Abriendo la norma
Ley provincial 1.574 · 1950
Código Procesal Penal de la Provincia de La Rioja.
Nadie puede ser penado sin juicio previo conforme a las disposiciones de esta Ley, ni juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución.
Nadie puede ser considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal, ni procesado o castigado más de una vez por la misma infracción.
Queda prohibido el sobreseimiento provisional de la causa respecto de determinada persona inculpada y la absolución de la instancia.
En caso de duda los jueces deben estar a lo que sea más favorable al imputado.
Las leyes procesales penales se aplicarán desde su promulgación, aún en las causas por delitos anteriores cuyas sentencias no estén ejecutoriadas, salvo disposición en contra.
Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho, o que establezca sanciones procesales, debe ser interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía.
La Corte de Justicia dictará las normas prácticas que requiera la aplicación de este Código.
De todo acto con apariencia delictiva nacen acciones penales y civiles, las que deben ejercitarse de acuerdo a las normas que establece este Código.
La acción penal es de naturaleza pública y su ejercicio corresponde al ministerio fiscal excepto en los casos de acción privada (Cód. Penal 73). Deberá iniciarse de oficio siempre que no dependa de instancia privada. El ejercicio de la acción penal no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.
La víctima de una infracción penal o sus representantes legales, y en caso de homicidio, el cónyuge supérstite, los descendientes o ascendientes directos de la víctima, pueden querellar cuando el hecho dé lugar a la acción pública, y tomar intervención en el proceso en cualquier momento antes del decreto de citación a juicio.- El querellante debe hacerse representar por apoderado con poder especial.
Cuando la acción penal dependa de instancia privada, no se podrá ejercitar si las personas autorizadas por el artículo 72 del Código Penal, no formulan acusación o denuncia ante autoridad competente.
La acción privada se ejerce por medio de querella, en la forma especial que se establece.
Si el ejercicio de la acción penal depende de juicio político, desafuero o enjuiciamiento previo, se observarán las condiciones y límites establecidos en este Código (Arts. 202 y siguientes).
Los jueces o tribunales deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.
Cuando la existencia de un delito dependa de una cuestión prejudicial establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal podrá apreciar si la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenará que éste continúe. Si el auto que ordena o niega la suspensión es dictado por el Juez de Instrucción, procederá recurso de apelación. Cuando el juicio civil sea necesario, podrá ser promovido y proseguido por el ministerio fiscal, citadas todas las partes interesadas.
La suspensión del proceso, se hará efectiva sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.
Resuelta la suspensión del proceso se ordenará la libertad del imputado.
La acción civil para la indemnización del daño causado o para la restitución de la cosa obtenida por el delito, puede ser ejercida contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable, por el titular de aquella o por los representantes o mandatarios del mismo.
La acción civil debe ser ejercida por el Fiscal de Estado cuando la Provincia resulte perjudicada por el delito.
La acción civil deberá ser ejercitada por el Defensor General: 1) Cuando no habiendo constitución de parte civil, el titular de la acción, expresamente interrogado, manifieste conformidad en delegarle su ejercicio e invoque bajo juramento su falta de recursos. 2) Cuando el titular de la acción sea incapaz para hacer valer sus derechos y no tenga quién lo represente, sin perjuicio de la representación del ministerio pupilar.
La acción civil puede ser ejercida en la jurisdicción penal en la oportunidad establecida por el artículo 78 y válidamente iniciada podrá ser proseguida aunque la acción penal no pueda serlo, siempre que se haya decretado la citación a juicio (Art. 385).
Si la acción penal no puede proseguirse, la acción civil podrá llevarse ante la jurisdicción civil.
La jurisdicción penal se ejerce por los jueces y tribunales que la ley instituye, es improrrogable, y se extiende al conocimiento de los delitos o faltas cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar.
Si una persona comete un delito en jurisdicción de la Provincia y otro en jurisdicción de la Capital Federal o de otra Provincia, primero será juzgada en esta Provincia, si el delito imputado es de mayor gravedad. Lo mismo se procederá en caso de delitos conexos.
En el caso de que uno de los delitos pertenezca al fuero federal o militar y otro al provincial, el orden de juzgamiento se rige por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos.
Si una persona es condenada en diversas jurisdicciones y correspondiera unificar las penas (Cód. Penal 58), el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o menor. El condenado cumplirá la pena en la Provincia, cuando en ésta se disponga la unificación.
La Corte de justicia juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión. Igualmente, en el supuesto de que se establezca la pena capital, entenderá por apelación de la sentencia que la imponga, en cuyo caso será necesario el voto unánime de los ministros (Const. Prov. Art. 123, inc. 3).
La Cámara en lo Criminal y Correccional, se dividirá en tantas Salas Unipersonales, como Jueces las integren. Las Salas Unipersonales juzgan en única instancia de los delitos criminales y correccionales, de las acciones civiles a que éstos den lugar, y de los recursos contra las resoluciones del juez de Instrucción. Actuará colegiadamente, con tres (3) de sus Miembros, cuando se tratare de delitos cuya pena máxima en abstracto exceda los diez (10) años de prisión o reclusión o tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dicho monto, cuando se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones, o cuando el imputado o su defensor requieran la integración colegiada, opción que deberá ejercerse dentro del plazo previsto en el art. 377º del presente ordenamiento procesal. En caso de existir dos o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por uno de ellos del juzgamiento colegiado, obligará en igual sentido a los restantes, y en el caso de que fueran dos (2), la opción de uno de ellos obligará al otro.
El Juez de Instrucción investiga los delitos tanto criminales como correccionales, según las reglas establecidas en el presente Código, y juzga: 1) En única instancia de las faltas que establezcan el Código de Faltas, las leyes de la Provincia y las ordenanzas municipales. 2) En grado de apelación de las resoluciones de los jueces de paz legos cuando impongan las penas a que se refiere el artículo 32.
Si en territorio de su competencia no hubiere Juez de Instrucción, ni Policía Judicial, el Juez de Paz Letrado practicará en el término de cuarenta y ocho horas, prorrogables por igual término con autorización de juez competente, los actos urgentes de instrucción mencionados en el artículo 197.
Si en territorio de su competencia no hubiere Juez de Instrucción, ni Juez de Paz Letrado, el Juez de Paz juzgará de las faltas atribuidas al conocimiento de aquél, siempre que la pena máxima fijada por la ley no exceda de ocho días de arresto o cien pesos* de multa. (*Acuerdo Nº 37/93 se actualiza el monto en el Artículo 32 Ap. 1 en la suma $6,- (pesos seis)).
En los casos de los dos artículos anteriores, los jueces tendrán las facultades establecidas por el artículo 122.
Es competente el juez de la circunscripción judicial en que la infracción se ha cometido. En caso de tentativa, el del territorio en que se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el del territorio en que cesó la continuidad o la permanencia.
Cuando haya duda respecto a la jurisdicción en que se hubiere cometido el hecho, será competente el juez que primero prevenga en la causa.
Se consideran delitos conexos: 1) Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas. 2) Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, si hubiese mediado concierto o acuerdo para ello. 3) Los cometidos como medio para perpetrar otros delitos a facilitar su ejecución. 4) Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 5) Los cometidos por una misma persona.
Cuando se trate de delitos conexos de acción pública y jurisdicción provincial, los procesos se acumularán y será competente: 1) El juez competente para juzgar el delito más grave. 2) Si los delitos son reprimidos con la misma pena, el juez del primer delito cometido. 3) Si los hechos fueron simultáneos o no consta debidamente cual se cometió primero, el juez que primero haya prevenido. 4) En último caso, si dos o más jueces han prevenido a un mismo tiempo, el que designe la Corte de Justicia atendiendo a la mejor y más pronta administración de justicia. A pesar de la acumulación de procesos, las actuaciones sumariales se recopilarán por separado.
La acumulación de causas no procede cuando ella determine un grave retardo de las primeras, aunque en todos los procesos deba intervenir un solo juez, de acuerdo a las normas del artículo anterior. Si corresponde unificar las penas, el tribunal lo hará al dictar la última sentencia.
La incompetencia por materia y por territorio deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso, y el tribunal que la declare deberá remitirlo al que considere competente, poniendo a su disposición los detenidos que haya; sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción cuando la incompetencia sea por razón del territorio.
La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por materia, produce la nulidad de los actos, excepto los que no puedan ser repetidos. La declaración de incompetencia por territorio no produce la nulidad de los actos de instrucción ya cumplidos.
Siempre que dos jueces o tribunales se declaren simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por la Corte de Justicia.
Las partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria intentada ante el juez que consideren competente, o por declinatoria interpuesta ante el juez que consideren incompetente. El que opte por uno de estos medios no puede abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultánea o sucesivamente. Al plantear la cuestión, el recurrente manifestará no haber usado el otro medio, y si resulta lo contrario, será condenado en costas, aunque aquella se resuelva a su favor o sea abandonada.
La cuestión podrá ser promovida durante la instrucción y hasta antes de fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 39 y 407.
Cuando se promueva la inhibitoria, se observarán las siguientes normas: 1) El juez o tribunal ante quien se proponga la resolverá dentro del tercer día, previa vista al ministerio fiscal por igual termino. 2) Cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución será apelable para ante la Corte de Justicia. 3) Cuando se resuelva librar el oficio inhibitorio, con él se acompañarán las piezas necesarias para fundar la competencia. 4) El juez requerido, cuando reciba el oficio inhibitorio resolverá previa vista por tres días al ministerio fiscal y demás partes; su resolución será apelable conforme al inc. 2, si declara su incompetencia, caso en el cual los autos serán remitidos al juez que propuso la inhibitoria, poniendo a su disposición el imputado y los elementos de convicción. 5) Si se niega la inhibición, el auto será comunicado al juez o tribunal que la haya propuesto, en la forma prevenida por el inc. 3; y se le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario remita los antecedentes a la Corte de Justicia. 6) Recibido el oficio expresado anteriormente, el tribunal que haya propuesto la inhibitoria resolverá, sin más trámite y en el término de tres días, sostener o no su competencia, en el primer caso remitirá los antecedentes a la Corte de Justicia y lo comunicará al tribunal requerido para que haga lo mismo con los autos; en el segundo lo comunicará al competente, remitiéndole todo lo actuado. 7) El conflicto será resuelto dentro de tres días previa vista por igual término al ministerio fiscal, remitiéndose de inmediato la causa al tribunal competente.
La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.
Las cuestiones de competencia no suspenden la instrucción, que será continuada: 1) Por el juez que primero haya conocido en la causa. 2) Si los dos jueces han proveído en la misma fecha, por el requerido de inhibición. Las cuestiones propuestas antes de fijada la audiencia del debate, suspenden el proceso hasta la decisión de aquellas sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 388.
Los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia son válidos, pero el juez a quien corresponda el proceso, podrá ordenar su ratificación o ampliación.
Las cuestiones de jurisdicción con jueces nacionales, militares o de otra Provincia serán resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia, y de acuerdo a la ley nacional o tratados vigentes.
Los jueces o tribunales pedirán la extradición de los imputados o condenados que se encuentren en la Capital Federal, en otras Provincias o en Territorios Nacionales, acompañando al exhorto copia de la orden de detención, del auto de procesamiento y prisión preventiva o de la sentencia.
Si el procesado o condenado se encuentra en territorio de un estado extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática, con arreglo a los tratados existentes o al principio de reciprocidad o a las costumbres internacionales.
Los pedidos de extradición formulados por otros jueces serán diligenciados de inmediato, previa vista por tres días al ministerio fiscal, siempre que reúnan los requisitos del artículo 49. Si el imputado o condenado fuere detenido, verificada su identidad, deberá ser puesto sin demora a disposición del juez requirente.
El juez debe inhibirse de conocer en la causa, remitiéndola al que corresponda cuando exista uno de los siguientes motivos: 1) Si en el mismo proceso ha pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o auto de remisión a juicio, si ha intervenido como Juez de Instrucción, como funcionario del ministerio fiscal, defensor, mandatario, denunciante o querellante o si actuó como perito, o conocido el hecho como testigo. 2) Si en la causa ha intervenido o interviene como juez algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3) Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con algún interesado. 4) Si él o alguno de dichos parientes tiene interés en el proceso. 5) Si es o ha sido tutor o curador, o estuvo bajo la tutela o curatela de alguno de los interesados. 6) Si él o sus parientes dentro de los grados expresados tienen juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima. 7) Si él, su esposa, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo, son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se trate de bancos oficiales o constituidos por sociedades anónimas. 8) Si antes de comenzar el proceso ha sido denunciante o acusador de alguno de los interesados, o denunciado o acusado por ellos, salvo que circunstancias posteriores demuestren amistad o armonía entre unos y otros. 9) Si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados ha promovido juicio de destitución en su contra, o si deducida la acusación después de iniciado el proceso, ésta fue admitida. 10) Si ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso. 11) Si tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. 12) Si él o sus parientes dentro del grado establecido en el inciso segundo, han recibido o reciben beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el proceso, él ha recibido presente o dádivas aunque sean de poco valor.
Cualquiera de las partes puede oponerse al auto de inhibición, en cuyo caso el incidente será juzgado por el tribunal competente para resolver la recusación. Igual derecho tendrá el juez que deba reemplazar al inhibido. El término para oponerse será de cuarenta y ocho horas.
No obstante el deber de inhibición establecido en el artículo anterior, las partes pueden pedir que el juez siga entendiendo en el proceso, siempre que el motivo de la inhibición no sea alguno de los que contienen los cuatro primeros incisos del artículo anterior.
A los fines del artículo 52, se considerarán interesados el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente responsable, aunque éstos últimos no se constituyan en parte, lo mismo que sus representantes, defensores y mandatarios.
Las partes, sus defensores o mandatarios podrán recusar al juez sólo cuando exista un motivo de inhibición de los enumerados en el artículo 52; sin embargo, el imputado puede recusar sin causa legal a uno de los jueces de los tribunales de sentencia. El reemplazante del recusado sin causa no puede ser recusado por la misma razón.
Después que un magistrado haya empezado a conocer en causa en que no éste impedido, el imputado no podrá sustituir su defensor, ni las demás partes sus mandatarios, haciendo recaer el nombramiento en persona cuya intervención dé lugar a la separación de aquél.
La recusación sólo puede ser propuesta, durante la instrucción, antes de su clausura; en el juicio, durante el término de citación establecido en el artículo 385, salvo que se produzcan ulteriores integraciones del tribunal, caso en el cual la recusación debe ser interpuesta dentro de las veinticuatro horas de su notificación; y cuando se trate de recursos, en el primer escrito que se presente o en el término de emplazamiento.
La recusación con causa para ser admisible, deberá ser propuesta con indicación de los motivos en que se funda y de sus pruebas, y los testigos que se ofrezcan no pueden ser más de cuatro. El incidente será resuelto sin tardanza, previa una audiencia en que se recibirá la prueba y oirá a las partes sin recurso alguno.
Si el juez recusado no admite la verdad del motivo invocado, la recusación se sustanciará por cuerda separada, remitiéndose el incidente al tribunal competente para decidirla, según el artículo siguiente. La instrucción seguirá su curso ante el mismo juez, pero si se hace lugar a la recusación, los actos por él practicados serán nulos si el recusante lo pide.
Los tribunales colegiados debidamente integrados juzgan la recusación de sus miembros y la Cámara en lo Criminal y Correccional la de los jueces de instrucción.
La recusación de los jueces de paz, cuando actúan con las facultades conferidas por los artículos 31 y 32, será resuelta por el Juez de Instrucción.
Los secretarios y auxiliares deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos expresados en el artículo 52, y el tribunal ante el cual actúan averiguará verbalmente el hecho y resolverá lo que corresponda sin recurso alguno.
Aceptada la inhibición o recusación, aunque posteriormente desaparezcan los motivos que la determinaron, la intervención de los nuevos magistrados será definitiva.
Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer hasta la terminación de la causa, la persona contra la cual se haya decretado el procesamiento, o la que ha sido citada, detenida o indicada en la denuncia, en la querella, o en la requisitoria fiscal.
Cuando el imputado sea sometido a la medida provisional del artículo 332, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador y, si no lo hubiere por el Defensor General, sin perjuicio de la intervención que tengan los defensores ya nombrados. Si el imputado es menor de dieciocho años, sus derechos de parte corresponderán también a sus padres o tutores.
Si después del hecho y durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el juez ordenará la suspensión de la causa y la internación de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo director dará cuenta semestralmente al juez del estado del enfermo. La suspensión impedirá el interrogatorio del imputado y el juicio contra él, sin perjuicio de llevar a su término la instrucción y proseguirse la causa contra los coprocesados. Si el imputado curase, la causa continuará.
Todo imputado contra quien se dicte auto de procesamiento será sometido a examen médico sobre su estado mental, inmediatamente de haber protestado declaración indagatoria o haberse rehusado. Si perjuicio de lo dispuesto, el juez podrá decretar estar medida toda vez que lo estime conveniente.
El ministerio fiscal promueve y ejercita la acción penal en la forma establecida por la ley.
Además de las funciones generales acordadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial a los funcionarios del ministerio fiscal, el Fiscal de Cámara actuará ante las cámaras en las audiencias del juicio, y podrá llamar al Agente Fiscal que haya intervenido en la instrucción, para que le suministre informaciones o participe en la acusación, siempre que la complejidad del asunto o el exceso de tarea lo justifique.
Los agentes fiscales actuarán ante los jueces de instrucción y cumplirán la función atribuida por el artículo anterior.
El ministerio fiscal formulará motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones, no pudiendo remitirse a las decisiones del juez; procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos.
Los miembros del ministerio fiscal deben inhibirse y pueden ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto a los jueces. En caso de no ser aceptada la verdad del motivo invocado, la recusación será resuelta en juicio oral y sumario por el juez o tribunal ante el cual actúa el funcionario del ministerio fiscal.
El querellante puede ofrecer todas las medidas de prueba que considere necesarias para demostrar el hecho y justificar el monto del daño; pero no puede solicitar pena alguna. Puede desistir de la querella hasta el día antes de la vista del proceso. Sin embargo, quedará sujeto a la responsabilidades emergentes de la querella. El desistimiento no podrá retractarse.
El querellante, contrae responsabilidad personal cuando haya procedido calumniosamente.
Para ejercer la acción civil en el proceso penal, su titular debe constituirse en parte civil, pero si no tiene capacidad para estar en juicio, no podrá hacerse parte sino con la autorización, asistencia o representación prescripta para el ejercicio de las acciones civiles.
La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por mandatario, por medio de declaración o por escrito, debiendo contener para ser admisible: el nombre y domicilio legal del accionaste; y del civilmente responsable cuando no sea persona incierta; la indicación del proceso al que se refiere, una exposición sumaria de los motivos en que la acción se funda y el petitorio.
La constitución de parte civil podrá tener lugar en cualquier estado del proceso con anterioridad al decreto de citación a juicio.
La parte civil tendrá en el proceso, desde su admisión, las facultades necesarias para acreditar el hecho y los daños y perjuicios que se le hayan causado, y reclamar las restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes.
Admitida la parte civil, debe notificarse al imputado y al civilmente responsable si lo hubiere.
Durante la instrucción, las partes mencionadas en el artículo anterior, podrán oponerse a la intervención del actor civil, dentro del término perentorio de tres días, a contar de la respectiva notificación o presentación, pero cuando el civilmente responsable sea citado o intervenga con posterioridad, tendrá seis días para oponerse a contar de su citación o intervención.
La incidencia de oposición tendrá el trámite de las excepciones (Arts. 363 y siguientes) y la resolución será inapelable, pero, si por el momento en que la oposición se dedujo, la resolución retardare la clausura de la instrucción, el juez podrá diferirla a fin de que sea considerada en el juicio.
Tanto la aceptación como el rechazo de la parte civil pueden ser reproducidos en el juicio, cuando sean resueltos por el Juez de Instrucción.
Cuando en el sumario no se haya citado al civilmente responsable, la oposición de éste podrá deducirse en el juicio, en la oportunidad establecida por el artículo 407.
Si no se deduce oposición en las oportunidades fijadas por los artículos 81 y 84, la constitución de la parte civil será definitiva, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente.
El tribunal puede excluir de oficio, en cualquier estado del proceso, a la parte civil cuya intervención sea manifiestamente ilegal, pero esta facultad no podrá ejercerse cuando la participación haya sido concedida al resolverse un incidente de oposición.-
La resolución que rechace la constitución de parte civil, no impedirá el ejercicio ulterior de la acción en juicio civil.
El actor civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado por los gastos y costas que su intervención haya ocasionado. Se considerará desistida la acción civil cuando el actor civil, regularmente citado, no comparezca al debate o no presente conclusiones, o se aleje de la audiencia sin haberlas formulado oportunamente (artículo 425).
El desistimiento importa renuncia de la acción civil.
La intervención de una persona como parte civil no la exime del deber de declarar como testigo.
El actor civil carece de recursos contra el auto de sobreseimiento y la sentencia absolutoria.
Las personas que de acuerdo a las leyes civiles respondan indirectamente por el imputado del daño que cause el delito, deben ser citadas para que intervengan en el proceso, siempre que se haya deducido la acción civil.
La citación contendrá: 1) Nombre o designación del citado, según se trate de una persona física o jurídica. 2) Nombre y domicilio del actor civil e indicación del proceso en que deberá comparecer. Cuando la citación sea hecha directamente para el juicio, se observará además, lo dispuesto en el artículo 385.
La citación del civilmente responsable es nula si contiene omisiones o errores esenciales que hayan podido perjudicar su defensa, restringiendo la audiencia o la prueba. Esta nulidad no suspende la prosecución del proceso ni perjudica el ulterior ejercicio de la acción civil ante la jurisdicción civil.
Cuando en el sumario se ejerza la acción civil contra persona incierta, el civilmente responsable puede comparecer voluntariamente con anterioridad al decreto de citación a juicio. Esta participación debe solicitarse en la misma forma establecida para la constitución de parte civil (art. 77).
La exclusión o el desistimiento del actor civil hace caducar la intervención del civilmente responsable.
El citado como civilmente responsable puede oponerse a intervenir en el juicio desconociendo su calidad de responsable, si se presenta voluntariamente, pidiendo su intervención en el proceso, las partes pueden oponerse. Este incidente se deducirá y tramitará en la forma, oportunidad y plazos establecidos para oponerse a la constitución de parte civil.
Si el civilmente responsable es excluido a pedido del actor civil, éste no podrá intentar nueva acción contra aquél.
El civilmente responsable goza, desde su intervención en el proceso y en cuanto concierna a sus intereses civiles, de los derechos y garantías concedidos al imputado para su defensa, pero su rebeldía no suspenderá el proceso, debiéndose designar un defensor de oficio.
El imputado tendrá derecho a hacerse asistir y defender por abogados de la matrícula; podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa o no obste a la normal sustanciación del proceso.
El imputado no podrá ser asistido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificación hecha a uno de ellos vale respecto de ambos, y la sustitución de uno por el otro no altera los términos ni trámites.
La aceptación del cargo de defensor del imputado será obligatoria para los abogados de la matrícula, cuando sean designados en sustitución de los defensores generales, salvo los casos de inhibición previstos en el artículo 52.
En la primera oportunidad y en todo caso antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hace hasta el momento de recibirse la declaración indagatoria, el juez designará de oficio al defensor general, salvo que autorice al imputado a defenderse personalmente.
El Defensor General o quienes lo sustituyan deben inhibirse y pueden ser recusados por los mismos motivos establecidos en el artículo 52.
La designación de oficio del defensor no perjudica el derecho del imputado de nombrar ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.
Cuando no exista incompatibilidad, la defensa de varios imputados puede ser confiada a un defensor común.
En las causas por delito o faltas reprimidas sólo con multa, el imputado puede hacerse representar por un defensor con poder especial. El juez, no obstante, podrá requerir la comparecencia personal.
El actor civil y el civilmente responsable pueden estar en el proceso personalmente o por mandatario especial y con la asistencia de un abogado. Cuando el mandatario sea procurador, el patrocinio letrado es obligatorio.
Los defensores de las partes pueden designar momentáneamente reemplazantes para los casos de impedimento legítimo, mediante un simple escrito que se presentará al tribunal con la aceptación del sustituto. En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente asume las obligaciones del defensor y no tiene derecho a prórroga de términos o audiencias.
En ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa dejando a su cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el Defensor General y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa. Cuando ello ocurra poco antes del debate o durante él, aquél podrá solicitar una prórroga máxima de diez días para la audiencia. El debate sólo podrá volverse a suspender por la misma causa e igual término cuando el tribunal conceda intervención a otro defensor particular. De esta facultad puede hacerse uso una sola vez. El abandono de los defensores o mandatarios de las demás partes no suspende el proceso.
El incumplimiento de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios, cuando no constituya delito puede ser corregido con multa hasta de quinientos* pesos. (*Acuerdo Nº 37/93 se actualiza el monto en el Artículo 111 Ap. 1º en la suma de $30,- (pesos treinta)). El abandono constituye falta grave y hace cargar al que en él incurre con las costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones. Todas estas sanciones serán resueltas inmediatamente y siendo impuesta por la cámara, son inapelables.
En los actos procesales debe usarse idioma nacional, bajo pena de nulidad.
El que deba declarar en el proceso lo hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el juez lo autorice a ello, si así lo requiere la naturaleza de los hechos. Las preguntas que se formulen en ningún caso serán capciosas o sugestivas.
Para examinar y hacer jurar a un sordo se le presentarán por escrito la fórmula del juramento, las preguntas y las observaciones, para que jure y responda oralmente, si se trata de un mudo, se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito; si de un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no saben darse a entender por escrito, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos y, en su defecto, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.
Para fechar un acto debe indicarse el día, hora, mes, año y lugar en que se cumpla. Si la fecha es exigida bajo pena de nulidad, ésta sólo será declarada cuando la fecha no pueda establecerse con certeza a base de los elementos del acto o de otros que le sean conexos.
Con excepción de las actuaciones del sumario, los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles. En el juicio, el tribunal puede habilitar todos los días y horas que considere necesarias.
Cuando corresponda prestar juramento, será recibido por el juez o presidente del tribunal, de acuerdo a las creencias del que jura, quien será instruido de las penas correspondientes al falso testimonio leyéndosele el artículo pertinente del Código Penal. La persona que jura deberá hacerlo estando de pie y prometiendo decir la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula: "Lo juro".
No pueden ser testigos de actuación las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad y las que en el momento del acto se encontraren en estado de alienación mental o de inconsciencia.
Los secretarios de los juzgados y demás tribunales deberán poner a todos los escritos, oficios o notas que reciban, expresando la fecha y hora de la presentación.
Si los escritos son presentados por personas que no sepa o no pueda firmar y otra lo hace a ruego, los secretarios exigirán que ello se verifique en su presencia.
Son aplicables al trámite de los casos criminales, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, en todo lo que no esté previsto por el presente Código.
El juez o tribunal, en el ejercicio de sus funciones, puede disponer la intervención de la fuerza pública y todas las medidas que considere necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo impartir órdenes directamente en casos de urgencia o por razones de eficacia.
A pedido de parte interesada o de oficio, el juez de turno o competente, en cualquier estado del proceso, previa constatación y siempre que hubiera prueba suficiente del mismo, deberá librar mandamiento de desocupación del inmueble ocupado ilegalmente. Podrá ordenar la restitución provisoria al damnificado, cuyo derecho sea verosímil, previa caución real o personal si fuere necesario. Dichas medidas podrán ser apeladas sin efecto suspensivo.
El juez o tribunal será asistido por el secretario en todos los actos en que intervenga.
Las decisiones del juez o tribunal serán dadas por sentencias, autos y providencias. Sentencia es la decisión que pone término al proceso. Auto es la decisión pronunciada a instancia de parte o de oficio en el curso de la instrucción, del juicio o de la ejecución, sobre un incidente o artículo del proceso. Providencia es la decisión pronunciada en el curso del proceso fuera de los casos mencionados en los apartados anteriores o en aquellos en que esta forma haya sido especialmente prescripta por la ley. Las sentencias y los autos serán asentados en libros especiales.
Las sentencias y los autos deben ser motivados, bajo pena de nulidad; las providencias deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando expresamente se lo exija.
Las sentencias deben ser suscriptas con firma entera por el juez o por todos los miembros del tribunal; los autos con media firma por el juez o por todos los miembros del tribunal y las providencias con media firma por el juez o presidente del tribunal. El secretario debe autorizar todas las resoluciones con firma entera precedida por las palabras "Ante mí". La falta de firma produce la nulidad del acto.
El juez o tribunal puede rectificar de oficio cualquier error u omisión material contenidos en las resoluciones antes de notificadas y siempre que ello no importe una modificación esencial. Las partes pueden pedir rectificación con el mismo alcance establecido anteriormente, dentro de tres días de notificadas. La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos procedentes.
Los tribunales dictarán las providencias a más tardar en el día siguiente a aquél en que los expedientes fueron puestos a despacho, los autos dentro de cinco días, y las sentencias en la oportunidad prevista por los artículos 430 y 435.
Vencido el término en que debe dictarse una resolución, el interesado puede pedir pronto despacho, y si dentro de cinco días no la obtiene, podrá denunciar el retardo a la Corte de Justicia, la cual, previo informe del juez, proveerá de inmediato lo que corresponda ejercitando las facultades de superintendencia que la ley le acuerda.
En caso de que la demora a que se refiere el artículo anterior sea imputable al presidente de la Corte de Justicia, la queja podrá hacerse ante la Corte; y si lo fuera a dicho tribunal, el interesado puede ejercitar los derechos que le acuerda la Constitución.
Las resoluciones de las que no se haya recurrido dentro del término legal respectivo, quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna.
Cuando por cualquier causa se destruyan, pierdan, o sustraigan los originales de las sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia autentica tendrá el valor de aquellos. A tal fin, el tribunal ordenará que quien tenga la copia la consigne en secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.
Si no es posible proceder de acuerdo al artículo anterior, el juez puede ordenar que se rehagan los actos, recibiendo las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando esto no sea posible, el tribunal ordenará la renovación, prescribiendo el modo de hacerlo.
El juez o tribunal ordenará la expedición de copias y de informes cuando sean solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos.
Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera del lugar de asiento del tribunal, éste podrá encomendar su cumplimiento por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal de jerarquía superior, igual o inferior o a autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial, sin perjuicio de la facultad de constituirse en cualquier lugar de la Provincia, dando aviso, si corresponde, al tribunal de la respectiva competencia territorial.
Los jueces o tribunales pueden dirigirse directamente a cualquier autoridad de la Provincia, la que prestará sin tardanza la cooperación o expedirá los informes que se le soliciten.
Los exhortos a tribunales extranjeros se dirigirán por vía diplomática, en la forma establecida por los tratados internacionales.
Los tribunales diligenciarán exhortos de tribunales extranjeros en los casos y modos establecidos por los tratados internacionales y por las leyes del país.
Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados sin retardo, previa vista fiscal, y siempre que no perjudiquen la jurisdicción del tribunal. Si proceden del extranjero, serán mandados cumplir por la Corte de Justicia.
Si el diligenciamiento de un exhorto es denegado o demorado, el juez exhortante puede dirigirse a la Corte de Justicia, la cual, previa vista fiscal, resolverá si corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento según sea o no de la Provincia el juez exhortado.
El tribunal exhortado podrá comisionar el despacho del exhorto a un juez inferior, o en su caso remitirlo a quien debió ser dirigido por razón del lugar donde deba cumplirse.
Los exhortos librados de oficio serán tramitados también de oficio, y sin cargo de reposición haya o no persona encargada de diligenciarlos.
Cuando sea necesario hacer fe de actos realizados por los funcionarios que intervengan en el proceso, o cumplidos en su presencia, se labrará un acta en la forma prescripta en este capítulo.
Para labrar un acta, el juez o el presidente del tribunal, será asistido por el secretario, los jueces de paz y los oficiales auxiliares de la Policía Judicial, por dos testigos, salvo que la ley disponga otra cosa.
Las actas deberán contener la fecha, su objeto, los nombres de las personas que intervengan, el motivo que haya impedido la intervención de las personas obligadas a asistir, la indicación de las diligencias realizadas y sus resultados, las declaraciones recibidas, si ellas se prestaron espontáneamente o a requerimiento, y si fueron dictadas por los declarantes. Concluida o suspendida la diligencia, el acta, previa lectura, será firmada por todos los intervinientes, y cuando alguno no pueda o no quiera firmar, se hará mención de ello. Si la firma del funcionario que cumpla el acto y la del secretario o testigos de actuación, se prescriben bajo pena de nulidad. Las enmiendas interlineadas, o sobrerraspado, no salvadas al final son nulas.
Cuando un ciego deba suscribir un acta, puede pedir que antes la lea una persona de su confianza, facultad que se la hará saber, dejándose constancia bajo pena de nulidad.
Las resoluciones se harán conocer cuando y a quienes corresponda, dentro de las veinticuatro horas de dictadas, salvo que el tribunal disponga un plazo menor, y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.
Los fiscales y defensores serán notificados en sus respectivas oficinas; las partes en el domicilio constituido o personalmente. Si el imputado se encuentra detenido, será notificado en la oficina, haciéndosele comparecer o en el lugar de su detención, si se considera más conveniente. Las personas que no tengan domicilio constituido en el proceso, serán notificadas en su domicilio, residencia, o en el lugar donde se encuentren.
Al comparecer en el proceso y en todo escrito que presenten, las partes deben constituir domicilio dentro del radio de diez cuadras del tribunal.
Si la parte tiene en el proceso defensor o mandatario, a éstos se harán las notificaciones, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan también la notificación a la parte.
Además de la notificación de los defensores, será notificado imprescindiblemente el imputado en los casos siguientes: 1) Cuando por este Código la notificación deba ser personal o en el domicilio. 2) Cuando la sentencia, auto o decreto imponga una restricción a la libertad individual o una condena o gravamen que afecte al patrimonio. 3) Los que tengan por objeto la comparecencia del imputado.
La notificación se hará entregando a la persona que deba ser notificada una copia autorizada de la resolución, tratándose de sentencias o de autos, la copia se limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva.
Cuando la notificación se haga en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará dos copias de la resolución, haciendo entrega de una al interesado, y al pie de la otra, que se agregará al proceso, pondrá constancia de ello, con indicación del día, hora y lugar en que practica la diligencia, firmando juntamente con el notificado. Cuando la persona que se deba notificar no sea encontrada, la copia será entregada a alguna de las personas mayores de dieciocho años que residan en la casa, prefiriendo a los parientes del interesado, y a falta de ellos, a los empleados dependientes o sirvientes. Si no se encuentra alguna de esas personas, la copia será entregada a un vecino mayor de dieciocho años que sepa leer y escribir, prefiriendo a los más inmediatos. En estos casos, el funcionario o empleado que haga la notificación expresará en la constancia que extienda, a qué persona hizo entrega de la copia y por qué motivos, firmando la diligencia junto con ella. Cuando el notificado o el tercero se nieguen a recibir la copia o dar su nombre y firmar, ella será fijada en la puerta de la casa o habitación donde deba praticarse la notificación, en presencia de un testigo que firmará la diligencia, en la que se hará constar el hecho. Si la persona requerida no sabe o no puede firmarlo lo hará un testigo a su ruego.
Cuando se ignore el lugar donde se encuentre la persona que deba ser notificada, la notificación se hará publicando una copia del acto, durante diez días en un diario de circulación, sin perjuicio de las medidas de investigación pertinentes.
Cuando la notificación se haga personalmente en la oficina o en el despacho del fiscal o defensor general, se dejará constancia en el expediente con indicación de la fecha, firmando el notificado y el encargado de la diligencia.
En caso de disconformidad entre la copia y el original, hará fe respecto de cada interesado la copia por él recibida.
La notificación será nula: 1) Si hubo error sobre la identidad de la persona notificada. 2) Si la resolución fue notificada en forma incompleta. 3) Si en la diligencia no consta la fecha o la entrega de la copia, cuando ello corresponda. 4) Si falta alguna de las firmas prescriptas.
Cuando para algún acto procesal sea necesario la presencia de una persona, el tribunal la citará, observándose para ello las formas prescriptas para la notificación. Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios, pueden ser citados también por medio de la Policía Judicial o del Correo Nacional, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado.
Las personas a que se refiere la segunda parte del artículo anterior serán citadas bajo apercibimiento de ser traídas por la fuerza pública, el que se hará efectivo sin más trámite, a no mediar causa justificada. La incomparecencia injustificada hace incurrir en las costas causadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
Los traslados se ordenarán cuando la ley lo disponga, y serán diligenciados por las personas habilitadas para notificar.
Los traslados se correrán notificando al interesado la resolución que lo ordenó y entregándole copia de las actuaciones que lo originaron. El secretario o empleado hará constar la fecha del acto mediante diligencia extendida en el expediente y firmada por él y el interesado.
Cuando no se encuentre a la persona a quien se deba correr traslado, la resolución será notificada conforme al artículo 153 y el término del mismo correrá desde esa fecha. El interesado podrá retirar de la secretaría las copias a que se refiere el artículo anterior.
Todo traslado que no tenga término fijado se considerará otorgado por tres días.
Los traslados serán nulos en los mismos casos en que lo sean las notificaciones.
Fin del texto
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