Abriendo la norma
Ley provincial 5.233 · 1978
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta.
EL GOBERNADOR (I) DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
Téngase por Ley de la Provincia, el texto del Código Procesal Civil y Comercial, redactado por la Comisión integrada según Decreto Nro. 1920/76, por los doctores Daniel Ovejero Solá, Michel Ortíz y Julio Ovejero López, el que se agrega como anexo integrante de la presente ley.
El mencionado Código entrará en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a todos los juicios que se iniciaren a partir de ese momento. Se aplicará también a los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezado su curso, los cuales se regirán por las disposiciones hasta entonces aplicables.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial de leyes de la Provincia y archívese.
La competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 12, inciso 4 de la Ley 48, exceptúase la competencia territorial que podrá ser porrogada por conformidad de partes.
La prórroga se operará si surgiere de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden. Asimismo, para el actor, por el hecho de entablar la demanda; y respecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo y opusiese excepciones previas sin artilar declinatoria.
La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas. Los jueces de la Provincia podrán directamente dichas diligencias a los jueces y funcionarios de otras jurisdicciones provinciales o a los nacionales.
La competencia por razón de monto y de la materia se define por el petitorio de la demanda. Los tribunales de Paz Letrados de la Provincia conocerán: a) En los asuntos civiles y comerciales en que el valor de lo reclamado en el petitorio de la demanda exceda la competencia de los jueces de paz departamentales y no sea superior a DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-), con excepción de los que se refieran al derecho de familia, juicios universales, interdictos y acciones posesorias. A los fines de determinar el monto se considerará únicamente el objeto principal de la demanda con exclusión de los accesorios. Si con posterioridad, y hasta trabada la litis, resultare que el valor de lo cuestinado excede la competencia del tribunal, surgirá la del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en turno a la fecha del cargo del primer escrito; b) En los procesos de desalojo de inmuebles urbanos o rurales, estten o no vinculadas las partes por un contrato de locación, haya o no contrato escrito y cualquiera sea el monto del alquiler, con excepción de los juicios de desalojo por restitución de la vivienda concedida al trabajador en virtud o como accesorio de un contrato de trabajo; c) En las demandas por rescisión, incumplimiento, consignación, cobro de alquileres contra el inquilino o su fiador y demás cuestiones vinculadas al contrato de locación, cualquiera sea su monto; d) En los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Paz Departamentales. Toda demanda deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio. A pedido del interesado podrán remitirse las actuaciones al juez declarado competente.
Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas contenidas en este Código o en otras leyes, será juez competente; 1).- Cuando se ejercite acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias o una sola, pero situada en diferentes jurisdiciones judicales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor. La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura, deslinde y división de condominio; 2).- Cuando se ejercite acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieren situados estos últimos. 3).- Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar fijado en el contrato, a falta de éste, el del lugar en que debe cumplirse la obligación y; en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado, o el del lugar del contrato siempre que el demandado se encontrare en él, aunque fuere accidentalmente, en el momento de la notificación. El que no tuviere domicilio fijo, podrá ser demandado en el lugar en que se encontrare o en el de su última residencia; 4).- En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a eleccion del actor; 5).- En las acciones personales, cuando fueren varios los demandados, y se tratare de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor; 6).- En los acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deben presentarse; y no estando determinado, el del domicilio del obligado, o el del lugar en que se haya administrado los bienes o el principal de éstos, a elección del actor; 7).- En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas, y salvo disposición en contrario, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización; el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor; 8º) En las acciones de nulidad de matrimonio, separación personal, divorcio vincular, así como en la que verse sobre los efectos del matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del domicilio del cónyuge demandado, a elección del cónyuge actor. Si uno de ellos no tuviera domicilio en la República, la acción podrá ser intentada ante el Juez del último domicilio que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se hubiere celebrado en la República. No probado donde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia. En los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, y en los derivados de los supuestos previstos en el artículo 152 bis del Código Civil, el del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado; en su defecto, el de su residencia. En los de rehabilitación, el que declaró la interdicción. 9).- En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolarizaron; 10).- En la protocolización de testamentos, el del lugar en donde debe abrise la suceción; 11).- En las acciones entre socios, el del lugar del asiento único o principal de la sociedad, aunque la demanda se iniciare con posterioridad a su disolución o liquidación, siempre que desde entencis no hubieren transcurrido dos años; 12).- En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promuevan, salvo disposición en contrario; 13).- Sólo los tribunales de la ciudad de Salta (Distrito Judicial del Centro) son competentes para entender en los asuntos en que la Provincia o sus entidades descentralizadas sean parte, como actores o demandados, como así también en las sucesiones vacantes. 15) Cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, o cualquier otra acción derivada de la aplicación de ese régimen, el del lugar de la unidad funcional de que se trate, salvo que en el reglamento se hubiere constituido domicilio especial. No procederá la prórroga o la incompetencia territorial requerida por quien ha sido demandado ante los Jueces de su domicilio real.
En las cuestiones conexas, será juez competente el del juicio principal. Especialmente, y a falta de otras disposiciones, será juez competente: 1).- En los incidentes, citación de evicción, cumplimiento de transacción celebrada en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en juicio, obligaciones de garantía y acciones accesorias en general, el del proceso principal; 2).- Es juez competente para conocer en las tercerías, el que ordenó el embargo. Cuando el mismo bien haya sido embargado en dos o más procesos que se tramitan en distintos juzgados, será competente, el juez que ordenó el primer embargo, si todos ellos fuesen del mismo grado; caso contrario corresponderá al juez que dispuso el embargo de mayor monto; 3).- En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del juicio de divorcio o nulidad de matrimonio; 4).- En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos y litis expensas, el del juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio en trámite, y no probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes de la competencia. Mediando juicio de inhabilitación, el pedido de alimentos contra el inhabilitado se promoverá ante el juzgado donde se sustancia aquél. 5).- En las medidas preliminares y precautorias el que deba conocer en el proceso principal si éste se inició con anterioridad. Caso contrario, será competente el que comenzó a actuar en aquéllas, salvo lo dispuesto en el artículo 4, inciso a) 2 párrafo; 6).- En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que conozca en el juicio en el que se hace valer. 7).- En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste; 8).- En los juicios por cobro y consignación de alquileres, el que haya conocido o deba conocer en el desalojo por falta de pago.
Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procederá la inhibitoria. En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia que se reclama. Elegida una vía no podrá en lo sucesivo usarse de otra.
La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente. La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si su trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata.
Si entablada la inhibitoria el juez se declarase competente, librará oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiera planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia. Solicitará, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda. La resolución sólo será apelable si se declarare incompetente.
Recibido el oficio o exhorto, el juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición. Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al tribunal requiriente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho. Si mantuviere su competencia, enviará sin otra sustanción las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requiriente para que remita las suyas.
Dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, el tribunal superior resolverá la contienda sin más sustanciación y las devolverá al que declare competente, informado al otro por oficio o exhorto. Si el juez que requirió la inhibitoria no remitiere las actuaciones dentro de una plazo prudencial a juicio del tribunal superior, éste le requerirá las actuaciones para que lo haga en un plazo de diez a quince días seggun la distancia. La parte interesada deberá proveer dentro del tercer día de la notificación, los medios adecuados para la elevación del expediente, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su pretensión.
Durante la contienda ambos jueces suspenderán los procedimientos sobre lo principal, salvo las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiere resultar perjuicio irreparable.
En caso de contienda negativa o cuando dos o más jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 9 a 12.
Los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa, salvo en el caso del último párrafo de este arículo. El actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el demandado no cumpliere esos actos, no podrá ejercer en adelante la facultad que confiere este artículo, salvo cuando se cuestionare la primera notificación. También podrá ser recusado sin expresión de causa un juez de los tribunales de alzada, al día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dictare. No procederá la recusación sin expresión de causa en los procesos sumarísimos, en las tercerías, en los concursos, sucesorios, en los procesos de familia, ni tampoco respecto del Juez de feria e interinos.
La facultad de recusar sin expresión de causa podrá usarse una vez en cada caso. Cuando sean varios los actores o los demandados, sólo uno de ellos podrá ejercerla. Cuando hubiere cambio en las personas recusables que integran el Tribunal, la recusación sin causa deberá efectuarse dentro del día siguiente de notificada la nueva integración, y siempre que no se hubiere ejercido este derecho, con anterioridad.
Consecuencias. El mismo juez recusado, rechazará "in limine" la recusación sin causa, cuando fuere manifiestamente extemporánea o inadmisible. En los demás casos, deducida la recusación sin expresión de causa, el Juez recusado se abstendrá de continuar interviniendo y, dentro del primer día hábil siguiente, remitirá al que le sigue en el orden de turno, sin que por ello se suspenda el trámite, los plazos, las audiencias ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas, Juntamente con el decreto que haga conocer el nuevo Juez, se decretará lo que corresponda conforme al estado procesal de los autos. Si la primera presentación del demandado fuere posterior a los actos indicados en el segundo párrafo del artículo 14º, y juntamente con ella promoviere tanto la nulidad de los procedimientos como la recusación sin expresión de causa, dicha nulidad será resuelta por el Juez recusado.
Serán causas legales de recusación: 1).- El parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con alguna de las partes y segundo grado por consanguinidad o afinidad con sus mandatarios o letrados. 2).- Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro de los grados expresados en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima; 3).- Tener el juez pleito pendiente con el recusante; 4).- Ser el Juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de las entidades financieras sujetas a la Ley 21.526 mientras no se verifique una situación objetiva de intereses en conflicto. 5).- Ser o haber sido el juez denunciador o acusador del recusante ante los tribunales, o denunciado o acusado ante los mismos tribunales con anterioridad a la iniciación del pleito; 6).- Ser o haber sido denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que el Tribunal de Enjuiciamiento hubiere dispuesto dar curso a la denuncia; 7).- Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, o antes o después de comenzado; 8).- Haber recibido el juez beneficio de importancia de alguna de las partes; 9).- Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste con gran familiaridad o frecuencia de trato; 10).- Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifiese por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez después que hubiese comenzado a conocer del asunto.
La recusación deberá ser deducida por cualquiera de las partes en las oportunidades previstas en el artículo 14. Si la causal fuera sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro de los tres días de haber llegado a conocimiento del recusante. Cuando hubiere cambio en el personal recusable del tribunal, dentro del mismo plazo de notificada la primera providencia.
Cuando se recusare a uno o más jueces de un tribunal colegiado conocerán los que queden hábiles, integrándose el tribunal, si procediere, en la forma prescripta por la Ley Orgánica y el Reglamento para la Justicia Provincial. De la recusación de los jueces de primera instancia, conocerá el tribunal de apelación respectivo.
La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante el tribunal colegiado cuando lo fuese de uno de sus miembros. En el escrito correspondiente, se expresará las causas de la recusación, y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse.
Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el artículo 17, o si se presentare fuera de las oportunidades previstas en los artículos 14 y 18, la recusación será desechada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella. Si la recusación con expresión de causa, fuera manifiestamente extemporánea, el mismo Juez recusado podrá rechazarla "in limine".
Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un juez de un tribunal colegiado, se le comunicará aquélla, a fin de que informe sobre las causas alegadas.
Si el recusado reconociese los hechos se le tendrá por separado de la causa. Si los negase, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por expediente separado.
El tribunal colegiado integrado al efecto si procediere, recibirá el incidente a prueba por diez díaz, si hubiere de producirsde dentro de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal. El plazo se ampliará en la forma dispuesta en el artículo 158. Cada parte no podrá ofrecer más de tres testigos.
Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se dará vista al juez recusado y se resolverá el incidente dentro de los cinco días.
Cuando el recusado fuere un juez de primera instancia, remitirá al tribunal de apelación, dentro de los cinco días, el escrito de recusación, con el informe sobre las causas alegadas y pasará el expediente al juez que sigue en el orden de turno o la subrogante legal donde no lo hubiere, para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.
Artículo. 27.- Pasados los antecedentes si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, el tribunal de apelación, siempre que del informe elevado por el juez resultare la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa. Si los negare, el tribunal podrá recibir el incidente a prueba y se observará el procedimiento establecido en los artículos 24 y 25.
Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al juez subrogante a fin de que devuelva los autos al juez recusado. Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aun cuando con posteriodad desapareciesen las causas que la originaron. Cuando el recusado fuese uno de los jueces de la Corte de Justicia o de un tribunal colegiado, seguirán conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación.
Desestimada una recusación con causa se aplicarán las costas y una multa de hasta dos mil pesos (# 2.000.-) por cada recusación, si ésta fuera calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria.
Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. No será motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes. En caso de excusación de algún juez o vocal de un tribunal colegiado, no estando fundada en una de las causales enumeradas en los incisos 1, 2 y 7 del artículo 17, deberá expresarse con precisión y notificarse a las partes, para que en el plazo de tres días manifiesten si están conformes con la separación del funcionario, entendiéndose que su silencio se interpretará en sentido afirmativo. La parte a quien afecte la causal de excusación es la que puede renunciar a ella.
Si el juez que sigue en el orden del turno entendiese que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa. Aceptada la excusación, el expediente quedará radicado en el juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.
Incurrirá en la causal de "mal desempeño", en los términos del artículo 155 de la Constitución de la Provincia y de la Ley de Enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.
Los funcionarios del Ministerio Público no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación deberán manifestarlo al juez o tribunal y éstos podrán separlos de la causa dando intervención a quien deba subrogarlos.
Son deberes de los jueces: 1).- Asistir a las audiencias de prueba cuando cualquierea de las partes lo pidiere con anticipación no menor de dos días a su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que este código y otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquéllas en las que la delegación estuviere autorizada. En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y los representantes de los ministerios públicos, en su caso. En ella el juez tratará de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal; 2).- Decidir las causas de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado. Sólo se dará preferencia a las causas urgentes y a las que por derecho deban tenerlo; 3).- Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: a) Las sentencias homologatorias y las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez o quince días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado; b) Las sentencias definitivas en juicio ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme y en el segundo, desde la fecha en que el expediente fue puesto a despacho; 4).- Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia; 5).- Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe y declarar en oportunidad de dictar la sentencia definitiva, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes; 6).- Controlar que el Secretario cumpla con las obligaciones relacionadas con el trámite y la dirección del procedimiento.
Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales podrán: 1) Mandar en oportunidad de dictar sentencia, que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, sin perjuicio de las facultades que el artículo 38 confiere a los secretarios; 2) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código, la Ley Orgánica y el Reglamento para la Justicia Provincial
Los jueces y tribunales, sin perjuicio de las facultades y deberes que corresponden a los secretarios, podrán: 1) Asumir todos los actos de dirección e instrucción del proceso, cuando los estimen conveniente; 2) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes; 3) Disponer en cualquier momento, la comparencia personal de las partes para intentar una concilicación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.
Los jueces y tribunales podrán imponer condenas pecuniarias compulsivas y progresivas a quienes no cumplieren sus mandatos en beneficio del litigante perjudicado por el incumplimiento. Su monto se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la importancia del litigio, el caudal económico de quien deba satisfacerlo y demás circunstancias de la causa. Podrán ser reajustadas o dejadas sin efecto cuando mediare justa causa.
Sin perjuicio de los deberes y facultades que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se imponen a los jueces, los secretarios deberán: 1) Ordenar, instruir y dirigir el procedimiento, debiendo dentro de los límites expresamente establecidos en este Código: a) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar; b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defecos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades; c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso; d) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal. 2) Tomar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo perentorio se hubiere ejercido o no la facultad que corresponda, o acusada rebeldía, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias; 3) Devolver escritos y documentos presentados fuera del plazo o sin firma del letrado o sin copias en los términos de los artículos 57 y 120; 4) Controlar y asistir a las audiencias, salvo aquellas en que se requiera especialmente la presencia del juez de acuerdo al artículo 34 inciso 1; 5) Suscribir certificados y testimonios, sin perjuicio de la facultad conferida a los letrados por el artículo 400 y suscribir oficios y mandamientos excepto los que se dirijan o deban cumplirse ante el Gobernador de la Provincia, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y funcionarios de análoga jerarquía y los oficios dirigidos a los magistrados judiciales, los que serán firmados por el juez. Los oficios cursados entre Tribunales de la Provincia serán dirigidos por el secretario del Tribunal remitente al secretario del Tribunal al cual van dirigidos excepto cuando por la índole de la comujicación resulte conveniente dirigirlos al juez o presidente del tribunal; 6) Mandar, durante la tramitación de la causa, que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos y ofensivos. Se dará cumplimiento inmediato a la orden, previa expedición de un testimonio del escrito que se entregará a su presentante. Cualquier actuación motivada por la aplicación de este inciso, tramitará, con la intervención de este último, exclusivamente; 7) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso; 8) Dictar y firmar las providencias simples, que tiendan a instruir y ordenar el proceso, hasta que el expediente se encuentre en estado de autos, proveyendo dentro de los dos días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo perentorio o inmediatamente si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieren carácter de urgente; 9) Decidir en cualquier momento la comparencia de los peritos y d los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyeren necesario; 10) Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agregue documentos existentes en poder de las partes o de los terceros, en los términos de los artículos 387 a 389. 11) Colaborar con el Juez en la confección de proyectos de resoluciones o sentencias. 12) Dar fe de los documentos y de las actuaciones judiciales en que deba intervenir en razón de su cargo.
Los secretarios únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el artículo 17. Sin perjuicio de ello deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente. Deducida la recusación el tribunal se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde y sin más trámite dictará resolución que será inapelable. En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los jueces.
Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de terceros, deberá constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal. Este requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si ésta es la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada o del litigante. Se practicará en el domicilio procesal todas las notificaciones por cédula que la ley no disponga que deban serlo en el real.
Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, o no compareciere quien haya sido debidamente citado, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 133º, salvo la citación a la audiencia para absolver posiciones y la notificación de la sentencia. Si no se denunciare el domicilio real o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se notificarán en el lugar que se hubiere constituido el procesal y, en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.
Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros. Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados, o se alterare o suprimiere su numeración y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, seggun se trate, respectivamente, del domicilio procesal o del real. Todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiere complido, se tendrá por subsistente el anterior.
Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, se suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 53, inciso 5.
Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquiriente no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Podrá hacerlo en la calidad prevista por los artículos 90, inciso 1 y 91 primer párrafo.
Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente y no hubiera una sanción especial para el caso, el juez podrá imponer una multa a la parte vencida o a su letrado o a ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso. Su importe se fijará hasta el 20 % del valor del juicio o hasta DOCE MIL PESOS (# 12.000.-) si no hubiese monto determinado y será a favor de la otra parte. En todos los casos previstos en este Código, la responsabilidad del abogado, sólo podrá hacerse efectiva cuando se acredite que actuó de mala fe. Para graduar el monto de la multa, el juez tendrá en cuenta, como principal elemento de juicio, el daño que el acto ilícito procesal le haya causado a la parte vencedora.
Presentación de poderes. La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad, desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder. Sin embargo cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia o certificación firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte podrá intimarse la presentación del testimonio original.
Representación en caso de intereses difusos, colectivos o de grupos indeterminados. En las cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y en las que conciernen a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados para promover el proceso pertinente, indistintamente, el Ministerio Público, las instituciones o asociaciones de interés social. (Vetado Parcialmente por Artículo 1º, Dcto. Nº 2259/09 (B. O. 01-06-09).
Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los treinta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acreditan la personalidad o la parte no ratificase la gestión, se producirá la nulidad de todo lo actuado por el gestor, salvo que se hubiere agregado el poder o se produzca la ratificación antes que se produzca la resolución anulatoria. Declarada la nulidad, el gestor deberá satisfacer el importe de las costas, y los daños que hubiere producido. En su presentación el gestor, además de individualizar a la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar los motivos que justifiquen la razonabilidad del pedido. La facultad acordada por este artículo sólo podrá ejercerse una vez en el curso del proceso, sin perjuicio de situaciones excepcionalísimas, a criterio del Tribunal.
Presentado el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare.
Obligaciones del apoderado. Licencia. El apoderado estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Exceptúanse los actos que por disposición de la Ley deban ser notificados personalmente a la parte. Los abogados y procuradores de la matrícula podrán solicitar licencia sin expresión de causa, durante quince (15) días hábiles en el año calendario, seguidos o separados. En el caso de fallecimiento del cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, habrá una licencia adicional que no podrá exceder de tres (3) días hábiles. Las abogadas y procuradoras además gozarán de sesenta (60) días corridos en caso de maternidad o adopción, debiendo hacer uso de este derecho antes o después del parto, con relación a la fecha probable del parto indicada en certificado médico o a partir del día hábil siguiente al de la presentación del certificado dé guarda con fines de adopción o testimonio de sentencia firme que la otorga. La profesional que obtenga la licencia por maternidad o adopción, deberá notificar por cualquier medio fehaciente el plazo de duración de este beneficio al domicilio real de su representado. Los abogados y procuradores además gozarán de diez (10) días hábiles en caso de paternidad o adopción, debiendo hacer uso de este derecho a partir del nacimiento o desde el siguiente día hábil al de la presentación del certificado de guarda con fines de adopción o testimonio de sentencia firme que la otorga. En todos los casos, deberán cursar con anticipación la comunicación correspondiente a la Corte de Justicia, indicando los días que solicitan ser eximidos de comparecer a tribunales y ser notificados, adjuntando -en su caso- la documentación justificativa de la solicitud. El día de la presentación solamente podrá ser incluido en el pedido si éste se presenta dentro de la primera hora hábil del día inicial de la licencia. En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, la solicitud deberá efectuarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido. Los abogados y procuradores radicados en los distritos judiciales donde no tiene su asiento la Corte de Justicia, podrán hacer la presentación en la Secretaría Administrativa de la sede que corresponda. La Secretaría que reciba la solicitud, comunicará a todos los tribunales y juzgados de su jurisdicción y a la Oficina de Notificaciones, dentro de la segunda hora hábil del día de la presentación, el nombre del abogado o procurador que haya solicitado licencia y los días por los que se le ha otorgado. El secretario de cada tribunal y juzgado tomará razón cada día en el libro de asistencia. Esta constancia equivaldrá a la comparecencia a Secretaría del causante y por lo tanto no se le practicará notificaciones automáticas. Tampoco se despacharán cédulas en tales días para los profesionales licenciados y si se practicara alguna notificación ya despachada se considerará válida, pero practicada en día inhábil, comenzando a correr el término respectivo desde el primer día hábil posterior a la finalización de la licencia. Del mismo modo no se fijarán audiencias para los días de licencia en los juicios en que el profesional solicitante actúe como apoderado. El otorgamiento de licencia no tendrá efecto sobre las audiencias ya señaladas y notificadas con anterioridad al pedido, ni sobre el curso de los plazos no comunes, comenzados a correr antes de la presentación, pero no se notificará las nuevas providencias. Los pedidos de prórroga de estas audiencias y plazos podrán ser efectuados en cada juicio y su procedencia se regirá por las normas correspondientes en cada caso. Las Secretarías Administrativas de las sedes judiciales del interior de la Provincia, después de comunicar el pedido a todos los tribunales de su jurisdicción, lo elevarán de inmediato a la Corte de Justicia para su toma de razón, cómputo de los días y comunicación a los demás tribunales de la Provincia. Si se hubiese excedido en los días, la suspensión de las notificaciones cesará el primer día hábil siguiente al del vencimiento de la licencia. Durante los días de licencia, el profesional no podrá firmar escritos ni realizar ninguna actuación judicial. La Corte de Justicia podrá reglamentar la forma de solicitarse, comunicarse y registrarse las licencias legisladas en este artículo, en orden a su más práctico y efectivo funcionamiento.
El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito. También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el mandatario deberá abonar a su poderante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando éstas fueran declaradas judicialmente.
La presentación de los apoderados cesará: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del mandante revoca el poder, si él expresamente no manifestare que su intención no es revocar el mandato. 2) Por renuncia, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que se fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continurrse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del poderdante. En tales casos el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el secretario señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conociere sus domicilios reales o por edictos durante dos días consecutivos, si nofueren conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo. Cuando el deceso o la incapacidad hubiesen llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de cinco días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos o del representante legal, si los conociere. 6) Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, se suspenderá la tramitación del juicio y el secretario fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, citándolo en la forma dispuesta en el inciso anterior. Vencido el palzo fijado sin que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio en rebeldía.
Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el secretario de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les intimará que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los diez días y si los interesados no concurriesen o no se aviniesen en el nombramiento de representante único, se lo designará eligiendo entre los que interviniesen en el proceso. La unificación no podrá disponerse si tratándose de un juicio ordinario, las partes en el mismo acto, no llegasen a un acuerdo sobre la personal que ha de asumir la dirección letrada. Producida la unificación, el representante único tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.
Una vez efectuado el nombramiento común, podrá revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el secretario a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario. La unificación se dejará sin efecto cuando desapareciesen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior
No se proveerá ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes o se pida nulidad de actuaciones, ya fueren de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan firma de abogado. No se admitirá tampoco la presentación de pliegos de posiciones ni de interrogatorios que no lleven firma de abogado, ni la promoción de cuestiones de cualquier naturaleza en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de abogado. Para el abogado también regirá lo dispuesto en el artículo 52º. Cuando un abogado ha asumido el patrocinio, compareciendo al juicio conjuntamente con la parte o su representante, las notificaciones posteriores al letrado, tendrán la misma eficacia que si fueran practicadas a la parte patrocinada.
Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de abogado no la tuviese, si dentro de un día de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión. Ello tendrá lugar suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el secretario o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de abogado.
En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. La Corte de Justicia sancionará al infractor conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Tribunales.
Incomparecencia del demandado no declarado rebelde. La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere al juicio durante el plazo de la citación, o abandonare después de haber comparecido, será declarada en rebeldía, a pedido de la otra. La resolución se notificará por cédula en el domicilio donde se efectivizó el traslado de la demanda o en el que se haya fijado al comparecer. Las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas por ministerio de la ley. Si no se hubiere requerido que el incompareciente sea declarado rebelde, se aplicarán las reglas sobre notificaciones, establecidas en el primer párrafo del artículo 41º.
La rebeldía no alterará la secuela regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 356 inciso 1. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Serán a cargo del rebelde las costas por su rebeldía.
Si el secretario lo creyere necesario podrá recibir el pleito a prueba, o mandar practicar las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos autorizadas por este Código.
La sentencia se hará saber al rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.
Desde el momento en que un litigante haya sido declarado en rebeldía podrá decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de las costas si el rebelde fuere el actor.
Si el rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, será admitido como parte y cesando el procedimiento en rebeldía, se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradar.
Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 63 continuarán hasta la terminación del juicio, a menos que el interesado justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no hayan estado a su alcance vencer. Serán aplicables las normas sobre amliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias. Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitarán por incidente, sin detener el curso del proceso principal.
Si el rebelde hubiese comparecido después del vencimiento del plazo del ofrecimiento de prueba y apelare de la sentencia, a su pedido, se recibirá la causa a prueba en segunda instancia en los términos del artículo 257 inciso 3.
La parte vencida en el juicio salvo las excepciones establecidas en este Código, deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.
En los incidentes también regirá lo establecido en el artículo anterior. No se sustanciará nuevos incidentes promovidos por quien hubiere sido condenado al pago de costas en otro anterior mientras no deposite el importe de éstas en calidad de embargo. La suspensión del trámite no rige para los incidentes que se originen con motivo de cuestiones suscitadas en el curso de las audiencias.
Toda apelación sobre la imposición de costas y regulación de honorarios se concederá con elevación diferida, salvo cuando el expediente hubiese sido remitido al tribunal de apelación como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente, o cuando el profesional se separase de la causa y tenga derecho a cobrar sus honorarios conforme a la ley de arancel.
No se impondrá costas al vencido: 1) Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación. 2) Cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos o instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser expreso, incondicionado, oportuno, total y efectivo.
Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.
El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. Si ambas partes incurrieren en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo precedente. No se entenderá que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial pericial, o de rendición de cuentas o de apreciación de daños y perjuicios, salvo cuando se actuare de mala fe.
Si el juicio terminase por transacción o concilicación, las costas serán impuestas en el orden causado. Si lo fuere por desistimiento, serán a cargo de quien desiste, salvo se debiese exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia. Las costas por la instancia perimida serán a cargo del que la promovió; las del incidente de perención a cargo del vencido. Exceptáse, en todos los casos, los que pudieren acordar las partes en contrario.
Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, serán a su cargo las costas producidas desde el acto o la omisión que dió origen a la nulidad.
En los casos de litisconsorcio, las costas se distribuirán entre los litisconsorcios, salvo que por la naturales de la obligación correspondiere la condena solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio ofreciere considerables diferencias, podrá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés.
Cuando de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el actor será condenado en costas. También se impondrá las costas al vencedor cuando prosperare la excepción de prescripción y ésta hubiere sido opuesta después de la contestación de la demanda.
La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación. Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles. Si los gastos fueren excesivos, el juez podrá reducirlos prudencialmente.
Los que carecieren de recursos podrán solicitar, conjuntamente con la demanda, o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este Capítulo.
La solicitud contendrá: la mención de los hechos que justifiquen la necesidad de reclamar o defender judicialmente los derechos propios o de las personas incapaces a su cargo, así como la indicación del proceso en el que se intente hacer valer.
El secretario ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad. La prueba consistirá fundamentalmente en informes de las reparticiones públicas donde se registren bienes, sobre inexistencia de los mismos a nombre del solicitante y declaración jurada sobre sus ingresos.
Producida la prueba el Juez resolverá acordando el beneficio o denegándolo. La resolución será apelable sin efecto suspensivo. No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos. Si se comprobare la falsedad de los hechos alegados como fundamento de la petición del beneficio de litigar sin gastos, se impondrá al peticionario una multa consistente en el doble del importe de la tasa retributiva de servicios que correspondiera abonar, no pudiendo su total ser inferior a la cantidad equivalente a un quinto del sueldo nominal de un Juez de Primera Instancia.
La resolución que denegare o acordare el beneficio no causará estado.
Hasta que se dicte resolución, las actuaciones del solicitante, estarán exentas del pago de impuestos y sellados de actuación. Estos serán satisfechos, así como las costas, en caso de denegación. El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el procedimiento, salvo que se pidiere en el escrito de demanda o de contestación.
El que obtuviere el beneficio estará exento del pago de los gastos judiciales hasta que mejore de fortuna.
La representación y defensa del beneficiario será asumida por el defensor oficial, salvo que aquél deseare hacerse patrocinar o representar por abogado o procurador de la matrícula. En este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera podrá hacerse por acta labrada ante el secretario.
A pedido del interesado, el beneficio podrá hacerse extensivo para litigar con otras personas o en otros juicios.
Antes de la notificación de la demanda, el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte, siempre que: 1) No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluída la otra; 2) Correspondan a la competencia del mismo juez; 3) Pueden sustanciarse por los mismos trámites.
Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título, por el objeto, o por ambos elementos a la vez.
Cuando la sentencia no puediere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si así no sucediere, el secretario, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providenia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cite al litigante o litigantes omitidos.
Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien: 1) Acredite sumarialmente que la sentencia pudiere afectar su interés propio; 2) Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandados en el juicio.
En el caso del inciso 1 del artículo anterior, la actuación del interviniente seá accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta. En el caso del inciso 2 del mismo artículo, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales.
El pedido de intervención se formulará por escrito, con los requisitos de la demanda, en lo pertinente. Con aquél se presentará los documentos y se ofrecerá las demás pruebas de los hechos en que se fundare la solicitud. Se conferirá traslado a las partes y si hubiese oposición, se la sustanciará en una sola audiencia. La resolución se dictará dentro de los diez días.
En ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso.
El actor en el escrito de demanda y el demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda, según la naturaleza del juicio, podrán solicitar la citación de aquel a cuyo respecto consideren que la controversia es común. La citación se hará en la forma dispuesta por los artículos 339 y siguientes.
La citación de un tercero suspenderá el procedimiento hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiere señalado para comparecer.
En todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero o de su citación, en su caso, lo afectará como a los litigantes principales. Será inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniege será apelable en efecto devolutivo.
Las tercerías deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados o en un derecho preferente sobre ellos, o en el derecho que el tercero tuviere de ser pagado con prelación al embargante. La de dominio y la de derecho preferente deberán deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor derecho, antes de que se pague al acreedor. Si el tercerista dedujere la demanda después de diez días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo o desde que se rechazó su levantamiento sin tercería, abonará o afianzará las costas que originare su presentación extemporánea.
No se dará curso a la tercería si no se probare, con instrumentos fehacientes o en forma sumaria, la verosimilitud del derecho en que se funda, o se prestare fianza para responder de los perjuicios que pudiere producir la suspensión del proceso principal. Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se fundare en título que hubiere poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera.
Si la tercería fuere de dominio o de derecho preferente, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se suspenderá el procedimiento principal, a menos que se trate de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irrogaren excesivos gastos de conservación. En estos casos, el producto de la venta quedará afectado a las resultas de la tercería. El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo, dando garantía suficiente de responder al crédito del embargante, por capital, intereses y costas, en caso de que no probare que los bienes embargados le pertenecen o que tuviere un derecho preferente sobre ellos.
Si la tercería fuese de mejor derecho, con intervención del tercerista podrá venderse los bienes suspendiéndose el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo si se otorgare fianza para responder a las resultas de la tercería. El tercerista será parte en las actuaciones relativas al remate de los bienes.
Las tercerías se sustanciarán con quienes son parte en el proceso principal, por el trámite del juicio ordinario o del sumario, según lo determine el secretario atendiendo a las circunstancias. Esta resolución solamente será susceptible de reposición.
Artcciulo 102.- Deducida la tercería el embargante podrá pedir que se amplé el embargo o que se adopten otras medidas precautorias necesarias.
Cuando resultare probada la connivencia del tercerista con el embargado, el juez ordenará sin más trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia penal e impondrá al tercerista, o a los profesionales que lo hayan representado o patrocinado, en el supuesto del artículo 45 apartado 1 o en ambos, las sanciones disciplinarias que correspondan. Asimismo podrá disponer la detención del tercerista y del embargado hasta el momento en que comience a actuar el juez de instrucción.
El tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería acompañando el título respectivo u ofreciendo sumaria información sobre la posesión, según la naturaleza de los bienes. Del pedido se dará traslado al embargante. La resolución será recurrible cuando haga lugar al desembargo. Si lo denegara, el interesado podrá deducir directamente la tercería, cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 98º.
Tanto el actor como el demandado podrán pedir la citación de evicción: el primero, al deducir la demanda; el segundo dentro del plazo para oponer excepciones previas en el juicio ordinario, o dentro del fijado para la contestación de la demanda, en los demás procesos. La resolución se dictará sin sustanciación previa. Sólo se hará lugar a la citación si fuere manifiestamente procedente. La denegatoria será recurrible en efecto devolutivo.
El citado será notificado en la misma forma y plazo establecidos para el demandado. No podrá invocar la improcedencia de la citación, debiendo limitarse a asumir o no la defensa. Si no la ejerciere, su responsabilidad se establecerá en el juicio que corresponda.
La citación solicitada oportunamente suspenderá el curso del proceso durante el plazo que el secretario fijare. Será carga del citante activar las diligencias necesarias para el conocimiento del citado bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 96. El plazo para oponer excepciones previas y la sustanciación de éstas no quedarán suspendidos.
Si el citado no compareciere o habiendo comparecido se resistiere a asumir la defensa, el juicio proseguirá con quien la citación, salvo los derechos de éste contra aquél. Durante la sustanciación del juicio las dos partes podrá proseguir las diligencias para obtener la comparecencia del citado. Si éste se presentare, tomará la causa en el estado en que se encuentre. En la contestación podrá invocar las excepciones que no hubiesen sido opuestas como previas.
Si el citado asumiere la defensa podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación, en el carácter de litisconsorte.
Si el citado pretendiese a su vez citar a su causante, podrá hacerlo en los primeros cinco días de haber sido notificado, sin perjuicio de la carga de proseguir el proceso por sí. En las mismas condiciones, cada uno de los causantes podrá requerir la citación de su respectivo antecesor. Será admisible el pedido de citación simultánea de dos o más causantes. Será ineficaz la citación que se hiciere sin la antelación necesaria, para que el citado pueda asumir su defensa y ofrecer prueba.
El ejercicio de la acción subrogatoria que prevé el artículo 1196 del Código Civil no requerirá autorización judicial previa y se ajustará al trámite que prescriben los artículos siguientes.
Antes de conferirse traslado al demandado, se citará al deudor por el plazo de diez días, durante el cual éste podrá; 1) Formular oposición, fundada en que ya ha interpuesto la demanda o en la manifiesta improcedencia de la subrogación. 2) Interponer la demanda, en cuyo caso se le considerará como actor y el juicio proseguirá con el demandado. En este último supuesto, así como cuando el deudor hubiese ejercido la acción con anterioridad, el acreedor podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el primer apartado del artículo 91.
Aunque el deudor al ser citado no ejercitare ninguno de los derechos acordados en el artículo anterior, podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el segundo apartado del artículo 91. En todos los casos, el deudor podrá ser llamado a absolver posiciones y reconocer documentos.
La sentencia hará cosa juzgada en favor o en contra del deudor citado, haya o no comparecido.
En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el secretario designará un traductor público.
Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo pueden darse a entender por lenguaje especializado.
Podrá solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos, agregación de pruebas, entrega de edictos, archivo de expedientes y, en general, que se dicten providencias de mero trámite, mediante simple anotación en el expediente, firmada por el solicitante.
Para la redacción de los escritos las normas del reglamento para la justicia provincial.
Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado, el secretario deberá certificar que el firmante, cuyo nombre y domicilio expresará, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él.
De todo escrito de que deba darse traslado, de sus contestaciones y de los que tengan por objeto ofrecer pruebas, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos agregados deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan. No cumplido este requisito, ni subsanada la omisión dentro del día siguiente de su requerimiento se tendrá por no presentado el escrito o del documento en su caso y se dispondrá su devolución al interesado, dejándose constancia en el expediente. Al recibirse cada escrito, deberá dejarse constancia en el cargo de la presentación de las copias, con su número de fojas. Las copias podrán ser firmadas indistintamente por las partes, sus apoderados o letrados. La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse las copias en la secretaría, pero a más tardar se archivarán juntamente con el expediente al cual pertenecen. Los documentos originales se depositarán en secretaría. A solicitud de parte podrá dejarse en el expediente copia simple o fotográfica, certificada, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
No será obligatorio acompañar las copias de documentos otorgados conforme al artículo 1021 del Código Civil y de aquellos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión o cualquier otra razón atendible, siempre qu así lo resolviere el secretario a pedido formulado en el mismo escrito. En tal caso el secretario arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra partes los inconvenientes derivados de la falta de copias. Cuando se acompañare libros, recibos o comprobantes voluminosos, bastará que éstos se presenten numerados y debidamente encarpetados y se depositen en la secretaría para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos.
En el caso de acompañarse expedientes deberá ordenarse su agregación sin el requisito exigido en el artículo 120.
Cuando se presentare documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado, o perito nombrado de oficio.
El cargo se colocará a continuación de todo escrito, cédula, mandamiento o informe, que se incorporen al expediente, y contendrá el día y la hora de presentación, los documentos y copias acompañadas y cualquier otra circunstancia que fuere conveniente destacar. El cargo será autorizado por el encargado de la Mesa de Entradas. La Corte de Justicia podrá disponer, que en la fecha y hora de presentación de los escritos se registren con fechador mecánico. En este caso, el cargo quedará integrado con la firma del funcionario referido a continuación de la constancia del fechador. El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la Secretaría que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las dos primeras horas del despacho. Las partes podrán exigir que el encargado de la Mesa de Entradas certifique, con su firma y sello, en la respectiva copia que le entreguen, la fecha y hora en que se presentó el original que se agregará al expediente. Los cargos mecánicos o manuales que aquí se regulan para identificar con precisión el momento de presentación de escritos y documentos a un expediente judicial, podrán ser reemplazados, cuando los respectivos sistemas se encuentren habilitados y sean seguros, a criterio de la Corte de Justicia, por documentos firmados digitalmente.
Las audiencias, salvo disposición expresa en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas: 1) Serán públicas, a menos que los secretarios, atendiendo a las circunstancias del caso, dispusieren lo contrario mediante resolución fundada; 2) Serán notificadas con anticipación no menor de tres días, salvo por razones especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución. En este último caso, la presencia del Juez o Tribunal podrá ser requerida el día de la audiencia. 3) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurran; 4) Empezarán a la hora designada si todos estuviesen presentes; aaso contrario las partes y los citados tendrán obligación de esperar quince minutos; 5) Sólo se suspenderán por causa justificada debidamente acreditada, o cuando todas las partes de común acuerdo soliciten nueva audiencia; 6) Con la presencia del secretario se levantará el acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes.
A pedido de parte, a su costa y sin recurso alguno, podrá ordenarse que se tome versión taquigráfica de lo ocurrido o que se lo registre por cualquier otro medio técnico, siempre que se solicitare con anticipación suficiente. El secretario nombrará a los taquígrafos, o adoptará las medidas necesarias para asegurar la autenticidad del registro y su documentación. Las partes podrán pedir copia carbónica del acta que firmarán todos los concurrentes y el secretario.
Los expedientes y carpetas de prueba podrán ser retirados de la Secretaría bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos y escribanos, en los casos siguientes: 1) Para alegar de bien probado o expresar agravios; 2) Para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de contabilidad; verificación y graduación de créditos; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas; 3) Cuando por razones de celeridad, por intermedio del procurador o abogado, se confeccionen las cédulas, exhortos, oficios, testimonios o copias; 4) Cuando a pedido por escrito de una de las partes el abogado deba estudiar la causa; 5) Cuando de acuerdo a lo establecido en el artículo 121, no se hubiese provisto las copias de los escritos y documentos agregados; 6) También los expedientes podrán ser retirados de la Secretaría por el Fiscal de Gobierno, abogados de la Fiscalía y por los apoderados de las reparticiones Técnicas de la Provincia, en los casos previstos en este artículo y de acuerdo a lo dispuesto en otras leyes especiales; 7) Cuando por otra justa causa el juez o el secretario lo dispusiere; 8) Las carpetas con los documentos originales podrán también ser retiradas por los abogados en el caso del artículo 121 apartado 2. Previamente el secretario firmará y sellará todas las fojas de la carpeta. Cuando por razones especiales el secretario prohiba el retiro de los originales, en la misma resolución ordenará la expedición de las copias. A excepción del caso previsto en el inciso 1, en los demás, el secretario fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos. Podrán también por razones especiales restringir el préstamo de expedientes o prohibirlos. En todos los casos, el prestatario, además del Libro de Recibos firmará en el expediente constancia con la fecha del retiro y plazo de devolución fijado.
Si vencido el plazo no se devolviese el expediente, el secretario de oficio o a petición de parte, ordenará su secuestro con el auxilio de la fuerza pública. Si no fuese habido, quien lo retiró no podrá durante un año solicitar otros expedientes en préstamo; a efectos del cumplimiento de esta prohibición la secretaría del tribunal organizará un registro especial. El profesional que incurriere en reiteración podrá ser suspendido de la matrícula hasta que el expediente sea devuelto. Si manifestase haberlo perdido, se aplicará lo dispuesto en los artículos 129 y 130.
Comprobada la pérdida de un expediente, se ordenará su reconstrucción, la que se efectuará de la siguiente forma: 1) El nuevo expediente se inicciará con la providencia que disponga la reconstrucción; 2) El secuestro intimará a la parte actora o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que dentro del plazo de cinco días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. De ellas se dará vista a la otra y otras partes por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad y presenten a su vez las que tuvieren en su poder. En este último supuesto también se dará vista a las demás partes por igual plazo; 3) El secretario agregará copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado que obren en los libros del juzgado o tribunal y recabará copias de los actos y diligencias que pudieran obtenerse de las oficinas o archivos públicos; 4) Las copias que se presentare y obtuviere serán agregadas al expediente por orden cronológico; 5) El secretario podrá ordenar sin sustanciación las medidas que considerare necesarias. Cumplidos los trramites enunciados, el juez dictará resolución teniendo por reconstruido el expediente.
Si se comprobase que la pérdida de un expediente fuere imputable a algún profesiona, éste será pasible de una multa de hasta VEINTE MIL PESOS (# 20.000.-) sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.
Toda comunicacón dirigida a jueces provinciales por otros del mismo carácter, se hará mediante oficio. Las dirigidas a jueces nacionales o de otras provincias, por exhorto y de acuerdo a lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Podrán entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes, podrán expedirse o anticiparse telegráficamente. Se dejará copia en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.
Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhorto. Tales comunicaciones, así como las que se reciban de dichas autoridades, se regirán por lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales y en la reglamentación de superintendencia.
Salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias, los días martes y jueves, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado, salvo el caso que el apoderado o letrado se encontrare en uso de licencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50º. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en Secretaría y se hiciera constar la comparecencia y requerimiento del interesado con la firma del registro respectivo, que deberá llevarse a ese efecto, en el que se hará constar la nómina de expedientes salidos a Mesa de Entradas. Incurrirá en falta grave el Secretario que no mantenga a disposición de los litigantes y profesionales el registro aludido.
El retiro del expediente por la parte, su apoderado o patrocinante, importará notificación de todas las resoluciones. La presentación de la cédula importará para su firmante la notificación de la providencia allí transcripta. El retiro de las copias de escritos por la parte, o su apoderado, o su letrado en el expediente, implica la notificación personal del traslado que respecto del contenido de aquéllos se hubiere conferido.
*Artículo 135.- Sólo serán notificados personalmente o por cédula las siguientes resoluciones: 1) La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones; 2) La que ordena absolución de posiciones y la que dicta a conciliación; 3) La que declara la cuestión de puro derecho y la que ordena la apertura a prueba; 4) Las que se dictaren luego del llamamiento de autos para resolver o para sentencia; 5) Las que ordenan intimaciones, o la reanudación de términos suspendidos, aplican correcciones disciplinarias o hagan saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento; 6) La providencia "por devueltos" cuando tenga por efecto reanudad plazos suspendidos; 7) La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales, o haya estado paralizado o fuera de secretaría más de tres meses; 8) Las que disponen traslados o vistas de liquidaciones; 9) La que ordena el traslado de la prescripción; 10) La que dispone la citación de personas extrañas al proceso; 11) Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley señal para su cumplimiento; 12) Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales. Las que deban efectuarse en distinta localidad del asiento del Tribunal, por allí encontrarse el domicilio constituido, deberán ser acompañadas de copia íntegra de la sentencia; 13) La providencia que denegare el recurso extraordinario y el de constitucionalidad o de inconstitucionalidad; 14) La providencia que hace saber el juez o tribunal que va a conocer en caso de recusación, excusación o admisión de la excepción de incompetencia; 15) La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia; 16) Las regulaciones de honorarios; 17) Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley y las que disponga el secretario por resolución fundada. Las notificaciones judiciales a reparticiones o funcionarios públicos se efectuarán en horas hábiles de funcionamiento de la oficina donde debaan ser practicadas. El Fiscal de Gobierno debe ser notificado personalmente o por cédula en su despacho, de todo juicio en el cual la Provincia sea parte. Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho, lo que se hará en autos, con la firma del empleado receptor. Deberán devolverlo dentro del dpá siguiente de vencido el término para contestar la vista o traslado, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. Las notificaciones por cédula que deban hacerse en el domicilio procesal de los abogados o procuradores, podrán también practicarse mediante el sistema de notificación en casilleros. La Corte de Justicia reglamentará todo lo relativo a la construcción de las cajas de seguridad para la guarda de las cédulas y el procedimiento a seguir para la confección, control y depósito de ellas en dichas cajas.
La cédula de notificación contendrá: 1) Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste; 2) Juicio en que se practica; 3) Juzgado y Secretaría en que tramita el juicio; 4) Transcripción de la parte pertinente de la resolución; 5) El objeto claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta; 6) Fecha de presentación y firma. En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula deberá contener detalle preciso de aquéllos.
La cédula será suscripta por el abogado o apoderado de la parte que tenga interés en la notificación, por el síndico, tutor o curador "ad litem: en su caso, quienes deberán aclarar su firma. El secretario suscribirá las cédulas cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia o cuando no interviniera apoderado o abogado.
Las cédulas se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las veinticuatro horas, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de superintendencia.
En los juicios relativos al estado y capacidad de las personas, cuando debe practicarse la notificación en el domicilio, las costas de los escritos de demanda, reconvención y contestación de ambas, así como las de otros escritos cuyo contenido pudiera afectar el decoro de quien ha de recibirla, serán entregadas bajo sobre cerrado. Igual requisito se observará respecto de las copias de los documentos agregados a dichos escritos. El sobre será cerrado por personal de secretaría con constancia de su contenido, el que deberá ajustarse a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 136.
Si la notificación se hiciere en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla dejará al interesado copia de la cédula haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado con justificación de identidad, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.
Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina, empezando por la más caracterizada o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla a las personas mencionadas, tratará de introducirla al interior del domicilio. Si ello fuese imposible, la fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.
La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente al pie de la diligencia extendida y suscrita por el encargado de la mesa de entradas.
Salvo el traslado de la demanda o de la reconvención, la citación para absolver posiciones y la sentencia, todas las demás resoluciones, podrán ser notificadas por telegrama colacionado, recomendado o con aviso de entrega, por carta certificada o documentada con acuse de recibo, o por cualquier otro medio postal que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado. Los gastos que demandare la notificación quedan incluidos en la condena en costas. La notificación que se practique conforme al presente artículo, contendrá las enunciaciones de la cédula. El telegrama colacionado, recomendado o con aviso de entrega o la carta certificada o documentada se emitirán en doble ejemplar, uno de los cuales, bajo atestación, entregará el Secretario para su envío, el que se confeccionará en forma tal que permita su cierre y remisión sin sobre; y el otro, con su firma, se agregará al expediente. La fecha de notificación será la de la constancia de la entrega al destinatario del telegrama o carta. La Corte de Justicia podrá disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de estos medios de notificación.
Cuando los Juzgados y Tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y en su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, las notificaciones podrán efectuarse por aquellos medios, con el acuse de recibo que proceda. Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar al Tribunal el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección.
Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorase. En este último caso deberá justificarse previamente y en forma sumaria, mediante informe de la Policía, de Correos y de la Secretaría Electoral dependiente del Juzgado Nacional, que no se conoce el domicilio de la persona a quien se debe notificar. Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad y seá condenada a pagar una multa de hasta DIEZ MIL PESOS (# 10.000.-).
La publicación de los edictos se hará en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de los de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuere conocido o en su defecto del lugar del juicio y se acreditará mediante la agregación al expediente de un ejemplar de aquéllos y del recibo de pago efectuado. A falta de diarios en los lugares precedentemente mencionados, la publicación se hará en la capital de la Provincia y el edicto se fijará, además, en la tabilla del Juzgado y en los sitios que asegurare su mayor difusión.
Los edictos contendrán en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción sumaria de la resolución. El número de publicaciones será el que en cada caso determine este Código. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última publicación. La Corte de Justicia dispondrá, en cuanto fuere posible, la adopción de textos unifomes para la redacción de los edictos.
En todos los casos en que este Código autoriza la publicación por edictos, a pedido del interesado, el secretario podrá ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se harán por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación de superintendencia y su número coincidirá con el de las publicaciones que este Código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acreditará agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser el mismo que el de los edictos y los días y horas en que se difundió. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, regirá lo dispuesto en el último párrafo del artículo 144.
La notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores, será nula, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriere el funcionario o empleado que la practique. Sin embargo, siempre que del expediente resultare acreditado que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. El notificador no quedará relevado de su responsabilidad. El pedido de nulidad tramitará por incidente.
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