Abriendo la norma
Ley provincial 10.898 · 2026
Régimen electoral provincial.
La presente Ley tiene por objeto instituir el Régimen Electoral Provincial concebido como el conjunto de normas y principios que regulan la organización, el desarrollo y la gestión de los procesos electorales provinciales en todas sus etapas, como así también la participación de los sujetos que en ellos intervienen.-
El Sistema Electoral Provincial se regirá por: 1.- La Constitución Nacional. 2.- La Constitución Provincial. 3.- La presente Ley, la Ley Electoral Provincial Nº 5.139 Texto Ordenado, Decreto. Nº 34/122º F.L., sus normas modificatorias o la que en el futuro la reemplace. 4.- La Ley de Partidos Políticos Nº 4.887, sus normas modificatorias, complementarias o la que en el futuro la reemplace. 5.- Las demás Leyes Nacionales y Provinciales vigentes que resulten aplicables. 6.- La normativa reglamentaria y complementaria que se dicte en consecuencia.-
Son sujetos del Régimen Electoral Provincial: 1.- Cuerpo Electoral: Entendido como el conjunto de personas habilitadas para ejercer el derecho de sufragio de conformidad con la legislación electoral vigente, que habitan los distritos, secciones o circuitos en los que se divide el territorio de la Provincia de La Rioja. 2.- Actores Políticos: Constituidos por los partidos políticos, agrupaciones municipales, alianzas y demás entidades reguladas por la Ley de Partidos Políticos Nº 4.887, sus normas modificatorias, complementarias o la que en el futuro la reemplace, quienes a través de la postulación de candidatos aspiran a ocupar los órganos políticos del Estado Provincial. 3.- Organismos Electorales con atribuciones jurisdiccionales y/o de administración electoral que integran la Justicia Electoral Provincial, ejerciendo la dirección del proceso electoral y el debido control de juridicidad y constitucionalidad del mismo. 4.- Organismos auxiliares de la Justicia Electoral Provincial que cumplen funciones de colaboración y asistencia en el desarrollo del proceso electoral.
La presente Ley regula la estructura, competencia y funcionamiento de los organismos encargados de dirigir y fiscalizar los procesos electorales provinciales en todas sus fases e instancias, a fin de asegurar la legalidad y transparencia de los mismos.-
La Justicia Electoral Provincial deberá actuar conforme a los siguientes principios: 1.- Independencia Institucional: El sistema de Justicia Electoral ejercerá sus funciones con plena autonomía funcional, orgánica y financiera. 2.- Representatividad: La Justicia Electoral debe garantizar la adecuada y justa expresión de la voluntad emitida por el cuerpo electoral en un mandato de asignación de cargos electivos a aquellos candidatos que resulten elegidos. 3.- Imparcialidad y Neutralidad: Los organismos que integran la Justicia Electoral Provincial deben actuar de manera imparcial, asegurando un trato equitativo a todos los actores del proceso electoral. 4.- Legalidad: La actuación de los organismos de la Justicia Electoral en los procesos electorales se regirá por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las Leyes vigentes y todo el marco jurídico que resulte aplicable. 5.- Transparencia y Publicidad: Los actos, procedimientos y decisiones de la Justicia Electoral serán públicos, salvo las excepciones previstas por la Ley. Se garantizará el acceso a la información electoral, la trazabilidad de los procesos electorales y el control ciudadano. 6.- Celeridad y Eficacia: Los procesos y controversias electorales deberán desarrollarse y resolverse en plazos breves y razonables, asegurando decisiones oportunas que no afecten la validez o la oportunidad del proceso electoral. 7.- Accesibilidad a la Justicia Electoral Provincial y Debido Proceso. Toda persona podrá acceder a la Justicia Electoral de manera sencilla y efectiva en defensa de un interés legítimo o de un derecho subjetivo, debiendo los organismos que la conforman afianzar la tutela judicial efectiva asegurando el absoluto cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso legal, el efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio y la resolución fundada de las decisiones. 8.- Integridad y Equidad. La Justicia Electoral velará por la legitimidad, transparencia y equidad del proceso electoral, asegurando la libre expresión de la voluntad popular. Deberá prevenir, investigar y sancionar toda conducta que afecte la igualdad de condiciones entre los participantes. 9.- Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC: La Justicia Electoral deberá implementar la aplicación de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC - a la organización y desarrollo de los procesos electorales provinciales, procurando una mayor seguridad y celeridad en el mismo.-
La Justicia Electoral Provincial estará integrada por organismos con atribuciones jurisdiccionales y de administración electoral, a saber: a) Tribunal Electoral Provincial. b) Juzgado Electoral Provincial. c) Ministerio Público Fiscal. d) Todos aquellos organismos a los que se atribuya alguna participación en el desarrollo de los procesos electorales, en los términos y con los alcances de la ley o acto administrativo que así lo prevea.-
El Tribunal Electoral Provincial es la autoridad superior de la Justicia Electoral de la Provincia. Se constituye como un organismo especializado en materia electoral, creado con carácter independiente en el ámbito de la Función Judicial, y dotado de autonomía funcional y autarquía financiera.-
El Tribunal Electoral actuará con competencia en todo el territorio de la provincia de La Rioja y tendrá su asiento en la ciudad Capital de la misma. Podrá trasladar su sede temporariamente, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de sus funciones.-
El Tribunal Electoral estará integrado por un (1) miembro del Tribunal Superior de Justicia, quien ejercerá la presidencia del organismo, un (1) juez o jueza de Cámara y un (1) miembro del Ministerio Público de la Defensa.-
Los miembros del Tribunal Electoral serán elegidos por sorteo que efectuará el Tribunal Superior de Justicia cada cuatro (4) años, no debiendo haber ocupado cargo partidario alguno hasta cuatro (4) años antes de su designación en el organismo electoral. La reglamentación establecerá las normas procedimentales para llevar a cabo el sorteo.-
Los miembros del Tribunal Electoral desempeñarán sus funciones con carácter adhonorem, sin perjuicio de sus funciones específicas.-
El Tribunal Electoral tendrá la siguiente competencia administrativa y jurisdiccional electoral, pudiendo desempeñar esta última en primera y segunda instancia de conformidad con las previsiones de la presente Ley: A) Competencia administrativa electoral: 1.- Organizar, dirigir y fiscalizar los procesos electorales provinciales y designar a las autoridades de mesa de conformidad a las previsiones de la Ley Electoral. 2.- Confeccionar, aprobar y difundir los cronogramas electorales, una vez efectuada la convocatoria a elecciones. 3.- Oficializar las listas de candidatos que reúnan los requisitos constitucionales para el desempeño del cargo y aprobar las boletas que se utilizarán en los comicios. 4.- Practicar los escrutinios definitivos en acto público y proclamar los electos como titulares y suplentes, otorgándoles los respectivos diplomas. 5.- Fiscalizar el funcionamiento del Registro Provincial de Afiliados de los Partidos Políticos, como así también los registros de nombres, símbolos, emblemas y números de identificación de los partidos políticos provinciales y municipales, como así también las características uniformes de las fichas de afiliación. 6.- Ejercer la superintendencia respecto de los organismos que conforman la Justicia Electoral Provincial. 7.- Proponer a la Función Legislativa, por intermedio de la Función Ejecutiva, el presupuesto de gastos de la Justicia Electoral Provincial. 8.- Dictar las reglas necesarias para el cumplimiento de las normas que rigen las materias propias de su competencia. 9.- Ejecutar las demás funciones que le confieren la Constitución, la Ley Electoral y la normativa vigente. B) Competencia jurisdiccional electoral en primera instancia: 1.- Administrar justicia y dirimir los conflictos que en materia electoral se susciten en el marco de las elecciones provinciales y municipales regidas por la Ley Electoral Provincial, así como también en mecanismos de democracia semidirecta previstos en la Constitución Provincial. 2.- Fiscalizar el desarrollo y juzgar la validez de los procesos electorales celebrados en la Provincia, sin perjuicio de la facultad del cuerpo al que pertenezcan los proclamados electos, de pronunciarse sobre la validez de sus títulos. 3.- En caso de declararse la nulidad de un proceso electoral, comunicar a las Funciones Ejecutiva y Legislativa a fin de impulsar la realización de los actos electorales correspondientes. 4.- Resolver sobre toda cuestión relativa al ejercicio del derecho del sufragio, resguardando a los electores y procurando garantizar el ejercicio de los derechos electorales previstos en la Constitución, las leyes y sus reglamentos. 5.- Decidir, en caso de impugnación, si concurren en los candidatos a cargos públicos electivos, los requisitos constitucionales para el desempeño del cargo. C) Competencia jurisdiccional electoral en segunda instancia: Conocerá en grado de revisión de las resoluciones definitivas recaídas en las cuestiones iniciadas ante el juez electoral, como así también en los casos de excusación del mismo.-
Las resoluciones del Tribunal Electoral son revisables ante el Tribunal Superior de Justicia mediante las vías establecidas por el Artículo 164º de la Constitución Provincial para el ejercicio de su competencia derivada.-
El Tribunal Electoral actuará y resolverá con la presencia de todos sus miembros. El presidente tendrá voz y voto en todos los asuntos a resolver, y las decisiones serán adoptadas en todos los casos por simple mayoría.-
El Tribunal Electoral contará con un secretario y un prosecretario que podrán ser designados por el mismo Tribunal Electoral o requeridos en carácter de afectación al Tribunal Superior de Justicia. El secretario y prosecretario del Tribunal Electoral deberán reunir las mismas condiciones que para ser secretario y prosecretario de la Función Judicial de la Provincia de conformidad con la legislación vigente.
El secretario y el prosecretario tendrán derecho a la retribución que fije el presupuesto, siempre que su designación no sea mediante afectación dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia. En ningún caso les estará permitido el libre ejercicio de la profesión.-
El secretario y prosecretario tendrán los deberes y atribuciones previstas en la presente Ley y las contempladas en la Ley Orgánica de la Función Judicial Nº 2.425, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de su función.-
El Tribunal Electoral administrará y custodiará el Registro de Electores Provinciales, en coordinación con los organismos nacionales competentes, sin afectación de las competencias federales. A los fines de la formación del Registro de Electores Provinciales, el Tribunal gestionará la reproducción de los ficheros confeccionados por la Justicia Electoral Federal correspondiente a la provincia de La Rioja. Asimismo, concertará mecanismos para su actualización. Hasta tanto se cuente con el Registro Electoral Provincial, en toda elección provincial se utilizará el padrón electoral nacional.
El Tribunal Electoral podrá designar el personal que cumplirá funciones de asistencia técnica y administrativa, de conformidad con las partidas presupuestarias asignadas por Ley, respetando la estructura administrativa de dicho organismo asignada actualmente al personal ya designado. El personal del Tribunal Electoral estará equiparado al de la Función Judicial de la Provincia en cuanto a sus deberes, obligaciones y derechos, salvo las excepciones previstas en la presente Ley. El Tribunal Electoral podrá requerir, en carácter de afectación al Tribunal Superior de Justicia, el personal necesario para cumplir las funciones de asistencia técnica y administrativa.-
El Juzgado Electoral Provincial tendrá carácter permanente y asiento en el departamento Capital. Estará a cargo de un Juez Electoral que ejercerá la competencia prevista en la presente Ley sobre todo el territorio de la Provincia.
El Juez Electoral deberá cumplir los requisitos establecidos para ser juez por el Artículo 166º de la Constitución Provincial.-
El Juez Electoral será designado conforme a lo dispuesto por el Artículo 177º de la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura. Prestará juramento ante el Tribunal Electoral previamente al inicio de sus funciones. Durará diez (10) años en el ejercicio de las mismas, quedando sometido al proceso de validación previsto en el Artículo 158º de la Constitución Provincial.-
El Juez Electoral gozará de la estabilidad prevista para los Jueces, y solo puede ser removido por las causales y mecanismos previstos en el Artículo 177º de la Constitución Provincial.-
El Juez Electoral percibirá por el desempeño de sus funciones una remuneración equivalente a la de un Juez de Cámara de la Función Judicial.-
El Juez Electoral tendrá la siguiente competencia administrativa y jurisdiccional electoral, pudiendo desempeñar esta última en primera y segunda instancia de conformidad con las previsiones de la presente Ley: A) Competencia administrativa electoral: 1.- Entender en la fundación, constitución, organización, funcionamiento, alianzas, caducidad y extensión de los partidos políticos provinciales y agrupaciones municipales. 2.- Dirigir, administrar y fiscalizar el Registro de afiliados de los partidos políticos y agrupaciones municipales y confeccionar sus respectivos padrones. 3.- Dirigir, administrar y fiscalizar el Registro de nombre, símbolos, emblemas y números de identificación de los partidos políticos y agrupaciones municipales en el territorio de la Provincia. 4.- Ejercer el contralor de la totalidad del proceso electoral interno de los partidos políticos. 5.- Entender en la elección interna de los partidos políticos y agrupaciones municipales, practicar el escrutinio correspondiente y proclamar los candidatos electos. 6.- Resolver sobre la validez o nulidad de las elecciones internas de los partidos políticos y agrupaciones municipales. 7.- Ejercer el control y fiscalización patrimonial de los partidos políticos y agrupaciones municipales mediante el análisis, aprobación o desaprobación de los estados contables que deben presentarse, de conformidad con la Ley. 8.- Reconocer personalidad jurídica a los partidos políticos y agrupaciones municipales de la Provincia. B) Competencia jurisdiccional electoral en primera instancia: 1.- Las cuestiones que se susciten con motivo de la aplicación, interpretación y cumplimiento de la Ley Electoral, siempre que no sean atribuidas al Tribunal Electoral de manera exclusiva, como también aquellas relacionadas con la aplicación de la Ley de Partidos Políticos. 2.- En las cuestiones relacionadas con faltas y delitos electorales previstos en la Ley Electoral Provincial y en la Ley de Partidos Políticos. C) Competencia jurisdiccional electoral en segunda instancia: Conocerá en grado de revisión de: 1.- Las decisiones adoptadas por las autoridades de los partidos políticos y agrupaciones municipales. 2.- Las resoluciones de las juntas electorales partidarias. 3.- Las resoluciones de las juntas electorales municipales, en los casos y condiciones previstos por la legislación vigente. 4.- Las decisiones de las juntas electorales que intervengan en las elecciones de los colegios profesionales.-
El reconocimiento de personalidad a los partidos políticos y agrupaciones municipales se ajustará a las siguientes reglas: 1.- La petición se formulará de conformidad a lo que se prescribe para la demanda en el proceso ordinario en cuanto fuere aplicable. En ese escrito se indicarán los elementos de información que quieran hacerse valer y se acompañará la documentación exigida por la Ley de Partidos Políticos. El Juez Electoral convocará a una audiencia, que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes, al peticionante; al Ministerio Público Fiscal y al apoderado de los partidos políticos o agrupaciones municipales reconocidos o en formación dentro del ámbito de la jurisdicción provincial, que se hubieren presentado invocando un interés legítimo en el proceso. En ese comparendo verbal podrán formularse observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley o referentes al derecho, registro o uso de nombre o emblemas partidarios propuestos. Se presentará la prueba en que se funden, pudiendo intervenir el Ministerio Público Fiscal por vía de dictamen. Los comparecientes a esta audiencia estarán legitimados para deducir recurso de apelación. Quedarán exceptuados del proceso de reconocimiento los partidos políticos y agrupaciones municipales que acrediten mediante certificado expedido por la Justicia Federal, su personería jurídico política vigente en el orden nacional.-
El Juzgado Electoral contará con un secretario que será nombrado por el mismo mecanismo previsto para la designación del Secretario del Tribunal Electoral, debiendo reunir idénticos requisitos y gozando de la misma jerarquía, competencia y remuneración.-
El Tribunal Electoral deberá proveer al Juzgado Electoral de los recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficientes para garantizar su funcionamiento.-
El secretario del Juzgado Electoral asistirá al Juez Electoral en la administración y fiscalización de los registros de afiliados de los partidos políticos y agrupaciones municipales y de nombres, símbolos, emblemas y números de identificación de los mismos.-
El secretario, en caso de advertir la existencia de una doble o más inscripciones de un mismo ciudadano en el Registro Provincial de Afiliados, informará de inmediato al Juez Electoral a los efectos de la eliminación de las inscripciones redundantes y del ejercicio de las acciones pertinentes. Asimismo, deberá comunicar al Tribunal Electoral la caducidad o extinción de los partidos políticos, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.-
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia intervendrá en los procesos electorales en defensa de la legalidad y del interés público conforme a su Ley Orgánica. Además de conocer y dictaminar en los casos que sea competente, le corresponde: a) Deducir los recursos que fueren admisibles. b) Ejercer las demás funciones que prescriben la Ley Orgánica del Ministerio Público y las que especialmente se le confieren para la aplicación de esta Ley, la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos. c) Ser oído en los casos de apelación de resoluciones definitivas recaídas en cuestiones iniciadas ante el Juez Electoral, como así también en los casos de excusación del mismo.-
Los integrantes del Tribunal Electoral y el Juez Electoral no podrán ser recusados sin expresión de causa. Deberán excusarse de conocer en los juicios o de actuar en las funciones determinadas por la Ley de Partidos Políticos, cuando lo comprenda alguna de las causales siguientes: a) Parentesco por consanguinidad dentro de cuarto grado o afinidad en segundo grado con alguna de las partes, candidatos o apoderados comprendidos en la causa. b) Amistad íntima, enemistad manifiesta o notoria, vinculación a intereses con dichas personas humanas.-
En caso de impedimento, recusación o excusación de alguno de los integrantes del Tribunal Electoral o del Juez Electoral serán reemplazados de la siguiente manera: a) El presidente del Tribunal Electoral por un vocal del Superior Tribunal de Justicia elegido mediante sorteo. b) Los jueces de las Cámaras Civil, Comercial y Laboral y de Mina y del fuero Criminal por otro juez de igual jerarquía elegido mediante sorteo. c) El representante del Ministerio Público por otro de los representantes del mismo órgano elegido mediante sorteo. d) El Juez Electoral por un Juez de Paz Letrado, que será designado por el Tribunal Electoral.-
El procedimiento ante la Justicia Electoral se ajustará a las siguientes bases: a) Las actuaciones se tramitarán por escrito y mediante el procedimiento electrónico en aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 8.969. b) La acreditación de personería podrá efectuarse mediante copia autenticada del acta de elección o designación de autoridades o apoderados o por poder otorgado mediante escritura pública. El patrocinio letrado y la constitución de domicilio electrónico se regirán por las previsiones que, sobre el particular, contiene el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y demás normas complementarias. c) Cuando la cuestión fuere contenciosa, tramitará por el procedimiento impuesto para los incidentes. El plazo para dictar sentencia será de cinco (5) y diez (10) días, según se trate del Juez Electoral o del Tribunal Electoral respectivamente. Vencidos los plazos indicados, se operará en forma automática la pérdida de jurisdicción de los organismos respectivos y, sin solución de continuidad, pasará el expediente a los subrogantes legales, que dictarán la sentencia pendiente dentro de los tres (3) y cinco (5) días, según fuere la instancia. d) En todos los casos en los que por aplicación de la presenten Ley o de leyes específicas resulte procedente una instancia de revisión por parte del Tribunal Electoral y del Juez Electoral, podrá interponerse recurso de apelación, siempre que no esté prevista otra vía. e) El recurso deberá interponerse en forma fundada ante el organismo que dictó la resolución, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la misma. Cuando se tratare de un procedimiento contradictorio, el organismo recurrido correrá traslado a la parte apelada por igual plazo y elevará las actuaciones al organismo que deba resolver, dentro del término de un (1) día. Dicho organismo resolverá el recurso dentro del plazo de dos (2) días de recibidas las actuaciones. f) En todo lo no previsto por la presente Ley regirá supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, siendo deber de los organismos de la Justicia Electoral Provincial acentuar la vigencia de los principios de inmediación, concentración y celeridad.-
Los organismos de la Justicia Electoral se vincularán con la Función Ejecutiva por intermedio del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos o el organismo que aquella disponga.-
Auxilio de La Fuerza Pública y Organismos Públicos. Los organismos de la Justicia Electoral podrán en caso de considerarlo necesario y en el marco de sus competencias: a) Requerir la colaboración de autoridad judicial o administrativa. b) Arbitrar las medidas de orden, vigilancia y custodia relativas a documentos, urnas, efectos o locales sujetos a su disposición o autoridad, las que serán cumplidas directamente y de inmediato por la Policía de la Provincia o el organismo que resulte competente.-
Los organismos y entidades del sector público provincial y municipal, cualquiera sea su jerarquía o dependencia funcional, como así también los partidos políticos, agrupaciones municipales o alianzas electorales deberán prestar a los organismos de la Justicia Electoral la colaboración, información, documentación, asistencia técnica o administrativa que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro de los plazos fijados a tal fin.-
El órgano judicial que ejerce la competencia electoral continuará interviniendo en la materia hasta tanto sea designado el Juez Electoral. Una vez efectuada dicha designación, los órganos judiciales deberán remitir al Juez Electoral la totalidad de la documentación y de las actuaciones en trámite vinculadas con la materia electoral.-
El gasto que demande la aplicación de la presente Ley será imputado previa adecuación de las partidas presupuestarias correspondientes.-
Invítase a los Municipios de la Provincia a adherir a la presente Ley y a ajustar el ordenamiento jurídico de sus respectivas jurisdicciones municipales a las disposiciones normativas prescriptas.-
Derógase el Decreto Ley Nº 4.234 y toda otra norma que se oponga a la presente, en lo que regule a la organización de la Justicia Electoral Provincial.-
Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.-
Fin del texto
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