Abriendo la norma
Decreto · 1995
Por art. 1° del Decreto N° 1184/2001 B.O. 25/9/2001 se sustituyó el régimen de contrataciones aprobado por el presente Decreto.
Decreto 92/95
Establécese la reglamentación que determina las condiciones bajo las cuales se autorizará la contratación de personal especializado.
Bs. As., 19/1/95
VISTO lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional Nº 24.447 para el Ejercicio 1995, y
CONSIDERANDO:
Que se juzga necesario establecer una reglamentación que determine las condiciones bajo las cuales la Administración Pública Nacional quedará autorizada para la contratación de personal especializado y propiciar el desarrollo de programas de trabajo especiales que colaboren a su más eficaz desenvolvimiento.
Que si bien la mayor parte de las actividades profesionales, técnicas y administrativas de la Administración Pública Nacional son atendidas por el personal permanente y no permanente incluidos organizativa y presupuestariamente en las estructuras existentes y comprendido dentro de los regímenes que regulan la carrera administrativa del Estado, la creciente complejidad de la dinámica propia de la actividad estatal ha generado cada vez mayores y variados requerimientos, exigiendo correlativamente, establecer diversas formas de contratación en orden a las características propias de los servicios que se demanden.
Que ello ha determinado en la práctica la necesidad de fortalecer y complementar la labor de la Administración Pública Nacional a través de la incorporación transitoria de profesionales y técnicos adscriptos a programas de trabajo especiales, que actualmente se desarrollan en las distintas jurisdicciones bajo diversas formas y modalidades de contratación.
Que ante tal situación, se juzga indispensable el dictado de normas reglamentarias que fijen las condiciones generales para la contratación de dicho personal, determinando una política de gastos uniforme y estableciendo con alcance general un control de las erogaciones por este concepto, en función de los objetivos de fiscalización y contención del gasto público.
Que sin perjuicio del establecimiento de estas normas ordenatorias del régimen de contrataciones de personal, se procura dotar al mismo de la necesaria flexibilidad a fin que resulte un instrumento eficiente que permita dar respuesta oportuna a los variados requerimientos y actividades a que debe hacer frente actualmente la Administración.
Que, por otra parte, corresponde facultar al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a reglamentar e interpretar las normas contenidas en el presente decreto.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para el dictado del presente decreto en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo 99 incisos 1) y 2), 100 inciso 1), y la Disposición Transitoria DUODECIMA de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Facúltase a los Ministros del PODER EJECUTIVO NACIONAL y a los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION y Jefe de la Casa Militar a contratar al personal necesario para la realización de aquellas actividades que complementen las competencias propias de cada jurisdicción. Los Ministros podrán delegar en los Secretarios Ministeriales la facultad que se acuerda por el presente artículo.
El funcionario de nivel político que ejerza la máxima responsabilidad sobre los servicios técnico-administrativos de cada Ministerio o de la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION, tendrá a su cargo la administración y control del presente régimen de contrataciones, centralizando su trámite y supervisando los aspectos operativos y de la instrumentación. Esa facultad podrá ser asignada por Resolución Ministerial a un funcionario de nivel no inferior a Subsecretario.
Las contrataciones que se realicen, deberán tener por objeto la prestación de servicios técnicos o profesionales especializados y/o ejecución de obras, sean ellos de carácter individual o comprendidos en programas de trabajo, tanto de fortalecimiento institucional como de proyectos especiales de estudios e investigación, cuya realización haya sido evaluado y aprobada por la máxima autoridad de la jurisdicción.
Cuando las contrataciones de personal se realicen en el marco de programas de trabajo o proyectos especiales, se requerirá un informe detallado del funcionario propiciante de jerarquía no inferior a Secretario, quien podrá delegar dicha función en los Subsecretarios respectivos. En el informe deberán constar:
a) Las razones que aconsejan su realización.
b) Los objetivos parciales y finales que se procuran alcanzar.
c) Un cronograma del programa de trabajo y los plazos estimados para su ejecución.
d) La cantidad y perfil de personas requeridas.
e) Una nómina que comprenda total o parcialmente las personas requeridas, agregándose los datos personales y antecedentes laborales y profesionales, con la conformidad y firma de cada postulante, que tendrá carácter de declaración jurada.
f) El gesto total demandado por el programa.
g) El financiamiento previsto.
Se informará asimismo los fundamentos que aconsejan la contratación y la retribución propuesta, en cada caso, previéndose la ubicación de los contratados profesionales o técnicos en los distintos niveles y posiciones, de acuerdo con los perfiles expuestos y valores contenidos en el Anexo I del presente decreto.
La cantidad de personas que se contraten en carácter de asistentes técnicos no podrá superar el VEINTE POR CIENTO (20 %) del total incluido en programas de trabajo o proyectos especiales correspondientes a una misma Secretaría.
El funcionario propiciante del programa o proyecto será responsable de su ejecución y del cumplimiento de los objetivos dentro de los plazos previstos, aprobando los informes de avance y debiendo elevar a la máxima autoridad de la jurisdicción el informe final, señalando los resultados alcanzados, el grado de cumplimiento de las metas propuestas y efectuando una evaluación de la labor cumplida por las personas contratadas. Cuando se trate de organismos descentralizados o entes, será responsabilidad de su titular el cumplimiento de los objetivos y plazos previstos.
En los casos de contratación individual de profesionales especializados o expertos, los honorarios que se fijen no podrán exceder al correspondiente al máximo nivel contemplado en el Anexo I.
En todos los casos, los contratos deberán fijar:
a) El objeto de la contratación.
b) Los honorarios acordados y su forma de pago.
c) La modalidad y lugar de la prestación de los servicios.
d) El plazo de duración del contrato.
e) Una cláusula de renovación y rescisión en favor de la Administración Pública Nacional.
La relación de las partes se regirá exclusivamente por los contratos que a tal efecto se celebren. Típicamente, los contratos responderán a los Modelos de Contrato de Locación de Servicios Anexo II y Contrato de Locación de Obra Anexo III del presente decreto, pudiendo en cada caso, incorporarse las cláusulas especiales adecuadas a la contratación que se propone.
Al tramitarse una contratación con arreglo al presente régimen, los funcionarios a que se hace referencia en el Artículo 1º del presente decreto, deberán verificar la existencia de los créditos presupuestarios pertinentes.
El área encargada de la administración de personal de la jurisdicción recepcionará y archivará la documentación que registre los antecedentes y contratos de la totalidad de los profesionales y/o técnicos contratados.
No podrán ser contratados aquellos postulantes que no reúnan los requisitos y condiciones establecidos en los respectivos Contratos Tipo y/o las que se establezcan en virtud de lo establecido en el artículo 16 de presente decreto.
El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS establecerá un régimen de reintegro de gastos y compensaciones que contemple las erogaciones realizadas por los consultores contratados que, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, deban trasladarse a una distancia superior a CIEN (100) KILOMETROS del lugar donde habitualmente se desempeñen.
En los casos que se contrataren consultores con la función de COORDINADOR GENERAL se los podrá compensar con UN ( I ) pasaje semanal (ida y vuelta) por vía aérea o terrestre, entre el lugar de su residencia permanente y el de su desempeño, cuando residan en un lugar distinto de su residencia habitual, y dicho lugar se encuentre a una distancia superior a los CIEN (100) kilómetros.
Igual beneficio se podrá conceder a quienes se contraten con la función de CONSULTOR 'A' con carácter de excepción y por resolución fundada.
(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 479/1995 B.O. 25/9/1995).
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS queda facultado para dictar las normas instrumentales y de interpretación que resulten necesarias para la aplicación del presente decreto.
El presente Decreto tendrá vigencia a partir del 1º de Enero de 1995.
Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-MENEM.-Domingo F. Cavallo.
NOTA: Este Decreto se publica sin los Anexos II y III. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de la Dirección Nacional del Registro Oficial (Suipacha 767 - Capital Federal).
Fin del texto
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