Abriendo la norma
Ley provincial 10.855 · 2025
Las funciones notariales de la provincia de La Rioja serán ejercidas por escribanos con título habilitante, a quienes les compete en forma exclusiva el Ministerio de la Fe Pública con el solo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.
Condiciones para el ejercicio notarial: a) Ser argentino nativo o naturalizado y en ambos casos tener una residencia inmediata y continuada en la Provincia no inferior a diez (10) años. Esto último no rige para los nativos de esta Provincia. b) Mayoría de edad. c) Título de Escribano público, expedido por una universidad nacional o privada con validez nacional. d) No estar matriculado en ningún otro Colegio de Escribanos del país. e) Hallarse inscripto en la matrícula profesional. f) Estar colegiado. g) Los escribanos, en carácter de titulares de registro o de adscriptos, deberán constituir, para tomar posesión de sus cargos, una fianza personal o real. h) Dicha garantía deberá permanecer vigente hasta dos (2) años después del cese en sus funciones. i) Cuando la fianza fuere real tendrá carácter inembargable. j) La fianza deberá ser renovada en la forma y plazos que establezca la reglamentación de la presente Ley. k) Acreditar buena conducta mediante expedido por el Registro Nacional de Reincidencias. Los extremos pertinentes deberán ser acreditados en la forma que lo establezca la reglamentación de esta Ley, ante el Colegio de Escribanos. La resolución de este será apelable ante el Tribunal de Disciplina Notarial.
No pueden ejercer las funciones notariales: a) Las personas que, luego de evaluación individualizada, presenten impedimentos funcionales específicos que, aun con los ajustes razonables previstos por la normativa vigente, hagan imposible el adecuado desempeño de la función. b) Los incapaces. c) Los condenados por cualquier delito desde que se hubiese dictado sentencia condenatoria firme, y se hubiesen agotado todas las instancias, siempre que no fueran motivadas por hechos involuntarios o culposos. d) Los fallidos y concursados no rehabilitados. e) Los que por inconducta o graves motivos de orden personal o profesional fueran descalificados para el ejercicio del notariado. f) Los escribanos suspendidos en el ejercicio de su cargo en cualquier jurisdicción de la República, mientras dure la sanción.
La matrícula profesional estará a cargo del Colegio de Escribanos de La Rioja y será otorgada previa comprobación de haberse cumplido con los requisitos de los artículos anteriores y el derecho de matriculación, el que será fijado periódicamente por la Comisión Directiva. No podrán matricularse los notarios que hubiesen obtenido el beneficio de jubilación en cargo de la justicia, para cuyo desempeño sea requisito indispensable el título de notario o abogado. La cancelación de la inscripción de una escribana o escribano en la matrícula sólo podrá efectuarse a pedido del propio interesado, por disposición del Tribunal de Disciplina Notarial, y por inscripción en la matrícula o el ejercicio del notariado en otra jurisdicción.
Cumplidos los requisitos previstos en el Art. 2° de la presente y elevada la solicitud de inscripción en la matrícula, la Comisión Directiva deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la presentación. Ocurrido el plazo, sin que hubiere pronunciamiento, queda al afectado la vía recursiva por ante el mismo cuerpo quien deberá expedirse dentro de los diez (10) días hábiles.
Una vez otorgada la matrícula, conforme al procedimiento que establece la presente Ley, antes de entrar en funciones, deberá prestar juramento en forma solemne y en acto público ante la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos. La inscripción en la matrícula impone de hecho su colegiación.
El ejercicio del notariado es incompatible: a) Con el cargo de director, subdirector, jefes, auxiliares y demás empleados del Registro General de la Propiedad Inmueble y de cualquier otro Registro Público. b) Con cualquier cargo, función o empleo de los Tribunales de la Nación, de la Provincia o Municipio. c) Con todo cargo o empleo no incompatible que lo obligue a residir fuera de la jurisdicción del asiento de su registro. d) Con todo cargo o empleo militar o eclesiástico. e) Con el ejercicio de la abogacía, de la procuración o de cualquier otra profesión liberal y del notariado, en otra jurisdicción. f) Con el desempeño de la función de inspector notarial. g) Ejercer el comercio en forma directa con el cargo de administrador, gerente o cualquier tipo de representación de sociedades, excepto el cargo de Administrador de Sociedades de Capital.
Los escribanos de registro podrán, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, desempeñar cargos o empleos que impliquen el ejercicio de sus funciones notariales como los de carácter electivo; la docencia; las actividades de índole literaria o científica dependientes de academias, bibliotecas, museos u otros institutos de ciencias, artes o letras y las tareas periodísticas; el carácter de accionista de todas las sociedades comerciales y el cargo de asesor notarial de sociedades; el carácter de accionista en todas las sociedades comerciales - excepto que formen parte del órgano administrativo-, el cargo de asesor notarial de sociedades y el carácter de fideicomisario.
Los escribanos públicos que acepten cualquiera de los cargos, cuya incompatibilidad está prevista en esta Ley, deberán solicitar al Colegio de Escribanos una licencia que le permita desempeñar temporalmente tales cargos o empleos. El incumplimiento de ello o el ocultamiento de cualquier incompatibilidad será considerada falta grave y hará pasible a los escribanos responsables de las sanciones previstas en la presente Ley.
Las escribanas y los escribanos, sean titulares de registro o adscriptos, son profesionales del derecho a cargo de una función pública, investidos de la facultad de dar fe de los actos otorgados ante su presencia y conferir autenticidad a los hechos, declaraciones y convenciones que ante ellos se desarrollen, formulen o expongan, cuando se requiera su intervención. En tal carácter, quedan asimilados a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que corresponde guardarles. Se consideran escribanas y escribanos de registro a los notarios titulares de registro y a los adscriptos a éstos.
Son sus deberes: a) La conservación y custodia en perfecto estado de los actos y contratos por el autorizado, como así también los protocolos respectivos mientras se encuentren en su poder. b) Expedir a las partes interesadas testimonios, copias, fotocopias, certificados y extractos de las escrituras otorgadas en su registro, conforme a las disposiciones de las leyes vigentes. c) Mantener el secreto profesional sobre todo acto en que intervenga en ejercicio de sus funciones. La exhibición de los protocolos sólo podrá hacerla a requerimiento de los otorgantes o sucesores respectivos, en los actos que hubiere intervenido, a pedido o solicitud de otro escribano o por orden judicial. d) Intervenir profesionalmente en los casos que fuere requerido, no siendo dicha intervención contraria a las leyes o no hallándose impedido por otras obligaciones profesionales de igual urgencia. e) Tener una oficina cuyo despacho sea totalmente independiente de cualquier otra oficina o despacho, aunque compartiera un inmueble o grupo de locales con otras personas. f) Deberá ostentar en lugar bien visible del acceso a la oficina la chapa profesional u otro anuncio indicador similar que contenga el nombre y apellido del notario y su calidad de escribano público. g) Exhibir en su despacho su diploma. h) Acreditar participación en cursos de actualización que deberá brindar anualmente el Colegio de Escribanos, de acuerdo con las siguientes pautas: 1.- El contenido será determinado por el Colegio de Escribanos, de acuerdo con las novedades legislativas y cambios en las tendencias doctrinarias y jurisprudenciales vinculadas a temas jurídico notariales. 2.- Para su aprobación se requerirá la asistencia del Setenta y Cinco por Ciento (75%) de las clases dictadas. El escribano deberá asistir al menos a una capacitación cada cinco (5) años, quedando exceptuados aquellos que acreditaren haber asistido a otras capacitaciones en temas relacionados con la función notarial durante el período en cuestión. Aquel que no cumpliera con la asistencia mínima obligatoria incurrirá en falta grave, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada. 3.- Las capacitaciones serán dictadas por profesores universitarios, escribanos de registro y por profesionales con reconocidos antecedentes. 4.- El Colegio de Escribanos es competente para reglamentar las capacitaciones y efectuar su planificación con diversidad de horarios y fechas para compatibilizarlos con la cantidad de cursantes e integración del cuerpo docente. 5.- Los escribanos podrán acreditar la participación en cursos siempre que sean reconocidos por el Colegio. 6.- Los cursos de actualización de carácter obligatorio.
Las escrituras y demás actos públicos sólo podrán ser autorizados por escribanas y escribanos, quienes serán los únicos competentes para autenticar firmas personales, sociales o impresiones digitales; certificar la vigencia de contratos y la existencia de personas humanas o jurídicas; practicar inventarios; poner cargos a los escritos; expedir testimonios de asientos y actas de libros comerciales; intervenir en la inscripción de contratos en el Registro Público y en los demás registros que correspondan; intervenir con carácter exclusivo en las inscripciones ante el Registro de la Propiedad Inmueble, tanto respecto de las escrituras por ellos autorizadas como de aquellas otorgadas ante otros escribanos u otorgadas fuera de la Provincia; protocolizar como acto previo a la inscripción de dominio, los expedientes de información posesoria; y, en general, intervenir en todos aquellos actos que no requieran la formalidad de la escritura pública, así como en los negocios jurídicos cuya intervención les sea atribuida por la legislación vigente.
Los escribanos de registro están obligados a concurrir asiduamente a su oficina y no podrán ausentarse del lugar de su domicilio por más de veinte (20) días sin autorización del Colegio de Escribanos. Los escribanos podrán gozar de una licencia de un (1) año por razones justificadas, la que podrá prorrogarse por un (1) año más, debiendo cumplir durante los plazos fijados en el presente con todas las obligaciones que competen a la función notarial. En su caso, los escribanos titulares deberán proponer al Colegio de Escribanos otro matriculado, siempre que lo hubiere en la misma ciudad o pueblo, que actuará en su reemplazo y breve cumplimiento de las formalidades de esta Ley, bajo la responsabilidad del proponente. Vencidos los plazos estipulados en la presente, sin que se hubiese hecho cargo su titular, se procederá a su clausura.
Los escribanos deberán fijar su domicilio profesional y residir habitualmente en el lugar donde ejerzan sus funciones, debiendo comunicarlo al Colegio de Escribanos, que no reconocerá otro domicilio que el así constituido. Salvo los casos previstos por la Ley y los autorizados por prórroga de jurisdicción, su ámbito territorial de actuación será el del Departamento correspondiente al asiento de su registro. La competencia territorial se ampliará únicamente cuando los notarios del Departamento resultaren impedidos de intervenir por razones físicas, legales o éticas debidamente acreditadas o cuando no existiere servicio notarial por vacancia o falta de registro. En tales supuestos, serán competentes los notarios con sede en los departamentos limítrofes.
Los escribanos titulares o adscriptos, antes de entrar en posesión sus cargos, deberán constituir ante el Colegio de Escribanos una fianza, cuyo monto será fijado periódicamente por la Comisión Directiva, de acuerdo a los valores vigentes, que podrá ser de carácter real o personal. Deberá mantenerse vigente hasta dos (2) años después de haber cesado en el cargo, siendo la misma inembargable por causas u obligaciones ajenas a la presente Ley. Esta fianza deberá renovarse cada cinco (5) años. La fianza cubría la responsabilidad disciplinaria, fiscal y civil del notario.
Todas los escribanos públicos podrán variar su firma registrada mediando motivos suficientes, previa autorización del Colegio de Escribanos, con conocimiento del Tribunal de Disciplina Notarial.
Los escribanos titulares de registro no podrán ser separados de sus cargos mientras dure su buena conducta. Su suspensión, remoción o pérdida del cargo de escribanos sólo podrá ser declarado por las causas y en la forma prevista por esta Ley.
Habilítense anualmente dos (2) registros notariales en el ámbito de la Provincia. El Colegio de Escribanos será la autoridad competente para disponer su creación, conforme a lo establecido en el Capítulo III de esta Ley, debiendo efectuar las convocatorias y sustanciar los procedimientos de selección correspondientes. Uno (1) de los registros deberá ser asignado en algún departamento del interior de la Provincia solo y cuando concurran razones objetivas debidamente fundadas, tales como incremento del tráfico jurídico notarial, crecimiento poblacional, expansión de la actividad económica, aumento de la demanda del servicio u otras circunstancias que acrediten la necesidad o conveniencia de su habilitación.
Para ser habilitado como titular de un Registro Notarial, el aspirante deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos del Art. 2° y del Capítulo III de los Concursos y la Práctica, previstos en la presente Ley.
Los registros llevarán una numeración que será correlativa del uno en adelante, manteniéndose para los existentes al sancionarse la presente Ley, la numeración actual.
En caso de que por fallecimiento, renuncia u otra causal quedara vacante algún registro de los establecidos en la actualidad, el Colegio de Escribanos por intermedio del escribano que designe a tal efecto, cerrará el protocolo del año, expresando el número de escritura que contenga la fecha de la última y número de foja del protocolo, firmando la constancia respectiva y confeccionará un inventario de los protocolos de los años anteriores que se encuentren en la escribanía, como así también de los papeles y documentos que no sean de propiedad privada del escribano, con las especificaciones necesarias para individualizar sus dueños. Los protocolos y la documentación pasarán al archivo del Colegio de Escribanos, para su entrega a los interesados una vez justificado su derecho.
El traslado del asiento de un registro de un lugar a otro dentro de la Provincia y las permutas de registros entre titulares podrán realizarse con conocimiento y autorización del Colegio de Escribanos.
Para ser designado como titular de un registro notarial, el postulante deberá aprobar un examen por concurso, el cual se realizará anualmente en base a un examen oral y escrito, como la valoración de los antecedentes de los postulantes. El concurso será evaluado por un jurado designado a tal efecto y se realizará anualmente. El llamado será publicado en el Boletín Oficial y en un diario de circulación provincial, durante tres (3) días, debiendo mediar entre la fecha de la última publicación y el cierre de la inscripción un plazo de treinta (30) días. Sólo podrán participar en el concurso quienes se encuentren matriculados en el Colegio Notarial.
El Jurado del examen estará compuesto por el Presidente o miembro de la Comisión Directiva, quien ejercerá la presidencia será un profesor titular de la Carrera de Escribanía del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Rioja, un notario que designe el Consejo Federal del Notariado Argentino o la Academia Nacional del Notario y una escribana o escribano en ejercicio del notariado con una antigüedad de quince (15) años en la Provincia, nominado por el Colegio de Escribanos.
El examen se realizará mediante una (1) prueba escrita y una (1) prueba oral sobre temas de índole notarial, de acuerdo con el programa que elaborará el Colegio de Escribanos. El jurado calificará las pruebas de uno (1) a diez (10) puntos, calificación que será inapelable. Habrán aprobado el examen los aspirantes, que, calificando con siete (7) puntos en cada una de las pruebas, escrita y oral, obtengan el mayor puntaje en la suma de aquellos y las asignadas por antecedentes que será determinado por el mismo jurado, conforme a la reglamentación al efecto.
Producida la designación por el Colegio de Escribanos, la aceptación deberá efectuarse dentro de los diez (10) días a partir de su notificación. Vencido dicho plazo sin que medie aceptación, se tendrá por desistida la participación, debiendo concursar nuevamente, en caso de una nueva solicitud. Aceptado el registro deberá prestar el juramento de Ley, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente.
Cada escribana o escribano titular de un registro podrá tener más de un (1) notario adscripto, que será nombrado por el Colegio de Escribanos a simple propuesta del titular en las condiciones y los requisitos que establece la presente Ley.
El escribano titular para proponer un notario adscripto deberá contar con una antigüedad no menor de siete (7) años como titular de un registro y un mínimo no inferior a setenta (70) escrituras.
Los escribanos adscriptos actuarán dentro del respectivo registro con la misma extensión de facultades que el titular y simultánea indistintamente con el mismo, pero bajo su total dependencia y responsabilidad y lo reemplazará en los casos de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento transitorio. La escribana o escribano titular es el responsable directo del trámite y conservación del protocolo y responde de los actos de su adscripto en cuanto sean susceptibles de su apreciación y cuidado. La escribana o escribano adscripto tendrá su oficina en el mismo local del titular, pudiendo poseer despacho privado dentro de la unidad común, pero en tal caso el regente deberá tener acceso directo al mismo como así también a los papeles, documentos y demás elementos relacionados con sus funciones de modo que pueda verificar, inspeccionar y fiscalizar permanentemente la actividad de su adscripto. El escribano adscripto actual en el mismo protocolo del titular.
En caso de producirse por cualquier otro motivo que no fuere de los enunciados en el Art. 37.- la vacancia de un registro donde existiere adscripto, no corresponderá llamar a concurso cuando el adscripto tenga una antigüedad ininterrumpida de tres (3) años en ese registro, contados desde la fecha en que autorizo la primera escritura, debiendo ser designado titular. Cuando el adscripto no reuniera las condiciones para ocupar la vacante exigida en este artículo, se desempeñará como interino hasta la designación de nuevo titular. Vencido el plazo de interinato, el registro se adjudicará previo examen de acceso al registro a que se refiere el artículo.
No regirá el requisito de antigüedad cuando la vacancia se produzca por muerte, jubilación obligatoria o incapacidad absoluta y permanente del titular. En estos supuestos, la escribana o escribano adscripto tiene derecho a la designación inmediata en la titularidad del registro vacante.
El escribano adscripto permanecerá en sus funciones mientras dure su buena conducta e idoneidad en el cumplimiento de las mismas. El adscripto cesará en su función cuando el titular formulare petición ante el Colegio de Escribanos, con exposición de las causales de cesación de la que se correrá vista al interesado para su descargo o ratificación, previa comunicación al adscripto efectuada con una antelación no inferior a noventa (90) días.
Quedan absolutamente prohibidas y se tendrán como no escritas las convenciones por las que resulte que se ha abonado o deberá abonarse un precio por la adscripción o se estipule que el adscripto deba abonar a su titular una participación sobre sus propios honorarios.
El Colegio de Escribanos actuará como árbitro en todas las cuestiones que se susciten entre el titular y el adscripto y sus fallos pronunciados por mayoría de votos serán inapelables.
La disciplina del notariado corresponde al Tribunal de Disciplina Notarial en el modo y forma que se establece en la Ley.
El Tribunal de Disciplina Notarial estará formado por un (1) presidente; un (1) vicepresidente, un (1) secretario, tres (3) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes, que serán designados por la Asamblea de Socios; su mandato tendrá vigencia de dos (2) años y podrán ser reelegidos por única vez.
El Tribunal de Disciplina Notarial conocerá en única instancia, previo sumario y dictamen de la Comisión Directiva, de los asuntos relativos a la responsabilidad profesional y ética de las escribanas y escribanos, conforme a lo establecido en el Capítulo ll de la presente. Con respecto a la responsabilidad civil, penal y/o administrativa conocerán los órganos competentes que disponen las respectivas leyes.
El Tribunal de Disciplina dictará sus fallos por simple mayoría de votos, inclusive del Presidente. Sus miembros podrán excusarse o ser recusados por iguales motivos que a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
La responsabilidad de los escribanos por el mal desempeño de sus funciones comprende los siguientes aspectos: a) Profesional. b) Administrativo. c) Civil. d) Penal.
La responsabilidad profesional tiene lugar por el incumplimiento de la presente Ley de los estatutos, del Reglamento del Colegio de Escribanos, de las disposiciones que se dictaren al respecto y de los principios de ética profesional, en cuanto esas transgresiones afecten a la Institución Notarial, los servicios que le son propios o el decoro del cuerpo y será juzgada exclusivamente por el Tribunal de Disciplina.
La responsabilidad administrativa proviene del incumplimiento de las leyes fiscales, en cuanto ello afecte el interés de la Administración Pública.
La responsabilidad civil emana de los daños y perjuicios ocasionados a los particulares por incumplimiento de los deberes profesionales inherentes a su cargo.
La responsabilidad penal emerge de la actuación de los escribanos cuando esta pueda ser considerada delictuosa, correspondiendo su conocimiento a los tribunales competentes, conforme a lo establecido por las leyes penales.
Ninguna de las responsabilidades enunciadas en particular es excluyente de las demás, pudiendo los escribanos ser juzgados por separado, simultánea o sucesivamente por las respectivas autoridades competentes.
En toda acción judicial o administrativa que se suscite contra un escribano, emergente del ejercicio profesional, debe darse conocimiento al Colegio de Escribanos para que éste, a su vez, adopte aconseje las medidas que considere oportunas.
Las sanciones disciplinarias a que pueden ser sometidos las escribanas y escribanos inscriptos en la matrícula son las siguientes: a) Llamado de atención. b) Apercibimiento. c) Multa. d) Suspensión desde tres (3) días hasta cinco (5) años. e) Destitución del cargo. En el caso de los Incisos a), b) y c), las sanciones solo se incorporarán al legajo del escribano, ya que a los fines de la certificación pública o privada de su conducta no se registrarán como tales. En el caso de los Incisos d) y e), se elevarán las actuaciones directamente al Tribunal de Disciplina Notarial de acuerdo a lo previsto en esta Ley.
Las sanciones disciplinarias se aplicarán según la gravedad de la falta cometida, con arreglo a las siguientes reglas: a) El apercibimiento y las multas se aplicarán por negligencias profesionales, trasgresiones a los deberes de funcionario de carácter leve, incumplimiento de las leyes o de la reglamentación de esta Ley, indisciplina o falta de ética profesional, en tanto que tales irregularidades o faltas no afectaren los intereses de terceros o la; institución notarial. b) El pago de las multas deberá efectuarse en el plazo de los diez (10) días a partir de su notificación, respondiendo de efectividad la fianza otorgada por las escribanas y escribanos. En caso de mora, el notario deberá abstenerse de ejercer la profesión hasta tanto se haga efectiva la misma. El importe de las multas que se apliquen por faltas profesionales lo fijará la Comisión Directiva y deberán invertirse en la capacitación del notariado novel. c) Las suspensiones serán aplicadas por reiteración de las faltas previstas en este Capítulo o irregularidades de relativa gravedad. Se harán efectivas desde el momento de su notificación fehaciente al interesado, la que deberá fijar el término durante el cual el escribano no podrá actuar profesionalmente. d) La destitución del cargo, corresponderá por faltas graves en el desempeño de la función o por reiteración de faltas que ya hubieren merecido la sanción de suspensión. Importarán la cancelación de la matrícula y la vacante del registro, retirándose el protocolo de escribanas y escribanos, libros y toda otra documentación notarial.
Compete a la Comisión Directiva conocer en los procesos que se inicien a los notarios por mal desempeño de la función notarial, conforme a lo previsto en los Artículos siguientes y, de manera supletoria, por la normativa administrativa vigente en cuanto resulte aplicable o la que en el futuro la reemplace.
El sumario se iniciará a instancias de la Comisión Directiva, por denuncia escrita con firma certificada, de presuntos damnificados o como resultado de una inspección, siempre que de la investigación preliminar surgiere la existencia de hechos que configuren irregularidad profesional. Mientras ello no ocurriere, las denuncias de terceros se tramitarán como asuntos de carácter consultivo o de prevención sumarial. De los cargos se dará vista al imputado y, previo traslado al denunciante de su contestación, la Comisión Directiva se pronunciará sobre su competencia y sobre la existencia de motivos para la instrucción del sumario.
Establecida la irregularidad, la Comisión Directiva procederá a instruir el sumario por intermedio de dos (2) o más de sus miembros designados a tal fin, quienes tendrán amplias facultades para realizar las averiguaciones pertinentes, reunir las pruebas y recabar los antecedentes que se estimen necesarios para garantizar la adecuada participación del notario sujeto a sumario.
Iniciado el sumario por la Comisión Directiva, se le correrá vista a la escribana o escribano imputado por el plazo de diez (10) días hábiles para contestar. La prueba ofrecida por la escribana o escribano o las partes, o requerida por la Comisión Directiva, se producirá en el plazo de quince (15) días. La Comisión Directiva podrá, a pedido de parte, ampliar en cada caso hasta dos (2) veces el plazo señalado.
Terminado el sumario, el Consejo Directivo deberá expedirse dentro de los treinta (30) días hábiles, salvo que ordene medidas para mejor proveer. a)Si la pena aplicable a su juicio es de llamado de atención, apercibimiento o multa dictará la correspondiente resolución de la que se dará inmediato conocimiento al interesado, a los efectos de la apelación ante el Tribunal de Disciplina, dentro de los diez (10) días de su notificación b) Si se dispusiere la aplicación de pena de suspensión o destitución del cargo, se elevará el sumario y las conclusiones a las que hubiere arribado el Colegio de Escribanos al Tribunal de Disciplina Notarial. En caso de no producirse la apelación o de desestimarse el cargo, se ordenará el archivo de las actuaciones. De las apelaciones de cada sanción entenderá el Tribunal de Disciplina Notarial y se concederán con efecto suspensivo hasta tanto sean resueltas los mismos.
Elevado el sumario, el Tribunal de Disciplina Notarial notificará fehacientemente al imputado para que en término de diez (10) días hábiles presente su descargo y ordenará las medidas conducentes para mejor proveer; vencido dicho plazo deberá pronunciar su fallo en el término de treinta (30) días hábiles desde que el expediente se encuentre en estado.
Las sanciones firmes de suspensiones por más de un (1) mes y destituciones se pondrán en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Instrucción y Registros Públicos pertinentes y demás colegiados.
Suspendida una escribana o un escribano o dispuesta su destitución, se le intimará la entrega de los protocolos y libros correspondientes. La sanción aplicada se publicará por tres (3) veces consecutivas en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación de la Provincia, y se comunicará a todos los Colegios de Escribanos del país, así como a las reparticiones públicas con injerencia en la actividad notarial. Si la intimación no fuere cumplida dentro del plazo fijado, se procederá al secuestro de los protocolos y libros con el auxilio de la fuerza pública, oficiándose al oficial de justicia del Poder Judicial a los efectos de su ejecución.
La escribana o escribano destituido no podrá ser reintegrado a la profesión hasta transcurridos cinco (5) años desde la fecha en que se dictó la pena y únicamente cuando mediaren circunstancias esenciales que, a juicio del Tribunal de Disciplina y con intervención de la Comisión Directiva, justifiquen su rehabilitación, previo cumplimiento de lo previsto en el Capítulo II de la presente Ley.
Las acciones para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de las escribanas y los escribanos prescriben a los dos (2) años, contados desde la fecha en que se tomó conocimiento del hecho, o a los cuatro (4) años computados desde la comisión de la infracción. Este último plazo se extenderá hasta diez (10) años cuando la infracción hubiere generado la invalidez del documento.
Se aplicará al sumario subsidiariamente la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia, en cuanto fuere compatible con la naturaleza y fines del proceso disciplinario.
Sin perjuicio de la jurisdicción concedida al Tribunal de Disciplina Notarial, la dirección y vigilancia inmediata de los escribanos públicos, así como todo lo relativo al cumplimiento de la presente Ley, corresponderá al Colegio de Escribanos y cuya Comisión Directiva deberá estar constituido por un (1) presidente, un (1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1) tesorero, un (1) vocal primero, un (1) vocal segundo, dos (2) vocales suplentes y dos (2) revisadores de cuentas. Todos los miembros durarán dos (2) años en sus cargos, pudiendo ser reelectos por un solo período consecutivo.
El Colegio de Escribanos de la Provincia de La Rioja se constituye como persona jurídica pública no estatal, conforme a la presente Ley.
Todas las Escribanas y los Escribanos inscriptos en la matrícula están obligados a colegiarse conforme al Estatuto del Colegio y a las disposiciones de la ley, así como quienes ejerzan funciones en razón de su título de Escribana o Escribano.
El Colegio de Escribanos tendrá la representación de las Escribanas y Escribanos y son sus atribuciones y deberes esenciales, sin perjuicio de lo que dispongan sus estatutos: a) Vigilar el cumplimiento por parte de las Escribanas y Escribanos públicos, tanto de ésta como de cualquier otra ley, decreto o resolución concerniente al notariado, de las resoluciones que el mismo dictare y de su propio reglamento. b) Velar por el decoro profesional, por la mayor eficacia de los servicios notariales, y por el cumplimiento estricto de los principios de ética notarial. c) Dictar resoluciones de carácter general, tendientes a unificar los procedimientos notariales y mantener la disciplina y buena correspondencia entre las Escribanas y Escribanos públicos. Dictar reglamento general e interno. d) Organizar y mantener al día el Registro Profesional y tener, en lugar visible en su sede, la nómina completa de los inscriptos, por riguroso orden de fecha, con todos los antecedentes personales y profesionales. e) Intervenir como parte legitima y esencial en las informaciones que se produzcan, a los efectos de probar aptitud para el ingreso al notariado. f) Intervenir en todo juicio promovido contra Escribanas y Escribanos públicos, a efectos de determinar sus antecedentes y responsabilidades. g) Instruir sumario de oficio o por denuncias sobre procedimientos de Escribanas y Escribanos que afecten al notariado, sea para juzgarlos si correspondiere o, en su defecto, para elevar las actuaciones al Tribunal de Disciplina Notarial. h) Ejercitar la acción fiscal en los asuntos que se tramiten ante el Tribunal de Disciplina Notarial. i) Producir informe sobre antecedentes, méritos y conducta profesional de las Escribanas y Escribanos. j) Ejercer la representación del notariado y asumir la defensa de los derechos ante las autoridades públicas o en cualquier otra entidad o personal como órgano cooperativo, con personería jurídica y atribuciones que esta Ley y sus estatutos y reglamentos le reconoce. k) Mantener el notariado en el más alto nivel de ilustración, y permanente contacto con entidades afines, y procurando el conocimiento y difusión de libros, revistas y publicaciones jurídicas de interés notarial. l) Administrar por intermedio de la Comisión Directiva, los bienes y fondos que ingresen a su patrimonio. m)El Colegio de Escribanos podrá crear delegaciones en cada una de las ciudades o pueblos, que sean asiento de circunscripción judicial de la provincia, o bien instituir representaciones encargadas de legalizar los instrumentos notariales. n) Distribuir por sorteo entre todos las Escribanas y Escribanos de registro, los trabajos provenientes de entidades oficiales. o) Deberá publicar una revista, a cuyo fin Imprenta del Estado la imprimirá sin cargo alguno, y la que deberá ser distribuida gratuitamente entre sus asociados, abogados y demás reparticiones públicas, y en la que se publicarán en forma especial, resoluciones judiciales, leyes y decretos de interés notarial. p) Resolver arbitrariamente las cuestiones que se susciten entre las Escribanas y Escribanos públicos en general, o entre éstos y quienes requieren sus servicios y fijar honorarios en caso de disidencia, de acuerdo al arancel. q) Conceder las licencias solicitadas por las Escribanas y Escribanos, y aceptar sus reemplazantes. Organizar el archivo y reglamentar su funcionamiento. r) Otorgar los Registros Notariales. s) Intervenir como parte legitima en la elaboración, reglamentación y ejecución de los concursos de antecedentes y oposición y de la Practica Notarial. t) Auxiliar a los notarios en el ejercicio de sus funciones mediante dictámenes e informes en consultas que formulen, emitido por el Cuerpo de Consultores. u) Elegir por sorteo los notarios que concurrirán a los cursos, jornadas y otras instancias de capacitación. v) Nombrar y remover al personal.
Cada año, en la fecha y condiciones que establezca el Estatuto, se reunirá la asamblea para considerar los asuntos de competencia del Colegio y los relativos al bienestar de la profesión en general. Sin perjuicio de lo anterior, podrá haber asambleas extraordinarias cuando lo pida un número no menor de un tercio de los colegiados o por resolución de la Comisión Directiva con los mismos objetos señalados en la primera parte de este artículo. La asamblea funcionará con el quórum que establezca el estatuto.
El Colegio de Escribanos actuará en todos los casos representado por su Comisión Directiva de acuerdo a esta Ley y demás normas notariales.
Sin perjuicio de lo que establezcan los estatutos, el patrimonio del Colegio de Escribanos se formará: a) Con el derecho por inscripción en la matrícula profesional de cada Escribanas y Escribanos. b) Con el importe de la venta de hojas de actuación notarial, de testimonio, concuerdas y libros de registro de firmas, debiendo las Escribanas y Escribanos adquirirlos directamente de la Secretaría del Colegio.
Se declara carga pública la función de miembros de la Comisión Directiva, y del Tribunal de Disciplina Notarial. Podrán excusarse los mayores de 65 años, los que residan a más de 50 km de la Capital de la Provincia, los que hayan desempeñado un cargo en el período inmediato anterior y los que justifiquen imposibilidad física. Asumido el cargo, la renuncia de cualquiera de los miembros del Colegio de Escribanos será puesta a consideración de la Asamblea para su aceptación o rechazo.
El voto es obligatorio. El que sin causa justificada no emitiera su voto sufrirá una multa cuyo importe será fijado por resolución que dictará la Comisión Directiva. Las Escribanas y Escribanos que no tengan su domicilio en la capital o que teniéndolo se encontraren imposibilitados para concurrir a los comicios, circunstancia ésta que deberá ser fehacientemente acreditada, podrán enviar su voto por correo, en sobre cerrado que irá dentro de otro dirigido a la Comisión Directiva.
La Comisión Directiva organizará y reglamentará el cuerpo de consultores, conforme al Art. 71.- el cual formulará los dictámenes que le requieran la Comisión Directiva y los notarios en general, pudiendo producir también los solicitados por autoridades judiciales administrativas.
Todos los documentos deberán ser escritos por la Escribana y Escribano de forma clara y precisa, sin espacios en blanco ni iniciales, excepto cuando: a) Conste en los documentos que se transcriben. b) Se trate de constancias de otros documentos. c) Sean signos o abreviaturas científica o socialmente admitidos con sentido unívoco.
Las escrituras públicas y las actas como requisito esencial de validez deberán ser redactadas en el protocolo. Los documentos protocolares serán indistinta y/o alternativamente manuscritos, mecanografiados, computarizados o cualquier otro medio apto para garantizar su conservación e indelebilidad y además haber sido aceptados por el Colegio de Escribanos. El procedimiento utilizado es exigible para su integridad, excepto lo estipulado en esta Ley, en el Capítulo IV sobre Actas y lo que completare o corrigiere el notario de su puño y letra. La tinta o impresión deberán ser indelebles y no alterar el papel y los caracteres deberán ser fácilmente legibles.
Toda vez que el notario autorice un documento o estampe su firma por aplicación de ésta, junto con la signatura pondrá su sello y utilizará la hoja notarial. El Colegio de Escribanos normará su tipo, características, leyendas y registraciones.
La formación del documento notarial a los fines y con el alcance que esta Ley atribuye a la competencia notarial, es facultad privativa de la Escribana y Escribano autorizante, quien deberá: 1. Recibir por sí mismo las declaraciones y tomar contacto directo con las cosas y hechos objeto de autenticación. 2. Asesorar a los requirentes y elegir las formas que aseguren la eficacia a los fines que persiguen. 3. Redactar las Convenciones adecuando la forma jurídica interna a los intereses de las partes y la Ley. 4. Usar un estilo claro y conciso, lenguaje técnico y separar en la composición lo que atañe a los comparecientes y al notario. 5. Narrar las realidades físicas en concordancia con cuanto viere y oyere. 6. Hacer las menciones y calificaciones que, en razón del cargo, de la naturaleza del acto, de la clase de documentos y de las disposiciones legales, fueren necesarias para producir válidamente los efectos propios de su intervención.
Si los otorgantes entregasen a la Escribana y Escribano proyectos o minutas relativas al acto o contrato que someten a su autorización, éste lo hará constar así sin perjuicio de sugerir las modificaciones que creyere pertinentes. Si las modificaciones propuestas por la Escribana y Escribano fuesen a su criterio esenciales y los otorgantes insistieran en mantener la redacción de la minuta o proyecto, aquel podrá negar su autorización o salvar su responsabilidad haciendo constar las advertencias formuladas por él, al final del instrumento público.
El protocolo se regirá por las siguientes reglas: a) Las escrituras se extenderán en cuadernos de papel notarial, expedidos por el Colegio de Escribanos que constarán de diez (10) fojas cada uno; de numeración correlativa, que previo aforo fiscal será autorizado por un miembro de la Comisión Directiva. b) Al autorizarse los cuadernos se colocará marginalmente en la parte superior de la primera hoja la fecha de la diligencia, dejándose constancia de la numeración de los sellados empleados y fecha de la autorización en oficina correspondiente, y firma de su solicitud cuando correspondiere. c) Los protocolos se abrirán al autorizar el primer acto con constancias puestas en el primer sello del cuaderno, en el que se exprese bajo firma de la Escribana y Escribano el número, el lugar del asiento del registro y el año del protocolo; y se cerrarán el ultimo día calendario extendiéndose el acta de clausura del protocolo en la última foja, haciendo constar el número de escrituras otorgadas, el número y fecha de la última y el número de las que no pasaron. d) Se formará con la colección ordenada de todas las escrituras autorizadas durante el año, las que serán numeradas sucesivamente del uno en adelante. Cada folio será numerado correlativamente. e) Cada doscientos cincuenta folios correlativos como máximo, formará un tomo del protocolo y una vez encuadernado, la Escribana y Escribano lo remitirá al colegio en los meses de abril y mayo siguientes, consignando en el lomo de cada uno de ellos, sus respectivos números de orden, el número de registro y nombre de la Escribana y Escribano. Al principio del primer tomo se agregará un índice general de las escrituras autorizadas por orden cronológico, con expresión de la naturaleza del acto o contrato, fecha, nombre de los otorgantes y folio de su iniciación. Sólo se agregarán al final los informes expedidos por el Registro General. En cuanto a los de las oficinas de impuestos, deberán quedar en poder de la Escribana y Escribano hasta los cinco años, pasados los cuales deberán ser incinerados. En caso de que la Escribana y Escribano no llegara a completar el mínimo establecido en el presente Inciso, se le permitirá la encuadernación de todos los años hasta completar las 250 fojas que exige este artículo.
Los protocolos de las Escribanas y Escribanos deberán ser inspeccionados cada año en fecha que determine la Comisión Directiva.
La inspección se hará con la actuación del Cuerpo de Inspectores designados por el Colegio de Escribanos, el que establecerá su número, de acuerdo a las necesidades que exijan las actividades notariales en la Provincia. Para ser Inspector Notarial, se requerirá contar con no menos de diez (10) años de inscripción en la matrícula o ejercicio de funciones para las cuales se requiera título de Notario y no encontrarse en ejercicio de la función. Las inspecciones tendrán por objeto verificar: 1.- Si los protocolos se encuentran formados por cuadernos que se ajusten a las disposiciones de la Ley. 2.- Si los documentos extendidos llevan las firmas correspondientes. 3.- Si están autorizados con la firma y sello del notario. 4.- Si la numeración de los documentos y foliatura de los protocolos estén en orden. 5.- Si los documentos están extendidos en el folio que corresponde, según el orden cronológico. 6.- Si se han salvado las enmiendas efectuadas en el texto del documento en la forma prevista por la Ley. 7.- Si se encuentran archivados los certificados del Registro de la Propiedad cuando así correspondiere. 8.- Si los documentos errados o que no han pasado tienen la nota pertinente. 9.- Si las escrituras sujetas a inscripción tienen la nota respectiva. 10.- Si se encuentran agregados a los protocolos los documentos que obligatoriamente deben ser incorporados y si están en forma legal. 11.- Si los protocolos contienen la nota de apertura y de clausura. 12.- Si los protocolos correspondientes a años anteriores se encuentran encuadernados y si se llevan los índices reglamentarios. Las observaciones se harán con la única finalidad de mejorar y unificar la practica notarial en toda la Provincia. Bajo ningún concepto podrán los inspectores ocuparse de cuestiones que se relacionen con el fondo de los actos.
Las inspecciones de protocolos se verificarán en la sede del Colegio de Escribanos, previa solicitud de los mismos, debiéndose notificar a las Escribanas y Escribanos para la presentación de los protocolos con una antelación de treinta (30) días. De no ser presentados se los intimará señalando un nuevo plazo. Si los protocolos no fueren presentados luego de la intimación, el inspector interviniente pondrá los hechos en conocimiento del Tribunal de Disciplina, quien decidirá sobre la sanción a aplicar y/o procederá a su secuestro con auxilio de la Fuerza Pública.
En toda inspección deberá labrarse un acta que firmarán el inspector y el notario. Si éste se negare, así se hará constar. Si en el acta resultaren observaciones, el notario podrá contestarlas en el mismo momento por escrito separado. Si no pudiere o no quisiere hacerlo en esa oportunidad, deberá contestar las observaciones dentro del término de diez (10) días. El inspector dará cuenta de esta situación al Tribunal de Disciplina Notarial, quien tomará intervención respetando el legítimo derecho de defensa del notario a través de los recursos que pudieren corresponderle.
Terminada la actuación del inspector sobre todos los protocolos que están a su disposición para su revisión, deberá elevar un informe detallando lo que a su juicio considere como hechos sobresalientes, esto a los fines de mejorar y unificar la práctica notarial en toda la Provincia.
Además de los requisitos dispuestos por el Código Civil y Comercial de la Nación y otras leyes, la redacción de las escrituras públicas se sujetará a las siguientes normas: a)Toda escritura, sin excepción, deberá iniciarse en la primera línea de la planta o carilla del sello inmediato, siguiente al de la escritura anterior, debiendo considerarse planta o carilla a aquella en la que conste el número de sello y foliatura respectiva y el espacio sobrante en su último sello después de las firmas de las partes, testigos y Escribanas y Escribanos autorizantes. Deberá anularse con cierre estilo contable, sobre el cual asentará la Escribana y Escribano su firma y sello. b)Si terminada la escritura los otorgantes tuviesen algo que agregar así se hará constar, y antes de ser firmada será nuevamente leída por la Escribana y Escribano y ratificada por las partes. c)Al iniciar cada escritura se expresará el nombre de cada Escribana y Escribano, su calidad de titular, o de adscripto o suplente, y el número de Registro correspondiente. d) Cuando la escritura no se concluya por error u otra causa, la Escribana y Escribano pondrá una nota de error, suscripta con su firma y sello. e)Cuando concluida la escritura no se firmase, o firmada por una parte no lo fuese por las demás, la Escribana y Escribano pondrá una nota al pie bajo con su firma y sello expresando la acusa. f) Al final de la escritura se expresará la cantidad de folios empleados en su redacción y la numeración de los sellos. En las escrituras matrices en forma marginal y como previa a la entrega de los testimonios, deberá dejarse constancia de: a) El nombre y fecha para quien se expida la respectiva copia y la orden judicial en su caso. b)Fecha, número y folio de las inscripciones en el Registro General. c) Las aclaraciones, modificaciones, rectificaciones o confirmaciones que hayan sido efectuadas por los actos pasados en el mismo registro.
Para el caso en que la Escribana y Escribano deba redactar un acto impostergable y fuere imposible obtener la autorización, podrá habilitarse un cuadernillo de hoja blanca común, obligándose a informar al Colegio de Escribanos la numeración de dicho cuadernillo quien deberá dictar resolución convalidando la situación planteada, previa adquisición del cuaderno notarial que reemplazará al de la hoja común.
Los testimonios de las escrituras se expedirán en los casos autorizados por la Ley y se hará constar en la marginal fecha y lugar de expedición del mismo.
Las Escribanas y Escribanos no podrán entregar los testimonios de las escrituras sin antes dejarlos inscriptos en el Registro General, a cuyo efecto deberán presentarlos dentro de los cuarenta y cinco (45) días de su fecha. El no cumplimiento de esta disposición dentro del término fijado hará incurrir a la Escribana y Escribano en las responsabilidades previstas en la Ley Nacional N° 17.801 o la ley que la reemplace, salvo causas debidamente justificadas.
Las escrituras deberán quedar firmadas dentro de los treinta (30) días de su fecha, pasado lo cual deberá procederse a su anulación.
Las actas constituyen documentos matrices que deben extenderse en el protocolo y estarán sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modificaciones: a)Se hará constar el requerimiento que motivare la intervención del notario y que, a juicio de éste, el requirente tiene interés legítimo. b) No será necesaria la acreditación de personería ni la del interés de terceros que alegare el requirente. c) No será necesario que el notario conozca o identifique a las personas con quienes debiere entender las notificaciones, requerimientos y otras diligencias. d) Las personas requeridas o notificadas serán previamente informadas del carácter en que interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar; en este último supuesto se harán constar en el documento las manifestaciones que se hicieren. e) El notario practicará las diligencias sin la concurrencia del requirente cuando por su objeto no fuere necesario. f) No requieren unidad de acto ni de redacción. Podrán extenderse simultáneamente o con posterioridad a los hechos que se narraren, pero en el mismo día, y separarse en dos o más partes o diligencias, siguiendo el orden cronológico. g) Podrán autorizarse aun cuando alguno de los interesados se rehusare a firmar, de lo cual se dejará constancia.
Las actas deberán labrarse en original en forma manuscrita siempre que se garantice su legibilidad, inalterabilidad y perdurabilidad. Se expresará: a) Número de orden del acta en el Libro de Requerimiento. b) Lugar y fecha del otorgamiento. c) Individualización de los requirentes con nombre y apellido completo, nacionalidad, mayoría de edad, tipo y número de documento de identidad, estado civil y domicilio. d) Referencia al documento en el que se estampa la firma o impresión digital. e) Número del Sellado de Actuación Notarial utilizado por la Escribana y Escribano con motivo de su intervención en las certificaciones de firmas e impresiones digitales. f) Firma de los requirentes. g) Firma sello de la Escribana y Escribano certificante. Las circunstancias relacionadas con el requerimiento y que la Escribana y Escribano considere conveniente mencionar, deberán hacerse constar en el rubro Observaciones.
Las actas complementarias constituyen escrituras matrices que deben extenderse en el protocolo y se regirán en su aspecto formal por las normas establecidas para la redacción de las escrituras.
El notario documentará en forma de acta los requerimientos e intimaciones, las notificaciones de actos de conocimiento y las declaraciones de toda persona que lo solicitare.
La diligencia se practicará en el domicilio, oficina o sitio indicado por el requirente; si la persona que debiere ser requerida, intimada o notificada no fuere hallada, podrá cumplirse la actuación con cualquier persona que atendiere al notario; éste dejará constancia en el acta de la declaración o respuesta que formulare el interpelado y, en su caso, su negativa a dar su nombre, a firmar, a recibir copia simple del acta si así lo hubiere solicitado el requirente, o a brindar otros datos e informaciones. Si el requerido no se hallare o si éste o la persona con quien se entendiere la diligencia no quisiere recibirla o nadie respondiere, se dejará constancia en el texto del acta o mediante nota.
Actas de Presencia y Comprobación. A requerimiento de quien invoque interés legítimo, el notario podrá autenticar hechos que presencie y cosas que perciba, comprobar su estado, su existencia y la de personas. Las actas que tuvieren por objeto comprobar la entrega de documentos, efectos, dinero u otras cosas y cualquier requerimiento, así como los ofrecimientos de pago, deberán contener, en lo pertinente, la transcripción o individualización inequívoca del documento entregado, la descripción completa de la cosa, la naturaleza y características de los efectos, los términos del requerimiento y, en su caso, la contestación del requerido. Se podrá dejar constancia de las declaraciones y juicios que emitan peritos, profesionales y otros concurrentes, sobre la naturaleza, características, origen y consecuencias de los hechos comprobados. Será suficiente que tales personas se identifiquen mediante la exhibición de documentos expedidos por autoridad competente.
Actas de Notoriedad. La comprobación y fijación de hechos notorios podrá efectuarse cuando las disposiciones legales expresamente lo autorizaren, con los alcances y efectos que ellas determinaren. Las actas se realizarán con sujeción al siguiente procedimiento: a) En el acta inicial, el interesado expresará los hechos cuya notoriedad pretendiere acreditar y los motivos que tuviere para ello; hará referencia a los documentos y a todo antecedente o elemento de juicio que estimare pertinente a tal efecto. En los casos que crea conveniente podrá incorporar la declaración de testigos. Podrán realizarse actas posteriores a los efectos de ampliar la información. b) Si, a juicio del notario, el requirente tiene interés legítimo y los hechos, por no ser materia de competencia jurisdiccional, son susceptibles de una declaración de notoriedad, así lo hará constar y dará por iniciado el procedimiento. c) El notario examinará los documentos ofrecidos y podrá practicar las pruebas y diligencias que, a su juicio, fueren conducentes al propósito del requerimiento, de todo lo cual dejará constancia en el acta. d) Finalmente, dejará constancia de los hechos que hubiere tenido a su disposición, se limitará a dejar constancia de lo actuado manteniendo en todo caso la objetividad.
Actas de Protocolización. La protocolización de documentos públicos y privados decretada por resolución judicial se cumplirá mediante las siguientes formalidades: a) Se extenderá acta con la relación del mandato judicial y de los datos que identifiquen el documento, el cual puede transcribirse. Si estuviere redactado en idioma extranjero sólo se transcribirá la traducción. b) La transcripción será obligatoria cuando fuere ordenada por norma legal o resolución judicial. c) El documento se agregará al protocolo cuando ello fuere posible con las demás actuaciones que correspondan. d) No será necesaria la presencia y firma del juez que la hubiere dispuesto. e) Si el documento protocolizado no hubiere sido transcripto, se lo reproducirá en la copia del acta o se agregará a ella copia autenticada de aquel. En las actas que tuvieren por objeto reunir los antecedentes judiciales relativos a títulos supletorios o a subastas públicas, se relacionarán y transcribirán, en su caso, las piezas respectivas, y se individualizará el bien. Se dejará constancia de sus antecedentes y del cumplimiento de los recaudos fiscales y administrativos que conformen el texto documental del título y faciliten su registración cuando fuere necesario. El acta será firmada por el juez y por el interesado cuando así dispusieren las normas procesales.
Actas de Incorporación y de Transcripción. La incorporación o transcripción de documentos públicos o privados requerida por los particulares se cumplirá mediante las siguientes formalidades: a) Se extenderá acta con la relación del requerimiento y con los datos que identifiquen el documento, el que podrá transcribirse aun cuando sólo se requiriere su incorporación al protocolo. Si estuviere redactado en idioma extranjero sólo se transcribirá la traducción. b) Al expedir copia del acta, si el documento incorporado no hubiere sido transcripto, se lo reproducirá o se anexará a aquella con copia autenticada del mismo y con constancia de su incorporación. c) Cuando se tratare de documentos privados que versen sobre actos o negocios jurídicos para cuya validez se hubiere ordenado o convenido la escritura pública, la incorporación o transcripción al protocolo no tendrá más efecto que asegurar su fecha y, en su caso, el del reconocimiento de firmas.
Actas de Protesto. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a las actas de protesto en cuanto no se opusieren a las contenidas en la legislación especial sobre la materia.
Actas de Remisión de Correspondencia. En las actas que certifiquen la remisión de correspondencia o documentos por correo se hará constar: a) El requerimiento. b) La recepción por el notario de la carta o los documentos. c) A transcripción de la carta o la relación de los documentos. d) La colocación, dentro del sobre, de la carta o de los documentos a despachar. e) Que el sobre cerrado queda en poder del notario para realizar la diligencia encomendada. f) Practicada la diligencia, el notario dejará constancia de su cumplimiento. g)También hará constar en la carta o documento que la remisión del mismo se efectúa con su intervención.
Certificación de Firmas. Cada Registro Notarial llevará un Libro de Requerimiento expedido por el Colegio de Escribanos, en el que se anotarán por orden cronológico y en forma de actas las intervenciones notariales en las certificaciones de firmas e impresiones digitales.-
El requerimiento podrá formalizarse en una o más actas, según el número de comparecientes con interés común. Si se utilizan varias actas para una misma intervención, deberá ello ser consignado en el rubro Observaciones.
Cuando por error, desistimiento o cualquier otro motivo se dejare sin efecto un acta, la Escribana y Escribano procederá a consignar la causa mediante nota que llevará su firma y sello. Las enmiendas, raspados y demás correcciones se salvarán al final de cada acta, en el rubro Observaciones, de puño y letra de la Escribana y Escribano.
La Escribana y Escribano no se responsabiliza por el contenido del documento cuya firma certificará. No obstante, podrá excusarse: a)Cuando su contenido contuviere cláusulas contrarias a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres. b) Cuando versare sobre negocios jurídicos que requieran para su validez escritura pública u otra clase de instrumento público y estuviere redactado, atribuyéndosele los mismos efectos y eficacia o en forma tal que pudiera interpretarse que se ha querido dar al mismo el alcance de escritura pública. c) Cuando se pretenda poner impresiones digitales ineficaces.
En una misma acta y en un mismo Sellado de Actuación Notarial podrán certificarse las firmas puestas por los mismos requirentes en documentos distintos pero relativos a un mismo acto, dejando en ellos expresa constancia de dicha circunstancia. Cuando deban certificarse varios ejemplares de un mismo documento se utilizará un Sellado de Actuación Notarial para aquel de los ejemplares que quede en poder de la parte interesada, debiendo asentarse en la demás constancia, por medio del sello respectivo, de la certificación efectuada.
Las certificaciones de firmas sólo se extenderán en Sellados de Actuación Notarial que a este único efecto diagramará y expenderá el Colegio de Escribanos. Al documento portante de la firma a certificar se le agregará el Sellado de Actuación Notarial confeccionado. Ambos documentos se vincularán por una nota datada, consignada en el primero, que bajo la firma y sello de la Escribana y Escribano interviniente, determine el número de sellado anexado y número de acta y folio correspondiente al Libro de Requerimiento.
Certificación de Impresión Digital. Podrá autorizarse únicamente cuando el derecho de fondo o de forma permita a la persona física expresar su consentimiento por ese medio. La intervención notarial requerida por una persona que estampa su impresión digital en un documento que no forme parte de la excepción legal, es de ningún valor.
Certificación de Copias. Se entenderá por copia a la reproducción exacta y total de un documento, instrumento matriz, la que puede realizarse por trascripción directa del texto, en forma fotostática o por cualquier medio mecánico o electrónico.
La certificación realizada por el notario interviniente y requerido con la competencia debida es la afirmación positiva dada por él de que la copia es la reproducción fiel del original, que para el acto debe, bajo su responsabilidad exclusiva, contar con el mismo y confrontar la exactitud entre uno y otra en forma coetánea.
No podrán certificarse copias/fotocopias, hechas en formas ilegibles o incomprensibles por defecto de la reproducción, aun cuando resulte claro y preciso el original y en todos los casos se hará con la hoja notarial correspondiente.
Podrán ser certificadas copias/fotocopias de copias/fotocopias certificadas, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la presente Ley. En todos los casos de certificaciones de copias/fotocopias certificadas debe surgir, en forma clara y precisa, la cadena de certificaciones anteriores, en la que deben constar la firma, el sello y el sellado de actuaciones notariales y de las certificaciones anteriores en forma indubitable. La falta de estas constancias invalida la última certificación.
En todos los casos de certificaciones de copias/fotocopias, el notario interviniente, deberá indicar: 1.- La cantidad de fojas de las copias/fotocopias que se certifican. 2.- Que es la copia fiel de su original confrontada coetáneamente al acto de la certificación. 3.- El número de registro o matriculación del notario interviniente y autorizante del acto, y el lugar del asiento del registro o matriculación. 4.- El lugar de la fecha de expedición de la certificación de la copia/fotocopia.
Las certificaciones de copias/ fotocopias se realizarán en el Sellado de Actuación Notarial respectivo, que al efecto provea el Colegio de Escribanos y la Escribana y Escribano interviniente deberá: 1- Ligar éstas con el sellado de Actuación Notarial, consignando serie y número de sellado de actuación utilizado, dato que deberá constar en la última copia/fotocopia certificada y en el sellado de actuación notarial por mitades, una parte en la última copia y la otra en el sellado. 2- En la misma forma colocará el sello profesional y su firma. 3- Firmará y sellará al final de la actuación notarial.
Le compete al Colegio de Escribanos la creación de los Registros de Actos de Última Voluntad y de Autoprotección con ámbito de competencia en todo el territorio de la Provincia, el que estará a su cargo.
En el Registro de Actos de Última Voluntad se tomará razón de los siguientes documentos: a) Los testamentos otorgados por escritura pública. b) Las protocolizaciones de testamentos. c) Las revocaciones. d) La designación de tutor formalizada en los términos del art. 106 último párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación.
En el Registro de Autoprotección se registrarán las escrituras públicas autorizadas por las Escribanas y Escribanos de cualquier demarcación del País que contengan instrucciones, directivas, decisiones o previsiones de personas para ser ejecutadas en circunstancias en que ellas se encuentren imposibilitadas, en forma transitoria o permanente, de hacerlo por sí mismas, cualquiera fuere la causa.
La toma de razón se practicará mediante los procedimientos y medios técnicos que el Colegio de Escribanos estableciere al efecto, sobre la base de los formularios que deberán remitir las Escribanas y Escribanos de su demarcación, los funcionarios competentes y los interesados en general.
El régimen de jubilaciones, pensiones y subsidios notariales de la Provincia, creado por la Ley N° 6.071, continuará funcionando con arreglo a las disposiciones de esta Ley bajo la denominación de "Caja Notarial de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios de la Provincia de La Rioja" Constituye un servicio público de orden social y tendrá el carácter de persona jurídica con plena autonomía institucional y autarquía financiera y gozará de amplia capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La presente Ley, no implica la creación de una nueva Caja Previsional, sino una modificación del régimen vigente.
Esta institución tendrá por objeto los siguientes beneficios: a) Jubilaciones. b) Pensiones. c) Subsidios, becas y otros actos de solidaridad social creados por la Caja y aprobados por Asamblea. d) Préstamos personales y/o hipotecarios para sus afiliados. Esta enumeración es enunciativa y no excluye la posibilidad de otorgar otros beneficios, siempre que para tal fin se generen recursos y se asignen específicamente.
Quedan comprendidos en las previsiones de esta Ley, con el carácter de afiliados obligatorios, todos los escribanos y escribanas en ejercicio, titulares de registro de la Provincia y sus adscriptos. También integran el conjunto de afiliados de la Caja, los jubilados por este régimen.
El hecho de ser afiliado a cualquier otro régimen de previsión, no exime al notario de la obligación impuesta por el Artículo precedente. Los servicios prestados por los afiliados bajo otros sistemas les serán reconocidos de acuerdo con el régimen de reciprocidad jubilatoria.
Son órganos de la Caja: a) La Asamblea: Ejercerá el gobierno de la Caja. Estará compuesta por todos los escribanos en actividad, titulares de registros notariales de la Provincia, que hayan cumplido con los aportes correspondientes hasta el último vencimiento previo a la fecha de la Asamblea, los adscriptos y los jubilados beneficiarios del sistema. b) Consejo de Administración: Ejercerá la dirección y administración de la Caja, estará integrado por cinco (5) miembros titulares: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero y un (1) Vocal; dos (2) miembros podrán ser jubilados, correspondiendo a un escribano en actividad el ejercicio del cargo de Presidente. Para reemplazar a los miembros titulares, en caso de impedimento, se elegirán dos (2) suplentes. c) La Sindicatura: Tendrá a su cargo el control y fiscalización de la gestión de los órganos de la Caja. Se integrará por un (1) Síndico titular y un (1) suplente, afiliados a la Caja, elegidos por la Asamblea, entre aquellos que tuvieren al menos cinco (5) años de ejercicio en la función notarial, a propuesta del Consejo de Administración de la Caja y durarán dos (2) años en sus funciones.
Para ser miembro del Consejo de Administración, se requiere haber tenido seis (6) años de ejercicio en la función notarial. La elección se llevará a cabo por el sistema de lista completa, serán elegidos por votación directa, secreta y obligatoria a simple mayoría de votos, en la forma y modo que establezca la reglamentación; durarán tres (3) años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos por un solo período. La Caja formará los padrones de afiliados con los profesionales inscriptos en actividad y con los jubilados. No son elegibles, ni pueden ser electores quienes adeuden aportes y contribuciones a la caja en el año anterior a la elección. El afiliado que no votare, salvo impedimento justificado, abonará una multa que fijará el Consejo de Administración con aprobación de la Asamblea. Los cargos de presidente y vocales del Consejo de Administración y el de miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, son incompatibles con el de miembros del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos y del Tribunal de Disciplina. Los cargos no serán remunerados, pero el cumplimiento de las funciones podrá ser compensada con honorarios a propuesta del Consejo de Administración de la Caja, quien fijará montos y condiciones con aprobación de la Asamblea con mayoría agravada de votos.
El Consejo de Administración podrá sesionar válidamente con la presencia de tres (3) de sus miembros; cada uno de ellos tendrá un (1) voto. En las deliberaciones, el Presidente tendrá voto en caso de empate.
Los miembros del Consejo de Administración podrán ser removidos por Asamblea y mediante sumario por: delitos comunes, inhabilidad física, moral o mental sobreviniente o por las causales que por ley le impiden el ejercicio de la profesión de escribano.
Son funciones del Consejo de Administración: a) Aplicar e interpretar la presente Ley. b) Conceder o negar los beneficios que acuerda esta Ley con sujeción a las normas de la misma y demás disposiciones reglamentarias. c) Dictar las reglamentaciones especiales y el reglamento interno. d) Fijar el presupuesto anual de sueldos y gastos, con la aprobación de la Asamblea de afiliados. e) Administrar los bienes y rentas de la Caja. f) Nombrar y remover a su personal. g) Practicar un balance anual. h) Determinar periódicamente el estado económico-financiero de la Caja. i) Redactar una memoria anual que, junto con el balance y estado económico-financiero cuando corresponda, elevará a la Asamblea de afiliados para su aprobación. j) Dictar resoluciones. k) Aplicar intereses punitorios a los afiliados morosos, suspender los beneficios que otorgue la caja o que resulten de convenios celebrados con el Colegio Notarial. I ) Emplazar al cumplimiento a los afiliados que hayan omitido presentar las declaraciones juradas y que no permitan la inspección de sus protocolos o no presenten la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones, e imponer las sanciones en su caso. m) Proponer a la asamblea todas las cuestiones relativas a la modificación de los aportes, tanto en lo que hace a la clase y naturaleza de los actos o escrituras que resulten comprendidos o exceptuados, como a la fijación de los montos establecidos, condiciones y demás modalidades de los aportes, conforme a las facultades otorgadas por las disposiciones vigentes.
Contra la Resolución del Consejo de Administración que deniegue los beneficios que acuerda la presente Ley o que, a juicio del interesado, disminuya los beneficios que legalmente le corresponden, procederá el recurso de apelación a favor del afiliado o de sus derechohabientes por ante la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos, cuya resolución será apelable ante el Tribunal de Disciplina del Colegio.
Anualmente, el Consejo de Administración procederá a convocar a la Asamblea de Afiliados para darle cuenta de sus gestiones y, a la elección de sus miembros titulares y suplentes cuando corresponda, de acuerdo a lo que dispone la presente Ley.
Los recursos de la Caja estarán conformados por: a) Los aportes mensuales a cargo de los afiliados, cuyo importe será fijado periódicamente por el Consejo de Administración de la Caja Notarial. b) Un porcentaje sobre la venta de todo tipo de papel notarial y/o acto en el que intervenga el Colegio de Escribanos, porcentaje que será fijado anualmente por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos, el que no podrá ser menor a un 2% (Dos por ciento). c) Un porcentaje de los honorarios que les correspondieren a los escribanos de acuerdo a los honorarios mínimos establecidos por el Colegio de Escribanos, sobre las escrituras que autoricen. La Asamblea de afiliados determinará y/o modificará la clase ¿ naturaleza de los actos que resulten gravados o exceptuados de la obligación de aportar, como así también los respectivos porcentajes. d) Las donaciones o legados que se hicieren a favor de la caja previsional. e) Los intereses y rentas de las inversiones que se efectuaren. f) El monto de los intereses que se apliquen a los afiliados. g) Las transferencias de fondos que pueda efectuar el Colegio de Escribanos previa aprobación de la Asamblea. h) Otros recursos susceptibles de arbitrarse por Asamblea de Escribanos.
Los bienes de la Caja son inembargables, salvo para responder ante sus afiliados por el pago de prestaciones otorgadas.
El Consejo de Administración está facultado para establecer los procedimientos a seguir para la recaudación y control de los recursos enumerados en el Art. 124.-
En ningún caso podrán darse a los fondos de la Caja otros destinos que los expresamente establecidos en esta Ley, caso contrario, serán solidariamente responsables los miembros del Consejo de Administración, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil y penal que pudieren corresponderles.
Podrán acogerse a los beneficios de jubilación, aquellos escribanos que hubiesen efectuado aportes a la caja durante un plazo mínimo de treinta (30) años, con una edad mínima de sesenta y cinco (65) años y que hayan cesado en la actividad notarial. Aquellos afiliados que reúnan el requisito de edad para obtener la jubilación ordinaria y quince (15) años como mínimo de ejercicio profesional en registros de número de la Provincia, o aun cuando no complete el número de años con aportes exigidos para la jubilación ordinaria, podrán solicitar el otorgamiento de la Jubilación ordinaria especial, cuyo monto será proporcional a los años de aportes computables, de acuerdo con la siguiente escala, sin perjuicio de lo que corresponda por adicional jubilatorio: 07, 08 y 09 años de aporte 30% del haber básico 10,11 y 12 años de aporte 40% del haber básico 13,14 y 15 años de aporte 50% del haber básico 16 años de aporte 53,33% del haber básico 17 años de aporte 56,66% del haber básico 18 años de aporte 60,00% del haber básico 19 años de aporte 63,33% del haber básico 20 años de aporte 66,66% del haber básico 21 años de aporte 70,00% del haber básico 22 años de aporte 73,33% del haber básico 23 años de aporte 76,66% del haber básico 24 años de aporte 80,00% del haber básico 25 años de aporte 83,33% del haber básico 26 años de aporte 86,66% del haber básico 27 años de aporte 90,00% del haber básico 28 años de aporte 93,33% del haber básico 29 años de aporte 96,66% del haber básico.
Las licencias o suspensiones, sean ordinarias o extraordinarias, consecutivas o alternadas, que no excedan de un (1) año, no interrumpen el cómputo de los servicios notariales, siempre y cuando se hayan realizado los aportes correspondientes. En los casos de suspensiones o licencias que excedan de un (1) año, el Consejo de Administración de la Caja resolverá sobre la computabilidad de los servicios y sobre los aportes. Excepto los cargos de Asesor del Consejo de Administración de la Caja Notarial de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios y Asesor del Tribunal de Disciplina y Comisión Directiva del Colegio de Escribanos e Inspector de Protocolos del Colegio de Escribanos.
Queda absolutamente prohibido a los escribanos jubilados toda actuación notarial, directa o indirecta, incluidos los trámites, estudios o referencias de cualquier otra actividad conexa, que pudieran vincularse con tareas notariales, con pena de perder los beneficios de la jubilación.
El monto básico de la jubilación ordinaria, ordinaria especial y extraordinaria será fijado periódicamente por el Consejo de Administración conforme a un estudio actuarial que deberá ser encargado a un profesional especialista en la materia, con una periodicidad anual. En el caso de que circunstancias especiales lo justifiquen, dicho período podrá ser menor. Jubilación Extraordinaria y Subsidio por Incapacidad Transitoria
La jubilación extraordinaria por invalidez se concederá a los afiliados que, encontrándose en actividad, se incapaciten en forma absoluta y permanente para el ejercicio profesional por causa de contingencia o enfermedad debidamente probada. La Jubilación extraordinaria se otorgará siempre que el afiliado no tuviere derecho a jubilación ordinaria. Se considerará invalidez cuando cumpla los siguientes requisitos: a) Incapacidad absoluta en caso de padecer una incapacidad del sesenta y seis por ciento (66%) o más. b) Contar con un mínimo de siete (7) años de aportes en este sistema.
La incapacidad, a los fines del otorgamiento del beneficio, será apreciada por el Consejo de Administración en base a informes coincidentes de por lo menos dos (2) médicos designados por él mismo o a través de informe de junta médica oficial que podrá requerir según su criterio. La utilización de un mecanismo no excluye al otro.
La jubilación extraordinaria por incapacidad absoluta transitoria se otorgará al afiliado activo que, por una contingencia o enfermedad, presentara una deficiencia en su aptitud laboral no inferior al sesenta y seis por ciento (66%) de su capacidad normal, que le imposibilite el ejercicio de su profesión por un lapso superior a los sesenta (60) días. La jubilación se concederá en principio, por un término no mayor a ciento veinte (120) días, renovable por resolución fundada del Consejo de Administración de la Caja Previsional, hasta un plazo máximo de dieciocho (18) meses. Vencido este plazo, sin que haya desaparecido la incapacidad, se considerará que la misma ha adquirido el carácter de permanente, por lo que el afiliado podrá acogerse a los beneficios de la jubilación extraordinaria por invalidez. La subsistencia de la incapacidad absoluta transitoria deberá acreditarse por exámenes médicos, conforme a los procedimientos indicados por el Consejo de Administración en el momento que lo estimare conveniente.
El derecho al subsidio por incapacidad transitoria se extingue cuando: a) Cesa la incapacidad. b) Por acción u omisión del beneficiario que impida o perturbe los exámenes médicos que se ordenen practicar o se nieguen las informaciones requeridas por la Caja. c) Se determine que el beneficiario desarrolla actividades incompatibles con el grado de incapacidad. d) Por muerte del beneficiario. e) Cuando el causante optare por otros beneficios jubilatorios.
El haber mensual de la jubilación extraordinaria por incapacidad será del ochenta por ciento (80%) del monto del haber de la jubilación ordinaria vigente a la fecha de abonarse la misma, cuando la antigüedad del afiliado en el ejercicio de la profesión sea superior a siete (7) años.
Previo al otorgamiento de cualquier jubilación el afiliado deberá acreditar el cese efectivo de sus tareas notariales, mediante la presentación de su renuncia aceptada por el Colegio de Escribanos de la Provincia.
El otorgamiento de todo beneficio de jubilación será notificado por la Caja al Tribunal de Disciplina Notarial y al Colegio de Escribanos de la Provincia.
El importe de jubilaciones impagas al producirse el fallecimiento del beneficiario se hará efectivo a los derechohabientes declarados judicialmente, en el orden de prelación y en la proporción establecidos en los Artículos 141.- y 142.- Pensiones
El derecho a pensión es personal, intransferible e imprescriptible y se adquiere a partir de la muerte del causante.
Tendrán derecho a pensión los derechohabientes de los afiliados con el tiempo de servicios y aportes requeridos para la jubilación ordinaria, aunque no hubieran cumplido el límite de edad y hayan estado o no en actividad, en el siguiente orden excluyente: a) Viuda, viudo o conviviente en unión convivencial inscripta. b) Viuda, viudo o conviviente en unión convivencial inscripta, en concurrencia con hijos solteros, menores de edad, o hasta los veinticinco (25) años cuando cursen estudios primarios, secundarios o superiores y los hijos mayores de edad incapacitados que hubiesen estado a cargo del causante. c) Hijos en las condiciones del Inc. anterior, no existiendo cónyuge o conviviente con derecho al beneficio. d) Ascendiente en caso de no existir los anteriores.
En el caso de concurrencia, el beneficio de pensión será distribuido en la siguiente proporción: El cincuenta por ciento (50%) de la pensión corresponderá a la viuda, viudo o conviviente, y el cincuenta por ciento (50%) restante se distribuirá entre los hijos por partes iguales.
Los beneficiarios de pensión tendrán derecho a acrecer en el siguiente orden: a) En caso de fallecimiento del viudo, viuda o conviviente, su parte acrece a la de los hijos íntegramente. b) En caso de extinción del derecho de uno de los hijos, su parte acrece a favor de los restantes. c) En caso de extinción del derecho de todos los hijos, su parte acrece a favor del viudo, viuda o conviviente íntegramente.-
A los fines pensionarios la incapacidad del derechohabiente deberá haber existido a la fecha del deceso del causante y haber sido denunciada antes de su fallecimiento.
No tendrán derecho a pensión: a) Los derechohabientes comprendidos en las incapacidades para suceder establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. b) El cónyuge comprendido en los alcances del Art. 2.436.- del Código Civil y Comercial. No se produce la sucesión del cónyuge, si el causante muere dentro de los treinta (30) días a contar de su matrimonio por enfermedad ya existente. c) El cónyuge del causante que hubiese estado separado de hecho a la fecha del deceso, conforme a la última declaración jurada presentada por el causante antes de su fallecimiento. d) Por cualquiera de las causales de indignidad prevista en el Art. 2.281.- del Código Civil y Comercial de la Nación.
El derecho a pensión se extingue: a) Por muerte del beneficiario o fallecimiento presunto judicialmente declarado. b) Desde la fecha en que los hijos alcancen la edad establecida en el Art. 142.- Incisos b) y c) o se emancipen. c) Para los incapacitados, declarados por sentencia judicial, desde la fecha en que desaparezca la incapacidad o cese el estado de necesidad.
El monto de las pensiones será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la jubilación que percibiría el escribano; y en caso de afiliados en actividad, al setenta y cinco por ciento (75%) del que hubiere correspondido por jubilación ordinaria, con treinta (30) años de aportes. Subsidios
La Caja acordará subsidios para sufragar las contingencias que ésta en el futuro establezca: a) A los notarios de registro de la Provincia y a sus adscriptos. b) A los jubilados y pensionados de la Caja. c) A los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad no emancipados o mayores incapacitados de los beneficiarios de los incisos anteriores.
El subsidio por fallecimiento corresponderá a todos los afiliados. La Caja sufragará los gastos que dicho fallecimiento ocasionare hasta una suma que será fijada periódicamente por la Asamblea de Escribanos. El subsidio por enfermedad, consistirá en el pago de una suma mensual cuyo monto será establecido por la Asamblea y por hasta el término de tres (3) años, salvo en caso que el presunto beneficiario tuviere adscripto, y éste continuara al frente del Registro. Pasado dicho lapso, si el beneficiario continuara enfermo, se le otorgarán los beneficios jubilatorios. El subsidio por maternidad se hará efectivo en dos (2) cuotas, la primera cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha probable de parto, y la segunda dentro de los diez (10) días siguientes al alumbramiento.
El Consejo de Administración fijará anualmente los montos de todos los subsidios, sus causas determinantes y las condiciones en que serán acordados.
Con los fondos y rentas se atenderán los diversos beneficios que se otorgan de conformidad a la presente Ley y los gastos administrativos de la Caja. Anualmente deberá destinarse el dos por ciento (2%) de los ingresos que se obtengan por aplicación del Art. 132.-, para la formación de un fondo de reserva. El remanente será invertido, previa aprobación de la Asamblea de Afiliados en: a) Préstamos hipotecarios a sus afiliados, destinados a la construcción, adquisición, ampliación o refacción de la vivienda propia u oficina propia para asiento de la escribanía, como así también para sustituir hipotecas que graven los inmuebles referidos. Estos préstamos deberán ser complementados con un seguro, que cubra el saldo de la deuda en caso de fallecimiento del prestatario, y con seguro contra incendio u otros estragos. b) Préstamos personales a sus afiliados y al Colegio de Escribanos. c) Préstamos para indemnización de empleados de los afiliados. d) Construcción de edificios destinados a oficinas de la Caja. e) Préstamos a los afiliados para la adquisición de muebles y útiles para la escribanía. f) Colocaciones financieras. g) Depósitos a plazo fijo u otras inversiones, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Los importes que se recauden serán invertidos, conforme a lo dispuesto en el Art. 151.-, a efectos de formar un fondo suficiente para afrontar las prestaciones correspondientes, reservando únicamente el monto necesario para atender los gastos de administración de la Caja.
La Caja no otorgará ninguna prestación jubilatoria ni pensionaria durante los próximos siete (7) años contados desde la fecha de vigencia de la presente Ley.
Los afiliados activos presentarán mensualmente a la Caja con carácter de declaración jurada, un detalle de los actos sujetos a aportes realizados el mes anterior conforme al Art. 134.- Inciso c).
El Consejo de Administración emplazará al afiliado que, sin causa justificada, omitiera presentar la declaración jurada que indica el Artículo precedente, aunque haya efectuado el aporte correspondiente, para que lo haga en el término de dos (2) días hábiles. Vencido este plazo se le aplicará la sanción que establezca la reglamentación.
El afiliado que no diera cumplimiento con el aporte que establec¿ el Art. 131.-, otro que se fije con posterioridad o cualquier otra obligación derivada de la presente Ley será sancionado conforme lo establezca la reglamentación.
Una vez intimado el afiliado tendrá (2) días hábiles para efectuar el depósito de los aportes omitidos más la multa y los intereses, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan.
Los integrantes de los órganos de administración y fiscalización o las personas en quienes deleguen estas funciones están facultados para compulsar protocolos y cualquier otra documentación que fuere necesario, teniendo libre y gratuito acceso a los Registros y Archivos Públicos. Serán civil y penalmente responsables en el cumplimiento de sus funciones y el manejo de los fondos.
Al afiliado que, emplazado en diez (10) días a que permita la inspección de su protocolo o de la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones, se negare a ello, se le aplicarán las sanciones que establezca la reglamentación.
El incumplimiento a las obligaciones del afiliado para con la Caja. establecidas en esta Ley o en la reglamentación que en su consecuencia se dicte, autorizará la suspensión de toda prestación. En todos los casos se deberá respetar el debido proceso.
Los notarios titulares de registro son solidariamente responsables con sus adscriptos por los incumplimientos aportativos de éstos, sus accesorios y las sanciones pecuniarias que en su consecuencia se dicten.
Para el cobro de las obligaciones aportativas, serán aplicables las disposiciones vigentes del proceso ejecutivo. Será título suficiente de ejecución, a los fines indicados, el certificado de deuda expedido por el Presidente y Tesorero del Consejo de Administración o sus reemplazantes legales.
Las prestaciones que esta Ley establece revisten los siguientes caracteres: a) Son personales e intransferibles. b) Son inembargables. c) Sólo podrán reducirse en cada caso, en el monto necesario para atender los servicios de los préstamos personales y/o hipotecarios que le acuerde la caja al beneficiario. d) Sólo se pierden por las causas previstas en esta Ley.
Si los recursos previstos no son suficientes para atender todos los beneficios que implementen, el Consejo de Administración de la Caja podrá establecer, con aprobación de la Asamblea, cuotas adicionales a cargo del afiliado, de carácter permanente o transitoria, las que serán determinadas en base a los procedimientos aconsejados por la técnica notarial.
Los empleados y funcionarios de administración provincial, podrán prestar colaboración a la Caja en todo lo que concierne al contralor de percepción de los aportes, y evitar o prevenir las defraudaciones de que pudiere ser objeto.
La Caja está eximida de todo impuesto, tasa o cargo provincial o municipal, creado o a crearse, cuando el pago estuviere a su cargo.
La Caja se encuentra facultada para celebrar acuerdos con el ANSES relativos a la reciprocidad jubilatoria.
El Colegio de Escribanos está obligado a comunicar a la Caja Notarial Provincial mensualmente, todas las modificaciones que se produzcan en la nómina de notarios, bajo la responsabilidad de su Comisión Directiva.
El Consejo de Administración dictará normas reglamentarias para la mejor aplicación de la presente Sección cuando sea necesario.
El importe mensual de la jubilación ordinaria estará integrado por un monto básico, más un adicional proveniente de la distribución del monto que se determine conforme al Inciso 3) apartado a) de éste artículo. 1. Para determinar el importe de la jubilación ordinaria y el adicional jubilatorio se aplicará el siguiente método de puntaje: a. Cada afiliado tendrá una cuenta individual en la cual se registrarán los aportes jubilatorios que efectúe e ingrese efectivamente. Estas cuentas se cerrarán juntamente con el ejercicio de la Caja, para establecer lo que cada afiliado aportó en el ejercicio. Los aportes devengados y no ingresados en término serán computados en el ejercicio en que efectivamente se ingresen, a tal efecto se aplicarán las normas de la legislación vigente respecto de multas e intereses punitonios y compensatorios. A tal fin, el Consejo de Administración de la Caja Previsional determinará el procedimiento a seguir. b. La suma total ingresada a la Caja por todos los afiliados en concepto de aportes. Este monto dividido por una cifra igual a cien veces el número de afiliados dará por resultado el aporte medio del ejercicio. c. Dividiendo el aporte anual de cada afiliado por el aporte medio del ejercicio, se obtendrá una cifra que será el número de puntos que le corresponden al afiliado en ese ejercicio. d. Los puntos obtenidos por cada afiliado se sumarán cuando renuncie al ejercicio profesional para jubilarse o sea causante de pensión. 2. Para determinar el monto básico se procederá de la siguiente manera: a. El Consejo de Administración de la Caja Previsional fijará el monto básico conforme a un estudio actuarial, que deberá ser encomendado con una periodicidad anual por el Consejo de Administración a un profesional especialista en la materia. En el caso de que circunstancias especiales lo justifiquen dicho periodo podrá ser menor. b. El monto básico se abonará mensualmente con más un porcentaje sobre la venta de papel conforme a lo establecido en el Art. 124.- de la presente y su reglamentación. Estos montos serán determinados por el Consejo de Administración, y tendrán vigencia hasta la determinación de un nuevo monto conforme la reglamentación que al efecto se dicte. El quantum del monto básico y el porcentaje sobre la venta de papel podrán variar teniendo en cuenta a la comunidad vinculante. 3. Para determinar el adicional jubilatorio se procederá de la siguiente forma: a. El monto a distribuir en concepto de adicional, será fijado por la Asamblea Anual, y no podrá ser superior al ochenta y dos por ciento (82%) de lo pagado en concepto de monto básico en el ejercicio anterior. b. Al cierre del ejercicio se dividirá el monto a distribuir en el total de puntos acumulados por todos aquellos que tengan asignados beneficios, obteniéndose así el valor de cada punto. c. Multiplicando el valor del punto por el total de puntos que tenga acumulados cada uno de los beneficiarios, se obtendrá el importe que le corresponde por adicional jubilatorio. d. Este importe será abonado a partir del primero de enero del año siguiente en doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas, siendo acreedor al mismo todos aquellos que tengan asignados el beneficio al 31 de diciembre del año anterior.
Tanto el importe mensual del beneficio de la jubilación extraordinaria por invalidez, como el importe mensual del subsidio por incapacidad transitoria en caso de corresponder, se abonarán a afiliados que posean una antigüedad igual o mayor a siete (7) años de aportes y conforme lo establecido en el Art. 138.- de la presente. Los montos de jubilación extraordinaria por invalidez incrementarán de acuerdo al aumento que perciban el importe básico de la jubilación ordinaria.
Créase el Centro de Mediación, dependiente del Colegio de Escribanos de la provincia de La Rioja, el que formará parte de la estructura orgánica de esta institución, y conforme a lo previsto por la Ley N° 10.766.
Lo dispuesto en el Art. 18.- de la presente Ley no será aplicable a las y los estudiantes que cumplan con los requisitos del Art. 2° Inciso a) de la presente Ley y hubieran egresado hasta el 31 de diciembre de 2032 en Universidades que tengan domicilio en la provincia de La Rioja, siempre que se encuentren cursando la carrera de Escribanía a la fecha de sanción de esta Ley. Las y los aspirantes a la matrícula deberán realizar un curso y una evaluación de carácter escrito y oral, cuyo resultado no constituirá condición excluyente para acceder a la matrícula. Dicho examen será evaluado por un jurado designado al efecto, integrado por cinco (5) miembros: dos (2) representantes del Colegio de Escribanos, dos (2) representantes designados por la Universidad Nacional de La Rioja y uno (1) por la Universidad Notarial Argentina. La Comisión Directiva del Colegio de Escribanos reglamentará la modalidad y las fechas de realización del examen, el cual se efectuará una vez por cada año calendario.
Deróganse las Leyes N° 6.071, N° 8.438, N° 10.008.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.
Fin del texto
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