Abriendo la norma
Decreto · 1989
Se aprueba la reglamentación de la ley 23696 -reforma del estado-, que como anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Apruébase la 'Reglamentación de la Ley Nº 23.696'
Bs. As., 20/10/89
VISTO la Ley Nº 23.696, por la cual se declara el estado de emergencia administrativa, y
CONSIDERANDO:
Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 8, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y artículo 59 de la Ley de Impuestos de Sellos (t. o. 1986).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Apruébase la 'Reglamentación de la Ley Nº 23.696', que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
El incumplimiento de los plazos previstos en la reglamentación que se aprueba por el artículo 1º, siempre que no exceda los establecidos por la Ley Nº 23.696, no afectará la validez de los actos cumplidos fuera de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a los funcionarios causantes de la demora. Las actuaciones conducentes a deslindar esa responsabilidad tramitaran en forma independiente.
º - Exímense del pago del Impuesto de Sellos (t. o. 1986) a todos los actos que sean consecuencia de lo dispuesto en los Capítulos I, II, III, VI y VII de la Ley Nº 23.696 y de los Artículos correspondientes de su reglamentación.
Facúltase a los Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION a delegar, en los órganos inmediatamente inferiores, las competencias a aquéllos otorgadas por la reglamentación aprobada por el presente decreto.
Invítase a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a adherir a las normas reglamentarias aprobadas por el presente decreto.
Derógase el Decreto Nº 1768/86.
El presente decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. -MENEN. -José R Dromi. -Eduardo Bauzá. -Néstor Rapanelli. -Italo A. Luder. -Antonio F. Salonia. -Antonio Erman González. -Domingo F. Cavallo.
Durante el estado de emergencia las pautas para establecer el valor de las tarifas de los servicios prestados por los entes, empresas o sociedades comprendidos en el artículo 2º de la Ley Nº 23.696, el precio de los combustibles, y las remuneraciones de todo el personal que se desempeñe en el Estado Nacional y los entes, empresas o sociedades comprendidos en la norma antes citada serán propuestos por el MINISTERIO DE ECONOMIA.
A tales efectos, la información correspondiente será proporcionada por el respectivo ente, empresa o sociedad y elevada al MINISTERIO DE ECONOMIA por intermedio del Ministerio competente.
Las intervenciones decretadas a partir del día 8 de julio de 1989 y hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 23.696, se declaran también fundadas en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 23.696 y regidas por los artículos 3º, 4º, 5º y concordantes de ella.
El plazo a que hace referencia el artículo 2º de aquella ley, se computará partir de la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento.
Las intervenciones dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL desplazan a los órganos de administración y dirección de los entes, empresas o sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, con las mismas facultades que aquéllas.
Mientras dure la intervención, serán de aplicación para el ente, empresa o sociedad intervenido los regímenes de contratación establecidos por la Ley Nº 23.696 y por las leyes o reglamentos generales o especiales para la Administración Pública, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los regímenes de contratación propios de cada ente. Continuaran siendo de aplicación directa las normas regulatorias de contratos de especifica naturaleza propios de la especial actividad del ente, empresa o sociedad intervenido, y los fijados para las operaciones financiadas por organismos internacionales de crédito.
La reorganización provisional podrá abarcar todos los aspectos de la gestión del ente, empresa o sociedad intervenido.
A los efectos de la reorganización del ente, empresa o sociedad por acto administrativo sujetos a la previa autorización del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente, el Interventor podrá disponer la extinción, transformación, escisión, fusión o creación de dependencias orgánicas, cualquiera sea su denominación o ubicación estructural, asignándoles incluso a las subsistentes, las misiones, funciones y ámbitos de competencia que estime corresponder. La reorganización así dispuesta incluirá la reubicación del personal de cualquier jerarquía o, en su caso, la extinción de la relación de empleo con las indemnizaciones que correspondieren, o el pase a disponibilidad previsto en la Ley Nº 22.140, según el régimen legal que les resulte aplicable. Esta norma no será de aplicación para las dependencias orgánicas creadas por leyes generales o especiales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 61 de la Ley Nº 23.696.
Estarán excluidos del derecho a percibir indemnización:
a) Los que no reunieren al momento de dictarse la medida, los requisitos necesarios para la adquisición de la estabilidad.
b) Los que se estuviesen desempeñando en violación a las normas sobre incompatibilidad:
c) Los que se hallaren en condiciones de obtener el porcentaje máximo del haber de la jubilación ordinaria.
Queda suspendido el reconocimiento y pago de la indemnización, al personal que se encontrare o fuere sometido a sumario administrativo o a proceso criminal del que pudiere resultar su cesantía, exoneración o despido, hasta tanto finalicen las respectivas actuaciones con resolución definitiva o, en su caso, sobreseimiento provisional, firmes. Si resultare que debía corresponderle cesantía, exoneración o despido perderá definitivamente el derecho a la indemnización. Si le hubiere correspondido sanción de suspensión, el importe de esta le será descontado de la indemnización, todo ello a valores constantes y homogéneos.
El personal que haya percibido la indemnización no podrá reingresar al servicio del Estado Nacional, o de los entes, empresas o sociedades enunciados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696 durante los CINCO (5) años posteriores a su baja, sea como agente permanente, transitorio o contratado. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer excepciones fundadas, en cuyo caso el beneficiario de la excepción reintegrará, actualizada, la parte de la indemnización percibida, proporcional a los meses que faltaren para cumplir el periodo de CINCO (5) años, indicado.
La actualización se hará por el índice del salario del peón industrial en la CAPITAL FEDERAL publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.
Las bajas de personal que se produzcan por aplicación de este artículo serán comunicadas a la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación en la forma y plazos que esta determine.
En el área de la PRESIDENCIA DE LA NACION, corresponde al Secretario del cual dependa el ente, empresa o sociedad intervenido, el ejercicio de las facultades y competencia conferidas por el artículo 4º de la Ley Nº 23.696.
Sin reglamentación.
La decisión de transformar la tipicidad jurídica de los entes, empresas y sociedades deberá adoptarse dentro del plazo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696, sin perjuicio de que el perfeccionamiento de tal transformación se concrete en el término que se establezca en el acto que decida la transformación.
El decreto de transformación de la tipicidad jurídica aprobara, asimismo, el régimen o estatuto orgánico del ente, empresa o sociedad.
El decreto de creación de una nueva empresa aprobará, asimismo, su estatuto orgánico.
Las adecuaciones presupuestarias que sea menester efectuar, se harán con intervención del MINISTERIO DE ECONOMIA.
Las normas contenidas en el presente Capítulo serán también aplicables, en lo que corresponda, para los entes, empresas y sociedades incluidos en los anexos de la Ley Nº 23.696.
El Proyecto de decreto de declaración de 'sujeta a privatización' de los entes, empresas o sociedades enunciados en el artículo 8º de la Ley Nº 23.696, se iniciará por el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa o sociedad a privatizar, de oficio o por instrucción del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
El Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación actuante en la elaboración del decreto de declaración de 'sujeta a privatización' deberá indicar los privilegios, cláusulas monopó1icas o prohibiciones discriminatorias cuya eliminación o modificación propone, incluyendo una relación de las disposiciones vigentes, estableciendo expresamente las que han de quedar total o parcialmente excluidas o modificadas. La propuesta también deberá expresar el origen y fundamento que en aquel momento tuvo el privilegio, cláusula o prohibición cuya exclusión o modificación se propone, las dificultades que su mantenimiento genera al proceso de privatización, los beneficios derivados de su exclusión o modificación y la viabilidad técnica y económica de la actividad a privatizar, una vez eliminado o modificado el privilegio, la cláusula o la prohibición.
Se considerará excluida, en los términos del artículo 10 de la Ley Nº 23.696, toda norma legal o reglamentaria que establezca privilegios, prohibiciones o monopolios que no sean expresamente ratificados en el decreto de declaración de 'sujeta a privatización'. En todos los casos en que se pretenda el mantenimiento de un determinado subsidio o privilegio, deberá darse intervención al MINISTERIO DE ECONOMIA, quien dictaminará al respecto.
Luego de sancionada y promulgada la ley que apruebe la declaración de 'sujeta a privatización', o a parar de la vigencia de este reglamento en el caso de las sociedades comprendidas en el párrafo segundo del artículo 8º de la Ley Nº 23.696, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa o sociedad a privatizar iniciara, de inmediato y de oficio, los procedimientos 'endientes a la privatización, aplicando estrictamente el principio de celer~ dad, economía, sencillez y eficacia en los tramites, previstos en el artículo 1º inciso b) de la Le Nº 19.549 y su modificatoria Nº 21.686. A la Autoridad de Aplicación podrá constituir comisiones de trabajo especificas con los cometidos que les asigne. En los casos en que se aplique un Programa de Propiedad participada un representante del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL integrara dichas Comisiones. En los supuestos previstos en el tercer parrado del artículo 11 de la Ley N° 23.696, deberá invitarse al Gobierno de la Provincia que corresponda a designar su representante en dichas comisiones de trabajo. Se podrá proceder a la contratación de asesores de las comisiones de trabajo cuando ello resultare necesario
La ejecución de obras por la modalidad de concesión de obra pública estera regida por la Ley Nº 17.520 con las reformas introducidas por los artículos 57 y 58 de la Ley Nº 23.696 y su reglamentación, normas que serán también de aplicación para las concesiones de obras alcanzadas por la declaración de sujeta a privatización. El régimen de la concesión de obra pública será de aplicación analógica, hasta tanto se sancione el cuerpo normativo pertinente, a las concesiones de uso y servicio que no tengan por objeto principal la ejecución de obras nuevas o de mantenimiento, reparación o ampliación, en cuyo caso regirá en forma directa el régimen jurídico de la concesión de obra pública.
Sin reglamentación.
Será Autoridad de Aplicación a todos los efectos de la Ley Nº 23.696, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa o sociedad a privatizar.
a) Dentro de los NOVENTA (90) días, contados desde la vigencia de la ley aprobatoria de la declaración de 'sujeta a privatización', plazo prorrogable por igual término, por del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente, dichos órganos elevarán un informe al PODER EJECUTIVO NACIONAL con la propuesta concreta referida al procedimiento y modalidad más adecuados para hacerla efectiva. Dicho informe, deberá consignar:
I- El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
II.- Aquéllas de las alternativas de procedimiento enunciadas en el artículo 15 de la Ley Nº 23.696 que estime adecuadas al caso.
III.- La o las modalidades de las enunciadas en el artículo 17 de la Ley Nº 23.696 que entiende adecuadas para materializar la privatización.
IV.- E1 procedimiento de selección de los enumerados en el artículo 18 de la Ley Nº 23.696 que se prevé utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización.
V.- (Punto derogado por art. 5 del Decreto N° 2826/91 B.O. 27/11/1991) .
b) En los casos de los entes, empresas y sociedades incluidos en los Anexos de la ley que por el presente se reglamenta y en los casos de sociedades comprendidas en el párrafo segundo del artículo 8º de la Ley Nº 23.696, el plazo referido en el apartado a) del presente artículo se computará a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.
c) El producido en efectivo de las privatizaciones efectuadas según el régimen de la Ley N° 23.696 será destinado a atender los servicios financieros de la deuda interna en la forma y condiciones que fije la reglamentación del presente. En caso de existir remanente, el mismo ingresará a Rentas Generales. (Inciso sustituido por art. 3° del Decreto N° 1439/89 B.O. 13/12/1989)
Copia del informe requerido en el artículo anterior será remitido a la COMISION BICAMERAL creada en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION por el artículo 14 de la Ley Nº 23.696.
Inciso 1. Sin reglamentación.
Inciso 2. Podrán constituirse sociedades adoptando cualquiera de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente, incluyendo las sociedades comerciales de derecho común cualquiera sea la proporción con la que el Estado concurra a su constitución. Los aportes del Estado podrán consistir en cualquier tipo de bienes. El aporte en propiedad de un bien del dominio público artificial implicará su desafectación de pleno derecho.
La escisión de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas deberá, fundarse en razón de conveniencia comprobada y deberá contemplar la viabilidad técnica y económica futura de cada una de las unidades resultantes de aquélla.
Inciso 3. Las reformas de los estatutos societarios deberán contemplar la modificación o supresión de aquellas disposiciones que restrinjan o impidan la participación de capital privado.
Inciso 4. Sin reglamentación.
Inciso 5. La negociación de retrocesiones y la extinción o modificación de contratos y concesiones será procedente en la medida en que resulte necesaria para coadyuvar al procedimiento de privatización, debiendo darse intervención al MINISTERIO DE ECONOMIA quien, por intermedio de la dependencia de su jurisdicción que resulte competente, determinará su exacta incidencia sobre los recursos del TESORO NACIONAL. La vigencia de dichos arreglos estará sujeta a la condición suspensiva de la privatización.
Inciso 6. Sin reglamentación.
Inciso 7.
a) Los permisos, licencias o concesiones para explotación de servicios públicos que se otorguen como consecuencia de un procedimiento de privatización, deberán contemplar:
I. Los servicios específicamente incluidos, discriminando aquellos cuya explotación se conceda bajo régimen de exclusividad, de los que se concedan en un régimen de competencia.
II. El plazo por el cual se otorga, el que será compatible con una eficiente explotación del servicio, la adecuada amortización de las inversiones que se lleven a cabo y una razonable rentabilidad. Podrá convenirse su prórroga, así como las modalidades para hacerla efectiva.
III. El ámbito geográfico comprendido.
IV. Las obligaciones que, según el caso, se le impongan a la permisionaria licenciataria o concesionaria, tanto aquéllas referidas al pago de un canon, como a la calidad y extensión del servicio o a la modernización de los medios materiales y técnicos afectados a la prestación de éste.
V. Los derechos comprendidos en el permiso, licencia o concesión, incluyendo aquellas disposiciones que pudieran importar el ejercicio por parte del permisionario, licenciatario o concesionario de acciones o derechos contra terceros.
VI. El régimen tarifario, especificando los conceptos que la tarifa debe cubrir, incluyendo la rentabilidad adecuada a la inversión realizada. En la fijación del régimen tarifario deberá intervenir el MINISTERIO DE ECONOMIA.
VII. El régimen sancionatorio aplicable.
VIII. Para las concesiones de servicios públicos donde se establezcan cláusulas de rescate o reversión, se preverá un justo régimen indemnizatorio y el destino de los bienes afectados a la explotación del servicio. En tales casos el rescate y la reversión tendrán carácter excepcional, según fundadas razones de interés público.
IX. La información técnica y económico-financiera que el permisionario, licenciatario o concesionario deberá suministrar o tener a disposición de la autoridad de control de servicio.
b) El otorgamiento de permisos, licencias o concesiones en las condiciones aquí establecidas, podrá formar parte, total o parcialmente del contrato que se celebre en los términos del artículo 17 de la Ley Nº 23.696, cuando el ente, empresa o sociedad privatizado haya sido titular, al momento de su privatización, del servicio público a conceder.
c) Las razones de defensa o seguridad nacional que determinen la preferencia al capital nacional deberán fundarse suficientemente e informarse al PODER EJECUTIVO NACIONAL con carácter previo al establecimiento de la preferencia, con intervención del MINISTERIO DE DEFENSA, el que determinará fundadamente la existencia de tales razones en cada caso comprendido en este inciso.
Inciso 8. El otorgamiento de beneficios tributarios a la empresa que se privatice deberá utilizarse con criterio restrictivo y sólo cuando ello resulte indispensable para el éxito del procedimiento de privatización, dándose intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMIA. Asimismo, en cada caso, la autoridad que conceda los beneficios deberá calcular, juntamente con la SECRETARIA DE HACIENDA, el costo fiscal que surja de la aplicación de la medida propuesta para cada año en que ella tenga efecto, para su imputación al cupo fiscal que a tal efecto se incluirá en la Ley de Presupuesto General de la Nación. Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA para establecer el sistema de utilización de los beneficios tributarios que se acuerden bajo el presente régimen el que determinará el cupe fiscal que a tal efecto se incluirá en el Presupuesto General de la Nación.
Inciso 9. Deberá darse intervención previa al Ministerio de Economía el que, a través de la dependencia que designe, determinará su incidencia en el Presupuesto General de la Nación.
Inciso 10. Deberá darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMIA, a través de la dependencia que designe, cuando se afectare el Presupuesto o TESORO NACIONAL.
Inciso 11. Cuando la disposición que se deje sin efecto sea estatutaria, deberá estarse a la reglamentación del inciso 3) del artículo 15 de la Ley Nº 23.696. En los casos en que fuera convencional, resultará de aplicación la reglamentación del inciso 5) del mismo artículo de la Ley Nº 23.696.
Inciso 12. Deberá darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMIA
Inciso 13. Sin reglamentación
Las preferencias referidas en el artículo 16 de la ley Nº 23.696 consistirán en el otorgamiento de prioridad para la adjudicación en el supuesto de situación de equivalencia de ofertas.
En los casos en que de la oferta participen uno o más de los tipos de adquirentes previstos en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 16 de la Ley Nº 23.696, a través de un Programa de Propiedad Participada, las preferencias serán otorgadas en relación a la proporción del capital accionario comprendido en dicho programa.
Las modalidades reguladas en el artículo 17 de la Ley Nº 23.696 podrán utilizarse atendiendo a las circunstancias de cada caso, con el objetivo de llevar a cabo la efectiva privatización en los menores plazos y las mejores condiciones posibles.
Inciso 1. Las ventas de activos de las empresas podrán ser parciales o totales.
Las ventas parciales podrán serlo de cada uno de los activos, individualmente considerados, o por conjuntos que constituyan unidades económicamente operables.
Las ventas totales implicarán, al mismo tiempo, la disolución y liquidación del ente, empresa o sociedad al cual estaban afectados los activos vendidos.
Inciso 2. La venta de acciones o cuotas parte del capital social podrá ser total o parcial y a uno o más adquirentes. Como principio general se preferirá a la venta total. La venta parcial que implique la subsistencia del Estado como accionista. será de aplicación restrictiva y deberá fundarse en razones de conveniencia comprobada, teniendo en cuenta la actividad desarrollada por el ente, empresa o sociedad.
La venta de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento podrá comprender la totalidad de aquellos que el ente, empresa o sociedad tenga en explotación, en cuyo caso corresponderá la disolución y liquidación de éste.
Inciso 3. El contrato de locación deberá especificar la existencia o no de opción a compra en oportunidad de su celebración y, en su caso, las causales de resolución de tal opción.
En el supuesto de pactarse la opción a compra, podrá convenirse la imputación o no de los alquileres pagados, como pago a cuenta del precio.
En las condiciones de contratación podrá establecerse que la determinación previa del valor del precio de venta tendrá carácter provisional pudiendo ajustarse en más o menos según resulte de las auditorías e inventarios que, por haberse convenido en el respectivo contrato, se practiquen durante el plazo de la locación.
Inciso 4 El contrato de administración con o sin opción a compra deberá especificar la existencia o no de opción de compra en oportunidad de su celebración y, en su caso, las causales de resolución de tal opción.
La administración asumida tendrá carácter onerosa y podrá estar referida a la obtención de resultados positivos en la gestión de la operación encomendada, conforme a criterios previstos en el contrato.
En las condiciones de contratación podrá establecerse que la determinación previa del valor del precio de venta tendrá carácter provisional, pudiendo ajustarse en más o menos según resulte de las auditorías e inventarios que, por haberse así convenido en el respectivo contrato, se practiquen durante la gestión del administrador.
Inciso 5 La concesión, licencia o permiso que se otorgue se ajustará, en lo pertinente, a lo dispuesto en el artículo 15, inciso 7) de la Ley Nº 23.696 y su reglamentación y en los artículos 57 y 58 de las normas citadas.
En cada caso, la Autoridad de Aplicación deberá redactar el Pliego de Bases y Condiciones que regirá dicho procedimiento, dándose intervención al MINISTERIO DE ECONOMIA cuando se afectaren o pudiere llegar a afectarse fondos del TESORO NACIONAL. La redacción deberá asegurar la máxima transparencia y publicidad durante la totalidad del procedimiento de privatización y en cada una de sus etapas, lo cual no obstará a que se procure, asimismo, la mayor celeridad en la tramitación de aquél.
El estímulo a la concurrencia de la mayo cantidad posible de interesados no impedirá que el Pliego de Bases y Condiciones establezca los requisitos que deberán reunir los proponentes y las exclusiones que, con carácter general y fundadas en razones de conveniencia debidamente explicadas, resulte necesario aplicar en cada caso. No será exigida la inscripción en registro de contratistas estatales, sin perjuicio de que deban ponderarse los antecedentes que los inscriptos tuvieren en ellos asentados.
Incisos 1) y 2) LICITACION PUBLICA O CONCURSO PUBLICO.
a) El acto de adopción del procedimiento deberá indicar el carácter nacional o internacional de aquél y si lo será con o sin base.
b) El llamado a licitación o concurso público deberá difundirse, como mínimo, mediante inserción de los correspondientes avisos en d Boletín Oficial de la República Argentina y en tres diarios de amplia circulación en el país.
Los anuncios se harán durante DIEZ (10) días y con no menos de TREINTA (30) días corridos de anticipación a la fecha de la apertura respectiva, computados a partir del inmediato siguiente al de su última publicación.
Sin perjuicio de las publicaciones mínimas especificadas, procurará darse la mayor difusión al llamado mediante otras publicaciones o la utilización de medios masivos de difusión.
En el caso de licitaciones o concursos de carácter internacional podrá disponerse la difusión del llamado en el exterior, cuando se estime que ello redundará en una mayor concurrencia de oferentes y no implique incurrir en erogaciones desproporcionadas.
La Autoridad de Aplicación podrá, asimismo, cursar invitaciones a participar a todas aquellas personas de existencia visible o ideal, locales de capital nacional o extranjero, o del exterior, que estime conveniente. En todo caso que lo estime oportuno, podrá requerir la colaboración del MINISTENO DE RELACIONES EXTENORES Y CULTO, a efectos de que las Embajadas de la República Argentina en el exterior colaboren en la difusión del llamado.
c) El llamado deberá detallar, como mínimo:
I- El nombre del organismo licitante.
II.- El carácter nacional o internacional de la licitación, la existencia o no de bases y, en su caso, el monto de ésta.
III- El objeto del llamado.
IV- El lugar donde pueden consultarse los pliegos de bases y condiciones y el horario durante el cual pueden llevarse a cabo las consultas.
V- El precio del Pliego de Bases y Condiciones.
VI- El lugar de presentación de las ofertas.
VII- El día, hora y lugar previstos para el acto de apertura de las ofertas.
d) El Pliego de Bases y Condiciones deberá estar redactado en términos claros y precisos. Se procurará evitar la utilización de conceptos vagos o ambiguos y, en caso de que ello no pueda evitarse, deberá precisarse en el propio pliego el sentido y alcance con que se los utiliza en el caso. Deberá consignar como mínimo:
I- El objeto del llamado, claramente especificado, indicando:
A) La modalidad a través de la cual se llevará a cabo la privatización.
B) La unidad que se licita.
II- Las disposiciones generales relativas al procedimiento indicando:
A) Horario y lugar para tomar vista de las actuaciones y efectuar presentaciones.
B) Cómputo de los plazos, procedimiento y oportunidad de su prórroga.
C) Procedimiento para la formulación de consultas, plazo para su contestación y forma de hacerlas extensivas a la totalidad de los adquirentes de pliegos.
D) Formas en que habrán de llevarse a cabo las notificaciones y sus efectos.
E) Requisitos relativos a certificaciones, traducciones y legalizaciones.
F) Características de los ejemplares oficiales del Pliego de Bases y Condiciones, el régimen y efectos de su adquisición.
G) Las exigencias relativas a la denuncia del domicilio real o legal y la constitución del domicilio especial de los interesados, así como aquéllas vinculadas a la designación de un apoderado o representante hábil para recibir las notificaciones y tomar vista de las actuaciones.
III- Las eventuales informaciones técnicas y económico-financieras a entregar o facilitar a los proponentes, especificando, en su caso, el procedimiento a través del cual cada uno de los interesados pueda llevar a cabo, a su costa, los estudios y verificaciones que considere convenientes para la adecuada formulación de su propuesta.
IV- Los requisitos que deberán reunir los proponentes, cuidando de no incluir exigencias que puedan resultar excesivas en oportunidad de la presentación de las propuestas, y que puedan ser cumplidas con posterioridad a la adjudicación por quien resulte adjudicatario.
Deberá exigirse que el proponerte acredite, por la forma que se establezca, tanto su solvencia patrimonial como, especialmente, su idoneidad técnica y antecedentes en la actividad que es objeto de privatización.
La adquisición de un ejemplar oficial del Pliego de Bases y Condiciones será requisito para poder formular propuestas.
V- Los requisitos relativos a las ofertas, su contenido, forma y lugar de presentación. Si se optara por un sistema de doble sobre, deberá discriminarse con precisión la información que habrá de incluirse en cada uno de ellos.
En todo caso, se indicará:
A) Formalidades de las ofertas, y cantidad de ejemplares que deban presentarse.
B) Datos, informes y exigencias relativos a los oferentes que aquéllas deben contener, tanto los referidos a su existencia jurídica como los vinculados a sus antecedentes técnicos, empresariales, capacidad económica-financiera y demás informaciones que permitan evaluar sus condiciones.
C) Las eventuales exigencias respecto a la propuesta relativa a los planes de explotación y expansión de la unidad que se privatiza, tales como programas de actividad; innovaciones o mejoras en la organización, instalaciones y tecnologías; inversiones futuras; volúmenes ocupacionales, precio ofrecido, forma de pago y todo otro dato que permita la configuración integral de aquélla y su ulterior evaluación.
D) Documentación que debe acompañarse a la oferta, tanto relativa al oferente, como a la oferta misma.
E) Plazo y lugar para la presentación de las ofertas.
F) Especificación de las garantías que los oferentes deberán constituir, así como las que corresponda constituir al adjudicatario, especificando monto, porcentajes y formas de constitución.
VI- Determinación del plazo de mantenimiento de las ofertas y los efectos de su incumplimiento.
VII- Determinación del día, lugar, hora y formalidades del acto de apertura.
VIII- Organos, plazos y procedimientos de evaluación de las ofertas y su impugnación.
IX- Organo competente, plazo, forma y efectos del acto de adjudicación.
e) Los pliegos preverán además el procedimiento de tramitación, ajustándose a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en lo que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la Ley de Contabilidad, el Reglamento de Contrataciones del Estado y la Ley de Obras Públicas.
f) Existirá una garantía de impugnación, que deberá constituir quien formule impugnaciones, que le será devuelta en caso de ser acogida favorablemente su pretensión, o que perderá en la misma medida en que tal pretensión sea rechazada.
El Pliego de Bases y Condiciones establecerá la forma y el mecanismo de determinación del monto de garantía, cuidando que éste no constituya un obstáculo al ejercicio del derecho de defensa.
g) Podrá incluirse en el Pliego de Bases y Condiciones, cuando se estime conveniente, sistemas de puntajes o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación, cuidando que tales sistemas se funden en criterios generales y objetivos, y no desnaturalicen el principio de concurrencia. En tales casos deberá especificarse cada una de las variables en consideración, el puntaje posible de obtener en cada una y el porcentaje que ella refleje en 1a calificación final de la oferta.
h) La preadjudicación deberá establecer un orden de mérito y deberá ser decidida dentro del plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados desde la apertura, notificándose a todos los oferentes.
Podrá ser impugnada cumpliéndose con 1a respectiva garantía dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada.
i) La adjudicación deberá decidirse dentro de los QUINCE (15) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo para impugnar y deberá resolver la totalidad de las impugnaciones.
j) Las impugnaciones a la adjudicación, que deberán ser también garantizadas en la forma prevista en este reglamento, tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, excepto que se configuren las situaciones previstas por el último párrafo del artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
k) Las comisiones de trabajo previstas en el artículo 11 de la presente reglamentación serán los órganos competentes para llevar a cabo la totalidad del procedimiento de selección hasta el proyecto de adjudicación, que será elevado al Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente para su resolución o elevación al PODER EJECUTIVO NACIONAL, según corresponda.
Inciso 3. REMATE PUBLICO. Los pliegos preverán el procedimiento de tramitación, ajustándose a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en lo que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la Ley de Contabilidad y el Reglamento de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la aplicación de las normas que resulten pertinentes de los incisos 1) y 2) de este artículo.
Inciso 4. Sin reglamentación.
Inciso 5. CONTRATACION DIRECTA. Los pliegos preverán el procedimiento de tramitación ajustándose a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en lo que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la Ley de Contabilidad, el Reglamento de Contrataciones del Estado o la Ley de Obras Públicas según corresponda por la naturaleza de la contratación, sin perjuicio de la aplicación de las normas que resulten pertinentes de los incisos 1) y 2) de este artículo.
EL MINISTERIO DE ECONOMIA será consultado sobre las pautas a aplicar en cada tasación. La imposibilidad a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 23.696 puede ser técnica o temporal. Se considerará que existe imposibilidad temporal de efectuar la tasación por parte de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales cuando no puedan efectuarla dentro del plazo en que resulte necesaria según los objetivos de cada privatización, lo que deberá constar explicado en el informe a que alude el artículo 13 de esta reglamentación.
La contratación de tasaciones privadas, como así también la de los asesoramientos previstos en el artículo 11 de este reglamento, podrán efectuarse directamente, previa compulsa de antecedentes y requerimiento de honorarios de hasta TRES (3) posibles postulantes con méritos equivalentes a juicio de la Autoridad de Aplicación.
Sin reglamentación.
Fin del texto
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