Abriendo la norma
Decreto-Ley 23.354/1956 · 1956
Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría General
DECRETO-LEY Nº 23.354
Buenos Aires, 31/12/56.
VISTO: Que la aplicación de la Ley de Contabilidad Nº 12.961 ha señalado deficiencias fundamentales en cuanto al régimen de control de la hacienda pública que la misma instituye, resultando inconveniente y sin fundamento técnico el procedimiento que en ella se determina para establecer los resultados financieros-patrimoniales de cada ejercicio, a la vez que ha evidenciado un mecanismo funcional impropio para el órgano específico, a cuyo cargo se encuentra el control integral de dicha gestión, y
CONSIDERANDO:
Que de lo expuesto, resulta evidenciada la necesidad impostergable de reemplazar la estructura legal vigente sobre la materia, en forma tal que la nueva organización a implantarse constituya un instrumento que asegure la regularidad de la gestión financiera y patrimonial del Estado, demostrando con exactitud, claridad y oportunidad los resultados de la acción desarrollada y permitiendo contar con los elementos de apreciación esenciales que concurran, tanto a la ponderación y calificación de los actos concretados y sus resultados, cuanto a los medios que posibiliten la información estadística necesaria para el encauzamiento y orientación de la hacienda pública;
Que para la consecución de los objetivos expuestos se ha tenido en cuenta, además de la experiencia recogida en la aplicación del actual régimen, las distintas iniciativas, tanto parlamentarias como de los órganos técnicos competentes de la Administración nacional, concretadas en proyectos que, si bien no lograron materializarse oportunamente, constituyen en conjunto un valioso material de apreciación, dados los diversos enfoques propiciados y la distinta representación de los autores de tales iniciativas;
Que, sobre la base de dichos elementos, el Ministerio de Hacienda de la Nación, por intermedio de la Contaduría General de la Nación y juntamente con la cátedra de Contabilidad Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ha procedido al análisis integral de la actual Ley de Contabilidad, proponiendo un nuevo ordenamiento en el control de la gestión administrativa del Estado que, en sus aspectos fundamentales, destaca las siguientes innovaciones y cambios sobre el régimen actual:
1. — Modificación de la estructura del presupuesto general, a fin de que la totalidad de las erogaciones, concepto éste comprensivo de los gastos generales propiamente dichos y de las inversiones patrimoniales, que realiza la Administración nacional sean agrupadas en dos secciones independientes, en forma tal que queden perfectamente identificados y separados, por una parte, los gastos propiamente dichos y los recursos que deban ser aportados para su atención por los contribuyentes en cada año financiero, y, por otra, las inversiones que acrecienten el patrimonio de la Nación y cuyos beneficios, al trascender a generaciones futuras, fundamenten la naturaleza de los recursos destinados a cubrirlas.
2. — Se restituye plenamente al Poder Legislativo su facultad constitucional de fijar con alcance limitativo, cuantitativo y cualitativo, los gastos públicos.
3. — Las cuentas especiales que respondan a necesidades normales y permanentes de la Administración nacional se incorporan al presupuesto general. Se basa este criterio, no sólo en fundamentos doctrinarios, sino también en el hecho de considerarse improcedente mantener su registración en forma de verdaderos presupuestos marginales. Se facilita, en cambio, la existencia de cuentas de terceros, para registrar aquellos servicios y trabajos que el Estado deba prestar a su requerimiento y cuyos requisitos no afecten el patrimonio nacional.
4. — Se modifican las fechas en que dará comienzo y término el año financiero el que, para lo sucesivo, se extenderá desde el 1º de noviembre hasta el 31 de octubre siguiente, lo que permitirá reducir el período que media entre la oportunidad en que se calculan los créditos presupuestarios y el momento en que comienza su aplicación por imperio de la ley, temperamento éste que, correlativamente, contribuirá a la mayor precisión de las autorizaciones en relación con las necesidades a satisfacer.
5. — Las erogaciones de cada ejercicio se apropiarán al presupuesto general en razón del compromiso contraído. Los compromisos impagos al cierre del ejercicio se llevarán a una cuenta de residuos pasivos, cuya gestión ulterior permitirá completar el proceso de la gestión en forma independiente y sin relación alguna con las cuentas del ejercicio siguiente.
Resultará así evidenciada la verdad y exactitud de la gestión financiero-patrimonial en la correspondiente cuenta general del ejercicio.
6. — En cuanto al régimen de pagos, el sistema que se implanta permitirá agilitar apreciablemente el mecanismo actual, ya que se reemplaza las órdenes de pago en sus distintas modalidades, que ahora deben ser suscriptas en todos los casos por el Poder Ejecutivo y cuyo número es considerable dentro de cada ejercicio, por un nuevo documento denominado 'orden de disposición' a dictarse al comienzo de cada período.
Sobre la base de dichas órdenes de disposición, los jefes de los servicios administrativos procederán a emitir 'libramientos de pago' o 'de entrega', según sean a favor de terceros o para cancelar deudas por su respectiva jurisdicción dentro del importe máximo autorizado al efecto, respectivamente.
7. — En materia de contrataciones se reafirma el principio fundamental de la licitación pública, determinándose taxativamente los casos especiales en los cuales podrán efectuarse en forma directa.
8. — Se crea el Tribunal de Cuentas, que tendrá a su cargo el control externo de la hacienda pública.
Su institución, permanencia y gestión se la rodea de las máximas facultades e independencia para que su misión constituya una absoluta garantía de una cabal fiscalización de la gestión financiera y patrimonial realizada por intermedio de las distintas jurisdicciones administrativas del Estado.
9. — Contemporáneamente a la creación del Tribunal de Cuentas se procederá a la reestructuración de la actual Contaduría General de la Nación, a quien le queda reservado el control administrativo interno, como órgano dependiente del Poder Ejecutivo.
10. — Se somete al control del Tribunal de Cuentas las entidades de derecho privado que ejerzan una actividad paralela a la del Estado, a las que se designa con el nombre genérico de haciendas para-estatales, entendiéndose por tales aquéllas en cuya dirección o administración tenga responsabilidad el Estado o a las cuales éste se hubiera asociado, garantizado materialmente su solvencia o utilidad, les haya acordado concesiones o privilegios o subsidios para su instalación o funcionamiento.
11. — Finalmente se determinan las normas, complementarias y transitorias, que deberán observarse hasta tanto se opere la caducidad integral del régimen en vigor.
Que, por los antecedentes y fundamentos que quedan señalados precedentemente, el Gobierno considera indispensable y conveniente proceder a implantar de inmediato el régimen legal que se propicia,
El Presidente provisional de la Nación Argentina en Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de Ley:
Apruébase el cuerpo de legislación adjunto que constituye la 'Ley de contabilidad y organización del tribunal de cuentas de la Nación y de la Contaduría general de la Nación'.
Los actuales contadores mayores de la Contaduría general de la Nación pasarán a integrar el Tribunal de cuentas con carácter de vocales del mismo.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo que antecede, los miembros del Tribunal de cuentas, durante el periodo en que corresponda aplicar la ley 12.961 investirán, simultáneamente y con carácter honorario, el cargo de contador mayor, a fin de ajustar su cometido a los términos de la mencionada ley.
El presente decreto-ley será refrendado por el Excelentísimo señor Vicepresidente provisional de la Nación y por los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Hacienda, Ejercito, Marina y Aeronáutica.
Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.
ARAMBURU. — Isaac Rojas.— Eugenio F. Blanco. — Arturo Ossorio Arana. — Teodoro Hartung. — Julio C. Krause.
Fin del texto
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