Abriendo la norma
Ley 150 · 1865
APROBACION DE UN TRATADO DE EXTRADICION CON URUGUAY
BUENOS AIRES, 11 de agost0 de 1865
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
Apruébase el Tratado celebrado en catorce de julio de mil ochocientos sesenta y cinco, entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, para la extradición de criminales entre uno y otro Estado, con las modificaciones siguientes:
1. En el artículo primero, suprimir las expresiones de tentativa de homicidio, y la de robo que comprenden estos casos de justicia entre los de extradición.
2. Agregar las palabras de la República a la expresión autoridad ejecutiva al fin del artículo séptimo.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALSINA - SARAVIA - URIBURU - QUINTANA
ANEXO A: DERECHO PENAL-DERECHO PROCESAL-PROCEDIMIENTO PENAL-Tratado celebrado el 14 de julio de 1865 entre la República Argentina y Uruguay para la extradición de criminales.
ARTICULO 1. - Queda convenido que las altas partes contratantes, siendo requeridas entre sí, recíprocamente, o por medio de sus ministros o de sus oficiales públicos debidamente autorizados al efecto, deberán entregar a las personas acusadas de los crímenes de homicidio alevoso, de incendio voluntario, de fabricación, introducción o expendio de monedas metálicas o notas de Bancos autorizados, falsos o de sellos o escrituras públicas y letras de cambio falsas, de sustracción de valores cometida por empleados o depositarios públicos o efectuados por cajeros de establecimientos públicos o de casas de comercio, cuando las leyes señalen a este crimen pena aflictiva o infamante, los acusados de bancarrota fraudulenta.
ARTICULO 2. - Los gobiernos de las provincias de Corrientes y de Entre Ríos y los jefes políticos de los departamentos de Salto, Paysandú y Soriano, podrán recíprocamente pedir la entrega de los criminales, que se hubiesen evadido del territorio de esas provincias y departamentos.
El criminal entregado, no podrá ser procesado por delitos políticos anteriores a su entrega o conexos con ella.
Si el individuo criminal fuese reclamado por más de un Estado, antes de su entrega por los respectivos gobiernos, será atendido con preferencia, aquél en cuyo territorio hubiese cometido el delito mayor, y siendo de igual gravedad, el que lo hubiese reclamado primero.
Cuando el individuo cuya entrega se reclama hubiese cometido algún crimen en el país en donde se refugia, y por él fuese procesado, su extradición sólo podrá tener lugar, después de sufrir la pena o en el caso de absolución.
La extradición no tendrá lugar, si no exhibiéndose por parte de la potencia reclamante, documento que, según las leyes de la Nación, en que se halla el reclamado bastarían para aprehender y enjuiciar al reo, si el delito se hubiese cometido en ella.
En virtud de los documentos, los respectivos magistrados de los dos gobiernos, tendrán poder, autoridad y jurisdicción para en virtud de la requisición que al efecto se les haga, expedir la orden formal de arresto de la persona reclamada a fin de que se le haga comparecer ante ellos, y de que en su presencia y oyendo sus descargos, se tomen en consideración las pruebas de criminalidad, y si de esta audiencia resultase que dichas pruebas son suficientes para sostener la acusación, el magistrado que hubiese hecho este examen será obligado a manifestarlo así a la correspondiente autoridad ejecutiva de la República para que se libre la orden formal de entrega.
Las costas y costos de la aprehensión y entrega, serán sufridas y pagadas por la parte que hiciese la reclamación.
Cuando el delito porque se persigue un reo, tenga menos pena en uno de los Estados contratantes, será condición precisa que los juzgados y tribunales de la Nación reclamante señalen y apliquen la pena inferior.
Si el reo reclamado fuese ciudadano de la Nación a quien se reclama y solicitare que no se le entregue, protestando someterse a los tribunales de su patria su Gobierno no estará obligado a la extradición y el reo será juzgado y sentenciado por los tribunales del país según el mérito del proceso seguido donde se hubiese cometido el delito, para cuyo efecto se entenderán entre sí los juzgados y tribunales de una y otra Nación, expidiendo los despachos y cartas de ruego que se necesitasen en el curso de la causa.
Las disposiciones del presente Tratado no se aplicarán a los crímenes cometidos anteriormente a su fecha.
Los objetos, valores o bienes robados en el territorio de uno de los contratantes, introducidos en el otro, serán embargados y entregados por los tribunales competentes en vista de las pruebas suficientes que se exhiban.
EL presente Tratado durará por espacio de ocho años, contados desde el día en que fuesen canjeadas las ratificaciones, y pasado este plazo, hasta que una de las altas partes contratantes anuncie a la otra con anticipación de seis meses, su intención de terminarlo, así como durante las negociaciones que se hiciesen para renovarlo o modificarlo.
El canje de las ratificaciones del presente Tratado será hecho en la ciudad de Montevideo, dentro del plazo de 40 días o antes si fuese posible.
En fe de lo cual los abajo firmados plenipotenciarios de S.E. el señor Vicepresidente de la República Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional y de S. E. el Gobernador Provisorio Delegado de la República Oriental del Uruguay, en virtud de nuestros plenos poderes firmamos este Tratado y le hacemos poner nuestros sellos.
En la ciudad de buenos Aires, a 14 de junio del año del Señor de 1865.
DE ELIZALDE - DE CASTRO.
Fin del texto
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