Abriendo la norma
Ley provincial 10.864 · 2026
La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de Ley:
El Consejo de la Magistratura reglado por el Artículo 177º y concordantes de la Constitución de la Provincia, se regirá por las normas establecidas en la presente Ley.
El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente que actúa en el ámbito de la Función Legislativa de la Provincia, con quien coordina la administración financiera para el cumplimiento de sus objetivos institucionales; goza de autonomía funcional en cuanto a las atribuciones y deberes previstos en el Artículo 180º de la Constitución Provincial.
El Consejo de la Magistratura tendrá su sede en dependencias de la Función Legislativa, la que asignará el personal y los recursos necesarios para el funcionamiento del organismo.
El Consejo de la Magistratura estará integrado, de conformidad a lo establecido en el Artículo 178º de la Constitución Provincial, por los siguientes consejeros/as: 1.- Tres (3) diputados/as, uno (1) por la minoría. 2.- Dos (2) representantes de la Función Ejecutiva. 3.- Un/a (1) representante del Tribunal Superior de Justicia, que ejercerá su Presidencia. 4.- Un/a (1) representante de los jueces/zas inferiores, elegido al efecto por sus pares. 5.- El Fiscal General. 6.- El Defensor General. 7.- Un/a (1) representante de los abogado/as y de la matrícula, elegido por el voto directo de todos los letrados matriculados de la Provincia. 8.- Un/a (1) académico/a de la carrera de Derecho, que posea título de abogado/a. El académico/a de la carrera de derecho debe ser un docente perteneciente a una de las universidades públicas radicadas en la Provincia. La propuesta del académico/a debe ser elevada al Consejo de la Magistratura a través del rector/a de la universidad que representa. Por cada miembro titular se elegirá un/a suplente, mediante igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, inhibición, recusación, remoción, fallecimiento u otro impedimento.
Para ser miembro del Consejo de la Magistratura se requiere a) Ser argentino/a. b) Acreditar una residencia mínima de dos (2) años, anterior e inmediata en la Provincia. El Consejero/a en representación del estamento académico deberá poseer título de abogado/a. Para los representantes de la Cámara de Diputados y de la Función Ejecutiva, el título de abogado/a no será requisito obligatorio, considerándose dicha condición como antecedente preferente.
Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán el término de tres (3) años sin reelección inmediata, a excepción del Fiscal General y Defensor General, quienes ejercen una representación única. Los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de jueces, miembros del Ministerio Público, legisladores en actividad y académicos/as cesarán en sus cargos si se modifican las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes, o en su caso, por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo.
La función de quienes integran el Consejo de la Magistratura en calidad de consejeros/as, constituye carga pública. El desempeño del cargo de consejero/a será ad honorem en todos los casos y no generará derecho a retribución alguna.
El Consejo de la Magistratura se integrará conforme al Artículo 4º de la presente Ley. Integrado el mismo, se comunicará a la Función Legislativa y al Tribunal Superior de Justicia, cuyo representante ejercerá la Presidencia.
Los miembros del Consejo de la Magistratura podrán ser removidos de sus cargos por el voto de los dos tercios del total de los miembros titulares, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado cuando incurrieren en mal desempeño, en la comisión de un delito y/o inhabilidad física o psíquica sobreviniente durante el ejercicio de sus funciones. Se excluye de la votación al acusado.
En la primera reunión el Presidente/a del Consejo jura por sí y toma juramento a los demás miembros para desempeñar debidamente el cargo.
Cuando el concurso sea para cubrir cargos del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público de la Defensa se integrará al Consejo de la Magistratura un representante del Ministerio Público correspondiente al cargo que se concurse, quien integrará las Comisiones previstas en la presente Ley, en el marco de las mismas atribuciones, derechos y deberes, y jurará, de la misma manera, en la primera Sesión en que se integren. Para dicho caso, el/la representante de los jueces/zas inferiores será reemplazado en los términos del Artículo 178º de la Constitución Provincial.
Los miembros del Consejo deberán excusarse o inhibirse por las causales previstas en la Ley Orgánica de la Función Judicial. También podrán ser recusados sólo uno (1) por concursante por las causales previstas en la misma ley. La recusación o inhibición será resuelta por el Consejo en Sesión Especial, citada a esos efectos. Cada una de las cuales se considerarán y resolverán, excluyendo únicamente al miembro de cuya excusación o recusación se analice. La resolución se tomará por el voto de dos tercios de los miembros totales del Consejo y será irrecurrible. Aceptada una excusación o recusación ingresará en su lugar el suplente.
Los miembros del Consejo de la Magistratura estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales. Los miembros elegidos en representación de la Función Ejecutiva, de los abogados/as y del ámbito académico estarán sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces/zas y miembros del Ministerio Público. Los miembros del Consejo de la Magistratura no podrán concursar para ser designados jueces/zas, mientras dure su desempeño en el Consejo y hasta después de transcurrido un (1) año del plazo en que debieron ejercer sus funciones. La calidad de miembro del Consejo de la Magistratura no será incompatible con el ejercicio del cargo o profesión, en virtud del cual fue nombrado, sólo lo será a tenor de la parte final del Artículo 177º de la Constitución Provincial, con respecto al Jurado de Enjuiciamiento.
El Consejo de la Magistratura decidirá en Sesiones Plenarias. Será asistido por una secretaría del consejo y organismos auxiliares. Las Comisiones se expedirán mediante dictámenes que no tendrán valor de decisión hasta que no hayan sido aprobados por el Consejo en Sesión Plenaria.
El Consejo de la Magistratura tiene las atribuciones y deberes que le asigna el Artículo 180º de la Constitución Provincial: 1.- Efectúa la selección de todos los jueces/zas y miembros del Ministerio Público para cubrir los cargos vacantes de la Función Judicial. 2.- Cubre las vacantes que se produzcan de manera transitoria, no pudiendo exceder esas designaciones el plazo de seis (6) meses; en ningún caso podrá prorrogarse. El juez/a o miembro del Ministerio Público designado transitoriamente cesará en su cargo de pleno derecho el día de su vencimiento. 3.- Puede cubrir los cargos que requieran suplencias temporales, no pudiendo exceder en este caso el plazo de la ausencia. 4.- Recibe las denuncias en contra de jueces/zas o miembros del Ministerio Público, decide la apertura del jurado de enjuiciamiento o la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, al Fiscal General o Defensor General, según el caso, para que ejerza la superintendencia prevista en el Artículo 162º Inciso 1) de la Constitución Provincial e imponga, en el caso de ser pasible, las sanciones administrativas que la Ley prevea. 5.- Somete a Jurado de Enjuiciamiento al juez/a que pierda la competencia por más de tres (3) veces al año. 6.- Evalúa el desempeño de los magistrados/as y miembros del Ministerio Público, de acuerdo a los plazos y formas establecidas en el Artículo 158º, Segundo Párrafo de la Constitución Provincial, a los fines de la renovación por un nuevo período. Dicha evaluación tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento, a la eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia y de su tutela efectiva. 7.- El Consejo de la Magistratura examinará las idoneidades psicofísicas, científico técnicas, gerencial y ética de los aspirantes en concurso público y abierto, y sus resoluciones serán fundadas. Ningún concurso desde su convocatoria hasta la designación podrá demorar más de ciento veinte (120) días corridos. El Consejo de la Magistratura, además de las atribuciones reconocidas en el Artículo 180º de la Constitución Provincial, tendrá las siguientes facultades: a) Aprobar su reglamento. b) Aprobar los reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuyen la Constitución Provincial y esta Ley, a fin de garantizar un concurso eficaz, eficiente y transparente. c) Designar al Secretario/a y Prosecretario/a del Consejo, a propuesta de la Presidencia de la Cámara de Diputados, elevada a través de una terna. d) Designar a los titulares de los organismos auxiliares que se crearen y disponer su remoción por el voto de los dos tercios del total de sus miembros. e) Llamar a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir las vacantes de jueces/zas o miembros del Ministerio Público. En orden a ello, el Consejo de la Magistratura sustancia los concursos, evalúa antecedentes e idoneidad de los aspirantes, toma los exámenes de oposición, resuelve las impugnaciones y oposiciones, realiza las entrevistas personales, confecciona las propuestas de ternas y ejerce las demás funciones que le establece esta Ley y los reglamentos que se dicten en consecuencia. f) Designar, de entre sus miembros, a los integrantes de cada comisión. g) Dictar las reglas de funcionamiento de la Secretaría y de los demás organismos auxiliares, cuya creación disponga el Consejo. h) Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y oposición, en los términos previstos en la Constitución Provincial y en la presente Ley. i) Resolver los concursos y elevar la terna a la Cámara de Diputados, la que actuará conforme a lo dispuesto por el Artículo 181º de la Constitución Provincial. j) Decidir la apertura del procedimiento de remoción de juez/a o miembro del Ministerio Público previo informe de la Comisión de Disciplina e Investigación-, formular la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento y ordenar la suspensión del juez/a o miembro del Ministerio Público. Estas decisiones deberán adoptarse con el voto de los dos tercios del total de sus miembros. La decisión no será susceptible de acción o recurso judicial o administrativo alguno. k) Reponer en sus cargos a los jueces/zas o miembros del Ministerio Público que, sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, no hubieran resultado removidos por decisión del Tribunal o por falta de resolución dentro del plazo constitucional. Dicha reposición deberá tener lugar dentro de los tres (3) días siguientes de la fecha de finalización del enjuiciamiento o del término del plazo previsto en el Artículo 185º de la Constitución Provincial. l) Puede el Consejo de la Magistratura, reunido en plenario, constituirse en Comisión para avocarse a la resolución de los temas que considere pertinentes y que por motivos fundados no fueron tratados en las comisiones.
El Consejo de la Magistratura se reunirá en Sesiones Plenarias Ordinarias y Públicas con la regularidad que establezca su Reglamento Interno, cuando decida convocarlo desde la presidencia o a petición de cuatro (4) de sus miembros. Los expedientes que se tramiten en el Consejo de la Magistratura serán públicos, especialmente los que se refieran a concursos, validación o denuncias efectuadas contra jueces/zas o miembros del Ministerio Público.
El quórum para sesionar será la mitad más uno de los miembros del Consejo. Las decisiones se adoptarán con el voto de la mayoría simple de los miembros, salvo cuando por esta Ley se requieran mayorías especiales.
El Presidente/a del Consejo de la Magistratura ejercerá las atribuciones que dispone esta Ley y las demás que establezcan los reglamentos que dicte el Consejo. Durará tres (3) años en sus funciones y no podrá ser reelegido en su designación de manera inmediata. El Presidente/a tiene las siguientes atribuciones, independientemente de las que eventualmente fije el reglamento interno: a) Presidir y dirigir las sesiones del Plenario y las audiencias que éste convoque b) Representar al cuerpo en los actos protocolares y en todas sus relaciones con otras autoridades e instituciones c) Convocar al Plenario a Sesión Extraordinaria en la fecha que disponga, cuando circunstancias urgentes así lo requieran o en los casos contemplados en la presente Ley y eventualmente en el reglamento interno d) Ejercer los mismos derechos y responsabilidades que los restantes miembros del Consejo. e) Su voto es simple, salvo en caso de empate, en el que su voto se computará doble.
El Consejo de la Magistratura, para un rápido y eficiente trabajo, se dividirá en comisiones para los concursos y/o validaciones. Serán integradas con un mínimo de tres (3) miembros y aconsejarán mediante dictámenes producidos por la mayoría de miembros presentes, salvo cuando por esta Ley se requieran mayorías especiales, pero no tendrán valor de decisión hasta que no hayan sido aprobados por el Consejo en Sesión Plenaria. 1.- Comisión Integral de Evaluación: Le comprende emitir dictamen sobre: a) Las impugnaciones que se realicen en torno a la idoneidad de los postulantes para el caso de los concursos y también para aquellas que se presenten para los casos de validación. b) Los antecedentes que presenten los postulantes a los concursos, como así también para la validación a los fines de su calificación. c) Los exámenes orales y/o escritos que son de carácter público. d) Podrá incorporar para los exámenes orales y/o escritos a expertos/as en las diferentes materias del derecho, en número proporcional a la cantidad de tos de reglamentos que le sean encomendados por los órganos enunciados en el Inciso precedente. c) Propiciar ante el Plenario, mediante dictamen y a través de la Presidencia, las modificaciones que requieran las normas reglamentarias vigentes para su perfeccionamiento, actualización, reformulación y reordenación. d) Emitir dictámenes a requerimiento de la Presidencia, del Plenario, de las otras comisiones o de cualquiera de sus miembros en los casos en que se planteen conflictos de interpretación derivados de la aplicación de reglamentos. 4.- Comisión Investigadora y de Acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento: Prevista en el Artículo 185º de la Constitución Provincial se integrará por sorteo, con tres (3) miembros que llevarán adelante la acusación decidida por el Plenario del Consejo de la Magistratura ante el Jurado de Enjuiciamiento. Goza de las mismas potestades de investigación de la Comisión de Disciplina e Investigación y puede, en caso de considerarlo necesario, ampliar la investigación durante la sustanciación del procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento. No integra esta comisión el presidente/a del Consejo.
Cada comisión fijará sus días de labor y elegirá entre sus miembros un Presidente/a que durará en sus funciones el término de un (1) año, sin reelección inmediata.
Cada comisión podrá integrar en su seno a legisladores, en número proporcional a la cantidad de miembros de la comisión, con voz pero sin voto, a los fines de sus respectivas competencias.
La Secretaría del Consejo de la Magistratura prestará asistencia directa al Presidente/a y al Plenario del Consejo, notificará las citaciones a las Sesiones del Plenario, coordinará las Comisiones del Consejo, preparará el Orden del Día a tratar, llevará las actas y ejercerá las demás funciones que le establezcan los reglamentos internos. El cargo de la Secretaría será desempeñado por un abogado/a y deberá contar con una antigüedad en el ejercicio de la profesión de cinco (5) años, con dos (2) años de residencia anterior e inmediata en la Provincia. Quien desempeñe el cargo no podrá ser miembro del Consejo. El Secretario/a contará con la asistencia permanente de un Prosecretario/a, que deberá asistir a la Secretaría en todas las tareas propias de su función, pudiendo asignársele funciones específicas.
Corresponde a la Presidencia de la Cámara de Diputados proponer a través de una terna al Secretario/a y al Prosecretario/a del Consejo de la Magistratura, que en Sesión Plenaria procederá a su respectiva designación. Para la designación se procederá conforme a lo establecido en el Segundo Párrafo del Artículo 22º de la presente Ley.
La selección de postulantes a jueces/zas y miembros del Ministerio Público para cubrir los cargos vacantes de la Función Judicial prevista en el Artículo 180º Inciso 1) de la Constitución Provincial, se regirá por las normas que se establecen a continuación: a) Concursos La selección se hará de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Plenario del Consejo de la Magistratura por los dos tercios del total de sus miembros, de conformidad con las siguientes pautas: 1.- Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de antecedentes y oposición. Cuando se produzca una vacante, el Consejo convocará a concurso dando a publicidad las fechas de los exámenes y la integración de las comisiones, que evaluará y calificará los antecedentes; en cuanto a las pruebas de oposición e idoneidad de los aspirantes, la comisión respectiva podrá incorporar a expertos/as en las diferentes materias del derecho a los efectos pertinentes. 2.- Previamente, se determinarán en el plenario los criterios y mecanismos de calificación de los exámenes y de evaluación de los antecedentes. 3.- Las bases de la prueba de oposición serán las mismas para todos los postulantes. La prueba de oposición deberá versar sobre temas directamente vinculados a la función que se pretenda cubrir y evaluará tanto la formación teórica como la práctica, en las dimensiones previstas en el Artículo 180º Inciso 7) de la Constitución Provincial. b) Requisitos Para ser postulante se requerirán los requisitos establecidos en el Artículo 166º de la Constitución Provincial y no haber sido destituido por el procedimiento del jurado de enjuiciamiento y/o juicio político en diez (10) años anteriores a la fecha de la convocatoria al concurso, además de los que pudieren establecerse en la reglamentación con carácter general. La nómina de aspirantes deberá darse a publicidad para permitir las impugnaciones que correspondieren respecto a la idoneidad de los candidatos. El reglamento determinará los plazos y términos para el trámite y la pertinencia de la impugnación, garantizando el ejercicio de la defensa por parte del impugnado. c) Procedimiento 1.- Concluida la admisión formal de los postulantes, el presidente/a convocará a la realización de un Plenario a los consejeros/as, a fines de fijar fecha y hora para la realización de la prueba de oposición y determinar el temario del examen, bajo las pautas establecidas en el Inciso a). 2.- Remitirá las carpetas de antecedentes de los postulantes a la Comisión Integral de Evaluación, quien realizará la evaluación integral de títulos y antecedentes de cada uno de los aspirantes y elevará sus resultados al Consejo. 3.- El día y hora fijados la Comisión Integral de Evaluación receptará los exámenes y calificará las pruebas de oposición, elevando las notas al Consejo. 4.- El Consejo pondrá a la vista de los postulantes quienes podrán formular impugnaciones ante la Comisión respectiva, la que deberá expedirse fundadamente, todo en el plazo que la reglamentación determine. 5.- En base a los elementos reunidos, el Consejo determinará la nómina de los postulantes que participarán de la entrevista personal. 6.- La entrevista personal con el Plenario tendrá por objeto evaluar las idoneidades científico técnicas, gerenciales y éticas de los postulantes, como así también su vocación de compromiso por el sistema democrático. 7.- El Plenario podrá revisar de oficio las calificaciones de los exámenes escritos, de los antecedentes, impugnaciones y dictámenes. 8.- Toda modificación a las decisiones de las Comisiones deberá ser suficientemente fundadas. 9.- El plenario determinará la terna y el orden de prelación que será elevado a la Cámara de Diputados y deberá adoptar su decisión con los dos tercios de los miembros presentes, y la misma será irrecurrible. 10.- La duración total del procedimiento no podrá exceder el plazo estipulado por el Artículo 180º, último párrafo de la Constitución Provincial. 11.- El rechazo por la Cámara de Diputados de los pliegos de los candidatos propuestos en terna por el Consejo, previsto en el Artículo 181º de la Constitución Provincial, importará la convocatoria automática a un nuevo concurso para cubrir la vacante de que se trate. d) Publicidad Este requisito se entenderá cumplido con la publicación por tres (3) días en el Boletín Oficial y, como mínimo, por un (1) día en la página web del Consejo, de la Función Legislativa, Función Judicial y del Ministerio Pública Fiscal y de la Defensa, donde se consignarán sucintamente los datos que se pretenden informar, individualizando los sitios en donde pueda consultarse la información en extenso. El Consejo deberá mantener actualizada la información relativa a las convocatorias y garantizar el acceso a formularios de inscripción de los postulantes, a través de su página web, a fin de asegurar que todos los aspirantes de la Provincia puedan conocer y acceder a la información con la debida antelación.
La validación es un proceso de evaluación integral de la gestión judicial del juez/a o miembro del Ministerio Público para consolidar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y contribuye al prestigio de la misma. Se hará de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 158º de la Constitución Provincial y la reglamentación que apruebe el Plenario del Consejo por los dos tercios (2/3) del total de sus miembros titulares, de conformidad con las siguientes pautas: 1.- De los principios sujetos a evaluación para validar el cargo: a) Independencia. b) Imparcialidad. c) Integridad. d) Motivación. e) Decoro. f) Igualdad. g) Transparencia. h) Competencia y diligencia. i) Conocimiento y Capacitación. j) Responsabilidad Institucional. k) Honestidad Profesional. l) Ética Judicial. m) Tutela Judicial Efectiva. 2.- Destinatarios: Los jueces/zas y miembros del Ministerio Público que, habiendo sido designados conforme al procedimiento previsto en el Artículo 177º de la Constitución Provincial estarán sujetos al proceso de validación para la designación de un nuevo período. 3.- Procedimiento: Un (1) año antes que concluya el período de designación, el Plenario del Consejo notificará a la Comisión Integral de Evaluación el listado de jueces/zas y miembros del Ministerio Público sujetos al procedimiento de validación. El Consejo de la Magistratura, a través de la Secretaría, deberá llevar el Registro de designación de jueces/zas y miembros del Ministerio Público, a los fines de computar el término del período de designación para el proceso de validación. a) La Comisión Integral de Evaluación notificará a los jueces/zas y miembros del Ministerio Público la apertura del procedimiento respectivo, cuya duración estará sujeta al plazo fijado en el último párrafo del Artículo 180º de la Constitución Provincial. b) A los fines de permitir las impugnaciones que correspondan sobre el desempeño del juez/a o miembro del Ministerio Público, se procederá a dar publicidad de la nómina o bien del postulante a la validación; en las mismas condiciones reguladas en el Inciso d) del presente artículo. El reglamento interno determinará los plazos y términos para el trámite dentro de los extremos contemplados en el Artículo 180º de la Constitución Provincial y la pertinencia de la impugnación, garantizando al juez/a o miembro del Ministerio Público el ejercicio del derecho a su descargo y/o defensa. c) Concluida la admisión final al proceso de validación, el Presidente/a del Consejo convocará a la realización de un Plenario a los consejeros/as, a fines de fijar fecha y hora para la realización de la evaluación de desempeño y determinar el temario del mismo, el cual le será notificado al juez/a o miembro del Ministerio Público para su conocimiento. d) La Comisión Integral de Evaluación tendrá a su cargo la evaluación y calificación del desempeño del juez/a o miembro del Ministerio Público y elevará la nota al Consejo. e) La entrevista con el Plenario tendrá por objeto definir si el desempeño del juez/a o miembro del Ministerio Público satisface los extremos de las idoneidades psicofísicas, gerencial y ética, como así también su vocación de compromiso por el sistema democrático; conforme a los principios rectores/as pautados en este artículo. 4.- Resolución de la Validación: El Plenario determinará si el juez/a o miembro del Ministerio Público cumple con los extremos para la validación, supuesto en el cual elevará la nominación a la Cámara de Diputados. Desaprobada la misma, se convocará a un nuevo concurso. Ambas decisiones serán irrecurribles. 5.- Nominación: Elevada la nominación del juez/a o miembro del Ministerio Público a la Cámara de Diputados se procede de conformidad a lo establecido por el Artículo 158º de la Constitución Provincial.
El Consejo podrá reglamentar la preselección de los postulantes a jueces/zas o miembros del Ministerio Público, a los efectos de preparar una nómina de aquellos que acrediten idoneidad suficiente para cubrir las vacantes y los cargos previstos en el Artículo 180º Incisos 2) y 3) de la Constitución Provincial.
La Comisión de Disciplina e Investigación tiene como competencia informar al Plenario sobre las cuestiones previstas en el Artículo 180º Incisos 4) y 5) de la Constitución Provincial, y podrá proponer al Plenario del Consejo: a) La remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que ejerza la superintendencia e imponga sobre el juez/a, en el caso de ser pasible, las sanciones administrativas que la Ley prevea. b) Remita al Fiscal General o al Defensor General, a los mismos efectos, con respecto a los miembros del Ministerio Público. c) Aconsejar la acusación del juez/a o miembro del Ministerio Público, a los efectos de su remoción. 1.- Denuncia: Los ciudadanos, los que sean parte en un juicio, los letrados, los jueces o miembros del Ministerio Público, las víctimas o el mismo Tribunal Superior de Justicia que advirtieran la presunta comisión de ilícitos, la pérdida de competencia por más de tres (3) veces al año o la existencia manifiesta de desconocimiento del derecho aplicable por parte de un juez, así como por los motivos establecidos para el Juicio Político, remitirán en forma inmediata la denuncia o una información sumaria al Consejo de la Magistratura, a los fines contemplados en el Artículo 177º de la Constitución Provincial, pudiendo el Consejo disponer lo establecido en el primer párrafo del presente artículo. 2.- Trámite para la Acusación: a) Presentada una denuncia en contra de un juez/a o miembro del Ministerio Público al Consejo de la Magistratura por cualquier ciudadano será recibida por la Secretaría del Consejo de la Magistratura, quien controlará los datos del o de los firmantes y ante quien se ratificará la o las firmas, las que serán puestas en su presencia y de lo que se dará fe. La denuncia deberá ser manifestada por escrito en papel simple, determinando con toda precisión el nombre y cargo del funcionario que se acusa, los hechos que sirvan de fundamento, acompañando o indicando las pruebas documentales, los testimonios que invoque y toda otra prueba pertinente. b) La denuncia ingresará al Plenario del Consejo de la Magistratura en la primera sesión que lleve a cabo e inmediatamente se dispondrá la remisión a la Comisión de Disciplina e Investigación. c) Recibida la denuncia por la Comisión de Disciplina e Investigación, informará, si los jueces/zas o miembros del Ministerio Público acusados y los cargos formulados son de aquellos comprendidos en los Artículos 131º, 157º, 159º y 168º de la Constitución Provincial. Sólo por el voto de los dos tercios de los miembros podrá informar la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que ejerza la superintendencia e imponga sobre el juez/a, en el caso de ser pasible, las sanciones administrativas que la Ley prevea o la desestimación de la denuncia o remita al Fiscal General o al Defensor General, a los mismos efectos con respecto a los miembros del Ministerio Público. Sólo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros la Comisión podrá resolver: c.1) La remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que ejerza la superintendencia e imponga, en caso de corresponder, las sanciones administrativas previstas en la Ley, respecto de los jueces/zas. c.2) La remisión al Fiscal General o al Defensor General, a los mismos efectos, respecto de los miembros del Ministerio Público. c.3) La desestimación de la denuncia. d La Comisión de Disciplina e Investigación tendrá facultades de investigación, cuyos resultados le permitirán fundamentar su informe, pudiendo, sin perjuicio de cuantas medidas considere convenientes y necesarias: d.1) Solicitar informes. d.2) Requerir el envío o la presentación de expedientes administrativos o judiciales. d.3) Realizar por sí o por técnicos compulsa de libros y documentos públicos o privados. d.4) Recibir declaraciones testimoniales, pruebas digitales o en soporte informático. d.5) Recibir en su seno al denunciante para ampliar la denuncia y ofrecer nuevos elementos probatorios. El funcionario acusado podrá ofrecer elementos de descargo. e) La Comisión de Disciplina e Investigación emitirá informe en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. f) El plenario del Consejo de la Magistratura tomará conocimiento del informe en la primera Sesión que lleve a cabo, oportunidad en que, previa aprobación, podrá decidir la apertura del procedimiento de remoción, necesitando dos tercios de votos de sus miembros totales para dar curso a la acusación, y ordenará la comunicación de la misma al Jurado de Enjuiciamiento, según el trámite previsto en el Artículo 19º Punto 4 de la presente Ley. Si el voto fuere negativo sobre todos los cargos, la denuncia se tendrá por desestimada y podrá resolverse como lo indica el Inciso a), del primer párrafo del presente artículo. g) Decidida la apertura del proceso en la misma sesión procederá a integrar la Comisión Investigadora y de Acusación, prevista en el Artículo 184º de la Constitución Provincial. h) Todo el trámite, desde la presentación de la denuncia hasta la acusación, deberá efectivizarse en un plazo de treinta (30) días hábiles, prorrogables por quince (15) días hábiles más. i) Si la Comisión de Disciplina no produjera informe en el término previsto, el Consejo de la Magistratura, reunido en plenario, lo hará con los elementos de juicio que posea o previa investigación sumarísima que realice, aceptando o rechazando la acusación con respecto a cada uno de los cargos formulados, necesitando dos tercios de votos de sus miembros totales para dar curso a la acusación. Puede actuar también como lo indica el Inciso f) del presente artículo. En este caso, el Consejo de la Magistratura podrá prorrogar el plazo anterior por cinco (5) días hábiles más.
El juzgamiento de los jueces/as y miembros del Ministerio Público de la Provincia estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento, según lo prescripto por el Artículo 184º de la Constitución Provincial, con la excepción de los jueces/as del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General y Adjunto, Defensor General y adjunto que son juzgados según las prescripciones del Artículo 131º del mismo Cuerpo Normativo.
El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado de acuerdo a la composición prevista en el Artículo 184º de la Constitución Provincial: 1.- Por un/a (1) Presidente/a que será miembro del Tribunal Superior de Justicia. 2.- Tres (3) diputados/as, uno (1) por la minoría. 3.- Un/a (1) representante de la Función Ejecutiva. 4.- Un/a (1) abogado/a de la matrícula elegido por el voto directo de todos los letrados matriculados de la Provincia. Cuando se acusa a un funcionario del Ministerio Público lo integrará el Fiscal General o el Defensor General, según el caso. Se integrará cada tres (3) años, sin reelección inmediata. El plazo de los tres (3) años se contará desde el día de la jura de los miembros. Funcionará en el ámbito de la Función Legislativa. Por cada miembro titular se elegirá un/a (1) suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, inhibición, recusación, remoción, fallecimiento u otro impedimento. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales. Los miembros elegidos en representación de la Función Ejecutiva y de los abogados/as estarán sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces/zas y miembros del Ministerio Público.
El Jurado de Enjuiciamiento entrará en funciones ante la comunicación de que se ha procedido a acusar a un juez/a o miembro del Ministerio Público por parte del Consejo de la Magistratura. En la primera reunión, el presidente/a del Jurado jura por sí y toma juramento a los demás miembros para desempeñar debidamente el cargo. La calidad de miembro del Jurado no será incompatible con el ejercicio del cargo o profesión en virtud del cual fue nombrado. Es incompatible con el cargo de miembro del Consejo de la Magistratura. El desempeño de las funciones será considerado una carga pública. Vencido el término de su mandato, los miembros del Jurado no tendrán reelección inmediata. Los miembros elegidos por su calidad institucional de jueces, legisladores, representantes de la Función Ejecutiva o por su condición de abogados/as inscriptos en la matrícula cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo. Durarán en sus cargos mientras se encuentren en trámite los juzgamientos que les hayan sido encomendados y sólo con relación a éstos, aunque su mandato haya fenecido.
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento podrán ser removidos de sus cargos por el voto de los dos tercios del total de los miembros titulares, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado, cuando incurrieran en mal desempeño o en la comisión de un delito, durante el ejercicio de sus funciones. Se excluye de este procedimiento al acusado. También podrán ser removidos en el caso que se hubiere dispuesto el archivo de las actuaciones en los términos del Punto 9 del Artículo 35º de la presente Ley. Para lo cual, en el término de 48 horas de dispuesto, el mismo se notificará y remitirá todo lo actuado a la Cámara de Diputados a los efectos de que por trámite sumario ésta determine la responsabilidad de los miembros del Jurado y en su caso disponga la inmediata destitución y cese de funciones.
Para el caso de entender que no corresponde la remoción del juez/a o miembro del Ministerio Público enjuiciados, el Jurado de Enjuiciamiento podrá declarar la inocencia de los cargos imputados o sancionarlos con advertencia, apercibimiento o multa de hasta un treinta por ciento (30%) de sus haberes y suspensión. Constituirán faltas disciplinarias: 1.- La violación de normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones establecidas para la magistratura judicial. 2.- El incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias. 3.- La inasistencia reiterada a la sede del Tribunal. 4.- El incumplimiento reiterado en su juzgado del horario de atención al público. 5.- Las faltas de respeto hacia otros jueces o miembros del Ministerio Público. 6.- El trato indebido hacia los profesionales abogados/as, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes. 7.- Los actos ofensivos al decoro de la Función Judicial o que comprometan la dignidad del cargo. 8.- La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes y de las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica de la Función Judicial.
La Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento prestará asistencia directa a la Presidencia del Jurado y coordinará las actividades administrativas del mismo y procesales del juicio. Llevará las actas y ejercerá las demás funciones que le establezcan los reglamentos internos, para todo lo no previsto se regirá por las normas que rigen las actividades de los secretarios/as de las Cámaras Judiciales determinados en la Ley Orgánica de la Función Judicial. El secretario/a no podrá ser miembro del Consejo. El secretario/a titular contará con un/a suplente, quien lo reemplazará en caso de vacancia, licencia u otro impedimento. Las funciones del secretario/a titular y suplente serán desempeñadas por funcionarios letrados de la Función Judicial, que al efecto asigne la Presidencia del Jurado de Enjuiciamiento.
El Jurado de Enjuiciamiento actuará bajo el procedimiento establecido en el Artículo 185º de la Constitución Provincial, que garantiza la oralidad y publicidad, y asegura el derecho de defensa del acusado. El fallo para decidir la destitución del acusado deberá emitirse por una mayoría de dos tercios de los miembros del Jurado con votos fundados de cada uno, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Se considerarán causales de remoción: a) Inhabilidad sobreviniente física o mental, mal desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o la comisión de delitos comunes, previstas en el Artículo 131º de la Constitución Provincial. b) La pérdida de la idoneidad que prevé el Artículo 157º de la Constitución Provincial. c) El incurrir en las prohibiciones contempladas en el Artículo 159º de la Constitución Provincial. d) La pérdida de la competencia establecida en la norma del Artículo 168º de la Constitución Provincial. Entre otras, se considerarán causales de mal desempeño las siguientes: 1.-El desconocimiento del derecho. 2.-El incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, normas legales o reglamentarias. 3.-La negligencia grave en el ejercicio del cargo. 4.-La inobservancia sistemática de los principios y pautas éticas conforme al Código de Ética Judicial. 5.-La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. 6.-Los graves desórdenes de conductas personales. 7.-El abandono de sus funciones. La remoción del juez/a o miembro del Ministerio Público por la causal de su incapacidad o inhabilidad sobreviniente física o mental, no producirá la pérdida de beneficios previsionales.
El procedimiento para la acusación y para el juicio serán regulados por las siguientes disposiciones: 1.- Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento deberán excusarse o inhibirse y podrán ser recusados sólo uno (1) por acusado, por las causales previstas en la Ley Orgánica de la Función Judicial. La recusación o inhibición será resuelta por el Jurado en Sesión Especial citada a esos efectos, cada una de las cuales se considerarán y resolverán, excluyendo únicamente al miembro de cuya excusación o recusación se analice. La resolución se tomará por el voto de dos tercios de los miembros totales y será irrecurrible. Aceptada una excusación o recusación ingresará en ese lugar el suplente. 2.- La apertura del procedimiento tendrá lugar con la presentación de la acusación formulada por la Comisión Investigadora y de Acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, de la que se le correrá traslado al juez/a o miembro del Ministerio Público acusado por el término de cinco (5) días hábiles, acompañando fotocopia de la denuncia. 3.- Atento lo dispuesto por el Artículo 185º de la Constitución Provincial, desde el momento de la apertura del juicio con el conocimiento de la acusación, el juez/a o miembro del Ministerio Público acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones. Todo este trámite desde el momento de la decisión de acusación del juez/a o miembro del Ministerio Público prevista en el Artículo 28º de la presente Ley, hasta la fecha de vencimiento para la contestación de la demanda deberá efectivizarse en un plazo de treinta (30) días hábiles, prorrogables por quince (15) días hábiles más. La presentación de la renuncia por parte del juez/a o miembro del Ministerio Público acusado, con posterioridad al momento de apertura del juicio, no afectará al desarrollo del mismo. 4.- Para la acusación, contestación del traslado, defensa, pruebas, audiencia y sentencia se regirá, para todo lo no previsto en la Constitución Provincial y en esta Ley, por el Código Procesal Penal de la Provincia. Los plazos podrán ser prorrogados por disposición de los dos tercios de los miembros totales del Jurado ante petición expresa y fundada de las partes. 5.- Ambas partes podrán ofrecer todos los medios de prueba que contempla el Código Procesal Penal de la Provincia, bajo las condiciones y límites allí establecidos, pudiendo ser desestimadas, por resoluciones fundadas, que se consideren inconducentes o meramente dilatorias. 6.- Todas las audiencias para resolver cuestiones como la del juicio serán orales y públicas y sólo podrán ser interrumpidas o suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieran necesario. 7.- Concluidos los trámites o vencido el plazo perentorio respectivo se fijará audiencia de debate para la realización del juicio y recepción de la prueba, oportunidad en que la Comisión Investigadora y de Acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y el juez/a o miembro del Ministerio Público acusado o su defensor producirán en forma oral sus alegatos, haciéndolo en el orden que corresponde al acusador y al enjuiciado. 8.- Sustanciados ambos informes finales y terminado el debate, el Jurado de Enjuiciamiento pasará inmediatamente a deliberar, debiendo resolver en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles. Para todo lo no previsto, esta etapa se regirá por las normas de la deliberación y sentencia del Código Procesal Penal de la Provincia. El fallo será irrecurrible y tendrá el efecto de la destitución del acusado o la aplicación de las otras sanciones previstas en la presente Ley, para el caso en que no corresponda la destitución. 9.- Conforme a lo establecido por el Artículo 185º de la Constitución Provincial, corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez/a o miembro del Ministerio Público suspendido, si transcurrieren sesenta (60) días hábiles, contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo. El procedimiento se iniciará conforme a lo establecido en el Inciso 2) del presente artículo. Dispuesto el archivo de las actuaciones, en el término de 72 horas el Jurado de Enjuiciamiento notificará y remitirá las mismas a la Cámara de Diputados, a los efectos de que, por trámite sumario, determine la responsabilidad de los miembros del Jurado y la aplicación eventual de las sanciones que consistirán en la inmediata destitución y cese de funciones.
La calidad de miembro del Jurado de Enjuiciamiento no será incompatible con el ejercicio del cargo en virtud del cual fueron electos los jueces/zas o miembros del Ministerio Público. No podrán ejercerse simultáneamente los cargos de miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.
El desempeño de los miembros, jueces/zas, miembros del Ministerio Público, representantes de la Función Ejecutiva, de los diputados y los docentes del ámbito académico en el Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento serán ad honorem, conforme al Artículo 7º de la presente Ley.
La Escuela de Formación de la Magistratura tiene como competencia la formación, el perfeccionamiento permanente y especializado de los aspirantes a la Magistratura, como así también de los jueces/zas y miembros del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones, con la finalidad de fortalecer su desempeño humano, técnico y ético, como garantía y resguardo de los derechos de las personas.
La Escuela de Formación de la Magistratura estará integrada por un Directorio con tres (3) miembros que representarán a cada función del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Los miembros tendrán una duración de cuatro (4) años el desempeño de sus funciones. Serán requisitos para integrar el Directorio: Tener título de grado universitario o título de nivel superior y de las demás condiciones exigidas para ser diputado.
Constituido el Directorio deberá redactar su reglamento interno de funcionamiento.
El desempeño de los miembros del Directorio será ad honorem, conforme al Artículo 7º de la presente Ley. Los miembros del Directorio serán removidos de sus funciones por las mismas causales y procedimientos previstos para los miembros del Consejo de la Magistratura.
Corresponderá al Directorio de la Escuela de Formación de la Magistratura: a) Aprobar las actividades de formación, capacitación, actualización, perfeccionamiento continuo, promoción, prácticas de residencias en el sistema judicial, difusión y celebración de convenios con carácter académico, científico y de investigación, previstas en el Artículo 183º de la Constitución Provincial. b) Fijar la sede de funcionamiento de la Escuela. c) Aprobar la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento de la Escuela.
La Dirección académica de la Escuela de Formación de la Magistratura estará a cargo de un director/a designado por el Directorio, que cuente con las habilidades técnicas judiciales, organizacionales y de gestión administrativa. El director/a durará cuatro (4) años en sus funciones, podrá ser reelegido por un (1) solo período consecutivo y su tarea será convalidada anualmente por el Directorio. Tendrá como atribuciones: a) Representar a la Escuela de la Magistratura en todas las actividades debidamente aprobadas por el Directorio, de conformidad a lo previsto en el Inciso a) del Artículo 42º de la presente Ley. b) Asistir a las reuniones convocadas por el Directorio. c) Proponer al Directorio la planificación de cursos de formación, capacitación, actualización, perfeccionamiento, prácticas dirigidas a los aspirantes como a los integrantes de la Magistratura y de los Ministerios Públicos. d) Seleccionar a los capacitadores y elevar su propuesta al Directorio para su contratación. e) Fijar pautas de organización, seguimiento, evaluación y control de equipos de capacitadores, recursos y modalidades. f) Verificar que los asistentes cumplan con los requisitos para acceder a las actividades de la Escuela. g) Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza y el registro de asistentes para el acceso a las certificaciones que correspondan. h) Coordinar con el Directorio las certificaciones digitales o físicas que correspondan. i) Realizar y elevar informes al Directorio con las sugerencias que estime pertinentes.
Los trayectos de formación y cursos de perfeccionamiento que brinde la Escuela de Formación de la Magistratura a los aspirantes a la Magistratura, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa serán de carácter optativo. El Directorio de la Escuela deberá incluir, de forma obligatoria en la currícula de aspirantes, módulos específicos sobre Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Ética Judicial, conforme a los estándares internacionales y a la normativa nacional vigente.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA MAGISTRADOS/AS, MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Y DE LA DEFENSA. Los trayectos de formación y cursos de perfeccionamiento previstas para magistrados/as, miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la Función Judicial que ya se encuentren cumpliendo funciones tendrán carácter obligatorio. La ponderación de los trayectos y cursos se regirán conforme a lo establecido en el Artículo 46º de la presente Ley.
PONDERACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y VALIDACIÓN. El Consejo de la Magistratura, en el marco de la Evaluación de Desempeño para la validación, asignará un puntaje específico y ponderado a la acreditación de la formación continua prevista en el Artículo 45º de la presente Ley. Dicha ponderación no podrá ser inferior al Diez Por Ciento (10%) ni superior al Treinta Por Ciento (30%) del puntaje total de la evaluación de desempeño del magistrado/a, miembro del Ministerio Público. El Reglamento General de Concursos y Validación establecerá los criterios detallados de puntaje y el mínimo de horas de capacitación anual requerida para acceder a dicha ponderación.
La Escuela de Formación de la Magistratura deberá estructurar la capacitación dirigida a magistrados/as y miembros del Ministerio Público Fiscal y de la defensa en actividad, priorizando los siguientes ejes de capacitación esenciales: a) Profundización en Jurisprudencia y Derechos Humanos con énfasis en el control de convencionalidad, la actualización de fallos de tribunales superiores y el abordaje de temáticas de alta complejidad por fuero. b) Gestión de la Calidad, Innovación Tecnológica y Judicial Digital: Orientado a la optimización de procesos, el perfeccionamiento de técnicas de litigación oral, la implementación de nuevas tecnologías y la gestión de la calidad del servicio de justicia. c) Perfeccionamiento de la Ética Judicial y el Liderazgo Institucional: Destinado a la reflexión crítica sobre la función, la responsabilidad y la proyección social del rol del magistrado/a, miembro del Ministerio Público.
Los talleres de formación, cursos, seminarios, programas de capacitación y demás actividades académicas tienen como objetivo general prioritario la adquisición y mejoramiento de destrezas para el abordaje, tratamiento y resolución de los conflictos judiciales con rapidez, eficiencia, ética, justicia y tutela judicial efectiva.
Los talleres de formación, cursos, seminarios, programas de capacitación y demás actividades académicas tienen los siguientes objetivos específicos de carácter enunciativo: a) El perfeccionamiento de la formación humana y técnica. b) La promoción de la ética judicial. c) El mejoramiento de las habilidades de gestión. d) La adaptación a las nuevas tecnologías. e) El desarrollo de habilidades blandas como la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y gestión del tiempo f) El fomento de la investigación. g) El fortalecimiento del estado de derecho. h) La promoción de la paz social y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
DE LAS HABILIDADES PARA LOS ASPIRANTES A LA MAGISTRATURA Y AL MINISTERIO PÚBLICO. 1.- Se procurará para los aspirantes a la Magistratura y al Ministerio Público: a) Adquisición de destrezas prácticas, mediante tareas de ejercitación para la redacción de sentencias, manejo de casos, conducción de audiencias y actuaciones procesales escritas y orales. b) Refuerzo de conocimientos teóricos referidos a la organización de la Función Judicial, reglas de competencia, incompatibilidades, responsabilidades, normas de superintendencia y sistema disciplinario c) Abordaje de casos con perspectiva de género. d) Manejo de técnicas para facilitar la conciliación de las partes y utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos. e) Formación en sociología organizacional y de gestión de recursos. f) Adquisición de habilidades de liderazgo y técnicas de conducción de personal. 2.- Para los magistrados/as y miembros del Ministerio Público en actividad: a) Actualización de temas jurídicos trascendentes vinculados al fuero en el que se desempeñan. b) Análisis de casos e intercambio de experiencias sobre temáticas vinculadas a la función ejercida. c) Refuerzo en sociología organizacional y de gestión de recursos. d) Fortalecimiento de habilidades de liderazgo y técnicas de conducción de personal.
Los gastos que demanden el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento y de la Escuela de Formación de la Magistratura deberán ser incluidos en el presupuesto de la Función Legislativa.
En su primera integración, el Consejo de la Magistratura contará como Consejero/a Académico con un/a representante de la Universidad Nacional de Chilecito. Concluido dicho período se garantizará la alternancia en la representación académica con otra universidad pública con sede en la Provincia, conforme al mismo criterio en las sucesivas integraciones del Consejo.
Derógase la Ley Nº 8.450.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.
Fin del texto
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