Abriendo la norma
Ley provincial 6.736 · 2025
Sistema de justicia juvenil.
La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de Ley:
Créase el fuero penal del sistema de justicia juvenil y su procedimiento de actuación en el ámbito del Poder Judicial, el que estará integrado por los órganos específicos y especializados que intervendrán en la investigación penal preparatoria, juzgamiento, revisión y ejecución de la sanción penal.
Esta ley se aplica a todas las personas menores de dieciocho (18) años de edad a la fecha de comisión de un hecho calificado como delito por la ley penal, que no corresponda a la jurisdicción federal. Si surgen indicadores evidentes de tratarse de un adolescente y no se pudiere determinar su edad, se intervendrá de acuerdo a la presente ley, sin perjuicio de que con posterioridad se acredite por cualquier medio su edad real y se modifique la intervención y/o competencia.
Interpretación y aplicación supletoria del Código Procesal Penal. Es de aplicación supletoria a la presente normativa el ordenamiento procesal penal vigente en la provincia, en todo lo que no esté específicamente reglamentado en esta ley, en la medida que aquella legislación procesal, no contradiga o entre en conflicto con la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios y bases fundamentales del Sistema de Justicia Juvenil y de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El sistema que se instaura por la presente ley, tiene por objeto asegurar el ejercicio pleno de los derechos y garantías del debido proceso a las personas menores de dieciocho (18) años de edad, a quienes de cualquier modo se los vincule con la comisión de una infracción a la ley penal, y además tendrá como eje principal la finalidad socioeducativa y restaurativa del sistema de justicia juvenil.
Toda autoridad o funcionario está obligado a prestar colaboración y auxilio a los fines de la presente ley.
Se restringe al máximo la aplicación de la ley penal, promoviéndose la utilización de medidas extrajudiciales o medios alternativos de resolución de conflictos en cualquier etapa del proceso.
Deberán aplicarse a los fines de la presente ley los principios, derechos y garantías establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Resolución 45/113), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), las Observaciones Generales, Particulares y Opiniones Consultivas de Organismos Internacionales, integrándose con el piso mínimo de principios, derechos y garantías fijados por la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos, la Constitución de la Provincia de Corrientes y la legislación nacional y provincial aplicable a la materia.
El presente régimen procesal garantizará al adolescente imputado de la comisión de un hecho que la ley tipifica como delito, los siguientes derechos y garantías: a) a ser investigado por un Fiscal y juzgado por un Juez con competencia específica en materia penal juvenil con formación especializada en niñez; b) a mantener comunicación con su familia o persona de confianza desde el primer momento en que se lo vincule con la comisión de un delito, debiendo contar inmediatamente con la intervención del Asesor de Menores, la asistencia de un Defensor Oficial o designación de Abogado defensor particular por sí mismo o por medio de sus representantes legales. La autoridad interviniente debe asegurar todas las vías necesarias para efectivizar tales garantías; c) a que se le reconozca su condición de persona en desarrollo; d) a ser oído en todas las etapas del proceso. Su voluntad y opinión debe ser tenida en cuenta en todas las decisiones judiciales; e) a contar con la asistencia gratuita de un intérprete cuando no comprenda o no hable el idioma utilizado por el sistema de justicia juvenil, asegurándose una asistencia adecuada y eficaz en los casos en que exista dificultad en la comunicación; f) en caso de su privación de libertad, a ser informado inmediatamente por el organismo policial interviniente, sus responsables legales, referente afectivo y/o adulto apropiado como así también, el Fiscal, el Juez sobre el lugar donde se encuentre y el supuesto hecho que se le atribuye; Poder Legislativo Provincia de Corrientes g) a que se acuda a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos protegidos de los adolescentes e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de sus derechos; h) a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole; i) a la reserva de las actuaciones, excepto para las partes. Los legajos se identificarán sólo con las iniciales y apellido del adolescente y número de registro; j) a que se respete su privacidad, quedando prohibida la divulgación pública por cualquier medio, de todo dato referente a su identificación, como de sus fotografías, referencias a su nombre, sobrenombre, filiación, parentesco, domicilio o cualquier otra circunstancia que permita su individualización, salvo decisión judicial debidamente fundada; k) a que las medidas que se le impongan sean racionales y proporcionales al hecho cometido y al daño causado. No se podrán imponer medidas ni sanciones indeterminadas; l) a que se revisen periódicamente las medidas impuestas; m) a que su privación de libertad o detención preventiva se realice en lugares exclusivos y especializados de detención para personas menores de edad; o separados de los adultos, en condiciones dignas asegurando su bienestar de salud psicofísica; n) a recurrir o apelar ante la autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial; ñ) a ser juzgado en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas; debiendo el proceso, respetar los principios de celeridad, y proporcionalidad.
La jurisdicción penal juvenil estará integrada en todas las etapas e instancias del proceso, por Jueces, Fiscales, Defensores y demás funcionarios judiciales con formación especializada en justicia penal juvenil.
Cuando hubieran participado conjuntamente en la comisión de un hecho que la ley tipifica como delito, personas mayores y personas menores de dieciocho (18) años de edad; en relación a los primeros regirán los plazos y previsiones del Código Procesal Penal de la Provincia y respecto a los segundos entenderán los jueces especializados en materia penal juvenil.
Son partes en el proceso penal juvenil: a) el Imputado; b) el Defensor; c) el Ministerio Público Fiscal; d) el Asesor de Menores; e) el Querellante, si hubiere. También podrán intervenir el organismo administrativo de aplicación del Sistema de Protección Integral, los responsables legales de la persona menor de edad, su referente afectivo o adulto apropiado, la víctima del delito y los equipos interdisciplinarios, cuando correspondiere.
Las partes mencionadas en el artículo 11 deberán ajustarse estrictamente al objeto y finalidad establecidos en la presente ley, pudiendo el Juez Penal Juvenil en caso de incumplimiento por parte de alguna de ellas adoptar todas las medidas que fueren conducentes a reencauzar el objeto de este proceso.
Durante la tramitación del proceso penal juvenil, en todas sus etapas el principio general es la libertad de la persona menor de edad.
Las medidas de coerción personal tienen carácter excepcional.
La aprehensión del adolescente punible sin orden judicial solo procederá excepcionalmente cuando hubiera sido sorprendido en flagrante delito o se hubiese fugado de algún establecimiento penal juvenil o de cualquier otro lugar de detención, y solo cuando fuere absolutamente indispensable para hacer cesar los efectos del ilícito, siempre que se constatare la existencia del hecho y la probabilidad de su participación. El Fiscal, desde que la persona menor de edad es puesta a su disposición, debe decidir respecto a su situación, disponiendo su entrega inmediata a sus responsables legales o referente afectivo o adulto apropiado o solicitando una medida de coerción procesal al Juez, quien debe resolver sobre la situación del adolescente y la medida solicitada, en audiencia con éste, su Defensor, el Asesor de Menores y el Fiscal. La medida podrá ser recurrida por las partes. Su aprehensión tendrá lugar al solo efecto de conducir en forma inmediata al adolescente ante el Fiscal. Si resultare imposible instrumentar esta medida con la inmediatez requerida, el adolescente aprehendido deberá permanecer en una unidad especial para adolescentes, hasta tanto pueda ser trasladado, sin superar en ningún caso el plazo máximo de veinticuatro (24) horas desde la aprehensión.
La autoridad policial después de practicada la aprehensión, deberá comunicar de forma inmediata el hecho y el lugar donde se encuentra el adolescente al Ministerio Público Fiscal, al Juez, a los representantes legales, referentes del adolescente o adulto apropiado a cargo, al Defensor y al Asesor de Menores.
Podrán decretarse las siguientes medidas, que revisten el carácter de enunciativas, pudiendo sustituirse por otras menos gravosas: a) abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; b) comparecer periódicamente al Juzgado, Fiscalía, unidad judicial o autoridad que se disponga; c) privación de libertad provisional domiciliaria; d) privación de libertad provisional durante el fin de semana en centro especializado que determine el organismo administrativo competente; e) prestación de servicios a la comunidad; f) participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; g) órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos educativos; h) alojamiento en centros especializados; i) aplicación de medios técnicos que permitan el efectivo control del Juez.
La privación de la libertad tendrá lugar en forma excepcional cuando se comprobare que no existe para el caso otra medida idónea, siempre que el delito imputado tuviera pena privativa de libertad mayor de seis (6) años y cuando fuera absolutamente indispensable para: a) impedir la obstaculización de la investigación, y/o; b) evitar el peligro de fuga. El plazo de la medida dispuesta no podrá superar los tres (3) meses, lo cual se decidirá en audiencia que se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas del inicio del arresto. La privación de libertad podrá prorrogarse en audiencia por tres (3) meses más. La privación preventiva excepcional deberá ser cumplida en un establecimiento socioeducativo especializado para adolescentes, con personal capacitado para dicho abordaje.
Se prohíbe toda forma de incomunicación del adolescente, quien en ningún caso puede estar alojado con personas detenidas mayores de edad.
Medidas alternativas a la privación de la libertad. Durante el proceso el Juez podrá imponer algunas de las siguientes medidas: a) mantener al adolescente en su núcleo familiar supeditado a su orientación y acompañamiento, o bajo la responsabilidad de un referente afectivo; b) establecer un régimen de acompañamiento comunitario, el que será ejecutado por organismos públicos, privados, mixtos o asociaciones civiles; Poder Legislativo Provincia de Corrientes c) incluirlo en programas de enseñanza u orientación profesional, cursos, oficio, estudiar o dar prueba de un mejor rendimiento en estas actividades; d) disponer la valoración por profesionales de la salud en establecimientos oficiales o privados de atención de la especial problemática de salud; quienes podrán indicar tratamiento en caso de enfermedades u otros padecimientos de salud; e) abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias que puedan ser consideradas para el adolescente como perjudiciales. Las medidas precedentes tienen como finalidad el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. Podrán ser aplicadas aislada o conjuntamente, mientras sean compatibles, sustituidas unas por otras, o modificadas en sus términos, por resolución fundada del órgano judicial interviniente en cualquier etapa del proceso en audiencia a pedido de las partes.
Las medidas serán provisorias y modificables, por un plazo determinado. Podrán ser prorrogadas previa audiencia hasta el plazo máximo de un (1) año. En ningún caso la medida podrá extenderse más allá de lo que dure el proceso. Será obligatoria su revisión mensual, previo dictamen del equipo interdisciplinario en audiencia con participación de las partes, hasta la declaración de responsabilidad penal.
Toda vez que se impongan medidas judiciales, el adolescente y sus responsables parentales serán advertidos de que, ante un eventual quebrantamiento, se reexaminará la medida tomada, pudiendo ser pasibles de las acciones legales que correspondan.
Cuando correspondiere iniciar proceso en contra de un adolescente punible, el Fiscal practicará la investigación penal preparatoria conforme a las reglas previstas en el Código Procesal Penal de la Provincia con las limitaciones y alcances establecidos en la presente ley.
El Fiscal, al ordenar la apertura de la investigación penal preparatoria, deberá disponer se compruebe de manera fehaciente la edad del adolescente de quien se alegue ha infringido la ley penal. Poder Legislativo Provincia de Corrientes Si la edad de la persona no consta o no puede acreditarse, se presumirá que es menor de edad, y se intervendrá de acuerdo a la presente ley, sin perjuicio de que, en ambos casos, de acreditarse la edad real con posterioridad se modifique la intervención y/o competencia.
La investigación penal preparatoria deberá concluir dentro del término de seis (6) meses a partir de la formalización de la imputación. Si ese término resultare insuficiente, el Fiscal deberá solicitar prórroga al Juez, quien podrá acordarla hasta por tres (3) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. En caso de flagrancia el plazo de la investigación preparatoria será reducido a la mitad. Si hubiere más de un (1) imputado, el término correrá independientemente para cada uno de ellos.
El proceso penal tiene un plazo máximo de duración de un (1) año, a contar desde la formalización de la imputación y hasta el dictado de la sentencia condenatoria o absolutoria, incluida la instancia de impugnación.
En caso de que el Fiscal estimare la procedencia de la aplicación de una regla de disponibilidad prevista en el Código Penal, sus circunstancias se valorarán de la forma más favorable al adolescente. En estos casos se podrá solicitar la remisión de casos. Respecto a los institutos de mediación, conciliación, reparación integral y suspensión de juicio a prueba, podrán ejercerse en todas las etapas del proceso, conforme a los lineamientos establecidos en la presente ley.
El Fiscal, en audiencia por ante el Juez, con presencia del adolescente, quien concurrirá asistido por su Defensa, y con la presencia y/o intervención del Asesor de Menores, pudiendo asistir los responsables legales de la persona menor de edad, referente afectivo y/o el adulto apropiado a cargo, si el adolescente así lo solicita expresamente: a) le informará el hecho que se le atribuye descripto en la forma más clara, sencilla, precisa y circunstanciada que permita el grado de verificación que haya alcanzado la investigación, de acuerdo con su grado de madurez y desarrollo; b) le indicará las evidencias de cargo que considera suficientes para atribuirle el hecho, y; c) le hará saber la tipificación penal que provisoriamente le adjudica al hecho.
Finalizada la comunicación de la imputación, el Juez le hará saber al adolescente de manera sintética los derechos que le asisten en general, y en particular los regulados en el presente proceso, como así también su derecho a declarar ante el Juez en cualquier momento y su derecho constitucional de no declarar. El Juez, a su vez, le informará que debe: a) someterse al proceso, presentarse a cada citación que se le curse y abstenerse de obstaculizar la investigación; b) comunicar por sí mismo, o por medio de sus representantes sobre cualquier ausencia de su domicilio que pudiera prolongarse por más de un (1) mes o variación de éste; c) informar toda circunstancia relativa a asegurar su sujeción al proceso, relacionada a su ámbito familiar, su actividad educativa, instructiva o laboral y todo dato de interés y relevante al respecto. En la misma oportunidad, en lo posible, se deberá contar con los informes interdisciplinarios relativos al adolescente y a su medio familiar o de contención. Se garantizará al adolescente, su derecho a ser oído conforme lineamientos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Juez, con intervención de las partes, dispondrá respecto del adolescente, las medidas sociales y educativas, la derivación al Organismo Administrativo de Protección Integral de Derechos y al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en los términos del artículo 18 inciso l) y concordantes del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia. Si correspondiere, el Juez resolverá en el mismo acto, las medidas extrajudiciales o medios alternativos de resolución de conflictos, si hubieran sido planteadas por las partes.
El acto, en su totalidad, será registrado en soporte de audio o audiovisual, debiéndose resguardar su confidencialidad y divulgación de datos. Separadamente se labrará un acta en la que se asentará la descripción del hecho que se ha imputado y la tipificación provisional adjudicada y lo resuelto por el Juez. La formalización de la imputación surtirá el efecto previsto en el artículo 67 inciso b) del Código Penal.
Si se desconociera el domicilio del adolescente imputado, el Fiscal solicitará audiencia ante el Juez a los fines de solicitar se ordene su búsqueda a las autoridades que correspondan. Si el imputado fuere hallado, la autoridad que haya intervenido le requerirá los datos que permitan ubicarlo en el futuro, le informará los datos de la causa y de la Fiscalía, y lo intimará a que se ponga en contacto con el Ministerio Público Fiscal en el plazo más breve posible. La autoridad interviniente informará a la Fiscalía todo lo actuado.
En el caso del artículo 31, si el Fiscal, por las circunstancias del caso, considerase necesario que en caso de hallazgo se haga comparecer al imputado de inmediato a la Fiscalía, solicitará al Juez, en audiencia unilateral, Poder Legislativo Provincia de Corrientes el libramiento de una orden de búsqueda y posterior comparendo por ante el Juez por medio de la fuerza pública, con la moderación y recaudos relativos a su condición de persona menor de edad. El Fiscal deberá justificar la necesidad de tal medida.
Audiencia de control de la acusación y de admisión de prueba. Vencido el término del emplazamiento previsto en el artículo 26 de la presente ley, la oficina judicial convocará a las partes y a la víctima, si correspondiere su intervención, a una audiencia a celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes.
Antes de la realización de la audiencia se requerirá al equipo técnico interdisciplinario que emita un dictamen respecto a las condiciones psicosociales que hacen a la singularidad del joven, grupo familiar y contexto en el que se desenvuelve.
Como cuestión preliminar el imputado y su defensa podrán: a) objetar la acusación señalando defectos formales; b) oponer excepciones; c) instar el sobreseimiento; d) proponer mediación, reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación del procedimiento abreviado; e) solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa.
Resueltas las cuestiones preliminares, cada parte ofrecerá su prueba para las dos (2) etapas del juicio y formulará las solicitudes, observaciones e instancias que estimare relevantes con relación a las peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas por los demás intervinientes. Las partes podrán solicitar al Juez que tenga por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio. El Juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá exclusivamente con la prueba que presentaren las partes. Si las partes considerasen que para resolver alguno de los aspectos propios de la audiencia de control es necesario producir prueba, tendrán a cargo su producción. De ser necesario, podrán requerir el auxilio judicial. Poder Legislativo Provincia de Corrientes El Juez resolverá fundadamente todas las cuestiones, en el orden que fueran planteadas.
El debate se realizará en el día y hora señalados y será de carácter reservado, salvo que el Juez haya autorizado la publicidad en la audiencia preliminar, a pedido del adolescente.
Pautas para la determinación de las medidas judiciales. El Juez o Tribunal, al declarar la responsabilidad del adolescente, le impondrá medidas judiciales cuya finalidad será primordialmente socioeducativa y se complementará, según el caso, con la participación de su familia, el apoyo profesional y comunitario. Los principios orientadores de dichas medidas son el respeto a los derechos humanos, civiles y sociales, la formación integral del adolescente y la búsqueda de su adecuada convivencia familiar y social, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40.1.
La elección de las medidas deberá tener en cuenta los fines de esta ley y las circunstancias que rodearon el hecho, pudiendo adoptarse en forma sucesiva, simultánea o progresiva, con determinación específica de su duración, finalidad y las condiciones en que deberán ser cumplidas. Se podrán adoptar las siguientes medidas: a) pedido de disculpas a la víctima; b) reparación no pecuniaria del daño causado; c) prestación de servicios a la comunidad; d) órdenes de orientación y supervisión. El efectivo seguimiento de las medidas judiciales dispuestas por el Juez o Tribunal será efectuado por la oficina especializada en justicia restaurativa, que previo a la audiencia de determinación de pena informará al Juez o Tribunal sobre el resultado del seguimiento de las medidas judiciales dispuestas.
Cumplidos los requisitos establecidos en la legislación de fondo vigente, encontrándose firme la sentencia que declara la responsabilidad penal del adolescente y a pedido de cualquiera de las partes intervinientes, se fijará fecha y hora de audiencia de determinación de pena a los fines de resolver la Poder Legislativo Provincia de Corrientes necesidad de aplicar o no, una sanción conforme la evaluación de las medidas judiciales impuestas en la sentencia, efectuada por la oficina especializada en justicia restaurativa. El Juez, determinará si corresponde o no la imposición de pena, la pena a imponer y su modalidad de cumplimiento.
Las sanciones impuestas serán controladas por el Juez de Ejecución y revisables periódicamente, a pedido de parte, en audiencia, con la comparecencia de las partes y equipo técnico interdisciplinario interviniente.
La mediación penal juvenil procede para delitos dolosos o culposos, en todas las etapas y en cualquier instancia del proceso, comprensible desde su fase inicial hasta la eventual sanción y la etapa de ejecución de condena.
La instancia de mediación penal juvenil es voluntaria y debe ser peticionada por ante el Fiscal que intervenga en el caso origen del conflicto, pudiendo ser solicitada por el adolescente, por sí o por medio de sus representantes legales, referente afectivo y/o adulto apropiado a cargo, o su Defensa Técnica; o por la persona ofendida por el delito, por sí o por medio de sus representantes legales.
En cualquier etapa del proceso se debe informar al imputado y a la presunta víctima, la posibilidad de formular expresamente su interés de mediar, explicando brevemente su procedimiento, alcances y efectos.
El mediador podrá requerir el apoyo de expertos y/o terceros idóneos en la materia objeto del conflicto.
Las partes determinarán la manera de controlar el cumplimiento del acuerdo, pudiendo delegar su control en uno o más órganos de contralor, pudiendo actuar articuladamente con el órgano judicial interviniente y con las áreas de atención pertinentes. Poder Legislativo Provincia de Corrientes Podrán oficiar como órganos de contralor: el Organismo Administrativo del Sistema de Protección Integral; las Asesorías de Menores; los Juzgados de Paz; los Facilitadores Judiciales con orientación y seguimiento de la Justicia de Paz; toda área o dependencia específica de los Municipios; los dispositivos, áreas o programas de la SEDRONAR; los Centros Comunitarios y/o entes especializados en la temática juvenil; y Organizaciones no Gubernamentales debidamente acreditadas, de atención en niñez, adolescencia y familia.
Manifestado el interés de mediar, la autoridad judicial interviniente dispondrá la remisión del caso a mediación a través de la oficina especializada. El proceso de mediación tiene un plazo máximo de dos (2) meses a partir de la celebración del primer encuentro, prorrogable por un (1) mes más. El acuerdo al que se arribe debe ser suscripto por todas las partes intervinientes en el proceso de mediación.
El acuerdo puede versar sobre el cumplimiento de determinadas pautas de conducta, la abstención de determinados actos, la prestación de servicios a la comunidad, el pedido de disculpas del ofensor o el perdón del ofendido, la reparación o el resarcimiento parcial o integral del daño causado.
El acuerdo al que se arribe deberá ser presentado por el Fiscal ante el Juez para su homologación, en audiencia, pudiendo observar los puntos acordados y pedir la remisión nuevamente a mediación a los fines de que se rectifiquen las observaciones formuladas. Los puntos que no fueron observados pueden ser homologados parcialmente.
Acreditado el cumplimiento satisfactorio del acuerdo, el Juez, a solicitud de parte y en audiencia, tendrá por extinguida la acción y ordenará el archivo. Si alguna de las partes tuviere conocimiento de haberse tramitado una instancia de mediación escolar por el delito que dio origen a la investigación penal preparatoria, podrá requerir al establecimiento escolar los antecedentes del caso y su resultado, habilitando a las partes a requerir por ante el Juez los efectos de un acuerdo satisfactorio. Si el proceso de mediación fuera peticionado en etapa de juicio, su cumplimiento satisfactorio deberá ser tenido en cuenta en etapa de debate sobre la determinación de la pena, o al acceso progresivo a medidas no privativas de libertad si fuese solicitada en etapa de ejecución de condena.
Cuando el hecho y las circunstancias personales del adolescente no ameriten la apertura de una causa penal, con el objeto de evitar efectos negativos que el proceso pudiera ocasionar a su desarrollo integral, el Fiscal remitirá al órgano administrativo competente los antecedentes del caso a los fines socioeducativos.
Los institutos de reparación, conciliación y suspensión del proceso a prueba se regirán conforme a los principios de la presente ley y al Código Procesal Penal de la Provincia.
Desde la formalización de la imputación y hasta la audiencia de control de la acusación y admisión de prueba, se podrán realizar acuerdos de procedimiento abreviado. En el juicio abreviado pleno se aplicarán las pautas para la determinación de medidas judiciales y de determinación de pena.
No se aplicarán en el proceso penal juvenil las disposiciones referidas a los acuerdos de colaboración contenidas en el Código Procesal Penal.
A las personas no punibles conforme a la legislación nacional vigente al momento del hecho, se les aplicarán las reglas contenidas en el presente título.
Desde su vinculación con el hecho punible investigado, que debe ser informada por el Fiscal interviniente, la persona no punible gozará del derecho a ser oída y de contar con la presencia de sus representantes legales, referentes afectivos y/o adulto apropiado, y asistencia técnica del Defensor y el Asesor de Menores.
Durante todo el proceso, y aun cuando ya hubiese sido desjudicializada, la persona no punible tiene el derecho de peticionar al Fiscal interviniente que se realicen los medios probatorios que considere necesarios, a fin de ser desvinculada del hecho que se le impuso. Para ello, deberá hacerlo obligatoriamente con asistencia letrada.
Reunida la prueba y en un plazo que no exceda de un (1) mes, a contar desde la vinculación con el hecho de la persona no punible, el Fiscal enviará las actuaciones al Juez expidiéndose respecto de la existencia del hecho, calificación legal e intervención que le cupo a la persona no punible, solicitándole su sobreseimiento y desjudicialización
Comprobada la existencia de un hecho calificado como delito y determinada la vinculación de una persona no punible, el Fiscal interviniente cerrará definitivamente el proceso. En caso de verificarse la situación de vulnerabilidad de la niña, niño o adolescente, se deberá asegurar que el mismo sea derivado al organismo administrativo o autoridad competente del Sistema de Protección Integral del Adolescente y a la justicia de Familia, Niñez y Adolescencia para que tomen debida intervención.
La persona no punible no podrá ser objeto de ninguna de las medidas restrictivas de derechos establecidas para las personas punibles en esta ley, como así tampoco se le aplicará prisión preventiva ni ninguna medida privativa de la libertad en el marco de este proceso.
La persona no punible no podrá ser obligada a participar de acto probatorio alguno, salvo que preste su conformidad para ello, previo consejo de su defensor.
Derógase el decreto ley 129/2001.
Créanse los siguientes cargos de Juez Penal Juvenil: dos (2) en la ciudad capital; uno (1) en la ciudad de Goya; uno (1) en la ciudad de Mercedes; uno (1) en la ciudad de Paso de los Libres y uno (1) en la ciudad de Santo Tomé; cuyas competencias se extenderán a toda la circunscripción judicial correspondiente.
El Superior Tribunal de Justicia efectuará las previsiones presupuestarias necesarias y complementarias al Presupuesto del Poder Judicial correspondiente al ejercicio anual inmediato subsiguiente al de promulgación y publicación de la presente ley, con la finalidad de poner en marcha la organización del Fuero especializado en lo Penal Juvenil y proceder a la cobertura de los cargos creados en la presente ley.
El Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía General deberán promover la capacitación permanente y especializada en materia penal juvenil, a Magistrados, Funcionarios y Personal, encargados de aplicar la presente ley.
Los jueces de Familia, Niñez y Adolescencia con competencia penal juvenil que fueron designados para cumplir las funciones establecidas en el decreto ley 129/2001 deberán optar por el ejercicio exclusivo de la magistratura penal Poder Legislativo Provincia de Corrientes juvenil o continuar desempeñándose como magistrados de Familia, Niñez y Adolescencia, conforme la competencia establecida en el artículo 18 del Código de Familia, Niñez y Adolescencia de la Provincia (ley 6580), comunicando las opciones efectuadas, dentro del término de diez (10) días, al Superior Tribunal de Justicia, el que pondrá en conocimiento al Poder Ejecutivo.
Créase la Oficina de Justicia Restaurativa dentro del ámbito de la Oficina Judicial, la que tendrá como principal función el seguimiento de las medidas ordenadas en los procesos penales juveniles.
Esta ley comenzará a regir a partir de los tres (3) meses de su publicación en el Boletín Oficial, a excepción de la opción prevista en el artículo 66 de la misma, la que deberá realizarse antes de la entrada en vigencia prevista en este artículo.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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