Abriendo la norma
Ley provincial 5.884 · 2026
La Legislatura de la Provincia de Río Negro Sanciona con Fuerza de LEY
Se establece el marco regulatorio integral para la habilitación, el registro, la fiscalización y el control sanitario de los establecimientos y de los transportes que intervengan en la cadena de faena, elaboración y comercialización de productos, subproductos y derivados de origen animal en el territorio de la Provincia de Río Negro. Toda persona humana o jurídica que comercialice los bienes descriptos en el párrafo anterior debe dar cumplimiento a las disposiciones del Código Alimentario Argentino (ley nacional nº 18284, sus modificatorias y reglamentaciones). Los productos deben provenir exclusivamente de establecimientos habilitados y ser transportados en unidades habilitadas por los organismos públicos competentes.
Los/as productores/as registrados/as podrán solicitar autorización ante la autoridad de aplicación para traslado de productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al autoconsumo, conforme lo determine la reglamentación. Se faculta a la autoridad de aplicación a instrumentar los convenios necesarios para su implementación.
A los efectos de esta ley se entiende por: a) Productos, subproductos y derivados de origen animal: todo alimento, materia prima o componente proveniente de especies domésticas, silvestres, avícolas, de la pesca, moluscos y crustáceos, destinado en forma directa o indirecta al consumo humano. b) Establecimiento: todo espacio físico, planta industrial o artesanal, predio o local donde se realicen tareas de faena, desposte, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, elaboración, expendio o depósito de los productos regulados por esta ley. Los que serán de tránsito provincial y municipal: 1. Establecimiento de tránsito provincial: aquel cuya producción o existencias comerciales se destinan al abastecimiento de más de un ejido municipal dentro de la provincia. 2. Establecimiento de tránsito municipal: aquel cuya comercialización y distribución se circunscribe exclusivamente al territorio del municipio o comisión de fomento que otorgó la habilitación.
Las personas humanas o jurídicas titulares de los establecimientos y de los vehículos de transporte regulados por esta ley son responsables de garantizar las condiciones higiénico-sanitarias y la inocuidad de los alimentos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda conforme la legislación de fondo.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, o el organismo que en el futuro lo reemplace en la competencia, es la autoridad de aplicación de esta ley. El Poder Ejecutivo dicta la reglamentación. La autoridad de aplicación queda facultada a dictar las normas técnicas y operativas necesarias para su ejecución, dentro del marco que fije la reglamentación.
Los establecimientos se clasifican, según su escala de procesamiento, en industriales y artesanales, y según el destino geográfico de su comercialización, en establecimientos de tránsito provincial y de tránsito municipal. Ambas clasificaciones son concurrentes. Son artesanales los establecimientos cuya producción diaria de producto terminado no supere los quinientos (500) kilogramos faenados o cien (100) kilogramos elaborados. La reglamentación puede establecer los indicadores técnicos de categorización.
Corresponde a la autoridad de aplicación la habilitación de los establecimientos de tránsito provincial. Cada municipio y comisión de fomento conserva la competencia para habilitar los establecimientos de tránsito municipal dentro de su respectivo ejido.
La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con los municipios y comisiones de fomento, a fin de: a) Asumir la habilitación y el control de establecimientos de tránsito municipal cuando el gobierno local carezca de capacidad técnica operativa, como así también habilitar tramos de tránsito interjurisdiccional que autoricen el traslado y comercialización de sus productos, subproductos y derivados hacia otros municipios o comisiones de fomento. b) Encomendar al gobierno local, cuando cuente con estructura bromatológica propia, tareas de inspección sobre establecimientos de tránsito provincial situados en su ejido. c) Reconocer recíprocamente las habilitaciones e inspecciones practicadas por una y otra jurisdicción, a fin de evitar duplicaciones.
Las habilitaciones otorgadas por la autoridad de aplicación tienen una vigencia máxima de un (1) año contado desde su emisión. Su renovación debe solicitarse con la antelación que fije la reglamentación. La autoridad de aplicación puede otorgar habilitaciones transitorias y precarias a los establecimientos en proceso de adecuación edilicia, por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogable por única vez por igual término mediante acto fundado, y siempre que quede garantizada la inocuidad de los productos. Vencido el plazo sin que el establecimiento acredite el cumplimiento de los requisitos, la habilitación transitoria caduca de pleno derecho.
Los establecimientos de escala industrial y los de tránsito provincial deben contar con un profesional matriculado con incumbencia específica en materia de inocuidad alimentaria, que ejerce las funciones de director técnico o directora técnica. Dicho profesional responderá por la correcta ejecución de los protocolos sanitarios y de calidad. Las infracciones a la presente serán imputadas al titular del establecimiento, sin perjuicio de las acciones legales que éste o la autoridad de aplicación puedan ejercer contra el Director/a Técnico/a por el mal desempeño de sus funciones.
Para obtener la habilitación provincial, los peticionantes deben cumplir los requisitos formales que determine la reglamentación y acreditar en forma concurrente: a) Autorización de emplazamiento o habilitación comercial expedida por el municipio o comisión de fomento respectivo. b) Plan de tratamiento y disposición de efluentes líquidos. c) Plan de gestión y disposición final de residuos sólidos y de despojos biológicos de faena. La reglamentación establece los requisitos de construcción, ingeniería sanitaria e higiene, adecuados a las distintas escalas de producción, tomando como referencia los estándares de la reglamentación de la ley nacional nº 22375
Los establecimientos elaboradores habilitados por la autoridad de aplicación, así como los productos, subproductos y derivados que elaboren, deben inscribirse ante el Ministerio de Salud con carácter previo a su comercialización. La reglamentación instrumenta el registro de modo de evitar duplicaciones con las inscripciones exigidas por el Código Alimentario Argentino, pudiendo el Ministerio de Salud reconocer las inscripciones ya otorgadas en ese marco y establecer procedimientos de intercambio de información con la autoridad de aplicación.
El traslado de productos, subproductos y derivados dentro del territorio provincial debe realizarse en unidades de transporte habilitadas, equipadas con sistemas de conservación acordes a la mercadería transportada y amparadas por el certificado sanitario de tránsito que acredite su origen e inocuidad. La reglamentación determina la autoridad emisora del certificado, su contenido y su plazo de validez.
La fiscalización se rige por el criterio de competencia concurrente, conforme las siguientes pautas: a) La autoridad de aplicación, a través de su cuerpo de inspectores, audita e inspecciona los establecimientos y los transportes comprendidos en esta ley. b) El Ministerio de Salud supervisa las condiciones de inocuidad y la vigencia de las inscripciones de los productos registrados conforme el artículo 12. c) La Policía de la Provincia de Río Negro presta el auxilio de la fuerza pública y, en los controles de rutas y caminos provinciales, verifica la documentación sanitaria y la habilitación de los vehículos en tránsito, en coordinación con la autoridad de aplicación y con la Agencia de Seguridad Vial. Los conflictos de competencia que se susciten en la aplicación de este artículo se resuelven conforme los artículos 5º y 6º de la ley A nº 2938
Los productos y subproductos derivados de la fauna silvestre deben procesarse en establecimientos habilitados conforme esta ley. El organismo con competencia en materia de fauna silvestre determina anualmente las especies autorizadas, las temporadas, los cupos de extracción, las zonas habilitadas y los períodos de veda.
Los recursos pesqueros, moluscos y crustáceos deben procesarse en plantas habilitadas por la autoridad de aplicación. El organismo con competencia en materia de pesca determina las especies, los cupos de captura y las temporadas de explotación.
Constituyen infracciones a esta ley: a) La elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la comercialización de productos, subproductos o derivados de origen animal provenientes de establecimientos carentes de habilitación vigente, o depositados en ellos, o cuyas condiciones se encuentren alteradas o adulteradas. b) El funcionamiento de establecimientos o de transportes que presenten deficiencias edilicias, higiénicas, físicas, químicas o biológicas que pongan en riesgo la inocuidad de los alimentos o la salud y la seguridad de los operarios. c) El incumplimiento de las especificaciones y parámetros de proceso establecidos por el Código Alimentario Argentino (ley nacional nº 18284) y sus reglamentaciones. d) La obstrucción de las tareas de inspección o la negativa a suministrar la información o la documentación requeridas por la autoridad actuante.
El incumplimiento o las infracciones de la presente, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones, conforme lo determine la reglamentación: a) Apercibimiento. b) Multa equivalente al valor de entre doscientos (200) y cinco mil (5000) kilogramos en pie de la categoría novillo. c) Decomiso de los productos objeto de la infracción. d) Clausura temporaria o definitiva del establecimiento. e) Inhabilitación temporaria o definitiva del establecimiento, director técnico o de la directora técnica, o del vehículo de transporte. Las sanciones pueden aplicarse en forma independiente o acumulativa.
Las sanciones se gradúan atendiendo a la gravedad de la infracción, al riesgo generado para la salud pública, al perjuicio efectivamente causado, al beneficio económico obtenido, los kilogramos decomisados y/o a sus antecedentes. Se considera reincidente a quien cometa una nueva infracción dentro de los tres (3) años de haber quedado firme una sanción anterior impuesta conforme esta ley. La reincidencia habilita a aplicar la sanción en el doble del monto o del plazo que hubiera correspondido.
Cuando se constate un riesgo inminente para la salud pública o para la inocuidad de los alimentos, el personal de inspección puede adoptar en el lugar de los hechos las siguientes medidas preventivas: a) Clausura preventiva, total o parcial, del establecimiento. b) Interdicción o decomiso inmediato de los productos que se hallen en infracción o cuya procedencia, trazabilidad o aptitud para el consumo humano no pueda verificarse en el momento de la inspección. Las medidas previstas en este artículo se ejecutarán sin perjuicio de las sanciones definitivas que correspondan y deberán instrumentarse mediante el labrado de una detallada Acta de Constatación y Notificación, la cual servirá de base para el inicio del respectivo sumario administrativo, conforme lo determina la reglamentación.
Toda presunta infracción da lugar al labrado de un acta de constatación por el personal actuante, que debe contener la identificación del inspeccionado, la descripción circunstanciada de los hechos, la mención de las normas presuntamente infringidas y la notificación del plazo para presentar descargo, conforme lo determina la reglamentación. El presunto infractor puede presentar descargo y ofrecer prueba dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada el acta. La resolución sancionatoria debe ser dictada por acto fundado, previo dictamen del servicio jurídico permanente.
La acción para sancionar las infracciones a esta ley prescribe a los dos (2) años contados desde la fecha de comisión del hecho o, en las infracciones continuadas, desde su cese. La prescripción se interrumpe por el labrado del acta de constatación y por el dictado de la resolución sancionatoria.
La resolución firme que impone multa constituye título ejecutivo suficiente. Su cobro se persigue por la vía de ejecución fiscal prevista en la legislación provincial aplicable.
Se crea el Fondo de Apoyo Ganadero, que continúa y sustituye al Fondo de Apoyo Ganadero al que refiere el artículo 9° de la ley E nº 2534. Se integra con: a) El producido de los aranceles de habilitación, rehabilitación e inspección previstas en el artículo 25. b) El importe de las multas percibidas en aplicación de esta ley. c) Los aportes que le asigne el presupuesto provincial y los provenientes de convenios con organismos nacionales, provinciales, municipales o internacionales. Los recursos del Fondo se destinan al financiamiento de los programas operativos de fiscalización de la autoridad de aplicación, al equipamiento y movilidad de su cuerpo de inspectores y al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de la cadena de productos de origen animal.
Se establecen los aranceles de habilitación, de rehabilitación y de servicios de inspección y fiscalización previstos en esta ley. El hecho imponible está constituido por la prestación efectiva del servicio administrativo o de control respectivo. El monto se determina tomando como unidad de referencia el valor del kilogramo en pie de la categoría novillo y no puede superar el equivalente de 200 kilogramos, dentro de ese límite la reglamentación fija el valor concreto.
En todo lo no previsto expresamente en esta ley se aplican supletoriamente las disposiciones de la ley nacional nº 22375 y su reglamentación, sin perjuicio de la aplicación directa del Código Alimentario Argentino conforme el artículo 1º. Así también, la ley A nº 2938 será de aplicación supletoria en todo lo que no esté expresamente regulado en la presente.
Las habilitaciones otorgadas bajo el régimen de la ley E nº 2534 mantienen su validez hasta la fecha de su vencimiento y, en el caso de las definitivas, por el plazo de un (1) año contado desde la entrada en vigencia de esta ley. Sus titulares deben solicitar la adecuación al nuevo régimen antes de ese vencimiento.
Las actuaciones administrativas, los sumarios y los recursos en trámite a la fecha de entrada en vigencia de esta ley continúan rigiéndose por las normas vigentes al momento de su inicio. Cuando el nuevo régimen resulte más favorable al administrado en materia sancionatoria, se aplica éste.
Los establecimientos en período de adecuación conforme el artículo 9º de la ley E nº 2534 conservan el plazo oportunamente otorgado. Los establecimientos alcanzados por la exigencia de dirección técnica del artículo 9º disponen de noventa (90) días corridos desde la entrada en vigencia de esta ley para acreditar su cumplimiento.
Los saldos, bienes, derechos y obligaciones del Fondo de Apoyo Ganadero al que refiere el artículo 9° de la ley E nº 2534 se transfieren de pleno derecho al Fondo creado por el artículo 24 de la presente.
El Poder Ejecutivo adecuará, dentro del plazo previsto en el artículo 35, las normas reglamentarias dictadas en ejecución de la ley E nº 2534, incluido el Decreto nº 1426/94 en cuanto remite a ella. Hasta tanto se dicte la nueva reglamentación, subsisten las disposiciones reglamentarias vigentes en cuanto no se opongan a esta ley.
Se deroga la ley E nº 2534 y sus modificatorias, leyes nº 3516 y nº 3889
Los municipios y comunas, deberán adecuar, en el marco de sus competencias, su normativa local a los estándares previstos en la presente.
Esta ley entra en vigencia a los noventa (90) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo dicta la reglamentación dentro de los noventa (90) días corridos de la publicación de esta ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Fin del texto
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