Abriendo la norma
Ley provincial 11.309 · 2026
Crean el Régimen de Consorcios Camineros.
La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos sanciona con fuerza de Ley:
Crease en la Provincia de Entre Ríos el Régimen de Consorcios Camineros, los cuales serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad, sin fines de lucro, y que tendrán como objetivos exclusivamente los que establece la presente ley. La Dirección Provincial de Vialidad- DPV- tendrá a su cargo la promoción y el fomento a la creación y organización de los Consorcios Camineros.
Los Consorcios Camineros tendrán como objetivos la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la Provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial y de seguridad y hasta tramos de la red secundaria, con el acuerdo de la DPV. En lo que respecta a los trabajos detallados en el párrafo anterior, no será aplicable la Ley N° 6351 de Obras Públicas, rigiéndose exclusivamente por esta ley, su reglamentación y los convenios y/o contratos que suscriban con la Dirección Provincial de Vialidad, quienes tendrán vigencia y provocará efectos legales desde la fecha de la firma del convenio o desde la fecha que se establezca en el mismo. Tampoco será aplicable Ley N° 6351 de Obras Públicas, en relación a las obras directamente vinculadas, complementarias y/o necesarias para aquellas, en el marco y con las condiciones que determina la presente, su Reglamentación, y los convenios y/o contratos que suscriban con la Dirección Provincial de Vialidad. El mantenimiento de los Caminos Rurales se realiza de forma continua, durante la duración del Convenio y su forma de pago se realizará en función de las inspecciones por parte de la DPV, a través de los Partes de Inspección y/o Certificación.
Los Consorcios Camineros funcionarán como Asociaciones Civiles sin fines de lucro, una vez cumplimentados los requisitos legales.
Los Consorcios Camineros podrán asociarse para conformar Consorcios Regionales y/o un Consorcio Provincial, o Asociación Provincial de Consorcios.
La Dirección de Vialidad Provincial, queda autorizada por la presente, dada la naturaleza de personas jurídicas públicas no estatales de los Consorcios Camineros a contratar directamente con ellos los trabajos referidos en el primer párrafo del artículo 2°, y que son propios a sus objetivos. Por dichos trabajos, la Dirección de Vialidad Provincial abonará a cada Consorcio un importe por cada kilómetro de camino que el mismo tenga asignado bajo su jurisdicción para mantenimiento y/o conservación. El importe que corresponderá abonar, como así también su régimen de actualización, será determinado por la Autoridad de Aplicación, como así también su modalidad y periodicidad, conforme las pautas que determine la reglamentación que ella dicte. La DPV también podrá contratar el alquiler, venta o cesión temporal a título gratuito de equipos viales, materiales y transportes necesarios para los mismos, de acuerdo a lo que establece la presente ley. Dicho organismo tendrá a su cargo, además, el control del correcto uso de las maquinarias o herramientas propiedad de la Provincia y el contralor periódico del estado general y transitabilidad de los caminos rurales o vecinales atendidos por los Consorcios. El mantenimiento y reparación por roturas o desperfectos de los equipos cedidos a préstamo o alquiler por la DPV, estará a cargo por los Consorcios, y su devolución cuando el préstamo o alquiler finalice, deberá ser en iguales o mejores condiciones a lo que lo recibió el Consorcio.
Los Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno de la provincia podrán contratar en forma directa con los Consorcios Camineros, trabajos similares a los que dichos Consorcios realicen para la Dirección Provincial de Vialidad, siempre que la normativa aplicable se lo permita, y que dicha contratación no impida o perjudique el cumplimiento de la finalidad específica que origina su creación.
Para el cumplimiento de sus objetivos, los Consorcios Camineros, estarán también facultados a: a) Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de canales y de los sistemas de escurrimiento natural del agua en áreas rurales; b) Contratar trabajos afines con otras reparticiones oficiales o con instituciones públicas o privadas, con domicilio real o propiedades en la zona de jurisdicción del Consorcio respectivo; c) Señalizar, forestar y ejecutar todo otro tipo de mejoramiento en los trabajos de su jurisdicción; d) Realizar actividades de capacitación y concientización comunitaria orientadas a la seguridad, mantenimiento y conservación del patrimonio vial e hídrico; e) Contratar en forma directa con la DPV, conforme lo establece la presente ley; f) Colaborar con Consorcios vecinos y celebrar acuerdos multilaterales, con el objeto de adquirir y/o utilizar en común maquinarias, ejecutar obras viales en general, reparar y mantener caminos, construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial y de seguridad que mejore las condiciones de las vías de circulación.
Los trabajos que realicen los Consorcios Camineros, podrán ser ejecutados directamente o con intervención de terceros. Los proyectos podrán ser confeccionados por la Dirección Provincial de Vialidad o por los mismos Consorcios. En los casos en que sea el Consorcio el que confecciona el proyecto, el mismo deberá ser puesto a consideración de la Dirección de Vialidad Provincial, quien hará el estudio del mismo, formulará las observaciones pertinentes y una vez aprobado técnicamente, determinará y propondrá las condiciones de la contratación más acorde a la magnitud y características de los trabajos, entre los organismos.
Para el caso de ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de canales y de los sistemas de escurrimiento natural del agua en áreas rurales, la Dirección Provincial de Vialidad deberá dar intervención a la Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia, la cual asumirá la responsabilidad del control y aprobación técnica de obra, siendo, de todas maneras, la Dirección Provincial de Vialidad la encargada de coordinar la relación entre dicho órgano técnico y el Consorcio.
Los Consorcios Camineros gozarán de exención en todos los impuestos y tasas provinciales en sus actividades y bienes, que le son inherentes en virtud de la presente ley.
Para constituir el Consorcio Caminero, deberá integrarse una Comisión Promotora, compuesta por lo menos de siete (7) personas humanas y/o jurídicas, mayores de 18 años, hábiles y con domicilio real en la zona de influencia del futuro Consorcio cuya creación se propone. Esta Comisión deberá presentar ante la Dirección Provincial de Vialidad, junto con la nota de solicitud de habilitación del nuevo Consorcio, firmada por las mencionadas 7 personas: a) Nómina de futuros socios activos, no inferior a veinte (20); b) Determinación de la jurisdicción de caminos que pretende atender presentando croquis de los mismos. La Dirección Provincial de Vialidad deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días corridos por resolución fundada sobre la viabilidad de constitución del Consorcio. En caso de resultar negativa la respuesta a los interesados, éstos podrán, salvadas las observaciones que hubiera recibido su presentación, solicitar una vez más la misma. La Dirección Provincial de Vialidad tendrá otros sesenta (60) días para expedirse sobre esta segunda presentación. En caso de resultar negativa nuevamente la respuesta del organismo, la Comisión Promotora puede recurrir al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, solicitando que el mismo actúe como revisor de la presentación y mediador en la solicitud. La resolución del Ministerio será definitiva, y en caso de ser negativa, la Comisión Promotora no podrá presentar una nueva solicitud de constitución durante un año, a partir de la fecha de la misma. En el supuesto que en una misma jurisdicción se presentase más de una Comisión Promotora, tendrá prioridad la primera presentación, salvo en los casos en que ya existieran antecedentes de Consorcios en funcionamiento. Con la documentación que acredite la autorización de la Dirección Provincial de Vialidad para avanzar con el trámite, la Comisión Promotora podrá realizar los trámites correspondientes ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos para su constitución como Persona Jurídica sin fines de lucro, con los requisitos que aquella establezca para ello.
El Consorcio Caminero se constituirá en Asamblea Pública de personas que cumplan con los requisitos necesarios para ser socios consorcistas, ajustando su funcionamiento a lo establecido en el estatuto tipo que la Asamblea apruebe y que deberá definir con precisión los fundamentos y finalidades del Consorcio.
El Consorcio Caminero será constituido por los socios consorcistas clasificados en las siguientes categorías: a) Socios consorcistas activos: serán las personas físicas mayores de dieciocho (18) años, hábiles, y las personas jurídicas privadas, representadas cada una de estas por una persona física mayor de dieciocho años (18), hábil, que sean propietarios, arrendatarios, inquilinos de propiedades inmuebles rurales ubicados en la jurisdicción del Consorcio, con domicilio real en la misma, o en localidad próxima, distante a no más de 50 kilómetros de los tramos mantenidos al Consorcio. El socio consorcista activo que acredite (1) año de antigüedad como socio podrá ser electo para integrar los distintos órganos de gobierno del Consorcio, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el estatuto tipo; b) Socios consorcistas de representación necesaria: serán las personas físicas, mayores de dieciocho (18) años, hábiles, que actuarán en nombre y representación del/ los municipio/s, junta/s de gobierno o comuna/s de jurisdicción del Consorcio. Los socios consorcistas de representación necesaria, ocuparán vocalías titulares de la Comisión Directiva, con voz y voto en la toma de decisiones en dicho órgano a igual que en la Asamblea General, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el estatuto. c) Socios consorcistas adherentes: serán las personas físicas mayores de dieciocho (18) años, hábiles, y las personas jurídicas públicas y privadas, representadas cada una de ellas por una persona física, mayor de dieciocho (18) años, hábil, y que cumplan con los requisitos establecidos en el estatuto tipo, que posean intereses dentro de la jurisdicción del Consorcio, originados en el ejercicio de sus actividades normales, sin tener domicilio legal o real en la jurisdicción del Consorcio ni en localidad próxima. El socio consorcista adherente solo tendrá voz en la Asamblea General, pero en ningún caso podrá ocupar cargos en los órganos de gobierno del Consorcio. El registro de consorcistas se mantendrá permanentemente abierto y quienes se inscriban podrán ser aceptados como socios tanto en las reuniones de la Comisión Directiva como en Asamblea General. Si la Dirección Provincial de Vialidad lo cree conveniente, remitirá los formularios dispuestos al efecto, al Juzgado de Paz o a la Intendencia Municipal más cercana para facilitar el Registro de nuevos asociados sin perjuicio del registro que se lleve a cabo en la sede de cada Consorcio. En caso de conflicto entre un postulante a ingresar al Consorcio y las autoridades del mismo por dicho ingreso, las partes podrán acudir a mediación y/o arbitrio de la Dirección Provincial de Vialidad, la cual deberá resolver la cuestión en un plazo no mayor a 60 días corridos.
El Consorcio Caminero estará regido por, al menos, los siguientes organismos: Asamblea General, Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, pudiendo incorporar también, en forma optativa, la figura de Comité Ejecutivo.
Los consorcistas son personal y solidariamente responsables del manejo de los bienes que les son confiados, no respondiendo con sus bienes personales por los actos ejecutados u obligaciones contraídas en representación del Consorcio, salvo que se determinare que hubo dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones.
La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de E.R determinará los requisitos de constitución de la persona jurídica del Consorcio Caminero, en todo lo que no fuera establecido por la presente norma. La sola aprobación de Dirección de Inspección de Personas Jurídicas a la constitución de un Consorcio en su carácter de persona jurídica no implica la finalización del trámite final de reconocimiento a los efectos de la presente ley, el cual debe ser tramitado asimismo ante la Dirección Provincial de Vialidad.
Los recursos de los Consorcios Camineros podrán provenir de las siguientes fuentes: a) De lo recaudado del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, creado por la Ley N° 9602 (T.O. Ley N° 11142), en la medida y formas que se establece en el Artículo 18 de la presente ley. b) De otros aportes que la Dirección Provincial de Vialidad efectúe a fin de complementar el Fondo mencionado en el inciso a) en pos del cumplimiento de los contratos que se suscriban para la realización de obras específicas o mantenimientos periódicos o regulares. c) De los aportes privados que, en forma de cuotas regulares o colaboración extraordinaria, integren los socios consorcistas. d) De pagos o aportes que efectúen personas físicas o jurídicas asociadas o no al Consorcio, como retribución por las obras realizadas en vías de ingreso, acceso, caminos u otra obra vial dentro de sus propiedades, o en beneficio de las mismas. e) De los pagos/aportes que otros organismos públicos, nacionales, provinciales o municipales, efectúen en cumplimiento de contratos específicos de obra. f) De otros fondos de origen público que se establezcan en el futuro, a estos fines.
Fondo de Desarrollo - Conservación Vial - Ley N° 9602 (T.O. Ley N° 11142). Será distribuido entre los Consorcios Camineros reconocidos y las Zonales de la Dirección Provincial de Vialidad en forma anual y total, en proporción a los kilómetros de vías secundarias y terciarias cuyo mantenimiento y conservación tengan a su cargo. Cuando en la jurisdicción de una Zonal no hubiera Consorcio constituido y reconocido, los fondos irán íntegramente a dicha Zonal. En la medida en que se constituyan Consorcios Camineros y logren reconocimiento, los tramos que le sean adjudicados se utilizarán para calcular el monto de los fondos que recibir por parte de cada Consorcio reconocido. La reglamentación de esta ley contemplará una fórmula para la distribución de los fondos que incorporen los factores climáticos regionales y tipo de suelo, además de la cantidad de kilómetros a mantener. La mencionada fórmula no podrá diferir según se trate de fondos a transferir a Consorcios o a la Zonal DPV donde el mismo se encuentre. La metodología de transferencia del Fondo de Desarrollo - Conservación Vial a las Zonales de la Dirección Provincial de Vialidad, en la proporción que les corresponda luego de asignada la parte de los Consorcios de la jurisdicción, será establecida por la Reglamentación de la presente, o por Resolución de la Dirección Provincial de Vialidad.
Los recursos financieros provenientes del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial que, habiendo sido asignados a un Consorcio, no hubieran sido ejecutados en el transcurso del Ejercicio presupuestario por motivos no atribuibles a dicha entidad, deberán ser asignados al mismo Consorcio nuevamente en el Ejercicio siguiente, adicionándoselos a los recursos que le correspondan por ese Ejercicio de acuerdo a la distribución anual mencionada en el Artículo anterior. Serán motivos de no ejecución no atribuibles al Consorcio las demoras por parte de la Dirección Provincial de Vialidad en los trámites administrativos o técnicos necesarios para la confección, firma, ejecución o pago de los contratos entre Dirección Provincial de Vialidad y Consorcios, o los motivos de índole climática que impidan la ejecución de los trabajos. Los fondos asignados al Consorcio que no hubieran sido ejecutados por causa atribuible al propio Consorcio, como demora administrativas, de gestión o de obra, serán distribuidos en el Ejercicio presupuestario siguiente, en partes iguales, entre los Consorcios que hubieran ejecutado la totalidad de sus fondos asignados, adicionándoselos a los recursos que le correspondan por ese Ejercicio de acuerdo a la distribución anual mencionada en el artículo anterior. La falta de ejecución por causas atribuibles al Consorcio, por el transcurso de tres (3) Mediciones por parte de las Inspecciones consecutivas, será causal de inhabilitación de la vigencia del Consorcio ante la Dirección Provincial de Vialidad, pudiendo exigir éste organismo la renovación de las autoridades de la institución como condición para volver a otorgar validez, y retomar las contrataciones.
En aquellos supuestos donde se los contrate para obras nuevas o de conservación, los Consorcios podrán solicitar, y la Dirección Provincial de Vialidad otorgar, adelantos financieros, a cuenta de los fondos a recibir como pago por los convenios de conservación y/u obra, con el fin de lograr la capacidad financiera para organizar y sostener la actividad operativa del Consorcio, siempre en la forma en que lo prevea la normativa vigente en materia de obra pública, tanto en lo referente al monto del adelanto como en cuanto a la garantía del mismo.
Los aportes que realice la Dirección Provincial de Vialidad podrán ser monetarios, en insumos, maquinaria, equipamiento, asesoramiento técnico, profesional y/o administrativo, mano de obra o materiales. Los aportes en maquinaria o equipamiento no podrán ser definitivos ni adquirir carácter de donación, pudiendo adquirir la forma de cesión temporal por el tiempo que dure una obra específica o por un determinado plazo de tiempo.
Los convenios que suscriban los Consorcios Camineros con la Dirección Provincial de Vialidad, por trabajos de mantenimiento o conservación periódica o permanente de caminos de tierra, ripio, broza u otro tipo de mejorado y sus estructuras complementarias o accesorias establecerán un máximo de 80 % de su financiamiento por parte de dicho organismo estatal, debiendo el 20% restante integrarse mediante aportes de fuentes de los tipos b) o c), establecidos en el Artículo 17°.
Las obras viales no contempladas en el Artículo anterior podrán incluir financiación por parte de la Dirección Provincial de Vialidad de hasta el 85% de su costo.
Los convenios que suscriban los Consorcios Camineros con la Dirección Provincial de Vialidad, tanto los de mantenimiento o conservación periódica como los de otra obra específica y no periódica, contemplarán como aportes de la Dirección Provincial de Vialidad los fondos asignados a los Consorcios correspondientes al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, y serán complementados con otros aportes específicos de la Dirección Provincial de Vialidad cuando las características y costos de los trabajos a contratar así lo requiera y se fundamente técnicamente. Por el contrario, si las obras y la conservación de los tramos asignados al Consorcio pudieran ser realizados en un Ejercicio presupuestario con una cantidad de fondos menor a la que resulte de la distribución establecida en el Artículo 18° de la presente ley, con el acuerdo de ambas partes, la Dirección Provincial de Vialidad procederá a autorizar para los fondos sobrantes el destino de adquisición de material o insumos para acopio, para uso del mismo Consorcio. Los Consorcios podrán ejecutar trabajos de mantenimiento propios de su función aún sin mediar convenio o contrato anual específico que contemple aportes por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, siempre que este organismo autorice los mismos, tanto en términos técnicos como administrativos, de manera formal. La Dirección Provincial de Vialidad deberá controlar dichos trabajos, en la misma forma en que controla los trabajos por convenio.
Los Consorcios Camineros podrán realizar obras nuevas y trabajos de mantenimiento en caminos, accesos y otro tipo de vía de comunicación de propiedad privada, tanto en el caso de socios consorcistas como de otras propiedades de vecinos ubicadas dentro de su zona de influencia oficialmente reconocida por la DPV, y dichos trabajos solamente podrán ser realizados previo contrato formalizado entre el consorcio y el propietario, el cual deberá estar aprobado y suscripto por dos tercios de la Comisión Directiva del Consorcio, y en ningún caso podrá ser a título gratuito, pudiendo aceptarse pago en especie como retribución por parte del privado.
Las utilidades que obtengan los Consorcios serán invertidas única y exclusivamente en herramientas, maquinaria, obras o trabajos que se enmarquen en los objetivos detallados en el Artículo 2 de la presente ley, incluyéndose en los mismos los gastos de mantenimiento material u administrativo que implique la estructura del Consorcio.
En la ejecución de sus obras, los Consorcios deberá atender con sus propios recursos las eventualidades que surjan de las mismas, así como las diferencias reclamadas por retrasos en los pagos por el tiempo que transcurra con posterioridad al desembolso de los fondos de la Dirección Provincial de Vialidad al Consorcio.
Los Consorcios serán exclusivamente responsables del personal que contratan y de todos los problemas que se susciten con los mismos por interpretación y cumplimiento de las leyes laborales.
Ante la disolución definitiva de un Consorcio Caminero y la pérdida de su personería jurídica, sus bienes serán transferidos a la Dirección Provincial de Vialidad, debiendo por tanto los Estatutos Sociales que se aprueben ajustarse a esta disposición.
El Estado entrerriano podrá actuar como garante de los Consorcios Camineros en las operaciones para la adquisición de maquinarias y herramientas a crédito, a través de los programas y herramientas que el mismo disponga al efecto, cuando le sea solicitado y debidamente fundamentado.
Serán autoridades de aplicación de la presente ley la Dirección Provincial de Vialidad, la cual ejercerá el control y fiscalización técnica, contable y Administrativa de los Consorcios Camineros y de todas las obras de arte específicas y de mantenimiento que el Consorcio ejecute, y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, en cuanto a los requisitos de constitución y mantenimiento de la Personería del Consorcio y sus requisitos institucionales, debiendo los Consorcios poner a disposición de ambos organismos la documentación que les sea requerida por funcionario autorizado. En los casos de controversia entre la Dirección Provincial de Vialidad y uno o más consorcios, el Ministerio de Planeamiento, infraestructura y Servicios, actuará como mediador y/o árbitro final. Las autoridades de aplicación podrán emitir aquellas normas regulatorias, complementarias, interpretativas, de contralor y toda otra que resulte necesaria para la implementación, ejecución y desarrollo de lo normado de la presente ley.
Cuando los Consorcios Camineros dispongan o administren fondos o bienes públicos, estarán sometidos al control externo del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Para cumplir la función de fiscalización que emana de la ley, la Dirección de Vialidad Provincial tendrá libre acceso a los libros de actas, registros administrativos, financieros, de movimiento de fondos y de personal a que se refiere la reglamentación y el estatuto, y a toda otra información que corresponda ser suministrada por la Comisión Directiva, debiendo ésta aportar la documentación que le sea requerida.
Los Consorcios Camineros podrán ser intervenidos por la Dirección Provincial de Vialidad, mediante resolución fundada cuando se comprueben violaciones a la presente ley, su reglamentación, acefalía de la Comisión Directiva o incumplimiento de las obligaciones contraídas. La intervención tendrá el carácter de transitoria para lograr la pronta normalización de la entidad. El interventor debe pertenecer a la Dirección de Vialidad Provincial y tiene las mismas atribuciones que la Comisión Directiva; la gestión del interventor tendrá un plazo de tres (3) meses, renovable por un periodo igual al cabo del cual o de los cuales deberá haber normalizado el Consorcio o haber pedido su disolución. En ambos casos deberán determinarse las responsabilidades emergentes a la actualización de las autoridades del Consorcio, a los efectos que correspondiere.
Para la integración del primer grupo de autoridades del Consorcio no será exigible el requisito de un (1) año de antigüedad como socio, por ser de cumplimiento imposible.
Comuníquese, regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Fin del texto
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