Abriendo la norma
Resolución · 2005
(Nota Infoleg: por art. 2° de la Resolución General N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia B.O. 31/07/2015 se establece que las normas que se aprueban por la Resolución General de referencia entrarán en vigencia el día lunes 2 de noviembre del año en curso, oportunidad en la cual, con las salvedades que se efectúan en los artículos siguientes, sustituirán a la Resolución General I.G.J. N° 7/2005 y a las resoluciones generales dictadas a partir de ella en ejercicio de las funciones y atribuciones resultantes de las leyes 19.550, 22.315, el Decreto N° 1493/82 y toda otra disposición legal o reglamentaria que las prevea, excluidas la Resolución General I.G.J. N° 26/04 y toda otra normativa que, en la materia de la misma —sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados— la modifique y/o complemente y haya sido dictada o se dicte en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 22.315)
Apruébanse las Normas de la Inspección General de Justicia.
Bs. As., 23/8/2005
VISTO la Resolución General I.G.P.J. nº 6/80 aprobatoria de las Normas de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y las demás resoluciones generales dictadas por el organismo en el marco de su competencia legal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General I.G.P.J. nº 6/80 dividió en capítulos la regulación, como materias fundamentales, de las sociedades por acciones (capítulos II a XII) y las asociaciones civiles y fundaciones (capítulo XIII), además de incluir como disposiciones generales (capítulo I) las formalidades a ser cumplidas por todos los entes sujetos al contralor del organismo.
Que el artículo 4º de dicha resolución general estableció que las futuras resoluciones generales a ser dictadas con posterioridad a aquélla, habrían de prever su inmediata incorporación a las Normas del organismo aprobadas por aquélla, mediante el agregado o reforma de los incisos necesarios, o mediante la creación de nuevos artículos ( bis, ter, etc.), de modo de mantener ordenada la sucesiva normativa reglamentaria en un texto único y dentro de la estructura con que éste fue concebido.
Que desde el dictado de aquellas Normas en 1980 hasta el presente, ha transcurrido cerca de un cuarto de siglo y en tan dilatado lapso fueron dictadas numerosas resoluciones generales, sin que por distintas circunstancias haya sido observado, salvo en casos aislados, lo que se preceptuara en el citado artículo 4º para mantener unificada la reglamentación.
Que diversas resoluciones generales procuraron la estructuración de un texto único de alcances análogos a los de la Resolución General I.G.P.J. nº 6/80, las cuales por diversas circunstancias, no llegaron a ser puestas en vigencia (Resoluciones Generales I.G.J. nros. 5/92 y 3/97).
Que asimismo, otras resoluciones generales, que tampoco rigieron, las nros. 4/92 y 1/94, incorporaron la regulación del Registro Público de Comercio, también incluida en las antes citadas nros. 5/92 y 3/97 y que no se hallaba como tal orgánicamente contemplada en las Normas de 1980.
Que sin agotar la enumeración ni adoptar una secuencia cronológica dada la diversidad de materias y oportunidades alternadas en que algunas de ellas han sido tratadas, además de las normas de contenido amplio que han sido citadas en los considerandos anteriores, pueden ser mencionadas otras que, aun circunscriptas a determinadas temáticas, han asumido significativa importancia y han sido tenidas en consideración en numerosos sentidos para la elaboración de las presentes Normas.
Que en esa mención cabe incluir Resoluciones Generales tales como las Nros. 2 y 3 de 1987 — que reglamentaron el denominado 'trámite precalificado' originado, como mejora de los servicios del organismo, en los Convenios de Cooperación Técnica y Financiera nacidos al amparo de las leyes 23.383 y 23.412—, que fueron objeto de otras normas ampliatorias o complementarias (resoluciones generales nros. 8/87, 4/88, 6/90, 6/98); las Resoluciones Generales Nros. 17/91 y modificatorias y 20/91 sobre trámites de denuncias y régimen de notificaciones; las nros. 7/87, 6/91, 1/92, 5/00, 2/01, en materia —no prevista en las Normas de 1980— de matrículas de martilleros y corredores; las nros. 2/86 y 2/97 sobrellevado por medios computarizados del registro de acciones nominativas no endosables o escriturales autorizado por el artículo 6 del Decreto nº 259/96; la nº 8/93 sobre empresas binacionales argentino-brasileñas; la Resolución General Nº 7/95 sobre individualización y rúbrica de libros de comercio y otros, objeto de modificaciones por resoluciones nros. 3/98 y 11/04 y complementada también por la nº 9/98 sobre información de antecedentes de rúbricas; la Resolución General Nº 4/98 sobre ordenamiento de libros para efectuar las correspondientes inscripciones en el Registro Público de Comercio requeridas por la legislación sustantiva; la nº 5/98 sobre la forma de pago de las multas impuestas por el organismo conforme a los artículos 302 de la Ley nº 19.550 y 14 de la Ley Nº 22.315; la nº 4/01 sobre la admisibilidad de la inclusión de cláusulas de jurisdicción arbitral para la solución de controversias en sociedades por acciones y de responsabilidad limitada y contratos de colaboración empresaria; las resoluciones nros. 8/02 y 16/02, por las que fue instituido un trámite de carácter urgente para determinadas inscripciones registrales, autorizaciones o aprobaciones, libramientos de oficios, toma de conocimiento de cambios de autoridades y sede social de entidades de bien común y rúbrica de libros de comercio; la resolución nº 3/03 por la cual se establecieron criterios de interpretación de disposiciones contenidas en distintas resoluciones generales, especialmente las propias Normas de 1980 (Resolución General I.G.P.J. Nº 6/80), y se clarificaron y ajustaron recaudos instrumentales y de contenido de documentos, dictámenes de precalificación y otros elementos para fines registrales; las resoluciones nros. 7, 8 y 12 de 2003 sobre registración de sociedades constituidas en el extranjero, investigación de actos de las mismas calificados unilateralmente como aislados y adecuación de dichas sociedades al derecho argentino mediante su regularización, en supuestos de verificarse su encuadramiento en alguno de los extremos del artículo 124 de la ley 19.550; la resolución nº 22/04 que habilitó la posibilidad de que las denominadas sociedades 'vehículo' pudieran inscribirse a los efectos de los artículos 118 y 123 de la Ley Nº 19.550 sin cumplir ellas con la normativa pertinente de la resolución nº 7/03; las resoluciones nros. 2, 3 y 4 del corriente año sobre diversas cuestiones tales como la inadmisibilidad registral de las sociedades 'off shore' salvo su adecuación a la ley nacional, la admisión restrictiva de aquellas provenientes de jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación o no colaboradoras en la lucha contra el 'lavado de dinero' y el crimen transnacional, medidas de cancelación judicial de sociedades en infracción (resolución 2), publicidad prerregistral e individualización de socios afín a la requerida a sociedades nacionales (resolución 3) y notificaciones vinculantes y actuación necesaria de representantes inscriptos (resolución 4); la resolución nº 11/03 sobre registración de la cesación por renuncia de administradores de sociedades locales y representantes de sucursales de extranjeras; la nº 2/04 por la cual fueron sustituidas algunas normas de la resolución nº 17/91 sobre tramitación de denuncias relativas a entidades de bien común y se instituyó un procedimiento simplificado ajustado a principios de concentración y economía procedimental; la resolución nº 5/04, por la cual se posibilitó un procedimiento de cancelación sin previa liquidación de la inscripción de sociedades inactivas; las nros. 6 y 7 del mismo año referidas a requisitos de la denominación de las asociaciones civiles y fundaciones, la fijación efectiva de su sede social, la comprobación de su desenvolvimiento para el cumplimiento de sus objetivos mediante visita de inspección previa a decidir sobre el otorgamiento de personería jurídica y la titularidad de participaciones en sociedades; la resolución nº 9/04 sobre los requisitos del objeto de las sociedades; la nº 12/04 sobre el cambio de la sede social —sin modificación estatutaria o contractual— de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada y la exigencia de su efectividad como centro de la dirección y administración de los negocios sociales; la nº 13/04 relativa a recaudos de las publicaciones en el Boletín Oficial; la nº 17/04 sobre la organización por medios informáticos de libros índices alfabéticos de personas inhabilitadas por quiebra y de altas y bajas de designaciones de administradores de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones; la nº 18/04 por la que se estableció un modo opcional de integración de aportes dinerarios y conformación también dineraria del patrimonio social inicial en la constitución de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada y de asociaciones civiles y fundaciones, respectivamente; la nº 20/04 —modificada por la siguiente nº 21/04— sobre inscripción de la designación de administradores sociales y constitución de garantías de quienes lo sean de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada; la nº 25/04 por la que se estableció la obligatoriedad de la emisión de acciones liberadas sobre la cuenta de 'ajuste de capital' con carácter previo al aumento efectivo del capital social, el modo de tratamiento de los resultados sociales y la reglamentación de los denominados 'aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones'; y la nº 28/04 sobre confirmación de acuerdos sociales viciados, entre las principales.
Que las Normas que se dictan consolidan con variaciones no sustancialmente significativas la normativa a que se ha hecho mención, por lo que cabe reconocer que se mantiene básicamente inspirada en los motivos o fundamentos de aquella, a los cuales corresponde en consecuencia remitirse.
Que las soluciones particulares que portan algunas de las disposiciones, provienen de la jurisprudencia administrativa y judicial que esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA está facultada a aplicar y sus fundamentos se hacen extensivos a estas Normas. Tales, por vía de ejemplo, los criterios que se adoptan en orden a la exigencia de pluralidad sustancial de socios en la constitución de las sociedades y circunstancias sobrevinientes a ella, sociedades de profesionales, cláusulas sobre poderes generales de administración y disposición, valuación especializada de determinados bienes aportados en la constitución de la sociedad o el aumento de su capital, improcedencia de la denominada 'operación acordeón' como mecanismo para operar la variación del capital social, legitimación del director cesante para instar la respectiva registración, improcedencia de determinadas reorganizaciones de las que resulta patrimonio neto negativo, posibilidad de regularización de la sociedad civil de hecho, improcedencia de la reconducción cuando la causal disolutoria que se pretende remover tiene carácter de sanción, calidad de persona física del representante de sociedad constituida en el extranjero, suficiencia de la inscripción practicada conforme al artículo 118, tercer párrafo, de la ley de sociedades a los fines de la participación en sociedad local, criterios de apreciación del carácter principal de la actividad de las sociedades del exterior, efectos vinculantes de la sede social inscripta por dichas sociedades, suplencia de la falta de certificación previsional en transferencias de fondos de comercio, exigencia de que las asociaciones civiles y fundaciones desarrollen sus principales actividades en la jurisdicción donde fueron autorizadas, confirmación de asambleas y reuniones del consejo de administración de dichas entidades cuando han padecido vicios, régimen de impugnación de actos de sus órganos, entre otros.
Que recogiendo la práctica administrativa derivada de la necesidad de atender a trámites registrales no previstos en las Normas de 1980, a partir del año 2001, en el marco de la Carta Compromiso con el Ciudadano que la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA suscribiera, fueron elaboradas diversas ediciones de una Guía de Trámites que también constituye un antecedente de las presentes Normas, toda vez que, sin reemplazar a aquéllas de 1980, completó algunos de sus aspectos no cubiertos, especialmente en materia registral, tales como las inscripciones en el Registro Público de Comercio de la constitución y reforma de sociedades de responsabilidad limitada y de personas, el nombramiento y cesación de administradores sociales, la regularización de sociedades, la liquidación y cancelación de su inscripción, la cesión y constitución de derechos reales sobre cuotas de sociedades de responsabilidad limitada, las declaratorias de herederos, particiones hereditarias y liquidación de la sociedad conyugal, medidas cautelares, contratos de colaboración empresaria y transferencias de fondos de comercio, como así también inscripciones en la matrícula de comerciantes individuales y agentes auxiliares y de autorizaciones.
Que tales materias han sido objeto de reglamentación en estas Normas, dando así carácter formal a la mencionada fuente aportada por la práctica seguida en el organismo.
Que en materia contable, con las salvedades que se establecen, siguiendo la práctica existente, las disposiciones que se dictan comportan —con algunas salvedades que se establecen y sin perjuicio del tratamiento especial de otras cuestiones (aportes irrevocables, emisión previa de acciones liberadas sobre cuentas de capital, etc.)— la recepción de las normas técnico-profesionales dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en la medida de su acogimiento para la profesión contable en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta jurisdicción; además de receptarse algunas disposiciones de la Comisión Nacional de Valores, tal como acontece en materia de discontinuación de la contabilización de revalúos técnicos de bienes de uso.
Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la variedad de las regulaciones que fueron siendo dictadas y otros antecedentes como los que han sido señalados, así como las dificultades metodológicas que a esta altura acarrearía su inserción en el originario texto de las Normas de 1980, en el que tampoco quedó receptada la reforma societaria de 1983, resulta aconsejable procurar poner límite a la dispersión existente y tomar como nuevo punto de partida un reglamento único que en un plazo prudencial sustituya a las Normas de 1980 y a la normativa que las siguió y pueda ser utilizado, a su vez, de base más actualizada para futuras modificaciones, ello acorde con las exigencias más dinámicas del tráfico mercantil y su encauzamiento jurídico, con las cuales esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA debe hallarse consustanciada.
Que sin perjuicio de ello y atendiendo al temperamento seguido en ocasión de las nombradas Normas de 1980, por las particularidades que presentan los sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados y la sustancia legislativa que le ha sido reconocida a las reglamentaciones federales del organismo en esa materia, debe mantenerse separada su regulación, tal como ha sido consolidada en el texto aprobado por la Resolución General I.G.J. Nº 26/04.
Por ello y lo dispuesto por los artículos 4º, 11 y 21 de la Ley Nº 22.315 y los artículos 1º y 2º y concordantes del Decreto Nº 1493/82,
EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
Aprobar las Normas de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA que como Anexo 'A' son parte de la presente resolución.
Dentro de los treinta (30) días de publicada la presente, serán aprobados y publicados los Anexos siguientes a que se hace referencia en las Normas:
1. El Anexo I sobre formularios de actuación a utilizar en los diferentes trámites (aprobados oportunamente por la Resolución Nº 166/87 de la ex SECRETARIA DE JUSTICIA y a los cuales hace mención el artículo 2º de estas Normas), el cual sustituirá oportunamente al actual Anexo de la Resolución General I.G.J. Nº 3/87, modificado por la Resolución General I.G.J. Nº 6/98.
2. El Anexo II sobre dictámenes de precalificación requeridos para diversos trámites contemplados en estas Normas, el cual sustituirá oportunamente al actual Anexo de la Resolución General I.G.J. Nº 2/87.
3. El Anexo III, denominado 'Anexo de trámites urgentes'.
4. El Anexo VII, denominado 'Estado de capitales y forma de integración del aumento', el cual sustituirá oportunamente al Anexo previsto por el artículo 43 de las Normas aprobadas por la Resolución General I.G.P.J. Nº 6/80, modificado por la Resolución General I.G.J. Nº 4/87.
5. El Anexo XIV, denominado 'Estatuto tipo de asociación civil'.
6. El Anexo XV, denominado 'Estatuto tipo de fundación'.
( Nota Infoleg: Ver art. 1º de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005 que aprueba los Anexos contemplados en el presente artículo)
Mantiénense los Anexos siguientes de la normativa actualmente vigente, los cuales al efecto del ordenamiento en estas Normas y eventuales modificaciones que puedan requerir, quedan numerados como sigue y se reproducirán con dicha numeración:
1. El Anexo 'A' de la Resolución General I.G.J. Nº 10/03, como Anexo IV de estas Normas
2. El Anexo II de la Resolución General I.G.J. Nº 20/91, como Anexo V.
3. Los Anexos 'A' y 'B' de la Resolución General I.G.J. Nº 4/01, como Anexos VI y VIII respectivamente
4. Los Anexos II, III, IV, V (éste modificado por la Resolución General I.G.J. Nº 11/04) y VI de la Resolución General I.G.J. Nº 7/95, como Anexos IX, X, XI, XII y XIII, respectivamente.
Dentro del plazo indicado en el artículo anterior, se procederá a la publicación de la reproducción de estos Anexos bajo la nueva numeración que se les asigna.
( Nota Infoleg: Ver art. 2º de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005 que dispone la reproducción de los Anexos indicados en el presente artículo con las adecuaciones que se introducen a los aprobados como Anexo IV y XII-, con la nueva numeración que se les asigna, los cuales son parte de la norma de referencia)
Las Normas que se aprueban entrarán en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial, oportunidad en la cual, con las salvedades que sobre sus Anexos resultan del artículo anterior y las que se efectúan en los artículos siguientes, sustituirán a la Resolución General I.G.P.J. Nº 6/80 y a las resoluciones generales dictadas a partir de ella en ejercicio de las funciones y atribuciones resultantes de las leyes 19.550, 22.315, el Decreto Nº 1493/82 y toda otra disposición legal o reglamentaria que las prevea, excluidas la Resolución General I.G.J. Nº 26/04 y toda otra normativa que, en la materia de la misma —sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados— la modifique y/o complemente y haya sido dictada o se dicte en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 22.315.
( Nota Infoleg : Por art. 1° de la Resolución General N° 1/2006 de la Inspección General de Justicia B.O. 14/2/2006 se deja constancia expresa de que la presente Resolución General aprobatoria de las Normas de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, con los Anexos, modificaciones y enmiendas aprobados por la Resolución General I.G.J. Nº 10/05, entrarán en vigencia a partir del día 21 de febrero del corriente año).
La normativa que habrá de sustituirse será de aplicación a los trámites iniciados y en curso a la fecha de la presente resolución y a los que se inicien durante el lapso indicado en el artículo anterior y regirá a unos y otros los mismos hasta su conclusión, aun cuando ésta deba producirse con posterioridad a la entrada en vigencia de estas Normas.
Queda a salvo no obstante, el derecho de los interesados a solicitar, en trámites de inscripciones en el Registro Público de Comercio, la aplicación de disposiciones de estas Normas que consideren de carácter más favorable a la procedencia de sus pretensiones. (Término sustituido por art. 4º pto. 55) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Establécense las siguientes normas transitorias:
1. Las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada que con anterioridad a la vigencia de estas Normas no han reformado sus estatutos y contratos en la oportunidad y forma previstas por el artículo 1º, incisos 4, 5 y 6, de la Resolución General I.G.J. Nº 1/05, deberán adecuar las estipulaciones de los mismos a lo requerido en el artículo 75 de las Normas que se aprueban en ocasión de la primera modificación que dispongan a partir de la vigencia de ellas.
2. Sin perjuicio de lo que se establece en el Libro IV, mantendrán ultraactividad aquellas resoluciones generales que hayan establecido la forma de presentación de determinados estados contables que correspondan a ejercicios económicos cerrados con anterioridad a la vigencia de estas Normas y que se presenten a partir de entonces. Se comprenden especialmente las presentaciones de estados contables expresamente contemplados por las Resoluciones Generales I.G.J. Nros. 2/02 y 11/02, ésta segunda hasta la vigencia y aplicabilidad de la Resolución General I.G.J. Nº 4/03 en la forma que ésta última prevé.
3. Los aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones recibidos con anterioridad a la vigencia de la Resolución General I.G.J. Nº 25/04 (22 de diciembre de 2004) y en relación con los cuales, a la fecha de la presente resolución, no haya recaído decisión social sobre su capitalización, deberán ser objeto de tal decisión dentro de los ciento ochenta (180) días previsto en el artículo 4º, a cuyo fin y con efecto al 8 de agosto de 2005, tiénese por prorrogado, hasta la entrada en vigencia de estas Normas, el plazo previsto en el artículo 4º de la Resolución General I.G.J. Nº 1/05. Vencida la prórroga sin haberse resuelto la capitalización de los aportes, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 271 de las Normas que se aprueban.
El sometimiento a decisión sobre la capitalización de aportes comprendidos en este artículo y que no fueron objeto de la misma con anterioridad al 8 de agosto de 2005, requiere el consentimiento expreso y por escrito del aportante con derecho a su restitución.
4. En los trámites de adecuación a la legislación argentina regidos por la Resolución General I.G.J. Nº 12/03, no se requerirá la acreditación de la cancelación de la inscripción de la sociedad en su anterior jurisdicción ni tendrán lugar los efectos previstos para su incumplimiento por dicha norma (artículo 2º, inciso 4º, subinciso e, párrafos segundo y tercero).
5. Las solicitudes de aprobación de revalúos técnicos que se efectúen a partir de la publicación de estas Normas, deberán hacerse expresamente a los efectos establecidos en el artículo 275, párrafo segundo, de las Normas que se aprueban.
6. Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de estas Normas cuenten con autorización de uso de registros contables por los medios previstos en el artículo 61 de la Ley Nº 19.550, deberán en su caso adecuar los mismos a los requerimientos contenidos en el Título II del Libro IV a partir del ejercicio económico inmediato siguiente a la vigencia de estas Normas, incorporando las modificaciones necesarias para cumplimentar los requisitos establecidos y efectuando si fuere menester las presentaciones necesarias.
Dentro de los treinta (30) días de publicada la presente, las Jefaturas de Departamento deberán informar sobre la existencia de situaciones transitorias no previstas en los incisos anteriores ni susceptibles a su criterio de ser tratadas analógicamente, si las hubiere, elevando el proyecto de norma necesaria para atender a las mismas.
A fin de atender a eventuales situaciones no previstas, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA podrá aplicar en los actos librados a su competencia que correspondan, cualquiera sea el carácter de éstos, la doctrina, criterios y jurisprudencia emergente de sus resoluciones generales y particulares y dictámenes anteriores a las presentes Normas, en todo cuanto ello no sea incompatible con las mismas.
Sin perjuicio de ello, las Jefaturas de Departamento deberán también cada vez que lo entiendan oportuno, elevar al Inspector General de Justicia los proyectos de normas complementarias, modificatorias, aclaratorias o de enmiendas que estimen necesarias.
Delégase en las Jefaturas de Departamento en los términos del artículo 21, inciso d), de la Ley Nº 22.315, la emisión de las instrucciones de servicio necesarias para la interpretación de las presentes Normas y para cubrir aquellos aspectos procedimentales y formales no previstos en ellas ni en la normativa legal y reglamentaria de aplicación supletoria, con el objeto de la mayor agilidad y flexibilidad en el cumplimiento de los trámites.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º, mantendrán vigencia las resoluciones de cualquier carácter que fueren, que hayan establecido recaudos de emisión de documentación (certificaciones de inscripciones, testimonios de resoluciones particulares, constancias de rúbricas, autorizaciones de revalúos técnicos y llevado de registros por medios mecánicos, u otra) en condiciones de seguridad.
A los fines de procurar el mantenimiento de una reglamentación única conformada por las Normas aprobadas por la presente, las sucesivas resoluciones generales de alcances permanentes que sean dictadas en ejercicio de las funciones y atribuciones resultantes de las leyes 19.550, 22.315, el Decreto Nº 1493/82 y toda otra disposición legal o reglamentaria que las contemple, deberán prever su incorporación a estas Normas, indicándose al efecto con precisión el Libro, Título, Capítulo, Sección y Parte adonde corresponda insertar el articulado respectivo identificando el mismo —en los casos que no consistan en reformas al existente— de forma que lo diferencie suficientemente sin alterar la correlatividad ( bis, ter, quater, etc.).
Cuando la cantidad y entidad de las modificaciones lo ameriten, se publicará oportunamente un texto ordenado y actualizado de las Normas.
Regístrese como resolución general. Publíquese. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuníquese a las Jefaturas de los Departamentos del organismo, a los funcionarios a cargo de la Oficina de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales y de la Oficina Judicial y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, encareciendo a éste ponga la presente resolución en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase al Departamento Coordinación Administrativa. Oportunamente archívese. — Ricardo A. Nissen.
ANEXO 'A'
NORMAS DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Se deben notificar por cédula o mediante oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción (conforme incisos c y e del art. 41 del Decreto Nº 1759/1972, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549) las providencias y resoluciones que:
1. Confieran vistas o traslados, salvo se indique expresamente que la notificación será personal por Mesa de Entradas o el Despacho del Departamento interviniente;
2. Ordenen medidas instructorias y/o de prueba, con excepción de las producidas de oficio por el Organismo;
3. Contengan intimaciones o apercibimientos;
4. Dispongan la reanudación de plazos suspendidos;
5. Apliquen medidas correctivas o disciplinarias o dispongan remitir actuaciones a tal efecto a otras autoridades competentes o entidades con facultades de tal carácter; (Término sustituido por art. 4° pto. 4) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005
6. Dispongan la citación de personas extrañas al trámite;
7. Sean dictadas con carácter definitivo o interlocutorio;
8. Sean dictadas por el Inspector General de Justicia;
9. Toda otra especialmente prevista en estas Normas o en disposiciones supletoriamente aplicables o en todo caso en el que se disponga la notificación por cédula por convenir a las circunstancias del trámite o de actos cumplidos en el mismo.
Contenido de la cédula.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución General N° 3/2014 de la Inspección General de Justicia B.O. 11/12/2014. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación)
La cédula debe confeccionarse conforme al Anexo que en estas Normas se indica como Anexo V y contener:
1. Nombre y apellido de la persona física o denominación social de la entidad a la que se dirija; si la notificación se ordenó con carácter personal, debe aclararse.
2. Domicilio o sede social con indicación de su carácter.
3. Carátula y número del expediente o trámite en que se libra y Departamento y/o Area interviniente en las actuaciones, en su caso.
4. La indicación de si se acompañan o no copias y en caso afirmativo cantidad de fojas acompañadas y foliatura que las mismas tienen en las actuaciones.
5. La individualización de la resolución o providencia que se notifica, de la que se debe agregar copia.
6. Fecha, firma y sello.
Incumplimiento o defecto en los recaudos; devolución.
Dentro de quinto día de dictada la providencia o resolución, la cédula debe remitirse para su diligenciamiento a la oficina correspondiente. Si no está confeccionada observando debidamente los recaudos del artículo anterior o presenta errores materiales verificables con normal diligencia, debe ser devuelta de inmediato al Departamento o Area de origen con indicación de los defectos observados.
Diligenciamiento.
La cédula debe ser diligenciada por la oficina correspondiente dentro de quinto día de recibida en forma, salvo que la resolución o providencia a notificar indiquen un plazo menor, o conste en la cédula el carácter urgente de la notificación o que ésta debe efectuarse en el mismo día de su recepción en horario hábil.
La notificación se debe practicar dejándose copia de ella y las piezas adjuntas, consignándose en dicha copia la fecha y hora de la diligencia y la firma del notificador.
El original se agregará a las actuaciones donde se dispuso la notificación con informe fechado y firmado por el notificador inserto al reverso del original, mencionando en su caso las condiciones y circunstancias que correspondan de acuerdo con el artículo 16 e individualizando al destinatario de la notificación o a la persona que la haya recibido, cuya firma o constancia de negativa a suscribirla deben también obrar.
Situaciones especiales en el diligenciamiento.
En cumplimiento de la diligencia el notificador debe actuar de acuerdo con las siguientes pautas:
I – Cédulas dirigidas a domicilios legales o constituidos. La diligencia debe cumplirse con cualquier persona que allí se halle, debiendo constar en el duplicado de la cédula su identidad y firma o en su caso su negativa o imposibilidad de firmar.
Si la persona, identificada o no, se negare a recibir la cédula y copias que la instruyan, las mismas se deben fijar en la puerta de acceso del domicilio o bien se las hará ingresar por debajo de dicha puerta, de lo que se debe dejar constancia en el duplicado de la cédula.
El diligenciamiento no se llevará a cabo únicamente en el caso de no existir materialmente el domicilio indicado en la cédula.
II – Cédulas dirigidas a domicilios reales o denunciados. Debe distinguirse:
1. Si se trata de una casa:
a) Si persona de la misma informa que el destinatario de la notificación vive allí, se notifica a éste si se hiciere presente o en su defecto a la persona que informó u otra de la casa, procediéndose en su caso de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2º del apartado I.
b) Si se informa al notificador que la persona no vive allí, la notificación no se practicará.
c) Si no se responde a los llamados del notificador, éste debe reiterarlos una sola vez y consultar seguidamente a vecinos del lugar. Si éstos informan que el destinatario de la notificación vive en el domicilio indicado en la cédula, ésta y las copias que la instruyan se deben entregar a ellos o, si no fuese posible, fijar en la puerta de acceso a dicho domicilio o ser deslizadas por debajo de ella. Si se informa que la persona no vive o no es conocida en el lugar, la notificación no se practicará. (Expresión incorporada por art. 4º pto. 5) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
2. Si se trata de un inmueble que cuenta con pisos, unidades, departamentos, oficinas o locales:
a) El domicilio debe estar indicado en la cédula de manera completa y precisa (piso, departamento, unidad, oficina, local, etc.) que permita su identificación correcta en el lugar en que debe realizarse la diligencia. En su defecto y salvo que pueda actuarse como se prevé en el siguiente literal b), la notificación no se practicará, debiendo devolverse la cédula con informe escrito y firmado del notificador en el que se deben indicar las discordancias u omisiones existentes.
b) Si falta en la cédula la mención de piso, departamento, unidad, oficina, local, etc., la notificación podrá efectuarse únicamente si el nombre de su destinatario y el lugar preciso en que el mismo se halla dentro del inmueble, constan en un tablero indicador o elemento similar fijo y disponible para consulta general en el hall o zona de acceso al edificio o si constando éste de pocas unidades, departamentos, oficinas, locales, etc., el notificador puede recorrerlo y visualizar la mención del destinatario de la notificación en la puerta, fachada o vidriera de alguno de ellos. (Expresión derogada por art. 4º pto. 5) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
c) Si observados los recaudos de los literales a) y b), al intentarse la notificación nadie responde a los llamados del notificador, éste deberá consultar al respecto al encargado del inmueble, si lo hubiere. Si éste informa que el destinatario de la notificación vive en el edificio, se le entregará la copia de la cédula y documentación adjunta; si se negare a su recepción, el notificador deberá fijar tales elementos en la puerta del lugar indicado en la cédula o pasarlos por debajo de ella. Si a falta de encargado, la información se obtuviere de otras personas del edificio, la cédula y sus copias se fijarán o pasarán por debajo de la puerta del lugar precisado en ella.
3. Si no existe chapa municipal y en su lugar la numeración se encuentra pintada: la diligencia se debe efectuar en las condiciones contempladas en los numerales 1. ó 2. del presente apartado, según corresponda. (Vocablo derogado por art. 4º pto. 5) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Notificación personal.
La notificación personal se debe efectuar mediante nota en el expediente firmada por el interesado, representante legal, apoderado, letrado patrocinante o persona especialmente autorizada.
Si cualquiera de dichas personas examinan el expediente o solicitan la expedición de cualquier copia o desglose de documentación, están obligadas a notificarse expresamente de todas las providencias o resoluciones pendientes de notificación.
Si no lo hicieren, no supieren o no pudieren firmar, se los tendrá por notificados con la constancia que de ello deje el funcionario o empleado interviniente.
En todos los casos se debe indicar la foliatura de la resolución o providencia que se notifica o se tiene por notificada y hacer constar en su caso la entrega de copias. La diligencia será firmada y sellada por el funcionario o empleado interviniente. (Expresión incorporada por art. 4º pto. 6) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Nulidad de la notificación.
Será inválida a los efectos administrativos toda notificación no ajustada a los artículos precedentes, siempre que su irregularidad haya impedido el ejercicio oportuno de los actos o prerrogativas procedimentales del caso.
Si pese a tal irregularidad, el destinatario de la notificación, su apoderado o letrado patrocinante tuvieron conocimiento efectivo del acto, la notificación se tendrá por cumplida desde entonces.
Notificaciones en extraña jurisdicción. Medios; recaudos.
Si la notificación debe practicarse en domicilio situado fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo sean aplicables convenios especiales a tal fin, se la efectuará por carta documento certificada con aviso de recepción; las copias que deban instruirla serán remitidas por carta certificada con aviso de retorno o por cualquier medio fehaciente que certifique su recepción.
La carta documento debe indicar datos pertinentes requeridos por el artículo 13, el objeto de la notificación y la transcripción de la providencia o en su caso de la parte dispositiva de la resolución que se notifica, citándose en su caso el número de la pieza postal utilizada para remitir las copias.
Ampliación de plazos.
Cuando la notificación se efectúe en extraña jurisdicción, el plazo de toda presentación que por razón de la misma pueda corresponder se ampliará en un día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción no inferior a cien (100) kilómetros.
Notificación por medios electrónicos. Fax.
Las providencias previstas en el artículo 12, incisos 1 a 4, en el inciso 7 cuando no tengan carácter definitivo y en el inciso 9, podrán ser notificadas a la dirección electrónica que en su oportunidad se fije conforme a lo previsto en el artículo 11, en los casos en los cuales la notificación no requiera que se adjunten copias de documentación.
A tal fin, la notificación electrónica se remitirá en día y horario administrativos hábiles. Deberá contener la carátula y número del expediente o trámite en que se libra y del Departamento y/o Area interviniente en las actuaciones y la transcripción de la providencia.
El agente a cargo de la notificación agregará a las actuaciones copia firmada del mensaje electrónico.
Si se indicó un número de fax correspondiente a comunicaciones dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se remitirá por tal vía la notificación de la providencia, debiendo constar los datos indicados en el segundo párrafo. El agente a cargo de la notificación deberá dejar poner nota del medio empleado en la providencia notificada y firmar y agregar a las actuaciones la constancia de transmisión del telefacsímil. La notificación se tendrá por válida con la constancia emitida por la máquina mediante la cual se efectuó la transmisión, de donde surja la recepción en condiciones normales y por realizada en la fecha que surja de dicha constancia a los efectos de los plazos que correspondan. (Artículo sustituido por art. 3º pto. 1) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Notificaciones en trámites con precalificación. Otras notificaciones automáticas.
Serán notificadas en forma tácita y automática las observaciones que correspondan a:
1. trámites con precalificación profesional según lo previsto en el Anexo II de estas Normas,
2. trámites para la obtención de certificado provisorio o definitivo de empresas binacionales (conforme artículos 255 a 258),
3. cumplimiento del régimen informativo anual de las sociedades extranjeras (inscriptas conforme al artículo 118 o 123 de la Ley Nº 19.550),
4. informes previstos en el artículo 287 apartados I y II,
5. solicitud para realizar asambleas fuera de jurisdicción (conforme artículo 408),
6. obligatoriedad de autorización previa contemplada en el artículo 284,
7. adecuación libros rubricados (artículo 242),
8. solicitud de concurrencia de inspector de justicia a asambleas o reuniones de directorio (artículo 150),
9. solicitud de concurrencia de inspector de justicia a asambleas, reuniones de comisión directiva o consejo de administración (artículos 412, 429, 434),
10. trámites respecto de matrículas individuales y autorizaciones para ejercer el comercio (Libro V títulos I y II de esta resolución).
Las observaciones se tendrán por notificadas el día hábil siguiente a que las actuaciones se encuentren en el casillero especial a tal fin en la Mesa General de Entradas y Archivo del organismo, o en la Mesa de Entradas del Departamento correspondiente según cada trámite, y deberán ser contestadas dentro del plazo de diez (10) días, transcurrido el cual se procederá a su archivo.
Las demás notificaciones que deban producirse tácita y automáticamente deben hallarse expresamente previstas.
Normas supletorias.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución General N° 2/2014 de la Inspección general de Justicia B.O. 7/11/2014. Vigencia: el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)
Para los casos no previstos expresamente en este Capítulo, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del código Procesal Civil y Comercial de la Nación y las Acordadas que correspondan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los plazos previstos en estas Normas o que se determinen en cada caso, se computarán por días hábiles administrativos, salvo que expresamente se indique que su curso es en días corridos.
Prórrogas.
Podrán acordarse prórrogas sobre los plazos contemplados en estas Normas, únicamente si se invocan razones concretas que justifiquen el pedido.
La concesión de la prórroga debe disponerse dentro de quinto día habil de solicitada y se tiene por notificada tácita y automáticamente el primer día hábil inmediato siguiente al vencimiento de dicho plazo en la Mesa de Entradas de la Inspección General de Justicia o en el Despacho del Departamento en el cual tramiten las actuaciones, según donde se encuentren éstas. El plazo que se acuerde corre a partir del quinto día hábil inmediato siguiente a la fecha de la providencia respectiva, salvo que por razones de urgencia dicha providencia fije un modo de cómputo distinto y disponga la notificación por cédula. (Expresión incorporada por art. 4º pto. 7) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Transcurrido el plazo acordado sin haberse efectuado presentación alguna conducente al cumplimiento de aquello para lo cual se solicitó la prórroga, la Inspección General de Justicia podrá aplicar las sanciones previstas en la Ley Nº 22.315 considerar la responsabilidad disciplinaria del profesional que suscribió el pedido en los términos del artículo 1º de la Ley Nº 19.549 y cursar comunicación, con los antecedentes del caso, a la autoridad de superintendencia de su matrícula.
La denegación de la prórroga se dispondrá y notificará en la misma forma establecida en el párrafo segundo y los efectos del incumplimiento del plazo se considerarán a partir del vencimiento de éste o de la fecha de notificación, lo que fuere posterior. (Término incorporado por art. 4º pto. 7) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Vistas y traslados .
Salvo indicación de plazo especial, las vistas y traslados se consideran conferidos por el plazo de diez (10) días, transcurrido el cual se proseguirán las actuaciones conforme a su estado o se dispondrá su archivo o procederá en la forma especialmente prevista para el caso, según corresponda.
Las resoluciones que impongan sanciones de acuerdo con los artículos 12 y 13 de la Ley Nº 22.315, 14 de la misma ley respecto de asociaciones civiles y fundaciones e integrantes de sus órganos de administración y fiscalización, 302 de la Ley Nº 19.550 y demás disposiciones aplicables, discriminarán las diversas infracciones y la sanción que corresponda a cada una de ellas.
Apercibimiento.
La sanción de apercibimiento se impondrá por infracciones formales leves que se cometan por única vez. La reiteración del mismo incumplimiento, previa intimación a subsanarlo en el plazo que en caso se determine, se sancionará con multa.
Apercibimiento con publicación.
La sanción de apercibimiento con publicación se fundará en la repercusión pública que la resolución que la imponga pondere para el hecho o hechos por razón de los cuales haya sido impuesta. Su cumplimiento deberá acreditarse dentro de los quince (15) días de haber quedado firme la resolución que la impuso o, en su caso, el fallo judicial confirmatorio. En caso contrario, será aplicable a la entidad el máximo de la multa resultante de los artículos 302, inciso 3, de la Ley Nº 19.550 ó 14, inciso c), de la Ley Nº 22.315, sin perjuicio del inicio de la acción judicial necesaria para efectivizar la publicación.
Multa. Graduación.
La sanción de multa se graduará progresivamente, cuando se trate de la reiteración de hechos de la misma clase, a partir del monto inicial determinado por la gravedad del primero de los hechos por el que se aplique la sanción. Dicho monto se incrementará por cada infracción similar hasta la cifra máxima a que se refiere el artículo anterior, la cual en lo sucesivo se reiterará.
Transcurridos tres (3) años sin producirse la comisión de nueva infracción de esa clase, los antecedentes existentes hasta entonces dejarán de ser ponderados y para las infracciones que se produzcan posteriormente se seguirán ab initio las pautas de graduación establecidas en el párrafo precedente.
No se aplicará la graduación contemplada en el primer párrafo en los casos en los que las disposiciones de estas Normas prevén expresamente la imposición del monto máximo de multa autorizado por la legislación vigente.
Multa. Plazo de pago. Intereses. Ejecución .
La multa debe ser abonada dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la resolución que la impuso o el fallo judicial que la haya confirmado. Vencido dicho plazo, correrán hasta el efectivo pago los intereses previstos en el artículo 55 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones), los que serán abonados junto con el importe de la multa.
Lo dispuesto en el párrafo precedente reviste carácter supletorio respecto de previsiones especiales que en su caso contenga la resolución sancionatoria.
El cobro judicial de las multas por su importe de capital e intereses, tramitará por el procedimiento de ejecución fiscal. Para ello constituirá título suficiente la copia auténtica de la resolución sancionatoria y de la sentencia confirmatoria en su caso.
Subsanación de incumplimientos. Sanciones a integrantes de órganos de administración y fiscalización.
La resolución que imponga cualquiera de las sanciones aplicables contendrá, cuando corresponda, la intimación a hacer cesar los hechos u omisiones sancionados, presentando dentro del plazo que al efecto se establezca la información o documentación o cumpliendo con los actos y trámites que procedan en el caso. La intimación se formulará bajo apercibimiento de sanción de mayor gravedad en caso de incumplírsela.
Cuando la sanción haya sido aplicada únicamente a la sociedad, asociación civil o fundación, la misma se pondrá también en conocimiento, a los fines de lo dispuesto en el párrafo que sigue, de los integrantes de sus órganos de administración y fiscalización, notificándoselos por cédula en los domicilios especiales que hayan constituido o, en su defecto, en la sede social de la entidad.
Si correspondiere nueva sanción, ella podrá hacerse extensiva a aquellos de dichos integrantes que, emplazados al efecto, omitan acreditar documentadamente que obraron para que se cumpliera con la intimación y que, a falta de resultado, dejaron expresa constancia de su protesta.
Registro de sanciones.
La Inspección General de Justicia llevará por medios informáticos un registro de sanciones aplicadas a las entidades e integrantes de sus órganos.
Las inscripciones en el Registro Público de Comercio se rigen por las disposiciones de este Título, sin perjuicio de lo establecido para supuestos particulares por las presentes Normas. (Término sustituido por art. 4º pto. 8) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Actos que se inscriben.
El Registro Público de Comercio inscribe documentos que contienen los siguientes actos:
I – En cuanto a los sujetos registrables que sean personas físicas:
1 . Las matrículas individuales de comerciantes, martilleros, corredores no inmobiliarios, despachantes de aduana, agentes de bolsa y las de los demás auxiliares del comercio que correspondan, con domicilio comercial en Capital Federal. (Punto sustituido por art. 1º de la Resolución General Nº 2/2008 de la Inspección General de Justicia B.O. 7/11/2008. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
2 . Sus documentos complementarios, alteraciones, mandatos, revocatorias, limitaciones y cancelaciones.
3 . Su situación concursal.
II – En cuanto a los sujetos registrables que sean sociedades comerciales domiciliadas o con sucursal en la Capital Federal:
1 . La constitución, modificación, alteración, complemento, creación o cierre de sucursal, reglamento, transformación, fusión, escisión, disolución, prórroga, reactivación, liquidación y cancelación de la sociedad.
2 . La designación y cese de miembros de los órganos de administración, representación y en su caso fiscalización.
3 . Las variaciones de capital.
4 . La emisión de obligaciones negociables y debentures, sus alteraciones y cancelaciones.
5 . La regularización, disolución, liquidación y cancelación de sociedades no constituidas regularmente.
6 . La transmisión por cualquier título de cuotas de sociedades de responsabilidad limitada y partes de interés de sociedades colectivas, en comanditas simples, de capital e industria y en comanditas por acciones.
7 . La constitución, modificación, cesión y cancelación de derechos reales sobre cuotas.
8 . Los embargos u otras medidas cautelares que recaigan sobre cuotas y partes sociales, sus modificaciones o levantamientos, y las medidas cautelares que afecten a sociedades.
9 . Los contratos y documentos de sociedades constituidas en el extranjero en los términos de los artículos 118, 119 y 123 de la Ley Nº 19.550, en los casos y de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones del Título III del Libro III.
10 . La situación concursal de las sociedades, sus socios, administradores, representantes e integrantes de órganos de fiscalización.
11 . Las medidas cautelares que afecten actos registrables de la sociedad.
III – En cuanto a actos y contratos ajenos a las matrículas:
1 . Las autorizaciones para el ejercicio del comercio y emancipaciones.
2 . Las emisiones de obligaciones negociables autorizadas por la ley respecto de cooperativas, asociaciones y entidades estatales autorizadas, no sujetas a inscripción en el Registro Público de Comercio y domiciliadas en Capital Federal.
3 . Los reglamentos de gestión de fondos comunes de inversión, su rescisión, reforma o modificación, con domicilio en Capital Federal.
4 . Los contratos de agrupación de colaboración y de unión transitoria de empresas con domicilio en Capital Federal y sus modificaciones y alteraciones.
5 . Los contratos de transferencia de fondos de comercio ubicados en Capital Federal.
6 . Los demás documentos cuya registración disponga o autorice la ley.
Documento Registrable. Autenticidad. Clases.
El Registro Público de Comercio inscribe documentación auténtica. El documento por inscribir debe ser:
1. Escritura pública. Si la misma contiene transcripción de actos o acuerdos obrantes en libros sociales, deben identificarse los libros con sus datos de rúbrica y folios correspondientes.
2. Instrumento privado cuando corresponda, siempre que las firmas de sus otorgantes se encuentren certificadas por escribano público u otro funcionario competente o se ratifiquen personalmente en la Inspección General de Justicia ante funcionario o agente autorizado, previo a ordenarse su inscripción.
Cuando el instrumento contenga transcripción de actos o acuerdos obrantes en libros sociales, debe estar firmado por el o los representantes legales de la sociedad y la certificación notarial debe además acreditar:
a) Que lo en él transcripto es fiel al contenido original obrante en los libros sociales, identificando específicamente éstos e indicando sus datos de rubricación y los folios de los cuales se han extraído las transcripciones;
b) Que el o los firmantes han justificado su personería.
Forma alternativa. No tratándose de certificación notarial se admitirá el instrumento privado susceptible de registración si se acompaña de una declaración jurada de abogado o graduado en ciencias económicas que explicite que se ha constatado la fidelidad de su contenido a las constancias de los libros, a cuyo fin el profesional debe además firmar todas las hojas del instrumento e identificar los libros sociales, folios y datos de rúbrica correspondientes. El profesional debe acreditar su condición de apoderado o bien estar especialmente autorizado en el acta transcripta en el instrumento a inscribir y su firma debe ser legalizada por la autoridad de superintendencia de la matrícula, salvo que se trate del mismo profesional firmante del dictamen de precalificación. (Expresión sustituida por art. 4º pto. 9) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Quedan exceptuados del tratamiento previsto en el párrafo anterior todos aquellos actos en los que la legislación de fondo en la materia requiera instrumento público o certificación notarial.
3. Oficio o testimonio judicial conteniendo el acto o medida del caso y la orden expresa de su registración, con firmas ológrafas del juez y/o secretario del Tribunal y las legalizaciones que en su caso correspondan; el mismo debe identificar correctamente al tribunal interviniente, los datos del afectado, incluidos los de su inscripción si la hubiera, y el monto del embargo en su caso, transcribiéndose la resolución ordenatoria si la pieza no está suscripta por el juez;
4. Resolución administrativa que contenga recaudos análogos apropiados a su objeto.
5. Documentación proveniente del extranjero, cuando se presente con las formalidades establecidas por el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto. Si el instrumento estuviere legalmente exento de traducción, con su presentación, o en su caso en el dictamen de precalificación correspondiente, debe indicarse la norma específica que lo establezca o permita.
Cantidad de ejemplares.
Salvo disposición que requiera un mayor número de ejemplares, el documento registrable debe acompañarse en su original o primer testimonio, una copia de tamaño normal y una copia de margen protocolar (“margen ancho”), entendiéndose por esta segunda a la que guarde en su anverso izquierdo y reverso derecho un margen de ocho (8) centímetros. Asimismo deberá acompañarse copia de margen protocolar del dictamen de precalificación.
Control de legalidad.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución General N° 5/2012 de la Inspección General de Justicia B.O. 26/3/2012. Vigencia: a los quince (15) días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial)
Previo a ordenarse la inscripción, se verificará la legalidad del documento y del acto contenido en él, comprendiéndose en ello la verificación del cumplimiento de todos los requisitos formales y sustanciales que en cada caso correspondan.
Exceptúanse las modificaciones, disolución, liquidación y demás actos sujetos a la competencia y autorizados por la Comisión Nacional de Valores, los cuales se inscribirán en forma automática conforme al artículo 4º, inciso c) in fine, de la Ley Nº 22.315.
Tracto sucesivo.
Para inscribir actos o contratos otorgados o relacionados con un sujeto inscribible, se requiere la previa inscripción de éste. Las inscripciones sucesivas requerirán a su vez que se efectúen previa o simultáneamente las de actos o contratos antecedentes que se les relacionen.
Administradores sociales. A los fines de la observancia del tracto, la inscripción de todo documento relativo al cumplimiento de resoluciones sociales, requiere la previa o simultánea inscripción del nombramiento de los administradores sociales en funciones al tiempo de la presentación de dicho documento y la inscripción de la cesación de sus antecesores, aun cuando el nombramiento de éstos no hubiera sido inscripto en su oportunidad.
Duda sobre el tracto. En caso de duda sobre la relación de tracto entre dos o más actos, se resolverá en beneficio de la publicidad, requiriéndose la inscripción previa o simultánea de los anteriores.
Dictámenes de precalificación. Los dictámenes de precalificación profesional deben expedirse sobre el tracto, cuando corresponda.
Efectos.
La inscripción no convalida ni sanea los actos o contratos que sean total o parcialmente nulos o anulables según el derecho de fondo. Sin perjuicio de ello, el contenido del documento y su inscripción se presumen exactos y válidos.
La inscripción produce respecto del propio acto inscripto efectos internos declarativos o constitutivos según las normas sustantivas aplicables al mismo y efectos externos de oponibilidad a terceros.
Inscripción en libros.
Las inscripciones se practicarán en libros especiales, mencionando su fecha y número, el tipo, fecha y en su caso número de instrumento, el acto objeto de inscripción y el sujeto, contrato o acto a que correspondan y el número de trámite y legajo. En las medidas cautelares de contenido pecuniario se agregará el monto por el que se hubieren trabado, discriminado en sus diversos rubros indicados en el oficio judicial.
Cancelación de inscripciones .
La cancelación de inscripciones se efectuará mediante nota marginal a ellas en el libro en que obren, dejándose también constancia en la copia protocolar correspondiente.
Libros especiales.
Los libros especiales que contempla el artículo 41 son los libros de 'Sociedades por Acciones', 'Sociedades de Responsabilidad Limitada', 'Sociedades Constituidas en el Extranjero' —utilizándose su actual denominación de 'Sociedades Extranjeras' hasta que se habilite nuevo libro—, 'Contratos de Colaboración Empresaria', 'Transferencias de Fondos de Comercio', ‘Venias para Ejercer el Comercio', 'Comerciantes', 'Martilleros', 'Corredores no inmobiliarios', 'Despachantes de Aduana', 'Agentes de Bolsa'. 'Medidas Cautelares (Sociedades por Acciones)', 'Medidas Cautelares (Sociedades no Accionarias)', 'Quiebras' —denominación que se sustituirá por la de 'Concursos' cuando se habilite nuevo libro— y 'Contratos'; en este último se practicarán todas aquellas inscripciones que no corresponda incluir en ninguno de los anteriores.
Devolución del instrumento inscripto; certificación.
(Artículo sustituido por art. 2º de la Resolución General Nº 2/2008 de la Inspección General de Justicia B.O. 7/11/2008. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
Practicada la inscripción, en el caso de actos o contratos instrumentados por escritura pública se agregará al legajo respectivo la copia certificada de ésta y se devolverá al interesado el testimonio original con certificación de la registración marginal o bien adherida en foja aparte debidamente ligada al mismo con firma y sello.
Si el documento inscripto es de los indicados en los incisos 2 a 5 del artículo 36 y no está recogido en protocolo oficial en la República, su original debe conservarse en el Registro Público de Comercio y entregarse al interesado copia del mismo con la certificación referida en el párrafo precedente.
Copias protocolares .
Las copias de margen ancho prescriptas por el artículo 37 se deben conservar en libros de protocolos por orden de presentación y numeración correlativa, encuadernándose semestralmente en volúmenes que no deberán contener más de quinientas (500) fojas, cuidando de no dividir un instrumento en dos libros de protocolos.
Inexactitud registral.
La inexactitud de los asientos que provenga de error u omisión en el documento inscripto se rectificará siempre que se acompañe el nuevo documento pertinente al efecto que complemente al anterior o en su caso oficio, testimonio judicial o resolución administrativa, que contenga los elementos necesarios para la rectificación. Salvo casos excluidos, se requiere pago de arancel y debe acompañarse dictamen de precalificación correspondiente al acto contenido en el documento de rectificación, excepto que la rectificación deba efectuarse por orden judicial.
Si se trata de error u omisión material en la inscripción misma con relación al documento que le dio origen, debe procederse a la rectificación sin pago de arancel, teniendo a la vista el instrumento que la causó.
En ambos casos debe extenderse y entregarse la correspondiente certificación rectificatoria.
Confirmación de actos colegiales.
Si los errores u omisiones afectan en su totalidad o en determinadas resoluciones a una asamblea de accionistas, reunión de socios u otra forma de acuerdo habilitada por la ley de fondo, la subsanación o saneamiento del acto afectado, se halle o no inscripto, cuando resulte posible por la naturaleza del vicio, debe ajustarse a lo dispuesto en materia de confirmación de actos jurídicos por los artículos 1061 y 1062 del Código Civil, debiendo efectuarse en cada resolución o acuerdo confirmatorios referencia específica al anterior que se dispone confirmar. Los dictámenes de precalificación profesional deben incluir expresa y circunstanciada mención del cumplimiento de las exigencias referidas.
Si el acto que se confirma no está inscripto, su inscripción debe practicarse conjuntamente con la del confirmatorio, sin perjuicio de los efectos retroactivos de este último establecidos por el artículo 1065 del Código Civil.
Autorización administrativa previa.
Las sociedades sujetas a autorización administrativa para operar –comprendidas en su caso sucursales de sociedades del exterior que también requiera de dicha autorización–, deben acompañar el original o copia auténtica de la misma, con constancia de su vigencia si está sujeta a caducidad, junto con los demás requisitos necesarios para la inscripción de sus contratos o estatutos, cuando de acuerdo con las normas aplicables el otorgamiento de dicha autorización deba ser previo a la inscripción registral.
El dictamen de precalificación debe indicar expresamente si es o no requerida autorización previa de acuerdo con el régimen legal aplicable y la interpretación del mismo por parte de la autoridad de control respectiva.
Similares recaudos se aplican a inscripciones posteriores.
Los trámites de inscripción incluidos en el Anexo II, serán obligatoriamente objeto de precalificación profesional, conforme a los artículos y recaudos generales siguientes:
1 . Formularios de actuación; firma del profesional: El formulario de actuación debe presentarse firmado por el profesional dictaminante de la incumbencia que en cada caso se determina en el Anexo que se indica como Anexo II. La firma del profesional garantiza, bajo su responsabilidad, que los datos contenidos en el formulario resultan de la documentación acompañada y asimismo que dicha documentación se encuentra intervenida, certificada o dictaminada por profesional competente, cuando así fuere el caso.
La exigencia de firma precedente se limitará a aquellos casos en los cuales, de la documentación presentada a los fines del trámite respectivo, no resulte el otorgamiento de autorización a favor de otra u otras personas para cumplir dicho trámite.
2. Dictamen precalificatorio: Junto con la documentación pertinente y el formulario de actuación, deberá acompañarse un dictamen precalificatorio del documento y acto objeto del trámite, suscripto por profesional habilitado, conforme se detalla para cada tipo de trámite en el Anexo que se indica como Anexo II de estas Normas. El dictamen supone la adecuación del documento y del acto a las normas aplicables y su contenido debe ser suficiente a tal fin. Debe ser suscripto por profesional independiente.
Casos no previstos. En los trámites no mencionados expresamente, el dictamen de precalificación deberá ser firmado por escribano público o abogado según la forma instrumental del acto por inscribir y se deberá presentar también dictamen de graduado en ciencias económicas si se hallan involucradas situaciones económico contables.
Dispensa de precalificación. No se requiere dictamen de precalificación para las inscripciones contempladas en el artículo 35, apartados I, II, incisos 8, 10 y 11 y III, inciso 1.
Contenido obligatorio. Sin perjuicio de otras exigencias que se determinen en cada caso:
a) En los trámites registrales efectuados por cualquier sociedad, el dictamen de precalificación debe expedirse siempre sobre su estado de vigencia, a cuyo fin, con respaldo en el examen del contrato social y sus modificaciones y de los libros sociales, debe manifestarse si la sociedad se encuentra disuelta de pleno derecho por vencimiento de plazo u obra en los libros sociales acuerdo de disolución o declaración de haberse comprobado alguna de las causales; también deberá consignarse si en dichos libros constan actas de convocatoria o citación a asambleas o reuniones de socios, que en su orden del día contemplen la consideración de la disolución de la sociedad;
b) En los trámites de inscripción correspondientes a la constitución y posteriores actos registrables de sociedades por acciones preexistentes y en los de transformación, fusión o escisión de los cuales resulten sociedades de ese tipo, el dictamen debe indicar si la sociedad se halla o no encuadrada en las previsiones del artículo 299 de la Ley Nº 19.550, con especificación, en caso afirmativo, del inciso correspondiente. Si en el acto constitutivo o en la asamblea, según el caso, participa una sociedad por acciones, el recaudo preindicado deberá cumplirse también con respecto a ella.
c) En todos los casos de inscripciones de resoluciones sociales, el dictamen debe expedirse sobre la observancia de las normas de quórum y mayorías aplicables y sobre la regularidad del cumplimiento de las formalidades de convocatoria, citación o consulta a los socios, salvo haga constar la presencia de todos los socios.
3. En su caso, pago de la tasa respectiva acreditado con la boleta correspondiente o por el medio que en el futuro la sustituya.
4. Legalización de firmas: Las firmas de los profesionales deben ser legalizadas por la entidad de superintendencia de su matrícula con el alcance de garantizar su estado profesional y la vigencia de su matrícula pudiendo legalizarse indistintamente la firma inserta en el formulario de actuación o en el dictamen precalificatorio. También es suficiente la sola legalización de la firma inserta en instrumento privado presentado en la forma alternativa autorizada por la segunda parte del inciso 2 del artículo 36, si dicha firma es del mismo profesional firmante del formulario de actuación y/o del dictamen de precalificación.
Exceptúanse del requisito de legalización a los trámites de reserva de denominación social y a los dictámenes ampliatorios y/o complementarios emanados del mismo profesional autor del dictamen originario, salvo que, habiéndose dispuesto el archivo de las actuaciones, su desarchivo sea solicitado después de transcurridos más de noventa (90) días desde la fecha del archivo.
Procedimiento. Plazos.
I – Procedimiento. El procedimiento en los trámites registrales con precalificación profesional obligatoria, es el siguiente:
1. El trámite debe iniciarse por sector especial de la Mesa de Entradas de la Inspección General de Justicia, desde donde se remitirá el mismo día al Departamento que debe intervenir, sin ningún otro giro interno.
2 . Recibidas allí las actuaciones, se debe efectuar el control de legalidad impuesto por el artículo 38, primer párrafo, y verificarse la observancia de los principios registrales y presupuestos de la inscripción que corresponda mediante la intervención de inspectores de especialidad legal y en su caso contable.
3. Cumplido se dictará sin más providencia ordenando la inscripción o aconsejando su rechazo; en este segundo caso, las actuaciones deben remitirse en el día al Inspector General de Justicia para el dictado de resolución.
4. Si el trámite mereciere observaciones, éstas se cursarán directamente por el inspector o inspectores calificadores intervinientes en el mismo, quedando notificadas en la forma dispuesta en el artículo 22. (Inciso sustituido por art. 2° de la Resolución General N° 2/2014 de la Inspección general de Justicia B.O. 7/11/2014. Vigencia: el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)
5. Ordenada la inscripción, las actuaciones se remitirán al Departamento correspondiente para su cumplimiento en el día, girándose luego al área por donde deba efectuarse el retiro bajo constancia de la documentación inscripta; cumplido éste se archivarán las actuaciones.
II – Plazos. Desde la presentación del formulario de actuación, con su documentación y dictamen, hasta la devolución de documentación inscripta o, en su caso, el dictado de providencias por las que se formulen observaciones, no podrán transcurrir mayores plazos que los siguientes:
1. Cinco (5) días hábiles para aquellos trámites en que se requiera dictamen de precalificación de un solo profesional.
2. Diez (10) días hábiles para los que requieran dictamen de dos profesionales.
3. Doce (12) días hábiles para los trámites de inscripción de transformación, fusión, escisión y regularización de sociedades. (Expresión incorporada por art. 4º pto. 10) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Dictado de resolución. Si se hubiere aconsejado rechazo de la inscripción, el plazo máximo para el dictado de resolución es de treinta (30) días hábiles contados desde la recepción de las actuaciones por el Inspector General de Justicia, aplicándose el artículo 19 de la Ley Nº 22.315.
Opción por 'trámite urgente'. Procedimiento.
Puede optarse por la inscripción mediante ' trámite urgente', en el mismo día de presentación, en los casos que se incluyen en el Anexo III, conforme al procedimiento siguiente:
1 . El trámite debe iniciarse por un sector especialmente habilitado de la Mesa de Entradas de la Inspección General de Justicia en el horario de 9:30 horas a 11:00 horas o en el que en el futuro se establezca, adjuntándose formulario pago con la cantidad de timbrados y/o por el monto que según el caso corresponda de acuerdo con el mencionado Anexo III. Los expedientes se formarán con la mención 'Trámite Urgente', registrándose de igual forma en el sistema informático.
2 . Si la inscripción requiere de previa publicación en el Boletín Oficial, el trámite sólo puede presentarse a partir del día inmediato siguiente al de su realización.
3 . Si corresponde observación, ésta se cursará en providencia única dictada el mismo día de la presentación, que se tendrá por notificada tácita y automáticamente ese mismo día: (a) hasta las 13:00 horas, en el Despacho del Departamento interviniente; o (b) desde entonces y hasta las 15:00 horas, en la Mesa de Entradas de la Inspección General de Justicia.
4 . Las observaciones deben contestarse dentro del plazo máximo de diez (10) días, transcurrido el cual se archivarán las actuaciones. (Termino sustituido por art. 4º pto. 11) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
5 . Las contestaciones efectuadas correctamente hasta las 13:00 horas, darán lugar a la registración y entrega de la documentación inscripta en ese mismo día.
6 . El retiro de la documentación inscripta se hará por la Mesa de Entradas de la Inspección General de Justicia, entregándose la misma al interesado a partir de las 16:30 horas del mismo día de efectuada la presentación respectiva o de contestada correctamente, en su caso y dentro del horario indicado en el inciso anterior, la observación efectuada.
Trámites anteriores; prosecución como urgentes. Los trámites iniciados conforme al procedimiento previsto en el artículo anterior y que sean susceptibles de tratamiento bajo 'trámite urgente', podrán proseguirse de esta forma a requerimiento del interesado efectuado al contestar observaciones cursadas en los mismos. Se aplican en lo pertinente las disposiciones de los incisos precedentes. Al momento de solicitarse la prosecución en esta forma, debe completarse la cantidad de timbrados pagos que corresponda.
Cuestión jurídica compleja. Desafectación del 'trámite urgente'. Reintegro.
En los trámites iniciados o que se solicite proseguir conforme al artículo anterior, podrá disponerse su desafectación del régimen de ' trámite urgente', fundada la misma en la existencia de cuestión o cuestiones jurídicas y/o contables complejas por razón del contenido de los elementos acompañados o existentes en las actuaciones.
Dicha desafectación importa la prosecución del trámite, según su estado, por el procedimiento y con sujeción a los plazos del artículo 50 y la procedencia del reintegro de las diferencias por aranceles percibidos. El reintegro se efectuará por el procedimiento y utilizándose la planilla que se prevén en el Anexo que se indica como Anexo IV.
Irregularidades en el dictamen precalificatorio.
En los casos en que durante el trámite o al concluirse éste o con posterioridad se advierta error o falsedad en el dictamen precalificatorio, la Inspección General de Justicia remitirá copia de los antecedentes y nota a los Colegios Profesionales respectivos a fin de que éstos den la intervención que consideren oportuna a sus tribunales de ética o disciplina profesional o a los organismos que los reemplacen. Ello sin perjuicio de que la Inspección General de Justicia dé curso a las acciones judiciales que estime correspondientes en cumplimiento de los deberes de la función pública.
Se considerarán especialmente graves, con carácter enunciativo, el error o falsedad sobre la vigencia de la sociedad, el tracto registral apreciado en sentido estricto, la ubicación y verificación de la efectividad de la sede social, el quórum y mayorías del acto, las cláusulas contractuales o estatutarias que la legislación de fondo prohíbe o declara nulas en forma expresa y las referencias exigidas conforme al artículo 48, párrafos segundo y tercero.
( Nota Infoleg: por art. 2° de la Resolución N° 2/2006 de la Inspección General de Justicia B.O. 21/4/2006 se incorpora dicha resolución al presente libro, la que se aplicará en los trámites de inscripciones registrales que se promuevan por resoluciones sociales adoptadas en asambleas de accionistas celebradas a partir del 1º de agosto de 2006).
Las personas que constituyen la sociedad deben ser plenamente capaces al momento de otorgarse el instrumento de constitución.
I – Personas físicas.
1 . Caso del artículo 11 del Código de Comercio. La inscripción registral prevista en esta norma debe ser anterior o simultánea a la constitución de la sociedad.
2 . Casos del artículo 131 del Código Civil.
Emancipación por matrimonio. En el instrumento de constitución de la sociedad debe constar la celebración del matrimonio, referenciándose la respectiva partida.
Emancipación dativa. Deben referenciarse el instrumento en que conste la emancipación y su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que deberá ser anterior o simultánea a la constitución de la sociedad.
En ambos casos de emancipación, debe consignarse el título de adquisición de los bienes aportados por el menor; si el título de adquisición fuese gratuito, debe acreditarse la autorización judicial o consentimiento del cónyuge si éste fuere mayor de edad.
3 . Sociedades en comandita por acciones; cónyuges. Al menos uno de los socios debe revestir la calidad exclusiva de comanditario. Si participan cónyuges, no se admitirá que ambos sean socios comanditados.
4 . Actuación por mandatario. Resulta suficiente la mención de la existencia de facultades suficientes para el acto conforme al poder que deberá referenciarse y dejarse constancia, en su caso, de su agregación al protocolo notarial.
En la constitución de la sociedad por instrumento privado, el dictamen de precalificación profesional debe dejar constancia de haberse verificado la suficiencia de facultades.
5 . Si el instrumento de constitución contiene referencias que pueden inducir a considerar configuradas prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para constituir la sociedad como socio, administrador o integrante, en su caso, de su órgano de fiscalización privada, el dictamen de precalificación debe referirse específicamente a la cuestión fundando debidamente la no concurrencia de aquéllas.
II – Personas jurídicas constituidas en la República.
1 . Sociedades. Se debe:
a) Acreditar su existencia e inscripción y la personería y facultades de quien la represente en el acto de constitución, indicando además su sede social.
b) Acreditar el cumplimiento del artículo 31 de la Ley Nº 19.550, mediante certificación contable de los montos de los rubros correspondientes del patrimonio neto de la sociedad aportante, que contenga el cálculo numérico que acredite la observancia del límite legal. El cálculo debe efectuarse según valores del patrimonio neto resultante de sus últimos estados contables que, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, deban estar aprobados a la fecha de constitución de la sociedad participada.
La certificación requerida puede ser incluida en el dictamen de precalificación suscripto por graduado en ciencias económicas, si es efectuada por este último.
2 . Personas jurídicas no societarias.
Además de cumplirse con lo requerido en el subinciso a) del inciso anterior, del instrumento público de constitución o, en su caso, del dictamen de precalificación, debe resultar la justificación legal de su capacidad para constituir sociedad comercial.
Fundaciones y asociaciones civiles. No se admite su participación en la constitución de sociedad salvo, en el caso de asociaciones civiles, de que las mismas constituyan asociación bajo forma de sociedad (artículo 3º, Ley Nº 19.550) cuyo principal objeto sea la prestación de servicios a los asociados de la participante.
III – Personas jurídicas constituidas en el extranjero.
1 . Sociedades.
Del instrumento constitutivo o, en su caso, del dictamen de precalificación, debe resultar acreditado el cumplimiento de su inscripción a los efectos de los artículos 118, tercer párrafo o 123, de la Ley Nº 19.550.
En el caso de sociedades ' off shore' –según se definen en el artículo 248–, debe acreditarse el previo cumplimiento de su regularización y adecuación a la ley argentina conforme al Capítulo IV del Título III de este Libro, salvo estén comprendidas en el artículo 210 y se encuentren al día en el cumplimiento de los deberes a su cargo.
2 . Personas jurídicas no societarias.
Se aplica en lo pertinente lo dispuesto en el inciso 2 del apartado anterior.
Pluralidad sustancial de socios.
La Inspección General de Justicia no inscribirá la constitución de sociedades cuya pluralidad de socios sea meramente formal o nominal. Los alcances del ejercicio del control de legalidad comprenden la verificación de la existencia de pluralidad de socios en sentido sustancial, a cuyo fin se evaluará el aporte inicial de cada socio fundador, determinando para decidir sobre la procedencia de la inscripción, si el mismo reviste relevancia económica mínima suficiente para conformar, con el de los restantes, un efectivo sustrato plurilateral.
En el supuesto del párrafo anterior, previo a pronunciarse contra la inscripción del acto constitutivo, se requerirá la presentación de instrumento complementario del cual resulte la configuración de la pluralidad sustancial requerida.
Inaplicabilidad. La exigencia contenida en este artículo no se aplica si la sociedad que se constituye debe someterse a normas especiales que imponen o permiten participaciones cuasiintegrales.
Sociedades de profesionales .
No se inscribirá la constitución de sociedades o asociaciones bajo forma de sociedad cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales que requieran título habilitante extendido a personas físicas.
Sociedades de medios o instrumentales. Podrán inscribirse aquellas que, integradas exclusivamente por dichos profesionales, tengan por objeto organizar el desarrollo de la actividad profesional prestada personalmente por los mismos y/o de terceros también profesionales, aplicando al efecto los aportes que los socios efectúen.
Otros requisitos. La inscripción a que se refiere el párrafo anterior requiere asimismo, además de los requisitos previstos en este Capítulo, los siguientes:
1 . Los socios e integrantes de la administración social, deben ser exclusivamente profesionales con el título habilitante vigente necesario para brindar los servicios cuya prestación se organiza mediante la constitución de la sociedad.
2 . Si el objeto social prevé la prestación de servicios propios de incumbencias profesionales diferentes, el contrato o estatuto debe contemplar la participación en la administración social de profesionales de esas mismas incumbencias. En tal caso, el órgano de administración debe estar organizado en colegio, de modo que la reglamentación de su funcionamiento prevea que el voto mayoritario o unánime necesario para adoptar decisiones vinculadas a determinada incumbencia profesional, provenga de administradores que tengan dicho título profesional.
3 . La reglamentación contractual o estatutaria de la transmisión de la participación social, debe asegurar la incorporación como socio, en reemplazo del transmitente, de otro profesional que tenga el mismo título que éste.
4 . Las estipulaciones relativas a los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros (artículo 11, inciso 8º, Ley Nº 19.550), deberán contemplar expresamente que se excluye de la limitación de responsabilidad derivada del tipo social adoptado, toda obligación o responsabilidad asumida en el ejercicio de la profesión de los socios.
Cláusulas sobre poderes generales de administración y disposición .
La Inspección General de Justicia objetará la inscripción de cláusulas atinentes a la organización de la administración que prevean el otorgamiento de poderes generales de administración y disposición de bienes sociales.
I – La denominación debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad e inconfundibilidad.
II – No se inscribirá la constitución de sociedades cuya denominación:
1 . Contenga términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres.
2 . Sea igual o similar a otras ya existentes, considerándose sin distinción de tipos sociedades locales o constituidas en el extranjero inscriptas o en trámite de inscripción, como así también la exteriorización de un proceso formativo derivado de la existencia de una reserva preventiva de denominación en vigencia, aunque el acto constitutivo no hubiese sido aún presentado a inscripción.
Fusión y escisión. A los fines de lo dispuesto en este inciso en la fusión de sociedades es admisible que la sociedad incorporante o la que se constituya adopten la denominación de la absorbida o la de cualquiera de las fusionantes por consolidación, y en la escisión de sociedades en que se extingan sociedades es admisible que la escisionaria adopte la de cualquiera de ellas.
3 . Pueda inducir a error sobre la naturaleza, persona o características de la sociedad, o confundirse con la denominación de entidades de bien público, instituciones, dependencias, organismos centralizados o descentralizados de la administración pública nacional, provincial o municipal, Estados extranjeros o cualesquiera otras unidades político territoriales situadas fuera de la República, personas, organizaciones u otros entes de derecho público nacional o internacional, empresas, sociedades u otras entidades estatales o paraestatales, nacionales o supranacionales. Queda a salvo lo que en contrario puedan disponer normas especiales de fuente nacional o internacional.
Notoriedad .
El control de legalidad sobre la denominación adoptada puede extenderse a supuestos de notoriedad que lleguen objetivamente a conocimiento de la Inspección General de Justicia, que permitan tener por indubitablemente acreditado el reconocimiento, fama o prestigio nacional o internacional de determinados nombres sociales o comerciales o marcas registradas, frente a los cuales la denominación pretendida no satisfaga alguno de los requisitos del apartado I del artículo anterior.
Sociedades de grupo. Confundibilidad relativa. Recaudos; publicidad .
Se admite la adopción de denominación que tenga elementos comunes con los de otras sociedades, si todas son sociedades del mismo grupo, se acredita fehacientemente la conformidad de éstas y en el instrumento de constitución se hace constar expresamente la obligación de modificar la denominación si la sociedad deja de pertenecer al grupo.
La publicidad del artículo 10 de la Ley Nº 19.550 debe dejar constancia de la pertenencia grupal y de la identidad de las sociedades que prestaron conformidad con el empleo de la denominación.
Uso de las palabras 'Nacional', 'Oficial' o similares.
Salvo que la constitución de la sociedad tenga lugar en cumplimiento de disposiciones legales que lo admitan, lo que deberá establecerse con precisión en el dictamen de precalificación si no surge del instrumento de constitución, no se admite la inclusión de los términos 'Nacional', 'Provincial', 'Municipal', 'Estatal', 'Oficial' o similares o derivados, en versión castellana o traducida, en la denominación social ni en la determinación del objeto de la sociedad, sin perjuicio, respecto de éste, de la enumeración de actividades que importen la vinculación de la sociedad con entes o dependencias de cualquier clase que tengan ese carácter.
Uso de las palabras 'Argentina’’ y 'Mercosur’’
Cuando la denominación incluya las expresiones 'de Argentina’’, 'Argentina’’ u otras que puedan expresar o sugerir su dependencia económica o jurídica respecto de entidades constituidas en el extranjero, se requerirá la acreditación de la efectiva existencia de las mismas y su conformidad con el uso de la denominación adoptada por la sociedad local.
Cuando la denominación incluya el uso de la palabra 'MERCOSUR' se deberá observar: a) que la palabra MERCOSUR no sea utilizada aisladamente, sino formando parte de la denominación o de la razón social; b) que esa denominación tenga relación con el objeto social; y c) que no sea utilizado de manera engañosa que induzca a error o equívoco con organismos oficiales.
Títulos o profesiones.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Resolución General Nº 2/2007 de la Inspección General de Justicia, B.O. 24/10/2007. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.)
En la denominación de las sociedades no puede hacerse referencia a títulos profesionales, salvo en las contempladas en el artículo 56.
Registro preventivo de la denominación social. Plazo; efectos; formalización; trámite posterior; caducidad.
Puede registrarse preventivamente la denominación que se utilizará en la constitución o modificación de una sociedad, mediante solicitud de reserva instrumentada en el formulario de actuación correspondiente, suscripta por quien habrá de ser el profesional dictaminante, escribano autorizante, representante legal o persona autorizada a intervenir en el trámite de constitución. No se requiere dictamen de precalificación.
El registro preventivo tiene por efecto reservar la denominación o denominaciones elegidas a favor de los constituyentes de la sociedad y por un plazo improrrogable de treinta (30) días corridos, cuyo vencimiento se consignará en la constancia de registro de la reserva prevista en el artículo siguiente. El trámite registral debe iniciarse dentro de dicho plazo.
La solicitud de reserva puede incluir hasta tres (3) denominaciones cuyo orden se considerará orden de preferencia, pero la reserva valdrá en relación a la que resulte utilizable por no existir idénticas en el sistema informático de la Inspección General de Justicia.
La reserva se efectúa únicamente en base a estricta identidad respecto de denominaciones de sociedades locales o del exterior inscriptas o en trámite de inscripción y de reservas anteriores, sin distinción de tipos societarios. No obsta a la objeción posterior de la denominación fundada en los artículos anteriores ni al cumplimiento de recaudos en ellos establecidos.
La solicitud de reserva debe presentarse por duplicado, indicando en caso de constitución de sociedad todos los que serán sus socios, con mención de sus datos requeridos por el artículo 11, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550. Valdrá como reserva de la denominación el duplicado de dicho formulario, intervenido en su reverso, con constancia del registro preventivo efectuado, su fecha y la del vencimiento del plazo de reserva; si la denominación fuere observada, se dejará constancia de ello, no practicándose la reserva.
Al solicitarse la inscripción de la constitución o modificación de la denominación de la sociedad, debe acompañarse la constancia de reserva vigente, la cual, en los casos de constitución, únicamente tendrá valor si hay coincidencia entre los socios constituyente y quienes fueron indicados como tales en la solicitud de reserva.
La reserva caduca automáticamente al vencer el plazo indicado en ella, sin que se haya iniciado el trámite registral.
La Inspección General de Justicia podrá reglamentar procedimientos de reserva vía internet.
La sede social debe ser fijada e inscripta, previa publicación en su caso (artículo 11, Decreto Nº 1493/82). En el acto constitutivo en que no se hubiese consignado precisamente el lugar en que ha de funcionar la sede, sino el domicilio social como descripción jurisdiccional (por ejemplo Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Capital Federal), los contratantes deberán optar inexcusablemente por:
1 . Conferir poder o autorización especial a quien intervendrá en el trámite de inscripción para que éste fije o denuncie la sede social con indicación de calle y número, piso, oficina o departamento, en escrito separado con la firma del autorizado o apoderado certificada por escribano público.
2 . Acompañar escrito fijando la sede social, firmado por todos los socios; las firmas deberán hallarse certificadas notarialmente o ratificarse personalmente ante funcionario previo la inscripción.
3 . Petición por separado suscripta por el órgano de administración, cumpliéndose los recaudos del inciso anterior.
La indicación de la sede social debe ser exacta, ajustándose el nombre de las calles al nomenclador postal vigente y sin ninguna abreviatura, salvo si ella figurare en el mismo. Debe precisarse el piso y si se trata de 'oficina', 'departamento', 'unidad' u otra, no siendo suficiente indicar los números de uno y otro (ej. 3º '11'). Con iguales recaudos debe efectuarse su publicación.
El objeto social debe ser único y su mención efectuarse en forma precisa y determinada mediante la descripción concreta y específica de las actividades que contribuirán a su efectiva consecución.
Es admisible la inclusión de otras actividades, también descriptas en forma precisa y determinada, únicamente si las mismas son conexas, accesorias y/o complementarias de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social.
El conjunto de las actividades descriptas debe guardar razonable relación con el capital social.
La Inspección General de Justicia exigirá una cifra de capital social inicial superior a la fijada en el acto constitutivo, aun en la constitución de sociedades por acciones con la cifra mínima del artículo 186, párrafo primero, de la Ley Nº 19.550, si advierte que, en virtud de la naturaleza, características o pluralidad de actividades comprendidas en el objeto social, el capital resulta manifiestamente inadecuado.
Aportes en dinero efectivo. Formas de acreditar la integración.
La integración debe acreditarse en la proporción legal mínima o en la superior determinada en el acto constitutivo, acompañando constancia de depósito en el Banco de la Nación Argentina (artículos 149, párrafo segundo y 187, párrafo primero, de la Ley Nº 19.550).
Opcionalmente a la constancia de dicho depósito, la acreditación de la integración se tendrá también por satisfecha mediante:
1 . La manifestación expresa, en la escritura pública de constitución de la sociedad, del escribano público autorizante de que, por ante él, los socios constituyentes obligados a la integración de los aportes, en cumplimiento de dicha obligación hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese mismo acto y que éstos los reciben de conformidad y a los fines indicados. Podrá igualmente constar que dicha entrega se hace al mismo escribano público autorizante, con cargo a él de entregar los fondos a la administración social una vez inscripta la constitución de la sociedad.
2 . Acta notarial por separado en la cual consten los mismos recaudos consignados en el inciso anterior, cuando la sociedad se constituya por instrumento privado en los casos autorizados por la ley.
Aporte de bienes registrables.
En caso de aportes de bienes registrables debe acreditarse:
1 . La inscripción preventiva a nombre de la sociedad en formación (artículo 38, Ley Nº 19.550);
2 . La valuación fiscal o, en su caso, justificación de valor asignado, mediante tasación practicada por perito matriculado con título universitario habilitante de la especialidad que corresponda o por organismo oficial. La firma del profesional debe estar legalizada por la entidad de superintendencia de su matrícula.
La facultad legal de informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes en cuanto puedan ser objeto de actos jurídicos, no se entenderá habilitante de la tasación requerida.
El perito que practique la tasación debe ser independiente, entendiéndose tal a quien no sea socio, administrador, gerente o síndico de la sociedad ni esté en relación de dependencia con ella.
3 . La titularidad del bien en cabeza del aportante previa a la inscripción requerida por el inciso a), adjuntándose al efecto certificado de dominio, salvo que del instrumento de constitución de la sociedad resulten relacionadas dicha titularidad y las condiciones de dominio y que el aportante no se encuentra inhibido para disponer y gravar el bien.
Aporte de bienes muebles.
En caso de aportes de bienes muebles debe acreditarse la existencia del bien y la valuación asignada.
1 . Existencia: se justificará con inventario resumido de los bienes, suscripto por todos los constituyentes y contador público con su firma legalizada por la entidad de superintendencia de su matrícula. Las firmas de los socios serán certificadas notarialmente. En el inventario debe constar con máxima precisión, de acuerdo a las circunstancias, la ubicación de cada uno de los bienes.
2 . Valuación: en caso de sociedades por acciones, se justificará la valuación asignada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 53, incisos 1 y 2, de la Ley Nº 19.550. Si se efectúa valuación pericial, los peritos intervinientes deberán ser matriculados con título universitario habilitante en la especialidad que corresponda a los bienes de que se trate, y su firma ser legalizada por la autoridad de superintendencia de su matrícula; será admisible la justificación de la valuación mediante informe de un banco oficial.
Para los restantes tipos de sociedades, deben observarse los párrafos primero y segundo del artículo 51 de la ley citada, según corresponda.
Se aplica lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del inciso 2 del artículo anterior.
Títulos valores.
Si se aportan títulos valores:
1 . Deben individualizarse con precisión en el instrumento de constitución y constar en el mismo que son transmitidos a la sociedad y que ésta toma posesión de ellos.
2 . Si se trata de títulos valores privados emitidos en serie, debe además acompañarse certificación de su emisor o de contador público que los identifique debidamente y acredite que los mismos se hallan ajustados a las disposiciones del Título I de la Ley Nº 24.587 y de su Decreto Reglamentario Nº 259/96 (régimen de nominatividad obligatoria de títulos valores privados).
3 . Valuación. La valuación de los títulos aportados se justificará:
a) En caso de tratarse de títulos valores que cotizan en bolsa, con el precio del cierre bursátil del día anterior al de la constitución de la sociedad, el cual debe indicarse en el instrumento de constitución de la sociedad con referencia precisa a la fuente de la cual se extrajo el precio de cotización.
b) Si se tratare de títulos valores que no cotizan, se aplicará el artículo 53, inciso 2º, de la Ley Nº 19.550 en el caso de sociedades por acciones. En los restantes tipos de sociedades, si no se acompaña valuación pericial, debe adjuntarse informe de contador público o bien mencionarse otros antecedentes justificativos de la valuación que resulten idóneos.
Se aplica en su caso lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del inciso 2 del artículo 69.
Aporte de fondo de comercio.
Si se aporta un fondo de comercio, debe acompañarse:
1 . Balance especial a la fecha del aporte, con informe de auditoría conteniendo opinión, e inventario resumido a igual fecha, firmados por todos los socios y certificado por contador público; la firma de los primeros debe ser certificada notarialmente y la del profesional contable debe ser legalizada por la entidad de superintendencia de su matrícula.
2 . Informe de contador público matriculado sobre:
a) Origen y contenido de cada rubro principal del inventario;
b) Criterio de valuación empleado y su justificación técnica y legal;
c) Rentabilidad del fondo de comercio durante el año inmediato anterior al aporte;
d) Indicación de los libros en que esté transcripto el inventario, mencionando sus datos de rúbrica y folios en que obre dicha transcripción.
Las menciones de subincisos a) y b) no son necesarias si su cumplimiento resulta del balance requerido en el inciso 1.
3 . Debe acreditarse el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 11.867.
Participaciones sociales.
Si se aportan por una sociedad sus participaciones en otra u otras, debe acompañarse certificación de graduado en ciencias económicas referida a las situaciones previstas en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Nº 19.550, conteniendo con respecto a la primera de dichas disposiciones el cálculo que demuestre que el aporte en cabeza de la sociedad que se constituye, no importa, conforme al artículo 31 de la Ley Nº 19.550, exceso de participación de ella en la sociedad o sociedades cuyas participaciones se le transfieren como aporte. (Expresión incorporada por art. 4º pto. 12) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Los estatutos de las sociedades por acciones y los contratos de sociedades de responsabilidad limitada, podrán incluir cláusulas arbitrales. En caso de ser adoptada la contenida en el Anexo que se cita como Anexo VI de estas Normas, en el correspondiente trámite registral el contralor a su respecto se limitará a la verificación de la fidelidad de sus términos.
Las cláusulas estatutarias o contractuales que establezcan la garantía que deberán prestar los directores de sociedades anónimas y gerentes de sociedades de responsabilidad limitada (artículos 256 y 157, Ley Nº 19.550), deben adecuarse a las siguientes reglas mínimas:
1 . Los obligados a constituir la garantía son los directores o gerentes titulares. Los suplentes sólo estarán obligados a partir del momento en que asuman el cargo en reemplazo de titulares cesantes.
2 . La garantía deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas, avales bancarios, seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director o gerente; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.
3 . Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. Dicho plazo se tendrá por observado si las previsiones sobre tal indisponibilidad contemplan un término no menor de tres (3) años contados desde el cese del director o gerente en el desempeño de sus funciones.
4 . El monto de la garantía será igual para todos los directores o gerentes, no pudiendo ser inferior a pesos diez mil ($ 10.000.–) o su equivalente, por cada uno. En el caso de sociedades de responsabilidad limitada cuyos emprendimientos sean de reducida magnitud y su capital inferior al mínimo determinado por el artículo 186 de la Ley Nº 19.550, podrá establecerse un monto menor, no inferior a pesos dos mil ($ 2.000.–) por cada gerente.
Participación del Estado. Los estatutos de sociedades del Estado están exentos de la inclusión de las estipulaciones que contempla este artículo. Asimismo dichas estipulaciones no se aplican a los administradores que ejerzan la representación del Estado (nacional, provincial o municipal) o de cualquiera de sus dependencias o reparticiones, empresas o entidades de cualquier clase, centralizadas o descentralizadas, en sociedades en que participen.
Dictámenes de precalificación.
Los dictámenes de precalificación relativos a la constitución de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, deberán expedirse sobre el efectivo cumplimiento de la constitución de la garantía en los términos del artículo anterior, individualizando los documentos de los que ello surja e indicando su otorgante y la fecha, monto y modalidad de la garantía.
Igual requisito deberán satisfacer los dictámenes que se presenten en trámites de fusión y escisión respecto de los directores y gerentes de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que se constituyan, en los de transformación de sociedad de personas en alguno de esos tipos de sociedad y en los de inscripción de la designación de directores o gerentes.
No será necesario satisfacer lo requerido en los dos párrafos anteriores si el cumplimiento de la constitución de la garantía resulta, con los recaudos precedentemente indicados, del instrumento cuya inscripción se pida.
Sociedades en comandita por acciones .
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable en lo pertinente a los administradores de sociedades en comandita por acciones.
El plazo de pago de los dividendos votados por la asamblea o reunión de socios debe surgir del estatuto o contrato social. No puede exceder la duración del ejercicio en que fueron aprobados. Si los estatutos nada establecen y la asamblea o reunión de socios no fija un plazo especial, que no podrá exceder los treinta (30) días, los dividendos se considerarán a disposición de los socios a partir del día siguiente de clausurada la asamblea o reunión que aprobó su distribución.
El estatuto o contrato social puede prever que la asamblea o reunión de socios disponga que el pago se haga en cuotas periódicas, dentro del plazo máximo indicado en el párrafo anterior y con los intereses que correspondan.
Para la inscripción de la constitución de la sociedad debe presentarse:
1 . Primer testimonio de la escritura pública o instrumento privado original de constitución.
2 . Formulario de registro preventivo de la denominación social adoptada, si se lo efectuó y la reserva está vigente.
3 . Instrumento de fijación de la sede social conforme el artículo 65, en su caso.
4 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado que acredite la aceptación de sus cargos por los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, si no firmaron el instrumento de constitución de la sociedad.
5 . Acreditación de la integración de los aportes en dinero efectivo conforme al artículo 68 y/o la documentación que corresponda a la integración de aportes no dinerarios conforme a las disposiciones de la Sección Quinta del presente Capítulo. (Término sustituido por art. 4º pto. 13) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
6 . Constancia original de la publicación prescripta por el artículo 10 de la Ley Nº 19.550, en su caso.
Los recaudos de los artículos 81, 82 y 83 se aplican en lo pertinente a los actos previstos en las secciones siguientes, sin perjuicio de los requisitos especiales previstos en ellas.
Reformas de estatutos o contratos no instrumentadas por escritura pública. Requisitos generales.
La inscripción de reformas de estatutos o contratos no instrumentadas por escritura pública, requiere la presentación de:
1 . Instrumento conforme al artículo 36, inciso 2, que debe contener la trascripción del acta de asamblea, reunión de socios o resolución social que aprobó la reforma y, en el caso de sociedades por acciones, la trascripción de la planilla del registro de asistencia a la asamblea, con firma original del representante legal de la sociedad. Las transcripciones pueden obrar en un solo instrumento o separadamente.
2 . Ejemplar original de los avisos de convocatoria (artículo 237, Ley Nº 19.550), salvo asamblea unánime. Para las sociedades no accionarias, el dictamen de precalificación debe expedirse sobre el cumplimiento de las formalidades de convocatoria, citación o consulta a los socios, salvo haga constar la presencia de todos ellos.
3 . Constancia original de la publicación prescripta por el artículo 10 de la Ley Nº 19.550, si se trata de sociedades por acciones o de responsabilidad limitada.
Asamblea especial. Si la reforma estatutaria requiere el consentimiento o ratificación por asamblea especial (artículo 250, Ley Nº 19.550), debe presentarse copia auténtica del acta de la misma y de su registro de asistencia, salvo que el instrumento requerido en el inciso 1 contenga transcripción de ellos o que la asamblea que aprobó la reforma haya sido unánime o del acta de ella resulte la presencia de todos los accionistas de la clase que debe otorgar el consentimiento o ratificación, de lo que el dictamen de precalificación debe dejar expresa constancia; en su caso, deben acompañarse también las publicaciones originales de la convocatoria a la asamblea especial.
Reformas de estatutos o contratos instrumentadas por escritura pública. Requisitos generales.
Si la reforma se instrumenta en escritura pública, debe presentarse su primer testimonio con el contenido indicado en el artículo anterior y cumplirse conforme corresponda con lo requerido en los incisos 2 y 3 de dicho artículo.
Carencia de libros de actas.
Es admisible la inscripción de resoluciones sociales formalizadas directamente en escritura pública, importen o no reforma del estatuto o contrato social, siempre que se cumplan los restantes requisitos que correspondan y concurran los extremos siguientes, debidamente volcados en la escritura pública:
1 . Que la sociedad no disponga de los libros rubricados de actas y en su caso de registro de asistencia necesarios, ya sea por causales que habiliten la rúbrica de nuevos libros de acuerdo con estas Normas o por hallarse temporariamente privada de ellos por acto de autoridad competente.
Si la sociedad se encuentra desposeída de los libros por acto de alguno de sus socios o administradores o de, debe haberse efectuado intimación fehaciente o iniciado acción judicial, según las circunstancias del caso. (Término derogado por art. 4º pto. 14) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
2 . Que se acrediten documentadamente los supuestos del inciso anterior, exhibiendo ante el escribano autorizante las constancias correspondientes, que éste deberá referenciar con precisión en el instrumento notarial.
3 . Que se asuma el compromiso expreso, por parte de las autoridades sociales existentes o las que surjan del acto, de volcar éste a los libros sociales, una vez rubricados o habidos nuevamente, según el caso.
La inscripción no procede si de las constancias de la escritura pública presentada resulta que está controvertida la calidad de socio de uno o más de los participantes en el acto y que su voto es determinante para la formación de la voluntad social.
Para la inscripción del cambio de la denominación social o razón social, en la cláusula contractual o estatutaria respectiva y en el aviso del artículo 10 de la Ley Nº 19.550, cuando se requiera por el tipo, debe establecerse claramente el nexo de continuidad jurídica entre la denominación anterior y la nueva adoptada.
Si se obtuvo reserva de la denominación adoptada, debe acompañarse el formulario de actuación correspondiente, con el registro preventivo vigente.
Inscripción de bienes registrables. Inscripto el cambio de denominación, su toma de razón en los registros correspondientes a bienes de la sociedad, debe efectuarse mediante el libramiento de oficios conforme a los artículos 177 y 178. (Expresión sustituida por art. 4º pto. 15) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Si la sede social está incluida en el articulado del estatuto o contrato social, su cambio implica reforma del mismo y deben cumplirse los recaudos pertinentes de la Sección Primera.
Si no lo está, debe acompañarse primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original, conteniendo la transcripción del acta de la reunión del órgano de administración que resolvió el cambio, firmado por el representante legal y constancia original de la publicación prevista en el artículo 11, párrafo segundo, del Decreto Nº 1493/82.
En ambos supuestos, la fijación de la nueva sede social y su publicación deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 65, último párrafo.
Información sobre la sede social efectiva .
Los dictámenes de precalificación de los cambios de sede social deben contener manifestación del profesional dictaminante acerca de si su intervención comprendió la verificación del efectivo funcionamiento del centro principal de la dirección y administración de los negocios sociales en la sede social cuyo cambio se solicite inscribir.
En su defecto, debe acompañarse en el trámite de inscripción declaración jurada sobre dicho extremo suscripta por representante legal de la sociedad y un integrante del órgano de fiscalización de la misma, si lo hubiere, cuyas firmas deberán estar certificadas notarialmente.
Traslado del domicilio a jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Requisitos y procedimiento. (Expresión sustituida por art. 4º pto. 16) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
I – Requisitos. La inscripción de la reforma estatutaria o contractual por la cual una sociedad inscripta en jurisdicción provincial fija el domicilio social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requiere la presentación de:
1 . Copias certificadas y legalizadas si correspondiere del instrumento constitutivo y sus reformas, con constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción de origen.
2 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original, conteniendo transcripción del acta de asamblea –con su planilla de registro de asistencia–, reunión de socios o acuerdo social que resolvió el cambio del domicilio social y modificación contractual o estatutaria correspondiente.
3 . Nómina de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, con los datos del artículo 11 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 y el término de su designación.
4 . Si la sociedad es de las comprendidas en el artículo 67, párrafo segundo, de la Ley Nº 19.550, copia de los estados contables correspondientes al último ejercicio económico aprobado a la fecha de solicitud de la inscripción del cambio de domicilio, certificado por contador público la legalización de cuya firma podrá ser efectuada por cualquier consejo o entidad profesional de superintendencia de la matrícula.
5 . Certificación contable del estado de capitales suscripto, integrado e inscripto a la fecha de la asamblea, reunión de socios o acuerdo social que resolvió el cambio de domicilio, extraída de registros contables rubricados y/o autorizados, con firma también legalizada conforme al inciso precedente.
6 . Certificación de la autoridad de control y registro de la jurisdicción de origen, extendida en documento único o por separado –según el modo de organización local de dichas funciones– con antelación no mayor a los treinta (30) días de presentación de la solicitud de inscripción, sobre los puntos siguientes:
a) Vigencia de la inscripción de la sociedad;
b) Existencia de pedidos de quiebra, presentación en concurso o declaración de quiebra de la sociedad;
c) Existencia de medidas cautelares inscriptas respecto de la sociedad y en el caso de sociedades en comandita por acciones y por partes de interés, respecto de sus socios comanditados en el caso de sociedades en comandita por acciones y de todos los socios en el de las sociedades por parte de interés;
d) Libros rubricados y/o medios mecánicos autorizados a la sociedad;
e) Situación de la sociedad en orden al cumplimiento –cuando por su tipo corresponda– de obligaciones de presentación de estados contables.
Obligación del dictaminante. Sin perjuicio de la certificación de vigencia de la inscripción de la sociedad contemplada en el literal a) del presente inciso, el dictamen precalificación debe expedirse sobre el estado de la misma con los alcances requeridos por el artículo 49, inciso 2, cuarto párrafo, literal a).
7 . Copia de la constancia de la publicación prescripta por el artículo 10 de la Ley Nº 19.550, en su caso
8 . Comprobante de pago de la tasa retributiva.
II – Procedimiento posterior. La sociedad debe acreditar la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio de su domicilio anterior dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha de la inscripción del cambio. Dicho plazo podrá prorrogarse prudencialmente a su pedido sólo si acredita debidamente que el mismo resulta excedido por el normal cumplimiento de los trámites necesarios.
Transcurrido el plazo, el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia no efectuará nuevas inscripciones, suspendiéndose en su caso el trámite de las que estén solicitadas.
Sin perjuicio de ello, se cancelará la inscripción del cambio de domicilio y toda otra practicada posteriormente si la hubo, en caso de que, requeridos informes a las autoridades de contralor y/o registro del anterior domicilio social, resulte de ello que la sociedad, luego de inscripto el cambio de domicilio, instó en aquella jurisdicción trámites registrales o presentaciones en cumplimiento del régimen informativo y de fiscalización a que allí haya estado sometida.
Traslado del domicilio a jurisdicción provincial. Procedimiento.
Si una sociedad inscripta en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia decide el cambio de su domicilio a jurisdicción provincial, se aplican las reglas siguientes:
1 . Adoptada la decisión de cambio del domicilio social, la sociedad debe presentarse directamente ante la autoridad competente del nuevo domicilio a los efectos de la conformidad administrativa o inscripción y comunicar dicha presentación a la Inspección General de Justicia dentro de los quince (15) días de efectuada, adjuntando al efecto copias certificadas del escrito de presentación, de la autorización del juez concursal y del acta de la asamblea o reunión de socios que tomó la decisión y constancia original de la publicación prescripta por el artículo 10 de la Ley Nº 19.550, en su caso. (Expresión incorporada por art. 4º pto. 17) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
2 . A partir de la fecha de dicha decisión, la sociedad debe abstenerse de iniciar o instar la inscripción de actos otorgados por ella cuya oponibilidad deba producirse desde la fecha de su inscripción.
3 . Sin perjuicio de ello la Inspección General de Justicia no dará curso a nuevos trámites, paralizará en su estado los que estén cumpliéndose y pondrá su documentación a disposición de la sociedad. Si se incumple con la comunicación del inciso 1 y se efectúan inscripciones en infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, las mismas se cancelarán de oficio, lo que se notificará por cédula a la sociedad en su sede social inscripta. (Expresión derogada por art. 4º pto. 17) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
4 . La sociedad debe acreditar la inscripción de su cambio de domicilio dentro de los sesenta (60) días corridos de haberla obtenido, como así también, en igual plazo, la reinscripción de medidas cautelares o concursales si las hubiere.
5 . Cumplido ello y previa verificación, en su caso, de que la sociedad se halla al día en el pago de las tasas que correspondan devengadas hasta la fecha de dicha inscripción y de que no existen o se reinscribieron las medidas aludidas en el inciso anterior, la Inspección General de Justicia cancelará la anterior inscripción de la sociedad.
6 . Acreditada la inscripción del cambio de domicilio, la presentación de estados contables por sociedades obligadas a ello (artículo 67, párrafo segundo, Ley Nº 19.550) que estuviera pendiente a la fecha de inicio del trámite en la nueva jurisdicción, deberá efectuarse en esta última.
7 . Sin perjuicio de lo dispuesto a efectos registrales en los incisos 2 y 3, mientras la sociedad no acredite la inscripción de su cambio de domicilio, continuará sujeta a la competencia de la Inspección General de Justicia a los fines de la presentación de sus estados contables y pago de las tasas que correspondan.
8 . Para el cumplimiento de la inscripción en la nueva jurisdicción, antes o después de solicitada, la Inspección General de Justicia extenderá a solicitud de la sociedad las certificaciones necesarias relativas a los puntos indicados en el inciso 6 del artículo anterior y todo otro que conforme a las normas de dicha jurisdicción pueda requerirse, haciendo constar en todos los casos el estado de presentación de estados contables.
Traslado del domicilio social desde el extranjero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Requisitos. Trámite .
I – Requisitos. Las sociedades con domicilio fuera de la República Argentina no encuadradas con anterioridad en las disposiciones del artículo 124 de la Ley Nº 19.550 ni sujetas por lo tanto al procedimiento de regularización y adecuación regulado en el Capítulo IV del Libro III de estas Normas, pueden solicitar la inscripción del traslado de dicho domicilio a jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo presentar al efecto:
1 . Escritura pública conteniendo:
a) La transcripción de la resolución del órgano social competente por la que se aprobó el traslado del domicilio social a la República Argentina; la resolución debe contener la expresa manifestación de quienes contribuyan a la formación de la voluntad social y de los administradores de la sociedad, de que con anterioridad ésta no ha desarrollado su principal actividad en la República Argentina ni tuvo en ella la sede efectiva de su administración.
b) El texto del contrato o los estatutos sociales, ajustado a la Ley Nº 19.550, con constancia de su aprobación por el órgano social competente; el mismo puede constar en la transcripción indicada en el subinciso anterior.
La denominación social debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 239, inciso 1, subinciso f). Si se modifica en la oportunidad de decidirse el cambio de domicilio, la cláusula contractual o estatutaria respectiva y en su caso la publicación que corresponda, deben consignar el nexo de continuidad. (Número sustituido por art. 4º pto. 18) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Respecto a la cifra del capital social, se aplica el artículo 67.
c) La identificación conforme al inciso 1º del artículo 11 de la Ley Nº 19.550 de los socios, indicando cantidad, porcentaje y características de las participaciones que correspondan a cada uno. Deberá satisfacerse una pluralidad de socios de carácter sustancial, la que también deberá observarse si la sociedad hubiere sido unipersonal y su pluripersonalidad se establece mediante la incorporación de otro u otros socios en oportunidad de resolverse el traslado del domicilio social o previo a solicitarse su inscripción.
d) La transcripción de los certificados u otras constancias auténticas que acrediten la constitución, registro o incorporación de la sociedad en el extranjero.
e) La identificación de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, con indicación de su domicilio real y el domicilio especial que constituyan conforme a los artículos 256 y 157 de la Ley Nº 19.550 y del vencimiento del plazo de sus funciones.
f) La fijación de la sede social dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que podrá estar incluida en el articulado del contrato o estatuto social. En su defecto, debe ser fijada conforme al artículo 65.
g) Los datos de inscripciones previstas por los artículos 118, tercer párrafo y 123 de la Ley Nº 19.550, que la sociedad haya efectuado en cualquier jurisdicción del país.
h) La individualización de los bienes y/o derechos registrables de que la sociedad sea titular y que estuvieren inscriptos en cabeza de ella en registros de la República Argentina.
2 . Sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Si se trata de sociedad por acciones o de responsabilidad limitada o de tipo desconocido para las leyes de la República y que aprueba un texto de contrato o estatuto social correspondiente a alguno de los tipos mencionados, debe además presentarse:
a) Constancia original de la publicación prescripta por el artículo 10 de la Ley Nº 19.550, con mención de que se trata de sociedad que traslada su domicilio a la República e indicación del anterior domicilio;
b) Certificación suscripta por funcionario competente de la sociedad que, con base en los libros sociales y documentación respaldatoria, acredite:
(i) el valor del patrimonio neto de la sociedad conforme a los últimos estados contables aprobados, indicando la fecha de cierre y aprobación de los mismos;
(ii) que a la fecha de la decisión de cambio del domicilio social el capital de la sociedad se halla totalmente integrado y que la misma es titular de fondos líquidos o bienes determinados susceptibles de ejecución forzada, cuya individualización y ubicación deben indicarse, por un valor como mínimo igual a la cifra del capital y cuya valuación, en el caso de los bienes, se fundamenta en criterios similares a los establecidos o admitidos por las normas técnicas y/o prácticas contables aplicables en la República Argentina;
(iii) que la sociedad no ha realizado habitualmente operaciones en la República Argentina, indicando, si las hubiere, objeto, fecha y montos de las efectuadas.
II – Trámite posterior. Se aplican los artículos 240, 241 y 242.
Responsabilidad anterior. La inscripción no salva la responsabilidad precedente que pudiera corresponder a los socios, administradores y quienes hayan actuado como tales en la gestión social, si con anterioridad a decidirse el traslado del domicilio la sociedad ya se hallaba encuadrada en cualquiera de los supuestos del artículo 124 de la Ley Nº 19.550 y por lo tanto a partir de entonces habría debido regularizarse y adecuarse a la ley nacional de acuerdo con las disposiciones del Capítulo IV del Libro III de estas Normas.
Traslado del domicilio social desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al extranjero. Requisitos.
Para la cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio por traslado del domicilio social al extranjero, se debe presentar:
1 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original, conteniendo:
a) La transcripción del acta de asamblea –con su registro de asistencia– o reunión de socios conteniendo la decisión de trasladar el domicilio social y de cesar en la realización habitual de operaciones en la República; en su defecto deberá constar la estimación del volumen de operaciones que se desarrollarán hasta la cancelación de la matrícula social.
b) Si se trata de sociedad por acciones, la nómina de sus socios con los datos del artículo 11, inciso 1, de la Ley Nº 19.550.
c) La mención expresa de los socios recedentes y capitales que representan o, en su defecto, manifestación de no haberse ejercido derecho de receso.
d) La nómina de los acreedores oponentes con indicación del monto de sus créditos y el tratamiento otorgado conforme al inciso 3º, última parte, del artículo 83 de la Ley Nº 19.550; en su defecto, deberá constar la manifestación de que no hubo oposiciones.
e) La decisión de establecer una representación residual a los efectos de la cancelación de los pasivos pendientes a la fecha de la decisión del traslado del domicilio social y en su caso de los que se generen hasta la cancelación de la matrícula social, incluidos reembolsos por ejercicio del derecho de receso. Debe designarse la persona a cuyo cargo estará, constar su aceptación, datos personales y domicilio especial que constituya, y fijarse sede social que tendrá los efectos del artículo 11, inciso 2º, párrafo segundo, de la Ley Nº 19.550, con expresa mención de que en ella podrán ser emplazados judicial o extrajudicialmente tanto dicho representante inscripto personalmente como la sociedad.
2 . Ejemplar original de las siguientes publicaciones:
a) De los avisos de convocatoria (artículo 237, Ley Nº 19.550), salvo asamblea unánime. Para las sociedades no accionarias, el dictamen de precalificación debe expedirse sobre el cumplimiento de las formalidades de convocatoria, citación o consulta a los socios.
b) La requerida por el artículo 10 de la Ley Nº 19.550, si se trata de sociedades por acciones o de responsabilidad limitada.
c) La de citación a los acreedores los acreedores por créditos pagaderos en la República a los efectos de su derecho de oposición, la que se rige analógicamente por lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Nº 19.550.
3 . Estado de situación patrimonial detallado que acredite que la sociedad posee fondos y bienes suficientes para la cancelación de los pasivos a que se refiere el inciso 1, subinciso e) –comprendida la estimación adicional que, en su caso, corresponda conforme al subinciso a) del mismo–, computando los gastos estimados que ello demande.
4 . Constancia en forma de que la sociedad no se halla en concurso preventivo o declarada en quiebra ni que se encuentra en trámite pedido de su declaración en quiebra.
5 . Constancia de haber sido presentada denuncia de cese de actividades ante la Dirección General de Rentas a los efectos del impuesto a los Ingresos Brutos.
6 . Certificado original vigente de libre deuda previsional, el cual se suplirá en su caso con la aplicación, en lo pertinente, del artículo 309 de estas Normas.
7 . Certificados de anotaciones personales que acrediten que la sociedad no está inhibida para disponer de sus bienes, expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y los registros inmobiliarios del lugar de ubicación de las sucursales inscriptas conforme al artículo 5, párrafo tercero, de la Ley Nº 19.550, si las hubiere.
8 . Constancia de que la sociedad se encuentra inscripta en el registro de su nuevo domicilio.
Si la legislación allí aplicable condiciona dicha inscripción a que previamente esté cumplida la cancelación de la anterior, debe acreditarse que se presentó la solicitud de registro y acompañarse dictamen fundado expedido por notario o abogado habilitado en dicha jurisdicción que lo demuestre.
Actuación posterior. La actuación habitual en la República Argentina posterior a la cancelación regulada en este artículo, requiere el cumplimiento de la inscripción normada por el artículo 118, párrafo tercero, de la Ley Nº 19.550. Si se la lleva a cabo sin dicha inscripción, a las obligaciones se aplicarán las normas previstas para las que contraen las sociedades no constituidas regularmente.
Apertura y cierre de sucursal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otras inscripciones.
I – Apertura. La inscripción de la apertura de sucursal (artículo 5, último párrafo, de la Ley Nº 19.550) en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una sociedad domiciliada en jurisdicción provincial, requiere la presentación de:
1 . Constancia auténtica del Registro Público de Comercio que acredite la vigencia de la matrícula social; en su defecto, el dictamen de precalificación deberá consignar que se verificó dicho extremo.
2 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original, conteniendo la decisión de la apertura de la sucursal, su ubicación y la designación del representante a cargo de la misma, con sus datos de identidad completos y la indicación de las facultades que se le confieren conforme al artículo 135 del Código de Comercio.
El poder otorgado podrá ser protocolizado en escritura pública, la que se inscribirá conjuntamente.
II – Cierre. La inscripción del cierre de la sucursal requiere la presentación del primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original que contenga la decisión de cierre y certificados de anotaciones personales que acrediten que la sociedad no está inhibida para disponer de sus bienes, expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.
III – Otras inscripciones. Inscripta la apertura de la sucursal, las inscripciones que proceda efectuar de acuerdo con el artículo 5, último párrafo, de la Ley Nº 19.550, se practicarán con la sola presentación de copia auténtica del instrumento respectivo, con constancia de su toma de razón en el Registro Público de Comercio del domicilio social, en la cantidad de ejemplares requerida por el artículo 37.
Apertura de sucursal en jurisdicción provincial.
La apertura de sucursal u otra representación en jurisdicción provincial, debe ser informada dentro de los treinta (30) días de inscripta, adjuntando al efecto copia certificada del instrumento inscripto e informando, en caso de que no surja del mismo, la ubicación de la misma y el nombre y datos del representante designado.
Si la modificación del objeto social afecta total o parcialmente la veracidad de la denominación de la sociedad, la Inspección General de Justicia puede solicitar que también se modifique ésta, inscribiéndose ambas modificaciones en la misma oportunidad.
La inscripción del aumento del capital social sin modificación de los estatutos (artículo 188, Ley Nº 19.550), requiere la presentación de:
1 . Primer testimonio de la escritura pública o instrumento privado original, conteniendo la transcripción del acta de la asamblea en la que se aprobó el aumento del capital y de la planilla del registro de asistencia a la misma. El acta debe indicar el monto del aumento de capital, las características de las acciones que se emitan y la forma y plazo de integración, debiendo en su caso constar la delegación al directorio en los alcances del artículo 188, párrafo primero, de la Ley Nº 19.550.
2 . Ejemplar original de las publicaciones prescriptas por los artículos 188 y 237 de la Ley Nº 19.550, exceptuada la segunda en caso de asamblea unánime.
3 . Ejemplar original de la publicación prescripta por el artículo 194 de la misma ley, salvo que de la asamblea resulte que se aprobó la suspensión del ejercicio del derecho de suscripción preferente.
La mencionada publicación, como forma de notificación del llamado a ejercer derecho de suscripción preferente, no puede ser sustituida por ningún otro medio de comunicación. No obstante, se admitirá la inscripción del aumento del capital sin habérsela cumplido, únicamente si la asamblea que lo aprobó fue unánime y el plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer, su forma de cómputo y el lugar en que se ejercerán tales derechos, surgen con precisión y claridad del texto del acta de la asamblea o resulta expresamente que en oportunidad de dicha asamblea, los presentes ejercieron los derechos mencionados o renunciaron a los mismos.
4 . El formulario previsto en el artículo 96, cumplimentado de acuerdo a la forma de integración del aumento de capital, sin perjuicio de los restantes requisitos que deben satisfacerse por separado conforme al citado artículo y, en su caso, al artículo 98, apartado II.
Aumento de capital con reforma de estatutos.
La inscripción del aumento de capital con reforma de estatutos requiere cumplir con los requisitos de los incisos 1 –salvo la delegación allí prevista–, 3 y 4 del artículo anterior.
Formas de integración.
El estado de capitales y el cumplimiento de la integración del aumento de capital, se deben acreditar acompañando el formulario que en estas Normas se indica como Anexo VII, firmado por el representante legal y con certificación de contador público, y los demás elementos que, de acuerdo con la forma de integración, se indican en los apartados siguientes.
I – Aportes en dinero efectivo.
El formulario debe acreditar su ingreso total o en la proporción que corresponda de acuerdo con las condiciones de integración aprobadas por la asamblea de accionistas.
II – Aportes de bienes no dinerarios. Deben cumplirse los requisitos siguientes:
1 . La justificación de la existencia y valuación de los bienes conforme a las disposiciones pertinentes de la Sección Quinta del Capítulo anterior.
2 . Si se aportaron bienes registrables debe acreditarse su inscripción definitiva a nombre de la sociedad.
3 . En caso de bienes muebles, el inventario debe estar firmado por el aportante y el representante legal, debiendo constar la fecha en la cual los bienes fueron entregados en propiedad a la sociedad.
Debe acompañarse además certificación de contador público sobre los registros contables y folios –con sus datos de rubricación o autorización– de los cuales surja la contabilización de los bienes en el patrimonio social.
III – Capitalización de créditos.
Si se resuelve la capitalización de saldos acreedores por créditos en moneda nacional o extranjera de accionistas o terceros contra la sociedad, debe presentarse detalle de débitos y créditos de la cuenta del acreedor, del que resulte el origen de los créditos, la registración del ingreso de los fondos o bienes y el saldo que se capitaliza con los intereses correspondientes –detallando su carácter, tasa aplicada y período– firmado por el representante legal y certificado por contador público.
Si existen créditos originados en la entrega de bienes no dinerarios, debe justificarse la valuación de los mismos conforme a las disposiciones pertinentes de la Sección Quinta del Capítulo anterior.
IV – Capitalización de saldos de cuentas de capital, utilidades y reservas libres.
Debe indicarse el monto que se capitaliza y, en su caso, saldo subsistente, y la fecha de la asamblea que aprobó los estados contables o la constitución de las reservas.
La emisión de acciones sobre la cuenta de 'ajuste de capital' deberá ser por el saldo total de la misma a la fecha de entrada en vigencia de estas Normas.
V – Capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones.
Si se resuelve la capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones recibidos de los accionistas o terceros en moneda nacional o extranjera u otras disponibilidades de poder cancelatorio o liquidez análogos (cheques, giros, transferencias, depósitos bancarios sin restricciones para su extracción) excluidos créditos, debe presentarse:
1 . Acuerdo escrito; contenido. Copia auténtica del acuerdo escrito contemplado por la Resolución Técnica Nº 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Norma 5.19.1.3.1), el cual debe identificar debidamente a las partes, cuyas firmas deberán ser certificadas notarialmente, especificar si el aportante es un tercero o un accionista de la sociedad receptora del aporte o de sociedad directa o indirectamente controlante o controlada de aquélla, cumplir con los requisitos en la citada resolución técnica conforme se reglamentan en los subincisos siguientes y contener además estipulaciones sobre los restantes puntos que también se indican:
a) El plazo durante el cual el aportante se obliga a mantener el aporte y dentro del cual deberá celebrarse la asamblea de accionistas que deberá decidir sobre su capitalización, como un punto especial del orden del día. Dicho plazo no podrá exceder de ciento ochenta (180) días corridos computados desde la aceptación del aporte por el directorio de la sociedad, salvo que:
(i) en razón de la fecha de cierre del ejercicio económico, conforme a los artículos 234, último párrafo, y 237 de la Ley Nº 19.550, la asamblea general ordinaria deba celebrarse antes de cumplido el plazo acordado, en cuyo caso el acuerdo debe prever que la decisión sobre la capitalización de los aportes irrevocables deberá adoptarse en esa misma oportunidad, ya sea como punto especial de la asamblea ordinaria o bajo la competencia de asamblea extraordinaria, según la cuantía del aumento de capital que corresponda considerar; o que
(ii) por el juego de las normas citadas la asamblea general ordinaria deba realizarse después del plazo máximo de ciento ochenta (180) días que se contempla, supuesto para el cual el acuerdo escrito puede contemplar a favor de la sociedad la opción de decidir la capitalización en la misma oportunidad de tal asamblea.
b) La cantidad, características y en su caso, clase de acciones que deberán entregarse al aportante en caso de aprobarse su emisión.
c) El valor patrimonial proporcional de las acciones en circulación a la fecha del acuerdo y si las nuevas acciones se emitirán con o sin prima de emisión, determinándose en caso afirmativo el valor de dicha prima o bien el mecanismo de determinación de la misma, previéndose expresamente, para este segundo supuesto, la variabilidad de la cantidad de acciones a emitirse en relación con las determinadas conforme al subinciso anterior.
d) El no devengamiento de intereses compensatorios sobre el monto aportado, sin perjuicio de los moratorios y en su caso punitorios que procedan por mora en la restitución, si correspondiere ésta.
e) La sujeción de la restitución del aporte al régimen de oposición de acreedores contemplado por los artículos 204 y 83, inciso 3º, último párrafo, de la ley 19.550, y el plazo cierto de dicha restitución, que no podrá ser inferior al resultante de aplicar la segunda de las normas legales recién citadas.
f) La obligación de la sociedad de cumplir la restitución aplicando las normas antes citadas y sin necesidad de resolución asamblearia especial alguna, en el caso de que, transcurrido el plazo previsto en el subinciso a), no se hubiere celebrado la asamblea en él contemplada, o de que, habiéndose celebrado, la misma no haya tratado expresamente la capitalización del aporte como un punto especial del orden del día.
g) El derecho del aportante a reclamar dicha restitución si la asamblea que aprobó la capitalización fue celebrada después de transcurrido el plazo debido o si, cualquiera haya sido la oportunidad en que se celebró, aprobó la capitalización en condiciones distintas de las pactadas conforme a los subincisos b) y c).
h) La subordinación del crédito del aportante para el caso de cesación de pagos de la sociedad –ya sea existente a la fecha de la asamblea contemplada en el subinciso a) o producida con posterioridad –; dicha subordinación, en los términos del artículo 3876, párrafo segundo, del Código Civil, deberá estar convenida con respecto a no menos de la totalidad de los pasivos sociales existentes a la fecha máxima en que deba decidirse sobre la capitalización del aporte por aplicación del subinciso a).
i) (Subinciso derogado por art. 4º pto. 19) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
(Última frase del inciso 1) derogada por art. 4º pto. 19) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
2 . Copia auténtica del acta de reunión del directorio de la cual surja la aceptación expresa del aporte, firmada por el representante legal y con certificación de la firma y calidad del mismo e identificación del libro, datos de rúbrica y folios en los que obrare.
Si el aporte fue efectuado en moneda extranjera, en el acta referida debe constar su valor de conversión a moneda nacional al tipo de cambio comprador correspondiente al cierre de las operaciones del Banco de la Nación Argentina de la fecha de la aceptación del aporte.
3 . Certificación contable de la composición y cuantía del patrimonio neto de la sociedad a la fecha de aceptación del aporte irrevocable, incluyéndose a éste. La misma debe estar firmada por graduado en ciencias económicas y su firma legalizada por la autoridad de superintendencia de la matrícula, salvo que se trate del mismo profesional firmante del formulario a que se refiere el inciso siguiente.
4 . El ingreso de los fondos debe resultar del formulario que se indica como Anexo VII, con contrapartida en los rubros Caja y Bancos. (Número de Anexo sustituida por art. 4º pto. 19) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
A los fines de este apartado y de la contabilización, se consideran equivalentes las expresiones 'aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones', 'aportes irrevocables', 'anticipos irrevocables', 'aportes', 'aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones' u otras total o parcialmente análogas y que denoten la operatividad de los mismos, como así también la utilización indistinta y/o total o parcial de cualquiera de ellas en número singular o plural.
Improcedencia de aportes irrevocables en especie. Tratamiento.
Los aportes de bienes en especie y los demás contemplados en los artículos 71, 72 y 73, no podrán efectuarse bajo el régimen del artículo anterior, debiendo sujetarse a las reglas comunes del aumento del capital social.
Emisión previa de acciones liberadas.
I – La inscripción del aumento del capital social integrado en cualquiera de las formas contempladas en los apartados I, II y V del artículo 96, requiere la previa o simultánea inscripción del aumento de capital que corresponda por la emisión de acciones liberadas de las mismas características y clases de las acciones existentes en circulación, por el total del saldo de las cuentas de capital del patrimonio neto que permitan su emisión (artículo 189, Ley Nº 19.550), a la fecha de la asamblea de accionistas aprobatoria del aumento efectivo del capital social.
La emisión de las acciones liberadas debe ser decidida en la misma asamblea aprobatoria del aumento efectivo o en asamblea anterior, incluyéndosela como un punto especial del orden del día.
El aumento efectivo del capital social debe tener como base la cifra de capital reexpresado inmediatamente consecuente con la emisión de las acciones liberadas.
II – Recaudos. Si la emisión se dispuso en asamblea anterior, para su inscripción deben presentarse el primer testimonio de la escritura pública o instrumento privado original, conteniendo la transcripción del acta de la asamblea en la que fue aprobada y de la planilla del registro de asistencia a la misma, la publicación original prescripta por el artículo 188 de la Ley Nº 19.550, en su caso, y el formulario requerido por el inciso 4 del artículo 94.
Cualquiera sea la oportunidad en que se disponga la emisión, para su inscripción debe acompañarse también una certificación suscripta por graduado en ciencias económicas, que indique los saldos de las cuentas a que se refiere el primer párrafo, a la fecha de la asamblea que aprobó el aumento efectivo del capital social, identificando los estados contables de que resulten y los libros y folios donde constaren transcriptos, con los datos de rúbrica correspondientes.
III – Inscripción anterior. Si la emisión de acciones liberadas fue inscripta en el Registro Público de Comercio con anterioridad, el mencionado dictamen deberá determinarlo con precisión al expedirse sobre el tracto registral.
Afectación previa o posterior de la pluralidad de socios; condiciones de procedencia de la inscripción.
La afectación de la pluralidad sustancial de socios preexistente a la asamblea que resolvió el aumento de capital, no obsta a la inscripción del mismo si dicha afectación se produjo como consecuencia de las conductas seguidas por los accionistas en orden al ejercicio de sus derechos de suscripción preferente y de acrecer o como consecuencia de la división por vía sucesoria de la participación accionaria del causante.
Si del registro de asistencia a la asamblea resulta la participación cuasiintegral de un único accionista, el dictamen de precalificación debe relacionar las circunstancias de aumentos de capital anteriores o de inscripciones de particiones sucesorias que hayan conducido a la situación contemplada en el párrafo anterior o, en su caso, la existencia del supuesto del artículo 55, tercer párrafo, que fundamenten la procedencia de la inscripción en tales condiciones.
Aplicabilidad a otras inscripciones. Lo dispuesto en este artículo se aplicará, cuando corresponda, en el ejercicio del control de legalidad previo a la inscripción de resoluciones del órgano de gobierno de las sociedades relativas a otras modificaciones o a actos no modificatorios, que se contemplan en el presente Capítulo.
Reducción de capital. Requisitos comunes.
La inscripción de la reducción del capital social, sea voluntaria (artículo 203, Ley Nº 19.550) o por pérdidas (artículos 205 y 206, ley citada), requiere la presentación de:
1 . Primer testimonio de la escritura pública o instrumento privado original, conteniendo transcripciones del acta de la asamblea que resolvió la reducción del capital y modificación correspondiente de los estatutos sociales, y de la planilla del registro de asistencia a la misma. Conforme al orden del día y a la deliberación, debe constar claramente la clase de reducción.
2 . Balance general o –en caso de reducción voluntaria– especial a la fecha de efecto de la reducción, con informe de auditoría conteniendo opinión, el cual debe indicar el libro y folios donde se encuentra registrado dicho balance, con los datos de rúbrica correspondientes.
3 . Informe firmado por el representante legal sobre la forma en que se materializará la operación (canje o sellado de acciones anteriores, proporción a entregar en su caso, procedimiento a seguir con fracciones, etc.), si no surgiere de la resolución social; se exceptuará en caso de asamblea unánime.
Reducción voluntaria. Requisitos especiales.
La inscripción de la reducción voluntaria requiere, además de los recaudos del artículo anterior, la presentación de:
1 . Un estado de situación patrimonial a la fecha de efecto de la reducción, confeccionado en columnas comparativas, mostrando por cada rubro la situación previa, las afectaciones y la situación resultante de la reducción.
Debe acompañárselo con certificación de contador público, que individualizará libro y folios donde se encuentre transcripto, con los correspondientes datos de rúbrica.
2 . Informe fundado del síndico o del Consejo de Vigilancia en su caso o –si la sociedad no cuenta con dichos órganos– de auditor, conteniendo opinión respecto a la razonabilidad de la reducción desde el punto de vista de la situación económico financiera de la sociedad y respecto a si dicha reducción afecta derechos de terceros o la igualdad entre socios.
Dicho informe debe ser objeto de expresa consideración en la asamblea que apruebe la reducción.
3 . La publicación original prescripta por el artículo 204 , párrafo primero , de la Ley Nº 19.550, cuyo texto debe indicar expresamente que se hace a los efectos del derecho de oposición de los acreedores sociales y contener la denominación, sede social y datos de inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio, importe de la reducción, valuación del activo y pasivo sociales y monto del patrimonio neto anteriores y posteriores a la reducción y fecha de la resolución asamblearia que la aprobó.
4 . Certificados que acrediten que la sociedad no está inhibida para disponer o gravar sus bienes, expedidos por los registros inmobiliarios de la Capital Federal y, en su caso, demás que correspondan por la ubicación de los bienes, salvo que la reducción de capital se instrumente en escritura pública y el certificado o certificados se referencien en ella, dejándose constancia de su agregación al protocolo.
Oposiciones. La escritura pública o instrumento privado requeridos por el inciso 1 del artículo anterior, deben contener además la nómina de los acreedores oponentes con los montos de sus créditos y el tratamiento dado a las oposiciones, o en su defecto la manifestación de que no hubo oposiciones en el plazo legal.
Reducción por amortización. Si la reducción se opera por amortización total de acciones integradas y se realiza con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres (artículos 204, párrafo segundo y 223, Ley Nº 19.550), el modo de materializarse debe ajustarse a las previsiones estatutarias o de la resolución asamblearia. Si éstas establecieron la realización de sorteo, debe acompañarse copia auténtica del acta de sus resultados labrada ante escribano público o ante la Inspección General de Justicia y la publicación de dicho resultado, que podrá también incorporarse al aviso prescripto por el artículo 10 de la Ley Nº 19.550.
Acciones liberadas; emisión previa a la reducción.
Se aplica en lo pertinente lo dispuesto por el artículo 98.
'Operación acordeón'. Improcedencia.
No se inscribirán la reducción a cero del capital social –consecuencia de su pérdida total– y su simultáneo aumento (' operación acordeón').
La pérdida total del capital social como causal de disolución de la sociedad (artículo 94, inciso 5º, Ley Nº 19.550), debe revertirse mediante el reintegro total o parcial del mismo o su aumento (artículo 96, ley citada), éste segundo sujeto a inscripción conforme a las disposiciones pertinentes de esta Sección.
Si el reintegro es parcial, procede luego la reducción de la cifra estatutaria al importe de dicho reintegro, la que debe inscribirse de acuerdo con el artículo 100.
La variación del capital social importa siempre modificación de contrato, debiendo cumplirse con los requisitos correspondientes.
Normas aplicables .
En lo pertinente a las reglas del tipo social, se aplican a las sociedades de responsabilidad limitada, cualquiera sea la cifra de su capital social, los artículos 96 a 103 de la Primera Parte de esta Sección, con las salvedades siguientes:
1 . En referencia al inciso 4 del Apartado V del artículo 96, podrá obviarse la presentación del formulario allí requerido, en cuyo caso el ingreso de los fondos correspondientes a los aportes irrevocables, con contrapartida en los rubros Caja y Bancos, deberá surgir de la certificación prevista en el inciso 3 del mismo artículo o de certificación separada con los recaudos de firma y legalización allí fijados. (Expresión sustituida por art. 4º pto. 20) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
2 . En la reducción de capital, en lugar del informe requerido por el inciso 3 del artículo 100, debe acompañarse detalle firmado por el representante legal de la cantidad de cuotas que quedarán como de titularidad de cada socio como consecuencia de la reducción, salvo que ello surja de la resolución social o de los términos de la cláusula contractual que se modifique.
Derecho de suscripción preferente .
En los aumentos de capital que habiliten el derecho de suscripción preferente de los socios ausentes o que votaron contra el aumento de capital (artículo 160, penúltimo párrafo, Ley Nº 19.550), el dictamen de precalificación debe expedirse circunstanciadamente sobre las condiciones de observancia de dicho derecho, pudiendo la Inspección General de Justicia, si lo estimare insuficiente, requerir las aclaraciones y la presentación de la documentación necesaria para acreditar debidamente el extremo.
Utilización de términos .
A los fines de la normativa cuya aplicabilidad se establece en el artículo 105, cuando en la misma se hace referencia a asamblea, asamblea de accionistas o similar, acciones, acciones liberadas, directorio, acta de reunión de directorio, resolución asamblearia o se efectúan otras menciones inherentes a la tipología y funcionamiento de la sociedad por acciones, se entenderá reunión de socios –o en su caso las formas de tomar acuerdos sociales que en defecto de regulación contractual autoriza el artículo 159, primer párrafo, de la Ley Nº 19.550–, cuotas, cuotas liberadas, gerencia, acta de reunión de la gerencia –o de declaración del gerente, según el modo de organización que se haya previsto–, resolución de la reunión de socios –o de los socios si cupiere la salvedad que antecede–, respectivamente, siendo indistinto el uso de los términos o expresiones total o parcialmente en número singular o plural.
Para la inscripción del nombramiento de directores (artículo 60, Ley Nº 19.550), los cuales deben ser personas físicas, debe presentarse:
1 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original, conteniendo las transcripciones del acta de la asamblea que resolvió los nombramientos, de su registro de asistencia y del acta de la reunión de directorio en la que se dispuso la distribución de los cargos si ésta no se efectuó en la asamblea.
Si en la asamblea cesaron directores, el acta debe individualizarlos.
2 . La publicación original prescripta por el artículo 60 de la Ley Nº 19.550, con individualización precisa de los directores nombrados y sus cargos y en su caso la de los cesantes. Los nombres deben coincidir exactamente con los resultantes de la asamblea y debe constar el domicilio especial constituido en cumplimiento del artículo 256, último párrafo, de la misma ley.
3 . Constancia original de los avisos de convocatoria a la asamblea que efectuó los nombramientos (artículo 237, ley citada), salvo que la misma haya sido unánime.
Aceptación del nombramiento. Domicilio. Garantía.
De las actas de la asamblea que efectúe el nombramiento o de la reunión de directorio en la que se distribuyan los cargos, debe resultar:
1 . La aceptación expresa o tácita del nombramiento por los directores individualizados con precisión, a cuyo fin:
a) Valdrá como aceptación tácita la presencia de los mismos en cualquiera de los actos mencionados;
b) No se considerarán suficientes las referencias genéricas, la constancia de firmas sin aclaración ni la manifestación, aun con constancia de recepción, de haberse notificado la designación.
Duda sobre la aceptación. En caso de duda sobre la aceptación del nombramiento, deberá presentarse nota de aceptación expresa con la firma del designado certificada notarialmente u otra constancia fehaciente, salvo que del dictamen de precalificación surja que su firmante constató dicha aceptación, precisando la documentación de la cual resulte.
2 . El domicilio real en la República de la mayoría de los directores y el especial que todos ellos hayan constituido a los fines del artículo 256, último párrafo, de la Ley Nº 19.550, el que será vinculante frente a la Inspección General de Justicia.
En su defecto, tales domicilios deberán ser informados mediante nota con la firma de cada director certificada notarialmente, pudiendo ésta información ser cumplida en la misma nota de aceptación del cargo, en su caso.
3 . La constitución de la garantía requerida por el artículo 256, segundo párrafo, de la Ley Nº 19.550, de conformidad con las disposiciones estatutarias y lo establecido en el artículo 75 de estas Normas, debiendo individualizarse el documento de constitución con indicación del otorgante de la garantía y de la fecha, monto y modalidad de la misma. La ausencia de estipulación estatutaria inscripta sobre la garantía al tiempo de practicarse el nombramiento o de pedirse su registración, no exime de la constitución de la garantía conforme a su contenido mínimo establecido en el citado artículo 75.
Si la garantía no está constituida al tiempo de la distribución o aceptación de los cargos, el dictamen de precalificación debe expedirse en esos mismos alcances sobre su efectivo cumplimiento al tiempo de solicitarse la inscripción.
Representantes estatales. La constitución de la garantía no se exige a los directores que se designen con expresa constancia de que representan al Estado u otras dependencias o entidades públicas aludidas en el artículo 75, último párrafo.
Supuestos especiales de designación.
I – Nombramiento por el Consejo de Vigilancia. Si el nombramiento es efectuado por el consejo de vigilancia (artículo 281, inciso d, Ley Nº 19.550), el instrumento requerido por el inciso 1 del artículo 108 debe contener la transcripción del acta de la reunión del mismo.
II – Nombramiento por la sindicatura. Si la sindicatura solicita la inscripción de un nombramiento efectuado conforme al segundo párrafo del artículo 258 de la Ley Nº 19.550, debe presentarse:
1 . En caso de sindicatura colegiada, el instrumento requerido por el inciso 1 del artículo 108 conteniendo transcripción del acta de la reunión de la misma extraída del libro prescripto por el artículo 290 de la Ley Nº 19.550 y documentos originales de las comunicaciones del nombramiento cursadas al directorio y al director designado, efectuadas por medio fehaciente y con constancia de recepción, pudiendo optarse por su protocolización si se presenta escritura pública.
2 . En caso de sindicatura unipersonal, escritura pública conteniendo la declaración del nombramiento efectuado y la protocolización de las comunicaciones indicadas en el inciso anterior.
III – Aceptación del nombramiento; domicilios; garantía. En cualquiera de los supuestos de este artículo, la aceptación del nombramiento y los domicilios real y especial del designado, deben acreditarse mediante nota de éste con su firma certificada notarialmente, y el cumplimiento de la constitución de la garantía, mediante el dictamen de precalificación en la forma dispuesta en el segundo párrafo del inciso 3 del artículo anterior.
Publicación. Debe acompañarse la publicación original prescripta por el artículo 60 de la Ley Nº 19.550.
Dictámenes de precalificación. En los casos de nombramiento por la sindicatura colegiada o el Consejo de Vigilancia, el dictamen de precalificación debe expedirse sobre la observancia de las formalidades de convocatoria o citación a la reunión respectiva y de las normas de quórum y mayorías, conforme a la reglamentación del funcionamiento del órgano (artículos 280, párrafo segundo, 281, primer párrafo y 290, Ley Nº 19.550).
Tracto.
A los fines del tracto registral, toda inscripción requiere que, a la fecha de solicitársela, estén también inscriptas la designación de quienes a tal fecha sean directores y la cesación de directores anteriores, haya o no sido antes inscripto el nombramiento de estos últimos.
Si tales inscripciones faltaran, deben requerirse en la misma oportunidad que la del acto de que son presupuesto, para ser practicadas simultáneamente con ésta.
Al expedirse sobre el tracto registral, los dictámenes de precalificación profesional deben informar sobre la composición actual del directorio y si sus integrantes se encuentran inscriptos, indicando los datos de inscripción.
Elección por voto acumulativo.
Si la designación de los directores cuya inscripción se solicita fue efectuada por acumulación de votos (artículo 263 de la Ley Nº 19.550), el control de legalidad del nombramiento se realizará verificando que la resolución asamblearia se haya adoptado con observancia de los procedimientos y criterios expresados en los incisos siguientes. El acta de la asamblea debe contener las referencias circunstanciadas que sean suficientes a tal fin.
1 . En caso que uno o más accionistas deseen ejercer el derecho de votar acumulativamente, deberán notificarlo fehacientemente a la sociedad con la anticipación prevista en el inciso 1 del artículo 263 de la Ley Nº 19.550, individualizando las acciones con las que se ejercerá tal derecho. Para el cómputo del plazo se incluyen los días feriados y se excluye el día de la asamblea.
2 . No procederá la elección por el sistema del voto acumulativo:
a) Si la notificación no se efectuó en término, o
b) Si se omitió la individualización de las acciones con las que se ha de votar, o
c) (Subinciso derogado por art. 4º pto. 21) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
3 . Si se han cumplido los requisitos señalados en el inciso 1 por un accionista, quien preside la asamblea debe informar a los accionistas presentes que todos se encuentran facultados para votar acumulativamente, incluso los que no hayan ejercicio el derecho, o que, habiendo formulado la notificación correspondiente, hubieren incurrido en alguno de los extremos señalados en el inciso 2.
4 . Previo al acto de la votación, se controlará los votos que corresponden a cada accionista presente y se dará esa información circunstanciadamente a todos los asistentes.
5 . Los accionistas que ejerzan el derecho de votar acumulativamente tendrán tantos votos como resulte de multiplicar los que normalmente les corresponden, por el número de vacantes a elegir, votos con los que se podrá elegir solamente un número de personas que no exceda del tercio de las vacantes a llenar. Si dicho número de vacantes no fuera exactamente divisible por tres, los accionistas que voten acumulativamente sólo podrán hacerlo por el número entero inmediatamente inferior al tercio. Dentro de ese tercio quienes voten acumulativamente podrán distribuir o acumular sus votos en uno o más candidatos. El tercio comprende a la totalidad de los accionistas que voten acumulativamente, de modo que no podrá ser superado, cualquiera fuera el resultado de la elección.
6 . Los accionistas que voten por el sistema ordinario o plural y los que voten acumulativamente competirán en la elección del tercio de las vacantes a llenar, aplicándose a los dos tercios restantes el sistema ordinario o plural de votación.
7 . Los accionistas que no voten acumulativamente lo harán por la totalidad de las vacantes a cubrir, otorgando a cada uno de los candidatos la totalidad de los votos que les corresponde conforme a sus acciones con derecho a voto.
8 . Ningún accionista podrá variar el sistema o procedimiento de voto elegido una vez emitido el voto, aunque podrá modificarlo antes de dicha emisión.
9 . Ningún accionista podrá votar dividiendo al efecto sus acciones en parte acumulativamente y en parte en forma ordinaria o plural.
10 . Los accionistas que hubieren notificado su voluntad de votar acumulativamente y cumplido los recaudos señalados en el inciso 1, sólo votarán acumulativamente con las acciones mencionadas en la notificación previa correspondiente, aunque conforme al registro de acciones (artículo 213, Ley Nº 19.550) resulten titulares de mayor cantidad de acciones el depósito fuera mayor.
11 . Salvo disposición estatutaria que lo reglamente de otra manera o unanimidad de los presentes –extremos que deben constar con precisión en el acta de la asamblea–, el presidente de la asamblea, previo a la votación y tras el cumplimiento de lo indicado en el inciso 4, entregará a cada uno de los presentes una cédula, en que cada accionista indicará:
a) Nombre y apellido;
b) Sistema por el que votará;
c) Cantidad total de votos que les corresponden;
d) Número o cantidad de votos que aplica a cada candidato.
12 . Devueltas las cédulas al presidente de la asamblea, éste les dará lectura en voz alta. El resultado de la votación será computado por persona, confeccionándose una lista con el nombre de los candidatos votados y los votos obtenidos por cada uno, teniendo en cuenta la limitación al tercio expresado en el inciso 5. Sólo se considerarán electos los candidatos votados por el sistema ordinario o plural si reúnen la mayoría establecida por el artículo 243, último párrafo, de la Ley Nº 19.550.
13 . En caso de empate entre dos o más candidatos votados por el mismo sistema, se procederá a una nueva votación en la que participarán solamente los accionistas que optaron por dicho sistema, excluyéndose a los accionistas que dentro del sistema ya obtuvieron la elección de otro candidato.
14 . En caso de que un candidato reuniese votos emitidos en parte por el sistema ordinario o plural, y en parte por voto acumulativo, su calificación a los fines del tercio legal enunciado en el inciso 5 se hará teniendo en cuenta la mayor cifra parcial de votos cuya sumatoria constituya el total obtenido.
Cláusulas estatutarias. En la constitución de las sociedades o la modificación de sus estatutos, la Inspección General de Justicia no considerará irregulares, a los efectos del penúltimo párrafo del artículo 263 de la Ley Nº 19.550, las cláusulas estatutarias que prevean renovaciones parciales del directorio, si no se impide en cada una de ellas el ejercicio del derecho reconocido por esa norma.
Concurrencia de inspector de justicia. Si la asamblea se lleva a cabo con la concurrencia de inspector de justicia, éste debe verificar que los nombramientos se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de lo que corresponda resolver en el trámite registral, en su caso.
Elección por clases de acciones.
Las disposiciones estatutarias que contemplen la elección de directores por clases de acciones (artículo 262, Ley Nº 19.550), deben contener previsiones que aseguren que las designaciones se produzcan con el voto de las acciones de la clase respectiva y que, si así no ocurriese por empate o por ausencia de todos los accionistas que la integran, dichas designaciones puedan ser efectuadas por la clase restante, o por las restantes a prorrata si hubiere más de una, o por la asamblea ordinaria en pleno, siempre que en todos los supuestos se trate de acciones con derecho a voto. (Conjunción sustituida por art. 4º pto. 22) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Cesación. Requisitos.
Para la inscripción de la cesación de directores que no sea simultánea con el nombramiento de otros, debe presentarse:
1 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original, conteniendo la transcripción del acta de la asamblea con su planilla de registro de asistencia, o de la reunión de directorio, en su caso, de la que resulte la cesación de los directores; si la cesación fue por renuncia, debe constar expresamente su aceptación.
2 . La publicación original prescripta por el artículo 60 de la Ley Nº 19.550, con individualización precisa de los directores cesantes, cuyos nombres deben coincidir exactamente con los que figuren en el acta de la asamblea, o de la reunión de directorio en que se aceptó su renuncia.
3 . Constancia original de los avisos de convocatoria a la asamblea de la que resulte la cesación de los directores (artículo 237, ley citada), salvo que la misma haya sido unánime.
Legitimación del director cesante.
El director cesante tiene legitimación para solicitar la inscripción prevista en el artículo anterior, cumpliendo con los recaudos en él establecidos.
Si no dispone de la documentación indicada en el inciso 1 con los recaudos de autenticidad necesarios para su inscripción, puede denunciar que por medio fehaciente intimó infructuosamente a la sociedad, con constancia de efectiva recepción, a que le entregara dicha documentación o promoviera ella el trámite de inscripción.
Con el traslado de la denuncia, la Inspección General de Justicia intimará a la sociedad a acreditar dicha entrega o la iniciación del trámite registral. En caso de incumplimiento, se aplicará multa a la sociedad y, en su oportunidad, a los directores y síndico que, requeridos al efecto, omitan acreditar en forma documentada que obraron para que se cumpliera con la intimación y que, a falta de resultado, dejaron expresa constancia de su protesta.
Si la documentación se presenta en forma, se notificará por cédula al interesado para que inicie el trámite registral.
Sentencia judicial .
En caso de sentencia firme sobre la cesación de un director, se inscribirá ésta cumpliéndose con los recaudos instrumentales del artículo 36, inciso 3, de estas Normas y la publicidad del artículo 60 de la Ley Nº 19.550.
Notas marginales; improcedencia .
La Inspección General de Justicia no asentará notas marginales relativas a la cesación, perfeccionada o no, de autoridades sociales.
Inscripción de renuncia no tratada. Legitimación. Procedimiento.
Los directores de sociedades anónimas cuyo directorio sea pluripersonal, están legitimados para solicitar la inscripción de su renuncia que no haya sido expresamente tratada por el directorio, cumpliendo con los requisitos y de acuerdo con el procedimiento previsto en este artículo.
1 . El renunciante debe acreditar que notificó su renuncia por medio fehaciente (carta documento, telegrama, diligencia notarial etc.) y que la notificación fue efectivamente recibida por la sociedad.
2 . La notificación debe contener la intimación a que se cumplan los extremos siguientes: (Expresión derogada por art. 4º pto. 23) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
a) Se cite –para celebrarse dentro de los cinco (5) días corridos de recibida la intimación (artículo 267, Ley Nº 19.550)– a reunión de directorio a fin de considerar expresamente la renuncia, aceptándola o rechazándola;
b) Se comunique al renunciante, también por medio fehaciente, al domicilio especial por él constituido (artículo 256, último párrafo, de la Ley Nº 19.550) o al que indique en la intimación, la resolución que se haya adoptado en dicha reunión, dentro de un plazo no superior a los diez (10) días corridos contados desde la fecha de su celebración;
c) Si la renuncia fuere aceptada, dentro del mismo plazo indicado en el subinciso b), (i) se ponga a disposición del renunciante copia auténtica del acta respectiva (artículo 73, párrafo primero, de la Ley Nº 19.550), bajo la forma instrumental necesaria para su inscripción prevista en los incisos 1 o 2 del artículo 36 de estas Normas, corriendo el peticionante, en ambos casos, con los gastos correspondientes, y (ii) se le informe asimismo si se solicitó al Boletín Oficial la publicación requerida por el artículo 60 de la Ley Nº 19.550 y, en caso afirmativo, la fecha de tal solicitud, número de recibo de pago, fecha prevista de aparición de la publicación y cualquier otro dato necesario para individualizarla.
3 . La omisión en la notificación de las intimaciones requeridas en los subincisos b) y c) del inciso 2, no obstará al procedimiento si el director renunciante concurrió a la reunión y cuenta con copia del acta de la cual resulte que su renuncia no fue expresamente tratada en esa oportunidad, aceptándola o rechazándola.
Si por el contrario, del acta resulta la aceptación de la renuncia, se aplicará en su caso lo dispuesto en el artículo 115.
4 . Si, en cumplimiento de la intimación prevista en el inciso 2, el documento inscribible se entrega al renunciante, éste debe iniciar por sí el trámite de inscripción, corriendo con la publicación prescripta por el artículo 60 de la Ley Nº 19.550, si la misma no fue efectuada por la sociedad.
5 . En caso de incumplimiento, el renunciante debe:
a) Esperar el transcurso de no menos de quince (15) días corridos desde la recepción de la intimación prevista en el inciso 2;
b) Transcurrido dicho plazo, formalizar el otorgamiento de una escritura pública en la cual deben transcribirse íntegramente el instrumento de notificación de la renuncia, la constancia de su recepción y la respuesta o respuestas a dicha notificación si las hubieron; en el supuesto del primer párrafo del inciso 3, debe transcribirse además el acta de la reunión de directorio;
c) Presentar dicha escritura pública a la Inspección General de Justicia.
6 . La Inspección General de Justicia correrá a la sociedad vista de dicha presentación, la que se notificará en la sede social inscripta conforme al artículo 11, inciso 2º, párrafo segundo, de la Ley Nº 19.550 o en aquella que, conforme a la notificación practicada en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1 de este artículo, resulte ser la sede efectiva de la sociedad.
La vista prevendrá expresamente a la sociedad:
a) Que deberá manifestar categóricamente si la renuncia fue tratada o no por el directorio y si fue o no aceptada, acompañando la documentación auténtica que acredite el tratamiento dado;
b) El apercibimiento de que, en caso de silencio, respuesta parcial, evasiva, no documentada o de la cual surja que la reunión de directorio no fue convocada o no se efectuó por falta de quórum, se considerará aceptada la renuncia por aplicación de lo dispuesto por el artículo 919 del Código Civil.
7 . La sociedad debe responder dentro de los diez (10) días de notificada de la vista.
8 . Si acredita —con indicación de fecha y número de expediente— que inició el trámite de inscripción de la renuncia, o acompaña en forma el documento inscribible, las actuaciones se paralizarán en su estado, lo que se notificará al renunciante, el cual, en el segundo de dichos supuestos, debe instar el trámite registral correspondiente.
9 . Si la documentación presentada por la sociedad acredita el rechazo expreso de la renuncia y la convocatoria a asamblea de accionistas para su tratamiento, se paralizarán las actuaciones en su estado y se notificará al director renunciante la incompetencia de la Inspección General de Justicia para pronunciarse frente a tal supuesto, atento a lo establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 22.315.
10 . Si la sociedad no responde o lo hiciere insuficientemente de acuerdo con lo apercibido conforme al inciso 6, se hará efectivo el apercibimiento allí contemplado y se girarán las actuaciones para tramitar la inscripción de la escritura pública otorgada conforme al inciso 5, previo cumplimiento de los requisitos que en su caso restaren, lo que se notificará al interesado. (Expresiones sustituida por art. 4º pto. 23) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
11 . Las notificaciones previstas en los incisos 6, 8, 9 y 10 se practicarán por cédula.
Sanciones .
El incumplimiento de los extremos requeridos por los incisos 2, 6 y 10 del artículo anterior, constituye causal de aplicación de multa a la sociedad. La misma sanción se aplicará en su oportunidad a los directores y síndicos que requeridos al efecto no acrediten documentadamente que obraron para que se tratara expresamente la renuncia presentada y que dejaron expresa constancia de su protesta por el resultado negativo.
Directorio unipersonal.
Si el renunciante fuere el único director, debe acreditar que convocó a asamblea de accionistas –en convocatorias simultánea o pospuesta, según lo que prevea el estatuto social– y que la misma no pudo realizarse por falta de quórum.
Para la inscripción de la renuncia debe acompañar escritura pública que contenga la protocolización del acta de directorio correspondiente y del cierre del registro de asistencia a la asamblea y la constatación notarial de la no celebración de ésta, corriendo asimismo con la publicación prevista en el artículo 60 de la Ley Nº 19.550.
Situaciones no previstas.
La Inspección General de Justicia apreciará las situaciones de cesación de directores no previstas en los artículos anteriores y la aptitud registral de la documentación que se presente para su inscripción, con base en el principio de autenticidad y la certeza razonable de la efectiva desvinculación del director cesante en su caso.
En caso de duda no se practicará la inscripción, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan caber al interesado.
Consejo de Vigilancia. Normas aplicables .
Las disposiciones precedentes son aplicables en lo pertinente al nombramiento y cesación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
Cuando en ellas se hace referencia a director o directorio, se entenderá consejero o consejo de vigilancia, respectivamente.
I – Designación. La inscripción de la designación de gerentes se rige en lo pertinente por los artículos 108 y 109.
II – Renuncia. Se aplican las reglas siguientes:
1 . Gerencia colegiada. La inscripción de la cesación por renuncia no tratada de gerentes de sociedades de responsabilidad limitada con administración colegiada, se rige por lo establecido en el artículo 118.
2 . Gerencia conjunta, unipersonal o indistinta. Si la administración es conjunta, unipersonal o indistinta, el gerente renunciante debe acompañar para su inscripción escritura pública de la cual resulte –por la protocolización y constatación pertinentes– que, para el tratamiento de la renuncia y en su caso reemplazo, se citó a reunión de socios notificándose a éstos fehacientemente en el domicilio previsto en el artículo 159, último párrafo, de la Ley Nº 19.550, y que dicha reunión, citada para celebrarse en plazo no inferior a diez (10) días desde la última citación, no se realizó por falta de quórum.
Debe cumplirse también con la publicidad legal (artículo 60, ley citada).
Sociedades en comandita por acciones.
La inscripción de la designación y cesación de administradores de sociedades en comandita por acciones se rigen por las normas de la Primera Parte de esta Sección que correspondan por la forma de organización de la administración y sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales sobre su reorganización, cuando sea necesario.
Otras normas aplicables. Utilización de términos.
Además de lo establecido en los artículos 123 y 124, serán aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita por acciones y a otros tipos de sociedades regularmente constituidas, aquellas disposiciones de la Primera Parte de esta Sección que resulten pertinentes en el caso conforme a las reglas de funcionamiento del tipo social y al régimen de fiscalización a que la sociedad se halle sujeta, siguiendo criterios de razonable analogía.
Cuando las normas que resulten aplicables contengan expresiones o términos propios de la tipología de la sociedad anónima, deben entenderse sus equivalentes para la sociedad del tipo que en el caso corresponda, con usos indistintos en número singular o plural. En relación con las sociedades de responsabilidad limitada, la referencia a la asamblea de accionistas debe entenderse como reunión de socios y las demás formas de tomar acuerdos sociales que en defecto de regulación contractual autoriza el artículo 159, primer párrafo, de la Ley Nº 19.550.
La Inspección General de Justicia implementará por medios informáticos un libro índice alfabético de administradores de sociedades inscriptas, el cual se regirá por las reglas siguientes:
1 . Constarán en él las altas y bajas de inscripciones, agrupándose por cada persona las altas y bajas correspondientes a todas las sociedades cuyo órgano de administración integre o haya integrado.
2 . Se tomará nota de las comunicaciones judiciales o administrativas que se efectúen a los fines del artículo 264 de la Ley Nº 19.550 y, en su caso, de toda otra disposición que establezca inhabilidades para ser administrador social, las cuales deberán incluir el nombre y apellido completos y el número de documento de identidad del inhabilitado y la fecha de comienzo de la inhabilitación.
3 . Las comunicaciones de inhabilitaciones anotadas y las de origen concursal que consten en el libro índice de personas inhabilitadas por quiebra previsto en el Título II del Libro VII de estas Normas, se confrontarán con las constancias del registro de administradores a fin de determinar si la persona comprendida registra altas como administrador social.
4 . En caso de existir, la Inspección General de Justicia intimará a la entidad o entidades a cuyo órgano de administración correspondan, para que dentro de los noventa (90) días de notificada dicha intimación se acredite la cesación del inhabilitado en su cargo y se solicite la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio, cumpliendo con los recaudos legales y reglamentarios correspondientes.
5 . Pendiente la inscripción de la cesación, no se considerará satisfecho el tracto registral para nuevas inscripciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas por la Ley Nº 22.315.
Inscripciones. Las inscripciones de designaciones de administradores de sociedades, se efectuarán previa verificación de la inexistencia de inhabilitaciones anotadas en el libro que se prevé y en el de inhabilitados por quiebra.
Unificación. En cuanto las condiciones de factibilidad técnica lo permitan, se propenderá a la unificación de ambos libros.
Para la inscripción de la cesión o constitución de derechos reales de usufructo o prenda sobre cuotas, debe presentarse:
1 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original conteniendo el acto de cesión o constitución del derecho real.
2 . En la transmisión de cuotas, la constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia en la forma establecida por el artículo 152, segundo párrafo, de la Ley Nº 19.550.
3 . Constancia original del asentimiento prescripto por el artículo 1277 del Código Civil, en su caso. Su otorgamiento podrá resultar también del instrumento de la cesión o constitución del derecho real. Si se trata de instrumento privado, la firma del cónyuge debe estar certificada notarialmente.
4 . Certificado de anotaciones personales que acredite que el cedente o el constituyente de la prenda o usufructo no están inhibidos para disponer o gravar sus bienes, expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y, en su caso, por el registro inmobiliario del domicilio de aquellos.
Cuotas de transmisibilidad limitada. Si la cesión requiere de la conformidad de los socios, debe acompañarse también el instrumento o instrumentos auténticos que acrediten que la misma fue prestada, pudiendo también surgir del instrumento requerido por el inciso 1, con las firmas de los socios certificadas notarialmente en caso de instrumento privado.
Dictamen precalificatorio; contenido. En la cesión de cuotas, el dictamen precalificatorio debe dejar constancia del carácter libre o restringido de la transmisibilidad de las cuotas conforme al contrato social y expedirse circunstanciadamente sobre el cumplimiento de los procedimientos relativos a la conformidad de los socios o el ejercicio de derecho de preferencia por parte de ellos o la sociedad. Debe indicar también la cantidad de cuotas que se transmiten y contener el estado de distribución y titularidad de todas las cuotas representativas del capital social anterior y posterior a la cesión.
Transmisión del derecho de voto. Improcedencia.
No se inscribirá la constitución del usufructo de cuotas que comprenda la transmisión de derechos de voto al usufructuario.
Modificaciones, cesiones, cancelación.
La inscripción de modificaciones, cesiones y cancelación de la prenda o usufructo, requieren la presentación del instrumento respectivo y el certificado requerido por el inciso 4 del artículo 127.
Si la modificación comporta extensión de derechos en el usufructo de cuotas, debe acreditarse también, en su caso, el asentimiento conyugal conforme a lo requerido por el inciso 3 del artículo 127.
Dicho requisito debe igualmente cumplirse para la inscripción de la cesión del usufructo o la prenda, si están admitidas.
Sociedad en comandita por acciones. Cesión de capital comanditado.
Para la inscripción de la cesión de capital comanditado, debe presentarse:
1 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original conteniendo el acto de cesión y la transcripción de la asamblea prescripta por el artículo 323 de la Ley Nº 19.550 y su registro de asistencia.
2 . Constancia original del asentimiento prescripto por el artículo 1277 del Código Civil, en su caso. El otorgamiento del mismo puede también constar en el acto de cesión, con la firma del cónyuge certificada notarialmente.
3 . Ejemplar original de los avisos de convocatoria a la asamblea requerida por el artículo 323 de la Ley Nº 19.550 (artículo 237, ley citada), salvo la misma haya sido unánime.
4 . Certificado de anotaciones personales que acredite que el cedente no está inhibido para disponer o gravar sus bienes, expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y, en su caso, por el registro inmobiliario de su domicilio.
Modificación de estatutos. Si la asamblea aprobó la modificación del estatuto social, debe acompañarse también la constancia original de la publicación prescripta por el artículo 10 de la Ley Nº 19.550, haciendo en ella mención del cedente y cesionario del capital comanditado y la cantidad de éste que se cedió.
Dictamen precalificatorio; contenido. El dictamen de precalificación debe indicar también la cantidad de capital comanditado cedido y las partes de la operación y contener el estado de distribución y titularidad del capital comanditario y comanditado anterior y posterior a la cesión.
Sociedades de personas. Cesión de partes de interés .
La cesión de partes de interés de sociedades colectivas, en comanditas simples y de capital e industria importa modificación del contrato social, debiendo acompañarse el instrumento respectivo conteniendo el acto de cesión y el acuerdo social respectivo (artículos 131, 139 y 145, Ley Nº 19.550).
Debe acreditarse también, en su caso, el asentimiento conyugal (artículo 1277, Código Civil) y acompañarse el certificado requerido en el inciso 4 del artículo anterior.
Declaratoria de herederos. Partición hereditaria. Disolución y liquidación de sociedad conyugal.
Para la inscripción de declaratoria de herederos, partición y liquidación y división de sociedad conyugal, debe presentarse oficio o testimonio judicial con los recaudos pertinentes del artículo 36, inciso 3.
En el mismo o, en su defecto, en el dictamen de precalificación, deben constar la cantidad de cuotas, partes de interés o partes de capital comanditado que se transmiten o adjudican y los datos personales de los herederos o adjudicatarios o del cónyuge en su caso.
I – Sociedades por acciones. La inscripción de la emisión de obligaciones negociables, requiere la presentación de:
1 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original, conteniendo las transcripciones del acta de la asamblea que resolvió la emisión y sus condiciones, de su registro de asistencia y, en su caso, del acta de la reunión de directorio que haya aprobado las condiciones de la delegación de facultades autorizada por el artículo 9º de la Ley Nº 23.576.
2 . Constancia original de los avisos de convocatoria a la asamblea (artículo 237, ley citada), salvo que la misma haya sido unánime.
3 . En caso de emisión de obligaciones convertibles en acciones, ejemplar original de la publicación prescripta por el artículo 194 de la misma ley, salvo que de la asamblea resulte que se aprobó la suspensión del ejercicio del derecho de suscripción preferente; se aplica lo dispuesto en el artículo 94, inciso 3, segundo párrafo.
4 . Constancia original de la publicación del aviso requerido por el artículo 10 de la ley citada –texto según Ley Nº 23.962–.
II – Emisión de obligaciones negociables por otros sujetos. La inscripción de la emisión de obligaciones negociables dispuesta por cooperativas, asociaciones civiles u otras entidades autorizadas, requiere el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 1 y 4, en lo pertinente.
Asociaciones civiles. Respecto a la publicidad de la convocatoria a la asamblea extraordinaria que haya aprobado la emisión, el dictamen de precalificación debe expedirse sobre el correcto cumplimiento de las normas estatutarias o reglamentarias.
Si en lugar del pago de intereses se contempla la asignación por sorteo de un premio en efectivo o en especie, debe además acompañarse copia auténtica de la autorización correspondiente (Decretos Nros. 7342/65 y 292/79).
Sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. En el caso de sucursales de sociedades constituidas en el extranjero, debe acompañarse el documento conteniendo la resolución del órgano social competente para disponer la emisión y sus condiciones, con los recaudos del inciso 5 del artículo 36, y la publicación indicada en el inciso 4 del presente artículo.
III – Debentures. La inscripción de la emisión de debentures requiere la presentación de primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original, conteniendo el contrato de fideicomiso requerido por el artículo 338 de la Ley Nº 19.550 y las transcripciones del acta de la asamblea que resolvió la emisión y de su registro de asistencia y en su caso las publicaciones originales indicadas en los incisos 2 y 3.
El contrato de fideicomiso puede inscribirse mediante la presentación de escritura pública o instrumento privado por separado, en la misma oportunidad o antes.
Conversión en acciones.
Para la inscripción de emisiones de acciones por conversión de obligaciones negociables o debentures, debe cumplirse en lo pertinente con las disposiciones sobre el aumento del capital social.
Conformidad de la asamblea de obligacionistas .
Para la inscripción de aquellos actos contemplados en el presente Título y en el siguiente que, de acuerdo a los artículos 26 y 27 de la Ley Nº 23.576, requieran de la conformidad de la asamblea de los tenedores de obligaciones negociables, debe cumplirse, además de los recaudos que les sean propios, con la presentación de copia auténtica del acta de la asamblea de obligacionistas y de su registro de asistencia y de la publicación original del aviso de convocatoria a la misma.
Alteraciones y cancelaciones.
La inscripción de alteraciones a la emisión de obligaciones negociables y debentures y la de su cancelación, requieren la presentación del documento indicado en el inciso 1 del artículo 133 con el contenido pertinente y en su caso la publicidad requerida en el inciso 2 del mismo artículo.
En el supuesto de asociaciones civiles, debe cumplirse con lo requerido en el segundo párrafo del apartado II del artículo 133. Asimismo, si la modificación comporta ofrecer el beneficio referido en el tercer párrafo de dicho apartado o cambiar las condiciones del mismo, debe cumplirse también con el recaudo de autorización que allí se prevé.
Las sociedades por acciones podrán imprimir títulos representativos de acciones sin necesidad de que en ellos figuren firmas autógrafas, siguiendo el siguiente procedimiento:
1 . La sociedad presentará a la Inspección General de Justicia la solicitud de impresión de títulos con ajuste a lo previsto en el presente, indicando la cantidad de papel filigranado que estime necesario para dicha impresión, a proveer por la Casa de Moneda.
2 . Una vez girado el expediente a la Casa de Moneda, la sociedad conformará el presupuesto formulado por ese organismo.
3 . Al formalizarse la entrega de papel en blanco, se labrará un acta suscripta por representantes de la Casa de Moneda, de la Inspección General de Justicia, de la sociedad interesada y del establecimiento impresor.
4 . Se presentarán a la Casa de Moneda los títulos ya impresos, y se levantará un acta con intervención de los representantes a que se hace referencia en el inciso anterior, en la que se conformará la cantidad de títulos, y se dejará constancia de la destrucción de las hojas inutilizadas o de la devolución de las sobrantes, y de la entrega de las láminas a la solicitante.
5 . Se agregará un facsímil de los títulos al expediente de estatutos de la sociedad.
Registro computarizado de acciones nominativas no endosables o escriturales. Solicitud de autorización; contenido.
La solicitud de autorización de llevado por medios computarizados del registro de acciones nominativas no endosables o escriturales, debe presentarse con firma del representante legal o apoderado con facultades especiales y contener:
1 . La identificación del registro que se llevará por medios computarizados o la del libro que se sustituirá con él, indicando respecto de éste sus datos de rúbrica y el tipo, fecha y folio de la última registración efectuada en él.
2 . La descripción del sistema informático propuesto, detallando sus características, medios y métodos que se utilizarán.
3 . Un esquema descriptivo de las registraciones y procesamiento a efectos de incorporar los datos exigidos por los artículos 213 de la Ley Nº 19.550 y 6º del Decreto nº 259/96 e inscribir los actos y medidas a que se refieren el inciso d) del citado artículo 6º y los artículos 7º, 8º y 9º del mencionado decreto. A los fines indicados se acompañarán por duplicado modelos de las hojas de computación que se emplearán conteniendo un diagrama que contemple los datos e inscripciones requeridos por las disposiciones legales citadas, con ejemplificación de su uso.
4 . La explicación del criterio que se seguirá para la individualización de cada accionista y el detalle de su situación accionaria, y del modo y oportunidad o plazo en que se satisfarán el derecho de libre consulta del registro y las solicitudes de emisión de comprobantes de saldo de cuenta en los casos de los artículos 8º y 9º del decreto 259/96;
5 . La exposición amplia y detallada sobre las garantías de seguridad e inalterabilidad de la información del sistema y la posibilidad de su impresión, con los alcances del artículo 139.
6 . La descripción del sistema de archivo de la documentación respaldatoria de las inscripciones.
7 . La forma y periodicidad en que serán numerados, encuadernados y archivados los registros a habilitar, debiéndose prever asimismo la grabación de copias de resguardo con la misma periodicidad en soportes ópticos que deberán contar con un código de identificación indeleble, legible externamente a simple vista –debidamente diferenciable de cualquier otro utilizado en la identificación de los resguardos de otros medios magnéticos empleados en sustitución de determinados libros conforme a lo previsto por el artículo 61 de la Ley Nº 19.550– y que proteja de una eventual alteración dolosa del contenido; debe preverse expresamente que dicho soporte deberá habilitarse en cada oportunidad mediante acta notarial que especificará el código grabado en él y depositarse en institución que preste servicios de resguardo y conservación de cosas y documentación.
Dictamen de precalificación; suscripción de documentación. El dictamen de precalificación firmado por contador público independiente, debe establecer que el sistema propuesto se ajusta a los recaudos establecidos por la presente resolución y a las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables; el dictaminante debe suscribir asimismo las piezas y documentación correspondientes a los incisos de este artículo.
Garantías del sistema.
El sistema propuesto debe garantizar la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad de la información registrada, debiendo la tecnología del mismo conllevar la modificación irreversible de su estado físico, de modo que no sea posible su borrado o sobreescritura, pudiendo emplearse solamente aquellos soportes que aseguren el resguardo de dicha información por un lapso no inferior al legal de conservación de libros sociales.
Debe asimismo permitir la impresión en todo tiempo, en hojas de papel consistente de buena absorción, de la información volcada en él.
Procedimiento.
El procedimiento de autorización se rige por lo dispuesto en los artículos 49, 50 y 53, en lo pertinente.
La solicitud se considerará automáticamente aprobada si dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada no se dictó providencia formulándole observación o aconsejando su rechazo.
Obligatoriedad de la autorización previa. Libros anteriores.
El registro no puede ser llevado por medios computarizados antes de su autorización y de la discontinuación del registro manual utilizado hasta entonces. Obtenida la autorización, debe efectuarse dicha discontinuación y acreditársela dentro de los diez (10) días siguientes mediante la presentación a la Inspección General de Justicia de copia certificada de la foja donde conste la nota correspondiente suscripta por el representante legal y el síndico, si lo hubiere, o de acta de constatación notarial efectuada a requerimiento de los mencionados. Se pondrá nota en el sistema informático a fin de prevenir la rúbrica de un nuevo registro manual sin que previamente, en su caso, se haya resuelto el reemplazo del computarizado.
Aplicación a otros registros de títulos valores privados.
Las disposiciones anteriores se aplicarán en lo pertinente a la autorización –en cuanto competa a la Inspección General de Justicia su otorgamiento– de registros computarizados de otros títulos valores privados comprendidos en el ámbito de aplicación del régimen de nominatividad obligatoria.
Las sociedades comprendidas en el artículo 299 de la Ley Nº 19.550 sujetas a fiscalización de la Inspección General de Justicia, que hayan dispuesto el pago de dividendos anticipados o provisionales, deben comunicarlo dentro de los diez (10) días hábiles de adoptada la decisión, presentando:
1 . Copia auténtica del acta de la reunión de directorio que –con consideración del informe requerido en el inciso 3– aprobó la distribución, firmada por el representante legal.
2 . Balance especial del período considerado para la distribución, firmado por el representante legal y el síndico, si lo hubiere, con informe de auditoría conteniendo opinión.
3 . Informe del síndico o del Consejo de Vigilancia, de fecha igual o anterior a la de la reunión de directorio, con opinión fundada sobre la viabilidad y razonabilidad de la distribución desde el punto de vista de la situación económico financiera de la sociedad y los derechos de terceros. (Expresión derogada por art. 4º pto. 24) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
4 . Dictamen de precalificación suscripto por graduado en ciencias económicas.
Distribución de primas. Comunicación; recaudos.
Las sociedades que resuelvan la distribución de la reserva especial formada conforme al artículo 202, tercer párrafo, de la Ley Nº 19.550, deben presentar dentro de los diez (10) días posteriores al vencimiento del plazo resultante de la sumatoria de los plazos contemplados por los dos últimos párrafos del inciso 3 del artículo 83 de la misma ley:
1 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original, conteniendo las transcripciones del acta de la asamblea general extraordinaria que –con consideración del balance e informe requeridos por los incisos 2 y 3– resolvió la distribución y de su registro de asistencia y la nómina de los acreedores oponentes con mención de los montos de sus créditos, tratamiento dado a las oposiciones y medidas cautelares trabadas si las hubo, o en su defecto la manifestación de que no hubo oposiciones en el plazo legal.
2 . Balance especial con informe de auditoría conteniendo opinión, el cual debe indicar el libro y folios donde se encuentra registrado dicho balance, con los datos de rúbrica correspondientes.
3 . Informe del síndico, o de auditoría si no lo hubiere, conteniendo opinión fundada respecto a la razonabilidad de la distribución desde el punto de vista de la situación económico financiera de la sociedad y respecto a si dicha distribución afecta derechos de terceros o la igualdad entre socios.
4 . La publicación original prescripta por el artículo 204 , párrafo primero , de la Ley Nº 19.550, cuyo texto debe indicar expresamente que se hace a los efectos del derecho de oposición de los acreedores sociales y contener la denominación, sede social y datos de inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio, importe de la distribución, valuación del activo y pasivo sociales y monto del patrimonio neto anteriores y posteriores a la distribución y fecha de la resolución asamblearia que la aprobó.
5 . Ejemplar original de la publicación prescripta por el artículo 237 de la Ley Nº 19.550, salvo que la asamblea haya sido unánime.
Las sociedades por acciones comprendidas en el artículo 299 de la Ley Nº 19.550, deben presentar la documentación prescripta por los artículos 67 y 234, inciso 1º, de dicha ley, con una anticipación no menor a quince (15) días a la fecha de la celebración de la asamblea general ordinaria que deberá considerarlos, acompañando:
1 . El formulario de actuación correspondiente y la nómina de las autoridades sociales vigentes, con los siguientes datos: apellido, nombre, domicilio constituido, tipo y número de documento, nacionalidad, profesión, edad, cargo y vigencia. (Inciso sustituido por art. 8 pto. 2) de la Resolución General N° 2/2009 de la Inspección General de Justicia, B.O. 13/3/2009. Vigencia: a partir del día 1 de abril de 2009)
2 . Copia del acta de la reunión del directorio firmada por el representante legal, de la que deberá surgir la trascripción de la memoria del ejercicio económico y la convocatoria a la asamblea que deberá considerar los estados contables. Dicha convocatoria supone la conformidad de los directores con los estados contables y el informe del órgano de fiscalización, aun cuando no conste expresamente su aprobación y sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 274 de la Ley Nº 19.550.
3 . Un ejemplar de los estados contables transcriptos a doble faz, firmado en original por el representante legal, por el órgano de fiscalización y por contador público, con constancia del libro –y sus datos de rúbrica– y los folios en que se encontraren transcriptos.
4 . Un ejemplar del informe del auditor, conteniendo opinión.
5 . Copia firmada del informe del órgano de fiscalización.
6 . Copia de la memoria firmada por el representante legal.
Informe del órgano de fiscalización; garantías de los administradores. En su informe sobre los estados contables el órgano de fiscalización deberá expedirse sobre la situación de cumplimiento de las garantías y la eventual necesidad de su adecuación.
Memoria; capitalización de la sociedad. La estimación u orientación sobre perspectivas de futuras operaciones que realice el órgano de administración, deberá incluir juicio ponderado sobre la situación de capitalización real de la sociedad en orden a si la misma resulta suficiente para encararlas o si, previsiblemente, durante el curso del siguiente ejercicio económico habrá de ser necesario procurar la obtención de nuevos aportes de los socios o de terceros.
Presentación posterior.
Las sociedades a que se refiere el artículo anterior, deben presentar dentro de los quince (15) días hábiles administrativos posteriores a la realización de la asamblea:
1 . El formulario de actuación sin timbrar. (Inciso sustituido por art. 8 pto. 3) de la Resolución General N° 2/2009 de la Inspección General de Justicia, B.O. 13/3/2009. Vigencia: a partir del día 1 de abril de 2009)
2 . Copias del acta de la asamblea que aprobó los estados contables y de la planilla del registro de asistencia a la misma, firmadas por el representante legal.
3 . Ejemplares originales de la publicación prescripta por el artículo 237 de la Ley Nº 19.550, salvo que la asamblea haya sido unánime.
4 . Un nuevo ejemplar de los estados contables e informes indicados en los incisos 3, 4 y 5 del artículo anterior –incluyendo el contenido correspondiente aludido en sus dos últimos párrafos–, si tales documentos tuvieron modificaciones respecto a los presentados en cumplimiento de dicho artículo.
Sociedades no sujetas a fiscalización permanente.
Las sociedades por acciones no comprendidas en el artículo 299 de la Ley Nº 19.550 y las de responsabilidad limitada cuyo capital alcance al indicado en el inciso 2º del artículo citado, deben presentar dentro de los quince (15) días hábiles administrativos posteriores a la realización de la asamblea: (Expresión sustituida por art. 4º pto. 25) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
1 . El formulario de actuación correspondiente y la nómina de las autoridades sociales vigentes, con los siguientes datos: apellido, nombre, domicilio constituido, tipo y número de documento, nacionalidad, profesión, edad, cargo y vigencia. (Inciso sustituido por art. 8 pto. 4) de la Resolución General N° 2/2009 de la Inspección General de Justicia, B.O. 13/3/2009. Vigencia: a partir del día 1 de abril de 2009)
2. Copia del acta de la reunión del directorio –o acuerdo o declaración de la gerencia, en su caso– en las condiciones requeridas en el inciso 2 del artículo 145.
3 . Copias del acta de la asamblea que aprobó los estados contables y de la planilla del registro de asistencia a la misma –ésta segunda si se trata de sociedad por acciones–, con firma del representante legal.
4 . Los estados contables, informe del órgano de fiscalización si lo hubiere y del auditor y la memoria requeridos en los incisos 3, 4, 5 y 6 del artículo 145, con el contenido especial correspondiente, conforme a los dos últimos párrafos del mismo.
5 . Si se trata de sociedad por acciones, los ejemplares originales de la publicación prescripta por el artículo 237 de la Ley Nº 19.550, salvo que la asamblea haya sido unánime. Si se trata de sociedad de responsabilidad limitada, copia firmada por el representante legal de las constancias de citación a la asamblea prescriptas por el artículo 159, tercer párrafo, de la mencionada ley, salvo asamblea unánime.
Presentaciones por medios magnéticos.
La Inspección General de Justicia podrá reglamentar que las presentaciones previstas en los artículos anteriores y las de documentación e información relacionadas, sean efectuadas en todo o en parte y obligatoria u opcionalmente, por medios magnéticos, fijando las condiciones necesarias.
La Inspección General de Justicia puede disponer de oficio o a requerimiento de interesado, la concurrencia de inspectores de justicia a las asambleas de accionistas y reuniones de directorio de las sociedades por acciones.
Solicitud de concurrencia a asambleas.
Los accionistas, directores y síndicos pueden solicitar la concurrencia de inspector de justicia a la asamblea hasta cinco (5) días hábiles antes del fijado para su celebración, excluido éste. Este plazo podrá ser exceptuado si se acompañan elementos que demuestren que las razones del pedido se fundan, aun parcialmente, en hechos ocurridos con posterioridad o si la Inspección General de Justicia considera que median razones que autorizan la excepción.
El solicitante debe acreditar sumariamente la calidad invocada acompañando la documentación necesaria al efecto o, si no contare con ella, referenciando a los libros sociales dicha calidad o expresando las causas de su imposibilidad de hacerlo, que se merituarán razonablemente. Debe además expresar las razones del pedido e indicar la fecha, hora y lugar de realización de la asamblea y su orden del día, adjuntando si las hubiere copias de las publicaciones o comunicaciones correspondientes a la convocatoria. El pedido debe presentarse con patrocinio letrado.
Reuniones de directorio .
La concurrencia de inspectores de justicia a reuniones de directorio está sujeta a análogos recaudos, pudiendo ser solicitada por cualquier director o el síndico. Se dispondrá con carácter excepcional, mediando razones de gravedad debidamente acreditadas. (Expresión incorporada por art. 4º pto. 26) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
Carácter de la actuación del inspector. Funciones.
El inspector concurrirá a la asamblea o reunión de directorio en carácter de veedor, sin facultades resolutivas. Su presencia y, en su caso, firma de documentación relativa al acto, no convalidan en ningún aspecto a éste ni a las resoluciones que en él se adopten.
El inspector debe:
1 . Verificar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables, desde la convocatoria al acto hasta el contenido del acta que lo documente, a cuyo fin requerirá los libros sociales y contables y demás documentación necesarios que el directorio de la sociedad debe tener a su disposición en oportunidad de la asamblea o reunión de directorio. (Expresión incorporada por art. 4º pto. 27) de la Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005)
2 . Verificar si las registraciones y actas se encuentran al día y en su caso firmadas debidamente, dejando constancia en su informe de cualquier omisión o irregularidad que advierta.
3 . Velar por que el acto se desarrolle en correcto orden y se respeten los derechos de los concurrentes, a cuyo fin, si se presentaren alteraciones graves, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Debe permanecer en el recinto donde se desarrolle hasta su finalización, aun cuando el acto no se ajuste a los requisitos legales, reglamentarios o estatutarios que correspondan o aunque por cualquier causa no se disponga o no se exhiban los libros sociales o concurran otras circunstancias cualesquiera que presumiblemente permitirían oportunamente la descalificación del acto.
4 . Solicitar la realización de votaciones nominales.
5 . Elaborar informe y emitir dictamen en la oportunidad y con el contenido y alcances requeridos en los dos artículos siguientes.
Presentación de copia del acta y documentación relacionada .
Dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de la asamblea o reunión de directorio, la sociedad deberá exhibir en la Inspección General de Justicia al inspector que asistió, el libro social respectivo con el acta allí transcripta y debidamente firmada y entregar copia de la misma y demás documentación relacionada que, en su caso, se le requiera para que la proporcione en la misma oportunidad o dentro del plazo que se le indique y que no podrá exceder de quince (15) días adicionales. Si las circunstancias lo hicieren necesario, podrá intimarse el cumplimiento en un plazo menor dentro de lo que corresponda por aplicación del artículo 73 de la Ley Nº 19.550.
La falta de presentación será causal de imposición de las sanciones previstas en los artículos 12 y 13 de la Ley Nº 22.315 y 302 de la Ley Nº 19.550.
La entrega de copia de estados contables, no exime de la presentación de los mismos conforme a los artículos 146 a 148.
Informe y dictamen del inspector. Trámite posterior .
Dentro de los cinco (5) días de vencido el plazo de la presentación indicada en el artículo anterior, el inspector debe confeccionar su informe y emitir dictamen sobre la asamblea o reunión de directorio, salvo que las circunstancias requieran anticiparlo.
I – Contenido del informe. El informe debe:
1 . Hacer constar si la sociedad cumplió con la presentación requerida en el artículo anterior, si el acta fue o no firmada por el inspector y en caso negativo los motivos de la omisión.
2 . Consignar lo ocurrido en la asamblea, pudiendo remitirse total o parcialmente, con referencias precisas, al acta de la misma y demás documentación si se presentó su copia.
3 . Dejar constancia circunstanciada de los impedimentos u obstrucciones a la presencia y/o actuación del inspector, si los hubo, a los efectos de la sanción prevista en el artículo siguiente.
El informe del inspector, refrendado en su caso por el superior que corresponda, constituye instrumento público conforme al artículo 979, inciso 2, del Código Civil y hará plena fe con los alcances de los artículos 993, 994 y 995 de dicho código.
II – Contenido del dictamen. El inspector de justicia debe dictaminar sobre:
1 . La configuración de supuestos de irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos.
2 . La viabilidad de la registración de resoluciones correspondientes a actos comprendidos en el artículo 35, si se adoptaron.
3 . La procedencia de la aplicación de sanciones a la sociedad, sus directores o síndicos, con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley Nº 22.315 y 302 de la Ley Nº 19.550.
4 . La falsedad ideológica del acta a los fines de las denuncias que puedan corresponder y de las funciones de fiscalización o registrales de la Inspección General de Justicia.
El dictamen del inspector no será vinculante.
III – Trámite del dictamen. De acuerdo con su contenido, el dictamen tendrá el trámite siguiente:
1 . Si considera configurados supuestos de irregularidad e ineficacia a efectos administrativos y procedente la aplicación de sanciones, con el mismo y el informe se formarán las actuaciones correspondientes.
2 . Si estima improcedente la inscripción ulterior de resoluciones adoptadas, conformado que sea, se pondrá nota de ello en el sistema informático. Si se solicita luego la inscripción de documento que contenga transcripción total o parcial del acta, el Departamento que deba intervenir solicitará la acumulación del informe del inspector a los fines del trámite registral.
3 . Si se considera la existencia de falsedad en el acta, se dispondrá sobre la procedencia de las denuncias o acciones judiciales pertinentes.
Diferencias entre el informe del inspector y el acta. Si existen diferencias sustanciales entre el contenido del acta y el del informe del inspector de justicia, se estará a las constancias de éste último en tanto no medie favorable acogimiento de redargución de falsedad sobre su contenido.
Impedimentos a la actuación del inspector de justicia.
El impedimento u obstrucción total o parcial a la presencia o actuación del inspector de justicia en las asambleas y reuniones de directorio o al ejercicio de sus derechos por parte de los asistentes, como así también a la presencia de escribano público, taquígrafo, traductor o intérprete requerida a su costa por cualquiera de ellos, harán pasibles a la sociedad y los directores o síndicos responsables, del máximo de la multa contemplada en los artículos 13 de la Ley Nº 22.315 y 302, inciso 3, de la Ley Nº 19.550, sin perjuicio, cuando corresponda, de la declaración de irregularidad e ineficacia del acto a los efectos administrativos.
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