Abriendo la norma
Ley provincial 6.742 · 2025
Código Procesal Laboral de la provincia de la Provincia de Corrientes.
La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de Ley:
El procedimiento laboral se ajustará a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.
La dirección del proceso corresponde al órgano jurisdiccional, el que la ejercerá de acuerdo a las disposiciones de esta ley y principios fundamentales que informan su ordenamiento, procurando que su tramitación sea lo más rápida y económica posible.
De oficio o a petición departe, el órgano jurisdiccional debe tomar todas las medidas necesarias autorizadds en la ley, tendientes a esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, evitar nulidades de procédimiento y prevenir o sancionar cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia, así como las faltas a la lealtad y probidad en el proceso. Los procedimientos deberán ser rápidos sencillos, se utilizarán las tecnologías de la información y comunicación(TTC's), para la mejor gestión judicial y la interacción con plataformas de servicios digitales públicos y privados, afin de agilizar la tramitación de los procesós.
En cualquier estado del proceso, de oficio o a pedido de ambas partes, el juez o tribunal podrá convocar personalmente a las partes a una audiencia de conciliación. Esta medida no interrumpirá ni suspenderá el trámite de la causa, salvo que se dispusiere lo cóntrario. El juez deberá intentar conciliar a las partes, no significando prejuzgamiento las apreciaciones que pudiere formular en las tentativas correspondientes. La conciliación podrá versar sobre la totalidad o una parte de las acciones deducidas. De lograrse un acuerdo, éste deberá instrumentarse respetando los derechos irrenunciables establecidos por las leyes. Asimismo, el juez deberá promover la simplificación de las cuestiones litigiosas, la aclaración de errores materiales y la reducción de la actividad probatoria en relación a los hechos, procurando en todo momento la economía procesal.
El procedimiento deberá ser impulsado por las partes y el tribunal, de conformidad al estado procesal de la causa.
La jurisdicción en materia laboral es ejercida por el Superior Tnbunal de Justicia, Cámara de Apelaciones y Juzgados con competencia en materia laboral asignada por ley.
Los jueces con competencia en materia laboral entienden, sujetándose a las normas de procedimiento de esta ley, en a) las controversias individuales de derecho entre empleadores y trabajadores derivadas del contrato de trabajo, de una relación laboral o en casos que se invoque su existencia, aunque la oposición a la pretensión se funde en disposiciones de derecho común; b) las causas contenciosas en que se ejercitan acciones fundadas en normas internacionales, estatales o profesionales del derecho del trabajo y la seguridad social, sin perjuicio de disposiciones contenidas en regímenes que establecen una competencia especial; c) los desalojos que se promuevan para la restitución de inmuebles o partes de ellos, acordados como beneficio o retribución complementaria de la remuneración; d) las demandas de restitución de muebles y efectos de una de las partes bajo las mismas condiciones, del inciso c); e) las tercerías en los procesos de su competencia; f) las pretensiones promovidas por los trabajadores o sus derechohabientes para la reparación del daño ocasionado por los accidentes y enfermedades laborales contra seis empleadores y aseguradores incluidos los agentes públicos contra las aseguradoras de riesgo de trabajo; g) los recursos de apelación interpuestos contra los dictámenes de las Comisiones Médicas, conforme al procedimiento establecido en la ley de Riesgos del Trabajó, sus modificatorias, normas reglamentarias y las disposiciones previstas por las leyes provinciales; h) el trámite para la regulación y/o ejecución de honorarios judiciales y extrajudiciales sobre las cuestiones estrictamente laborales; i) las causas que se promuevan para obtener la declaración de un derecho laboral cuando el estado de incertidumbre respecto de una relación jurídica individual de sus modalidades o de su interpretación causa o pueda causar un perjuicio a quien tiene un interés legítimo en determinarlo; j) la homologación de los acuerdos que empleadores y trabajadores célebren con motivo de una relación laboral y las controversias que se deriven de los mismos; y, k) las acciones de la tutela sindical establecida en la ley de Asociacione Sindicales, incluidos los agentes públicas.
Las cámaras de apeláciones en materia laboral conocen en: a) los recursos de apelaciones que se interponen contra las decisiones de los jueces de primera instancia que entiendan en materia laboral; b) los recursos de queja por apelación denegada; c) los recursos instituidos por las leyes contra resoluciones de la autoridad administrativa provincial que sancionan infracciones a las normas del derecho laboral; d) la recusación de los jueces de primera instancia y de los miembros integrantes del propio tribunal; e) las resoluciones sobre admisibilidad y concesión de los recursos extraordinarios interpuestos contra sus decisiones; y f)los recursos directos interpuestos contra las decisiones de la Comisión Médica Central, conforme al procedimiento previsto en la ley de Riesgos del Trabajo, sus modificatorias y normas reglamentarias, y los previstos por las leyes provinciales.
El Superior Tribunal de Justicia conocerá en: a) los recursos interpuestos contra las sentencias de las cámaras de apelaciones que entiendan en materia laboral; b) los conflictos de competencia entre los órganos judiciales que ejerzan funciones en materia laboral; y, c) la recusación y excusación de sus miembros, conforme a los procedimientos establecidos en el código Procesal Civil y Comercial de la provincia.
Improrrogabilidad La competencia de los juzgados en materia laboral es improrrogable. Podrá comisionarse la realización de las diligencias determinadas, en caso necesario, a jueces de otros fueros y circunscripciones.
Competencia territoriaL En las causas promovidas en materia laboral será competente, a elección del actor, el juez del: a) lugar donde se prestaron los servicios; b) domicilio del demandado; o, c) lugar de celebración o ejecución del contrato. En los casos relativos a accidentes de trabajo comprendidos en la ley nacional 24557 y sus modificatorias, será competente el juzgado con jurisdicción en el ámbito de la Comisión Médica que haya intervenido en la instancia administrativa previa y obligatoria, conforme a la normativa provincial aplicable. Cuando la demanda sea promovida por el empleador, deberá interponerse ante el juzgado correspondiente al domicilio del trabajador. La incompetencia territorial podrá ser declarada de oficio. En tal caso, el juez remitirá las actuaciones al tribunal competente mediante resolución fundada.
El juez que entiende en el proceso principal es competenté para conocer en todos sus incidentes, en las medidas preparatorias, en la ejecución de sentencia, de costas y procesos de extensión de condena. En caso de muerte, incapacidad quiebra o concurso del demandado los procesos que son de la competencia de su jurisdicción del trabajo se iniciaran o continuaran en esa jurisdicción hasta la sentencia definitiva, a cuyo efecto deberá notificarse a los respectivos representantes legales.
En casos de urgencia, las medidas cautelares podrán ser solicitadas ante cualquier juez con competencia en materia laboral, prescindiendo de las normas que regulan la asignación de turnos. En caso de que no lo hubiere, la solicitud podrá interponerse ante los jueces de otro fuero. La medida cautelar así dispuesta será válida, pero no prorrogará la competencia del juez que la haya dictado. Las actuaciones deberán ser remitidas inmediatamente al juez competente para continuar con el proceso.
Los magistrados del fuero del trabajo sólo podrán ser recusados con expresión de causa, cuando se encuentren con el justiciable, abogado o procurador en alguna de las causales especificadas en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. El magistrado que se hallare comprendido en alguna causal de recusación deberá excusarse.
Los trabajadores, sus derechohabientes y asociaciones profesionales de trabajadores legalmente reconocidas, gozan del beneficio de gratuidad en cuanto a las tasas.
Los empleadores gozarán de igual beneficio durante la tramitación del juicio, pero si en definitiva son condenados en costas, deberán reponer todas las actuaciones. Si las costas se declararen por su orden o se aplicaren en forma proporcional, repondrán la parte a su cargo.
Improrrogabilidad Perentoriedad Los términos o plazos procesales: son improrrogables y perentorios, fenecen con la pérdida del derecho que se ha dejado de usar sin necesidad de declaración judicial ni petición alguna.
Los traslados o vistas que no tuvieren un término establecido por este código, o para los que el juez o tribunal no fijare uno menor, se considerarán ordenados por tres (3) días.
Las contiendas judiciales tramitarán por el proceso ordinario por audiencias, conforme a lo previsto en los artículos 438 a 467 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Sin embargo; el juez podrá disponer, mediante resolución fundada la aplicación del proceso abreviado regulado en los artículos 468 a 474 del citado código, o bien establecer un trámite distinto, conforme a las particularidades previstas en el Capítulo 2.
Además de los requisitos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, la demanda deberá contener: a) la designación precisa de cada uno de los conceptos reclamados; b) la liquidación de los rubros correspondientes, mediante la confección de la planilla detallada; y, c) el certificado expedido por la Oficina de Conciliación Laboral, que acredite la realización de la instancia de conciliación previa obligatoria, conforme la normativa vigente.
Presentada la demanda, el juez dará traslado de ella al demandado para que la conteste dentro del término de diez (10) días.
Si el demandado, debidamente citado, no contesta, se téndrán por auténticos los documentos cuya autoría se le hubieren atribuido, salvo prueba encontrado.
Propuesta la reconvención, se dará traslado al actor, quien deberá responder dentro del término de diez (10) días.
Las únicas excepciones admisibles como previas son: a) incompetencia; b) falta de capacidad de las partes o de la personería de sus representantes; c) litispendencia, o; d) cosa juzgada. Si se opusiere la prescripción o pudiera resolverse como de puro derecho, así se procederá. En caso contrario, la prueba se producirá junto con la de las restantes cuestiones de fondo y se resolverán en sentencia definitiva.
Contestada la demanda, la reconvención en su caso, vencido el término para hacerlo o resueltas las excepciones, el juez fijará de oficio y sin más trámite una audiencia que deberá realizarse dentro de un plazo no mayor atreinta (30) días.
Finalizada la recepción de la prueba, el juez concederá a las partes la posibilidad dé alegar verbalmente sobre su mérito, de conformidad con lo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Si no lo hicieren en dicha oportunidad, el juez o tribunal dejará las actuaciones a disposición de los interesados, para que presenten sus alegatos por escrito, dentro del plazo de cinco (5) días.
El juez o tribunal pueden, en cualquier estado o instancia del proceso, decretar de oficio medidas y recabar los elementos de juicio que juzgue necesario para un mejor esclarecimiento y verdad de los hechos controvertidos, respetando Íos principios de congruencia, bilateralidad y defensa,.
Desalojo laboral y restitución de muebles y efectos. En los casos previstos en el artículo 7, inciso c) y d) de esta ley, promovida la solicitud de desalojo o restitución de muebles y efectos ante el juez competente, se deberá ofrecer la prueba de la relación laboral preexistente y de la ruptura o extinción del contrato de trabajo. Se sustanciará con el trabajador para que la conteste dentro del término de diez días. En caso de que este invocare una situación jurídica distinta a la laboral señalada al promover la acción, con la contestación deberá ofrecer la prueba documentada del derecho que se funde su defensa, bajo pena de tener por probada la causa laboral. Siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hay conformidad entre las partes, el juez deberá recibirla causa a prueba por quince (15) días. Producidas las pruebas, se llamará auto para sentencia.
El juez o tribunal podrá dictar sentencia más allá de lo pedido, ultra petita, sobre las cuestiones que han sido materia de litigio.
La parte vencida siempre será condenada a pagar las costas del juicio o incidente, aunque no mediare pedido de parte.
Si el resultado del pleito fuere parcialmente favorable para ambos litigantes, las costas se compensarán o distribuirán prudencialmente por el juez'o el tribunal en proporción al éxito obtenido por cada una de ellas. No obstante, los magistrados podrán eximir total o parcialmente del pago de las costas a la parte vencida, siempre que encuentre mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento.
Intimación Se producirá la caducidad de instancia cuando no se instare su curso dentro del término de seis (6) meses, sin que se active el trámite del proceso por razónes ajenas al juzgado. Transcurrido dicho plazo, se intimará al apoderado y a la parte -en el domicilio procesal y real, respectivamente- por el plazo de cinco (5) días, a los efectos de que se manifiésten si tienen interés en su continuación. En caso afirmativo, se deberá realízar la petición idónea para su prosecución, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, se declarará la caducidad de instancia.
Los recursos y su tramitación se regirán por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, con excepción del plazo para interponer recurso de apelación contra las resoluciones que se dicten fuera de las audiencias y contra la sentencia definitiva de primera instancia de cualquier tipo de proceso, el que deberá interponerse y fundarse dentro de los cinco (5) días de su notificación, plazo que también resultará aplicable a los recursos extraordinarios contra la sentencia definitiva de las Cámaras de Apelaciones.
En los recursos extraordinarios contra los pronunciamientos de las Cámaras de Apelaciones respecto de los cuales el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia exige efectuar depósito, éste sólo resulta exigle a la parte empleadora, así como también en las apelaciones inherentes a honorarios. Si se omitiere este requisito o si se efectuare en forma insuficiente, se intimará. al recurrente a integrarlo en los términos de tres (3) días, vencido el cual, se declarará desierto el recurso.
Normas supletorias Se aplican supletoriamente, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia y la ley de Contrato de Trabajo, en todo aquello que no esté expresamente previsto en la presente ley.
A partir de la entrada en vigencia de la presente, queda derogada la ley 3540 y toda disposición general o especial que se oponga a este cuerpo legal.
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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