Abriendo la norma
Ley provincial 5.860 · 2026
Suspensión de corte o interrupción de servicios públicos domiciliarios.
La Legislatura de la Provincia de Río Negro Sanciona con Fuerza de LEY
Suspensión de corte o interrupción de servicios públicos domiciliarios. Se suspenden hasta el 31 de diciembre de 2027, los cortes o interrupción de suministro domiciliario de los servicios públicos básicos de gas natural, energía eléctrica y agua, en todo el territorio provincial.
Quedan comprendidos en la presente ley, las personas humanas usuarias de los servicios públicos enunciados en el artículo 1º de la presente ley, que se encuentren al menos en algunos de los siguientes extremos: a) Usuarios en situación de vulnerabilidad social por cuestiones económicas, que demuestren fehacientemente la incapacidad de pago de los servicios. b) Jubilados, pensionados y grupos familiares cuyos ingresos se encuentren por debajo de la canasta básica familiar, calculada y publicada en forma mensual por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con el fin de medir los índices de pobreza e indigencia en el país. c) Jubilados, pensionados y grupos familiares que tengan a cargo a personas con discapacidad.
Los efectos de la presente ley, son aplicables a usuarios de vivienda única familiar, independiente de la titularidad del servicio, sea la ocupación en propiedad, por comodato, alquiler u otro concepto de ocupación efectiva.
Las empresas prestadoras de los servicios públicos otorgan el beneficio al usuario mediante declaración jurada. La prestadora del servicio arbitra todos los medios para la facilidad de acceso a la misma, en las dependencias de atención al público, a través del formulario respectivo que es completado y suscripto por el usuario que lo solicite de manera presencial o digital, a opción del propio usuario.
Cumplimentada la Declaración Jurada, las empresas prestadoras de los servicios la debe remitir a la Agencia de Recaudación Tributaria para el empadronamiento del usuario, que ésta confeccionará en su calidad de autoridad de aplicación de la presente por entrecruzamiento de datos.
A los efectos de la presente ley, la situación de vulnerabilidad social, se puede acreditar por cualquier actuación que expida un organismo competente público comunal, municipal, provincial o nacional que evidencie la situación de vulnerabilidad social. Asimismo, según el caso se requerirá documental respaldatoria de los extremos fijados en la presente, la cual de manera enunciativa se detalla a continuación: a) Recibo de haberes previsionales y/o recibo de sueldo. b) Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por las Juntas Evaluadoras del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad. c) Certificado de desempleo emitido por el ministerio de trabajo provincial o nacional. d) Evaluación socioeconómica realizada por organismo estatal competente. e) Certificación negativa de la ANSeS. f) Cualquier otra prueba que acredita los extremos a los efectos de ser beneficiario de la presente ley. La ausencia de las certificaciones detalladas o de otro medio de prueba, no será impedimento para la obtención del beneficio, debiendo la empresa prestataria requerir vía on-line el certificado de empadronamiento a la Autoridad de Aplicación, el cual será prueba suficiente para otorgar el beneficio de la presente ley.
Reconocimiento de Deuda por el Usuario -Planes de Pago-. La solicitud del usuario del beneficio de la presente ley implica el reconocimiento de la deuda por el monto que surge de las facturas de los servicios por el consumo habitual y normal del respectivo período. Las empresas prestatarias deben otorgar o acordar planes de pagos con los usuarios con el fin de que logren saldar las deudas contraídas por los servicios de la presente ley. La cuota mensual de los planes de pagos por la aplicación de la presente ley, en ningún caso puede superar el veinte por ciento (20%) de la factura de mayor costo por consumo del usuario. Cuando la facturación del servicio sea bimestral, las empresas prestatarias deben intercalar el cobro de planes de pago, de modo que, durante el mes del vencimiento del servicio público, el usuario no tenga que abonar cuotas del plan de pago.
En el caso de aquellos usuarios que no hubieran iniciado el trámite y se haya avanzado sobre la suspensión del servicio, las empresas prestadoras de los servicios públicos de la presente ley quedan obligadas a restablecer el suministro del servicio, previo acuerdo de un plan de pago. El restablecimiento debe ser dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de suscripto el plan de pagos, sin costos de reconexión, habilitación y supervisión. La supervisión de las condiciones de las instalaciones, sean de las características que sean, es a cuenta y cargo de las empresas prestatarias de los servicios públicos de la presente ley.
Es Autoridad de aplicación de la presente ley la Agencia de Recaudación Tributaria, quedando facultada a resolver los casos en que las empresas prestadoras nieguen el beneficio a los usuarios que lo han solicitado mediante Declaración Jurada, pudiendo imponer una multa conminatoria a la empresa prestataria de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) diarios, hasta que resuelva la situación generada por la negativa de acceso al beneficio de la presente ley.
El destino de lo recaudado en concepto de multas por la presente ley, será destinado a la publicidad enunciada en el artículo 12 de la presente ley.
Se faculta a la autoridad de aplicación a suscribir convenio de reciprocidad y cooperación con los entes reguladores de los servicios públicos, a efectos del seguimiento y control de cumplimiento de la presente ley, y a la protección adecuada de los derechos de los usuarios y consumidores.
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Legislatura de la Provincia de Río Negro, debe difundir mediante los medios masivos de comunicación, de manera clara y sencilla, el alcance de la presente ley para conocimiento de la población. En igual sentido para conocimiento de la población y para su cumplimiento, la Agencia de Recaudación Tributaria, como autoridad de aplicación de la presente ley, puede realizar convenios con las comisiones de fomento y los municipios de la provincia, con los organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y comunales con competencia en desarrollo humano. Las empresas prestadoras de los servicios públicos quedan obligadas a difundir de manera digital y/o a través de cartelería visible en sus respectivas reparticiones, el resumen de la presente ley en texto claro y sencillo.
Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Fin del texto
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