejecución efectiva; b) El delito atribuido aparezca como una expresión de criminalidad organizada de cualquier índole, o c) La existencia de una situación de desigualdad entre el imputado y la víctima, derivada de la situación de poder o de la capacidad económica de aquel, que favorezca un aprovechamiento de la vulnerabilidad de ésta o de sus deudos, en el supuesto del inciso 5) del artículo 13 bis de este Código. 3) Cuando el imputado tenga antecedentes penales computables o haya sido beneficiado anteriormente con la aplicación de un criterio de oportunidad o del beneficio de la suspensión de juicio a prueba y vuelva a cometer delito; 4) Cuando se tratare de hechos que resulten incompatibles con las previsiones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la República Argentina; 5) Cuando se tratare de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, en cualquiera de sus formas prescriptas en el Código Penal, salvo que se trate de delitos culposos con resultado de lesiones leves o graves; 6) Cuando se tratare de hechos cometidos dentro de un contexto de violencia doméstica, de género, motivados en razones discriminatorias, o de grave violencia física en las personas, y 7) Cuando se tratare de delitos cometidos en contra de menores de edad o el imputado se sirva de un menor para consumarlos. El Fiscal General, con el fin de fijar las políticas de persecución penal -artículo 171 de la Constitución de la Provincia de Córdoba-, podrá interpretar los alcances de las reglas de disponibilidad de la acción penal mediante el dictado de instrucciones generales.
La decisión que prescinda de la persecución penal determinará que el Juez de Control, a instancia del Fiscal de Instrucción, declare extinguida la acción pública con relación al participante en cuyo favor se decide mediante el dictado de una sentencia de sobreseimiento. En caso de aplicación de un criterio de oportunidad el Fiscal de Instrucción, previo a remitir el requerimiento de sobreseimiento al Juez de Control, deberá notificar su decisión a la víctima. Esta podrá, en el plazo de cinco (5) días, convertir la acción pública en privada u ocurrir ante el Fiscal General para modificar o revocar la decisión del Fiscal de Instrucción. En los casos de ocurrencia de la víctima ante el Fiscal General, este deberá resolver en el plazo de cinco (5) días. La decisión no es impugnable. Dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la resolución confirmatoria del Fiscal General la víctima podrá convertir la acción pública en privada. En los supuestos de conversión de la acción, la víctima deberá presentar su querella dentro de los sesenta (60) días siguientes de haber expresado su voluntad de convertirla. Vencido el plazo, el sobreseimiento del imputado procede de pleno derecho.
Las reglas de disponibilidad de la acción pueden aplicarse durante la investigación penal preparatoria, desde el mismo inicio de la persecución penal y hasta el dictado del requerimiento fiscal de citación a juicio, salvo el caso del inciso 5) del artículo 13 bis de este Código, el cual podrá aplicarse hasta cinco (5) días de vencido el término para ofrecer prueba.
*Artículo 14.- Desafuero, Juicio Político y Jurado de Enjuiciamiento. Si se formulare requerimiento de investigación jurisdiccional contra un Legislador, Magistrado o Funcionario sujeto a desafuero, a juicio político, enjuiciamiento o juicio de destitución, el Tribunal competente practicará la investigación jurisdiccional y podrá ordenar todas las medidas previstas en este Código con excepción de las dispuestas en los Artículos 208 y 216, pero no podrá conducir al imputado por la fuerza pública, ni detenerlo, ni disponer la elevación de la causa a juicio, sin solicitar previamente el allanamiento de su inmunidad ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen tal solicitud. Si el Legislador, Magistrado o Funcionario hubiere sido aprehendido en flagrancia, el Tribunal dará cuenta inmediatamente al órgano competente, con información sumaria del hecho, a fin de que proceda, según el caso, a su suspensión o destitución. Si se rechazare el desafuero o hubieren transcurrido los plazos previstos en el Artículo 95 de la Constitución Provincial, sin que la Cámara se hubiese expedido, el Tribunal competente pondrá inmediatamente en libertad al imputado, declarará por auto que no se puede proceder y ordenará el archivo de las actuaciones. Se procederá de igual modo cuando el imputado fuere pasible de juicio político, enjuiciamiento o juicio de destitución y éste no hubiere sido destituido.
*Artículo 15.- Querellas contra Legisladores. Magistrados o Funcionarios. Las querellas por delitos de acción privada formuladas contra un Legislador, Magistrado o Funcionario, sujeto a juicio político, enjuiciamiento o juicio de destitución, tramitarán según lo dispuesto en el Capítulo IV, del Título II, del Libro Tercero, pero no se podrá fijar audiencia para el debate sin solicitar previamente el allanamiento de la inmunidad ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen tal solicitud. El Tribunal procederá de acuerdo a las previsiones del artículo anterior relativas a la inmunidad del imputado. Si se formulare querella contra un Legislador, relacionada a opiniones, discursos o votos que hubieran sido pronunciados o emitidos desde el día de su elección, hasta la finalización de su mandato, el Tribunal deberá declararla inadmisible aunque se presentara con posterioridad a la finalización del referido mandato.
*Artículo 16.- Varios Imputados. Cuando se proceda contra varios imputados y alguno de ellos goce de inmunidad, el proceso podrá formarse y seguir contra todos. En este supuesto son aplicables las disposiciones del Artículo 14 y el primer párrafo del Artículo 15.
El Ministerio Público y las partes podrán interponer las siguientes excepciones que deberán resolverse como de previo y especial pronunciamiento: 1) Falta de jurisdicción o de competencia. 2) Falta de acción, porque ésta no se pudo promover, no fue iniciada legalmente o no pudiere proseguir. 3) Extinción de la pretensión penal. Si concurrieren dos o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
Las excepciones se deducirán por escrito y, si fuero el caso, deberán ofrecerse las pruebas que justifiquen los hechos en que se basen, bajo pena de inadmisibilidad. Si las excepciones se basaren en hechos que deban ser probados, previamente se ordenará la recepción de la prueba por un término que no podrá exceder de quince días, y se citará a las partes a una audiencia para que oral y brevemente hagan su defensa. El acta se labrará en forma sucinta. El trámite de la excepción no podrá durar más de un mes, no computándose el tiempo de diligenciamiento de prueba fuera de la Provincia, incidentes, recursos de actos que dependan de la actividad de las partes.
De las excepciones planteadas se correrá vista al Ministerio Público, al querellante particular y a las partes interesadas. El Tribunal resolverá por auto. Si se dedujera durante la investigación fiscal, efectuado el trámite a que se refiere el artículo anterior, el Fiscal elevará el incidente a resolución del Juez de Control, con opinión fundada, en el término de tres días. Si no hubiera prueba que recibir, elevará inmediatamente las actuaciones.
El incidente se sustanciará y resolverá por separado, sin perjuicio de continuarse la investigación. La resolución será apelable.
Si se admitiere la falta de jurisdicción o de competencia, excepción que deberá ser resuelta antes que las demás, se procederá conforme a los artículos 41 o 45.
Cuando se hiciere lugar a una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido.
Cuando se hiciere lugar a una excepción dilatoria, se ordenará el archivo del proceso y la libertad del imputado, sin perjuicio de que se declaren las nulidades que correspondan. El proceso continuará tan luego se salve el obstáculo formal al ejercicio de la acción.
*Artículo 24.- Titular. La acción Civil destinada a obtener la restitución del objeto materia del delito y la indemnización por el daño causado, sólo podrá ser ejercida por la víctima, sus herederos en los límites de su cuota hereditaria o por otros damnificados directos, contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable. Sólo podrá ejercerse la acción civil en el proceso penal si se tratare de un delito doloso y en los delitos culposos únicamente si se tratare de un homicidio o de lesiones gravísimas. Estas limitaciones no regirán en los casos de conexión de causas en las que se imputen delitos dolosos y culposos, ni en los casos de conexión de causas en las que se imputen otros delitos culposos además de los enumerados o mediare entre ellos un concurso ideal de delitos.
La acción civil deberá ser ejercida por el Asesor Letrado: 1) Cuando el titular de la acción careciera de recursos y, sin constituirse en actor cicil, le delegue su ejercicio. 2) Cuando el titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente, sin perjuicio de la representación promiscua.
*Artículo 26.- Oportunidad. Excepto en el proceso de menores (Libro Tercero, Título II, Capítulo III), la acción resarcitoria podrá ser ejercida desde el comienzo de la investigación penal preparatoria; pero la absolución del acusado no impedirá que el Tribunal de juicio se pronuncie sobre ella en la sentencia (411), ni la ulterior extinción de la pretensión penal impedirá que el Tribunal Superior decida sobre la civil.
Si la acción penal no pudiera proseguir por haberse suspendido su ejercicio, por rebeldía o locura del imputado, la civil podrá ser ejercida ante la jurisdicción respectiva.
La Jurisdicción penal se ejercerá por los tribunales que la Constitución y la Ley instituyen, y se extenderá al conocimiento de los hechos delictuosos cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar. La competencia de aquéllos será improrrogable.
Si a un persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos.
Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro correspondiente a la jurisdicción de otra provincia, primero será juzgado en Córdoba, si el delito imputado aquí fuere de mayor gravedad. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, el proceso de jurisdicción provincial podrá sustanciarse simultáneamente con el conexo, cuando ella no determine obstáculos para el ejercicio de las jurisdicciones o para la defensa del imputado.
Unificación de Penas. Cuando un persona hubiere sido condenada en diversas jurisdicciones y correspondiere unificar las penas (C.P. 58), el Tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según hubiere impuesto la pena mayor o la menor. En condenado cumplirá la pena en la Provincia cuando en ésta se disponga la unificación, salvo que la ley determine lo contrario.
El Tribunal Superior conocerá de los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión.
*Artículo 34.- Cámara en lo Criminal. La Cámara en lo Criminal, a través de sus Salas Unipersonales o como Tribunal Colegiado -de conformidad a lo previsto en los Artículos 34 bis, 34 ter, 34 quater y concordantes-, juzgará en única instancia de los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro Tribunal.
*Artículo 34 Bis.- Regla: Salas Unipersonales. Excepto lo previsto en el Artículo 34 ter, a los fines del ejercicio de su competencia, la Cámara del Crimen se dividirá en tres (3) Salas Unipersonales, las que procederán de acuerdo con las normas del juicio común; asumiendo la jurisdicción, respectivamente cada uno de los Vocales, en ejercicio de las atribuciones propias del Presidente y del Tribunal encargado de aquél.
*Artículo 34 Ter.- Excepción: Jurisdicción en Colegio. No obstante lo previsto en el artículo anterior, la jurisdicción será ejercida en forma colegiada en los siguientes supuestos: 1º) Cuando se tratare de causas complejas, a criterio del Tribunal, conforme a lo previsto en el Artículo 361, segunda parte. 2º) Si la defensa del imputado se opusiere al ejercicio unipersonal de la jurisdicción, a tenor de lo establecido en el Artículo 361 segunda parte in fine. 3º) En los casos en que se hubiere dispuesto la integración con Jurados, de acuerdo a los Artículos 361 y 369. 4º) En ejercicio de la competencia atribuida a la Cámara de Acusación, en las circunscripciones judiciales donde estos Tribunales no se hubieren establecido.
*Artículo 34 quater.- Competencia Anexa de las Salas Unipersonales. La Jurisdicción será siempre asumida por las Salas Unipersonales, a los fines del ejercicio de la competencia del Juez Correccional en las circunscripciones Judiciales donde este órgano no se hubiere establecido.
La Cámara de Acusación conocerá de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de Control y de las cuestiones de competencia que se suscitaren entre los Tribunales jerárquicamente inferiores. La Cámara se dividirá en salas unipersonales para conocer y resolver los recursos de apelación que versen sobre la libertad del imputado. En este supuesto, excepcionalmente, lo hará en forma colegiada en los siguientes casos: 1) Cuando así lo determine la Cámara por mayoría simple en causas complejas, voluminosas o en las que resulte necesario unificar criterios jurisprudenciales; 2) Cuando sea requerido por el representante del Ministerio Público, en forma fundada, y 3) Cuando sea peticionado fundadamente por la defensa del imputado.
Corresponderá al Juez de Ejecución, siempre que no se tratare de procesos en los que hubiere intervenido un Tribunal de Menores: 1º) Controlar que se respeten las garantías constitucionales en el trato otorgado a los condenados y a las personas sometidas a medidas de seguridad. 2º) Controlar el cumplimiento, por parte del imputado, de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión del Juicio a prueba, libertad condicional, y condena de ejecución condicional. 3º) Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictadas por los Jueces de Control, Jueces Correccionales y Cámaras en lo Criminal, con excepción de la ejecución civil. 4º) Controlar la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a inimputables mayores de edad. 5º) Conocer en los incidentes que se susciten durante la ejecución de la pena, con excepción de los relacionados con el cómputo de las penas, de la revocación de la condena de ejecución condicional o de la libertad condicional por la comisión de un nuevo delito; y de la modificación de la sentencia o de la pena impuesta por haber entrado en vigencia una Ley más benigna. 6º) Conocer en las peticiones que presentaran los condenados a penas privativas de libertad, con motivo de beneficios otorgados por la legislación de ejecución penitenciaria.
El Juez de Instrucción, de conformidad a la reglamentación que establezca el Tribunal Superior en ejercicio de la atribución conferida por el Artículo 12, Inciso 24, de la Ley 8435: 1) Practicará la investigación jurisdiccional en los supuestos previstos en los Artículos 14 y 16; y las medidas que le correspondan durante la investigación fiscal. 2) Juzgará en única instancia en el juicio abreviado previsto por el Artículo 356.
*Artículo 37.- JUEZ CORRECCIONAL. El Juez Correccional juzgará en única instancia: 1.- De los delitos de acción pública dolosos que estuvieren reprimidos con prisión no mayor de tres años o pena no privativa de la libertad. 2.- De los delitos culposos cualquiera sea la pena. 3.- De los delitos de acción privada.
*Artículo 38.- Nota de Redacción (Derogado por Ley 8498)
*Artículo 39.- Juez de Paz. Si en el territorio de su competencia no hubiere Fiscal de Instrucción o Juez de Menores, el Juez de Paz practicará los actos urgentes de la investigación con arreglo al artículo 304. Podrá recibir declaración al imputado en la forma y con las garantías establecidas por la Ley (258, 306 y ss.), ordenar su detención en los casos previstos en los artículos 272 y 274, comunicándola inmeditamente al órgano competente; y recibir las declaraciones testificales, según las normas de la investigación penal preparatoria. Deberá remitir las actuaciones al órgano judicial competente dentro del término de cinco días a contar de su avocamiento, más en caso de difícil investigación, aquél podrá prorrogar este término por otro tanto.
Para determinar la competencia se tendrán en cuenta todas las penas establecidas por la ley para el delito consumado y las circunstancias agravantes de calificación, no así la acumulación de penas por concurso de hechos de la misma competencia; pero siempre que sea probable la aplicación del artículo 52 del Código Penal, será competente la Cámara en lo Criminal.
La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El Tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente y podrá a su disposición los detenidos, si los hubiere. Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el Tribunal juzgará de los delitos de competencia inferior.
La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razpon de la materia producirá la nulidad de los actos, excepto los que sean imposible repetir. Estas disposición no regirá cuando un juez de competencia superior hubiera actuado en una causa atribuidaa a otro de competencia inferior.
Será competente el Tribunal del lugar en que el hecho se hubiera cometido. En caso de tentativa, el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el de aquél donde comenzó a ejecutarse.
Si fuere desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, será competente el Tribunal del lugar donde se estuviere practicando la investigación o, en su defecto, el que designare el Tribuanl jerárquicamente superior.
En cualquier estado del proceso, el Tribunal que reconozca su incompetencia territorial remitirá las actuaciones al competente y pondrá a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de investigación.
La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo producirá la nulidad de los actos de investigación cumplidos después que se haya declarado la incompetencia.
Las causas serán conexas: 1) Si los delitos imputados huiberan sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque lo fueran en distintos lugares o tiempo, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas. 2) Si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad. 3) Si los hechos fueren simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que designare el Tribunal jerárquicamente superior. A pesar de la acumulación, las actuaciones sumariales se compilarán por separado, salvo que fuere inconveniente para la investigación.
Las causas serán conexas: 1) Si los delitos imputados huiberan sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque lo fueran en distintos lugares o tiempo, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas. 2) Si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad. 3) Si los hechos fueren simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que designare el Tribunal jerárquicamente superior. A pesar de la acumulación, las actuaciones sumariales se compilarán por separado, salvo que fuere inconveniente para la investigación.
*Artículo 49.- Excepción de la Acumulación. La acumulación de procesos no será dispuesta cuando determine un grave retardo de alguno de ellos, aunque en todos deberá juzgar el mismo Tribunal, de acuerdo con las normas del artículo anterior. En el supuesto del inciso 3 del artículo 47, tampoco será dispuesta cuando se tratare de causas por las que procediera investigación fiscal y jurisdiccional. En estos casos, las causas recién se acumularán de oficio al clausurarse las respectivas investigaciones. Si correspondiere unificar las penas se procederá con arreglo al Artículo 58 del Código Penal.
Si dos tribunales se declarasen simultánea y contradictoriamente competente o incompetente para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por el tribunal jerárquicamente superior.
El Ministerio Público y las partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el Juez que consideren competente o por declinatoria ante el que estimen incompetente. El que opte por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultánea o sucesivamente. Al plantear la cuestión, el oponente deberá, manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, no haber usado el otro medio, y si resultare lo contrario, será condenado en costas, aunque aquélla se resuelva a su favor o sea abandonada.
La cuestión podrá ser promovida en cualquier momento hsta la fijación de la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 41, 45 y 383.
Cuando se promueva inhibitoria se observarán las siguientes normas: 1) El Tribunal ante quien se proponga la resolverá previa vista al Ministerio Público. Si la resolución que deniega el requerimiento de inhibición fuere dictada por el Juez de Control, será apelable. Cuando decida librar exhorto inhibitorio, con él acompañara las piezas necesarias para fundar su competencia. 2) Cuando reciba exhorto de inhibición, el Tribunal requerido resolverá previa vista al Ministerio Público, y las partes. Si la resolución que hace lugar a la inhibitoria fuere dictada por el Juez de Control, será apelable. Los autos serán remitidos oportunamente al Juez que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y los elementos de convicción que hubiere. Si negare la inhibición informará al Tribunal que la huiere propuesto, remitiéndole copia del auto, y le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes al tribunal superior. 3) Recibido el oficio antes expresado, el Tribunal que propuso la inhibitoria resolverá sin más trámite si sostiene o no su competencia: en el primer caso remitirá los antecedentes al tribunal superior y se lo comunicará al requerido para que haga lo mismo con el proceso; en el segundo, se lo comunicará al competente, remitiéndole todo lo actuado. 4) El tribunal superior decidirá previa vista al Ministerio Público y enviará inmediatamente la causa al competente.
La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones (18 y ss.).
Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación que será continuada: 1) Por el Juez que primero conoció en la causa. 2) Si dos jueces hubieran proveído en la misma fecha, por el requerido de inhibición. Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el Tribunal ordene una investigación suplementaria (365).
Al resolver el conflicto, el Tribunal determinará, si correspondiere (42 y 46), que actos del declarado incompetente no conservan validez.
Las cuestiones de jurisdicción con jueces nacionales, militares o de otras provincias se resolverán conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia, con arreglo a la Ley nacional o tratados interprovinciales que existieren.
Cuando un Tribunal pidiera a otro del país la extradición de un imputado o condenado por un delito, se procederá conforme a la Ley 5.804.
Si el imputado o condenado se encontrare en territorio extranjero, la extradición se tramitará en la forma prevista por el artículo 160.
El juez deberá inhibirse de conocer en la causa: 1) Cuando en el mismo proceso hubiera pronunciado o concurrido a pronuncian sentencia; hubiera intervenido como Juez de Control resolviendo la situación legal del imputado o como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante; o hubiera actuado como perito o conociera el hecho investigado como testigo. 2) Si fuere pariente, dentro del cuarto grado de cosanguinidad o segundo de afinidad, de algún interesado. 3) Cuando él o alguno de sus parientes en los grados preindicados tengan interés en el proceso. 4) Si fuera o hubiera sido tutor o cuardor; o hubiera estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados. 5) Cuando él o sus parientes, dentro de los grados referidos, tengan juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima. 6) Si él, su esposa, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cjargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de Bancos Oficiales o constituidos por sociedades anónimas. 7) Cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido denunciante, querellante o acusador de alguno de los interesados, o denunciado, querellado o acusado por ellos, salvo que circunstancias posteriores demostraren armonía entre ambos. 8) Si hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso. 9) Cuando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. 10) Si él, su esposa, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido o recibirán beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el proceso, el hubiera recibido presentes o dádivas aunque fueran de poco valor. 11) Cuando en la causa hubiera intervenido o interviniere como Juez algún pariente suyo dentro del cuarto grado de cosanguinidad o segundo de afinidad. 12) Cuando mediaren otras circunstancias que, por su gravedad, afectaren su imparciabilidad.
A los fines del artículo anterior, se consideran interesados al Ministerio Público, el imputado, el querellante, el ofendido, el damnificado y el responsable civil, aunque estos últimos no se constituyan en parte, lo mismo que sus representantes, defensores y mandatarios.
El Juez deberá inhibierse en cuanto conozca alguno de los motivos que prevé el artículo 60, aunque hubiera intervenido antes en el proceso.
*Artículo 63.- Excepción. No obstante el deber impuesto por el artículo 60, los interesados podrán solicitar al Juez que siga conociendo en la causa, excepto que el motivo de la inhibición esté previsto en alguno de los cuatro primeros incisos o cuando él o sus parientes, dentro de los grados referidos, tenga sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo sociedad anónima. Aquél resolverá sin recurso alguno.
La Cámara del Crimen juzgará de la inhibición o recusación de los Jueces de Control, Correccional, de Menores y de Faltas; el Juez de Control, la de los Jueces de Paz que actúen en procesos en que el primero sea competente; los Tribunales Colegiados, previa integración, la de sus miembros.
El Juez que se inhiba remitirá el expediente, por decreto fundado, al que deba reemplazarlo; éste tomará conocimiento de la causa inmediatamente y proseguirá su curso, sin perjuicio de que eleve los antecedentes en igual forma al Tribunal respectivo, si estimare que la inhibición no tiene fundamento. La incidencia será resuelta sin más trámite. Cuando el Juez que forme parte de un Tribunal colegiado reconozca un motivo de inhibición, pedirá que se disponga su apartamiento.
El Ministerio Público, las partes, sus defensores y mandatarios, podrán recusar al Juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados en el artículo 60. Sin embargo, el imputado o su defensor podrán, recusar sin causa legal, por única vez, a uno de los jueces de las Cámaras en lo Criminal, dentro del plazo de citación a juicio. No podrá ser recusado sin expresión de causa más de un vocal de Cámara; en caso de pluralidad de imputados, sólo tendrá eficacia la primera recusación.
La recusación deberá ser interpuesta, bajo pena de inadmisiblilidad, en un escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba de los que haya de valerse, en las siguientes oportunidades: durante la investigación, antes de la clausura; en el juicio, durante el término de citación (361); cuando se trate de recursos, en el término de emplazamiento (462) o al deducir el de revisión. Sin embargo, la recusación que se fundamente en una causal producida o conocida después de los plazos susodichos, podrá deducirse dentro de las 24 horas a contar de la producción o el conocimiento. Además, en caso de ulterior integración de Tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de las 24 horas de la resolución que la hubiera dispuesto.
Si el Juez admitiere la recusación, se procederá con arreglo al artículo 65. En caso contrario, remitirá el escrito de recusación y su informe al Tribunal competente (64), para que el incidente se tramite por cuerda separada, o si el Juez integrarse un Tribunal colegiado, pedirá el rechazo de aquélla. Previa audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, el Tribunal competente resolverá el incidente dentro de las 48 horas, sin recurso alguno.
Si el Juez de Control fuere recusado y no admitiere la existencia del motivo que invoca, continuará la investigación aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos siempre que el recusante lo pidiere en el término de 24 horas a contar desde que el expediente llegó al Juzgado que deba actuar.
Recusación de Secretarios deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos que expresa el artículo 60, y el Tribunal ante el cual actúen averiguará verbalmente el hecho y resolverá motivadamente lo que corresponda, sin recurso alguno.
El Ministerio promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley, dirigirá la Policía Judicial y practicará la investigación fiscal preparatoria.
El Fiscal General actuará en los recursos extraordinarios ante el Tribunal Superior en la forma prevista por este Código.
*Artículo 73.- Fiscal de Cámara del Crimen y Correccional. Además de las funciones acordadas por la Ley el Fiscal de Cámara actuará durante el juicio ante el Tribunal respectivo. Podrá llamar al Fiscal de Instrucción que haya intervenido en la investigación penal preparatoria, por intermedio del Tribunal en los siguientes casos: 1) Cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre información o coadyuve con él, incluso durante el debate. 2) Si estuviere en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal o le fuere imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusación. Iguales atribuciones tendrá el Fiscal en lo Correccional. Actuará también el Fiscal de Cámara en los recursos deducidos ante la Cámara del Crimen en la forma prevista por este Código.
*Artículo 74.- Nota de Redacción (derogado por Ley 9048)
El Fiscal de Instrucción dirigirá la investigación fiscal, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella y actuará ante el Juez de Control cuando corresponda.
En la investigación fiscal, el ámbito material y territorial de actuación del Fiscal de Instrucción y lo relativo a conexión de causas, se regirá por lo dispuesto en los artículos 40 al 49, en cuanto sean aplicables. En el caso del artículo 48 inciso 3, el Fiscal General designará al Fiscal que deba intervenir. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando la investigación la deban realizar Fiscales de Instrucción con asiento en distintas sedes, salvo que pudiera afectar los fines de aquélla (302 y 303).
Los conflictos de actuación que se planteen serán resueltos: 1) Por el Fiscal de la Cámara del Crimen si dos o más Fiscales de Instrucción niegan o afirman simultánea y contradictoriamente sus atribuciones para investigar un hecho. 2) Por el Juez de Control. Si el planteo fuere formulado por las Partes. En este caso, se resolverá con arreglo a los Artículos 51 a 57 en cuanto fueren aplicables.
Los miembros del Ministerio Público deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los Jueces, con excepción del previsto en la primera parte del inciso 7 del artículo 60. La recusación será resuelta por el Tribunal ante el cual actúa el funcionario recusado y, durante la investigación fiscal, por el Juez de Control que corresponda. En cuanto al trámite se aplicarán, las disposiciones referentes a los Jueces. Regirá el artículo 63.
Recusación de los Secretarios del Fiscal de Instrucción. Los Secretarios del Fiscal de Instrucción deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos del artículo 60. El Fiscal ante el cual actúen averiguará verbalmente el hecho y resolverá motivadamente sin recurso alguno.
Toda persona sindicada, denunciada o investigada penalmente podrá hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra -artículo 40 de la Constitución de la Provincia de Córdoba-, y será informada del objeto del proceso, salvo que esto pueda poner en peligro el descubrimiento de la verdad, de lo que deberá dejarse constancia. Podrá en este supuesto proponer diligencias con los alcances y facultades previstos en el artículo 335 de este Código. Si lo fuere por un hecho que habría cometido antes de cumplir dieciocho (18) años de edad, siendo o no punible, se le reconocerán durante el proceso todas las garantías que le acuerda la legislación vigente, debiendo intervenir el Asesor de Niñez y Juventud en resguardo de sus derechos bajo sanción de nulidad. Cuando estuviere preso, el imputado podrá formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al Tribunal o al Fiscal, según corresponda.
La identificación del imputado se practicará por sus datos personales, impresiones digitales, señas particulares y fotografías. Si se negare a dar esos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos, en la forma prescripta para los reconocimientos (251 y ss.), o por otros medios que se estimaren útiles. La individualización dactiloscópica se practicará mediante la oficina técnica respectiva (Ley 22.117).
Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos no alterarán el curso del proceso, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado del mismo o durante la ejecución.
Si el imputado fuere sometido a la medida prevista por el artículo 287, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador o, si no lo hubiere, por el Asesor Letrado, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados. Si el imputado fuere menor de 18 años, sus derechos de parte podrán ser ejecidos también por sus padres o el tutor.
Si durante el proceso sobreviniere la enfermedad mental del imputado, excluyendo su capacidad de entender o de querer, el Tribuanl ordenará por auto la suspensión del trámite hasta que desaparezca la incapacidad. Esto impedirá la declaración del imputado y el juicio, pero no que se averigue el hecho o que continue el procedimiento con respecto a coimputados. También se dispondrá la internación del incapaz en un establecimiento adecuado, cuyo director informará trimestralmente sobre el estado mental del enfermo, pero podrá ordenarse su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o guardador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. En este caso el enfermo será examinado semestralmente por el perito que el Tribunal designe. Cuando procediere la investigación fiscal preparatoria, el Fiscal requerirá al Juez de Control la declaración de suspensión del trámite y la internación del incapaz.
El imputado será sometido a pericia siquiátrica siempre que fuere menor de 18 años, mayor de 70, o sordo - mudo; cuando el delito que se le atribuya sea de carácter sexual o estuviere reprimido con pena no menor de diez años de prisión o, si fuere probable la aplicación de la medida de seguridad prevista por el artículo 52 del Código Penal.
Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciera a la citación judicial; no cumpliera la obligación impuesta por el artículo 286; se fugare del establecimiento o lugar en que estuviere detenido, o se ausentare del lugar designado para su residencia, sin licencia del Tribunal o del Fiscal de Instrucción.
En los casos en que proceda, el Tribunal o el Fiscal de Instrucción, según corresponda, declarará la rebeldía del imputado, por resolución motivada, y expedirá la orden de detención si antes no se hubiere dictado.
La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la investigación. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes. Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fueren indispensable conservar. Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado.
Efectos sobre la Prisión Preventiva y las Costas. La declaración de rebeldía implicará la revocatoria de la medida del artículo 283 y obligará al imputado al pago de las costas causadas por la contumacia.
Si el imputado se presentare con posterioridad a la declaración de su rebeldía y justificare que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, aquélla será revocada y no producirá los efectos previstos en el artículo anterior.
Las personas mencionadas en el artículo 7 de este Código podrán instar su participación en el proceso como querellante particular. Esta facultad se extiende a las víctimas de hechos cometidos por personas menores de edad, incluso si resultan inimputables o no punibles, bajo las reglas de la jurisdicción especializada. Las personas con capacidad restringida deberán actuar debidamente representadas, autorizadas o asistidas del modo prescripto por la ley. La instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder general o especial, que podrá ser otorgado "apud acta", en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1) Nombre, apellido y domicilio del querellante particular; 2) Una relación sucinta del hecho en que se funda; 3) Nombre y apellido del o de los imputados, si los supiere, y 4) La petición de ser tenido como parte y la firma.
La instancia podrá formularse a partir de iniciada la investigación y hasta su clausura. El pedido será resuelto por decreto fundado o auto, según corresponda, por el Fiscal o el Juez de Control, en el término de tres días.
Si el Fiscal rechazará el pedido de participación, el querellante particular podrá ocurrir ante el Juez de Control, quien resolverá en igual término. La resolución no será apelable. Si el rechazo hubiera sido dispuesto por el Juez de Control, el instante podrá apelar la resolución.
El querellante particular podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado en la forma que dispone este Código. La intervención de una persona como querellante particular no la exime del deber de declarar como testigo. En caso de sobreseimiento o absolución podrá ser condenado por las costas que su intervención hubiere causado.
El querellante particular podrá renunciar a su intervención en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera causado. Se considerará que ha renunciado a su intervención cuando, regularmente citado, no compareciera a la primera audiencia del debate o no presentare conclusiones.
La víctima del delito y las personas legitimadas conforme al artículo 7 de este Código, así como quienes ejerzan su representación legal o los apoyos judicialmente establecidos, gozarán de los siguientes derechos durante el proceso penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 221 Bis de este Código para los supuestos especiales de víctimas menores de edad: 1) Información sobre derechos: a ser informada acerca de los derechos que pueda ejercer en el proceso penal, desde su primer contacto con las autoridades; 2) Información sobre el proceso: a ser informada de las resoluciones que se dicten respecto de la situación procesal del imputado y del estado general del proceso. El examen de actuaciones y la obtención de copias se regirán por lo dispuesto en el artículo 312 de este Código; 3) Aporte de elementos: a aportar datos, información, documentos, objetos y todo elemento de interés para la investigación, los cuales deberán ser recibidos y considerados por el Ministerio Público Fiscal o el tribunal interviniente, según corresponda; 4) Trámite expedito en delitos contra la propiedad: a que, en los casos en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y demás diligencias necesarias sobre los bienes sustraídos u otros elementos secuestrados se realicen con la mayor celeridad posible; 5) Acompañamiento en declaración: cuando la víctima fuere menor de edad o persona declarada judicialmente con capacidad restringida, el órgano judicial podrá autorizar que, durante los actos procesales en los cuales deba intervenir, esté acompañada por sus representantes legales, siempre que ello no perjudique el normal desarrollo del acto, la defensa en juicio ni la averiguación de la verdad, aplicándose en lo pertinente el artículo 221 Bis de este Código; 6) A ser oída: a ser escuchada en los supuestos, oportunidades y condiciones previstos por este Código; 7) Notificación: a recibir notificación fehaciente de las resoluciones que puedan afectar el ejercicio de sus derechos o su seguridad, en los supuestos y condiciones previstos por este Código; 8) Revisión: a solicitar la revisión de la desestimación de la denuncia, del archivo de las actuaciones o de la aplicación de un criterio de oportunidad, decididos por el Ministerio Público Fiscal, cuando hubiera intervenido en el procedimiento como querellante, y 9) Recursos: a recurrir, en su carácter de querellante particular y en las condiciones establecidas en este Código, aquellas resoluciones definitivas o equiparadas que pongan fin a la acción penal o resuelvan situaciones sustanciales sin llegar a juicio, siempre que ello le cause agravio. Toda restricción, diferimiento o denegación del ejercicio de estos derechos, deberá ser fundada razonablemente.
Las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar un aumento injustificado de las molestias derivadas del proceso penal para la víctima, concentrando su intervención en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias reiteradas y contactos innecesarios con el imputado. A tal fin, podrán disponerse modalidades especiales de recepción de declaraciones, acompañamiento profesional especializado, de acuerdo a las necesidades de la víctima, durante los actos procesales, y mecanismos que eviten exposiciones innecesarias, sin afectar el derecho de defensa ni la averiguación de la verdad.
Cuando la víctima del delito sea una niña, niño o adolescente, las autoridades intervinientes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección integral, evitar su revictimización y asegurar que su participación en el proceso se desarrolle en condiciones adecuadas a su edad, grado de madurez y situación de vulnerabilidad. A tal fin, y conforme al procedimiento previsto en el artículo 221 bis, deberán garantizar especialmente que: 1) Si la víctima manifestare preferencia respecto del género de la persona profesional que deba entrevistarla o asistirla, se procurará satisfacer dicha solicitud, siempre que ello resulte posible y compatible con la urgencia y naturaleza del caso; 2) El examen pericial físico se realice una sola vez, únicamente cuando resulte estrictamente necesario, evitando la intervención sucesiva o innecesaria de profesionales de la misma especialidad o de especialidades afines, así como la reiteración o superposición de evaluaciones similares, y 3) En ningún caso la víctima sea confrontada con la persona denunciada o imputada como agresora.
Cuando la víctima o el testigo se encontraren vinculados con hechos que pudieren configurar violencia institucional, de conformidad a los alcances contenidos en la Ley del Régimen Provincial de Protección de Víctimas del Delito, el órgano judicial interviniente deberá asegurar tutela reforzada, adoptando de oficio o a petición de parte las medidas especiales de protección, resguardo y asistencia que resultaren necesarias según las circunstancias del caso. En tales supuestos podrán disponerse, entre otras, la reserva de identidad o de datos personales, la constitución de domicilio especial, la limitación de acceso a determinadas actuaciones o constancias, la recepción de declaraciones por medios o modalidades que reduzcan los riesgos de intimidación, exposición o revictimización, la custodia personal, la restricción de contacto respecto de los presuntos responsables o de terceros vinculados, y toda otra medida idónea para preservar la integridad física, psíquica y moral de la víctima o del testigo, así como la libertad y espontaneidad de su declaración. Las medidas previstas en este artículo deberán adoptarse y ejecutarse de modo compatible con el derecho de defensa, la contradicción y el adecuado control de los actos procesales.
Para ejercer la acción resarcitoria, su titular deberá constituirse en actor civil (24). Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas del modo prescripto por la ley civil.
*Artículo 98.- Instancia. La instancia de constitución deberá formularse, personalmente o por un representante con poder general o especial que podrá ser otorgado "apud acta", en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1) El nombre, apellido y domicilio del accionante. 2) La determinación del proceso a que se refiere. 3) Los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca, el daño que pretende haber sufrido y del monto pretendido. 4) La petición de ser admitido como parte y la firma.
La Constitución procederá aun cuando no estuviere individualizado el imputado. Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la pretensión resarcitoria podrá dirigirse contra uno o más de ellos. Cuando el actor no mencionare a ningún imputado, se entenderá que se dirige contra todos.
*Artículo 100.- Oportunidad. El pedido de constitución deberá presentarse antes de la clausura de la investigación penal preparatoria. La solicitud será considerada por el Tribunal de Juicio, en el decreto de citación a juicio, quien ordenará las notificaciones pertinentes (101). El Fiscal de Instrucción podrá pedir el embargo de los bienes (532 y 533).
El decreto que acuerde la constitución deberá notificarse al imputado, al demandado civil y a sus defensores, y surtirá efectos a partir de la última notificación. En el caso previsto por la primera parte del artículo 99, la notificación se hará en cuanto se individualice al imputado.
Los demandados podrán oponerse a la intervención del actor civil, bajo pena de caducidad, dentro del término de cinco días a contar de su respectiva notificación; pero cuando al demandado civil se lo citare o interviniere con posterioridad, podrá hacerlo, dentro de dicho término, a contar de su citación o intervención.
*Artículo 103.- Trámite. La oposición seguirá el trámite de las excepciones y será resuelta por el Tribunal, sin intervención del Ministerio Público. Si se rechazare la intervención del actor civil, podrá ser condenado por las costas que su participación hubiere causado.
Cuando no se dedujere oposición en la oportunidad que establece el artículo 102, la constitución del actor civil será definitiva, sin perjuicio de la facultad conferida por el artículo 105. La aceptación o el rechazo del actor civil no podrá ser reproducidos en el debate.
*Artículo 105.- Rechazo y Exclusión de Oficio. Durante los actos preliminares del juicio, el Tribunal podrá rechazar y excluir de oficio, por decreto fundado, al actor civil cuya intervención fuere manifiestamente ilegal, salvo que su participación hubiere sido concedida al resolverse un incidente de oposición.
El rechazo o exclusión del actor civil no impedirá el ejercicio de la acción ante la jurisdicción
El actor civil podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso, la existencia y extensión del daño pretendido, y la responsabilidad civil del demandado. Será de aplicación el artículo 94 segundo párrafo.
El actor civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera ocasionado. Se considerará desistida la acción cuando el actor civil, regularmente citado, no comparezca a la primera audiencia del debate, no concrete la demanda o no presente conclusiones en la oportunidad prevista en el artículo 402, o se aleje de la audiencia sin haberlas formulado (402).
Quien ejerza la acción resarcitoria podrá pedir la citación de la persona que según las leyes civiles responda por el daño que el imputado hubiera causado con el delito, para que intervenga en el proceso como demandada. La instancia deberá formularse en la forma y oportunidad prescripta por los artículos 98 y 100, con indicación del nombre y domicilio del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado.
El decreto que ordene la citación contendrá: el nombre y apellido del accionante y del citado, y la indicación del proceso a que se refiere. La resolución deberá notificarse al imputado y a su defensor.
Será nula esta citación cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del demandado civil, restringiéndole la audiencia o la prueba. La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción ante la jurisdicción civil.
Será declarada la rebeldía del demandado civil, a petición del interesado, cuando no comparezca en el plazo de citación a juicio (361). Ella no suspenderá el trámite, que continuará como si aquél estuviera presente. Sólo se nombrará defensor del rebelde al Asesor Letrado si hubiere sido citado por edictos.
Cuando en el proceso se ejerza la acción civil, la persona que pueda ser civilmente demandada tendrá derecho a intervenir en el proceso. Esta participación deberá solicitarse, bajo pena de inadmisibilidad, en la forma y oportunidad que prescriben los artículos 98 y 100, en cuanto sea aplicable. El derecho que la acuerde será notificado a las partes y a sus defensores.
A la intervención espontánea o por citación del demandado civil podrá oponerse, según el caso, el citado, el imputado o el que ejerza la acción civil, si no hubiera pedido la citación. Este incidente se deducirá y tramitará en la forma, oportunidad y plazo establecidos en los artículos 102 y siguientes.
El actor civil, el imputado y demandado civil asegurados, podrán pedir la citación en garantía del asegurador de los dos últimos.
La intervención del asegurador se regirá por las normas que regulan la del demandado civil, en cuanto sea aplicables.
El actor civil, el imputado y el demandado civil deberán pedir la citación en la oportunidad prevista en el artículo 100.
El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de su confianza o por el Asesor Letrado, lo que se le hará saber por autoridad policial o judicial que intervenga en la primera oportunidad. Podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. Si el imputado estuviere privado de su libertad, cualquier persona que tenga con él relación de parentesco o amistad podrá presentarse ante la autoridad policial o judicial que corresponda, proponiéndole un defensor. En tal caso, se hará comparecer al imputado de inmediato ante el órgano judicial competente, a los fines de la ratificación de la propuesta. Si el imputado no estuviera individualizado o fuere imposible logar su comparendo, se designará al Asesor Letrado como su defensor al solo efecto de los artículos 308 y 309.
El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará trámite ni plazos.
El ejercicio del cargo de defensor del imputado será obligatorio para el abogado de la matrícula que lo acepte, salvo excusación atendible. La aceptación será obligatoria, sólo cuando se lo nombrare en sustitución del Asesor Letrado.
Cuando el imputado no elije oportunamente defensor, el Fiscal de Instrucción o el Tribunal nombrará en tal carácter al Asesor Letrado, salvo que lo autorice a defenderse personalmente.
*Artículo 122.- Nombramiento Posterior. La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado a elegir ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.
La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre que no exista entre aquéllos intereses contrapuestos. Si esto fuera advertido, se proveerá aún de oficio a las sustituciones necesarias.
En las casas por delitos reprimidos sólo con multa o inhabilitación, el imputado podrá hacerse representar para todo efecto por un defensor con poder especial, que podrá ser otorgado "apud acta". No obstante, se podrá requerir la comparecencia personal.
El querellante, el querellante particular y las partes civiles solo podrán actuar con patrocinio letrado, o hacerse representar por un sólo abogado: el primero, con poder especial.
Si el defensor del imputado abandonare la defensa y dejare a su cliente sin abogado, se proveerá a su inmediata sustitución por el Asesor Letrado, y no podrá ser nombrado de nuevo en el proceso. Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres días para la audidencia. El debate no podrá suspenderse otra vez por la misma causa. La intervención de otro defensor particular no excluirá la del oficial. El abandono de los defensores o apoderados de las partes civiles no suspenderá el proceso.
El incumplimiento injustificado de sus obligaciones por parte de defensores y mandatarios, será comunicado al Tribunal de Disciplina de Abogados y al Colegio de Abogados correspondiente. Si se tratare de funcionarios judiciales, la comunicación se cursará al Tribunal Superior y al Fiscal General.
Las partes podrán designar un asistente cada una para que colaboren en su tarea, a su costa. En tal caso darán a conocer su nombre y apellido, expresando que asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia. Los asistentes sólo cumplirán con tareas accesorias pero no podrán sustituir a quienes ellos auxilian en los actos propios de su función. Se les permitirá concurrir a las audiencias sin intervenir directamente en ellas. De igual manera, las partes podrán designar consultores técnicos expertos en una ciencia o arte para que las asistan, incluso acompañándolos en los actos procesales pertinentes. El Tribunal Superior de Justicia establecerá las atribuciones de los auxiliares - colaboradores de la Defensa Pública Penal.
Todos los actos procesales deberán cumplirse en idioma nacional, bajo pena de nulidad.
Para fechar un acto deberán consignarse el lugar, día, mes y año en que se cumpliere. La hora será indicada sólo cuando la Ley lo exija. Si la fecha fuere requerida bajo pena de nulidad, esta sólo podrá ser declarada cuando aquellas, en virtud de los elementos del acto o de otros conexos, no pueda establecerse con certeza.
Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de la investigación penal preparatoria. En caso de necesidad, el tribunal podrá hailitar los días y horas que estime conveniente.
Los actos del proceso se registrarán por escrito, imágenes o sonidos u otro soporte tecnológico equivalente. Deberá ser por escrito la declaración del imputado, la solicitud de audiencia de prisión preventiva, el requerimiento fiscal de citación a juicio o de sobreseimiento, la discrepancia del Juez de Control, el auto de elevación a juicio, su confirmación total o parcial por la Cámara de Acusación, las sentencias y el archivo. Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos se deberá reservarel original en condiciones que aseguren su inalterabilidad, conforme a la reglamentación que dicte el Tribunal Superior de Justicia.
*Artículo 131.- Juramento. Cuando se requiera la prestación de juramento, el Juez, el Presidente del Tribunal, el Fiscal de Instrucción o el Ayudante Fiscal, lo recibirá - bajo pena de nulidad - por las creencias del que jure, después de instruirlo de las penas que la ley impone a la falsedad. El declarante prometerá decir verdad de todo cuando supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula: "lo juro". Si el deponente se negare a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le exigirá promesa de decir verdad.
Las personas que fueren interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas o documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos. El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y, si fuere menester, se lo interrogará. Las preguntas que se formulen no serán indicativas, capciosas ni sugestivas. Cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y respuestas, usándose las expresiones del declarante.
Para recibir juramento y examinar a un sordo, se le presentarán por escrito la fórmula y las preguntas; si se tratare de un mudo, responderá por escrito; si fuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Cuando dichas personas no supieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomulos o, en su defecto, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.
*Artículo 134. Regla General. Cuando un funcionario público deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este Cápitulo. El Tribunal y el Fiscal de Instrucción serán asistidos por el Secretario; el Ayudante Fiscal por un oficial de o auxiliares de la Policía Judicial; el Juez de Paz y los oficiales o auxiliares de Policía, por un testigo que, en lo posible, sea extraño a la repartición policial.
Las actas deberán contener: la fecha; el nombre y apellido de las personas que actuaren; en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si éstas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, y si las dictaron los declarantes; las observaciones que las partes requieran y, previa lectura, la firma de todos los intervinientes que deban hacerlo, o cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, la mención de ello. Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se les informará que el acta puede ser leída y suscripta por una persona de confianza, lo que se hará constar.
No podrán ser testigos de actuación los menores de 16 años, los dementes, y los que se encuentren en estado de ebriedad.
*Artículo 137.- Nulidad. Salvo previsiones el acta será nula si falta la fecha; la firma del funcionario actuante, la del Secretario o testigo de actuación; o la información prevista en la última parte del artículo 135.
Fin del texto
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