Abriendo la norma
Ley 25.971 · 2004
Ley 25.971
Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Competencia territorial.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, el que funcionará con DOS (2) Secretarías, una con competencia en materia criminal y correccional y la otra con competencia en materia civil, comercial, laboral, seguridad social y contencioso administrativo, respectivamente.
El juzgado federal de San Francisco tendrá competencia territorial sobre el departamento de San Justo de la provincia de Córdoba.
Modifícase la competencia territorial del Juzgado Federal de Bell Ville, excluyéndose el departamento de San Justo.
Créase UNA (1) fiscalía de primera instancia y UNA (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante el juzgado federal creado por la presente ley.
Créanse los cargos de juez, secretarios de juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público oficial y los de funcionarios y empleados que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente ley.
Las causas en trámite ante el Juzgado Federal de Bell Ville continuarán radicadas ante dicho Tribunal hasta su conclusión definitiva.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada del juzgado que se crea en el artículo 1°.
La presente ley se implementará una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la mencionada condición financiera.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación proveerán en el ámbito de sus respectivas competencias, lo necesario para la instalación del juzgado federal de San Francisco.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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