Abriendo la norma
Ley 24.955 · 1998
Ley 24.955
Declárase y ratifícase ese carácter para la región integrada por las Provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa. Autorizaciones al Poder Ejecutivo Nacional para gestionar recursos crediticios ante organismos internacionales y la renegociación de créditos, a través de la banca oficial, otorgados a los damnificados. Obligaciones previsionales y tributarias. Diferimiento de plazos. Plan Trabajar. Refuerzo de cupos para las zonas afectadas. Información al Congreso de la Nación. Aplicación supletoria a la Ley N° 22.913. Exención de tarifas de peaje para los vehículos destinados al transporte de ayuda.
B.O.: 22/05/98
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
Declárase y ratifícase como "zona de desastre", durante el término de doce meses, a la región integrada por las provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa, extendiendo sus efectos a las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, forestales y de servicios.
Las provincias afectadas determinarán los mecanismos correspondientes a fin de establecer los sujetos damnificados beneficiarios de la presente ley.
Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a gestionar recursos crediticios ante organismos financieros internacionales, especialmente ante el Banco Mundial, correspondientes a la línea "Facilidades por efecto del Niño". La determinación de la inversión deberá efectuarse a través de un informe en relación a las pérdidas verificadas y requerimientos futuros, para dotar a la zona de mecanismos aptos para la recuperación de la economía de la región.
Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de la banca oficial disponga la renegociación de los créditos otorgados a damnificados por la catástrofe así como a tasas de interés subsidiadas mediante la reestructuración de partidas presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional para que a través del Banco Central instrumente las medidas destinadas a evitar la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 24.452, respecto de los damnificados y durante la emergencia.
Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional para que a través del organismo correspondiente disponga el diferimiento, en forma inmediata y por el plazo de ciento ochenta días, de las obligaciones previsionales y tributarias vencidas y a vencer, en los términos de los artículos 1° y 2°.
Establécese que las obras de infraestructura que se realicen, en los términos del artículo 3° deberán ser realizadas, preferentemente, con recursos humanos y materiales de las zonas afectadas.
Incorpóranse los beneficios del Plan Trabajar, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las actividades señaladas en el artículo 1°, autorizándose el refuerzo de los cupos para las zonas afectadas.
El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar al Congreso de la Nación de los planes de acción ejecutados y a ejecutar en el marco de la presente ley, en el plazo de sesenta días.
Propiciar medidas especiales, para que las empresas concesionarias de servicios públicos, proveedores y prestadores privados, puedan disponer medidas para atemperar la gravedad de la crisis, con carácter indicativo.
Invítase a adherir a la presente ley a los gobiernos provinciales y municipales, de las provincias afectadas.
Será de aplicación supletoria a todas las actividades comprendidas en el artículo 1°, la Ley 22.913.
Los vehículos destinados al transporte de ayuda, fehacientemente comprobada, a las poblaciones afectadas, estarán exentos de abonar las tarifas de peaje tanto en tránsito hacia su destino como al retornar del mismo.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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