Abriendo la norma
Ley 22.229 · 1980
INTERVENCIONES
LEY N° 22.229
Declárase intervenidas diversas sociedades.
Buenos Aires, 27 de mayo de 1980.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
Decláranse intervenidas las sociedades cuya denominación social y sede se indican en el anexo I de la presente ley, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su sanción, a fin de reordenar su administración, evaluar su real condición económico-financiera y determinar la conveniencia de ulteriores medidas. En tanto se cumplan tales objetivos, se procurará minimizar los perjuicios que como consecuencia de la situación que provocó la intervención del Banco de los Andes S. A. puedan derivar para la economía regional, protegiendo los derechos legítimos de terceros.
Para el mejor cumplimiento de la presente ley, facúltase al Poder Ejecutivo a:
a) Incluir en el anexo I de la presente ley a otras sociedades.
b) Prorrogar el término fijado en el artículo 1º hasta ciento ochenta (180) días más.
La intervención que se dispone en esta ley, implica la caducidad de los administradores, directores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos y apoderados y la prohibición, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación, de realizar asambleas o reuniones de socios.
El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación de la presente ley y en el ejercicio de sus funciones tendrá las facultades necesarias para asegurar el debido cumplimiento de sus normas, o de las disposiciones que en el futuro se dicten en su consecuencia, correspondiéndole la designación del interventor, quien podrá designar interventores delegados en las sociedades intervenidas.
El interventor y sus delegados tendrán las facultades que confiere la ley y el respectivo estatuto o contrato social a los administradores, directores y demás órganos estatutarios de dirección o fiscalización. También ejercerán en cuanto fuere necesario para el cumplimiento de los fines de esta ley, las atribuciones y facultades que competen a las asambleas de socios, ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
En ejercicio de sus funciones el interventor y sus delegados podrán, además:
a) Requerir la colaboración que fuere necesaria de los organismos nacionales, provinciales y municipales; en especial de las inspecciones de personas jurídicas competentes, de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central de la República Argentina y de la Dirección General Impositiva.
b) Requerir de quienes hubieren desempeñado, o desempeñen a la fecha de sanción de esta ley, las funciones de administradores, directores, miembros de consejos de vigilancia, síndicos, gerentes o apoderados de los socios o accionistas, o de quienes hubieren ejercido la representación de éstos en reuniones de socios o asambleas, todos los informes y antecedentes necesarios para el mejor cumplimiento de su cometido, así como acerca de las operaciones realizadas y la participación, que en las mismas, han tenido las personas indicadas.
c) Contratar profesionales o auditorías externas.
A los fines del cumplimiento del objetivo expresado en el artículo 1º, el interventor y sus delegados deberán determinar la real situación de las sociedades sujetas a la presente y del conjunto económico que integran evaluando su situación económica y financiera, las modalidades operativas de las sociedades entre sí y ante terceros, las compras y las ventas realizadas, los créditos otorgados, y la composición de sus patrimonios, como así también la legitimidad de las operaciones efectuadas.
Asimismo, deberán establecer la real titularidad de las acciones, de las partes de interés y de las cuotas de capital que representen el capital de las mismas y las sucesivas composiciones de tales capitales.
El interventor deberá informar, periódicamente a la autoridad de aplicación, o al organismo que ésta designe, acerca del desarrollo de su gestión, así como del resultado de las investigaciones y compulsas previstas en esta ley.
Los directores y síndicos, que se desempeñaban como tales en las sociedades intervenidas, a la fecha de sanción de esta ley, deberán constituir domicilio especial, donde les serán efectuados todos los requerimientos que el interventor, sus delegados, o las autoridades competentes estimen oportunos. En caso de incumplimiento de esta exigencia se los tendrá por constituidos en el domicilio legal de la sociedad, donde se desempeñaban.
La autoridad de aplicación dará por terminadas las intervenciones de aquellas sociedades en las cuales hayan desaparecido las causas que la motivaron, aun antes de los plazos establecidos en los artículos 1º y 2º.
Las acciones de contenido patrimonial, como así también los juicios de naturaleza concursal, existentes o que se dedujeren en el futuro --en cualquier jurisdicción-- respecto de las sociedades intervenidas o que se intervinieren con sustento en esta ley, quedan suspendidos por el plazo de noventa (90) días.
El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a prorrogar esta suspensión respecto de todas, o algunas de las sociedades intervenidas, por hasta noventa (90) días más.
La autoridad de aplicación fijará las remuneraciones del interventor y sus delegados y adelantará las erogaciones que demande el cumplimiento de esta ley con cargo a rentas generales, sin perjuicio de su imputación al pasivo de las sociedades intervenidas, con privilegio sobre la generalidad de los bienes, sean muebles o inmuebles de éstas, con el alcance de lo establecido en el artículo 3879, inciso 2º del Cód. Civil.
Ratifícanse las instrucciones impartidas hasta la fecha a las sociedades integrantes del conjunto económico objeto de esta medida por las autoridades del Ministerio de Economía, por la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica y por el Banco Central de la República Argentina, cuyos textos, en lo pertinente integran la presente, como anexo II.
La presente ley entrará a regir a partir de la fecha de su sanción.
Comuníquese, publíquese, dése a la Direccción Nacional del Registro Oficial y archívese.
VIDELA Albano E. Harguindeguy. Alberto Rodriguez Varela.
Fin del texto
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