Abriendo la norma
Ley provincial 9.735 · 2026
Régimen Especial Penal Juvenil.
La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de Ley:
La presente Ley establece el Régimen Especial Penal Juvenil de la Provincia aplicable a los adolescentes en conflicto con la ley penal, de conformidad con la Ley Nacional Nº 27.801 y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
Apruébase el Código Procesal Penal Juvenil, que como Anexo forma parte integrante de la presente ley.
La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente de la Subsecretaría con competencia en Infancias, Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, o la que en el futuro la reemplace y de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 8550, es el órgano administrativo especializado encargado de implementar, coordinar y supervisar las medidas, sanciones y programas socioeducativos dirigidos a los adolescentes en conflicto con la ley penal, conforme a las resoluciones del órgano judicial competente. El organismo contará con equipos técnicos interdisciplinarios y supervisores quienes deberán acreditar formación específica en derechos de la niñez, justicia restaurativa y enfoque de género.
El Director de Responsabilidad Penal Juvenil, dependientes de la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes, deberá poseer título universitario y acreditar idoneidad, formación especializada y experiencia profesional en materias vinculadas a la responsabilidad penal juvenil, la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes y la gestión institucional.
La Dirección General será ejercida por un/a Director/a General, quien tendrá a su cargo la conducción superior, administración, representación institucional y coordinación general del organismo. Son atribuciones de la Dirección General: a) Ejercer la representación institucional del organismo. b) Confeccionar y administrar un Registro General de Facilitadores y Supervisores Especializados. c) Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento integral de la Dirección General. d) Ejecutar las políticas públicas definidas por la Autoridad de Aplicación. e) Promover la articulación con el Poder Judicial, el Ministerio Público, organismos administrativos de protección de derechos y demás instituciones vinculadas al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. f) Gestionar convenios vinculantes con los distintos ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal a fin de generar acciones que den respuesta a la situación de adolescentes respecto de salud, educación, derechos sexuales, capacitación, seguridad, recreación, deporte, vivienda, empleo, asesoramiento legal entre otras. g) Aprobar protocolos, programas y planes institucionales. h) Impulsar políticas de profesionalización, capacitación y fortalecimiento institucional. i) Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados. j) Elaborar planes estratégicos e informes de gestión. k) Ejercer las demás funciones previstas en la normativa vigente.
La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil se organizará conforme a la siguiente estructura orgánico-funcional: a) Dirección de Administración: Órgano responsable de administrar el uso eficiente de los recursos materiales, económicos y financieros, así como de gestionar el capital humano e infraestructura del organismo, asegurando el soporte logístico necesario para el cumplimiento de los fines institucionales. b) Unidad de Privación de Libertad Juvenil: Órgano responsable de la gestión integral, seguridad, custodia y abordaje socioeducativo dentro de los centros de alojamiento especializados para adolescentes sometidos a medidas cautelares de prisión preventiva o penas privativas de libertad de régimen cerrado. Asimismo, deberá garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las tareas del rol de Supervisor, facilitando el acceso a la información, la coordinación con los equipos interdisciplinarios y el cumplimiento de las actuaciones requeridas en el marco de las decisiones judiciales. c) Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad (UMA): Órgano responsable de la gestión, ejecución material y abordaje territorial de las medidas no privativas de la libertad, programas comunitarios, régimen abierto y dispositivos convivenciales de custodia, orientados a la protección integral de derechos y a la inclusión social del adolescente. Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección (DRPJ) contará con tres dispositivos operativos diferenciados: 1) Dispositivo de Guardia Permanente: destinado a brindar cobertura operativa permanente para la recepción, intervención y seguimiento inmediato de las situaciones que requieran actuación urgente en el marco de las medidas alternativas a la privación de la libertad, garantizando la continuidad del servicio durante las veinticuatro (24) horas, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. Tendrá a su cargo la atención de requerimientos provenientes de los órganos judiciales, fuerzas de seguridad y demás organismos competentes, la intervención ante incumplimientos, contingencias o situaciones de vulnerabilidad que involucren a adolescentes en conflicto de la ley penal, así como la adopción de las medidas de protección y coordinación institucional que resulten necesarias. 2) Dispositivo de Abordaje en Territorio: destinado a supervisar, acompañar y asistir a los y las adolescentes sometidos al proceso penal juvenil en el medio comunitario, promoviendo la elaboración de un proyecto de vida que los aleje de la transgresión penal y favorezca su inclusión social mediante el ejercicio de una ciudadanía responsable. 3) Dispositivo Residencial Socioeducativo de régimen abierto: destinado al alojamiento de adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal que se encuentren cumpliendo medidas mínimas de restricción de la libertad dispuestas por la autoridad judicial competente. Estos dispositivos convivenciales priorizarán la inserción de los adolescentes en actividades educativas, de formación laboral, culturales, deportivas y recreativas de la comunidad, tendiendo a la normalización de su entorno, al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios y a la construcción de procesos de inclusión social.
La función de la Supervisión podrá ser ejercida por operadores dependientes de la DRPJ o profesionales que integren el o los registros de Supervisores especializados en virtud de los convenios celebrados en el marco de los términos que establezca la reglamentación.
Son funciones específicas del Supervisor Especializado: a) Inmediatez y Seguimiento: Mantener entrevistas con el adolescente para asistir y supervisar su evolución en su entorno. b) Requerir e instar la colaboración de los equipos de DRPJ. c) Informes de Evolución Procesal: Elaborar y elevar al órgano judicial los dictámenes e informes técnicos de seguimiento procesal para la adopción de decisiones sobre la progresión, flexibilización o sustitución de la pena, fundándose en sus propias evaluaciones y en los reportes brindados por los equipos de la DRPJ y las áreas territoriales. d) Abordaje de Redes: Promover e instar articulaciones socioeducativas comunitarias orientadas a fortalecer las capacidades del adolescente y favorecer su Proyecto de Reintegración Social de vida autónoma. e) Comunicación de Incumplimientos: Informar de manera inmediata y fundada al Juez competente ante cualquier desvío o incumplimiento grave e injustificado de las pautas impuestas.
La Unidad de Medidas Alternativas a la privación de la libertad tendrá por finalidad proteger, promover y restituir los derechos vulnerados de todos los adolescentes punibles, favoreciendo procesos de inclusión social, educativa, laboral, sanitaria y comunitaria de los mismos. A tales efectos, se brindarán servicios y estrategias de acompañamiento orientadas a la promoción y protección integral de derechos de adolescentes y sus familias.
La Unidad de Privación de Libertad es el órgano responsable de la gestión integral, custodia, tratamiento, traslado, disciplina, vigilancia y abordaje socioeducativo de adolescentes privados de libertad. Tendrá a su cargo los Centros Especializados para adolescentes privados de la libertad. Se asegurará la continuidad educativa formal obligatoria y el acceso a formación profesional. La escolarización tendrá carácter prioritario y nunca podrá ser suspendida como sanción disciplinaria.
La Dirección tendrá la obligación de diseñar, implementar y actualizar de forma permanente los Protocolos de Disciplina y Convivencia Interna aplicables en cada centro especializado. Dichos protocolos deberán ajustarse estrictamente a las siguientes reglas: a) Deberán ser redactados en lenguaje claro, accesibles para los adolescentes y notificados formalmente a éstos y a sus defensas técnicas al momento del ingreso al establecimiento. b) Definirán de manera taxativa las faltas, las sanciones aplicables y el procedimiento sumario previo para su imposición, garantizando siempre el derecho del adolescente a ser oído y a apelar la sanción ante el Juez competente. c) Queda estrictamente prohibida la creación o aplicación de sanciones que impliquen castigos corporales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el aislamiento en celdas de castigo, la restricción del derecho de visitas familiares o la privación de elementos básicos de higiene y alimentación.
Autorízase al Poder Ejecutivo en el ámbito exclusivo de su respectiva competencia a reglamentar la presente ley.
Modifícanse los Artículos 47 y 103 de la Ley Nº 6730, los que quedarán redactados de la siguiente manera: "Artículo 47 - Los Jueces que integran las distintas Cámaras del Crimen o los Tribunales Penales Colegiados asumiendo la Jurisdicción, conocerán de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones apelables de los Jueces que integran los Juzgados de Garantías, Ejecución y de los Juzgados Penales Colegiados. Excepcionalmente, se procederá conforme al Art. 46 de la presente ley. La asignación de los casos, por las Oficinas de Apelaciones Penales (OAP), en Salas Unipersonales o en Colegio, se hará aleatoriamente entre todos los Jueces competentes por sistema informático, manteniendo la equitativa distribución de la carga de trabajo, y en coordinación con la agenda de audiencias de la OGAP. La audiencia oral de apelación será fijada, según los artículos 294 y 472, exclusivamente en horario vespertino." "Artículo 103 - Instancia y Requisitos. Las personas mencionadas en el artículo 10 podrán instar su participación en el proceso como querellante particular. Los incapaces deberán actuar debidamente representados, autorizados o asistidos del modo prescrito por la Ley. La instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder general o especial, que podrá ser otorgado "apud acta", en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1) Nombre, apellido y domicilio del querellante particular. 2) Una relación sucinta del hecho en que se funda. 3) Nombre y apellido del o de los imputados, si los supiere. 4) La petición de ser tenido como parte y la firma. 5) Tratándose de personas jurídicas privadas, la denominación o razón social, domicilio y sede social del querellante particular, como así también, en caso de corresponder, los datos que la identifique mediante su inscripción en un registro público."
Deróguese la Ley Nº 6354 y el artículo 3º de la Ley Nº 8550.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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