Abriendo la norma
Ley provincial 6.556 · 2021
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes.
LEGISLATURA DE CORRIENTES LA LEGISLATURA DE CORRIENTES SANCIONA CON FUERZA DE LEY
Las normas procesales de este Código se interpretarán con el objeto de lograr la efectividad de los derechos sustanciales, observando los fines sociales del proceso, las exigencias del bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, procurando afianzar la tutela judicial efectiva, en especial para los casos de personas en condición de vulnerabilidad. Se asegurará a las partes la igualdad real de oportunidades para la defensa de sus derechos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio o coloquen a una de ellas en condición de inferioridad jurídica. El proceso, desde su inicio hasta el cumplimiento de la sentencia, estará sujeto a una duración razonable.
Se garantizará la inmediación del juez con las partes, los sujetos intervinientes y el material de conocimiento. A esos fines se concentrará la actividad procesal, la que se desarrollará en forma preferentemente oral y en audiencias. Los jueces presenciarán las declaraciones de las partes y de los testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en este Código, deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente.
La dirección del proceso estará confiada al juez o tribunal.
Iniciativa en el proceso, aportación y derecho de contradicción. La iniciación del proceso incumbirá a los interesados. Las partes articularán sus pretensiones aportando los hechos y las pruebas; podrán disponer de sus derechos, salvo aquellos indisponibles y tendrán la potestad de terminar el proceso en forma unilateral o bilateral, de acuerdo con lo regulado por este Código. El juez decidirá en forma congruente según las pretensiones y defensas deducidas por las partes, respetando el contradictorio.
El tribunal deberá proveer en forma clara, específica y concreta, de manera que sus decisiones lleven al desarrollo del proceso hacia sus etapas sucesivas, evitando la paralización, discontinuidad y adelantando el trámite en todo lo que sea posible, según el estado de la causa. Se abstendrá especialmente de proveer con remisiones genéricas o a oportunidades indefinidas. Dictará en lo posible, proveídos concentrados y en base al principio de eventualidad, sobre todas las cuestiones que admitan tal modalidad.
Lealtad, buena fe y deber de decir verdad. Los intervinientes en el proceso deben actuar con lealtad, buena fe y veracidad.
Los procedimientos deben ser rápidos y sencillos y se utilizarán las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la mejor gestión judicial y la interacción con plataformas de servicios digitales públicos y privados a fin de agilizar la tramitación de los procesos. El juez debe adoptar medidas necesarias para lograr la mayor economía en la realización del proceso. Los actos procesales se practicarán sin demora, con concentración, tratando de abreviarse los plazos, ya sea por acuerdo de partes, por ley o por decisión judicial Las audiencias no podrán aplazarse ni suspenderse, salvo por las razones que expresamente prevea este Código o por fuerza mayor.
Las actuaciones judiciales son de conocimiento público, salvo que expresamente la ley establezca lo contrario o el juez fundadamente así lo disponga por razones de seguridad, moral u orden público, en protección de alguna de las partes, de su intimidad, de su honor o de sus intereses.
El juez podrá adaptar las formas, sin vulnerar el debido proceso legal, de oficio o a petición de parte.
Las partes, el juez, los terceros y aquellos cuya participación se requiera, deberán cooperar para obtener, en tiempo razonable, una justa solución del conflicto. Su incumplimiento injustificado por una de las partes generará un indicio en su contra.
Las facultades procesales de las partes se pierden, se extinguen o consumen por preclusión. Los plazos fenecen por su vencimiento, sin que el trámite pueda retrotraerse.
La imposibilidad o extrema dificultad para cumplir una conducta procesal debida, justificará su omisión o reemplazo por otra.
Las partes tienen derecho al acceso a jueces independientes e imparciales, que aseguren la tutela judicial efectiva, la inmediación, la contradicción de pretensiones, el respeto a la igualdad real y al resto de los principios enunciados en este Código, en un proceso eficiente, útil y efectivo que debe concluir en un plazo razonable, el que incluye también la pronta ejecución de las resoluciones judiciales. Las pretensiones de las partes deben estar dirigidas a obtener una decisión judicial sobre: a) la procedencia de una condena a una prestación; b) el reconocimiento de derechos o de situaciones jurídicas o tendientes a la constitución, modificación o extinción de estos últimos, la ejecución, la adopción de medidas cautelares o cualquier otra clase de tutela que resguarde los derechos cuya protección se invoque ante los jueces.
En los procesos donde se debatan derechos disponibles, las partes podrán acordar modificaciones de las normas procesales, siempre que se respete el orden público. Tales acuerdos podrán adecuar el proceso a las particularidades del conflicto y especificar el alcance de las cargas, facultades y deberes procesales de las partes. De oficio o a requerimiento de parte, el juez controlará la validez de los acuerdos, debiendo negar su aplicación en los casos en que lo pactado resulte nulo, suponga un abuso del derecho o importe el sometimiento a un contrato de adhesión.
Las partes deben: a) actuar con lealtad y buena fe; b) colaborar con el desarrollo del proceso, evitar las conductas dilatorias y los actos inútiles o innecesarios para determinar los hechos y el derecho; c) alegar las cuestiones de hecho en forma completa y adecuada a la verdad. Se protegerá el derecho a no autoincriminarse penalmente, a la privacidad y al secreto profesional; d) evitar alegaciones o defensas carentes de fundamento; e) cooperar en la efectiva y adecuada producción de la prueba. La violación de cualquiera de los deberes establecidos en este artículo constituirá un indicio en contra de la parte que omita colaborar y será considerado al dictar sentencia o resolver una incidencia.
Si el juez estimare que alguna de las partes, sus letrados o ambos incumplieron los deberes establecidos en el artículo 15, en cualquier etapa del proceso podrá imponerles una multa, en forma fundada, respetando la garantía de la defensa y el principio de proporcionalidad, de hasta un valor de veinte (20) jus. Igual sanción se impondrá a los terceros intervinientes en el proceso. Para determinar la cuantía de la multa, el juez debe estimar las circunstancias del hecho de que se trate, así como la afectación a la credibilidad de la Justicia y perjuicios para la eficacia del proceso. Al aplicarla, el juez entre otras circunstancias, ponderará la deducción de pretensiones, defensas, oposiciones o interposición de recursos cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales o que manifiestamente conduzcan a dilatar el proceso. Su importe será destinado a la parte contraria al incumplidor. La multa podrá ser recurrida por revocatoria con apelación en subsidio, que se concederá con efecto suspensivo y trámite inmediato, debiendo formarse el pertinente legajo para la elevación a la alzada.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos procesales. Se considera abusiva toda petición contraria a la finalidad de la norma procesal invocada o cuando se excedan los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez deberá evitar el ejercicio abusivo del derecho o una situación procesal abusiva y, si correspondiere procurará su reposición al estado de hecho anterior. Los jueces rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes formulados con manifiesto abuso de derecho o que entrañen fraude a la ley.
Las partes deberán utilizar un lenguaje acorde con el servicio que presta el Poder Judicial y evitar los términos indecorosos, ofensivos o injuriosos. Los jueces ordenarán la ilegibilidad de las frases contenidas en los escritos judiciales que violen dichos criterios y excluirán de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso. En ambos supuestos, el juez conforme lo establecido en el artículo 16 deberá aplicar una multa proporcional a la falta cometida, cuyo importe será destinado al Poder Judicial o a las partes según quien sea el agraviado por el uso de expresiones ofensivas.
Incumbe a las partes la carga de realizar los actos de cuya omisión puede derivárseles consecuencias procesales desfavorables según las normas aplicables.
Quienes pretendan actuar como representantes en un proceso deberán presentar los documentos que acrediten tal calidad. Si se manifiesta la imposibilidad de presentar documentación ya otorgada y el juez considera atendibles las razones invocadas, podrá acordar un plazo de diez (10) días hábiles para acompañar la documentación, bajo apercibimiento de considerar inexistente todo lo actuado por quien la invoque, el que deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiera producido. Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no presentarán las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio, y siempre y cuando no pudiera acceder mediante las tecnologías de la información y comunicación (TIC), los emplace a presentarlas bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionen.
El poder podrá ser otorgado siguiendo el principio de libertad de formas consagrado en el art. 284 del Código Civil y Comercial. El juez podrá solicitar su ratificación en cualquier oportunidad.
La designación del letrado podrá efectuarse por: a) instrumento público; b) instrumento privado con firma del otorgante y consentimiento del representante legal; c) acta de designación ante funcionario judicial de la competencia.
El abogado que actúa como patrocinante podrá realizar todos los actos procesales, en cualquier tipo de proceso, sin necesidad de la firma o intervención personal del patrocinado, con las siguientes excepciones, en que éste deberá autorizar expresamente: a) promover y contestar la demanda; b) constituir domicilio; c) ofrecer prueba; d) allanarse a pretensiones que constituyan objeto de demanda o reconvención; e) consentir la sentencia o recurrirla; f) transigir o conciliar; g) desistir del derecho sustancial o del proceso; h) cobrar, percibir y dar recibos; i) tramitar la ejecución de sentencia; j) la cuenta de partición.
El abogado cesará en sus funciones por: a) revocación expresa en las actuaciones judiciales. En este caso, el designante o representado deberá comparecer con nuevo abogado sin necesidad de emplazamiento o citación, bajo pena de continuarse el proceso sin su intervención. La sola presentación del designante o representado con nuevo abogado no revoca la designación anterior; b) renuncia. En este caso el abogado deberá continuar hasta el vencimiento del plazo que el juez fije para la comparecencia, bajo apercibimiento de continuar el proceso sin su intervención. La resolución que así lo disponga deberá notificarse al domicilio real del designante o representado; c) cese de la personería del poderdante o designante o representado; d) conclusión del proceso para el que se lo designó; e) muerte, declaración de ausencia, declaración de muerte presunta, incapacidad o restricción de la capacidad del designante o representado. En estos casos el abogado continuará actuando hasta que los herederos o el representante legal asuman la intervención que les corresponda en el proceso o venza el plazo fijado por el juez. El abogado deberá comunicar al juez dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento, caso contrario pierde el derecho a cobrar los honorarios devengados con posterioridad. La misma consecuencia operará si omitiere denunciar el nombre y domicilio de los herederos o del representante legal, si los conociere. Las consecuencias de los actos u omisiones procesales, desde el fallecimiento del designante o representado hasta ser conocidas por el juez, serán resueltas conforme el debido proceso legal; f) muerte, declaración de ausencia, declaración de muerte presunta, incapacidad o inhabilidad del abogado. En estos casos, se suspenderá la tramitación del proceso y el juez fijará al designante o representado un plazo para comparecer por sí o con nuevo apoderado. Vencido el plazo, sin que comparezca, continuará el proceso y las resoluciones se notificarán en forma automática.
Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez de oficio o a petición de parte, después de contestada la demanda, les intimará a que unifiquen la representación, siempre que haya compatibilidad en ella y que el derecho o fundamentos de las pretensiones sean coincidentes. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los diez (10) días y si los interesados no concurrieren o no acordaren por mayoría el nombramiento de representante único, el juez designará, previo sorteo, entre los abogados intervinientes en el proceso. Producida la unificación, el representante único tendrá respecto de sus comandantes todas las facultades inherentes al mandato.
Efectuado el nombramiento común, podrá revocarse mediante acuerdo unánime de los representados o por el juez, a petición fundada de alguno de ellos. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario. La unificación quedará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo 25.
Cuando resulte necesario realizar actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación del representado, podrá admitirse la intervención en el proceso de un gestor, siempre que invoque razones que justifiquen prescindir de la documentación que acredita la representación. Si dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la primera presentación del gestor no son incorporados al proceso los documentos habilitantes o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por aquel, quien deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño producido. En su presentación, el gestor, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifican el pedido. La nulidad, en su caso, se produce por el solo vencimiento del plazo, sin intimación previa.
Toda persona que intervenga como parte o tercero deberá hacerlo con la asistencia de un abogado, apoderado o patrocinante. Los jueces no permitirán a las partes o a terceros su participación en las audiencias ni la realización de presentaciones judiciales sin la intervención de un abogado.
El abogado es asimilado a los jueces en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele en el desempeño de su profesión.
Quien comparezca al proceso deberá denunciar su domicilio real y el electrónico del abogado que lo asista o represente, de conformidad con las normas de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Ambos requisitos han de cumplirse en la primera actividad procesal, ya sea presentación escrita o en audiencia. Se notificarán en el domicilio electrónico todas las notificaciones que no deban serlo en el real. En caso de omisión del domicilio real, las notificaciones que deberían realizarse en ese domicilio se practicarán en el domicilio electrónico y ante la falta de denuncia o cambio de éste serán notificadas en forma automática.
Los domicilios indicados en el artículo 30 subsistirán mientras no se denuncien otros. Todo cambio de domicilio quedará notificado en forma automática a las partes.
Si el domicilio real denunciado no existiere, estuviere deshabitado, desapareciere, se alterare o suprimiere su numeración, las notificaciones se practicarán en el domicilio electrónico.
Acreditado el fallecimiento de una parte o declarada ausente con presunción de fallecimiento, el juez de oficio, a pedido de su abogado o de un interesado, suspenderá el proceso y tomará las medidas conducentes a la comparecencia de las personas que la sucederán o la representarán. El juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieran sus domicilios o por edictos por un (1) día si no es posible localizarlos, bajo apercibimiento de continuar el proceso y, en su caso nombrarles Defensor Oficial.
Si durante el proceso se revelan conductas que permitan inferir una alteración de las facultades de alguna de las partes que le impida comprender el alcance de sus actos o manifestar libremente su voluntad, el juez debe suspender el proceso y dar intervención al representante de la Asesoría de Menores e Incapaces. El juez, a pedido de parte, debe permitir que las personas con discapacidad cuenten con sistemas de apoyo durante las audiencias.
Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente o cesionario podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se lo tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. El juez dispondrá la suspensión de las actuaciones y dará traslado a la otra parte por cinco (5) días. Si se formulara oposición, el juez resolverá, previa sustanciación por igual plazo.
Antes de notificarse el traslado de la demanda, el actor podrá acumular todas las pretensiones conexas que tenga contra la parte demandada, siempre que: a) no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una se excluya la otra, salvo que una pretensión sea propuesta en subsidio respecto de otra; b) correspondan a la competencia del mismo juez, sin considerar la cuantía; c) puedan sustanciarse por los mismos trámites, salvo que el demandante renuncie al procedimiento más expeditivo para acogerse al más amplio.
Dos (2) o más personas podrán litigar en un mismo proceso en forma conjunta, activa o pasivamente, cuando: a) sus pretensiones sean conexas por la causa u objeto; b) la sentencia a dictarse con respecto a una pueda afectar a la otra; c) existan cuestiones comunes de hecho o de derecho. Los litisconsortes facultativos serán considerados como litigantes independientes. Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes, sin que esa circunstancia afecte la unidad del proceso. No existe límite máximo a la cantidad de sujetos que pueden actuar en el litisconsorcio facultativo. El juez a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la unificación de la representación, cuando el número comprometa la rápida solución del litigio o dificulte su curso.
El litisconsorcio es necesario cuando por la naturaleza de la relación jurídica objeto del proceso, la eficacia de la sentencia dependa de la citación de todos los litisconsortes. El juez, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, ordenará integrar la litis con los sujetos que no han sido citados en el proceso. Las actuaciones procesales de cada uno de los litisconsortes necesarios favorecen a los demás. Los actos que implican disposición de derechos en litigio sólo son eficaces si emanan de todos ellos. Los actos procesales individuales no inciden sobre el resultado del proceso, aunque son considerados al decidir sobre las costas.
En el caso de litisconsorcio necesario, activo o pasivo, si no han sido citados todos los interesados, el juez suspende el proceso hasta tanto se cumpla ese requisito.
Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que no obstante pueda afectar su interés propio, tendrá derecho a intervenir en cualquier etapa del proceso como coadyuvante de una de ellas. El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disponer del derecho en litigio. La solicitud de intervención deberá precisar los hechos y el derecho en que se apoya y ofrecer las pruebas.
Quien de conformidad con las normas del derecho sustancial hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en un proceso, podrá intervenir en calidad de tercero litisconsorcial, con iguales derechos, deberes y cargas que las partes.
En calidad de parte puede intervenir en un proceso, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que se encuentre, quien pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho objeto del litigio, con iguales derechos, deberes y cargas que las partes.
El actor al demandar y el demandado al contestar podrán solicitar la citación de un tercero respecto del cual consideren que la controversia es común o pudiera afectarle la sentencia. El citado no podrá objetar la procedencia de la citación y tendrá iguales derechos, deberes y cargas que las partes. En los casos en que la intervención del tercero suponga la inserción de una nueva pretensión, se sustanciará con quien resulte el sujeto pasivo de aquella.
El pedido de intervención voluntaria se formulará, con los requisitos de la demanda, en lo pertinente, ofreciendo las pruebas. Se dará traslado a las partes y, si hay oposición, se sustanciará con el tercero y resolverá. La solicitud de citación de coadyuvantes o terceros litisconsorciales se decidirá por resolución interlocutoria, previo traslado a los demás litigantes. Del pronunciamiento que admitiere la citación, se anoticiará al tercero con las formalidades de la notificación de la demanda, copia de ésta y de su contestación. La citación de un tercero suspende el proceso hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo fijado para comparecer.
La presentación de un tercero no retrotraerá el curso del proceso. La resolución que admitiere la intervención será inapelable. La que desestimare el pedido será apelable con efecto no suspensivo, trámite inmediato y elevación del legajo. El tercero litisconsorcial y el excluyente, una vez admitidos, serán alcanzados por la sentencia que se dicte. Esa decisión será ejecutable contra el tercero salvo que, en oportunidad de formular el pedido de intervención o de contestar la citación, según el caso, hubiese alegado, fundadamente, la existencia de defensas o derechos que no pudieran haber sido materia de debate y decisión en el proceso. La existencia de tal impedimento para la ejecución debe ser resuelta por el juez al dictar sentencia de mérito.
Las normas de este Capítulo se aplicarán de oficio en los actos y procesos judiciales, de cualquier instancia, donde intervengan personas en condición de vulnerabilidad, siguiendo las normas, principios y directivas de garantía del acceso a la jurisdicción contenidas en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, y demás normas vigentes.
Se consideran en condiciones de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas, y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
La condición de vulnerabilidad deberá ser alegada por la parte interesada en su primera presentación y, de ser sobreviniente, hasta el décimo día de haber tomado conocimiento de la misma, o durante el curso del proceso si su configuración fuese posterior, debiendo acreditarla en grado verosímil. En su caso, el juez deberá ordenar las pruebas que considere necesarias. La parte que conozca o deba conocer, que su contraria se encuentra en condición de vulnerabilidad, deberá hacerlo saber al juez en su primera presentación o dentro de los diez (10) días de haber tomado conocimiento de la misma. Su omisión constituirá un indicio en su contra y podrá dar lugar a una multa de hasta el valor de 20 (veinte) jus. Idéntica solución cabrá respecto de la parte que a sabiendas del cese de su condición de vulnerabilidad omitiese informarlo. Si, en cualquier etapa del proceso los jueces advirtieren indicios de que se configura la condición de vulnerabilidad, deberán verificarla. Verificada la condición de vulnerabilidad, el proceso quedará regido por las normas de este Capítulo.
Los tribunales en los que intervengan personas en condición de vulnerabilidad contarán con la asistencia de equipos técnicos interdisciplinarios, debiendo asesorar a los jueces y demás funcionarios en las materias relacionadas con su especialidad, mediante la elaboración de informes y articulando las intervenciones con los organismos, personas o instituciones públicas o privadas cuando lo ordene el juez.
Las personas en condiciones de vulnerabilidad gozarán de acceso gratuito a la jurisdicción, con los mismos alcances que el beneficio de litigar sin gastos, sin necesidad de solicitarlo. La parte contraria y la oficina de recaudación respectiva podrán acreditar su solvencia, en cuyo caso cesará la gratuidad.
Las formas procesales deben ser flexibilizadas para que se adapten a las condiciones de la persona vulnerable, según la índole de su situación. Hasta la audiencia preliminar podrá modificarse o adecuarse la pretensión cuando resulte evidente que ha sido inicialmente formulada sin suficiente información o asesoramiento en relación a los derechos que asisten a las personas en condiciones de vulnerabilidad. En tal caso el juez deberá arbitrar las medidas para garantizar la bilateralidad.
Se adoptarán medidas para concentrar, en lo posible en un mismo día, la realización de los actos procesales en los que debe intervenir la persona en condición de vulnerabilidad, con agilidad y puntualidad.
Las personas en condición de vulnerabilidad, además de la asistencia letrada obligatoria, podrán comparecer acompañadas por referentes afectivos o de la comunidad, traductor y del intérprete cultural o lingüístico en su caso.
Los operadores jurídicos deberán utilizar lenguaje sencillo y de fácil comprensión para los actos de comunicación con la persona en condición de vulnerabilidad, evitando emitir juicios de valor o críticas sobre su situación o comportamiento. En la primera oportunidad y durante todo el proceso se le informará al sujeto vulnerable sus derechos y los apoyos que puede recibir. La opinión de la persona en condición de vulnerabilidad deberá ser primordialmente tomada en cuenta y valorada, según las circunstancias del caso.
El juez o los funcionarios judiciales deberán trasladarse al lugar donde se encuentren las personas en condiciones de vulnerabilidad cuando las circunstancias lo exijan y disponer todas las medidas necesarias para facilitar la accesibilidad, disponiendo el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) más adecuadas.
Son deberes de los jueces: a) actuar con absoluta independencia e imparcialidad durante todo el desarrollo del proceso; b) asegurar la igualdad real de las partes; c) conducir el proceso activamente, ejerciendo su libertad de criterio para lograr la solución del litigio de manera justa, eficiente y con la mayor celeridad posible, para lo cual tomará de oficio todas las medidas necesarias para concentrar las actividades procesales y evitar su paralización; d) asistir y dirigir personalmente las audiencias. La actividad procesal, salvo aquellos actos que este Código prevea que deban incorporarse por escrito, se desarrollarán mediante audiencias. En las audiencias Preliminar y Final la presencia ininterrumpida del juez será un requisito ineludible e indelegable y cuya inobservancia determinará nulidades absolutas. La nulidad puede ser deducida o declarada de oficio en cualquier oportunidad procesal; e) dar al proceso o a la postulación el trámite que corresponda cuando el iniciado por la parte no resulte adecuado para la mejor solución del conflicto; f) intentar la conciliación total o parcial del conflicto o incidente cuando lo estime oportuno y conveniente. Las propuestas de conciliación no importan prejuzgamiento. Asimismo, si las circunstancias lo justifican, podrá derivar el proceso a mediación; g) hacer propuestas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria; h) realizar aun de oficio, los ajustes razonables necesarios y tomar las acciones positivas a su alcance, a los efectos de proteger a las personas en condición de vulnerabilidad; i) administrar la agenda de las audiencias, elaborada teniendo en cuenta el orden de radicación de los procesos, su complejidad y la necesidad de desarrollar la actividad jurisdiccional con suficiente agilidad. La agenda de las audiencias será de acceso público; j) rechazar sin más, la pretensión cuando fuere manifiestamente improponible, o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste hubiere vencido; k) ordenar subsanar los defectos u omisiones de que adolezca cualquier petición, antes de darle trámite y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades; l) integrar el proceso en caso de litisconsorcio necesario; m) ordenar fundadamente las medidas de prueba necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes; n) disponer en cualquier momento la presencia de las partes, de los testigos o de los peritos; ñ) rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente innecesarias, inconducentes o impertinentes; o) intimar al actor para subsanar las carencias dentro del plazo de cinco (5) días, y bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del proceso, cuando la demanda carezca de los requisitos formales establecidos o resulte confusa; p) disponer las diligencias que persigan evitar nulidades y declararlas de oficio cuando correspondan; q) imponer las sanciones disciplinarias correspondientes a los partícipes del proceso en los supuestos previstos en la legislación; r) tomar las decisiones que resulten oportunas en las audiencias y decidir, en principio, las causas de acuerdo con el orden en que hayan quedado pendientes de resolución, salvo aquellas en que el juez estimare que deban contar con trámite prioritario por las características de la situación a tutelar.
Los jueces deberán: a) dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: 1) en las providencias simples, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo para ello e inmediatamente, si deben ser dictadas en una audiencia o revistieren carácter urgente; 2) en las sentencias interlocutorias y las homologatorias, cuando deban tener forma de tales, salvo disposición en contrario, dentro de los diez (10) o quince (15) días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado; 3) en las sentencias definitivas en proceso ordinario por audiencias, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40) o sesenta (60) días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme; 4) en las sentencias de los procesos abreviados, dentro de los quince (15) o veinte (20) días según se trate de juez o tribunal unipersonal o colegiado cuando se traten de demanda de sumas de dinero; y dentro de los diez (10) o quince (15) días, en los demás casos; 5) las sentencias monitorias dentro de los diez (10) días; 6) las sentencias definitivas en la medida autosatisfactiva y el amparo contra particulares, dentro de los cinco (5) y diez (10) días respectivamente de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado; b) fundar toda decisión, bajo pena de nulidad, respetando el ordenamiento jurídico vigente y, como regla, el principio de congruencia; c) corregir errores materiales o numéricos, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión de las resoluciones acerca de las pretensiones discutidas en el proceso; d) controlar el cumplimiento de las sentencias, que reconocen los derechos de personas en condición de vulnerabilidad, ya sea por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas, y/o culturales; e) expresarse, tanto en las audiencias como en las resoluciones, con un lenguaje claro.
El incumplimiento reiterado de los deberes antes establecidos será considerado falta grave. Cuando la sentencia definitiva no pueda ser pronunciada dentro del plazo establecido, el juez o tribunal deberá hacerlo saber al Superior Tribunal de Justicia, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquel si se trata de proceso ordinario por audiencias y de cinco (5) días en los demás casos, expresando las razones de su imposibilidad. Si considera atendible la causa invocada, el Superior Tribunal de Justicia señalará el plazo en que la sentencia deba pronunciarse, por el mismo juez o tribunal, o por otro del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren.
Los jueces podrán: a) imponer medidas coercitivas o sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Los montos se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustarse si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. Respecto a su importe se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo del presente inciso; b) aplicar sanciones conminatorias a terceros, a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento, en los casos en que la ley establece y cuando considere necesario a los fines de cumplir sus mandatos; c) optar, según fueran las circunstancias del caso, por aplicar multas que deberán tener suficiente entidad económica para persuadir al incumplidor de la conveniencia de cesar en su conducta, sanción que no podrá ser reajustada ni dejada sin efecto. Las multas deberán respetar el principio de proporcionalidad y en el supuesto de tratarse de cuestiones de naturaleza pecuniaria, no exceder de la tercera parte de la cuantía del litigio.
Las sanciones conminatorias serán destinadas a la parte perjudicada. Las multas serán destinadas al Poder Judicial, salvo disposición legal en contrario.
Deberes y facultades del Secretario o funcionario judicial. Además de los deberes impuestos por las leyes de organización judicial y por otras disposiciones de este Código, el Secretario o funcionario judicial tiene las siguientes atribuciones: a) comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los abogados respecto de las cédulas y oficios, establecidos en los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones y de la reglamentación respecto de la notificación electrónica. Las comunicaciones dirigidas al Gobernador de la Provincia, Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, Legisladores y Magistrados Judiciales deberán ser firmadas por el juez; b) extender certificados y copias certificadas de actas; c) conferir vistas y traslados; d) firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren a otros funcionarios judiciales, las providencias de mero trámite. En la etapa probatoria podrán firmar todas las providencias que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba; e) dirigir en forma personal las audiencias que reciba por delegación del juez, salvo las dos reservadas exclusivamente al juez: la audiencia preliminar y la audiencia final; f) devolver los escritos presentados fuera de plazo.
La jurisdicción en lo civil y comercial es ejercida por los jueces y tribunales conforme a las disposiciones de este Código.
La jurisdicción es indelegable, aunque se podrá encomendar la realización de diligencias a jueces de otras circunscripciones judiciales.
La competencia atribuida a los jueces provinciales es improrrogable. Podrá prorrogarse cuando sea por el territorio en asuntos exclusivamente patrimoniales, salvo disposición legal en contrario. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley.
La prórroga se podrá pactar en forma expresa. Aun antes de dar traslado de la demanda, el Juez de oficio, ha de declarar abusivo e ineficaz el acuerdo sobre competencia. No es válido el acuerdo expreso contenido en contratos de adhesión, con condiciones generales impuestas por una de las partes o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios, excepto cuando se haga con respecto a tribunales con competencia exclusiva para conocer del asunto de que se trate. El actor consentirá la prórroga de la competencia con las peticiones que realice antes de la demanda o con ésta. El demandado consentirá la prórroga si no la cuestiona por vía de declinatoria o inhibitoria.
Si de los hechos expuestos en la demanda resulta que ésta no es de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá éste inhibirse de oficio. Esta circunstancia no obsta al dictado de medidas cautelares. Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente. En los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio, excepto en cuestiones de usuarios y consumidores.
La competencia se determina por la naturaleza y cuantía de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando proceda, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este Código, en el Código Civil y Comercial de la Nación y en otras leyes, será juez competente: a) en las pretensiones sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas son varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor; b) la misma regla rige respecto de las pretensiones posesorias, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio; c) en las pretensiones sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la pretensión recae sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieren situados estos últimos; d) en las pretensiones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecida conforme a los elementos aportados en el proceso o, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado, el del lugar del contrato o el lugar del hecho, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación; e) cuando el demandado no tuviere domicilio fijo, el del lugar en que se encuentre o el de su última residencia; f) en las pretensiones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor; g) cuando se ejerciten conjuntamente varias pretensiones frente a una o varias personas, el del lugar correspondiente a la pretensión que sea fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las pretensiones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la más importante cuantitativamente; h) en la ejecución de sentencia o título asimilable, el que pronunció la sentencia o el de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o parcialmente; i) en las pretensiones relativas a la asistencia o representación de incapaces o con limitación de la capacidad, será competente el tribunal del lugar en que éstos residen; j) en las pretensiones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse y, no estando determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración o el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes; k) en la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla del inciso j), pero si no estuviere especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor; l) en las pretensiones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas y salvo disposición en contrario, el del lugar del bien o actividad gravado o sometido a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deben pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. La conexidad no modificará esta regla; m) en los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron; n) en la protocolización de testamentos, el del lugar donde deba iniciarse la sucesión; ñ) en las pretensiones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto, tratándose de sociedades regulares. Si la sociedad fuese de las contempladas en la Sección IV, del Capítulo I de la Ley General de Sociedades, el del lugar del domicilio fijado en el contrato, o en su defecto el del lugar de la sede social; o) en los procesos abreviados, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promueven; p) en las pretensiones por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra derivada de la aplicación de ese régimen o similar previstos en los Títulos V y VI del Libro IV del Código Civil y Comercial de la Nación, el del lugar de la unidad funcional de que se trate; q) en los procesos en materia de competencia desleal, el del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tenga en territorio argentino, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante; r) en el caso de revisión de la cosa juzgada, el del órgano competente en la cuestión principal, con exclusión de aquel que intervino en la tramitación y decisión cuestionada.
A falta de otras disposiciones, es tribunal competente: a) en los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, cumplimiento de acuerdos de conciliación o transacción celebrados en proceso, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas, y pretensiones accesorias en general, el del proceso principal; b) en las medidas preliminares y cautelares, el que deba conocer en el proceso principal; c) en el pedido de beneficio de litigar sin gastos, es competente el que deba conocer en el proceso en que aquel se hará valer y si fue iniciado con anterioridad determina la competencia para entender en el proceso principal; d) en el proceso de conocimiento que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste; e) en el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el artículo 179 de este Código, el que decretó las medidas cautelares; en el supuesto del artículo 173, aquel cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva fijada; f) la competencia en materia de pretensión de nulidad de sentencia firme le corresponde al juez de primera instancia del lugar de emisión de la resolución cuestionada o del domicilio del demandado, excepto el juez que la dictó.
Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por el demandado por vía de excepción de incompetencia, salvo las que se susciten entre jueces locales y de otras provincias, en las que también procederá la inhibitoria. En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia que se reclama. Elegida una vía no podrá en lo sucesivo usarse la otra. La excepción de incompetencia se propondrá ante el juez que está conociendo el proceso. Sin embargo, si la cuestión se suscita entre jueces de distintas circunscripciones judiciales de la provincia, la declinatoria podrá presentarse ante el juez del domicilio del demandado, magistrado que la hará llegar por el medio digital más idóneo al juez ante quien se presentó la demanda, en un plazo no superior a dos (2) días.
La declinatoria se sustanciará como excepción previa y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente. La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata.
Si entablada la inhibitoria, el juez se declarase competente, librará oficio acompañando copia del escrito en que se hubiese articulado, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia. Solicitará, asimismo, la remisión de las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda. La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente. La apelación se concederá con efecto no suspensivo y trámite inmediato.
Las contiendas de competencia tramitan por vía de incidente. Salvo en los conflictos en razón del territorio, no suspenden el proceso el que seguirá su trámite ante el juez que previno. Dentro de los cinco (5) días de recibidas las actuaciones, el Superior Tribunal de Justicia resolverá la contienda sin más sustanciación y las devolverá al que declare competente, informando al otro juez local por el medio más idóneo.
En caso de contienda negativa o cuando dos (2) o más jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente Capítulo.
La competencia no podrá ser revisada por la alzada cuando hubiera quedado consentida por las partes o por el órgano de la instancia anterior, excepto el caso previsto en el artículo 716 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Recusación sin expresión de causa: Los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa. Esta modalidad de recusación sólo procederá en aquellas localidades que tengan como mínimo dos (2) jueces de la misma competencia por razón de la materia. El actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación antes o al tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en el proceso ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el demandado no cumple esos actos no podrá ejercer en adelante la facultad que le confiere este artículo. También podrá ser recusado sin expresión de causa uno de los jueces de las Cámaras de Apelaciones, al día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte. No procederá la recusación sin expresión de causa de los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Tampoco procederá en: diligencias preliminares; medidas cautelares; medidas autosatisfactivas; amparos contra particulares; procesos de ejecución de sentencias; procesos abreviados; tercerías; procesos monitorios; concursos; quiebras y sociedades y en los supuestos que provoquen alteración del fuero de atracción.
La facultad de recusar sin expresión de causa podrá usarse una (1) vez en cada caso. Cuando sean varios los actores o los demandados, sólo uno de ellos puede ejercerla. Deducida la recusación sin expresión de causa, el juez recusado pasará las actuaciones, dentro del primer día hábil siguiente, al que corresponda según las normas de superintendencia sobre adjudicación de actuaciones, sin que por ello se suspenda el trámite, los plazos ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas. Si la primera presentación del demandado fuere posterior a los actos indicados en el segundo párrafo del artículo 75, y en ella promoviere la nulidad de los procedimientos recusando sin expresión de causa, dicha nulidad será resuelta por el juez recusado.
Son causas taxativas de recusación del juez: a) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad o ser conviviente de alguna de las partes, sus mandatarios o abogados; b) tener el juez, su conviviente o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el proceso o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima; c) tener el juez proceso pendiente con el recusante; d) ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales; e) ser o haber sido autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del proceso; f) ser o haber sido denunciado por el recusante en los términos de la Ley del Consejo de la Magistratura, siempre que se hubiere dado curso a la denuncia; g) haber sido abogado de alguna de las partes o emitido opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del proceso, antes o después de comenzado; h) haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes; i) tener con alguna de las partes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato; j) tener contra la parte enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después de que hubiere comenzado a conocer del asunto.
El actor podrá recusar al interponer la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla o de oponer excepciones en el proceso ejecutivo. Si la causal fuere sobreviniente, sólo puede hacerse valer dentro de los cinco (5) días de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar las actuaciones en estado de sentencia.
De la recusación de los jueces de primera instancia conocerá la Cámara de Apelaciones respectiva. Cuando se recusare a uno o más jueces del Superior Tribunal de Justicia o de una Cámara de Apelaciones, conocerán los que queden hábiles, integrándose el tribunal, si procede, en la forma prescripta por la Ley Orgánica de Administración de Justicia y el Reglamento Interno de Administración de Justicia.
La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante el Superior Tribunal de Justicia o Cámara de Apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros. En la presentación correspondiente, se expresarán las causas de la recusación y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse.
El tribunal competente para conocer en la recusación la rechazará sin darle curso si es extemporánea, si no se alega alguna de las causales legales, o si la invocada fuere manifiestamente improcedente. El juez recusado podrá rechazar sin dar trámite la recusación extemporánea y la que no esté fundada en una causa legalmente prevista.
Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un juez del Superior Tribunal de Justicia o un juez de Cámara de Apelaciones se le comunicará a aquél, a fin de que informe, en el plazo de tres (3) días, sobre las causas alegadas.
Si el recusado reconociese los hechos, se le tendrá por separado de la causa. Si los negase con lo que exponga se formará incidente que tramitará por separado.
El Superior Tribunal de Justicia o Cámara de Apelaciones, integradas al efecto si procediese, recibirá el incidente a prueba por diez (10) días, si hubiere de producirse dentro de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal. En caso de que el asiento fuese en otra ciudad el plazo se ampliará en la forma dispuesta en el artículo 129. Cada parte no podrá ofrecer más de tres (3) testigos.
Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se resolverá el incidente dentro de cinco (5) días.
Cuando el recusado fuera un juez de primera instancia, remitirá a la Cámara de Apelaciones dentro de los tres (3) días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas y pasará las actuaciones al juez que sigue en el orden de subrogación para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.
Trámite de la recusación de los jueces de primera instancia. Pasados los antecedentes, si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, la Cámara de Apelaciones, siempre que del informe elevado por el juez resulte la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa. Si los negare, la Cámara de Apelaciones podrá recibir el incidente a prueba, y se observará el procedimiento establecido en los artículos 84 y 85.
Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al juez subrogante a fin de que cese su intervención. Si fuese procedente, las actuaciones quedarán radicadas ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron. Cuando el recusado fuese uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia o un juez de las Cámaras de Apelaciones, seguirán conociendo en la causa el o los miembros o subrogantes legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación.
Desestimada una recusación con expresión de causa, se aplicarán las costas y una multa de hasta el valor de treinta (30) jus, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria. El destino de la multa lo determina el Superior Tribunal de Justicia.
Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas legales de recusación deberá excusarse. No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.
Las partes no pueden oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el juez que sigue en el orden de subrogación entendiere que la excusación no procede, se formará incidente que se remitirá sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa. Aceptada la excusación, las actuaciones quedan radicadas en el juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.
Incurre en la causal de mal desempeño, en los términos de la ley de Jurado de Enjuiciamiento, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.
Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Defensoría Oficial y Asesoría General, no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal y éstos podrán separarlos de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos.
Serán aplicables a la recusación de los funcionarios del tribunal las causas previstas para la recusación del juez. Deducida la recusación el juez se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde y sin más trámite dictará resolución que será inapelable. Los funcionarios del Superior Tribunal de Justicia y los de las Cámaras de Apelaciones no serán recusables; pero deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgue procedente. En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los jueces.
En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando las personas que deben intervenir en las audiencias no conozcan el idioma nacional, presenten restricciones a su capacidad o tengan dificultades para comunicarse, el juez designará un intérprete para que las asista. Cuando los documentos no se presenten en idioma nacional deberán acompañarse traducidos por traductor público matriculado.
Las actuaciones judiciales podrán ser consultadas excepto que sean de carácter reservado, en cuyo caso sólo podrán ser por las partes, sus abogados y los expresamente autorizados, lo cual será resuelto en forma fundada por el juez.
Todas las presentaciones que realicen las partes, sus abogados y las actuaciones judiciales en un proceso serán electrónicas. El Superior Tribunal de Justicia deberá, por vía reglamentaria adecuar la forma y medios para que las presentaciones se realicen conforme la técnica utilizable.
Las presentaciones deberán realizarse electrónicamente, firmadas por el solicitante o apoderado. Para la redacción y presentación de los escritos, regirán las normas del Reglamento Interno para la Administración de la Justicia.
Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado, un funcionario del juzgado certificará que el firmante, cuyo nombre expresará, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él. Dicha acta se digitalizará por el funcionario y se incorporará a las actuaciones.
Al efecto, los documentos en soporte papel deberán ser digitalizados por los requirentes. La documentación original que conste en papel se presentará en caso de ser requerida.
No será obligatorio acompañar la copia de los documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resuelva el juez, a petición de la parte que solicita la excepción de la presentación de copias. En tal caso, el juez arbitrará las medidas necesarias para permitir a la otra u otras partes ejercer su derecho de defensa. Cuando se acompañen libros, bastará que éstos se presenten numerados y se depositen en el juzgado para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos.
Al pie de las presentaciones en soporte papel se asentará la fecha y hora de su entrega con firma de quien la recibe dejándose constancia en la copia que presentase la parte o su letrado. Las presentaciones electrónicas podrán ser ingresadas en cualquier día y horario, se tendrán por efectuadas en la fecha y hora que registre su ingreso al sistema informático; de realizarse en tiempo inhábil, se computarán presentadas el día y hora hábil siguiente. Se consideran en plazo las presentaciones realizadas el día siguiente hábil al del vencimiento, dentro de las dos (2) primeras horas del horario establecido por el Superior Tribunal de Justicia para el funcionamiento de los tribunales.
Las audiencias, salvo disposición en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas: a) se fijarán sin demora y tendrán registro audiovisual u otros medios digitales informatizados más idóneos; b) la videograbación o registro por otros medios técnicos más eficientes se incorporará al expediente electrónico y quedará a disposición de las partes; c) serán públicas, bajo pena de nulidad. Se podrá restringir el acceso a la audiencia, aun de oficio, mediante resolución fundada, cuando el juez lo considere conveniente; d) se realizarán en la sede judicial, excepto resolución fundada; e) serán notificadas con anticipación no menor a tres (3) días, salvo que existan causas justificadas; f) para el caso excepcional en que proceda su suspensión se hará constar la causa respectiva y se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación; g) las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra o el apercibimiento que disponga este Código en forma especial; h) empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar veinte (20) minutos desde la hora fijada, transcurridos los cuales podrán retirarse si la audiencia no hubiere comenzado. Sin embargo, en la audiencia final este plazo será ampliado por el juez de acuerdo con las circunstancias. Se emitirá constancia de lo sucedido.
Toda comunicación dirigida a jueces o entidades públicas o privadas se hará mediante oficio electrónico, en la medida que sea posible, en su defecto en soporte papel.
Comunicaciones a autoridades judiciales extranjeras o provenientes de éstas. Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán por oficio. Se dará cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulte que han sido dispuestas por tribunales competentes según las reglas nacionales de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte principios de orden público. En su caso, se aplicarán los demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así como en la reglamentación de superintendencia.
Las resoluciones judiciales dictadas quedarán notificadas en forma automática los días lunes y jueves. Si uno de ellos fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día hábil. No se producirá el efecto previsto en el párrafo anterior cuando el expediente electrónico no estuviere disponible para la consulta en línea.
Si la parte debidamente notificada no compareciere en el plazo previsto, abandona el proceso o habiendo comparecido no constituyere domicilio electrónico, quedará notificada en forma automática, excepto los casos de citación a la audiencia preliminar, a declarar como parte y la sentencia de mérito que se notificarán al domicilio real y por cédula papel.
Procederá la notificación de oficio al domicilio electrónico, sólo de las siguientes resoluciones: a) la que dispone el traslado de la demanda cuando se hubiere constituido domicilio electrónico; b) la que dispone, el traslado de la reconvención y de la documentación que se acompañe en la contestación de la demanda o de la reconvención; c) la que dispone correr traslado de las excepciones; d) la que fije la celebración de una audiencia; e) las que se dicten con posterioridad a la finalización de la audiencia final; f) las que ordenan intimaciones o apercibimientos, hacen saber medidas cautelares, su modificación o levantamiento, mejora de contracautela, y las que dispongan la reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado o apliquen sanciones disciplinarias; g) la primera resolución que se dicte luego de que el proceso no hubiera tenido actividad por más de seis meses; h) la que dispone el traslado de una liquidación o de su impugnación; i) la que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería; j) las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad que la ley señala para su cumplimiento; k) las sentencias definitivas, las interlocutorias y sus aclaratorias excepto las que se dicten en audiencia; l) la que deniega los recursos extraordinarios locales; m) la providencia que hace saber el juez o tribunal que va a conocer en caso de recusación, excusación o admisión de la excepción de incompetencia; n) la que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia; ñ) las dirigidas al Fiscal, Defensor Oficial y Asesor de Menores e Incapaces de todas las instancias y a los representantes del Fisco; o) las demás resoluciones mencionadas en la ley o las que determine el juez por resolución fundada. Quedan exceptuadas de esta forma de notificación las decisiones dictadas en audiencia para quienes estuvieron presentes o debieron estarlo, que se consideran notificadas en ese acto.
Sólo se notificarán por cédula papel las siguientes resoluciones: a) la primera notificación con respecto al sujeto a notificar; b) citación de terceros y de aquellas personas que no han sido tenidas como partes; c) los supuestos previstos para el caso de no comparecencia. Las copias acompañadas deberán ser firmadas por quien suscribe la cédula.
Se producirá la notificación tácita si de la constancia del expediente resulta de forma inequívoca que la parte ha tomado conocimiento de las actuaciones.
Cuando deba practicarse notificación por cédula papel, de faltar la indicación del número del inmueble donde debe practicarse la notificación, quien notifique procurará localizarlo inquiriendo a los vecinos. Si obtiene indicios suficientes, requerirá en el inmueble la identificación de los ocupantes, pidiéndoles razón de su relación con el requerido. Si la notificación debe hacerse en un edificio de departamentos y en la cédula no se hubiere especificado la unidad o se la designa por el número y en el edificio está designada por letras, o viceversa, el notificador consultará al encargado y vecinos si el requerido vive en el edificio. Lo notificará si lo hallare, identificándolo. En caso contrario, devolverá la cédula informando el resultado de la diligencia.
En los casos en que este Código u otras leyes establezcan la notificación por cédula papel, también podrá realizarse por los siguientes medios: a) acta notarial; b) carta documento y aviso de entrega; c) carta documento con constancia de recepción. La elección del medio de notificación se realizará por los abogados, sin necesidad de petición previa. Los gastos que arrojen las notificaciones integrarán la condena en costas. Ante el fracaso de una diligencia de notificación, no será necesaria la reiteración del libramiento de una nueva, la que podrá ser intentada por otra vía. Se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido en cualquiera de los medios elegidos.
Las notificaciones previstas en los artículos 106, 108 y 109 contendrán: a) nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste; b) proceso en que se practica; c) juzgado en que tramitan las actuaciones con indicación de su dirección; d) transcripción de la parte pertinente de la resolución; e) el objeto claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta; f) en caso de acompañarse copias de escritos o documentos, las piezas deberán detallarse con precisión.
Las notificaciones que deban practicarse por cédula papel serán confeccionadas por el abogado de la parte que tenga interés en ella, el síndico, tutor, curador, notario, perito o martillero que intervengan en el proceso con aclaración de firma. La presentación de las cédulas a que se refiere esta norma en la oficina de notificaciones implicará la notificación de la parte representada o patrocinada. La cédula de notificación de medidas cautelares o de orden de entrega de bienes deberá ser firmada por el funcionario judicial. El juez deberá ordenar que se practiquen las notificaciones de oficio cuando sea necesario por el objeto de la providencia, por razones de urgencia o cuando estén en juego derechos de personas en condición de vulnerabilidad en cuanto a ellas interese.
Copias de contenido reservado en notificaciones en cédula papel. En los procesos en los que se traten cuestiones que pudieren afectar la protección del orden público, existan razones de seguridad, cuando los intereses de personas menores de edad o la protección de la vida privada de las partes lo exijan, la notificación en cédula papel, así como los documentos adjuntos, se entregarán bajo sobre cerrado sin identificar las partes y la materia del proceso, indicando sólo su destinatario, el número de causa y el juzgado.
Si la notificación se hiciere mediante cédula papel, el funcionario o empleado encargado de diligenciarla dejará al interesado copia del instrumento haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará a las actuaciones con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.
En el caso anterior, cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta en el artículo 116. Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.
Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. La parte deberá manifestar expresamente que ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si resulta falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, o que pudo conocerlo empleando la debida diligencia, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad, y será condenada a pagar una multa de hasta el valor de veinte (20) jus.
En los supuestos previstos por el artículo 118, la publicación de los edictos se hará por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes y en los sitios que aseguren su mayor difusión y se acreditará mediante la agregación al expediente electrónico.
Los edictos contendrán, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción sumaria de la resolución. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de su publicación. El Superior Tribunal de Justicia deberá unificar textos para la confección de los edictos, que estarán publicados en la página web del Poder Judicial. Los edictos a los que corresponda un mismo texto, podrán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes en extracto, agrupados por juzgados, encabezados por una fórmula común.
En todos los casos en que este Código autorice la publicación de edictos, a pedido del interesado o de oficio, cuando el juez lo exija por las circunstancias del caso, se ordenará que aquellos se anuncien por radiodifusión, televisión u otros medios idóneos. Las transmisiones se harán en el modo y por el medio que determine la reglamentación de la superintendencia. La diligencia se acreditará agregando a las actuaciones certificación emanada de la empresa a cargo de la difusión, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la transmisión o publicación. Los gastos que irrogare esta forma de notificación integrarán la condena en costas.
Los plazos para contestar traslados y vistas, salvo disposición en contrario, serán de cinco (5) días. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las peticiones de la contraria. Las vistas generarán a sus destinatarios la carga de contestarlas en tiempo y forma. Todo traslado se ordena en calidad de autos.
Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad relativa, excepto las que se realicen electrónicamente, que podrán realizarse en cualquier día y horario. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el Reglamento Interno para la Administración de Justicia. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Superior Tribunal de Justicia para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete (7) y las veinte (20).
A petición de parte o de oficio, los jueces y tribunales deberán habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este Código o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. La resolución sólo podrá recurrirse por revocatoria, siempre que aquella fuera denegatoria. Incurrirá en falta grave el juez que, reiteradamente, no adoptare las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal.
La diligencia iniciada en día y hora hábil, podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continuará en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el juez o tribunal. SECCIÓN 2ª PLAZOS
Podrán ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado en las actuaciones. En esos casos el nuevo plazo se computará finalizado el anterior, excepto que se determine de otra manera. Para los procesos con cuestiones complejas o urgentes, el juez podrá señalar plazos especiales. Cuando este Código no fijare expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señalará el juez de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia.
Los plazos se computan a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación. Si fuesen comunes comenzarán a correr desde la última notificación.
Las partes podrán acordar la modificación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los abogados no podrán acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el órgano la conformidad de sus representados. El juez podrá abreviar o ampliar los plazos e, inclusive, simplificar los trámites cuando concurran razones que lo justifiquen y en tanto no se vulnere el debido proceso legal. El juez declarará la interrupción o suspensión de los plazos o la paralización del proceso cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hagan imposible la realización del acto pendiente. Decretada la interrupción, el plazo renace íntegramente. En la suspensión, se computa el lapso ya transcurrido hasta que fue dispuesta.
Para toda diligencia que deba practicarse fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal pero dentro de la República, quedarán ampliados los plazos fijados por este Código a razón de un (1) día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción no inferior a cien (100).
Se resolverán en la audiencia las incidencias que ocurrieren durante su tramitación. A toda cuestión distinta al objeto principal del proceso que surja durante su desarrollo, sin trámite especial en este Código, se aplicarán las disposiciones del presente
Los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resuelva el juez, por considerarlo indispensable debido a la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución sobre la continuidad del proceso principal será inapelable.
El escrito que contenga una petición sobre una cuestión incidental deberá ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba.
Si el incidente promovido fuera inadmisible o manifiestamente improcedente, el juez lo rechazará sin más trámite. Será apelable con efecto no suspensivo y trámite inmediato, salvo que la ley disponga lo contrario.
La prueba pericial ofrecida por las partes del incidente, cuando procediere, se llevará a cabo por un perito único designado de oficio y las partes podrán designar consultores técnicos. No podrán proponerse más de tres (3) testigos por cada parte, salvo que por la complejidad del asunto, el juez autorice un número mayor, indicándose sus nombres y domicilio. Se precisarán asimismo los hechos sobre los que serán interrogados, sin que ello suponga limitar la declaración posterior.
Todos los incidentes cuyas causas existían simultáneamente y sean conocidas por quien los promueve deberán ser articulados al mismo tiempo, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se rechazarán sin dar curso los que en esas condiciones se promuevan con posterioridad.
Si el juez admitiera el incidente dará traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba. El juez podrá abrir a prueba y fijar una audiencia para su producción.
Son de nulidad absoluta los actos procesales cuando dicha sanción se encuentra prevista expresamente por la ley. Son de nulidad relativa los actos procesales cuando dicha sanción se encuentre prevista expresamente por la ley, o cuando aún a falta de texto legal expreso, el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
La nulidad de un acto procesal puede ser declarada por vicios de forma o de contenido. Las vías para plantear la nulidad son las siguientes: a) el incidente, cuando el vicio radica en un acto de trámite; b) la excepción; c) el recurso, cuando el vicio radica en una resolución judicial. El medio de impugnación será ordinario o extraordinario; d) la acción autónoma, cuando se pretende la nulidad de una sentencia firme dictada en proceso viciado.
Las nulidades absolutas deberán ser declaradas, aun de oficio, en cualquier estado o instancia del proceso y no admiten subsanación.
No se podrá declarar la nulidad relativa si el acto, no obstante su irregularidad, logró la finalidad a la que estaba destinado. La parte que hubiere dado lugar a la nulidad relativa, no podrá pedir la invalidez del acto realizado. Quien promoviere el incidente, deberá expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. La nulidad relativa no procederá cuando el acto haya sido consentido por la parte interesada en la declaración. Se entenderá que media consentimiento tácito, cuando no se promoviere el incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Se rechazará sin más trámite el pedido de nulidad que fuere manifiestamente improcedente o no cumpliere con los recaudos que se exigen en este Código. Esta resolución será apelable con efecto suspensivo, trámite inmediato y elevación al tribunal de alzada mediante la formación de legajo.
La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de aquel. La nulidad de una parte del acto no afectará a las demás partes que sean independientes de aquella, ni impedirá que produzcan los efectos para los cuales el acto sea idóneo, salvo disposición legal expresa en contrario.
Se aplicará el régimen de las nulidades procesales cuando se pretenda la invalidación del contenido de un acto jurídico procesal carente de voluntariedad, con las siguientes reglas: a) los actos jurídicos procesales se presumen voluntarios y la carga de demostrar se impone a quien alegue lo contrario; b) la existencia del vicio de la voluntad debe probarse en forma inequívoca; c) no se admite la alegación de vicios de error o ignorancia de derechos, o vicios que hubieran podido ser subsanados por medio de recursos o incidentes que no se plantearon oportunamente. El planteo tramitará por vía incidental, salvo que por la complejidad del caso y por decisión fundada, el juez determine el trámite de proceso ordinario por audiencias y no suspende en forma automática el curso del proceso ni la ejecución del acto procesal impugnado. Para la procedencia de medidas cautelares se exigirá una fuerte verosimilitud del planteo y la prestación de contracautela.
Pretensión de revisión de cosa juzgada por nulidad de sentencia firme. La pretensión de revisión de cosa juzgada por nulidad de sentencia firme se sustanciará por la vía de conocimiento más amplia, salvo los casos previstos como habilitantes del recurso extraordinario de revisión. El promotor de la acción soportará la carga de acreditar el vicio imputado y el agravio que le ocasiona, debiéndose en caso de duda, desestimarlo. No se atenderá la pretensión de nulidad de la sentencia definitiva cuando se aleguen vicios que hubieren podido ser subsanados mediante actividad recursiva o incidental que no se hubiere intentado oportunamente. Su interposición no suspende en forma automática el trámite de ejecución de la sentencia impugnada. Si se articularon medidas cautelares, constituirán recaudos de su procedencia, la atendibilidad del planteo formulado y la prestación de contracautela.
Las personas humanas o jurídicas que carecieren de recursos económicos para solventar en forma total o parcial las costas del proceso podrán solicitar, antes de presentar la demanda, hasta la audiencia preliminar o en cualquier estado del proceso si se invocan hechos sobrevinientes, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este Título. La petición luego de la demanda se retrotraerá a la interposición de ésta.
Con la solicitud se acompañará la declaración jurada patrimonial del solicitante y se indicarán: a) los hechos y los motivos en que se fundare, así como el alcance del beneficio solicitado; b) en caso de que el proceso para el que se solicita el beneficio, no se hubiere iniciado, señalará el proceso que ha de iniciar o en el que deba intervenir; c) los ingresos del requirente, su situación personal, cargas de familia y patrimonio. Se considerarán en la evaluación de la capacidad económica del peticionario las necesidades para la subsistencia propia y de su familia; d) la prueba para acreditar la insuficiencia de recursos al referido fin. Deberá acompañar el interrogatorio de los testigos y su declaración sobre los hechos de los que fueren interrogados, en los términos de los artículos 285 y 286 firmada por ellos.
De la solicitud se dará traslado por cinco (5) días a la parte contraria, que tendrá derecho a contestar, ofrecer la prueba que estime pertinente y fiscalizar la de la contraria.
El juez se pronunciará sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida, ordenando la conducente.
Producida la prueba, el juez resolverá acordando el beneficio total o parcialmente, o denegándolo. Si se comprobare la falsedad de los hechos alegados como fundamento de la petición del beneficio de litigar sin gastos, se impondrá al peticionario una multa que se fijará en el doble del importe de la tasa de justicia que correspondiera abonar, no pudiendo ser esta suma inferior al valor de tres (3) jus.
La resolución que concede o deniega el beneficio de litigar sin gastos podrá ser dejada sin efecto, en forma total o parcial, a requerimiento de parte interesada, cuando se demuestre el cambio de circunstancias. El pedido se sustanciará de acuerdo con el procedimiento establecido en este Título.
Hasta que medie resolución firme, las presentaciones del solicitante estarán exentas del pago de la tasa de justicia. Tanto la tasa de justicia como las costas serán satisfechas, en caso de denegación o en la medida que correspondiere, si la concesión fuere parcial. El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el proceso principal.
El que obtuviere el beneficio de litigar sin gastos estará exento total o parcialmente, del pago de la tasa de justicia, costas y cargas del proceso hasta que mejore de fortuna. No estará exento de adelantar gastos a los peritos que haya propuesto, salvo resolución expresa en ese sentido. Si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta el treinta por ciento (30%) de los valores que reciba.
La representación y defensa del beneficiario será asumida por el Defensor Oficial o por abogado de la matrícula que él elija.
Eximición de tasa de justicia sin beneficio de litigar sin gastos. Quien promueva la demanda podrá solicitar eximición del pago de la tasa de justicia sin beneficio de litigar sin gastos. La solicitud deberá presentarse antes de la demanda o junto con ésta, cumpliendo los mismos requisitos establecidos para solicitar el beneficio de litigar sin gastos, sin que se requiera procedimiento adicional, ante lo cual no se le exigirá el pago de tasa de justicia. La providencia que lo disponga se comunicará al organismo de determinación y recaudación de tasas de justicia, el que deberá verificar la consistencia de la declaración y proceder conforme con la reglamentación del Superior Tribunal de Justicia.
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