Abriendo la norma
Ley provincial 10.908 · 2026
Conducción Política y Civil del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.
La presente Ley tiene por objeto crear y regular el Sistema de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana de la Provincia de La Rioja estableciendo las bases jurídicas e institucionales fundamentales referentes a su misión, función, composición, organización, dirección y coordinación, como así también de las relaciones entre los integrantes del Sistema y la Comunidad.
El Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana está conformado por los siguientes actores, que funcionan permanentemente interrelacionados: El Gobernador de la Provincia. El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. La Policía de la Provincia. El Servicio Penitenciario Provincial. El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. El Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana. Los Foros Vecinales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las Fuerzas de Seguridad Federales en los términos y alcance de la Ley Nacional Nº 24.059 o la norma que la sustituya.
El Sistema de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana tiene como finalidad la formulación, implementación y el control de la política de seguridad desarrollada en el ámbito provincial y, particularmente, aquella referida a las estrategias sociales de prevención de las violencias y el delito, así como a las estrategias de seguridad preventiva y de investigación criminal.
La política pública de seguridad y convivencia ciudadana, que tiene al Estado como responsable principal, comprende el conjunto de estrategias, acciones institucionales y sociales tendientes a resguardar y garantizar, plena y efectivamente, las libertades y derechos de las personas a través de la prevención, conjuración e investigación de los delitos, las infracciones y los hechos vulneratorios del orden público dentro del ámbito provincial. A tal efecto, se entiende como principales estrategias y acciones las siguientes: a) Desarrollar una política criminal que coordine la prevención y persecución de los delitos, las contravenciones y las faltas mediante desarrollos tecnológicos, la producción y análisis de información y la gestión interinstitucional e interministerial. b) Promover la participación ciudadana en el desarrollo de estrategias de prevención del delito y las violencias e impulsar la convivencia ciudadana desde una perspectiva interagencial e integral de la gestión de la conflictividad social. c) Fomentar el protagonismo de los gobiernos locales en el desarrollo de políticas de prevención de las violencias y de la seguridad ciudadana y en el establecimiento de mecanismos de participación pública y privada en la gestión de conflictos. d) Favorecer la rehabilitación y la reinserción social de las personas condenadas, colaborando en la articulación de los organismos de ejecución de la pena. e) Promover procesos de democratización, modernización y profesionalización de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. f) Establecer mecanismos de control de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que aseguren el funcionamiento transparente y conforme al orden constitucional y al sistema democrático. g) Determinar los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a la integralidad del sistema. h) Controlar la prestación de los servicios de seguridad privada estableciendo normas, protocolos y procedimientos para su articulación con la seguridad pública y ciudadana.
A los efectos de la presente Ley se define como: a) Prevención: Son las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar aquellos hechos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos o pudieran configurar actos atentatorios de la seguridad pública. b) Conjuración: Son las acciones tendientes a neutralizar o contrarrestar en forma inmediata los delitos o hechos en ejecución que resulten atentatorios de la seguridad pública, hacerlos cesar y evitar consecuencias ulteriores. c) Investigación: Son las acciones tendientes a conocer y analizar los delitos y hechos vulneratorios de la seguridad pública, sus modalidades y manifestaciones, las circunstancias estructurales y coyunturales en cuyo marco se produjeron, sus factores determinantes y condicionantes, las personas o grupos que los protagonizaron como autores, instigadores o cómplices, y sus consecuencias y efectos institucionales y sociales mediatos e inmediatos.
El Gobernador de la Provincia, en su carácter de titular de la Función Ejecutiva y Jefe Superior de la Administración del Gobierno Provincial, es el responsable de la conducción político institucional superior del Sistema de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana Provincial.
El Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo las responsabilidades establecidas en el presente Artículo, más las que fueran delegadas por el Gobernador de la Provincia, así como las competencias específicas en materia de seguridad pública que le sean conferidas por Ley vigente. A esos fines, el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos es responsable de las siguientes funciones: a) La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias de seguridad pública y ciudadana. b) La planificación estratégica basada en la elaboración y formulación de las acciones institucionales asentadas en la realización del diagnóstico organizacional y de los planes de reforma y modernización, así como de las modalidades de control social e institucional de las violencias y de los diferentes tipos delictivos. c) La gestión del conocimiento en materia de seguridad pública a través de la planificación, producción, coordinación y evaluación del conocimiento institucional referido a la situación y el desempeño de los componentes del Sistema de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, así como del conocimiento criminal referido a la situación del delito y a las violencias en el nivel estratégico. d) La dirección y control de la gestión administrativa del Sistema de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana incluyendo todos sus componentes, en lo relativo a la gestión económica, contable, patrimonial y financiera del sistema, la diagramación y ejecución presupuestaria, la gestión logística y la gestión de los recursos humanos. e) La dirección superior de la Policía de la Provincia mediante: La planificación estratégica. La conducción funcional del sistema operacional a través del Jefe de la Policía. La gestión de la formación e incorporación de nuevos efectivos policiales. El control disciplinario policial de faltas graves y gravísimas, sin perjuicio de las potestades constitucionales del Gobernador respecto de la aplicación de la sanción de destitución. f) La coordinación integral con los gobiernos locales y la participación comunitaria en asuntos de seguridad pública en todo lo atinente a la identificación de los problemas de seguridad; la intervención en las estrategias sociales de prevención del delito y las violencias, así como en las estrategias de seguridad preventiva de la Policía, en cada una de las jurisdicciones locales de la Provincia. g) La regulación y fiscalización del Sistema de Seguridad Privada en todo lo referido al establecimiento de las pautas regulatorias de los servicios de seguridad privada legalmente establecidos; la concesión y administración de la habilitación a las entidades y empresas prestatarias del servicio de seguridad privada; la inspección y la supervisión de dichas entidades y empresas, de sus actividades y de su funcionamiento; y la administración del régimen de infracciones y sanciones.
A los fines del cumplimiento de estas competencias, la Función Ejecutiva deberá adecuar la estructura orgánica funcional del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, en lo relativo a las misiones y funciones de la organización estructural de dicha cartera, asegurando que no existan superposiciones funcionales y de competencias entre las diferentes áreas que lo componen.
El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo la conducción general y la administración de la Policía de la Provincia conforme a las potestades que la Constitución de la Provincia le otorga al Gobernador.
La Policía Provincial dispondrá de fondos y recursos humanos destinados a satisfacer sus requerimientos funcionales y servicios auxiliares conforme a los créditos otorgados por la Ley de Presupuesto. A tal fin, la Jefatura de Policía elevará anualmente al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos las necesidades presupuestarias para el siguiente ejercicio financiero.
La Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos formula el anteproyecto de previsiones presupuestarias anuales de la Policía de la Provincia, a efectos de dotarla de los recursos económicos y financieros adecuados que permitan el cumplimiento de sus fines y objetivos.
Los fondos especiales de la Policía de la Provincia serán administrados por el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. A esos efectos, este Ministerio, establecerá un protocolo con los procedimientos de administración y control extraordinarios, todo ello sin perjuicio de la debida rendición de tales fondos especiales por ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, de conformidad con lo que establezca la reglamentación.
La Policía de la Provincia es la institución civil armada, pública y especializada que tiene por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad en todo el territorio provincial, ejerciendo las funciones que la legislación vigente establezca para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población.
La función de la Policía de la Provincia consiste en el mantenimiento del orden público mediante la prevención, disuasión y conjuración temprana del delito y contravenciones, como así también su investigación cuando corresponda de acuerdo a la Ley.
En el ejercicio de la función de Policía de Seguridad ésta podrá: a) Dictar la normativa necesaria para poner en ejecución disposiciones legales o impartir órdenes cuando el cumplimiento de las Leyes así lo exijan y en los casos que ellas determinan. b) Expedir documentación personal, certificados de antecedentes y demás credenciales reglamentariamente dispuestas. c) Vigilar a las personas habitualmente dedicadas a una actividad que la Policía deba prevenir, respetando los límites establecidos por las garantías constitucionales. d) Fiscalizar el ejercicio de las profesiones o actividades reglamentadas sobre las cuales la Policía tenga la facultad de actuar. e) Requerir, con finalidad preventiva, la documentación de los vehículos en la vía pública. f) Hacer cumplir las normativas de tránsito nacionales y provinciales, labrando actas de infracción y realizando todas las tareas determinadas en las Leyes vigentes; y las que en un futuro las reemplacen o complementen. g) Integrar el Consejo Provincial de Seguridad Vial o Consejos Departamentales de Seguridad Vial, informando, asesorando y proponiendo medidas para la mayor seguridad en rutas y caminos.
La Policía de la Provincia es representante y depositaria de la fuerza pública en su jurisdicción. En tal calidad, le es privativo: a) Prestar el auxilio de la fuerza pública a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, cuando le sea requerido el cumplimiento de sus servicios. b) Hacer uso de la fuerza cuando fuere necesario, mantener el orden, garantizar la seguridad, impedir la perpetración del delito y en todo otro acto de legítimo ejercicio. c) Asegurar la defensa oportuna de las personas o de su autoridad, para lo cual el agente podrá hacer uso de la fuerza física o coacción directa, conforme a los principios de actuación previstos en esta Ley. d) En las reuniones públicas que deban ser disueltas por perturbación del orden o en las que participen personas con armas u objetos que pudieren utilizar como tales para agredir en dichas circunstancias, la fuerza será empleada después de desobedecidos los avisos reglamentarios y conforme los principios de actuación previstos en esta Ley.
Las acciones de la Policía de la Provincia deberán adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas, así como también al principio de gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y disuasivo, antes que el uso efectivo de la fuerza.
El Personal de la Policía deberá adecuar su conducta durante el desempeño de sus funciones a los siguientes principios básicos de actuación: a) Desempeñarse con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la Ley, protegiendo los derechos de las personas. b) Actuar teniendo en miras el pleno e irrestricto respeto a los Derechos Humanos, en especial el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y dignidad de las personas, sin que ningún tipo de emergencia u orden de un superior pueda justificar el sometimiento a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en cuyo caso queda autorizada la desobediencia. c) Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su cuidado o custodia. d) Abstenerse de cualquier situación que implique un conflicto de intereses o la obtención de ventaja o provecho indebidos de su autoridad o función, persiga o no fines lucrativos. e) Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias durante su accionar o el de otras fuerzas, organismos o agencias con las que se desarrollen labores conjuntas o combinadas, o en las conductas de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con las que se relacionen, debiendo dar inmediata cuenta de cualquier incumplimiento o del hecho de corrupción a la Autoridad Superior u organismo de control competente. f) Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial, particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses privados de las personas de que tuviera conocimiento, a menos que el cumplimiento de sus funciones o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. g) Ejercer la fuerza física o coacción directa únicamente cuando resulte necesaria para hacer cesar una situación en la que, pese a la advertencia u otros medios de persuasión empleados, persista el incumplimiento de la Ley o una conducta grave. El uso de la fuerza será de último recurso y deberá ejercerse de manera gradual y proporcional, evitando causar daños innecesarios o excesivos a las personas, a terceros o a sus bienes. h) Recurrir al uso de armas de fuego únicamente en caso de legítima defensa propia o de terceros, ante un peligro grave, actual e inminente para la vida, o para impedir la comisión de un delito que implique ese mismo peligro, procurando reducir al mínimo los posibles daños y lesiones. i) Anteponer al eventual éxito de la actuación, la preservación de la vida humana y la integridad física de las personas, cuando exista riesgo de afectar dichos bienes. j) Identificarse como funcionarios del servicio, cuando el empleo de la fuerza y de armas de fuego sea inevitable. En la medida de lo posible y razonable, dar una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego con tiempo suficiente como para que la misma sea tomada en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a las personas protegidas o al funcionario del servicio, se creara un riesgo cierto para sus vidas y el de otras personas o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.
En la Policía de la Provincia no habrá deber de obediencia cuando la orden impartida sea manifiestamente ilegítima y/o ilegal o su ejecución configure o pueda configurar delito. Si el contenido de la orden implicase la comisión de una falta disciplinaria leve, grave o gravísima el subordinado deberá formular la objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita.
En ningún caso, el Personal de la Policía Provincial, en el marco de las acciones y actividades propias de sus misiones y funciones, podrá: a) Inducir a terceros a la comisión de actos delictivos o que afecten a la intimidad y privacidad de las personas. b) Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
Las actuaciones efectuadas por el personal policial en cumplimiento de obligaciones legales u órdenes de autoridad competente serán válidas mientras no se declaren nulas por vía legítima, salvo los casos expresamente contemplados en el Código Procesal Penal de la Provincia.
La Policía de la Provincia, en su carácter de auxiliar de la Justicia, actuará conforme a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y a las órdenes de la autoridad judicial competente para la realización de allanamientos domiciliarios, detenciones y secuestros, de conformidad con la Constitución Provincial y el Código Procesal Penal.
La Policía de la Provincia a fin de llevar adelante las tareas propias de su función facilitará el transporte de su personal y asegurará sus comunicaciones, podrá celebrar Convenios con entidades prestatarias de los servicios, cualquiera sea su naturaleza, a los efectos de la utilización de los medios que resulten necesarios.
La Policía de la Provincia no podrá ser utilizada con fines políticos particulares ni convocada a funciones que no estén establecidas en la presente Ley. Las órdenes o directivas que contravengan estas normas, autorizarán la desobediencia.
A título de cooperación y con carácter de reciprocidad, el personal policial, podrá actuar supletoriamente en hechos ocurridos en las jurisdicciones territoriales de otras Policías que correspondan específicamente a la competencia de éstas y en ausencia de las mismas. A los efectos de la coordinación determinada en el presente Artículo, el área policial encargada de centralizar y distribuir todas las informaciones, comunicaciones entre la Policía de la Provincia y las Policías Nacionales, de otras Provincias y/o extranjeras, será la Dirección General de Planeamiento Estratégico.
La Policía de la Provincia podrá: a) Realizar Convenios con las demás Policías Nacionales y Provinciales con fines de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua, para facilitar la acción policial. b) Mantener relaciones con Policías Extranjeras con fines de cooperación y coordinación internacional para la persecución de delitos complejos.
Los uniformes, insignias, distintivos y símbolos adoptados por la Policía de la Provincia para uso de la institución y su personal, como también características distintivas de sus vehículos y equipos, son exclusivos y no podrán ser utilizados en forma igual o similar por ninguna otra organización pública o privada. Ningún organismo administrativo provincial o municipal podrá utilizar la denominación "Policía" en su acepción institucional, salvo las excepciones que establezca la Ley, en lo referente a materias específicas ajenas a las que por esta Ley se establecen, ni dotar a su personal de armamento para uso público, ni utilizar grados de la jerarquía policial.
La Policía de la Provincia coopera, como integrante del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, con la Función Judicial y mantiene relaciones con los Organismos de la Administración Pública Provincial, Fuerzas Armadas, de Seguridad y otras policías provinciales, nacionales o extranjeras, con fines de cooperación y coordinación e intercambio cultural y profesional.
La Policía de la Provincia ejerce sus funciones en todo el territorio provincial, excepto los casos de Jurisdicción Federal o Militar, en los que deberá intervenir: a) En virtud de orden emanada de autoridad competente. b) En ausencia, impedimento o insuficiencia de personal competente. c) En caso de flagrancia. En estas hipótesis, informará inmediatamente a la autoridad competente y pondrá a su disposición las personas privadas de libertad, los objetos e instrumentos del hecho y las actuaciones labradas.
Cuando la Policía de la Provincia deba intervenir en territorio de otra jurisdicción, se ajustará a las normas procesales en ella aplicables y a los convenios y prácticas policiales interjurisdiccionales si existieren. El procedimiento se comunicará inmediatamente a la Autoridad Judicial y a la Policía con jurisdicción en el lugar, indicando sus causas y resultados.
La Policía de la Provincia se organizará y desarrollará sus funciones y actividades sobre la base de los principios de eficiencia y eficacia, transparencia institucional y rendición de cuentas ante las autoridades e instancias competentes.
La Policía de la Provincia está compuesta por las diferentes dependencias que integran su estructura orgánica de conformidad a lo establecido en la presente Ley y, organizada jerárquicamente, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley del Personal Policial y sus correspondientes reglamentaciones.
La Policía de la Provincia es una unidad orgánica que funciona dentro del ámbito de la Función Ejecutiva y se vincula con ella por intermedio del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Está institucionalmente subordinada a las autoridades constitucionales provinciales y, por lo tanto, obedece y adecúa su desempeño a la Constitución Provincial, las leyes dictadas en su consecuencia, y a las políticas y directivas emanadas del ministro responsable de la cartera.
La organización de la Policía de la Provincia se compone de las siguientes estructuras: a) La Estructura Operacional: Estará abocada a la aplicación y desarrollo de las estrategias y acciones institucionales de seguridad preventiva y/o seguridad compleja que fueran formuladas, establecidas y supervisadas por el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. b) La Estructura de Conducción y Administración: Estará abocada a la aplicación y desarrollo de los parámetros generales y protocolos reglamentarios relativos a la dirección superior y la administración general que fueran formuladas, establecidas y supervisadas por el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. c) La Estructura de Capacitación y Especialización: que estará abocada a la aplicación y desarrollo de los parámetros generales y protocolos reglamentarios de formación y capacitación que fueran formuladas, establecidas y supervisadas por el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. La Estructura Operacional constituye la instancia orgánica más importante de la Policía de la Provincia. La estructura de conducción y administración y la estructura de capacitación y especialización constituyen las instancias orgánicas de apoyo a la estructura operacional.
La Estructura Superior de la Policía de la Provincia, estará conformada por: Un (1) Jefe. Un (1) Subjefe. Catorce (14) Direcciones Generales. Catorce (14) Subdirecciones. Un (1) Secretario General, y Un (1) Defensor General de Policía.
La estructura de conducción operativa de la Policía de la Provincia estará a cargo del Jefe y Subjefe de Policía, que serán designados por la Función Ejecutiva a sugerencia del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. La Jefatura de Policía tendrá su asiento en la Ciudad Capital de la Provincia.
La estructura de conducción y administración de la Policía de la Provincia se ordena jerárquicamente en los siguientes niveles: a) Direcciones Generales. b) Subdirecciones Generales. c) Unidades Regionales. d) Unidades Departamentales. e) Comisarías. f) Subcomisarías.
El Jefe de la Policía tendrá las siguientes atribuciones: a) Disponer la organización y control de los servicios de la institución. b) Conducir operativamente la institución y ejercer su representación ante otras autoridades. c) Ejercer las atribuciones que le confiere la presente Ley y la reglamentación que se dicte en consecuencia, respecto a la oportunidad de inversión de las partidas presupuestarias que le sean asignadas y ejecutadas a través de la Unidad de Administración Financiera. d) Propiciar ante la Función Ejecutiva, las reformas correspondientes a la organización y funcionamiento de las dependencias policiales que componen la estructura orgánica de la Policía de la Provincia. e) Adoptar, conforme a las atribuciones conferidas por la legislación vigente o gestionar ante la Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, cuando excedan sus facultades, las medidas tendientes al mejoramiento de los servicios y la situación del personal, adaptándolas a la evolución institucional. f) Proponer a la Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, las designaciones, ascensos, retiros y bajas del personal, en los casos previstos por la legislación vigente. g) Disponer la asignación y los cambios de destino del personal policial y civil conforme a lo previsto en la legislación respectiva. h) Acordar las licencias al personal policial y civil, conforme lo establece la legislación en vigencia. i) Conferir los premios policiales instituidos que fueren calificables de mérito extraordinario. j) Fijar la estructura operacional y la composición y despliegue de las dependencias y unidades componentes de aquella, como así también el despliegue del personal policial. k) Ejercer las facultades disciplinarias correspondientes al cargo, conforme a la presente Ley y su reglamentación. l) Designar anualmente al funcionario que ejerza la presidencia del Tribunal de Disciplina para juzgar al personal policial retirado. m) Presidir la Junta de Calificación para ascensos del personal Policial Superior de la Institución.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Jefe de Policía de la Provincia cuenta con la cooperación del Subjefe de Policía; es asesorado por la Plana Mayor Policial y, específicamente en los aspectos técnicos jurídicos, por la Dirección General de Asesoría Letrada.
El cargo de Subjefe de Policía es ejercido por un Comisario General en actividad, designado por la Función Ejecutiva a propuesta del Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Sus funciones son las siguientes: a) Colaborar con el Jefe de Policía y reemplazarlo en caso de ausencia o impedimento transitorio. b) Ejercer la Jefatura de la Plana Mayor Policial con las facultades y alcances establecidos en esta Ley. c) Participar en la fiscalización e intervenir en el funcionamiento operativo y administrativo de las dependencias que le están subordinadas. d) Cooperar y proponer las modificaciones que estime convenientes para la mejora o actualización de los servicios.
Depende directamente de la Jefatura de Policía: a) La Plana Mayor Policial. b) La Secretaría General. c) La Defensoría General de la Policía.
La Plana Mayor es el organismo directivo de planeamiento, coordinación y asesoramiento de todas las actividades policiales que se desarrollen en la Provincia y tendrá su asiento en la ciudad Capital. Deberá asegurar la más eficiente prestación del servicio policial, la adecuada utilización de los recursos humanos, técnicos y logísticos de la Institución, el respeto a la Constitución y a las Leyes de la Provincia y el cumplimiento cabal de todas las funciones que la normativa vigente le asigne. A ella se integrarán los Jefes Regionales, que podrán participar a instancia del señor Jefe de Policía, en las reuniones periódicas que a tal efecto cite dicha autoridad.
La Secretaría General tendrá por misión entender en todo trámite que se relacione con los servicios administrativos que la Policía deba prestar al público, atendiendo las relaciones de la Institución con los demás poderes públicos nacionales o provinciales; como así también ordenar y programar la información del trabajo o de los servicios específicos de la misma, sea de interés para el personal o la comunidad en general, difundiéndolo por los canales oficiales pertinentes. La función de Secretario General de Policía será desempeñada por un oficial superior en actividad, quien percibirá una asignación equivalente al cargo de director. La Secretaría General se integrará con las dependencias que establezca la reglamentación.
La Defensoría General del Policía tendrá las siguientes funciones: a) Atender las denuncias formuladas por el Personal Policial en sus diferentes escalafones y jerarquías, grados y niveles, en situación de actividad, por hechos cometidos por sus pares en detrimento o amenaza de sus derechos fundamentales. b) Prescribir recomendaciones y diseñar mecanismos de solución para el supuesto de que alguna autoridad pública haya incurrido en violación de derechos o en dilación injustificada de trámites o procedimientos relativos a derechos del Personal Policial, según la normativa legal provincial vigente. c) Intervenir en todo sumario administrativo sustanciado por la Dirección General de Auditoría y Control Externo, que investigue el accionar del personal policial, velando por la normalidad y legalidad del proceso. d) Atender y responder consultas, observaciones, comentarios, sugerencias relacionadas con la protección de los derechos del Personal Policial y todo lo relativo a las condiciones laborales, de salubridad y protección en el ejercicio de sus funciones y participar en el diseño de la política de comunicación relacionada a la jerarquización de la Institución Policial. e) Promover el desarrollo de investigaciones y la capacitación del Personal Policial. A tales fines podrá auspiciar o realizar congresos, seminarios y encuentros de carácter científico y participar en los que organicen otras entidades y asesorar a los organismos de capacitación interna y externa. f) Proponer, en articulación con la Dirección General de Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, los programas de promoción, prevención, asistencia e inserción social destinados al bienestar y desarrollo del Personal Policial, pudiendo realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de los programas implementados. g) Gestionar asistencia al Personal Policial, cuya situación económica y social incida negativamente en el desenvolvimiento del cargo. h) Realizar un seguimiento de los sistemas de contención para el tratamiento de policías que presentan trastornos psíquicos o hayan participado de enfrentamientos. i) Estimular en forma directa una cultura de respeto a los derechos y deberes inherentes al Personal Policial al interior de la organización policial y respecto de las autoridades provinciales y nacionales.
Las Direcciones y Subdirecciones Generales de Seguridad Capital y de Seguridad Interior, y sus respectivos cargos de Directores Generales y Subdirectores Generales reemplazan a la Dirección General de Seguridad. Las Direcciones Generales de Seguridad Capital y Seguridad Interior tienen como misión coordinar, planificar y auspiciar políticas policiales de seguridad con los municipios y diversas entidades no gubernamentales pertenecientes a todo el territorio provincial, estando en permanente relación para proveer y promover programas y proyectos de seguridad pública y ciudadana en prevención de contravenciones, delitos y violencia urbana. Estas Direcciones Generales son las encargadas de la planificación de las operaciones policiales de seguridad y prevención de alta complejidad, así como la coordinación y enlace entre la repartición y las demás Policías y organismos de Seguridad del país dentro de su competencia.
La Dirección General de Planeamiento y Operaciones Policiales tendrá como misión el asesoramiento y planificación de las operaciones generales y específicas aplicables a la prevención, definiendo los objetivos generales y específicos de gestión, estratégicos y tácticos para su cumplimento, a fin de optimizar el empleo de los Recursos Humanos y logísticos disponibles.
La Dirección General de Cuerpos Especiales tendrá a su cargo las operaciones llevadas a cabo por Cuerpos Policiales Especiales cuando se requiera, la coordinación de actividades especiales con otras fuerzas policiales o se trate de operativos policiales que por su magnitud o complejidad requieran de una planificación o conducción especializada.
La Dirección General de Seguridad Vial tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones de la Policía de Tránsito en el ámbito urbano, rutas nacionales y provinciales, como así también las demás vías del territorio provincial fuera de los ejidos urbanos, velando por el cumplimiento, en cada jurisdicción, de las disposiciones normativas vigentes en materia de tránsito y seguridad vial que resulten de su competencia.
La Dirección General de Investigación Criminal tiene como misión el abordaje e investigación de aquellos hechos que impliquen un accionar que sea punible en cuanto a la legislación vigente. Con el objetivo de combatir las distintas problemáticas delictivas, recolecta la información de manera estratégica y realiza una identificación de autores y escenarios de intervención para planificar una respuesta acorde a las normativas. En el marco de la investigación indaga sobre aquellas conductas que, por su complejidad, dificultad, conmoción social y/o trascendencia pública requieran el despliegue operativo, mediante la aplicación de técnicas, métodos, procedimientos y conocimientos especializados. En todos los casos actuará en coordinación directa con los cuerpos de seguridad que resulten competentes para intervenir en el hecho, a cuyo cargo estará la seguridad de las personas detenidas si las hubiera.
La Dirección General de Prevención e Investigación de Delitos Complejos tiene por misión contribuir a la prosecución de la acción penal, la prevención y conjuración de los delitos organizados tales como narcotráfico, trata de personas y delitos económicos; y la de intervenir en aquellas investigaciones que por su complejidad le sean encargadas por el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y el Jefe de Policía. Cuando corresponda, llevar a cabo un trabajo en coordinación y cooperación con las Fuerzas Policiales y Autoridades Federales.
La Dirección General de Inteligencia y Análisis Criminal tendrá a su cargo la reunión, producción y análisis de la información necesaria para el accionar específico policial tendiente a conocer las actividades de las organizaciones delictivas y toda otra circunstancia que permita obtener un conocimiento integral, respecto al fenómeno criminal en el ámbito provincial. Es el área que brinda herramientas e insumos de información para la investigación en tanto le permite producir conocimiento de calidad. Por su parte, el análisis criminal tiene por objetivo la producción de información para la eficiente toma de decisiones en el ámbito de la seguridad y política criminal y refiere al estudio de individuos, grupos, conductas e incidentes que pueden constituir delitos, con el fin de identificar patrones, infractores, víctimas, tendencias y estructuras de oportunidades para su comisión.
La Dirección General de Pericias y Estudios Forenses tendrá a su cargo la organización de todo el apoyo tecnológico y científico para la investigación criminal, la organización de los laboratorios y cuerpo forense policial, en coordinación con las instituciones similares de la Función Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
La Dirección General de Logística tendrá a su cargo las funciones de planeamiento, organización, ejecución, control y coordinación del abastecimiento, mantenimiento, racionamiento, contralor patrimonial, comunicaciones y otras afines, en orden a los requerimientos formulados por las otras direcciones, actuando coordinadamente con ellas.
La Dirección General de Gestión Administrativa tendrá como misión administrar, dirigir y fiscalizar las actividades vinculadas a la gestión, administración de recursos económicos, financieros y presupuestarios de la Policía de la Provincia; gestionar la obtención y asignación de recursos; elevar la programación presupuestaria por medio de la Jefatura al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y; observar y cumplir los principios de legalidad en las contrataciones que realice la Institución de acuerdo a la economía y planificación de los recursos.
La Dirección General de Recursos Humanos tendrá la responsabilidad sobre todos los asuntos relacionados con los integrantes de la Policía, en lo relativo a su situación y rendimiento laboral, regímenes de calificaciones, promociones y licencias, registros de cambio de destino, bajas, retiros de la Institución.
La Dirección General de Capacitación tendrá por misión programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la capacitación en servicio del personal policial y civil de la Institución, sin distinción de jerarquía, asegurando su perfeccionamiento para su respectiva promoción, ascenso y formación continua, tendiendo a especialización y profesionalización de las fuerzas de seguridad.
La Dirección General de Asuntos Legales tendrá a su cargo el asesoramiento jurídico de la Institución Policial y la emisión de opinión técnica en materia de interpretación de normas jurídicas, en los sumarios administrativos en los que tome intervención, en procesos de contratación llevados a cabo por la Policía, en los proyectos de ley cuya temática le concierna a la policía, en los recursos administrativos presentados y en toda otra cuestión en que sea requerida su intervención.
El territorio de la Provincia se divide en Unidades Regionales Policiales, de conformidad a las Regiones reconocidas en la Constitución Provincial, a saber: a) Unidad Regional I: Región Valle del Bermejo: Departamentos Vinchina, General Lamadrid y General Felipe Varela. b) Unidad Regional II: Región Valle del Famatina: Departamentos Famatina y Chilecito. c) Unidad Regional III: Región Norte: Departamentos Arauco, Castro Barros y San Blas de los Sauces. d) Unidad Regional IV: Región Centro: Departamentos Capital y Sanagasta. e) Unidad Regional V: Región Llanos Norte: Departamentos Independencia, General Ángel V. Peñaloza, Chamical, General Belgrano y General Ortiz de Ocampo. f) Unidad Regional VI: Región Llanos Sur: Departamentos General Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín.
La Unidad Regional Policial es la unidad operativa que planifica y ejecuta las operaciones generales y especiales de policía de seguridad a nivel técnico en el ámbito de su jurisdicción y tiene a su cargo el comando y supervisión de las Unidades Departamentales que se creen por disposición de la Función Ejecutiva.
Las Jefaturas de Unidades Regionales serán ejercidas por Oficiales Superiores en el cargo de Jefe y Segundo Jefe de Unidad Regional y asistidas por los Jefes de las Unidades Departamentales que las conforman.
Créanse las Unidades Departamentales conforme al Régimen Municipal de la Provincia, que tendrán por misión articular, organizar y coordinar entre la Unidad Regional a que pertenezcan y las Comisarías y sus dependencias a los fines de eficientizar la labor policial operativa y administrativa en donde ejerce su competencia teniendo en cuenta su realidad geográfica territorial, poblacional, la actividad delictiva y contravencional de cada territorio.
Las unidades operativas con competencia en un determinado ámbito territorial se denominarán Comisarías. Constituirán los agrupamientos de línea para el total cumplimiento de las operaciones de seguridad y, cuando corresponda, asiento de las unidades de investigación.
Las Unidades menores en razón del número de efectivos asignados para el desempeño de las mismas funciones, áreas territoriales y población se denominarán Subcomisarías, Destacamentos, Puestos de Vigilancia o Puestos de Control Caminero, según corresponda.
Se denominarán Unidades Especiales los agrupamientos efectivos de particulares características y funciones, uniformados o no.
El Servicio Penitenciario Provincial es una institución de carácter público, integrante de la Fuerza de Seguridad de la Provincia, y auxiliar de la justicia, cuya misión es la custodia y guarda de las personas privadas de libertad en el marco del respeto irrestricto de las normativas constitucionales, los derechos humanos y las reglamentaciones vigentes, procurando a través de una tarea profesional constante, armónica y coordinada, la rehabilitación del interno en pos de su reinserción social.
El personal penitenciario es el garante de la guarda y custodia de las personas privadas de su libertad, conforme a las disposiciones legales y judiciales vigentes.
El Servicio Penitenciario Provincial dependerá orgánica y funcionalmente del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Justicia u órgano que lo reemplace. Su autoridad máxima es el Jefe del Servicio Penitenciario Provincial.
El Servicio Penitenciario Provincial tiene todas las facultades, atribuciones y obligaciones correspondientes a su calidad de depositario de la fuerza pública, debiendo observar el cumplimiento de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución Provincial, las leyes, las reglamentaciones y demás normas vigentes.
El Servicio Penitenciario Provincial ejerce su jurisdicción en los órganos de su dependencia y en todo el ámbito del territorio de la Provincia, extendiéndose en el traslado y custodia de internos y en caso de evasión o fuga en su persecución inmediata de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.
El Servicio Penitenciario Provincial es el organismo jerarquizado y profesional integrante del Sistema de Seguridad Pública de la Provincia, que tiene por finalidad la ejecución de las penas privativas de la libertad para lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley, procurando su adecuada reinserción social y promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. En la ejecución de esta finalidad, la custodia y guarda de procesados y condenados se hará del modo que resulte más favorable para resguardar su dignidad, su personalidad y el principio de inocencia. Asimismo, tiene a su cargo la emisión y confección de dictámenes criminológicos, y la misión de los agentes penitenciarios es comprender la realización de las funciones establecidas en el presente artículo.
Alojar a las personas privadas de libertad con las únicas restricciones impuestas por las leyes y reglamentos, tendiendo a que la privación de la libertad y alojamiento no constituya para las personas un desmedro para su ulterior actuación en sociedad, sino una mejora de sus cualidades personales, propendiendo en cumplimiento de preceptos constitucionales, a la elevación de su nivel de instrucción y promoviendo la rehabilitación de los internos para su posterior reinserción en la sociedad. Asimismo, respecto del personal penitenciario debe propender a su formación intelectual, físicopsíquica y social, a lo largo de toda su carrera penitenciaria; promoviendo a su desarrollo integral.
El trato y las directivas que se apliquen a los internos estarán exentos de cualquier tipo de violencia física, psíquica o cualquier otra conducta que implique el abuso de sus atribuciones, debiendo observar en cada una de sus actividades las normas nacionales, provinciales y las que regulan los tratados internacionales, en lo que respecta a tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios de las personas que se encuentren bajo su custodia. Todo agente penitenciario, será responsable por cualquier exceso o abuso de esta índole cometido en el cumplimiento de sus funciones.
Mediante la educación, asistencia médica, espiritual, social, régimen disciplinario y el trabajo obligatorio se procurará modificar las conductas antisociales de los internos, así como desarrollar e incrementar aquellas facultades o aptitudes que le faciliten su desenvolvimiento en la sociedad, previniendo la reincidencia en el delito.
La población carcelaria del establecimiento se clasificará de acuerdo a las siguientes categorías: los penados de los procesados, los condenados primarios de los reincidentes, y siempre que la modalidad del establecimiento lo permita, los drogadependientes e infectocontagiosos de los internos con buena salud. Las internas estarán alojadas en un lugar independiente de los internos masculinos y al cuidado del personal femenino debidamente calificado.
El régimen penitenciario tendrá por finalidad promover la reinserción social de la persona privada de libertad, fomentando su sentido de responsabilidad y proporcionándole los medios necesarios para favorecer su desarrollo personal y su adecuada integración a la comunidad. Sus fines están determinados con el objeto de obtener una modificación en la conducta del interno, promoviendo su sentido de responsabilidad y dotándolo de los medios necesarios para hacer efectiva su readaptación. La privación de la libertad se cumplirá con respeto a la dignidad humana y hacia los derechos de las personas, promoviendo su preparación para la vida en libertad y su reinserción social.
Son funciones del Servicio Penitenciario Provincial las siguientes: a) Velar por la seguridad y custodia de las personas alojadas en los establecimientos de su dependencia, procurando los tratamientos de rehabilitación en cada caso particular mejorando las condiciones morales, la educación, la salud física y mental de los internos para lograr la reinserción social. b) Posibilitar la readaptación social de los condenados a penas privativas de libertad, de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.660 y sus modificatorias. c) Colaborar con los organismos competentes en la asistencia pospenitenciaria dando efectivo cumplimiento a las previsiones que sobre la materia prevé la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. d) Asesorar a la Función Ejecutiva en asuntos referidos a la Política Penitenciaria. e) Elaborar Estadísticas Penitenciarias propiciando el intercambio de información de interés científico o técnico con otras Instituciones Penitenciarias. f) Propiciar la creación de unidades carcelarias en todo el territorio de la provincia. g) Organizar y ejecutar la política penitenciaria que fije la Función Ejecutiva Provincial a través de la Secretaría de Justicia u órgano que la reemplace. h) Producir dictámenes criminológicos para las autoridades judiciales y administrativas sobre la personalidad de los internos, en los casos que legal y reglamentariamente correspondan. i) Atender al reclutamiento, selección, formación y perfeccionamiento del personal penitenciario. j) Favorecer el estudio y perfeccionamiento de las disciplinas penitenciarias y criminológicas como también de la legislación que comprende al Derecho de Ejecución Penal. k) Coordinar acciones con otras unidades carcelarias provinciales y federales e instituciones intermedias favoreciendo el óptimo cumplimiento de los objetivos: I) Colaborar con la Función Judicial Nacional y Provincial y con los organismos administrativos nacionales y provinciales en materia de su competencia. II) Intervenir y prevenir en todos los casos de delitos que ocurran en su ámbito jurisdiccional propio con los deberes y atribuciones del código Procesal Penal de la Provincia.
Son atribuciones del Servicio Penitenciario Provincial: a) Fomentar la capacitación Técnica de los Agentes Penitenciarios, propiciando el otorgamiento de becas y el cumplimiento de comisiones, en el país o en el exterior, en materia penitenciaria o afín. b) Participar en la planificación, programación de nuevos establecimientos, servicios y prestaciones. c) Participar, y colaborar en la elaboración y estudio de la política penitenciaria de readaptación social, y en su reforma legislativa. d) Concurrir a los congresos, actos y conferencias de carácter penitenciario, criminológico y materias afines. e) Realizar convenios con otras provincias en materia de organización carcelaria y régimen de la pena. f) Planificar y organizar conferencias penitenciarias. g) Llevar la estadística penitenciaria provincial. h) Fijar la retribución de los internos en sus distintas categorías conforme a los porcentajes que se reglamenten.
El Servicio Penitenciario Provincial dispondrá de fondos y recursos humanos especializados destinados a satisfacer sus requerimientos funcionales, conforme a los créditos otorgados por la Ley de Presupuesto. A tal fin, se elevará al órgano competente las necesidades presupuestarias para el siguiente ejercicio financiero anual.
La Estructura Superior del Servicio Penitenciario Provincial, estará conformada por: a) Jefe del Servicio Penitenciario Provincial. b) Subjefe del Servicio Penitenciario Provincial. c) Coordinador General Penitenciario. es Generales: 1.- Dirección General de Seguridad. 2.- Dirección General de Grupos Especiales. 3.- Dirección General de Asistencia Técnica y Criminológica. 4.- Dirección General de Recursos Humanos. 5.- Dirección General de Administración y Finanzas. 6.- Dirección General de Registros y Antecedentes Judiciales. 7.- Dirección General de Inteligencia Penitenciaria. 8.- Dirección General de Logística. 9.- Dirección General de Salud Penitenciaria. 10.- Dirección General de Monitoreo y Supervisión a Personas Privadas de Libertad Bajo Vigilancia Electrónica. 11.- Dirección General de Capacitación Penitenciaria. 12.-Dirección General de Despacho. 13.- Dirección General de Asesoría Letrada. 14.- Dirección General de Correccional de Mujeres.
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo anterior, en cada Dirección se establecerá por disposición o resolución del Jefe o de la Jefa del Servicio Penitenciario, nuevas áreas, unidades, cuerpos o departamentos que sean necesarios para el mejor desarrollo de las funciones.
El Personal Civil con tareas penitenciarias se adecuará a las necesidades impuestas por las actividades que correspondan específicamente, conforme con esta Ley y sus disposiciones complementarias. Este personal civil no tendrá estado penitenciario, y por ninguna causa ejercerá cargos de comando penitenciario. Solo será llamado a ejercer cargos o funciones afines a su profesión, especialización o categoría administrativa.
La Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial es el órgano técnico responsable de la conducción operativa y administrativa del Servicio Penitenciario Provincial conforme a lo que disponga la legislación en materia de ejecución penal, debiendo velar por su cumplimiento y control. Tiene a su cargo las dependencias, institutos y servicios que en esta norma se le asignan, los distintos Establecimientos Penitenciarios que funcionen en la Provincia y la organización, control, distribución y capacitación del personal penitenciario.
La Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial será ejercida por un (1) Inspector General en actividad de la Organización, designado por la Función Ejecutiva con la denominación de Jefe del Servicio Penitenciario. Tendrá asiento en la ciudad Capital, y percibirá una asignación especial determinada por la Ley de Presupuesto para el cargo.
Es competencia de la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial: a) Conducir operativa y administrativamente al Servicio Penitenciario Provincial y todas las unidades que de él dependan. b) Ejercer el contralor e inspección de todas las unidades que lo componen. c) Asumir la representación de la institución cuando la normativa vigente así lo indique. d) Proponer a la Función Ejecutiva las designaciones, ascensos, retiros y bajas del Personal de la institución de conformidad con las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias. e) Fijar los destinos del Personal Penitenciario y las funciones de los Oficiales Superiores y Jefes de la Institución. f) Ejercer las potestades disciplinarias que tiene asignadas. g) Proponer a la Función Ejecutiva la reglamentación de esta Ley y de aquellas que se dicten en consecuencia, y dictar mediante disposiciones los reglamentos internos que sean menester. h) Gestionar dentro del ámbito provincial y hacia otras Unidades Penitenciarias, el traslado de los internos condenados, como así también disponer internamente el lugar de alojamiento de los internos en calidad de alojados, procesados y condenados. i) Promover al desarrollo integral del personal penitenciario. j) Solicitar la creación de nuevas direcciones cuando por funcionalidad sea necesarias. k) Ordenar la compra de todo tipo de bienes necesarios para el establecimiento. l) Ordenar la instrucción de sumarios administrativos que dieran lugar por faltas cometidas en el establecimiento. m) Proponer a la Función Ejecutiva la reglamentación de esta Ley y dictar los reglamentos internos de los establecimientos e institutos a su cargo. n) Crear bajo su dependencia departamentos, divisiones o áreas cuando las necesidades así lo requieran y conforme lo establezca la reglamentación. o) Resolver respecto a los destinos, transferencias y demás situaciones atinentes al personal a su cargo dentro de la órbita del Servicio Penitenciario. p) Formular la política de formación y capacitación del personal penitenciario, poniendo particular énfasis en fortalecer el espíritu crítico y el respeto por los Derechos Humanos. q) Admitir en los establecimientos carcelarios a procesados y condenados de Jurisdicción Federal, a los que les será aplicable la legislación provincial, debiendo gestionar ante las autoridades respectivas el reintegro de los gastos que demanden. r) Elevar la previsión presupuestaria anual a la Secretaría de Justicia u organismo que la reemplace. s) Realizar la ejecución presupuestaria de su sector, autorizando gastos hasta el monto que establezca la reglamentación. t) Propiciar la creación de establecimientos penitenciarios en la Provincia. u) Organizar conferencias penitenciarias provinciales. v) Auspiciar convenios con la Nación y las Provincias en materia de organización carcelaria y régimen de la pena. w) Intercambiar información con las instituciones oficiales y privadas de asistencia post penitenciaria. x) Propiciar y mantener intercambio técnico y científico con instituciones similares nacionales, provinciales y extranjeras.
Le compete al Subjefe del Servicio Penitenciario Provincial, como inmediato y principal colaborador de la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial, los asuntos inherentes a la gestión institucional, cumplir las funciones que éste le encomiende, reemplazándolo en su ausencia, enfermedad o delegación con todas las obligaciones y facultades del titular.
La Subjefatura del Servicio Penitenciario Provincial, será ejercida por un (1) Inspector General en actividad de la Organización, designado por la Función Ejecutiva y percibirá una asignación especial determinada por la Ley de Presupuesto para el cargo.
El Coordinador General Penitenciario ejercerá el control y coordinación general de todas las actividades que desarrolla la institución, propendiendo a lograr los objetivos que en materia política institucional se impartan desde la Jefatura Penitenciaria. Siendo su competencia orientar y conducir los esfuerzos de ésta, a fin de lograr un mejor servicio y el mayor aprovechamiento de las posibilidades que pueda brindar a través de una acción permanente de coordinación y planificación y fiscalización del cumplimiento de las órdenes y directivas que se determinen por la Jefatura Penitenciaria.
El cargo de Coordinador General Penitenciario será ejercido por un (1) Inspector General y/u Oficial Superior en actividad de la Organización, designado por la Jefatura Penitenciaria, quien percibirá una asignación especial determinada por la Ley de Presupuesto para el cargo.
Le compete al Coordinador General Penitenciario, en todos los asuntos inherentes a la gestión: a) Controlar el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad interna y externa del o los establecimientos que de él dependan. b) Cumplir las funciones que le deleguen. c) Reemplazar al Subjefe del Servicio Penitenciario Provincial en su ausencia o enfermedad en todas las obligaciones y facultades conferidas y las que dispongan las leyes vigentes. d) Participar en la fiscalización e intervenir en el funcionamiento técnico, operativo y administrativo de las instituciones penitenciarias, propiciando en su caso mejoras o actualizaciones que resulten convenientes. e) Asegurar el cumplimiento estricto de este reglamento y leyes vigentes. f) Verificar que el tratamiento brindado a los internos se ajuste a las normas y políticas criminológicas y penitenciarias vigentes. g) Cumplir con toda otra disposición establecida legalmente.
Las Direcciones Generales son los órganos de conducción superior, tienen a su cargo el planeamiento, organización, ejecución y control de las actividades que les asigna la presente Ley y demás normas que se dicten en consecuencia. En los asuntos de su competencia, imparten directivas de observancia obligatoria para todas las dependencias de la institución.
Las personas a cargo de las Direcciones Generales serán designadas por la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial, debiendo ostentar al momento de la designación la jerarquía de Oficial Superior y percibirán una asignación especial determinada por la Ley de Presupuesto para el cargo.
Las personas a cargo de las Subdirecciones Generales, serán designadas por la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial, debiendo ostentar al momento de la designación la jerarquía de Oficial Superior y percibirán una asignación especial determinada por la Ley de Presupuesto para el cargo.
La Dirección General de Seguridad estará a cargo de un (1) Oficial Superior, con experiencia comprobada en la temática y capacidad de conducción de equipos de trabajo, designado por la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial. Será el encargado de determinar y ejecutar las medidas conducentes a garantizar la seguridad dentro del Establecimiento Penitenciario, conforme a los lineamientos generales establecidos por la Jefatura Penitenciaria, y tendrá las siguientes funciones: a) Garantizar la cobertura integral de la seguridad de los distintos Establecimientos Penitenciarios de la Provincia y dependencias, de los distintos edificios donde funcione el Servicio Penitenciario y de las personas sometidas a su guarda y custodia, como así también del personal penitenciario que allí trabaje. b) Asesorar a la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial en las políticas de seguridad penitenciaria, estableciendo los lineamientos generales para todo el Servicio Penitenciario. c) Gestionar las acciones concernientes al traslado de internos, clasificando a los Establecimientos Penitenciarios conforme criterios y lineamientos que imparta la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial. d) Informar a la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial respecto a técnicas y estrategias de inteligencia penitenciaria, clasificación de interno, entre otras funciones. e) Controlar, proveer y mantener el depósito de las salas de armas de todo el Servicio Penitenciario Provincial. f) Ejercer la custodia, entrenamiento y distribución del cuerpo de canes. g) Elaborar las estadísticas penitenciarias conformadas por datos que surgen de las bases informáticas utilizadas. h) Planificar los desarrollos informáticos necesarios para el óptimo funcionamiento del Servicio Penitenciario Provincial y procurar la actualización de los existentes. i) Disponer las sanciones disciplinarias de su competencia. j) Toda otra función que se le asigne normativamente.
La Dirección General de Grupos Especiales estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad, del escalafón seguridad con experiencia comprobada e idoneidad en materia de grupos especiales y gerenciamiento de crisis. Es quien tendrá la administración y coordinación de los grupos de tareas especiales de la institución. Dichos grupos actuarán en operaciones que por su magnitud o complejidad requieran una planificación o conducción especializada, ya sea en procedimientos de rutina o en alteraciones del orden o crisis. Su alcance y competencia será determinado conforme a la reglamentación y protocolo que se dicte a tal efecto, a través de la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial.
Tendrá injerencia en todas aquellas situaciones en donde las acciones a desarrollar requieran de la participación de personal especializado y equipado para tareas que excedan el marco asignado a personal penitenciario del servicio regular, en el ámbito de competencia de su lugar de asiento o en otras dependencias que se lo requiera con la autorización pertinente, debiendo asesorar en materia de procedimiento y gerenciamiento de crisis a la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial.
La Dirección General de Asistencia Técnica y Criminológica estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad, miembro del cuerpo profesional, con título de grado preferentemente con experiencia comprobada en la temática y capacidad de conducción de equipos de trabajo, designado por la Jefatura Penitenciaria, con orientación en criminología. Será el encargado de desarrollar y ejecutar programas y acciones tendientes al desarrollo integral de los internos en los aspectos psicológicos, sociales, educativos y laborales encuadrados en los lineamientos generales establecidos por la Jefatura Penitenciaria. Su alcance y competencia serán determinados conforme a la reglamentación que dicte a tal efecto, a través de la Jefatura del Servicio Penitenciario.
La Dirección General de Recursos Humanos estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad. Será el responsable del control de horarios y asistencia del personal, debiendo informar en el menor tiempo posible, las novedades referidas a ausencias prolongadas, licencias, permisos, retiros, y otras situaciones de revista, rendimiento, régimen disciplinario, regímenes de calificaciones, promociones y registros de cambio de destino y bajas. Llevará actualizado los legajos personales y controlará la asistencia de los mismos debiendo producir informes, comunicando todas las novedades a la jefatura de la institución.
La Dirección General de Administración y Finanzas estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad, que tendrá a su cargo el asesoramiento técnico financiero de la institución y realizar las gestiones relacionadas con la administración contable general, con arreglo a las disposiciones de las normativas vigentes de la Ley de Presupuesto y Contabilidad. Se ocupará de presentar los balances e inventarios, realizar los trámites inherentes a las compras que efectúe la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial, con sujeción a las normas legales que rigen la materia. Asimismo, deberá elaborar la previsión presupuestaria de la Institución y registrar todos los bienes muebles e inmuebles de la Institución.
La Dirección General de Registros y Antecedentes Judiciales estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad. Tiene a cargo la confección y actualización de los prontuarios judiciales de los Internos y Estadísticas de la Población Penal. Además, será la encargada de ejercer el contralor de todo aquello que se relacione con los internos dejando sentado en el prontuario de cada uno, todo trámite solicitado por el mismo, oficios y demás trámites que tengan relación con él durante todo el tiempo que dure su condena.
La Dirección General de Inteligencia Penitenciaria será ejercida por un (1) Oficial Superior en actividad. Tendrá a su cargo las tareas que se le asignen en materia de inteligencia. Recabará información interna y/o externa que coadyuve, en materia de seguridad pública, para la prevención y detención del delito y conflictos internos en el ámbito penitenciario, con el objeto de producir informe para el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales correspondientes en caso de violación de la normativa legal vigente. Deberá formular un programa de políticas referidas a la problemática de inteligencia en el ámbito penitenciario y asesorar a la Jefatura Penitenciaria respecto a técnicas y estrategias de inteligencia.
La Dirección General de Logística estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad. Tendrá a su cargo las funciones de planificar, organizar, ejecutar y controlar de manera periódica el mantenimiento de edificios, maquinarias, equipos, medios de transporte e instalaciones; debiendo proyectar y proponer obras de infraestructura edilicia que contemplen características específicas, acorde a los distintos perfiles carcelarios, coordinando acciones con las demás direcciones de la institución y con organismos técnicos de la Provincia. Asimismo, llevará el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de la institución.
Dirección General de Salud Penitenciaria estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad. Tiene como responsabilidad resguardar la salud física y mental de la población carcelaria y del personal de la institución a través de la prevención, promoción, atención, tratamiento y rehabilitación de la salud, garantizando uno de los derechos inherentes al ser humano. También es la encargada de organizar, orientar, fiscalizar, estudiar, investigar y proponer a la Jefatura Penitenciaria, iniciativas que procuren un mejoramiento del estado sanitario de los internos, y proyectar y arbitrar las medidas necesarias para la realización de una medicina preventiva, coordinando su acción con organismos de salud específicos.
La Dirección General de Monitoreo, Supervisión de Personas Privadas de Libertad Bajo Vigilancia Electrónica e Informática estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad. Tendrá a su cargo la evaluación profesional y técnica operativa de las condiciones de viabilidad para la implementación de Dispositivos de Vigilancia Electrónica, requeridos por la Autoridad Judicial competente. Y el control, seguimiento y supervisión del correcto funcionamiento del Dispositivo Electrónico Domiciliario y Ambulatorio ordenado por el Juez de Ejecución Penal en cumplimiento de la Normativa Penal, Procesal Penal y la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad; ayudando a mitigar el impacto negativo de la privación de la libertad y a promover una mayor integración de la persona con su núcleo familiar y la comunidad.
La Sala de Monitoreo de Vigilancia de Circuito Cerrado tendrá a su cargo, mediante rigurosas directrices, la captación de imágenes por sistema CCTV (circuito cerrado de televisión), con el propósito de contribuir de manera efectiva a la prevención mediante la seguridad inteligente 24/7, aportando a la seguridad institucional.
La Sala de Informática tiene la misión de llevar a cabo videoconferencias virtuales, mediante plataformas virtuales, las cuales, por disposición de la Justicia Provincial, Federal y de otras provincias son requeridas para audiencias, juicios, debates y lecturas de sentencia. También se realizan videollamadas por parte de la población penal para la comunicación con sus familiares y allegados.
La Dirección General de Capacitación Penitenciaria estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad. Tendrá a cargo la capacitación de todo el recurso humano de la institución penitenciaria. Propone a la Jefatura Penitenciaria el Plan Anual de Capacitación para su aprobación, como así también los diferentes cursos de ascensos para cada escalafón y grado que corresponda, con el solo propósito de profesionalizar la institución.
La Dirección General de Despacho estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad, quien será el encargado del registro y movimiento de las actuaciones administrativas de la Jefatura de la Institución; redactar los proyectos de disposiciones, órdenes internas, notas y memorándum que deba firmar el Jefe o Subjefe del Servicio Penitenciario; suscribir las resoluciones de mero trámite interno de la repartición y encargarse de protocolo, prensa y difusión. Asimismo, deberá organizar una Mesa de Entradas con funciones de archivo, recepción, caratulado, registro, clasificación, y despacho de todas las actuaciones administrativas que ingresen o salgan de la repartición.
La Dirección General de Asesoría Letrada estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad con título de abogado, quien tendrá la función de asesorar, representar y asistir jurídicamente a la Jefatura y Subjefatura del Servicio Penitenciario Provincial. Debe dictaminar necesariamente en las convenciones que realice la Jefatura y en todo asunto sometido a su consideración, y registrar, coordinar y mantener actualizadas las normas que regulan la actividad de la institución. Realizará la supervisión, control, opinión o dictamen legal previo al acto administrativo principal de todo trámite y expediente de esa índole, donde debe intervenir bajo pena de nulidad.
La Dirección General de Asesoría Letrada realizará anualmente una evaluación de los resultados obtenidos con las medidas implementadas en las áreas de su competencia, a fin de identificar diferencias con las acciones planeadas y proponer medidas correctivas.-
La Dirección General de Correccional de Mujeres estará a cargo de un (1) Oficial Superior en actividad, debidamente calificado, quien tendrá a su cargo todo lo relacionado con la seguridad en el ámbito institucional del establecimiento que aloje internas. Su alcance y competencia será determinado conforme a la reglamentación que dicte a tal efecto, a través de la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial.
El territorio de la Provincia se dividirá en Nodos de Intervención Penitenciaria Regional, de conformidad a las Regiones reconocidas en la Constitución Provincial, a saber: a) Nodo Regional Penitenciario I: Región Valle del Bermejo: Departamentos Vinchina, General Lamadrid y General Felipe Varela. b) Nodo Regional Penitenciario II: Región Valle del Famatina: Departamentos Famatina y Chilecito. c) Nodo Regional Penitenciario III: Región Norte: Departamentos Arauco, Castro Barros y San Blas de los Sauces. d) Nodo Regional Penitenciario IV: Región Centro: Departamentos Capital y Sanagasta. e) Nodo Regional Penitenciario V: Región Llanos Norte: Departamentos Independencia, General Ángel V. Peñaloza, General Ortiz de Ocampo, Chamical y General Belgrano. f) Nodo Regional Penitenciario VI: Región Llanos Sur: Departamentos General Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín.
Los Nodos Regionales Penitenciarios constituyen la descentralización de parte de la tarea Penitenciaria con el fin de reforzar y fortalecer los vínculos familiares y sociales de los internos en cumplimiento de lo ordenado por la Ley Nacional Nº 24.660. Además del monitoreo y supervisión de las personas privadas de libertad bajo vigilancia electrónica ordenadas por autoridad judicial competente en la región que correspondiere, organiza, planifica y ejecuta las directivas generales y especiales del Servicio Penitenciario Provincial en la Región.
Los Nodos Regionales Penitenciarios estarán integrados por empleados y funcionarios idóneos, de ambos géneros, preferentemente con condición de operadores penitenciarios, quienes tendrán dentro de sus funciones trabajar en la reinserción social del interno a través del fortalecimiento y refuerzo de los vínculos familiares y sociales, con especial atención en los internos provenientes del interior de la Provincia.
Las Jefaturas de los Nodos Regionales Penitenciarios serán ejercidas por Oficiales Jefes en el cargo de Jefe y Segundo Jefe del Nodo Regional y dependen orgánicamente de la Jefatura Penitenciaria.
Las funciones de los Nodos Regionales Penitenciarios serán: a) Propiciar un espacio para estimular la formación de valores colaborativos y compromiso solidario. b) Construir un punto de acción ciudadana que permita despertar y canalizar inquietudes y necesidades de los sujetos involucrados. c) Fortalecer los vínculos familiares de los internos. d) Mantener la comunicación de los internos con la familia por los diferentes medios de comunicación (videoconferencias, cartas, telefonía móvil o fija, etc.). e) Colocación, control y supervisión de dispositivos electrónicos domiciliarios y ambulatorios de las personas privadas de libertad. f) Realizar trabajos en redes con otras instituciones y/u organizaciones. g) Asistencia y asesoramiento al contexto familiar del interno. h) Toda otra función que se le asigne normativamente.
Un Establecimiento Penitenciario es una entidad arquitectónica dotada de organización propia, perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial con dependencia orgánica que corresponda según su ubicación geográfica o de otro establecimiento penitenciario de mayor jerarquía y destinada a la guarda de personas procesadas o condenadas judicialmente con pena privativa de la libertad o con funcionalidad transversal a todo el servicio.
Los Establecimientos Penitenciarios se clasifican en: Complejos Penitenciarios, Centros de Alojamiento Penitenciario, Alcaidías Transitorias y Unidades Penitenciarias; considerando la cantidad de módulos y departamentos que los componen, la relación con el exterior de las personas privadas de la libertad allí alojadas, las modalidades de detención alternativas y las distintas actividades de tratamiento que puedan desarrollar para la oportuna reinserción social.
Los Complejos Penitenciarios son aquellos que, atento a la cantidad de personas privadas de la libertad alojadas, poseen una estructura administrativa y organizativa propia, dependiendo orgánicamente de la Jefatura Penitenciaria.
Los complejos penitenciarios estarán estructurados de la siguiente manera: Dirección de Complejo, Subdirección de Complejo, Departamento de Tratamiento, Departamento de Seguridad, División Secretaría de Despacho y División Asesoría Jurídica.
Los Departamentos podrán subdividirse en divisiones u oficinas según la complejidad y diversidad de las tareas a desarrollar, pudiendo las mismas ser reorganizadas y creadas conforme lo establece la ley, debiendo la reglamentación determinar la estructura y funcionamiento de las mismas.
La Dirección de Complejo tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer la representación del Establecimiento Penitenciario. b) Conducir operativa y administrativamente el Establecimiento a su cargo. c) Ejercer la guarda y custodia directa de las personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento a su cargo. d) Aplicar y coordinar la modalidad de las políticas transversales impuestas desde la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial, optimizando los recursos humanos y económicos asignados. e) Velar por el cumplimiento de los principios constitucionales y legales en relación a las personas privadas de la libertad. f) Adoptar las medidas necesarias para prevenir o resolver cualquier situación individual o colectiva que altere el normal funcionamiento del complejo. g) Elevar anualmente a la Jefatura Penitenciaria el anteproyecto de presupuesto del establecimiento a su cargo para su posterior tratamiento. h) Proponer las sanciones disciplinarias que le corresponden por ley. i) Responder requerimientos judiciales o citaciones de las personas privadas de la libertad sometidas a su guarda o custodia. j) Ejercer toda otra función que, en el marco de su competencia, contribuya al normal funcionamiento del complejo penitenciario a su cargo.
La Subdirección de Complejo tendrá las siguientes funciones: a) Ser el inmediato y principal colaborador de la Dirección en los asuntos inherentes a la gestión institucional. b) Cumplir las funciones que la Dirección le delegue. c) Reemplazar al Director en su ausencia o enfermedad en todas las obligaciones y facultades conferidas en el artículo anterior y las que dispongan las leyes vigentes. d) Toda otra función que se le asigne normativamente.
Los Centros de Alojamiento y las Alcaidías Transitorias son establecimientos penitenciarios de menor estructura edilicia y administrativa, que se caracterizan por abarcar modalidades de detención alternativas o penas privativas de la libertad con características diferenciadas para penados o procesados.
Los Centros de Alojamiento estarán a cargo de una Dirección, que dependerá orgánicamente de la Jefatura Penitenciaria. Las Alcaidías Transitorias estarán a cargo de un Jefe o Jefa de Alcaidía, que dependerá orgánicamente de la Jefatura Penitenciaria.
Las Unidades Penitenciarias son estructuras administrativas del Servicio Penitenciario, que por su envergadura requieren ser dotadas de Divisiones. Las mismas dependen orgánicamente de la Jefatura Penitenciaria.
Las personas a cargo de las Direcciones y Subdirecciones de Complejos, Centros de Alojamiento, Alcaidías Transitorias o Unidades Penitenciarias serán designadas por la Jefatura Penitenciaria, debiendo ostentar al momento de la misma como mínimo lo siguiente: a) Para los Complejos: el grado de Oficial Alcaide con reconocida trayectoria institucional. b) Para los Centros de Alojamiento, Alcaidías Transitorias o Unidades Penitenciarias: el grado de Oficial Subalcaide y tener reconocida trayectoria institucional.
En cada establecimiento destinado a la ejecución de penas privativas de libertad, se contará con un cuerpo colegiado denominado Consejo Correccional, encargado de efectuar el seguimiento continuo del tratamiento de los internos y la evaluación de su resultado a fin de adoptar decisiones en los casos de su competencia o de asesorar a las autoridades pertinentes, de acuerdo a las leyes y a los reglamentos vigentes.
El Consejo Correccional se regirá, para su funcionamiento, por lo establecido en el Artículo 185º, Inciso g) de la Ley Nacional Nº 24.660 y en el Artículo 49º y siguientes del Decreto Reglamentario Nº 396/99, sobre Modalidades Básicas de la Ejecución.
El Consejo Correccional podrá requerir información sobre el seguimiento continuo del tratamiento del interno y la evaluación de su resultado, a fin de adoptar decisiones en los asuntos de su competencia o asesorar a las autoridades pertinentes de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.
El Consejo Correccional se encuentra facultado para: a) Calificar trimestralmente la conducta y el concepto del interno. b) Proponer al Director del establecimiento el avance o retroceso del interno en la progresividad del Régimen Penitenciario. c) Dictaminar en los casos de: fase de confianza, período de prueba, salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, permanencia en programas especiales para internos jóvenes adultos que tengan más de 21 años y hasta los 25 años, otorgamiento de recompensas, traslados a otros establecimientos o regímenes.
El Consejo Correccional tendrá un Secretario permanente, que será el encargado de coordinar y organizar a los integrantes, de un modo tal que les permita a cada uno de ellos tomar un acabado conocimiento de los internos sobre los que se debe emitir opinión. Para ello es necesario que dicho Secretario eleve a cada uno de los miembros del Consejo, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho (48) horas, el temario que deberá contener: nombre y apellido del interno/a, beneficio solicitado, unidad de alojamiento y/u otro dato de interés.
Créase la Dirección General de Auditoría y Control Externo, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Función Ejecutiva, la que tendrá a su cargo velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones en la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, mediante la identificación, investigación y juzgamiento de las faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas que pudiera cometer su personal en el ejercicio de sus funciones, como así también la planificación y acción concreta en cuanto a la adecuada formación ética y promoción de la debida disciplina y la sujeción a las leyes y reglamentos por parte de las fuerzas de seguridad, procurando a su vez estimular el accionar eficiente de conformidad a la Ley.
La Dirección General de Auditoría y Control Externo actuará bajo los siguientes principios: a) Legalidad y respeto por los derechos humanos. b) Perspectiva de género. c) No discriminación. d) Prevención y erradicación de la violencia institucional. e) Control civil de la fuerza de seguridad. f) Acceso a la información por parte de la ciudadanía. g) Políticas de transparencia y prevención de la corrupción. h) Independencia del procedimiento disciplinario respecto del proceso penal.
La presente Ley es de aplicación a todo el personal de las fuerzas de seguridad de La Rioja, que integran el Sistema de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana de la Provincia, tanto del personal en actividad como en situación de retiro, y rige sobre conductas reprochables que sean cometidas dentro o fuera del territorio provincial, mediante la aplicación de un mecanismo de control externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz.
La Dirección General de Auditoría y Control Externo estará integrada por una Dirección, una Asesoría Legal, un Cuerpo de instructores y una Unidad de toma de denuncias ciudadanas, que dependen en forma directa del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
La Dirección General de Auditoría y Control Externo será responsable de aplicar los regímenes disciplinarios vigentes previstos en la Ley del Personal Policial Nº 7.061 y su modificatoria y su Decreto Reglamentario, y en la Ley Nº 10.534 del Personal Penitenciario, conforme a las competencias atribuidas por la presente Ley, asegurando el debido proceso y el carácter contradictorio.
El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos establecerá la organización y las bases funcionales de la Dirección General de Auditoría y Control Externo y de sus diferentes dependencias, y la dotará con personal idóneo e infraestructura y medios operacionales suficientes para el cumplimiento de sus funciones, asegurándose que la carencia, insuficiencia o inadecuación de los recursos humanos y medios materiales, no vulnere el ejercicio del control efectivo sobre la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial.
La Dirección General de Auditoría y Control Externo, tendrá como función: a) Identificar y prevenir las conductas del personal policial y penitenciario que pudiesen constituir faltas disciplinarias graves o gravísimas. b) Investigar toda irregularidad presuntamente cometida por el personal policial y del servicio penitenciario, tanto en ejercicio de sus funciones, como fuera de ellas, sin perjuicio de las actuaciones penales, civiles y/o contravencionales que puedan corresponderles. c) Controlar en todo el ámbito y jurisdicción de la Provincia, la observancia de los derechos y garantías constitucionales y leyes en vigencia, en cuanto al trato con personas detenidas y/o alojadas en dependencias afines. d) Investigar e instruir las actuaciones sumariales correspondientes, en todos aquellos casos en los que lo ordene el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. e) Intervenir en hechos puntuales que, por su gravedad y trascendencia pública, pudieran afectar el normal funcionamiento o la disciplina de la institución policial o penitenciaria. f) Solicitar las medidas cautelares y/o preventivas, de acuerdo a la gravedad de la falta, que se establecen en la legislación vigente. g) Llevar a cabo tareas de inspección y fiscalización en cualquier área o repartición dependiente de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario Provincial. h) Disponer y practicar el secuestro de elementos y objetos pertenecientes a la Policía y Servicio Penitenciario Provincial, que sirvan para la investigación. i) Ante la existencia de una infracción al reglamento disciplinario, podrá disponerse la instrucción inmediata del sumario o el labrado de actuaciones preliminares cuando resulte necesaria una investigación previa para verificar los hechos y la procedencia de su instrucción. j) Realizar todo tipo de tareas que se relacionen con su función específica, con el objetivo de un mejor funcionamiento. k) Recibir denuncias referidas al desempeño en el ejercicio de sus funciones del personal policial y del servicio penitenciario provincial, pudiendo realizar actos útiles de investigación a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas.
El personal policial y penitenciario se encuentra sometido al control de la Dirección General de Auditoría y Control Externo en el desempeño de sus funciones, y tiene la obligación de brindar los informes y requerimientos que fueran debidamente formulados, y de prestar la colaboración debida para el eficaz cumplimiento de su cometido.
El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Auditoría y Control Externo establecerá un procedimiento especial para la sustanciación de sumarios que se inicien con la denuncia instada por el propio personal en hechos de violencia por razones de género, y cuando las mismas sean promovidas por cualquier ciudadano por el presunto mal desempeño de sus funciones, el que deberá garantizar la confidencialidad, discreción y resguardo absoluto de la identidad de todos los involucrados y que se sustancie de manera expedita.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se regirán por las normas de forma y de fondo vigentes al momento de la comisión del hecho.
La Unidad de Recepción de Denuncias Ciudadana tendrá la misión de receptar las denuncias que los ciudadanos realicen por motivos de presunto abuso de autoridad y/o mal desempeño de deberes de funcionario público por parte de un efectivo de la Policía o del Servicio Penitenciario Provincial. Asimismo, recibirá las denuncias que personal policial y penitenciario realice sobre otro personal policial y penitenciario por violencia por razones de género, raza o etnia.
El pueblo de la Provincia de La Rioja es el sujeto de derecho fundamental de la seguridad pública y ciudadana.
Es un derecho de las personas y un deber del Estado Provincial promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la efectiva participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública, así como en todos los asuntos referidos a la misma, conforme a la presente Ley.
La participación comunitaria en la seguridad pública se efectiviza en la actuación de los Foros Vecinales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La Secretaría de Seguridad o el área que en el futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación encargada de coordinar la participación comunitaria en materia de seguridad pública, de acuerdo con las políticas y estrategias establecidas por el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. A tal efecto, ejercerá funciones de coordinación y planificación destinadas a garantizar el efectivo funcionamiento de los Foros Vecinales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Créase, en el ámbito de la jurisdicción territorial de cada Comisaría de la Policía de la Provincia de La Rioja, el Foro Vecinal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que estará integrado por los vecinos interesados por los asuntos de la seguridad pública y las organizaciones o entidades comunitarias no gubernamentales, de participación social, vinculadas a la seguridad pública y que actúen en dicha jurisdicción territorial. El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos propiciará y fortalecerá la conformación y funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad como actores de la sociedad civil conformados al efecto de diseñar y gestionar acciones vecinales de prevención del delito y las violencias. No podrá existir más de un Foro Vecinal de Seguridad y Convivencia Ciudadana por jurisdicción territorial de cada Comisaría.
Los Foros Vecinales de Seguridad y Convivencia Ciudadana tienen las siguientes funciones: a) Entender e intervenir en las cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública en el ámbito de su jurisdicción. b) Fiscalizar y evaluar las actividades (sin carácter vinculante), el funcionamiento y el desempeño en el ámbito de su jurisdicción de las unidades policiales y las empresas prestatarias de los servicios de seguridad privada. c) Solicitar informes, presentar reclamos y demandas y formular sugerencias y propuestas al titular de la unidad de seguridad preventiva media y/o de base actuante en su jurisdicción en todo lo referido a la seguridad pública en el ámbito local. d) Intervenir y participar en la elaboración, implementación y/o control de las estrategias y planes de prevención social de la violencia y del delito llevados a cabo por los organismos públicos especializados y en las acciones comunitarias desarrolladas por la unidad de seguridad preventiva de base de su jurisdicción. e) Derivar inquietudes, reclamos y demandas comunitarias referidas a la seguridad pública en el ámbito de su jurisdicción y formular propuestas a ese respecto al Foro Municipal de Seguridad Pública. f) Informar y asesorar a los vecinos y organizaciones comunitarias acerca de los asuntos atinentes a la seguridad pública en el ámbito de su jurisdicción. g) Invitar a las autoridades o funcionarios públicos municipales para tratar los asuntos atinentes a la seguridad pública en el ámbito de su jurisdicción. h) Diseñar, coordinar e implementar acciones de prevención de faltas y/o conflictos sociales en el ámbito de su jurisdicción, e intervenir en la gestión y resolución de los conflictos locales por la vía pacífica.
La conformación, integración, organización y funcionamiento de los Foros Vecinales de Seguridad y Convivencia Ciudadana serán establecidos en la reglamentación de la presente Ley.
Créase, en la órbita del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana como órgano de articulación entre la Función Ejecutiva Provincial y los Municipios. Este órgano será coordinado por el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y su funcionamiento será articulado por un funcionario que el Ministro designe al efecto.
El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana tiene como misión analizar la situación de las violencias y problemáticas delictivas en los territorios municipales y proponer acciones de prevención local.
El protocolo de funcionamiento y su composición interna será diseñado en la reglamentación de la presente Ley.
El Gobierno de la Provincia deberá: a) Sustentar el diseño, la implementación y el monitoreo de la política de seguridad pública en la provincia de La Rioja sobre la base de información válida y confiable, generada a partir de procesos que cumplan con los más altos estándares de calidad. b) Jerarquizar los procesos de diagramación, recolección, procesamiento y análisis de la información sobre violencias y problemáticas delictivas, y sobre el desempeño de las instituciones del sistema de seguridad pública provincial. c) Divulgar y difundir públicamente la información que produzca sobre las violencias y las problemáticas delictivas para que la misma sea utilizada como fuente de debate público en base a la evidencia sobre aquellas cuestiones.
El conocimiento en materia de seguridad pública tiene dos dimensiones básicas: 1.- Situacional, que comprende los conocimientos acerca de las violencias y las problemáticas delictivas, en dos aspectos: a) Objetivo, que abarca la evolución, envergadura, diversidad, modalidades de manifestación, factores condicionantes o determinantes, e impactos sociales, económicos, culturales y políticos de aquellas problemáticas; y b) Subjetivo, que abarca las percepciones individuales y sociales y el análisis cualitativo acerca de dichas problemáticas y de las respuestas estatales y sociales a las mismas. 2.- Institucional, que comprende los conocimientos acerca del abordaje y/o gestión estatal y/o privado a las violencias y las problemáticas delictivas, en tres componentes: a) Estatal, que abarca la estructura organizativa y funcional del sistema institucional de seguridad pública, así como las políticas, estrategias y/o acciones llevadas a cabo por sus componentes, en particular, por: I. El gobierno político de la seguridad, que abarca la Función Ejecutiva Provincial. II. El sistema policial provincial; y III. El sistema de persecución penal a cargo del Ministerio Público Fiscal. b) Público no estatal, que abarca al conjunto de organizaciones y movimientos sociales que intervienen en los asuntos y/o gestión de la seguridad pública; y c) Privado, que abarca el sistema de seguridad privada, así como los actores del sector privado vinculados con las problemáticas de la seguridad pública.
Para el abordaje de la dimensión situacional sobre las violencias y las problemáticas delictivas se deberán producir y utilizar los siguientes estudios básicos: a) Encuestas periódicas sobre victimización, sensación de inseguridad y funcionamiento de las instituciones del sistema de seguridad pública. b) Registros policiales sobre cantidad, distribución y tipo de eventos delictivos. c) Registros judiciales sobre cantidad, distribución y tipo de investigaciones y resoluciones fiscales y judiciales. d) Registros penitenciarios sobre cantidad, distribución, condición y características sociodemográficas de la población privada de la libertad. e) Reportes específicos sobre problemáticas priorizadas, tales como crimen organizado, circulación de armas de fuego y economías ilegales.
Para el abordaje de la dimensión institucional se deberán producir y utilizar los siguientes estudios básicos: a) Documentos, organigramas y reportes de estado de situación de las distintas dependencias del Ministerio de Seguridad y de la Policía Provincial y otras áreas de los poderes ejecutivos nacional, provincial y municipal. b) Entrevistas en profundidad con informantes claves de ámbitos estatales, privados o públicos, y c) Todo otro reporte que resulte de interés.
Créase en la órbita del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, con rango y nivel de Subsecretaría, y su respectivo cargo de Funcionario No Escalafonado.
El Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene como misión producir y analizar la información referida a la situación de las violencias y problemáticas delictivas y a la situación y desempeño de las instituciones del sistema de seguridad provincial.
El Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: a) Diagramar, ejecutar y evaluar la recolección, procesamiento y análisis de la información sobre las violencias y las problemáticas delictivas, así como sobre la situación y el desempeño de las instituciones del sistema de seguridad pública provincial. b) Desarrollar investigaciones sobre las violencias y las problemáticas delictivas, así como sobre la situación y el desempeño de las instituciones del sistema de seguridad pública provincial. c) Realizar evaluaciones sobre las violencias y las problemáticas delictivas, así como a la situación y el desempeño de las instituciones del sistema de seguridad pública provincial. d) Gestionar el Sistema Unificado de Información y Análisis del Delito y la Violencia de la Provincia. e) Formular recomendaciones y elaborar propuestas y sugerencias referidas a las reformas institucionales, legalesnormativas u organizacionales como a las políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública. f) Divulgar y difundir públicamente los productos generados y las actividades llevadas a cabo por el Observatorio.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana está facultado para: a) Solicitar información para el desarrollo de sus labores a cualquier organismo público nacional, provincial o municipal y, en general, a toda persona física o jurídica, pública o privada, que tuviere en su poder o bajo su disposición dichos elementos de interés, siempre que se vinculen al cumplimiento de las funciones del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana. b) Acceder a los documentos originales y a los antecedentes que hubieren servido de base a las informaciones suministradas, al sólo efecto de la verificación de dichas informaciones. c) Promover la adopción de los protocolos y criterios metodológicos para la recolección, procesamiento y análisis de la información. d) Celebrar convenios con instituciones públicas, privadas, académicas, asociaciones civiles y municipios con la finalidad de fortalecer los lazos de coordinación y trabajo conjunto que posibiliten una labor más eficiente en la materia de su competencia, sin perjuicio de las potestades que la Constitución Provincial otorga al Gobernador.
La estructura orgánica del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana se compone de las siguientes áreas: a) Gestión y Análisis de la Información, abocada a las labores atinentes a la gestión y análisis de la información. b) Investigación, abocada a las labores de diseño y desarrollo de la investigación. c) Apoyo Técnico y Tecnologías de la Información, abocada a proveer los recursos y soportes tecnológicos necesarios. d) Capacitación, abocada a la organización, gestión y administración de la formación y capacitación interna y externa.
Para el cumplimiento de su misión, el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana utiliza información cuantitativa y cualitativa de dos clases: a) Externa, remitida por los organismos públicos provinciales o municipales y por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, identificadas como fuentes que producen datos o desarrollan sus propios sistemas de información sobre violencias y problemáticas delictivas, así como sobre la situación y desempeño de las instituciones del sistema de seguridad pública provincial. b) Interna, consistente en datos e información originales producidos por el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Los organismos públicos provinciales o municipales y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a las que se le requiera están obligadas a suministrar o a permitir el acceso a la información o a los elementos solicitados por el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana dentro del término que éste les fije, que en ningún caso debe ser inferior a diez (10) días.
La formación y la capacitación profesional del personal de la Policía de la Provincia y del personal del Servicio Penitenciario Provincial será permanente, durante toda la carrera profesional, y estará orientada a la producción de capacidades y competencias profesionales específicas que sean adecuadas a labores ocupacionales y las tareas básicas propias del agrupamiento y especialidad; el cuadro y/o grado jerárquico; y/o el cargo orgánico de pertenencia.
Las áreas pertinentes de cada una de las instituciones tendrán la función de formar y capacitar al personal policial y penitenciario, de acuerdo con principios de objetividad e igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
Las áreas de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial bajo las directivas del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos deberán organizar, gestionar y administrar las capacitaciones profesionales del personal policial, penitenciario y de apoyo, en todos sus núcleos.
El diseño y organización de la estructura pedagógica y curricular de la capacitación del personal policial y penitenciario de la Provincia en sus diferentes núcleos será establecido de acuerdo con los lineamientos y directivas establecidas por el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, según las bases y necesidades orgánicas y funcionales formuladas por las áreas de la estructura de conducción abocadas a la seguridad preventiva y seguridad compleja de la Institución.
Créase el Programa Permanente de Bienestar Social de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia como componente de la política pública de carácter integral y permanente orientada a promover y monitorear las condiciones de salud y calidad de vida del personal de las fuerzas, como así también a diseñar y articular estrategias de contención, asistencia socioasistencial y acompañamiento para los efectivos y su entorno familiar.
El Programa Permanente de Bienestar Social de las Fuerzas de Seguridad será coordinado desde la Dirección General de Articulación Ministerial, que tendrá la función de diseñar y proponer acciones y actividades para el cumplimiento de los objetivos del Programa. A la vez, también actuará como nexo en la articulación con programas nacionales que contribuyan al fortalecimiento del bienestar de los efectivos y sus familias.
La Función Ejecutiva dictará la reglamentación de la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia, a propuesta del Ministerio de Seguridad Justicia y Derechos Humanos.
La Función Ejecutiva realizará las adecuaciones presupuestarias, contrataciones de bienes, servicios y personal, y toda otra acción necesaria para dotar de operatividad al sistema seguridad pública y convivencia ciudadana.
la Función Ejecutiva dictará todas las normas necesarias para la administración de la transición entre el régimen actual y el que se crea por la presente Ley.
Establézcase que la Ley Nº 9.940 Orgánica de la Policía de la provincia de La Rioja- y la Ley Nº 7.061 del Personal Policial, como así también la Ley Nº 10.534 y demás normas modificatorias, complementarias y reglamentarias mantendrán su vigencia supletoriamente en todo lo que no se oponga a la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigencia el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.
Fin del texto
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