Abriendo la norma
Ley provincial 6.518 · 2019
Código procesal penal de la Provincia de Corrientes.
La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de Ley:
Apruébase como "Código Procesal Penal para la Provincia de Corrientes" el adjunto, que como Anexo I integra la presente ley.
Derógase la Ley Provincial N° 2945 (Código Procesal Penal para la Provincia de Corrientes) conforme a los plazos previstos por la Cláusula Transitoria Primera (artículo 482) del Código aprobado por el artículo 1° de la presente.
Comuníquese, etc.
Juicio previo. Nadie puede ser condenado sin un juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, en el que se deberán respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en las normas de este Código.
Principios del proceso acusatorio. Durante todo el proceso se deben observar los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización. Las audiencias deben ser públicas, salvo las excepciones expresamente previstas en este Código.
Principio de inocencia. Nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimas obtenidas, desvirtúe el estado jurídico de inocencia del que goza toda persona. El imputado no debe ser presentado como culpable. Los registros judiciales, legajos y comunicaciones no podrán contener inscripciones estigmatizantes o que desvirtúen el estado jurídico de la inocencia.
Derecho a no autoincriminarse. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. El ejercicio de este derecho no puede ser valorado como una admisión de los hechos o indicios de culpabilidad. Toda admisión de los hechos o confesiones debe ser libre, bajo expreso consentimiento del imputado y bajo asistencia técnica.
Persecución única. Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho.
Defensa. El derecho de defensa es inviolable e irrenunciable y debe ejercerse libremente desde el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. El imputado tiene derecho a defenderse por sí, a elegir un abogado de su confianza o a que se le designe un defensor público. Los derechos y facultades del imputado pueden ser ejercidos por este o por su defensor, indistintamente. En caso de colisión primará la voluntad del imputado, expresada clara y libremente.
Juez natural. Nadie puede ser perseguido ni juzgado por jueces o comisiones especiales. La Potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales designados de acuerdo con las constituciones e instituidos por la ley con anterioridad al hecho objeto del proceso.
Imparcialidad e independencia. Los jueces deben actuar con imparcialidad en sus decisiones. Se debe garantizar la independencia de los jueces y jurados de toda injerencia externa y de los demás integrantes del Poder Judicial. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez informará al Consejo de la Magistratura sobre los hechos que afecten su independencia y solicitará las medidas necesarias para su resguardo.
Separación de funciones. Los representantes del Ministerio Público Fiscal no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. La delegación de funciones jurisdiccionales en funcionarios o empleados subalternos tornará inválidas las actuaciones realizadas y será considerada causal de mal desempeño de las funciones a los efectos del proceso de remoción de magistrados.
- Apreciación de la prueba. Las pruebas serán valoradas por los jueces según los principios de la sana crítica racional, con observación de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Los elementos de prueba sólo tendrán valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas constitucionales, a los instrumentos internacionales y a este Código.
- In dubio pro imputado. En caso de duda, se estará a lo que sea más favorable para el imputado. La inobservancia de una garantía no se hará valer en su perjuicio. Las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, a menos que sean más favorables para el imputado.
- Derechos de la víctima. La víctima tiene derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal de forma autónoma conforme a las reglas dispuestas por este Código y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Las autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutela efectiva.
- Protección de la intimidad y privacidad. Se debe respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad del imputado y de cualquier otra persona, en especial la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y los datos personales en formato digital, las comunicaciones electrónicas y de otra índole. Solo con autorización del juez y de conformidad con las disposiciones de este Código podrán afectarse estos derechos.
- Regla de interpretación. Las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten un derecho deberán interpretarse restrictivamente. Se prohíbe la interpretación extensiva y analógica de dichas normas.
- Condiciones carcelarias. Está prohibido alojar a personas privadas de libertad en lugares no habilitados, o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad. La medida que conduzca a empeorar injustificadamente las condiciones de detención a presos o detenidos hará responsable a quien la ordene, autorice, aplique o consienta.
- Restricción de derechos fundamentales. Las facultades que este Código reconoce para restringir o limitar el goce de derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad.
- Restricciones a la libertad. Las medidas restrictivas de la libertad deberán fundarse en la existencia de peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Nadie puede ser encarcelado sin que existan elementos de pruebas suficientes para imputarle un delito reprimido con pena privativa de la libertad, conforme a las reglas de este Código.
- Justicia en un plazo razonable. Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable, conforme a los plazos establecidos en este Código. El retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirá falta grave y causal de mal desempeño de los magistrados o funcionarios responsables.
- Sentencia. La sentencia debe ser definitiva, debe declarar la absolución o la condena del imputado. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones que no incidan en la decisión.
- Motivación. Las resoluciones deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen. La fundamentación no se puede reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o apelaciones morales. Si se trata de sentencias dictadas por tribunales colegiados, cada uno de sus miembros debe fundar individualmente su voto, salvo que adhiera a los motivos expuestos por otro miembro. La adhesión a los fundamentos de otro no permite omitir la deliberación.
- Derecho a recurrir. Toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto, ante otro juez o tribunal de facultades amplias para su revisión.
- Solución de conflictos. Los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible mediante la mejor solución entre las previstas en la ley.
- Participación ciudadana. Los ciudadanos participarán en la administración de la justicia penal, de conformidad con lo previsto en los artículos 24; 75, inciso 12; y 118, de la Constitución Nacional, y según la ley especial que se dicte al efecto.
- Diversidad Cultural. Si se tratara de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, se deberán tener en cuenta sus costumbres en la materia.
- Acción pública. La acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las facultades que este Código le confiere a la víctima o a personas humanas o jurídicas a las que, sin serlo, se les reconoce en este Código derecho a querellar. El fiscal debe iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley.
- Ejercicio de la acción pública por querella autónoma. En los casos en que este Código permita el ejercicio autónomo de la acción pública, el legitimado la ejercerá por querella, que tramitará por las reglas especiales del proceso por delitos de acción pública bajo las reglas de la acción privada previstas en la Parte Segunda, Libro II, Título I, Capítulo 2, de este Código.
- Acción dependiente de instancia privada. Si el ejercicio de la acción pública dependiera de instancia privada, el fiscal solo la ejercerá una vez que la instancia haya sido formulada o en los demás supuestos previstos en el Código Penal. Esta circunstancia no obsta a la realización de los actos urgentes que impidan la consumación del hecho o de los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que tales actos no afecten la protección del interés de la víctima. La instancia privada deberá ser realizada de manera expresa por quien tenga derecho a hacerlo; su formalización tácita no puede derivarse de ningún acto procesal. La instancia privada permitirá perseguir a los partícipes sin limitación alguna.
- Acción privada. La acción privada se ejerce por medio de querella, en la forma especial que establece este Código.
- Regla de no prejudicialidad. Los jueces deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales. Si la existencia de un proceso penal dependiera de la resolución de otro, el ejercicio de la acción penal se suspenderá aún de oficio, hasta que en el otro proceso, recaiga sentencia firme. No obstante, los jueces deberán apreciar si la cuestión prejudicial es seria, fundada y verosímil, y en el caso de ser invocada con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe.
- Causales. La acción penal se extingue por las causales previstas en el artículo 59 del Código Penal.
- Planteamiento del fiscal. Advertencia del juez. Si el fiscal considerase aplicable alguna de las causas de extinción de la acción previstas por el artículo 59 incisos 1°, 2° y 3° del Código Penal, solicitará audiencia al juez para que resuelva sobre su procedencia. El juez podrá prescindir de la audiencia, si la considerase innecesaria. Si en el curso de una audiencia el juez advirtiere la posible existencia de esas causas de extinción de la acción, lo hará saber a las partes. Si alguna parte promoviera la cuestión se la debatirá y el juez la resolverá en la audiencia. Si el juez declarase procedente la causal, declarará la extinción de la acción y ordenará el archivo del caso. Si la considerase improcedente, el fiscal continuará el proceso.
- Procedencia: El fiscal podrá disponer de la acción penal pública en los siguientes casos: a) por aplicación de un criterio de oportunidad; b) por cumplimiento de acuerdos de conciliación o reparación integral; c) por aplicación de la suspensión del proceso a prueba. No puede disponer de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o se tratare de un delito que aparezca como un episodio dentro de un contexto de violencia de género o de un delito motivado en razones discriminatorias. Subsección B Aplicación de criterios de oportunidad
- Casos de oportunidad. El fiscal podrá prescindir del ejercicio de acción en un caso, o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, en los siguientes supuestos: a) si se tratara de un hecho que por su insignificancia no justifique la persecución penal; b) si el imputado por un delito culposo hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena; c) si la pena que pudiera imponerse por el hecho, careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otros procesos, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero; d) cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable, en estado terminal, según dictamen pericial, o tenga más de setenta (70) años y no exista mayor compromiso para el interés público; e) en los casos de lesiones leves, cuando haya existido conciliación o la víctima exprese desinterés en la persecución penal, salvo cuando esté comprometido el interés de un menor de edad.
- Control. Para aplicar el criterio previsto en el inciso c) del artículo 33, el fiscal actuante deberá tener acuerdo previo del Fiscal General. En los casos de los incisos a), b) y d) del artículo anterior, la decisión será informada a la víctima, quien en el plazo de tres (3) días podrá requerir su revisión ante el Fiscal General, quien resolverá el planteo en un plazo de cinco (5) días. Si hace lugar a la pretensión de la víctima, dispondrá la continuación de la investigación. Si el Fiscal General confirma la decisión, la víctima estará habilitada para presentar querella autónoma conforme el artículo 366.
- Efectos. La aplicación de un criterio de oportunidad, extingue la acción penal cerrando definitivamente el proceso respecto de la persona a cuyo favor se dicta, e inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho. Subsección C Acuerdos de mediación o conciliación o reparación integral
- Autorización de acuerdos. Mediación. El fiscal podrá autorizar que el imputado y la víctima realicen una mediación o acuerdos conciliatorios o de reparación integral, en los casos de delitos de instancia privada, de delitos con contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas, de amenazas simples, de lesiones dolosas leves y de lesiones culposas. El fiscal los autorizará siempre que no existan razones de seguridad o interés público que los hicieran desaconsejables. Si lo considerase conveniente, el fiscal dará intervención a una oficina especializada en mediación.
- Homologación, cumplimiento y archivo. Concretado el acuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez para su homologación, en audiencia. El juez deberá cerciorarse de que las partes han acordado en forma libre y voluntaria. Mientras no se acredite el cumplimiento del acuerdo homologado, el fiscal reservará el legajo. Acreditado el cumplimiento, el juez, a solicitud de parte, tendrá por extinguida la acción penal y ordenará el archivo del caso. El juez podrá prescindir de la audiencia, si la considerase innecesaria. Ante el incumplimiento de lo acordado, el fiscal solicitará una audiencia al juez para que declare el incumplimiento. Si así fuere, se reabrirá el proceso. Subsección D Suspensión del proceso a prueba
- Procedencia. Reglas generales: La suspensión del proceso a prueba procederá conforme los requisitos establecidos en el Código Penal. La solicitud de suspensión se presentará al fiscal antes de la fijación de la audiencia de control de la acusación. Una vez fijada ésta, el derecho caducará. En la solicitud, el imputado deberá además ofrecer una concreta reparación de los daños en la mayor medida que le permitan sus posibilidades. A fin de facilitar una mejor reparación de los daños, podrá eximírselo del ofrecimiento del pago del mínimo de la multa aplicable. El fiscal podrá rechazar la solicitud si considerare que no se cumplen las condiciones legales, si invocare fundados motivos de política de persecución criminal o si adujere razones de interés público que justifiquen la conveniencia de que el caso sea debatido en juicio. En tal caso la defensa podrá, en un plazo de tres (3) días, requerir la revisión ante el Fiscal General, quien resolverá el planteo en un plazo de cinco (5) días. Si hace lugar a la pretensión, dispondrá la continuidad de la tramitación. Si la solicitud se considerase procedente, el fiscal solicitará audiencia para que el juez resuelva sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación, el plazo de suspensión y las reglas de conducta que el imputado deberá cumplir. Si se suspendiera el proceso, la víctima tendrá habilitada la acción civil por lo que restare de la reparación plena. El control del cumplimiento de las reglas de conducta estará a cargo de la oficina judicial, la que formará un legajo de control que estará a disposición de las partes para que efectúen sus peticiones, en el que dejará constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas. Si el imputado incumpliere las condiciones establecidas, el fiscal solicitará audiencia con el juez para que las partes expongan sus argumentos sobre la continuidad, modificación o renovación del beneficio. Si el juez revocara el beneficio, el proceso continuará de acuerdo a las reglas generales. En caso de cumplimiento, la oficina remitirá el legajo de antecedentes al juez, quien, en audiencia, tendrá por extinguida la acción penal y ordenará el archivo del caso. El juez podrá prescindir de la audiencia, si la considera innecesaria.
- Procedimiento. En los casos en que la imputación se dirija sobre un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, se debe proceder de conformidad con lo previsto en las leyes sancionadas a tales efectos.
- Excepciones. Las partes podrán oponer las siguientes excepciones: a) falta de competencia; b) falta de acción, porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede proseguirse; c) falta de acción por manifiesta atipicidad de los hechos o por evidente falta de participación del imputado en ellos; d) extinción de la acción; e) falta de legitimación del querellante. Si concurrieren dos (2) o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
- Oportunidad y formalidad del planteo. Las excepciones en los procesos por delitos de acción pública se deducirán oralmente ante el juez en las oportunidades siguientes: a) en la audiencia posterior a la formalización de la imputación prevista por el artículo 283; y b) en la audiencia de control de la acusación prevista en el artículo 298 o, en su caso, en la audiencia concentrada que prevé el artículo 304. El juez resolverá el planteo en la audiencia.
- Efectos de la procedencia de la excepción. Si el juez hiciere lugar a la excepción planteada, procederá de la siguiente manera: a) si hiciera lugar a la falta de competencia, el juez procederá conforme al artículo 51, y los conflictos de competencia que se produzcan se resolverán en la forma prescripta en ese artículo; b) si declarase la falta de acción por los motivos indicados en el artículo 40, inciso b), el juez ordenará el archivo del caso con los efectos indicados en el artículo 35, si el impedimento fuere definitivo. Si no fuere definitivo, el juez ordenará que el fiscal reserve el caso, y el caso se reabrirá si desapareciere el impedimento para proceder; c) si declarara la falta de acción por los motivos indicados en el artículo 40, inciso c), el juez dictará el sobreseimiento del imputado con los efectos indicados en el artículo 292; d) si declarase la extinción de la acción penal, el juez ordenará el archivo del caso, con los efectos indicados en el artículo 35; e) si declarara la falta de legitimidad del querellante, el juez lo separará como parte del proceso.
- Justicia competente. La acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, deberá ser ejercida ante la justicia civil competente.
- Jurisdicción. La jurisdicción penal se ejerce por los órganos jurisdiccionales que instituyen la Constitución de la Provincia, la Ley Orgánica de Administración de Justicia y las leyes que se dicten al respecto.
- Competencia. La justicia penal conocerá en los delitos que deban considerarse cometidos en el territorio de la provincia y que no correspondan a la jurisdicción federal.
- Competencia territorial y material. Regla general. La Ley Orgánica de Administración de Justicia es la que establece los distritos y/o circunscripciones judiciales en que se divide la competencia territorial y la competencia por especialidad de la materia. Por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales será establecida por turnos o sorteos, conforme lo determine el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia, mediante acordadas, basándose en modelos de gestión y distribución de tareas, podrá dictar las normas prácticas que fueren necesarias para la aplicación del presente Código. Dichas normas prácticas no podrán cambiar, modificar, prorrogar y/o alterar la competencia de la justicia penal.
- Reglas de competencia territorial. Para determinar la competencia territorial de los jueces se observarán las siguientes reglas: El juez tendrá competencia sobre los delitos cometidos dentro del distrito y/o circunscripción judicial en que ejerza sus funciones; en caso de delito continuado o permanente, será competente el juez del distrito y/o circunscripción judicial en que cesó la continuación o la permanencia, y en caso de duda o si el lugar del hecho fuera desconocido, será competente el juez que previno.
- Competencia por conexidad. Los casos serán conexos en las siguientes circunstancias: a) si los delitos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque lo fueren en distinto tiempo o lugar, si hubiere mediado acuerdo entre ellas, o; b) si un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad.
- Reglas de conexidad. Si la conexidad se produjere dentro de una misma competencia territorial, será competente para entender en todos ellos el juez que entienda en el delito más grave; en caso de delitos reprimidos con la misma pena, será competente quien hubiera prevenido. No se aplicará la regla de conexidad si la unificación dificultare el servicio de justicia. La misma regla se aplicará si los casos conexos correspondieran a distintas competencias territoriales y fuera conveniente unificar judicatura para el mejor servicio de justicia, siempre que no se atente contra el derecho de defensa. La unificación de judicatura no impide que las investigaciones preparatorias tramiten en forma separada.
- Procedimientos simultáneos. Prelación. Si a una persona se le imputaran dos (2) o más delitos respecto de los cuales no correspondiere la aplicación de reglas de conexidad, los procedimientos tramitarán simultáneamente sin atender a ningún orden de prelación. Si el procedimiento simultáneo afectare el derecho de defensa, tendrá prelación el juez que entiende en el delito más grave. Si los procedimientos simultáneos correspondieren a la justicia federal y a la justicia local, tendrá prelación la justicia federal.
- Extensión. Efectos. Las reglas de este capítulo se aplicarán a las cuestiones que se susciten por competencia territorial, materia o por conexidad. La cuestión de competencia no suspenderá el trámite del proceso en el que se hubiese planteado. Hasta que se resuelva, continuará interviniendo el juez que previno, quien decidirá las cuestiones que no admitan dilación. La incompetencia declarada no producirá la invalidez de los actos de la investigación preparatoria ya cumplidos, sin perjuicio de que las partes, por razones plausibles, puedan requerir su ratificación o ampliación.
- Planteo de incompetencia. Declaración de oficio. El fiscal podrá plantear la incompetencia del juez en cualquier momento y por escrito motivado. El planteo se resolverá en audiencia dentro de los tres (3) días. Si fuera parte sólo el fiscal, el juez la podrá resolver sin audiencia unilateral. El juez, de oficio, podrá declarar su incompetencia material en la primera oportunidad en la que le corresponda actuar.
- Conflictos de competencia. Resolución. En caso de que la declaración de incompetencia no fuese impugnada, y sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior, el juez que la haya declarado remitirá al que considere competente un legajo con copia de su resolución y de los antecedentes en que la hubiese fundamentado. El juez considerado competente deberá aceptar o rechazar su competencia dentro del plazo de tres (3) días de recibido el legajo. Si no aceptare su competencia, remitirá el legajo a conocimiento del Superior Tribunal de Justicia, el que, previa vista al Fiscal General por el término de cinco (5) días, resolverá el conflicto sin más trámite. Si la incompetencia del juez que previno hubiese sido confirmada por esta vía, el juez a quien se le haya asignado competencia no la podrá cuestionar. Si el conflicto de competencia se planteara entre la justicia federal y la justicia local, el conflicto será resuelto por el tribunal que corresponda según los acuerdos de cooperación judicial que se hayan celebrado. En caso de no existir convenio, la cuestión será resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Cuestiones suscitadas en etapa de juicio. La competencia de los jueces de juicio no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez fijada la audiencia de debate.
- Cuestiones entre fiscales. Las cuestiones que se susciten entre fiscales se resolverán conforme a la Ley Orgánica de Ministerio Público.
- Órganos jurisdiccionales. Son órganos jurisdiccionales, en los casos y formas que las leyes determinan: a) el Superior Tribunal de Justicia; b) los jueces con funciones de garantía; c) los jueces con funciones de revisión; d) los jueces con funciones de juicio; e) los Tribunales de jurados, cuando sean instaurados y f) los jueces con funciones de ejecución.
- Superior Tribunal de Justicia El Superior Tribunal de Justicia será competente para conocer: a) en la resolución de los conflictos de competencia; b) en la resolución de los conflictos de excusación o recusación de los jueces, a excepción de los demás tribunales colegiados; c) en los Recursos de Doble Conforme o Casación y en los Extraordinarios de Inconstitucionalidad; d) en los de Revisión de Condena pasada en autoridad de cosas juzgada; e) en las Quejas por Retardo de Justicia; y f) en las quejas por denegación de los Recursos de Doble Conforme o Casación e Inconstitucionalidad.
- Jueces con funciones de garantías. Los jueces con funciones de garantías o jueces de garantías serán competentes para conocer: a) en las decisiones jurisdiccionales que se deban tomar durante la etapa preparatoria, la etapa de control de la acusación y la etapa de control de la prueba para el juicio; b) en la etapa preparatoria de los procesos de acción privada; c) en los juicios abreviados cuando se presenten acuerdos plenos, y; d) en el proceso especial por colaboración.
- Jueces con funciones de revisión. Los jueces con funciones de revisión, o jueces de revisión, serán competentes para conocer: a) las impugnaciones; b) en la resolución de las quejas por recurso mal denegado, y; c) en el control de la duración de las medidas especiales de investigación, cuando correspondiere.
- Jueces de juicio. Los jueces con funciones de juicio, o jueces de juicio, serán competentes para conocer en los juicios.
- Jueces de ejecución. Los jueces con funciones de ejecución, o jueces de ejecución, serán competentes para conocer en las decisiones jurisdiccionales que se deban tomar en la etapa de ejecución de las condenas, y tendrán a su cargo las funciones previstas en el artículo 459.
- Oficinas judiciales. Referencia. Funciones. Los jueces y el Ministerio Público, serán asistidos por oficinas judiciales cuya organización, composición y articulación establecerá el Superior Tribunal de Justicia conforme la Ley Orgánica de Administración de Justicia. En los casos en que este Código hace referencia a presentaciones a realizarse ante los jueces, se entenderá que deben efectuarse ante la oficina judicial correspondiente, salvo el caso especial de solicitud de audiencia unilateral por el fiscal previsto en el artículo 124. Las oficinas judiciales cumplirán las funciones establecidas por este Código, tales como determinar los jueces intervinientes, realizar las citaciones, notificaciones y comunicaciones, informar a las partes y recibir sus solicitudes, custodiar los objetos secuestrados en los casos que corresponda, fijar y organizar las audiencias, resolver las cuestiones administrativas relativas a los juicios, colaborar en los trabajos materiales que los jueces y los representantes del Ministerio Público le requieran y llevar actualizados los registros y estadísticas. A su director le corresponde personalmente dirigir el funcionamiento integral de la oficina y dictar los decretos de trámite a su cargo.
- Excusación. Motivos. El juez deberá apartarse del conocimiento del caso en los siguientes supuestos: a) si intervino en él como acusador, defensor, representante, perito o consultor técnico, si denunció el hecho o lo conoció como testigo, o si dio recomendaciones o emitió opinión sobre el caso fuera del procedimiento; b) si intervino durante la investigación preparatoria o en el procedimiento de control de la acusación, no podrá intervenir en el juicio; si pronunció la decisión impugnada no podrá intervenir en el procedimiento que sustancia la impugnación ni en su decisión; c) si en el caso intervino o interviene su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o quien ha sido su tutor, curador o guardador o está o ha estado bajo su tutela, curatela o guarda; d) si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso c) estuvieren interesados en el caso o tuvieren juicio pendiente, comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo que se tratare de una sociedad anónima cuyas acciones coticen en el mercado de valores; e) si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso c) recibieron o reciben beneficios de importancia o son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de instituciones estatales o de entidades financieras; o si, después de comenzado el procedimiento, el juez hubiere recibido presentes o dádivas de alguno de los interesados, aunque fueren de escaso valor; f) si hubiere tenido o tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos; g) si denunció o acusó a alguno de los interesados, o si fue acusado o denunciado por alguno de ellos incluso conforme al procedimiento de destitución, siempre que la denuncia o acusación haya sido admitida, y; h) si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad. A los fines de la excusación se consideran interesados al imputado, la víctima y el querellante.
- Trámite de la excusación. El juez comprendido en alguno de los motivos enunciados en el artículo 63 deberá denunciarlo en cuanto conozca su situación respecto del caso y apartarse del conocimiento en el proceso. Se excusará por resolución fundada y remitirá las actuaciones a quien deba reemplazarlo. Éste tomará intervención en la causa y decidirá de inmediato las cuestiones que no admitan dilación, sin perjuicio de lo cual deberá aceptar o no la excusación en el plazo de dos (2) días. Si estimara que la excusa no tiene fundamento, formará un legajo con las dos decisiones encontradas y lo remitirá al Superior Tribunal de Justicia, quien resolverá la cuestión sin más trámite en el plazo de cinco (5) días. La resolución de la excusación no impedirá el planteo de recusación por el mismo motivo.
- Trámite de recusación. Las partes podrán recusar al juez en los casos descriptos en el artículo 63. La recusación se formulará por escrito; deberán exponerse los motivos y los elementos de prueba pertinentes. La recusación deberá formularse dentro de los tres (3) días de conocerse los motivos en que se funda, salvo que se advierta durante las audiencias, en cuyo caso deberá plantearse en ese mismo acto en forma oral. Si el juez admitiere su recusación se aplicará el procedimiento previsto para la excusación. Si el juez no admitiere su recusación, y sin perjuicio de adoptar las decisiones que no admitan dilación, formará un legajo con el escrito de recusación y su resolución y lo remitirá al Superior Tribunal de Justicia, el que resolverá en audiencia, salvo que la considerase innecesaria en el plazo de cinco (5) días. En su caso, el juez recusado podrá intervenir en la audiencia como parte, si lo deseara.
- Excusación o recusación en tribunales colegiados. La excusación o recusación de un miembro de tribunales colegiados, será resuelta por los demás miembros del tribunal. Si se planteara en el curso de una audiencia, se resolverá en la misma audiencia. Cuando la excusación o recusación versare sobre un Ministro del Superior Tribunal, aceptada la excusación o recusación, se designará al subrogante legal. En los demás casos, la oficina judicial designará al reemplazante. El juez asignado no podrá rechazar la excusación o recusación. Si no la aceptaren y se tratare de un tribunal de juicio, la sentencia que dicte podrá ser impugnada por este motivo.
- Efectos. Las decisiones sobre excusación o recusación no producirán la invalidez de los actos procesales que se hayan cumplido, salvo que se dieren las condiciones que permitan la declaración de nulidad, sin perjuicio de que las partes, por razones plausibles, requieran su ratificación o ampliación. Resuelta la cuestión, el juez excusado o recusado no actuará más en el proceso, aun cuando posteriormente desaparecieran los motivos que determinaron la decisión.
- Inconducta. Incurrirá en falta grave y causal de mal desempeño el juez que omitiera apartarse cuando existiera un motivo para hacerlo, o que se apartare con notoria falta de fundamento. La presentación de recusaciones manifiestamente infundadas o dilatorias será considerada una falta profesional grave, que se comunicará de inmediato al Fiscal General o al Colegio de Abogados, según correspondiere.
- Referencia. Distribución de Funciones. En los casos en que este Código menciona al fiscal, se refiere al representante del Ministerio Público al que le corresponda actuar conforme a la Ley Orgánica respectiva. La distribución de las funciones de los miembros del Ministerio Público se realizará de conformidad a las normas que regulan su ejercicio.
- Principios de actuación. El fiscal, tiene la obligación de motivar sus requerimientos y resoluciones, y en su actuación se regirá por los principios de objetividad y lealtad procesal. Conforme al principio de objetividad, el fiscal deberá investigar las circunstancias del hecho que pudieren resultar favorables al imputado, y efectuar los requerimientos que procedan en su beneficio. Conforme al principio de lealtad procesal, el fiscal no ocultará a la defensa ninguna prueba que haya conocido o colectado, salvo cuando se hubiese decretado la reserva.
- Carga de la prueba. Colaboración. Al fiscal le corresponde la carga de la prueba de las imputaciones que realice en la etapa preparatoria, y deberá probar en el juicio oral y público los hechos en que haya fundado su acusación. Las dependencias públicas estatales y las entidades privadas están obligadas a proporcionar colaboración pronta, eficaz y completa a los requerimientos que formule el fiscal en cumplimiento de sus funciones, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades previstas en la ley.
- Control de la actuación del fiscal. Las demás partes podrán objetar, ante el Fiscal General, la actuación del fiscal, de sus auxiliares o de los funcionarios policiales que actúen bajo su dirección, en el ejercicio de sus respectivas facultades. En tal caso, el Fiscal General adoptará las medidas que considere adecuadas.
- Excusación y recusación. El fiscal deberá excusarse o podrá ser recusado por los motivos indicados en el artículo 63, incisos a) al g), con excepción de los de haber intervenido como acusador, haber emitido opinión sobre el caso o haber intervenido en la investigación preparatoria o en el control de la acusación. Podrá fundarse también en cualquier otra circunstancia que, por su gravedad, afecte su objetividad en el caso.
- Trámite. La excusación del fiscal será admitida o rechazada sumariamente por el Fiscal General. El rechazo no impedirá el trámite de la recusación por el mismo motivo. La recusación del fiscal se planteará ante el Fiscal General por escrito en el que se expondrán los motivos y los elementos de prueba en que se fundan, dentro de los tres (3) días de conocerse las circunstancias que la motivan. Si los motivos se advirtieren durante una audiencia, la recusación podrá plantearse en ese mismo acto en forma oral. En este caso el juez podrá rechazarla si la considerase improcedente; de lo contrario dará oportuna intervención al Fiscal General, sin perjudicar la continuidad de la audiencia. El Fiscal General deberá resolver la recusación en el plazo de dos (2) días. Si la considerase procedente, asignará un nuevo fiscal al caso. Si la declarase improcedente, el recusante podrá, dentro de los dos (2) días de notificado, solicitar la revisión del juez. El juez resolverá en audiencia dentro de los tres (3) días, pero podrá prescindir de la audiencia si la considerase innecesaria. En su caso el fiscal recusado podrá participar como parte en la audiencia, si lo deseare. Si el juez admitiere la recusación, el Fiscal General asignará un nuevo fiscal al caso.
- Cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia que se susciten entre fiscales se resolverán conforme a lo que disponga la Ley Orgánica del Ministerio Público.
- Referencia. En los casos en que este Código menciona a la policía se refiere a la Policía de la Provincia. Si en un caso de jurisdicción provincial, y de acuerdo a leyes o convenios, les correspondiera actuar a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina o a la Policía Aeronáutica, éstas estarán abarcadas por la referencia.
- Facultades y deberes. La policía deberá: a) recibir denuncias; b) impedir que el hecho sea llevado a consecuencias delictivas ulteriores; c) efectuar el arresto, la aprehensión, la detención y la incomunicación de personas, en los casos autorizados, informándoles sus derechos en forma inmediata y comprensible; d) recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, con los límites establecidos por este Código; e) resguardar el lugar del hecho y cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados; f) hacer constar el estado de personas, cosas y lugares mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que resulten necesarias para ello; g) prestar auxilio a las víctimas y proteger a los testigos; h) entrevistar a los testigos; i) ejecutar allanamientos y requisas cuando le esté permitido; j) secuestrar elementos de prueba por los medios que le estén permitidos, adoptando las medidas necesarias para preservar la cadena de custodia; k) reunir la información de urgencia que pueda ser útil al fiscal, y practicar las diligencias que él disponga.
- Coordinación. Apartamiento de una fuerza de seguridad. El fiscal emitirá las instrucciones necesarias para coordinar la labor de la policía, a fin de lograr la mayor eficacia de la investigación. De oficio o a pedido de parte, deberá apartar a la fuerza de seguridad que intervenga si de las circunstancias de los hechos investigados surgiere que miembros de aquélla podrían estar involucrados como partícipes en tales hechos.
- Imputado. Los derechos que este Código le reconoce al imputado podrá hacerlos valer toda persona que sea indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso.
- Derechos del imputado. Al imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, a cuyo fin las autoridades intervinientes le informarán los siguientes derechos: a) a ser informado de las razones de su aprehensión o detención y la autoridad que la ha ordenado; a ser conducido directamente ante el fiscal, y a que un juez, sin demora, decida sobre su situación; b) a pedir que su aprehensión o detención sea comunicada en forma inmediata a un pariente o persona de su confianza, asociación o entidad; si el imputado ejerciere este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado obtenido; si el aprehendido o detenido fuese extranjero se le informará que puede pedir que su situación sea comunicada al representante diplomático del Estado de su nacionalidad, a quien también se le hará saber, si correspondiere, su interés en ser entrevistado; c) a guardar silencio, sin que ello pueda ser valorado como una admisión de los hechos o como indicio de culpabilidad; d) a ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por uno propuesto por una persona de su confianza, o en su defecto por el defensor oficial; e) a entrevistarse con su defensor en forma libre, privada y confidencial, en particular antes de la realización de cualquier acto que requiera su intervención; f) a acceder a la información disponible desde el momento en que tenga noticia de la existencia del proceso, según las previsiones de este Código; g) a presentarse ante el fiscal para que se le informe sobre los derechos que le asisten, y aportar por escrito las explicaciones que considere convenientes; h) a declarar cuantas veces quiera con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada vez que manifieste su deseo de hacerlo; i) a no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad, y; j) a que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales, y a su prudente arbitrio, el juez o el fiscal consideren necesarias. En todos los casos se dejará constancia fehaciente del cumplimiento del deber de información establecido en este artículo. Si el imputado estuviese detenido, él o sus familiares podrán formular sus pretensiones por cualquier medio ante el funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al fiscal.
- Identificación y domicilio. En el primer acto en que intervenga, el imputado deberá informar sus datos personales y su domicilio real y constituir un domicilio procesal. Podrá informar su dirección informática o sus teléfonos a los fines de sus futuras citaciones y, en tal caso, podrá solicitar que estos datos queden reservados. Si hubiera dudas sobre su identidad o fuere necesario para las averiguaciones, el fiscal podrá ordenar su identificación por testigos o por los medios que juzgue oportunos. En caso de detención se dispondrá su identificación por impresiones digitales.
- Presunta inimputabilidad en el momento del hecho. Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía alguna alteración mental que le impedía comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, sus derechos de parte serán ejercidos por el defensor particular o, en su defecto, por el defensor oficial, con los apoyos y ajustes razonables que fueran necesarios y con notificación al curador, si lo tuviere. Si fuera el caso, se dará intervención a la justicia civil a fin de que se adopten las medidas de protección de derechos que correspondan de acuerdo a la legislación específica.
- Padecimiento mental sobreviniente. Si durante el proceso sobreviniere un padecimiento mental que restrinja severamente la capacidad del imputado para entender los actos procesales, el juez establecerá los apoyos y los ajustes razonables que sean necesarios, entre ellos el establecimiento de plazos especiales para el desarrollo del proceso. En el momento oportuno el juez suspenderá el proceso a su respecto, sin perjuicio de que se lleven a cabo los actos que no requieran su presencia y de que se prosiga el proceso contra los demás imputados. Si correspondiere, se dará intervención a la justicia civil, con notificación al defensor.
- Menor. Si el imputado fuere menor de edad sus derechos como menor podrán ser ejercidos también por sus padres o tutores.
- Designación. Aceptación del cargo. El imputado tendrá derecho a designar defensor de su confianza. Si no lo hiciere, se le designará un defensor oficial. Si el imputado se encontrare privado de la libertad, cualquier persona de su confianza podrá proponer la designación del defensor, lo que será puesto inmediatamente en conocimiento de aquél para su ratificación. Mientras tanto, se dará intervención al defensor oficial. La designación o asignación del defensor deberá producirse antes de que se realice la formalización de la imputación conforme el artículo 280. Al aceptar el cargo, el defensor tendrá derecho a conocer las actuaciones, salvo supuesto de reserva, deberá constituir domicilio e informar su dirección informática y los teléfonos a través de los cuales pueda recibir citaciones y notificaciones. La actuación del defensor no inhibe el derecho del imputado a formular planteamientos y alegaciones por sí mismo.
- Designación de varios defensores. El imputado podrá designar los defensores que considere convenientes, pero no podrán actuar más de dos (2) en un acto o audiencia. El nombramiento del defensor no estará sujeto a ninguna formalidad. Si varios abogados hubiesen aceptado el cargo, la notificación practicada a uno de ellos tendrá validez respecto de todos.
- Revocación. Renuncia. Abandono. El imputado podrá revocar designaciones o designar nuevos defensores; pero el que estuviera ejerciendo la defensa no será separado hasta que un nuevo defensor acepte el cargo. El defensor no podrá dejar a su asistido sin defensa. Si renunciare se proveerá a su sustitución por el defensor oficial, a menos que el imputado designase uno nuevo de su confianza. Hasta entonces, el renunciante estará obligado a continuar en el desempeño del cargo y no podrá ser nombrado de nuevo en el mismo caso. Si se constatare el abandono de la defensa, se separará al abogado y se designará un defensor oficial que actuará mientras el imputado no designe uno de su confianza. La situación será comunicada al Colegio Público de Abogados que corresponda. Si la renuncia o el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga de hasta diez (10) días para el inicio o reanudación de la audiencia. El debate no podrá volver a suspenderse por la misma causa, salvo que debiera asumir el defensor oficial.
- Sanciones. El abandono de la defensa, la renuncia intempestiva y la defensa de imputados con intereses contrapuestos, constituirán faltas graves del abogado que serán comunicadas al respectivo Colegio Público de Abogados. El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte del defensor oficial será comunicado a la autoridad que corresponda.
- Libertad de declarar. Registro de la declaración. Las citaciones al imputado no tendrán por finalidad obtener una declaración sobre el hecho que se le imputa, pero éste tendrá la libertad de declarar cuantas veces quiera. Durante la investigación preparatoria, el imputado podrá declarar luego de que el fiscal le hubiese comunicado la imputación. A su elección, podrá declarar ante el fiscal o ante el juez. Las declaraciones del imputado deberán realizarse oralmente, y sólo tendrán valor si se realizan en presencia de su defensor. El querellante podrá participar en el acto de la declaración. Si por imposibilidad física el imputado no pudiera oír o expresarse verbalmente o no comprendiera el idioma nacional, tendrá derecho a designar su propio traductor o intérprete, pero si no lo designare será provisto de uno a costa del Estado, para que le transmita el contenido del acto o de la audiencia.
- Descargos por escrito. Sin perjuicio de su derecho a declarar, el imputado podrá presentar ante el fiscal descargos por escrito, con asistencia de su defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.
- Desarrollo de la declaración. Antes de comenzar la declaración, el imputado será informado de los derechos que le asisten. También se le hará saber su derecho a abstenerse de contestar preguntas que se le dirijan, pero que no podrá consultar a su abogado para decidirlo. Luego el fiscal le recordará el hecho que le ha imputado, la prueba de cargo y la tipificación penal provisional que le ha adjudicado al hecho. Inmediatamente el imputado declarará lo que tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye, e indicará los medios de prueba de descargo. Las partes podrán dirigir al imputado las preguntas que estimen convenientes. El fiscal, o en su caso el juez, no permitirán preguntas improcedentes. El acto se registrará en soporte de audio o audiovisual.
- Métodos prohibidos. En ningún caso se le exigirá al imputado juramento o promesa de decir verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase de fuerza o coacción. Se prohíben las medidas que afecten la libertad de decisión, voluntad, memoria o capacidad de compresión del imputado. No se permitirán las preguntas sugestivas o capciosas y las respuestas no serán exigidas perentoriamente. Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan.
- Facultades policiales. La policía no podrá interrogar al imputado. Sólo podrá requerirle los datos correspondientes a su identidad, si no estuviera individualizado. Si el imputado expresare su deseo de declarar se lo hará saber de inmediato al fiscal, quien dispondrá lo necesario para la recepción de la declaración.
- Valoración. La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado impedirá que se la utilice en su contra, aun si hubiera dado su consentimiento para infringir alguna regla.
- Rebeldía. Captura. Se declarará en rebeldía a la persona que hubiera eludido una orden de detención o se hubiese fugado del lugar donde estaba detenida, y al imputado que, injustificadamente, no hubiere comparecido a una citación o se hubiese ausentado del domicilio que había denunciado. Previamente a su detención, se arbitrarán las medidas necesarias para lograr su ubicación o su comparendo por la fuerza pública, según sea el caso. Si tales medidas resultaren infructuosas, el fiscal solicitará al juez la declaración de rebeldía y el libramiento de la orden de captura. El juez resolverá en audiencia.
- Efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación respecto del rebelde ni las resoluciones que puedan adoptarse sin su intervención personal.
- Captura o comparecencia del rebelde. Si el rebelde fuese capturado o se constituyese voluntariamente en detención, se aplicarán las reglas de los artículos 229, 230 y 231.
- Calidad de víctima. Se considera víctima: a) a la persona ofendida directamente por el delito; b) al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos.
- Derechos de la víctima. La víctima tendrá los siguientes derechos: a) a que se le reciba de inmediato la denuncia del delito que la afecta; b) a recibir un trato digno y respetuoso y a que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; c) a que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación; d) a requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus parientes y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes; e) a ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social, durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes; f) a que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible; g) a que le sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia; h) a examinar documentos y actuaciones disponibles, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado; i) a aportar información y pruebas durante la investigación; j) a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente; k) a ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada; l) a solicitar la revisión de las reservas del legajo dispuestas por el fiscal y de la aplicación de un criterio de oportunidad, en las formas establecidas por este código; m) a que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores; n) al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos, cuando por las circunstancias personales se encontrare económicamente imposibilitada de solventarlos; ñ) a intervenir como querellante en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y el presente Código. La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento. La precedente enumeración no es taxativa y no será entendida como negación de otros derechos no enumerados.
- Situaciones de vulnerabilidad. Cuando la víctima presente situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las autoridades deberán dispensarle atención especializada. Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en los siguientes casos: a) si la víctima fuere menor de edad o mayor de setenta (70) años, o se tratare de una persona con discapacidad; o b) si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito.
- Información a la víctima. La autoridad que reciba la denuncia deberá: a) asesorarla acerca de los derechos que le asisten y de los medios con que cuente para hacerlos valer; b) informarle el nombre del fiscal que intervendrá en el caso y la ubicación de su despacho. Se le informará también la ubicación de la oficina judicial a la que podrá concurrir si necesitara la intervención de un juez de garantías; c) informarle la ubicación del centro de atención a la víctima más cercano, y trasladarla hasta allí en el plazo más breve posible si la víctima lo solicitare y no contare con medio propio de locomoción.
- Seguridad de la víctima. En el supuesto del artículo 99, inciso d), se presumirá la existencia de peligro si se tratare de víctimas de los delitos contra la vida y contra la integridad sexual, delitos cometidos por una asociación ilícita u organización criminal o delitos contra la mujer cometidos con violencia de género. La autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para neutralizar el peligro. En especial, podrá reservar la información sobre el domicilio de la víctima o cualquier otro dato que revele su ubicación. La reserva se levantará cuando el derecho de defensa del imputado lo hiciere imprescindible.
- Atención de gastos. La autoridad deberá atender al sufragio de los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios, cuando la víctima, por sus circunstancias personales, se encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.
- Prevención de molestias injustificadas. Las autoridades adoptarán todas las medidas que prevengan un injustificado aumento de las molestias que produzca la tramitación del proceso, concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias recurrentes y contactos innecesarios con el imputado. A tal fin se podrán adoptar las siguientes medidas: a) la víctima podrá prestar declaración en su domicilio o en una dependencia especialmente adaptada a tal fin; b) la víctima podrá prestar testimonio en la audiencia de juicio sin la presencia del imputado o del público.
- Patrocinio jurídico. La víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos y en su caso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada para solventarlo.
- Delegación de facultades. La víctima podrá delegar el ejercicio de sus derechos y facultades en una asociación de protección o ayuda a las víctimas, de defensa de intereses colectivos o difusos, de defensa de los derechos humanos, o especializada en acciones de interés público, que se encuentre registrada conforme a la ley. Aceptada la delegación, estas asociaciones ejercerán los derechos de la víctima, a quien deberán mantener informada.
- Derecho a querellar. Actuación conjunta y actuación autónoma. Las víctimas de un delito de acción pública podrán ejercer la acción penal pública como querellantes en forma conjunta con el fiscal. Constituidos como tales, podrán actuar autónomamente en las oportunidades previstas en este Código. También podrán querellar: a) el representante legal, si la víctima de cualquier delito fuese una persona incapaz; b) los socios o asociados respecto de los delitos que afecten a una sociedad o asociación, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan; c) los acreedores verificados en los procesos concursales, por las maniobras fraudulentas producidas por el concursado en perjuicio de la masa; d) los organismos públicos legitimados por leyes especiales para hacerlo, respecto de los delitos por lo que estén legitimados. En los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos, actos de discriminación de la víctima o actos de corrupción de funcionarios públicos, las asociaciones u organizaciones legalmente constituidas o reconocidas cuyo objeto lo admita y demuestren su interés en el caso.
- Formalidades. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, en forma personal o por mandatario especial, y con asistencia letrada. Si la pretensión acompañara a la denuncia del hecho, deberá cumplir con las condiciones del artículo 272. Si se ejerciere en un proceso ya iniciado, indicará sucintamente el hecho por el que se pretende querellar y los correspondientes imputados. Si se omitiere algún requisito, el fiscal intimará al presentante a que en el plazo de tres (3) días corrija el error o la omisión; si así no lo hiciere, rechazará la pretensión.
- Oportunidad y unidad de representación. La pretensión de querellar podrá formularse hasta el cierre de la investigación preparatoria. Si éste considerase que el interesado carece de legitimación para constituirse en querellante, dará intervención al juez. El juez decidirá en audiencia. Si los querellantes constituidos fueren varios y hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar bajo una sola representación. Si no se pusieren de acuerdo, el juez resolverá. No procederá la unidad de representación entre particulares y entidades públicas legitimadas para querellar, ni entre particulares y las asociaciones referidas en el artículo 107, salvo acuerdo de los querellantes.
- Desistimiento expreso. El querellante podrá desistir expresamente de su intervención en cualquier momento. El desistimiento se presentará por escrito ante el fiscal, u oralmente ante el juez en el desarrollo de una audiencia, según la instancia que se desarrolle al momento del desistimiento. El fiscal o, en su caso, el juez, tendrán al querellante por apartado del proceso. Éste quedará obligado por las costas que su actuación hubiera causado.
- Desistimiento tácito. Se entenderá que el querellante tácitamente ha renunciado a su intervención, en los siguientes casos: a) si no concurriere a la realización de una medida de prueba para cuya producción sea necesaria su presencia; b) si no formulare acusación en la oportunidad que corresponda; c) si no concurriere a la audiencia de control de la acusación o a la de admisión de la prueba para el juicio; d) si no concurriere a la audiencia de debate o no presentare conclusiones. En los casos de incomparecencia, la alegación de justa causa deberá acreditarse. El desistimiento tácito será declarado por el juez a pedido de parte. El apartado quedará obligado por las costas que su actuación hubiera causado.
- Derecho a querellar. Las víctimas de los delitos de acción privada deberán promover querella para ejercer la acción. Si la víctima fuese una persona incapaz, podrá hacerlo su representante legal. La querella por el delito de acción privada se regirá por las reglas del procedimiento especial previsto en este Código.
- Idioma. En los actos procesales se utilizará el idioma nacional. En caso de corresponder, se utilizarán formato y lenguaje accesibles. Si alguno de los intervinientes por imposibilidad física no pudiera oír o entenderlo, deberá designarse un traductor o intérprete de oficio y/o disponer los apoyos necesarios para garantizar su compresión y debida comunicación. Si la persona no se expresa en idioma nacional, en lo posible, se dejará constancia en ambas versiones.
- Día y hora de los actos. Los actos procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin perjuicio de las habilitaciones que se dispongan. Los actos de la investigación, salvo las excepciones expresamente dispuestas, se cumplirán también en días y horas inhábiles.
- Lugar. Los fiscales y los jueces, para la realización de los actos propios de su función, si fuese necesario o conveniente podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción.
- Registro de actos procesales. Los actos del proceso se podrán registrar por escrito o por medios audiovisuales u otros soportes equivalentes. En los casos de estos últimos, queda prohibida su edición, tratamiento o modificación. Se deberá asegurar la autenticidad e inalterabilidad de los registros. Si se utilizaran soportes de audio o audiovisuales, los contenidos esenciales del acto deberán surgir del mismo registro o, de no ser ello posible, de un acta complementaria. Se deberán reservar los soportes originales en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.
- Informes y Actas. Los actos que se registren por escrito serán documentados en informes o en actas, que deberán contener: a) la mención del lugar, la fecha y la hora del acto y la indicación de la actividad practicada y de los resultados obtenidos, y; b) la firma del funcionario que produce el informe o, en el caso de actas, las firmas de los que participaron en el acto, dejándose constancia, en su caso, de las razones de aquel que se niegue a firmar o del que lo hace a ruego. La omisión de estas formalidades priva de validez al informe o acta, siempre que no pudieren ser suplidas, con certeza, sobre la base de otros elementos de prueba.
- Actas policiales con testigos. Los funcionarios de la policía que practiquen actos de secuestros, inspecciones oculares, requisas personales, allanamientos o inspecciones de lugares los registrarán en actas con intervención de un (1) testigo que no pertenezca a la fuerza que interviene en el acto, salvo en casos de suma urgencia o imposibilidad de conseguirlo, circunstancias que deberán ser acreditadas. En ningún caso podrán ser testigos de actuación los menores de dieciséis (16) años, ni quienes presenten signos evidentes de alteración de sus facultades psíquicas.
- Formalidades de las resoluciones. En las resoluciones, escritas u orales, deberán constar: a) el día, lugar e identificación del proceso en el que se las dicta; b) el objeto a decidir y en su caso, las peticiones de las partes, y; c) la decisión y sus fundamentos de hecho y de derecho. La autoridad que dictó la resolución podrá, al advertirlo o al ser advertido, rectificar algún error u omisión material contenidos en aquella o aclarar o explicitar los fundamentos, siempre que ello no importe una modificación esencial de la decisión ni de sus fundamentos. La forma escrita podrá cumplirse a través de un documento suscripto manualmente por la autoridad que dicte la Resolución o mediante el registro electrónico de la resolución con firma digital o electrónica. La forma oral se cumplirá mediante el registro de audio o audiovisual de la audiencia en la que se adoptó la resolución.
- Resoluciones de tribunales colegiados. Las resoluciones de los tribunales colegiados se adoptarán por mayoría, previa deliberación. Si las cuestiones a resolver fueren varias, se votarán en forma individual en el orden de prelación que corresponda al caso.
- Proveídos de mero trámite. Los proveídos de mero trámite que se considere necesario registrar, se registrarán en forma escrita y serán firmados por los encargados de la oficina judicial o de la oficina correspondiente del Ministerio Público.
- Plazo. Presencia. Las audiencias serán fijadas para dentro de los tres (3) días de solicitadas, siempre que este Código no disponga expresamente otro plazo. En la audiencia se requerirá la presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes que actúen. Las partes no tendrán obligación de asistir personalmente y podrán ser representadas por sus defensores o apoderados legitimados, salvo disposición en contrario. Si la parte que promovió la audiencia no compareciere, se la tendrá por desistida de su interés, salvo disposición en contrario. La incomparecencia de las demás partes no suspenderá ni perjudicará la realización de la audiencia, salvo disposición en contrario.
- Reglas generales. Registro. En el desarrollo de las audiencias se deberán respetar los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Los jueces no podrán suplir la inactividad de las partes y deberán sujetarse a lo que ellas hayan discutido. El juez, o el presidente del tribunal en su caso, dirigirá la audiencia, moderará la discusión, limitará el tiempo de uso de la palabra, impedirá intervenciones impertinentes y ejercerá el poder disciplinario dentro del recinto. En la audiencia, los jueces promoverán la bilateralidad entre las partes a los efectos de escuchar las distintas opiniones y entender sus respectivos argumentos. Podrán interrogarlas sobre las cuestiones planteadas y los fundamentos legales, jurisprudenciales o doctrinarios que aleguen. Las audiencias serán registradas en soporte de audio o en soporte audiovisual, salvo que este Código expresamente dispusiera el registro audiovisual.
- Audiencia unilateral. En los casos de audiencia unilateral con el fiscal, no se exigirá el registro de audio o audiovisual, y podrá celebrarse a través de cualquier medio de comunicación, incluida la vía telefónica. El juez dejará en el legajo judicial constancia escrita de la realización de la audiencia y de la resolución adoptada. Si se tratare de un caso urgente que no admita dilación, el fiscal podrá solicitar la audiencia directamente al juez asignado al caso.
- Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en este Código. Los plazos serán perentorios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127, y vencerán a la hora veinticuatro del último día señalado. Si el término fijado venciese después del horario laboral, el acto que deba cumplirse en éste, podrá ser realizado durante las dos (2) primeras horas del día hábil siguiente. Los plazos determinados por horas, comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción. Los plazos determinados por días, comenzarán a correr al día siguiente de practicada su notificación. Se computarán sólo los días y horas hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medida de coerción, caso en el cual se computarán días y horas corridos. Los plazos comunes comenzarán a correr a partir de la última notificación que se practique a los interesados.
- Renuncia a plazo. La parte a cuyo favor se ha establecido un plazo, podrá renunciarlo o abreviarlo mediante expresa manifestación de voluntad, que deberá ser conjunta si el plazo fuera común.
- Reposición y ampliación del plazo. Las partes podrán solicitar la reposición del plazo, si por defecto de la notificación no se hubieren cumplido con las exigencias del artículo 135. Las partes podrán solicitar la ampliación del plazo cuando razones de fuerza mayor le impidieran observarlo.
- Plazos judiciales. En los casos en que la ley permita la fijación judicial de un plazo, el juez lo establecerá conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las partes.
- Plazos para resolver. Las cuestiones que deban ser resueltas en audiencia, deberán ser adoptadas al concluirse la audiencia, sin interrupción alguna, salvo los casos expresamente previstos en este Código. Las cuestiones que no requieran audiencia serán resueltas dentro de los tres (3) días de su planteamiento, siempre que la ley o este Código no dispongan expresamente otro plazo. Si se tratare de un acto a cumplir por la oficina judicial, el plazo para hacerlo será de dos (2) días, siempre que no corresponda hacerlo en un plazo más breve.
- Requerimientos. Los órganos judiciales y el Ministerio Público en el ejercicio de sus respectivas facultades, podrán requerir de similares autoridades nacionales o locales la colaboración que necesiten para la ejecución de un acto o la obtención de una información vinculada al proceso. Si la colaboración fuera rechazada o demorada, el órgano requirente se dirigirá al superior jerárquico de la autoridad requerida para que tome intervención y disponga lo que corresponda. A los mismos fines, también podrán dirigirse a personas o entidades privadas con sede en cualquier lugar del país. Los destinatarios deberán cumplir sin demora las diligencias requeridas. Se podrá urgir la respuesta mediante la fijación de conminaciones pecuniarias. Los requerimientos podrán cursarse por cualquier medio que quede registrado, incluso por medio electrónico. Podrá utilizarse la firma digital o electrónica.
- Investigaciones conjuntas. Si fuera necesario investigar hechos llevados a cabo en más de una jurisdicción, el fiscal podrá coordinar la investigación con las autoridades de otras jurisdicciones. A este efecto podrá formar equipos de investigación.
- Prórroga de jurisdicción. Cuando el fiscal deba llevar a cabo una medida que requiera autorización judicial previa, la solicitará al juez competente en el caso, quien podrá autorizarla aun si aquélla debe llevarse a cabo en otra jurisdicción territorial de la provincia. Una vez diligenciada, el fiscal deberá poner en conocimiento del juez del lugar la medida practicada y los resultados obtenidos.
- Disposición de detenidos a la orden de otro juez. El juez, a pedido del fiscal, solicitará que los imputados que se encuentren detenidos a la orden de otro juez sean puestos por éste a su disposición, de conformidad con los convenios que se hubiesen celebrado o las prácticas usuales.
- Cooperación internacional. Los requerimientos dirigidos a autoridades extranjeras o a personas o entidades privadas con sede en el extranjero, serán remitidos por la vía y en las formas prescriptas por la ley de cooperación internacional en materia penal, los tratados, convenios y costumbres internacionales, y, en su caso, por la Ley Orgánica del Ministerio Público.
- Notificaciones y citaciones. Formalidades. Las resoluciones y las citaciones de las partes o de terceros, deberán notificarse a quien corresponda con la urgencia que requiera el caso. Deberá garantizarse que las notificaciones y citaciones: a) lleguen fehacientemente a los destinatarios en los sitios físicos o informáticos que se hayan constituido, si fueran parte, o a los domicilios que correspondan, si fueren terceros; b) transmitan con claridad, precisión y en forma completa, el contenido de la resolución o convocatoria que se está notificando; c) se efectúen oportunamente para permitir el cumplimiento de su finalidad en el tiempo o momento indicado en la notificación; d) contengan todos los datos que sean necesarios para asegurar al notificado el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de su obligación, según sea el caso; e) adviertan suficientemente al destinatario si el ejercicio del derecho está sujeto a un plazo o condición, o si el incumplimiento de la obligación dará motivo a una forma compulsiva de cumplimiento. Las reglamentaciones pertinentes dispondrán los procedimientos que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.
- Medios de notificación y citación. Las notificaciones y citaciones podrán ser cursadas mediante cédulas, por medios electrónicos o por cualquier otro medio, siempre que se asegure el cumplimiento de su finalidad. Las partes podrán, en su caso, acordar expresamente una modalidad de notificación efectiva de acuerdo con las posibilidades técnicas a las que tengan acceso. Las resoluciones que se adopten durante las audiencias se notificarán a las partes oralmente en el mismo acto.
- Reglas generales. Son nulos y no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas que garantizan el ejercicio de los derechos del imputado y de la víctima, y el ejercicio de las funciones del fiscal. La nulidad por violación a una garantía establecida a favor del imputado, no podrá ser declarada en su perjuicio. Si una nulidad por violación de una garantía establecida a favor del imputado se declarase en la etapa de juicio, el procedimiento no podrá retrotraerse a la etapa de investigación.
- Saneamiento. Los defectos que puedan producir una nulidad, deberán ser inmediatamente saneados. Se rectificará el error o se renovará el acto, de oficio o a petición del interesado. Se entenderá que el acto se ha saneado si no obstante la irregularidad hubiera conseguido su fin respecto de todos los interesados.
- Convalidación. Los defectos que afecten a la víctima y al fiscal quedarán convalidados en los siguientes casos: a) si el interesado no ha solicitado su saneamiento mientras se realizaba el acto en el que estuviere presente, siempre que haya sido posible advertir la nulidad en ese momento; o b) si el interesado ha aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.
- Legitimación. Sólo estará legitimada para plantear la nulidad de un acto, la parte que resulte perjudicada por el acto atacado y no haya concurrido a causarla. El fiscal podrá reclamar la nulidad de un acto en beneficio del imputado.
- Planteo. Oportunidad. Las nulidades en los procesos por delitos de acción pública deberán ser planteadas en las siguientes instancias: a) en la audiencia posterior a la formalización de la imputación prevista en el artículo 283; b) en la audiencia de control de la acusación prevista en el artículo 298 o, en su caso, en la audiencia concentrada que prevé el artículo 304; o c) en el curso de cualquier otra audiencia en la que se pretenda valorar el acto considerado inválido. El planteo se resolverá en la audiencia. La audiencia se celebrará dentro de los cinco (5) días de solicitada.
- Nuevos planteos. Si se hubiese rechazado un planteo de nulidad de una defensa, el mismo no podrá ser reiterado. Las demás defensas que no hubieran podido intervenir en la audiencia podrán replantear la nulidad del mismo acto sólo por cuestiones no debatidas en el planteo anterior.
- Declaración de nulidad. Efectos. La nulidad de un acto invalida los actos consecutivos que dependan directamente de aquél. Al declarar la nulidad de un acto el juez indicará los demás actos que, como consecuencia, resulten también nulos.
- Renovación de los actos anulados. Si fuere posible, el interesado producirá o requerirá la renovación de los actos anulados.
- Plazo máximo de duración del proceso. El plazo máximo de duración de la totalidad del proceso será de tres (3) años a partir de la formalización de la imputación prevista en el artículo 280. Para ese cálculo no se computarán los plazos de suspensión previstos en el artículo 149. El plazo máximo no incluye el trámite del Recurso Extraordinario Federal.
- Plazo máximo de la etapa preparatoria. Prórroga. El plazo máximo de duración de la etapa preparatoria será de un (1) año a partir de la formalización de la imputación prevista en el artículo 280. El plazo máximo de la duración de la etapa preparatoria podrá prorrogarse si la investigación resultare compleja en virtud de las características de los hechos, el elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada. El juez, a solicitud del fiscal y en audiencia, podrá autorizar la prórroga por el plazo que considere necesario, que no podrá superar un (1) año.
- Prórroga de la duración del proceso. Si el plazo máximo de la etapa preparatoria hubiese sido ampliado y pudiera preverse que la tramitación del juicio y de las impugnaciones resultarán complejos, el tribunal de juicio, a solicitud del fiscal y en audiencia, podrá prorrogar el plazo máximo de duración del proceso por el término que considere adecuado. En tal caso el plazo máximo de duración del proceso no podrá exceder de seis (6) años.
- Plazos múltiples. Si en el mismo proceso hubiese varios imputados, los plazos correrán individualmente, salvo que, por las características de los hechos atribuidos, no resultare posible concluir la investigación preparatoria de manera independiente.
- Suspensión de los plazos. Los plazos previstos en este Título se suspenderán: a) si se declarase la rebeldía del imputado, durante el tiempo de rebeldía; b) si se suspendiera el proceso a prueba, durante el tiempo de cumplimiento de las condiciones, y; c) si se aprobara un acuerdo conciliatorio, de reparación integral o de mediación, durante el tiempo de cumplimiento del acuerdo. El tiempo que dure la suspensión no se tendrá en cuenta a los fines del cómputo de los plazos máximos autorizados.
- Responsabilidad. El incumplimiento de los plazos previstos en este Título hará incurrir a los fiscales y jueces responsables en falta grave y causal de mal desempeño.
Fin del texto
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