Abriendo la norma
Ley 22.917 · 1983
LEY DE CONCURSOS
Ley Nº 22.917
Introdúcense reformas a la Ley Nº 19.551.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1983.
EN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:
Sustitúyense los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25, 45, 54, 61, 64, 79, 81, 82, 83 y 89 de la Ley de Concursos Nº 19.551, por los siguientes:
Artículo 2º - SUJETOS COMPRENDIDOS. Pueden ser declaradas en concurso las personas de existencia visible y las de existencia ideal de carácter privado.
Se consideran comprendidos:
1. el patrimonio del fallecido mientras se mantenga separado del patrimonio de los sucesores;
2. los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes existentes en el país.
No son susceptibles de concurso las personas reguladas por las Leyes Nros. 12.962 (Decreto-Ley Nº 15.349/46), 19.550 (Capítulo II, Sección V) 20.091, 20.321, 20.705 y las excluidas por leyes especiales.
Corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria de acuerdo a las siguientes reglas:
1. si se trata de personas de existencia visible, al del lugar de la sede de la administración de sus negocios; a falta de ésta, al del lugar del domicilio;
2. si el deudor tuviere varias administraciones es competente el juez del lugar de la sede de la administración del establecimiento principal; si no pudiera determinarse esta calidad, lo es el juez que hubiere prevenido.
3. en caso de concurso de personas de existencia ideal -regularmente constituidas, entiende el juez del lugar del domicilio;
4. no constituidas regularmente, entiende el juez del lugar de la sede; en su defecto, el del lugar del establecimiento o explotación principal;
5. tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el juez del lugar de la administración en el país; a falta de éste entiende el del lugar del establecimiento, explotación o actividad principal, según el caso.
La declaración de concurso en el extranjero es casual para la apertura del concurso en el país, a pedido del deudor o de acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República, para disputarles derechos que éstos pretendan sobre los bienes existentes en el territorio ni para anular los actos que hayan celebrado con el concursado.
PLURALIDAD DE CONCURSOS. Declarada también la quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos los demás créditos verificados en aquélla.
RECIPROCIDAD. La verificación de acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que no pertenezca a un concurso abierto en el exterior, está condicionada a que se demuestre, que recíprocamente, un acreedor cuyo crédito es pagadero en la República puede verificarse y cobrar -en iguales condiciones- en un concurso abierto en el país en el cual aquel crédito es pagadero.
PARIDAD EN LOS DIVIDENDOS. Los cobros de créditos quirografarios con posterioridad a la apertura del concurso nacional, efectuados en el extranjero, serán imputados al dividendo correspondiente a sus beneficiarios por causa de créditos comunes.
Pueden solicitar la formación de su concurso preventivo las personas comprendidas en el artículo 2º, incluidas las de existencia ideal en liquidación.
Tratándose de personas de existencia ideal lo solicita el representante legal, previa resolución en su caso, del órgano de administración.
Dentro de los treinta (30) días de la fecha de la presentación deben acompañar constancia de la resolución de continuar el trámite, adoptada por la asamblea, reunión de socios u órgano de gobierno que corresponda, con las mayorías necesarias para resolver asuntos ordinarios. No acreditado este requisito, se produce de pleno derecho la cesación del procedimiento, con los efectos del desistimiento de la petición.
Mientras se mantenga la separación patrimonial, cualquiera de los herederos puede solicitar el concurso preventivo en relación al patrimonio del fallecido. La petición debe ser ratificada por los demás herederos dentro de los treinta (30) días. Omitida la ratificación, se aplica el último párrafo del artículo 6º.
El concurso preventivo puede ser solicitado mientras la quiebra no haya sido declarada.
Son requisitos formales de la petición del concurso preventivo:
1. Para los deudores matriculados y las personas de existencia ideal regularmente constituidas, acreditar la inscripción en los registros respectivos. Las últimas acompañarán, además, el instrumento constitutivo y sus modificaciones y constancia de las inscripciones pertinentes.
Para las demás personas de existencia ideal, acompañar, en su caso, los instrumentos constitutivos y sus modificaciones aun cuando no estuvieren inscriptos;
2. Explicar las causas concretas de su situación patrimonial, con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos y de los hechos por los cuales ésta se hubiera manifestado;
3. Acompañar un estado detallado y valorado del activo y pasivo actualizado a la fecha de la presentación, con indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su valuación, la ubicación, estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio;
4. Acompañar copia de los balances u otros estados contables exigidos al deudor por las disposiciones legales que rijan su actividad o bien los previstos en sus estatutos o realizados voluntariamente por el concursado, correspondientes a los tres últimos ejercicios. En su caso, se deben agregar las memorias y los informes del órgano fiscalizador;
5. Acompañar nómina de acreedores, con indicación de sus domicilios, montos de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados o responsables y privilegios. Debe agregar el detalle de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación;
6. Enumerar precisamente los libros de comercio y los de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último folio utilizado en cada caso y ponerlos a disposición del juez, junto con la documentación respectiva;
7. Denunciar la existencia de un concurso anterior y justificar, en su caso, el cumplimiento del acuerdo preventivo o resolutorio, su rehabilitación o la conclusión del concurso.
8. Acompañar la documentación que acredita el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de las disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de dependencia, actualizado al momento de la presentación;
El escrito y la documentación agregada debe acompañarse con dos copias firmadas.
Cuando se invoque causal debidamente fundada, el juez puede conceder un plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de la presentación, para que el interesado dé cumplimiento total a las disposiciones del presente artículo.
El concursado, y en su caso los administradores y los socios con responsabilidad ilimitada, deben constituir domicilio procesal en la localidad de tramitación del juicio. De no hacerlo en la primera presentación, se lo tendrá por constituido en los estrados del juzgado para todos los efectos del concurso.
Presentado el pedido o, en su caso, vencido el plazo que acuerde el juez, éste se debe pronunciar dentro del término de cinco (5) días.
RECHAZO. Debe rechazar la petición si no se ha dado cumplimiento al artículo 11, o cuando la causa no sea de su competencia. La resolución es apelable.
Cumplidos en debido tiempo los requisitos legales, el juez debe dictar resolución que disponga:
1. la declaración de apertura del concurso preventivo, expresando el nombre del concursado y, en su caso, el de los socios con responsabilidad ilimitada;
2. la designación de audiencia para el sorteo del síndico;
3. la fijación de una fecha hasta la cual los acreedores deben presentar los pedidos de verificación al síndico la que debe estar comprendida dentro de los quince (15) y cincuenta (50) días, contados desde el día en que se estime que concluirá la publicación de los edictos;
4. la fijación de la fecha, hora y lugar de la audiencia para la celebración de la junta de acreedores que discutirá y votará la propuesta del acuerdo preventivo. Esta audiencia debe señalarse para cuarenta y cinco (45) días después del vencimiento del plazo mencionado en el inciso 3;
5. la orden de publicar edictos en la forma prevista por los artículos 28 y 29, la designación de los diarios respectivos y, en su caso la disposición de las rogatorias necesarias;
6. la determinación de un plazo, no superior a los diez (10) días, para que el deudor presente los libros que lleve referidos a su situación económica, en el lugar que el juez fije dentro de su jurisdicción, con el objeto de que el secretario coloque nota datada a continuación del último asiento y proceda a cerrar los espacios en blanco que existieran;
7. la orden de anotar la apertura del concurso en el registro de concursos y en los demás que corresponda, requiriéndose informe sobre la existencia de otros anteriores, y las comunicaciones necesarias para asegurar el cumplimiento del artículo 26;
8. la inhibición general para disponer y gravar bienes registrables del deudor y, en su caso, los de los socios ilimitadamente responsables, debiendo ser anotadas en los Registros pertinentes;
9. la intimación al deudor para que deposite judicialmente, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución el importe que el juez estime necesario para abonar los gastos de correspondencia.
La apertura del concurso preventivo produce:
1. la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, salvo los procesos de expropiación y los que se funden en relaciones de familia. Las ejecuciones de garantías prendarias e hipotecarias pueden deducirse o continuar una vez presentado el pedido de verificación respectivo. Si no se inició la publicación de edictos o no se presentó la ratificación prevista en los artículos 6º a 8º, solamente se suspenden los actos de ejecución forzada;
2. la radicación ante el juzgado del concurso de todos los juicios suspendidos según el inciso anterior, que tramiten en su misma jurisdicción judicial;
3. la prohibición de deducir nuevas acciones de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a la presentación, excepto las que no sean susceptibles de suspensión según el inciso 1;
4. el mantenimiento de las medidas precautorias trabadas, salvo cuando recaigan sobre bienes necesarios para continuar con el giro ordinario del comercio del concursado, cuyo levantamiento en todos los casos es decidido por el juez del concurso, previa vista al síndico y al embargante.
En caso de necesidad y urgencia evidentes para el concurso y con el criterio del artículo 17, párrafo final, el juez puede ordenar la suspensión temporaria de la subasta y de las medidas precautorias que impidan el uso por el deudor de la cosa gravada, en la ejecución de créditos con garantía prendaria o hipotecaria. Los servicios de intereses posteriores a la suspensión son pagados como los gastos del concurso, si resultare insuficiente el producido del bien gravado. Esta suspensión no puede exceder de noventa (90) días.
La resolución es apelable al solo efecto devolutivo por el acreedor, el deudor y el síndico.
Artículo 45. - ACREEDORES PRIVILEGIADOS. Se puede ofrecer, conjuntamente con el acuerdo para acreedores quirografarios, otro que comprenda a acreedores privilegiados o a alguna categoría o clase de éstos.
Este último acuerdo requiere las mayorías del artículo 57, pero debe contar con la aprobación de la totalidad de los acreedores con privilegio especial a los que alcance.
Artículo 54. - ACUERDO PARA ACREEDORES PRIVILEGIADOS. Si se hubiere ofrecido propuesta para acreedores privilegiados, según lo autoriza el artículo 45, se la vota antes de la relativa a los acreedores quirografarios. Los acreedores con privilegio especial comprendidos en la propuesta pueden expresar su adhesión por escrito, con firma debidamente certificada, presentado hasta la votación.
No logradas la mayoría o la unanimidad necesarias para su aprobación se decreta la quiebra únicamente si el deudor ha condicionado a ellas la propuesta para acreedores quirografarios. En caso contrario, se pasa a la votación de ésta.
Artículo 61. - CRITERIO DE VALORACION. No deducidas impugnaciones en término o rechazadas las interpuestas, el juez se debe pronunciar sobre la homologación del acuerdo, por resolución fundada, en la que valora:
1. su congruencia con las finalidades de los concursos de acreedores y si resulta conforme con el interés general;
2. su conveniencia económica respecto de la conservación de la empresa y la protección del crédito;
3. las posibilidades de su cumplimiento y las garantías o medidas dispuestas para asegurarlo;
4. la existencia de causales de impugnación no invocadas;
5. si el deudor, en relación a las causas que provocaron su cesación de pagos y su propia conducta, es merecedor de una solución preventiva;
6. La suficiencia de la contabilidad y documentación para informar con claridad los actos de gestión y la situación del concursado.
Artículo 64. - HONORARIOS. Los honorarios a cargo del deudor son exigibles a los seis (6) meses contados a partir de la homologación, o simultáneamente con la primera cuota del acuerdo que venciere antes de ese plazo. Los montos regulados serán ajustados en proporción a la depreciación monetaria. La falta de pago habilita a solicitar la declaración de quiebra.
Artículo 79. - FORMA DE DISPOSICION. Los acreedores quirografarios deben resolver la forma de disponer de los bienes, ya sea formando sociedad por acciones entre ellos, vendiéndolos en conjunto o separadamente o por cualquier otro medio. La decisión requiere las mayorías necesarias para la aprobación de la propuesta y se vota seguidamente de la consideración de ésta.
Si no se logra mayoría para establecer la forma de disposición, se procede a la liquidación extrajudicial de los bienes.
Artículo 81. - MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO. Si los acreedores no lo determinaron expresamente, el juez dispone las medidas necesarias para el cumplimiento del acuerdo, incluso la designación de quién debe recibir los bienes y proceder a su liquidación.
ACREEDORES CON PRIVILEGIO. En todos los casos los acreedores con privilegio conservan su preferencia sobre los bienes transmitidos. Cuando se decida la enajenación singular, los acreedores con privilegio especial pueden optar por la ejecución de los bienes afectados, en la forma prevista por el artículo 203.
Artículo 82. - CUMPLIMIENTO. El deudor cumple el acuerdo entregando los bienes prometidos a quien haya sido designado, en los términos fijados y en las mismas condiciones de conservación que se describen en el informe del artículo 78.
ACTUACION DEL SINDICO. El Síndico debe vigilar esas circunstancias, así como el cumplimiento del fin dispuesto.
En caso de formación de sociedad, se entiende concluido el concurso por la constitución regular de ésta.
Artículo 83. - REMOCION DEL REPRESENTANTE. A petición del Síndico o de parte interesada, el juez puede remover a quien hubiere sido designado cuando incurriere en las causales del artículo 279, segundo párrafo.
El incidente tramita con vista del interesado y del Síndico.
La decisión es apelable y debe contener, en su caso, la designación de otro representante, acreedor o tercero.
Artículo 89. - PETICION DEL DEUDOR. La solicitud del deudor de su propia quiebra prevalece sobre el pedido de los acreedores, cualquiera sea su estado, mientras no haya sido declarada.
En caso de personas de existencia ideal se aplica lo dispuesto por el artículo 6º. Tratándose de incapaces se debe acreditar la previa autorización judicial.
ARTICULO 2º - Incorpóranse a continuación del artículo 125 los siguientes:
Artículo 125-1. - ACUERDOS PRECONCURSALES. Los acuerdos preconcursales celebrados con todos o parte de los acreedores, tendientes a superar dificultades económicas o financieras del deudor de carácter general o su cesación de pagos, y los actos que son su consecuencia, incluso pagos, son ineficaces respecto de la masa solamente cuando, de los estudios realizados al momento de celebrarlos o de otros elementos objetivos conocidos por los acreedores, fuere indubitable que mediante ellos o las medidas previstas como presupuestos para su concreción resultare imposible conseguir la superación de las dificultades o del estado de cesación de pagos.
Aún no dándose los supuestos previstos en el párrafo anterior las prendas, hipotecas o cualquier otra preferencia constituida en virtud de estos acuerdos son inoponibles, en la quiebra posterior, en la medida del interés de los acreedores de causa o título anterior a su constitución o registración, en caso de ser esta última necesaria.
Artículo 125-2. - HOMOLOGACION JUDICIAL. El deudor puede convenir con los acreedores someter el acuerdo preconcursal a la homologación judicial, en cuyo caso cualquiera de ellos puede requerirla ante el juez que sería competente en el concurso del deudor.
Ante el pedido, el juez ordena publicar edictos por cinco (5) días en los diarios y jurisdicciones previstos por los artículos 28 y 29, citando a los acreedores interesados a deducir oposición dentro de un plazo no inferior a veinte (20) días.
La oposición puede fundarse en:
1. El interés del acreedor en incorporarse al acuerdo, en las condiciones estipuladas;
2. Estimar inadecuada la solución para la situación del deudor.
En el primer caso, se sustancia la petición con audiencia del deudor y de los demás acreedores comprendidos en el acuerdo. No admitida la incorporación por cualquiera de éstos, el acreedor puede ejercer las acciones que estime pertinentes.
En el segundo caso pueden otorgársele garantías suficientes sobre bienes ajenos al deudor, que el juez califica.
No otorgada la garantía o declarada insuficiente, el juez designa uno o más síndicos de los comprendidos en la lista del artçiculo 277, para que dictaminen sobre la situación del deudor y la factibilidad de los planes previstos para el cumplimiento del acuerdo dentro del plazo de treinta (30) días, de este informe se corre vista por diez (10) días a los interesados, que no se notifica por nota.
El juez debe resolver una vez vencido el plazo, sin más trámite. La resolución es apelable.
No deducida oposición por acreedor, incorporado el acreedor al acuerdo, prestada garantía suficiente o pronunciada la homologación, no puede declararse la ineficacia prevista en el arículo 125-1, primer párrafo.
Las costas del trámite de homologación del acuerdo son siempre a cargo del deudor. Los honorarios no pueden superar el medio por ciento (1/2 %) de los créditos comprendidos en el acuerdo, límite que asciende al uno por ciento (1 %) cuando existe dictamen del síndico'.
ARTICULO 3º - En el Título III se sustituyen los epígrafes del Capítulo III y de la Sección II, se mantiene la denominación de la Sección I, la actual Sección II pasa a ser Sección III y se sustituye el artículo 165; a saber:
Fin del texto
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