Abriendo la norma
Ley provincial 1.967 · 1949
Código Procesal Civil de la Provincia de Jujuy.
LA LEGISLATURA DE JUJUY SANCIONA CON FUERZA DE LEY
PRINCIPIO DE INICIATIVA. La iniciación del proceso incumbe a las partes. El órgano jurisdiccional lo promoverá de oficio sólo cuando la ley lo ordene. Para interponer la acción o contestarla, es necesario tener un interés legítimo, económico o moral. Puede demandarse la declaración sobre la existencia o inexistencia de un hecho o de un derecho.
PRINCIPIO DE DIRECCION. La dirección del proceso está confiada al órgano jurisdiccional, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código y principios fundamentales que informan su ordenamiento.
PRINCIPIO DE IMPULSO PROCESAL. Promovido el proceso, el órgano jurisdiccional tomará las medidas tendientes a evitar su paralización, salvo que un texto especial de la ley disponga que el impulso corresponde a las partes.
DISCIPLINA DE LAS FORMAS. Las partes no pueden darse un procedimiento especial distinto del establecido para la substanciación del proceso. Cuando la ley no exige una forma determinada para los actos procesales, pueden realizarse de cualquier modo apto para la obtención de su fin.
PRINCIPIO DE IGUALDAD. El órgano jurisdiccional debe mantener en lo posible la igualdad de las partes en el proceso, brindándoles idénticas posibilidades de defensa. Haciendo efectivos los poderes de que está investido, el juez dispondrá lo necesario a fin de que nadie pueda encontrarse en una condición de inferioridad jurídica. Salvo disposición expresa de la ley, ninguna persona puede prevalerse de una posición determinada para advenir a una situación de privilegio.
PRINCIPIO DE CONTRADICCION. Con excepción de lo establecido para casos especiales, el órgano jurisdiccional no podrá proveer sobre ninguna demanda, si la parte contra la cual ha sido promovida, no está regularmente citada o emplazada.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. Las actuaciones del proceso y las resoluciones judiciales serán públicas. La publicidad sólo se limitará cuando un interés justificado de las partes o el orden público o razones de moralidad, así lo exijan. Toda orden dirigida a limitar la publicidad deberá expresar los fundamentos que abonan la necesidad de la reserva o secreto. Empero, so pretexto de reserva o secreto no puede coartarse la intervención de las partes, sus representantes o letrados, ni decretarse ninguna medida que restrinja la libertad del debate.
PRINCIPIO DE PROBIDAD. Los que intervienen en el proceso tienen el deber de ser veraces y proceder de buena fe. El órgano jurisdiccional a petición de parte o de oficio, está obligado a adoptar las medidas legales tendientes a prevenir o condenar las faltas a la lealtad y probidad en el debate. Sólo excepcionalmente no se aplicará sanción al que no cumpliere con este deber, cuando un estado de necesidad justifique la infracción en resguardo de supremos intereses.
BUEN ORDEN. Todos los que intervienen en el proceso, cualquiera sea su carácter, lo harán con una mesura y dignidad en el estilo, guardándose mutuamente respeto y consideración. Las personas que cometan hechos que de algún modo afecten el buen orden de los procesos o la majestad de la justicia, serán penadas disciplinariamente.
PRINCIPIO DE ECONOMIA. Tanto el juez como los órganos auxiliares de la jurisdicción tomarán las medidas necesarias para lograr la mayor economía en la realización del proceso. Los que exijan que se efectúen trámites manifiestamente inútiles o la práctica de diligencias innecesarias, cometen falta grave.
CONCILIACIÓN. (Ley 3420/1977). El Juez, debe en cuanto lo estime posible, procurar el avenimiento de las partes. A tal efecto, haciéndolas comparecer con o sin sus representantes o letrados, puede proponerles cualquier solución dirigida a: 1º) Simplificar las cuestiones litigiosas; 2º) Rectificar errores materiales en que se hubiere incurrido; 3º) Aumentar los hechos admitidos, reduciendo así la actividad probatoria; 4º) Realizar cualquier avenimiento parcial o total que facilite la pronta terminación del juicio. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste, tendrán el valor de sentencia firme y se cumplirán en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia.
CONCENTRACION. Los actos procesales cometidos a los órganos de la jurisdicción deberán realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos y de concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar.
INMEDIACION. El juez tiene la obligación de asistir y dirigir personalmente las audiencias, bajo pena de nulidad. Unicamente en los procesos voluntarios podrá comisionarse al actuario la recepción de pruebas.
MEDIDAS SANEADORAS. El juez, antes de dar trámite a cualquier petición, señalará los defectos u omisiones, ordenando se subsanen en un plazo perentorio. Si la resolución no se cumple, la petición se tendrá por no presentada. Procede disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. Cuando determinadas circunstancias demostraren que las partes se sirven del proceso para realizar un acto simulado o conseguir un fin prohibido por la ley, corresponde dictar decisión que obste a esos objetivos.
INVESTIGACION. El juez está facultado para decretar de oficio y en cualquier estado del proceso, todas las diligencias y medidas que estime conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos. Puede ordenar que comparezcan las partes, peritos o terceros con el objeto de interrogarlos y mandar realizar las pruebas que considere útiles.
APRECIACION DE LAS PRUEBAS. El juez, salvo texto de ley en contrario, apreciará el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Aplicando esas mismas reglas, podrá tener por ciertas las afirmaciones de una parte, cuando la adversaria guarde silencio o responda con evasivas o no se someta a un reconocimiento o no permita una inspección u otras medidas análogas. Asimismo se encuentra facultado para deducir argumentos de prueba del comportamiento de las partes durante el proceso.
APLICACIÓN DEL DERECHO. Corresponde al juez calificar la relación substancial en litis y determinar las normas que la rigen. Al aplicar el derecho puede prescindir o estar en contra de la opinión jurídica expresada por las partes. No está obligado a analizar en su resolución todas las argumentaciones legales de los litigantes.
LEY QUE LA RIGE. La competencia de los jueces respecto de la materia, valor, turno y grado se determinará por las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
*Artículo 19.- CARACTER. La competencia de los jueces es improrrogable, salvo la territorial en los casos previstos por la ley o en que las partes la prorroguen por convenio expreso o tácito, cuando se trate de intereses meramente privados. No podrá ser delegada pero es permitido comisionar a jueces de otras localidades la práctica de diligencias determinadas.
PRORROGA EXPRESA O TACITA.- La prórroga será expresa si los interesados manifiestan explícitamente y por escrito su decisión de someterse al juez a quien acuden. Será tácita para el actor, por el hecho de entablar la demanda; respecto del demandado, cuando la conteste u oponga excepciones previas sin articular la declinatoria. La sumisión expresa o tácita a un juez en primera instancia, se tendrá por realizada para las demás.
REGLAS GENERALES. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, será juez competente: 1º) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias o una sola pero situada en distintas jurisdicciones, será el del lugar de cualquiera de ellas o alguna de sus partes, con tal que allí mismo tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tales circunstancias, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor. 2º) Las mismas reglas del inciso anterior regirán para las acciones posesorias, de despojo, restricciones y límites del dominio, medianería, deslinde y amojonamiento, división de condominio, cobro y cancelación de créditos hipotecarios y desalojo; 3º) Si se ejercitan acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que aquellos se hallen, o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles a la vez, el que corresponde a estos últimos; 4º) Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación y a falta de éste y a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, con tal que el demandado se halle en él aunque sea accidentalmente y pueda ser citado o emplazado. El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia; 5º) En las acciones emergentes de delitos o de actos lícitos o ilícitos, el del lugar en que aquellos se hubiesen ejecutado o el del domicilio del demandado a elección del actor; 6º) En las acciones personales cuando sean varios los demandados y tengan distintos domicilios, el del domicilio de cualquiera de ellos a elección del actor; 7º) Cuando se ejerciten acciones sobre rendición de cuentas de los administradores de bienes ajenos, el del lugar donde aquellas deban presentarse y no estando determinado, el del domicilio del dueño de los bienes o el del lugar en que se haya administrado el principal de éstos, a elección del actor; 8º) En el concurso civil, el juez del domicilio del deudor; 9º) En los procesos voluntarios el del domicilio de la persona en cuyo interés se promueven, salvo disposición en contrario; 10º) En los pedidos de segunda copia de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron.
*Artículo 22.- REGLAS ESPECIALES. A falta de otras disposiciones, será juez competente: 1º) El del juicio de divorcio o de separación de bienes, para entender en el de exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, alimentos o litis expensas mientras dure aquel; 2º) En los procesos cautelares, salvo los casos de urgencia, el juez que sea competente para entender en el juicio principal; 3º) En las tercerías, el juez del proceso en que se dedujeren; 4º) En el beneficio de justicia gratuita, el juez del proceso en que se quiera hacer efectivo el beneficio; 5º) El del juicio sumarísimo de alimentos, para entender en el juicio sumario tendiente a obtener la cesación, aumento o reducción de los mismos.
EXTENSION. El juez competente para entender en un determinado proceso, lo es para los incidentes, la ejecución de sentencia, honorarios o costas y la transacción realizada en juicio. También le corresponde entender en las obligaciones de garantía o cualquiera otra accesoria y en todas las cuestiones suscitadas por vía de compensación o reconvención, salvo cuando ellas excedieren la cantidad fijada como límite para la competencia del juzgado.
EN RAZON DEL VALOR. La competencia por valor se determinará por el monto del capital, incluidos los intereses y gastos anteriores. Las ampliaciones de la demanda se sumarán al monto originario, remitiéndose el expediente, en su caso, al juez que corresponda. Igual remisión se hará cuando el valor de la reconvención exceda la competencia del juez de la demanda. Las reducciones posteriores a la integración de la relación procesal no alteran la competencia.
DECLARACION DE INCOMPETENCIA. Toda demanda o gestión debe iniciarse ante juez competente. Siempre que de la exposición de los hechos y del derecho resulte evidente la incompetencia, deberá el juez inhibirse de oficio sin más actuación, mandando que el interesado ocurra ante quien corresponda. La incompetencia por razón de la materia es absoluta y será declarada de oficio en cualquier estado del proceso.
PROCEDENCIA. Las cuestiones de competencia sólo pueden promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de las provincias y otros de fuera de ella, o de distinto fuero, en las que también procederá la inhibitoria. En uno y otro caso la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama. Elegida una vía, no podrá usarse en lo sucesivo la otra.
SUBSTANCIACION. La declinatoria se substanciará como las demás excepciones previas. La inhibitoria se resolverá sin más trámite que la vista fiscal, haciéndose saber desde la primera providencia al juez que entiende en el juicio para que suspenda los procedimientos, salvo cualquier diligencia que sea necesaria y de cuya dilación pudiera resultar perjuicio irreparable.
CONFLICTO ENTRE JUECES. Cuando dos jueces se encuentren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá reclamar del otro que se abstenga de seguir entendiendo y le remita el expediente, o en su defecto, lo eleve al superior para que dirima la contienda previa vista fiscal y en el plazo de cinco días. La cuestión de competencia entre dos o más jueces por rehusar todos entender en el proceso, será planteada y decidida en la misma forma.
RECUSACION SIN EXPRESION DE CAUSA. Cada parte puede recusar sin expresar causa, a un juez de primera instancia y a uno de los vocales de los tribunales colegiados, en el primer escrito o actuación o antes de consentir la primer providencia. En iguales casos y oportunidades es recusable el magistrado que intervenga por reemplazo, recusación o excusación. El actor facultado para presentar su primer escrito ante el juez subrogante, manifestando que recusa al que debía entender en el proceso.
LIMITES. El derecho de recusar sin expresión de causa podrá usarse una vez en cada instancia. Cuando sean varios los actores o los demandados, sólo uno de ellos podrá ejercerlo, no dándose trámite a las presentaciones posteriores. No podrán ser recusados sin expresión de causa, los Jueces del Superior Tribunal de Justicia o quienes los reemplacen o subroguen; los jueces de Paz y los que se encuentren entendiendo en los juicios universales y sus incidentes.
*Artículo 31.- CONSECUENCIAS. Deducida la recusación sin expresión de causa, el juez recusado se inhibirá pasando las actuaciones al que le sigue en turno dentro de los cinco días siguientes, sin que por ello se suspenda el trámite, los plazos, ni tampoco el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas. En caso de que se dedujere en una audiencia, ésta se llevará a cabo a los efectos para que hubiere sido fijada.
RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA. Los jueces superiores e inferiores pueden ser recusados por las partes, sus representantes o letrados, por mediar cualquiera de las siguientes causas: 1º) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o segundo de afinidad; 2º) Tener el juez o sus parientes en el grado indicado en el inciso anterior, interés en el proceso o en otro semejante, o sociedad o comunidad, salvo que la sociedad fuese anónima; 3º) Tener el juez o sus parientes, dentro de los grados señalados, pleito pendiente iniciado con anterioridad; 4º) Ser el juez o su cónyuge, acreedor, deudor o fiador, con excepción de los bancos oficiales. 5º) Ser o haber sido el juez, denunciante o acusador fuera del proceso; o haber sido antes de comenzado el mismo, denunciado o acusado; 6º) Haber sido el juez acusado o denunciado en juicio político o ante el Jury de Enjuiciamiento, siempre que la Comisión o autoridad respectiva hubiere aconsejado la formación de causa; 7º) Haber sido el juez, letrado o representante de alguna de las partes o haber emitido dictamen o expresado opinión sobre la cuestión a resolver con conocimiento de las actuaciones; 8º) Haber recibido el juez beneficios de importancia; 9º) Amistad que se manifieste por una gran familiaridad o frecuencia de trato; 10º) Enemistad, odio o resentimiento grave del juez, por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ofensas inferidas al juez después de éste haber empezado a conocer en el proceso; 11º) Tener el juez de segunda instancia, parentesco dentro de los grados expresados anteriormente con el que dictó la sentencia de primera instancia.
EXCUSACION. Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación referidas en el artículo anterior deberá inhibirse. Asimismo lo hará cuando existan otras causas no previstas que le imponen abstenerse de conocer en el proceso por motivos graves de decoro o delicadeza. Las partes no pueden oponerse a la excusación, ni dispensar las causales invocadas. Si el magistrado reemplazante entendiese que aquella es improcedente, sin suspender el trámite del proceso, formará el incidente respectivo que elevará al superior.
SUBSTITUCIÓN DE PATROCINIO O REPRESENTACIÓN. Después que un juez ha empezado a conocer en un determinado proceso, las partes o sus representantes no pueden substituir su abogado o procurador, salvo el caso de fallecimiento de alguno de éstos, por otro motivo con causa legal la recusación o excusación del magistrado.
*Artículo 35.- OPORTUNIDAD. La recusación con causa debe ser deducida en el primer escrito o audiencia o en la primera actuación en que haya de intervenir el recusante. Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro de los cinco días de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de consentirse la citación para la vista de la causa o la providencia de autos. Después de esta oportunidad y antes del fallo, únicamente se le dará trámite cuando se ofreciere probarla con instrumento público.
FORMA DE DEDUCIRLA. La recusación con causa debe deducirse ante el juez recusado o tribunal a que pertenezca. En el escrito que se presente o exposición que se realice, se expresará necesariamente las causas legales que se invocan, los nombres, profesión y domicilios de los testigos que no podrán exceder de cinco, así como los demás medios de prueba de que quiera valerse, acompañando los documentos que se posea y los interrogatorios respectivos.
*Artículo 37.- TRAMITE. En la recusación con causa el juez o vocal afectado, dentro de los cinco días deberá manifestar si acepta o no la misma. Si la acepta, pasará el expediente a su reemplazante legal o se integrará el tribunal en su caso. Si no la acepta, elevará el incidente al superior o se procederá a integrar el tribunal respectivo para que decida sobre su procedencia.
*Artículo 38.- RESOLUCION. Si la recusación no estuviere permitida o fuere extemporánea o sin causa legal, se desestimará sin más trámite. Caso contrario se recibirá en una sola audiencia de ser posible, la prueba ofrecida al recusar con más la que el tribunal estime oportuna, para mejor proveer y acto seguido, se dictará resolución. Esta condenará siempre en costas al vencido, pudiendo imponerle además, una multa que no excederá de un salario, mínimo, vital y móvil mensual.
EFECTOS.- El incidente de recusación no suspende el trámite ni plazo alguno, pero inhabilita al juez para dictar sentencia interlocutoria o definitiva. Los actos cumplidos serán válidos, aún cuando se declare fundada la recusación. Admitida definitivamente una recusación o excusación, el reemplazante legal continuará entendiendo en el proceso aunque desaparezca la causa que la provocó.
RECUSACION DE SECRETARIOS Y JUECES COMISIONADOS. La recusación de los secretarios y jueces comisionados se hará ante el juez que entiende en el proceso y será decidida por éste sin más recurso. En cualquier estado del procedimiento en atención a la gravedad de las circunstancias, el juez podrá disponer la separación preventiva del juez comisionado o funcionario recusado.
IMPROCEDENCIA DE LA RECUSACION. No son recusables los jueces: 1º) Por las bases de arreglo o propuesta que realicen u opinión que emitan con el objeto de procurar un avenimiento entre las partes; 2º) En los procesos cautelares y en las diligencias preparatorias, cualquiera sea su naturaleza, salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 29; 3º) En la ejecución de las sentencias, salvo por causas nacidas con posterioridad; 4º) En las diligencias cometidas por otros jueces, a menos que fuesen probatorias; 5º) En el incidente de recusación.
FORMAS Y REQUISITOS GENERALES. Las resoluciones judiciales serán dictadas en forma de providencia de trámite, interlocutorias y definitivas. A excepción de las de trámite pronunciadas por el presidente en las audiencias del juicio oral, las resoluciones deben ser siempre escritas y contener la designación del lugar y fecha, así como la firma de quien las dispone.
*Artículo 43.- PROVIDENCIAS DE TRAMITE. Las providencias de trámite se dictarán dentro de los cinco días de presentadas las peticiones por las partes. Las de urgencia, serán pronunciadas de inmediato. El secretario deberá, con su sola firma: 1º) Agregar documentos, testimonios de partidas, exhortos, oficios, pericias, inventarios y demás actuaciones semejantes que corresponda incorporar al expediente. 2º) Devolver los escritos que se presentaren fuera de plazo o sin las copias correspondientes; así como los exhortos y oficios una vez diligenciados; 3º) Correr vistas a los ministerios públicos y demás funcionarios que intervengan en el proceso; 4º) Expedir a solicitud de parte interesada certificados o testimonios y otorgar recibos en papel común de los escritos o documentos presentados; 5º) Señalar las audiencias que se pidan y mandar realizar las medidas dispuestas por el juez en los expedientes, firmando los oficios dirigidos a reparticiones de la provincia. Quedan exceptuados los que se libren al Poder Ejecutivo, sus ministros, Presidente de la H. Legislatura y autoridades judiciales de igual o superior jerarquía, así como los que dispongan la extracción o transferencia de fondos.
RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS. Las resoluciones o sentencias interlocutorias se dictarán, salvo disposición en contrario, dentro de los quince días de puesto el expediente a despacho. Deben contener: 1º) La motivación o fundamentos; 2º) Decisión expresa, positiva y precisa sobre las cuestiones planteadas; 3º) Pronunciamiento sobre costas y regulaciones de honorarios de los profesionales.
*Artículo 45.- DEFINITIVAS DE PRIMERA O UNICA INSTANCIA. Las sentencias definitivas de primera instancia serán dictadas, salvo lo previsto para casos especiales, dentro de treinta días de puesto el expediente a despacho. Las de los tribunales de única instancia, se pronunciarán inmediatamente después de concluido el debate, pudiendo ser diferidas hasta el décimo(**) día cuando se trate de cuestiones complejas. Deben contener: 1º) El nombre y apellido de las partes y de las personas que las hayan representado; 2º) La relación sucinta de las cuestiones que originaron el proceso; 3º) La expresión de los motivos de hecho y de derecho en que se funda; 4º) Decisión expresa y precisa, total o parcialmente positiva o negativa, sobre la acción o acciones deducidas y sobre las excepciones opuestas; 5º) Pronunciamiento sobre costas y regulación de honorarios de los profesionales.
MONTO DE LA CONDENA. Cuando la sentencia contenga condenación de frutos, intereses, daños o perjuicios, fijará su monto si ello fuere posible o establecerá las bases sobre que haya de hacerse la liquidación y el plazo en que deberá ser abonado, que no excederá de treinta días. Asimismo determinará prudencialmente el importe del crédito o perjuicios reclamados siempre que su existencia estuviese legalmente comprobada y no resultase justificado ese importe.
DEFINITIVAS DE SEGUNDA INSTANCIA. Las sentencias definitivas de segunda instancia, salvo disposición en contrario, resolverán únicamente las cuestiones que hubiesen sido sometidas a la decisión del inferior y que son materia de recurso. Cuando la ley no fije plazo, se dictarán dentro de los cuarenta días de puesto el expediente a despacho. Toda vez que se estimen suficientes los fundamentos del aquo, podrán el pronunciamiento adherir a la resolución recurrida. Caso contrario, el mismo observará en cuanto sea pertinente, las normas establecidas en los artículos anteriores.
*Artículo 48.- RESOLUCIONES DE TRIBUNALES COLEGIADOS. En los tribunales colegiados, las providencias de trámite serán pronunciadas por el juez que preside la causa. Serán recurribles por ante el Cuerpo cuando afecten algún derecho de las partes. El reclamo será fundado y deberá deducirse dentro de cinco días de conocida la providencia o acto seguido si ésta se dictare en audiencia. Contra la decisión del Cuerpo no habrá recurso alguno. Las resoluciones interlocutorias o sentencias definitivas se dictarán por mayoría y cada miembro fundará su voto o su adhesión. Tratándose de resoluciones interlocutorias y existiendo unanimidad podrá prescindirse de las formas establecidas para el acuerdo.
*Artículo 49.- ACLARATORIA. Notificada una resolución no podrá ser variada ni modificada. Pero se puede, dentro de los cinco días siguientes a la última notificación y sin alterar lo substancial, de oficio o a petición de parte, sin substanciación: corregir errores materiales, aclarar algún concepto oscuro y suplir cualquier omisión. El plazo para interponer recursos no corre sino desde la notificación de la resolución aclaratoria.
COLABORACION. Corresponde a las partes llenar estrictamente en la forma y en el tiempo prescripto por la ley los requisitos procesales que ésta exige para que el juez pueda proveer. Asimismo, están obligadas a prestar al órgano jurisdiccional con veracidad y buena fe, la colaboración necesaria para el debido esclarecimiento de los hechos discutidos.
EVENTUALIDAD. Salvo disposición en contrario, las partes están en la obligación de hacer valer o aportar en cada oportunidad, conjuntamente y de una sola vez, todos los medios de ataque y defensa de que tuvieren conocimiento o se encuentre a su alcance. Si no lo hicieren, se tendrá por renunciado el derecho que no se ejercitó, correspondiendo desestimar toda petición que se pudo formular con anterioridad.
*Artículo 52.- DOMICILIO LEGAL. 1963). Las partes o todos aquellos que a cualquier título intervengan en el proceso, deben constituir domicilio legal dentro de los tres kilómetros del asiento del juzgado o tribunal. Este domicilio subsistirá para los efectos legales mientras no se constituya otro y en él se practicarán todas las notificaciones que no deban realizarse en el domicilio real. No constituyéndose domicilio legal o cuando se constituya uno falso o desaparezca el local elegido o la numeración del mismo, se realizará las notificaciones por ministerio de la ley. Con la primera diligencia que se practique se tendrá por intimado al demandado la constitución de un domicilio legal dentro del radio señalado en la primera parte de este artículo, bajo apercibimiento de considerarse notificadas por ministerio de la ley todas las resoluciones posteriores, cualquiera sea su naturaleza.
DOMICILIO REAL. Las partes por sí o por medio de sus mandatarios o representantes legales, tienen la obligación de denunciar el domicilio real y sus cambios. Si así no lo hicieren, se tendrá por domicilio real, el legal que hubiesen constituido y a falta de este último se le notificarán las resoluciones por ministerio de la ley.
*Artículo 54.- ASISTENCIA AL TRIBUNAL. Las partes por sí o por medio de sus mandatarios o representantes legales, deben concurrir a la oficina del actuario los días martes y jueves o el siguiente hábil si alguno de ellos fuere feriado, para enterarse de las providencias y actuaciones. Con el mismo objeto, dentro del plazo de prueba deberán concurrir diariamente. Los que concurran a la oficina en los días señalados deberán acreditarlo firmando en el libro especial que llevará cada secretaría y estará a la vista, debiendo el secretario, diariamente, al finalizar las horas de despacho, certificar al pie de la página los nombres de los concurrentes.
MUERTE O INCAPACIDAD. Cuando la parte falleciere o se hiciera incapaz, comprobado el hecho, se fijará un plazo a los herederos o al representante legal para que tome intervención en el proceso. Si la parte hubiere estado actuando personalmente, la tramitación se suspenderá. El emplazamiento a los herederos o al representante legal será realizado bajo apercibimiento de seguir el juicio en rebeldía o nombrarles un defensor según que sea o no conocido el domicilio de los mismos. Si una vez vencido el plazo no comparecieren, se hará efectivo el apercibimiento.
SUBSTITUCION DE PARTES. Si durante la tramitación del proceso se enajena por una de las partes, el bien objeto del litigio o se cede el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Puede hacerlo como tercero coadyuvante.
CAPACIDAD PROCESAL. El actor, el demandado y los terceros intervinientes que comparezcan por sí mismos, deberán ser capaces para estar en juicio. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes conforme esté dispuesto por la ley, sus estatutos o sus contratos. Las personas que no tienen el libre ejercicio de sus derechos comparecerán representadas, asistidas o autorizadas, según las leyes que regulan su capacidad.
DISCERNIMIENTO DE TUTOR O CURADOR. Cualquiera que tenga interés legítimo y el Ministerio Público, podrán pedir el nombramiento de tutor o curador para un menor o incapaz que sea o haya de ser parte en un juicio. La solicitud se tramitará de acuerdo con las disposiciones relativas a los procesos voluntarios. En la misma forma se procederá cuando corresponde la habilitación para comparecer en juicio.
ADQUISICION DE CAPACIDAD. Si durante el transcurso del juicio se hiciere capaz una parte que no lo era, se seguirán con ella los procedimientos. Los actos consumados antes de la comparecencia serán válidos, sin perjuicio de las reclamaciones que ésta pudiera tener contra su ex-representante.
*Artículo 60.- JUSTIFICACION DE LA PERSONERIA. Los representantes deberán acreditar la personería invocada con su primera gestión, presentando los instrumentos o documentos del caso. Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial vigente, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el representante, con la declaración jurada de este sobre su fidelidad. En casos urgentes podrá admitirse la participación en juicio sin los instrumentos o documentos que justifiquen la personería, pero si no fueran presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de treinta días, se anulará lo actuado por el participante, quien pagará las costas y los daños y perjuicios que hubiere ocasionado su actuación. El plazo no será perentorio y de su denuncia se dará vista por cinco días al participante, quien al evacuarla, podrá presentar el documento habilitante o hacer ratificar la gestión corriendo con las costas de la incidencia.
"CAUTIO DE RATO ET GRATO" POR PARIENTES. Podrá asumirse la representación de parientes ausentes del país dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sin necesidad de acompañar poder, prestando caución de que los actos serán ratificados. Si no fuesen ratificados dentro de dos meses, contados desde que comenzó la gestión, quedará anulado todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas y daños y perjuicios que haya causado.
FORMA DE LOS PODERES. No se requerirá poder otorgado ante escribano público, bastando carta poder certificada por un secretario de primera instancia o por cualquier juez de paz de la provincia, previa justificación de la identidad del otorgante, en los procesos: 1º) En lo que sea competente la justicia de paz y todo asunto en que el valor de lo cuestionado no exceda el importe de tres salarios mínimo, vital y móvil mensual, aunque con posterioridad a la demanda pudiera resultar una suma mayor; 2º) Cuando se solicite únicamente la rectificación o inscripción de partidas de registro civil; 3º) Tendientes a cumplir los requisitos exigidos por las instituciones de previsión del Estado; 4º) Que promueven por alimentos los representantes de menores; 5º) Sumarísimos y en los que se demande el ejercicio de la patria potestad, las cesación, aumento o reducción de alimentos; el desalojo de inmuebles y consignaciones conexas, en toda clase de informaciones sumarias y certificación de firmas; 6º) Sucesorios en que el haber hereditario está constituído por la vivienda, muebles de uso familiar indispensable e instrumento necesarios para el ejercicio de una profesión, arte u oficio; o por el terreno para construir la vivienda.
ALCANCE DEL PODER. El poder para estar en juicio, sea general o para un asunto determinado, comprende las facultades necesarias para realizar todos los actos procesales establecidos en este Código y además las de percibir, substituir y prorrogar jurisdicción. El mandante puede limitar la extensión de dicho poder, haciendo reserva expresa de determinadas facultades.
OBLIGACIONES DEL APODERADO. El apoderado está obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces los emplazamientos, citaciones, notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entienda con éste. Exceptúanse las actuaciones que la ley dispone sean notificadas personalmente a la parte.
REVOCACION DEL MANDATO. La intervención personal del poderdante no hace cesar el mandato. La revocación debe ser expresa y surte efectos desde que es aceptada judicialmente. En este caso el mandante debe comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el proceso en rebeldía.
RENUNCIA DEL MANDATO. En caso de renuncia del apoderado, deberá continuar sus gestiones hasta que se haya vencido el plazo señalado al poderdante para reemplazarlo, bajo pena de daños y perjuicios. Si al vencimiento del plazo preindicado no compareciere el poderdante, por sí o por medio de otro apoderado, el proceso se seguirá en su rebeldía.
MUERTE O INCAPACIDAD DEL PODERDANTE. En caso de muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante, el apoderado continuará en el ejercicio del mandato hasta que venza el plazo acordado a los herederos o al representante legal para tomar intervención en el proceso. El mandatario está obligado a denunciar el nombre y domicilio de los herederos o del representante legal si los conociere, bajo pena de perder el derecho a cobrar honorarios.
MUERTE O INHABILIDAD DEL APODERADO. En caso de muerte o inhabilidad del apoderado, el proceso quedará en suspenso y se pondrá el hecho en conocimiento del mandante fijándole un plazo para que comparezca a ejercer sus derechos. Si vencido el plazo no compareciere, se continuará el juicio en rebeldía. Si se tratare de un apoderado sustituto, la muerte o inhabilidad del sustituyente no hace caducar la personería.
*Artículo 69.- UNIFICACION DE LA PERSONERIA. Cuando sean varios los actores o demandados, el juez, de oficio o a petición de parte, les intimará para que dentro de diez días constituyan un solo representante, siempre que no resulten intereses encontrados. Si transcurrido el plazo, las partes no se avinieren al nombramiento del representante único, el juez lo designará eligiendo de entre los que intervienen en el juicio y sin recurso alguno.
REVOCACION POR LOS LITISCONSORTES.- Una vez hecho por las partes o por el juez el nombramiento común, podrá revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el juez a petición de alguna de ellas, si en este último caso hubiere motivos que la justifiquen. La revocación no comenzará a producir sus efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario.
PATROCINIO OBLIGATORIO.- Las partes, ya actúen personalmente o por medio de representantes, deben hacerse asistir por letrado. De este patrocinio sólo podrá prescindirse en los procesos en que sea competente la justicia de paz, en los procesos voluntarios cuando no se trabe contienda y en las gestiones realizadas por los procuradores para obtener providencias de trámite. Los escritos que debiendo llevar firma del letrado no la tuvieran, deben ser rechazados por los secretarios, sin ponérseles cargo.
FUNCION DE LOS ABOGADOS.- Los abogados en el proceso civil, prestarán su asistencia como colaboradores del órgano jurisdiccional y en servicio de la justicia. Deben actuar con lealtad y probidad. Los jueces vigilarán el comportamiento de los letrados y sin perjuicio de penar las faltas que cometieren, tendrán presente la inobservancia de sus deberes al practicar las regulaciones de honorarios.
OBLIGACION DE PROCURAR AVENIMIENTO.- Los abogados deben procurar un avenimiento amigable entre las partes antes de promover el juicio. Pueden requerir del secretario en turno cite a su oficina a la persona que van a demandar. Cuando los letrados comparecientes de común acuerdo lo soliciten, podrá intervenir el juez en la tentativa de conciliación. Si no hubiere avenimiento o no concurriere la persona citada, se dejará constancia en un libro que a ese fin deben llevar las Secretarías.
DERECHO A SOLICITAR ANTECEDENTES.- Los abogados podrán dirigirse directamente a las instituciones públicas, bancos y entidades similares, solicitando informes o certificados sobre hechos concretos relativos al proceso. En la solicitud se hará constar el nombre de las partes, número del expediente y nombre del juez y secretario. Las instituciones requeridas deberán expedirse remitiendo sus informes directamente al juez.
INTERVENCION VOLUNTARIA.- Los que sin ser partes en un juicio tengan un interés legítimo justificado sumariamente, podrán intervenir en él, sea cual fuere la estación e instancia en que se encuentre.
PROCEDIMIENTO PREVIO.- El pedido de intervención se propondrá por escrito, acompañándose los documentos justificativos del interés invocado, debiendo además contener en lo pertinente, los requisitos de toda demanda. Será substanciado con un traslado a ambas partes para que expresen si aceptan o se oponen a la intervención.
INTERVENCION COADYUVANTE.- Cuando la intervención fuese coadyuvante del derecho de alguno de los litigantes, no se retrogradará ni suspenderá el curso del proceso. El tercero coadyuvante no podrá alegar ni probar lo que estuviese prohibido al principal.
INTERVENCION EXCLUYENTE.- Cuando la intervención fuese excluyente y el juicio pendiese en primera instancia, se suspenderá el procedimiento de éste y tramitada aquélla en la forma que corresponda hasta quedar ambas en igual estado, se continuarán en el mismo expediente, hasta resolverse en una sola sentencia. Si el proceso estuviere en segunda instancia, se tramitará en pieza separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de aquéllas, a menos que se interponga la demanda en segunda instancia renunciando a la primera.
INTERVENCION OBLIGADA.- El actor en el escrito de demanda y el demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas, podrán pedir se dé intervención al que consideren común la controversia, debiendo emplazársele o citársele en la forma ordinaria. El tercero interviniente será oído después de la contestación del demandado.
EMPLAZAMIENTO AL TERCERO.- El emplazamiento o citación de un tercero, suspenderá el procedimiento hasta su comparecencia o hasta que vencido el plazo respectivo, se le dé por decaído el derecho de intervenir en el juicio. El tercero, dentro del plazo del emplazamiento o citación, puede impugnarlo y la impugnación se tramitará en la forma establecida para los incidentes.
CONTINUACION DEL PROCESO PRINCIPAL.- En los casos en que proceda la suspensión del juicio principal, cualquiera de las partes podrá pedir su continuación independiente cuando resulte manifiesto que el tercero actúa sin derecho y sólo para obstaculizar el procedimiento.
EFECTOS DE LA INTERVENCION.- Salvo disposición en contrario, el interviniente será considerado como parte distinta de los otros litigantes y sus actos no perjudicarán ni aprovecharán a los demás. La sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación o emplazamiento en su caso, lo afectará como a los litigantes principales.
*Artículo 83.- FUNDAMENTOS Y TRAMITE.- Las tercerías deben fundarse en el dominio o en la posesión, o en el derecho que el tercero tenga de ser pagado con preferencia. Unas y otras se substanciarán con las partes del proceso principal, en pieza separada y por los trámites establecidos para los incidentes pero el traslado de la demanda del tercerista será por seis días.
REQUISITOS.- No se dará curso a ninguna tercería si "prima facie" no se comprobare, con documentos fehacientes o en forma sumaria en su caso, el derecho que la abone, o si no fuere otorgada fianza bastante para responder a los perjuicios que irrogue la suspensión del proceso principal.
OPORTUNIDAD.- Las tercerías de dominio y las de posesión deben ser deducidas antes que se dé al comprador la posesión de los bienes. Las de mejor derecho, antes que se haga pago al acreedor. Toda vez que el tercerista haya interpuesto su demanda después de quince días de ejecutada la medida o desde que tuvo noticia de ella o desde que se rechazó el pedido de levantamiento, abonará las costas que origine su presentación tardía.
EFECTOS EN EL PRINCIPAL.- Deducida la tercería el juicio principal proseguirá su curso; pero si fuera de dominio o posesión, consentida o ejecutoriada que sea la orden de venta de los bienes, se suspenderán los procedimientos de éste hasta que se decida aquélla. Cuando sea de mejor derecho, con intervención del tercerista podrán venderse los bienes, suspendiéndose el pago hasta que se resuelva sobre la preferencia, salvo si se otorga fianza real para responder a las resultas de la tercería.
SUBSTITUCION DE LA MEDIDA.- El tercerista puede solicitar el levantamiento de las medidas decretadas sobre los bienes que estima de su propiedad, otorgando fianza suficiente para asegurar los resultados desfavorables a que puede arribar la tercería.
AMPLIACION DE LA CAUTELA.- La deducción de cualquier tercería autorizará al que en el proceso originario obtuvo el aseguramiento, a solicitar sobre los bienes de su supuesto deudor la adopción de otras medidas precautorias eficaces para garantir sus derechos.
LEVANTAMIENTO SIN TERCERIA.- El tercero perjudicado por una medida de garantía puede solicitar su levantamiento sin promover juicio, acreditando al presentarse su posesión en conformidad con el título de propiedad que exhiba, según la naturaleza de los bienes. Del pedido de levantamiento se dará traslado al que solicitó la medida. La resolución es recurrible cuando ordena el levantamiento. Si lo deniega, el interesado puede interponer demanda de tercería.
OPORTUNIDAD.- Tanto el actor como el demandado podrán solicitar la citación de evicción y saneamiento: el primero, antes o al tiempo de entablar la demanda; y el segundo, dentro del plazo para oponer excepciones previas si se tratare del juicio ordinario o dentro del fijado para la contestación en los demás procesos.
FORMA Y EFECTOS.- El tercero será llamado en la misma forma y plazo que el establecido para el demandado y se decretará sin substanciación alguna. La citación solicitada en tiempo, suspende el curso del proceso durante veinte días, a fin de que el citante haga practicar las diligencias necesarias para el conocimiento del citado. No se suspenderá, mientras tanto, el plazo ni la tramitación de las excepciones previas.
DEFENSA POR EL CITADO.- Si el citado asumiere la defensa podrá obrar conjunta o separadamente con aquel que pidió la citación. No obstante que el citado realice la defensa, puede el que pidió la citación actuar en el proceso en la forma determinada para la intervención de terceros.
*Artículo 93.- CITACION DE OTROS CAUSANTES.- Si el citado pretendiese citar a su vez a su causante, podrá hacerlo dentro de los primeros diez días de su emplazamiento, sin perjuicio de la obligación de seguir el proceso por sí mismo. En las mismas condiciones puede cada uno de los causantes en la cosa litigiosa, hacer citar a su causante respectivo.
ABSTENCION Y TARDANZA DEL CITADO.- Si el citado no compareciere o se resistiere a tomar la defensa de la causa, se seguirá ésta con el que pidió la citación, salvo los derechos de éste contra aquel. Ambas partes, no obstante la continuación del juicio podrán seguir haciendo las gestiones necesarias para el comparendo del citado. Si éste se presentare después, tomará la causa en el estado en que la encuentre.
CUESTIONES ENTRE CITANTES Y CITADOS.- El citado no podrá alegar la improcedencia de la citación, formando incidente, debiendo limitarse a hacer o no hacer la defensa. Llegado el caso de responsabilidad, recién podrá ventilarse este punto en el juicio que corresponda.
FORMA DE JUICIO.- La acción indirecta, oblicua o subrogatoria que autoriza el Código Civil, se substanciará por el trámite que corresponda a la naturaleza y valor de las obligaciones que se atribuyen al demandado, con las modificaciones que prescriben los artículos siguientes.
EMPLAZAMIENTO DEL DEUDOR.- El deudor será emplazado al mismo tiempo que el demandado y en la forma ordinaria. Se le correrá traslado por el plazo que corresponda, durante el cual sin perjuicio de las defensas de fondo, podrá formular oposición manifestando haber ya iniciado la misma acción, en cuyo caso la cuestión se substanciará y decidirá como las excepciones previas.
ACCION EJERCITADA POR EL DEUDOR.- Si el deudor emplazado ejercita la acción personalmente presentando la respectiva demanda, se le considerará como actor siguiéndose el juicio con el demandado. En este caso, así como cuando el deudor hubiese iniciado la acción con anterioridad, el acreedor podrá intervenir en el proceso como tercero coadyuvante.
ABSTENCION E INCOMPARENCIA DEL DEUDOR.- Si el deudor comparece y no ejerce ninguno de los derechos acordados en los artículos anteriores, se le dará en lo sucesivo la participación que corresponda a los terceros. Si no comparece, se seguirá el juicio sin su intervención. En uno y otro caso, el deudor queda obligado a absolver posiciones, reconocer documentos y prestar la colaboración necesaria como los demás litigantes. Asimismo la sentencia que se dicte sea en su favor o en contra, hará cosa juzgada.
ALCANCE.- La condena en costas comprende todos los gastos causados u ocasionados por la exigencia inmediata de la substanciación del proceso. También se considerarán comprendidos los que se han debido indispensablemente realizar con el objeto de evitar el pleito. Asimismo será objeto de reintegro las pérdidas de tiempo ocasionadas por la asistencia a las audiencias a las que necesariamente se ha tenido que concurrir. Se aplicarán en este caso, los preceptos reguladores de indemnizaciones de los testigos.
EXCLUSION.- No serán objeto de reintegro los gastos voluntarios, superfluos e inútiles. Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. Si los gastos fuesen notoriamente excesivos, serán moderados prudencialmente por el juez.
PRINCIPIO GENERAL.- La parte vencida será condenada a pagar las costas del proceso o incidente aunque no mediare pedido de su contrato. Por excepción, el órgano jurisdiccional podrá eximir en todo o en parte al vencido, cuando las constancias del proceso demuestren que ha litigado con algún derecho y de buena fe. En este caso el pronunciamiento será fundado, bajo pena de nulidad.
VENCIMIENTO PARCIAL Y MUTUO.- Si el resultado del proceso o incidente fuere parcialmente favorable para ambos litigantes, las costas se compensarán o distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Cuando la reducción de las pretensiones de una de las partes fuere de poca importancia, procederá la condenación total en costas al adversario.
DISTRIBUCION PROPORCIONAL.- Si la condenación en costas recae sobre varios, se distribuirá entre ellos, salvo que por la naturaleza de la obligación material del litigio, fuere ésta solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio, ofrezca considerables diferencias, podrá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés.
COSTAS AL VENCEDOR.- Cuando de los antecedentes del proceso resulte que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allana de inmediato a la misma, la parte actora será condenada en costas. El litigante que incurra en evidente "plus petitio" será condenado en costas si el adversario hubiese reconocido la justicia de la reclamación hasta el límite establecido en la sentencia. No hay "plus petitio" cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de dictamen de peritos o de rendición de cuentas.
CASOS DE ANULACION.- Si el procedimiento se anulase por causa imputable a una de las partes, serán a su cargo las costas producidas con motivo del acto o la omisión que dió origen a la nulidad. Si ella debiera atribuirse a culpa de los jueces, cargarán éstos con las costas.
EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD.- En toda clase de procesos los funcionarios judiciales, abogados, procuradores, peritos y en general toda persona que por su impericia, negligencia o mala fe ocasionare costas será personalmente responsable de aquellas. La condena en estos casos será especialmente pronunciada, haciendo mérito de las circunstancias que la motiven.
PROCEDENCIA.- El que por carecer de recursos, por cargas de familia u otras circunstancias semejantes, le resulte difícil sufragar los gastos y costas del proceso, podrá gestionar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso se le conceda el beneficio de justicia gratuita, con arreglo a las disposiciones de ese Capítulo.
SOLICITUD.- La solicitud se presentará en papel simple y deberá mencionar las calidades personales del peticionante, los hechos o circunstancias en que se funde, el proceso en que se quiere hacer efectivo el beneficio o la persona que se demandará y la prueba que se ofrece o cuya recepción se solicita. Los testigos podrán firmar la solicitud y se tendrá por prestada la declaración respectiva con la sola ratificación de la firma, efectuada en el acto de la presentación, con las formalidades de ley, por ante el actuario.
TRAMITE.- Cuando toda la prueba no se hubiere recibido en el momento mismo de presentarse la solicitud, corresponde ordenar de inmediato las diligencias necesarias para que se produzcan a la mayor brevedad. Asimismo las que el magistrado estime conveniente disponer de oficio se decretarán acto seguido de recibirse la solicitud.
*Artículo 111.- RESOLUCION.- Dentro de los cinco días de recibida la prueba, el juez dictará resolución acordando o denegando el beneficio. Toda vez que la resolución se pronuncia pasados diez días desde que se presentó la solicitud, deberá quien la dicte, elevar al superior un informe explicativo de las causas que dieron lugar a la demora. La omisión del informe o el retardo injustificado, constituyen falta grave.
CARÁCTER DE LA RESOLUCION.- La resolución ya sea que deniegue o que acuerde el beneficio, no causa estado. Si fuere denegatoria, el interesado o su defensor pueden ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. La que lo acuerde podrá ser dejada sin efecto a pedido de cualquier interesado cuando se demuestre que la persona a cuyo favor se realizó no tiene derecho a beneficio. La impugnación se tramitará por el procedimiento de los incidentes.
BENEFICIO PROVISIONAL.- El trámite para obtener el beneficio no suspende el procedimiento. El que lo haya pedido, actuará provisionalmente como si estuviese acordado, sin perjuicio de satisfacer el sellado y demás gastos en caso de denegación.
ALCANCE.- El que obtuviere el beneficio, no estará obligado al pago de ninguna clase de costas o gastos judiciales. Sin embargo, deberá reembolsar los mismos si hubiere obtenido resultado económicamente favorable en el juicio o si llegara a mejor fortuna.
CONDICION DEL DEMANDADO.- Cuando el beneficio se acordare al actor, lo gozará también el demandado en la misma extensión que aquél. La sentencia definitiva del proceso principal dispondrá en forma expresa cómo deben pagarse las costas.
*Artículo 116.- DEFENSA DEL BENEFICIARIO.- La representación y patrocinio del beneficiario será asumida por el defensor oficial, salvo que desee confiar su defensa a profesionales de matricula. En este ultimo caso el mandato que confiera podrá hacerse por acta labrada ante el actuario u otorgando carta poder cualquiera sea el monto del asunto. Los profesionales de la matricula percibirán los honorarios de la parte contraria que fuere condenada en costas. En cuanto a los honorarios que se regulen al defensor oficial serán destinados en su totalidad a los fines previstos en el Artículo 154º de la Constitución Provincial.
EXTENSION A OTRO JUICIO.- Una vez concedido el beneficio, sin necesidad de nueva información puede hacerse extensivo a otro proceso. A estos efectos el interesado o su defensor, al formular el pedido deberán afirmar bajo juramento que no han variado las condiciones que se tuvieron presentes al acordarlo.
RENUNCIA A ACTOS DEL PROCESO.- Puede renunciarse al beneficio de uno o más actos del proceso o a situaciones procesales favorables ya adquiridas. En estos casos, el juez decidirá en consideración a las circunstancias, cómo deben pagarse los gastos.
DESISTIMIENTO DEL PROCESO.- En cualquier estado anterior a la sentencia, las partes de común acuerdo pueden desistir del proceso. Si el desistimiento no fuere formulado por todas las partes, se dará traslado a las demás, notificándoseles por cédula, bajo apercibimiento de que si no se oponen, se les tendrá por conformes. Las costas serán a cargo de la que desista. No es necesaria la conformidad del demandado cuando el actor desiste de la demanda antes de ser ésta notificada.
DESISTIMIENTO DEL DERECHO.- Antes de la sentencia definitiva, cualquiera de las partes puede desistir del derecho en que funde su acción o defensa, debiendo el juez sin más trámite, darla por desistida, con costas.
TRANSACCION.- Cuando las partes efectuaren una transacción, presentada que sea al juez, surtirá efectos inmediatamente. Si ella versare únicamente sobre determinados puntos o con relación a determinadas personas, podrá continuarse el juicio en el mismo expediente, en todo cuanto no ha sido materia de transacción. El cumplimiento de la transacción podrá solicitarse también en el mismo expediente y se tramitará por el procedimiento de la ejecución de sentencia.
TEXTO DE ACTUACIONES.- En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas; no se rasparán las frases equivocadas, sobre las que se pondrá una línea que permita su lectura escribiéndose entre renglones las palabras que hayan de reemplazarlas, salvándose el error al fin de la diligencia y antes de la firma.
CONTENIDO DE ACTAS.- El acta debe contener la mención de las circunstancias de lugar y tiempo en que se cumple el acto de que dan cuenta. Asimismo, indicando las personas que han intervenido, describirá las actividades cumplidas en lo que tengan de substancial y atinente al proceso. Finalizada la diligencia, el secretario, salvo que la ley disponga otra cosa, invitará que la suscriban a los que hayan intervenido. Si alguno de ellos no puede o no quiere firmar, dejará constancia del hecho.
TESTIGOS DE LAS ACTUACIONES.- En las actuaciones no podrán ser testigos los parientes del secretario o del juez de paz o notificador en su caso, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni sus amigos íntimos, empleados y dependientes del tribunal en que aquellas se realicen.
COMPROBACION DE IDENTIDAD.- El juez y el secretario podrán exigir en todo momento la comprobación documental de la identidad personal de los que intervengan en los procesos, cualquiera sea su carácter. Si realizada una intimación en este sentido no fuere cumplida, podrá tenerse por no presentados los escritos del remiso o no dársele audiencia, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las sanciones disciplinarias correspondientes.
INFORME DEL ACTUARIO.- En los casos en que para dictar resoluciones, el juez requiera un informe previo o certificado sea del actuario u otros secretarios, lo ordenará verbalmente y se expedirá por escrito en el expediente. Si fuera pedido por alguna de las partes, el actuario lo efectuará a continuación del cargo o de la gestión verbal respectiva.
EXTRACCION O TRANSFERENCIA DE FONDOS.- De todo pedido de extracción o transferencia de fondos, el actuario, sin necesidad de resolución, certificará acerca de la disponibilidad de los mismos, siendo responsable en caso de que existan trabas que no haya hecho constar en la diligencia. Efectuada la certificación, pasará el expediente a despacho. No será necesario que quede consentida la decisión que dispone de fondos, si hubiere conformidad de todas las partes para que se proceda a la entrega o transferencia.
GESTIONES VERBALES.- Podrá hacerse o gestionarse mediante simple anotación en el expediente, bajo la firma del solicitante y del actuario, la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poder o documentos, agregación de pruebas, entrega de edictos y en general todo pedido de providencias de trámite.
REDACCION.- Los escritos serán redactados a máquina o a mano con tinta negra y fija en forma legible fácilmente, sin claros, salvándose toda enmienda o palabras escritas entre líneas. En la parte superior deberán llevar una suma o resumen del petitorio y a menos que con él se inicie alguna gestión, mencionarán el número del expediente respectivo. Las firmas serán aclaradas a máquina o mediante sello; en la campaña, en su defecto, bajo de las mismas, se consignará caligráficamente el nombre y apellido de los firmantes.
ESCRITOS DE LOS QUE NO SABEN O NO PUEDEN FIRMAR.- Los escritos de personas que no saben o no pueden firmar, se refrendarán con la impresión dígito pulgar derecha u otra del interesado. A continuación, el abogado, actuario o el juez de paz en su caso, certificará que la persona conoce el texto del escrito y ha estampado de conformidad la impresión digital en su presencia. Si al interesado no le fuere posible estampar ninguna impresión digital, se dejará en igual forma, constancia del hecho.
COPIAS.- De todo escrito o documento que se presente, deben acompañarse tantas copias claramente legibles y suscritas por el interesado, como partes contrarias tenga en el proceso. Las copias serán entregadas a la otra u otras partes, al notificárseles la resolución recaída en el escrito.
DEVOLUCION.- Los jueces y secretarios devolverán los escritos que no se ajusten a las disposiciones precedentes o en cuya redacción no se observe el estilo forense adecuado. Ordenada la devolución de un escrito se transcribirá, en el expediente su petitorio el que surtirá efecto y será proveído, en todo caso, según corresponda.
RATIFICACION.- En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrá el juez o secretario llamar a su despacho al litigante para que, en su presencia, ratifique la firma o el contenido del escrito. Si el citado lo negara, rehusa contestar o no compareciere sin causa justificada, debe tenerse el escrito por no presentado.
DOCUMENTOS EXTRANJEROS.- Todo documento redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse con su correspondiente traducción, hecha por traductor público autorizado. Si así no se hiciere, el juez designará el experto que ha de realizarla previo juramento de ley y a costa del interesado.
*Artículo 135.- CARGO.- Inmediatamente de recibido un escrito, el actuario le pondrá cargo haciendo constar la fecha y hora de su presentación. El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo surtirá efectos legales si es entregado en la secretaría que corresponda dentro de las dos primeras horas de despacho del día hábil inmediato.
FECHADOR MECANICO.- El Superior Tribunal podrá disponer que la fecha y hora de presentación de los escritos se efectúe con un fechador mecánico. En este caso, la firma del secretario puesta a continuación de la constancia del fechador servirá de cargo.
RECIBO DE ESCRITOS.- Todo interesado que haga entrega de un escrito o documento podrá solicitar verbalmente y en el acto, que se le dé una constancia de ello. A tal fin, si lo estima necesario presentará una copia de los mismos para que al pie o al dorso de ella el secretario realice la certificación respectiva.
*Artículo 138.- FIJACION.- Es prohibido señalar audiencias para después de quince días de la fecha del pedido. Si se tratare de una nueva por no haberse podido realizar la anterior, se señalará dentro de los primeros cinco días hábiles. Las audiencias deben ser notificadas con una anticipación no menor de cinco días, salvo que razones especiales exijan mayor brevedad. Los jueces y secretarios habilitando los días y horas que fuere menester adoptarán las providencias necesarias para dar estricto cumplimiento a esta disposición. Su infracción se considerará siempre falta grave.
CELEBRACION.- Las audiencias se verificarán con la parte o partes que asistan, sin esperarse a los demás interesados más de treinta minutos. Si transcurrida esta espera no tuvieren lugar por inconvenientes del juzgado o tribunal, las partes podrán retirarse dejando constancia del hecho en el expediente con certificación del actuario. Cuando ninguna de las partes haya comparecido, las audiencias se realizarán o se tendrá por realizadas y el proceso continuará según su estado.
DEBERES DEL QUE PARTICIPA O ASISTE.- El que participa o asiste a una audiencia debe observar la más estricta compostura. Está prohibido hacer señas de aprobación o desaprobación y realizar manifestación alguna que pueda alterar el buen orden del acto. Quien de cualquier manera interrumpiera el desarrollo de la audiencia o no se comportare con la debida circunspección, será expulsado de inmediato sin perjuicio de la aplicación de las condignas sanciones disciplinarias.
USO DE LA PALABRA.- Salvo disposición en contrario, en las audiencias cada parte podrá hacer uso de la palabra una vez, a menos que fuere para rectificar hechos o conceptos o que el juez lo estime necesario.
*Artículo 142.- IGUALDAD DE PATROCINIO.- Siempre que en una audiencia alguna de las partes se encuentre asistida de letrado frente a otra u otras que carezcan de dicha asistencia, el juez mandará que los defensores oficiales o cualquier abogado de la matrícula patrocinen a estas últimas en el acto. El profesional que se niegue a prestar colaboración preindicada, debe elevar al Superior Tribunal dentro de cinco días, un informe en que exprese las causas de su determinación. Si así no lo hiciere o cuando no justifique debidamente su actitud, incurrirá en una multa de cien a quinientos pesos.
NOMBRAMIENTO DE INTERPRETE.- Cuando haya de oírse a una persona que no conoce el idioma castellano, el juez puede nombrar un intérprete. Del mismo modo procederá si tiene que interrogar sordos, mudos o sordo-mudos que no pueden darse a entender por escrito. El intérprete, antes de cumplir su cometido, prestará juramento de desempeñar fiel y legalmente su cargo.
*Artículo 144.- VERSIONES TAQUIGRAFICAS.- El juez puede ordenar que se tome versión taquigráfica de todo o parte de una audiencia. Si es solicitada por un litigante, debe éste formular su pedido con cinco días de anticipación. La resolución que la disponga o la deniegue, es irrecurrible. Los taquígrafos serán designados de oficio y entregarán la versión original que podrá ser rubricada por los intervinientes en el acto y la traducción que se agregará al expediente dentro de los cinco (**) días siguientes, so pena de cien pesos de multa.
IMPRESIÓN FONOGRAFICA.- Cuando el juez lo considere necesario podrá disponer que se realice la impresión fonográfica de todo o parte de una audiencia. La providencia que ordene o deniegue la misma no admite recurso alguno.
FORMACION.- Con el escrito inicial de cada asunto se formará expediente, al que se incorporarán sucesivamente las actuaciones posteriores. La formación, cuidado y custodia de los expedientes corresponde al actuario.
CONSULTA.- Los expedientes permanecerán en las oficinas para el examen de las partes y de todos los que tuvieren un interés legítimo en su exhibición. El actuario calificará este último extremo y de su resolución sólo podrá reclamarse ante el juez, quien decidirá en última instancia. Los abogados y procuradores matriculados, pueden revisar cualquier expediente, aunque no intervengan en el mismo, salvo que, en decisión fundada, se hubiere ordenado el secreto de las actuaciones.
RETIRO.- Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la oficina, bajo la responsabilidad de los abogados, procuradores, peritos o escribanos, en los casos siguientes: 1º) Para alegar de bien probado; 2º) Para apelar o contestar la apelación; 3º) Para practicar liquidaciones y pericias, particiones de bienes, operaciones de contabilidad, graduación de créditos, cotejos y redacción de escrituras públicas. En estos casos, el juez fijará el plazo dentro del cual deben ser devueltos.
DEVOLUCION.- Si vencido el plazo no se devuelve el expediente, quien lo retiró incurrirá en una multa de veinte pesos por cada día de retardo, sin que ello obste a que el actuario requiera de inmediato la entrega de quien lo retenga, so pena de sufrir igual sanción. Si requerida la devolución no se efectuara, el juez mandará sacar el expediente por la fuerza pública, sin perjuicio de pasar los antecedentes a la justicia del crimen.
RECONSTRUCCION.- Comprobada la pérdida o extravío de un expediente, el juez ordenará rehacerlo a costa del profesional que lo recibió, quien quedará suspendido en el ejercicio de su profesión, mientras no se lo reconstruya. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal correspondiente.
Fin del texto
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