Abriendo la norma
Ley provincial 6.345 · 1985
Código Procesal Penal de la Provincia de Salta.
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la constitución y competentes según sus leyes reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y substanciado conforme a las disposiciones de esta ley; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.
Las leyes procesales penales se aplicarán desde su promulgación, aun en causas por delitos anteriores cuyas sentencias no estén ejecutoriadas, salvo disposición en contra.
Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía en perjuicio del imputado.
En el caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado.
La corte de justicia dictará las normas prácticas que sean necesarias para aplicar este código, siempre que las mismas no lo alteren.
*ARTÍCULO 6.- Acción Pública. La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la Ley.
La acción penal dependiente de instancia privada no se podrá ejercitar si las personas autorizadas por el código penal no formularen denuncia ante autoridad competente.
La acción privada se ejerce por medio de querella, en la forma especial que establece este Código.
Si el ejercicio de la acción penal dependiere de juicio político, desafuero o enjuiciamiento previos, se observarán los límites establecidos por este Código.
Los tribunales deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.
Cuando la existencia del delito dependa de una cuestión prejudicial establecida por ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme; ésta tendrá autoridad de cosa juzgada.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal podrá apreciar si la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenará que éste continúe. Si el auto que ordena o niega la suspensión fuere dictado por el juez de instrucción, procederá recurso de apelación. Cuando el juicio civil sea necesario, podrá ser promovido y proseguido por el ministerio fiscal, citadas todas las partes interesadas.
La suspensión del proceso se hará efectiva sin perjuicio de realizar los actos urgentes de la instrucción. Una vez resuelta, se ordenará la libertad del imputado.
La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la pretensión resarcitoria civil podrá ser ejercida sólo por el titular de aquella, o en los límites de su cuota hereditaria, sus herederos; o por sus representantes legales o mandatarios contra los partícipes del delito, y en su caso, contra el civilmente demandado, ante el mismo tribunal en que se promovió la acción penal. Podrá ser citador en garantía el asegurado por el actor civil y el civilmente demandado.
La acción civil será ejercida por intermedio del fiscal de gobierno o procuradores fiscales, cuando la provincia aparezca perjudicada por el delito.
La acción civil dentro del proceso penal podrá ser ejercida sólo cuando esté pendiente la acción penal, pero la absolución del imputado no impedirá que el tribunal de juicio se pronuncie sobre ella en la sentencia, ni la ulterior extinción de la pena, cuando se interponga recurso de casación, impedirá que la corte de justicia decida sobre la misma.
Si la acción penal no puede proseguir en virtud de causa legal, la acción civil podrá ser ejercida en sede civil.
La competencia penal se ejercerá por los jueces y tribunales que la constitución y la ley instituyen y se extenderá al conocimiento de los delitos cometidos en el territorio de la provincia, y a aquellos cuyos efectos en él se produzcan, excepto los de jurisdicción federal, nacional o militar, y será improrrogable.
Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal, nacional o militar, en el orden de juzgamiento se regirá por la ley de la nación. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos.
Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción de otra provincia o nacional, primero será juzgado en salta, si el delito imputado fuere de mayor gravedad, salvo que el tribunal estimare conveniente diferir su decisión y suspender el trámite del proceso hasta después de que se pronuncie la otra jurisdicción. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos.
Cuando una persona sea condenada en diversas jurisdicciones y corresponda unificar las penas, conforme a lo dispuesto por la ley sustantiva, el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o la menor. El condenado cumplirá la pena en la provincia cuando en ésta se disponga la unificación.
La corte de justicia juzgará los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
El tribunal que hubiere dictado sentencia en la causa conocerá excepcionalmente el recurso de revisión, cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna.
*ARTÍCULO 24.- Competencia de la Cámara de Acusación. La Cámara de Acusación conocerá: 1. De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de Instrucción Formal, Jueces de Menores durante la etapa instructoria, Jueces Correccionales y de Garantías en el Procedimiento Sumario y del Juez de Ejecución. 2. De las consultas de las prórrogas ordinarias de la instrucción. 3. De las autorizaciones de la ampliación del término del secreto de sumario.
*Artículo 25.- Competencia de la Cámara en lo Criminal. La Cámara en lo Criminal juzgará en única instancia los delitos cuya competencia no se atribuyan a otro Tribunal.
El juez de instrucción investiga los delitos de acción penal pública.
*ARTÍCULO 27.- Competencia del Juez Correccional y de Garantías. El Juez Correccional y de Garantías juzgará en única instancia de los delitos que estuvieren reprimidos con reclusión o prisión no mayor de cinco (5) años o pena no privativa de la libertad. También entenderá en grado de apelación, en las resoluciones sobre faltas o contravenciones policiales y en los casos previstos por el Código Fiscal.
*Artículo 28.- Competencia del Juez de Menores. El Juez de Menores investigará y juzgará los delitos cometidos por menores que no sean plenamente responsables, conforme a la ley penal de fondo, al tiempo de comisión del delito. Juzgará los mismos casos en los que no haya tenido a su cargo la instrucción.
*ARTÍCULO 29.- Competencia del Juez de Ejecución. El Juez de Ejecución resolverá todos los incidentes de ejecución de la pena privativa de la libertad, e intervendrá en las medidas de seguridad de carácter definitivo y en la libertad condicional. También entenderá en grado de apelación en las resoluciones sobre medidas disciplinarias dictadas por el Director General del Servicio Penitenciario, sean los sancionados penados o procesados. En este último caso, deberá remitir copia de su resolución al tribunal que estuviere entendiendo en el proceso. Las resoluciones que dicte el Juez de Ejecución en los incidentes de ejecución de la pena y medidas de seguridad, serán apelables, con efecto suspensivo, ante la Cámara de Acusación.
El Juez de Primera Instancia de Detenidos y Garantías será la autoridad provincial en todo lugar en que se dispongan internaciones o detenciones de conformidad a las disposiciones legales vigentes sin perjuicio de las potestades que competen a los demás magistrados y funcionarios que se precisan en el artículo siguiente. A esos fines queda autorizado a constituirse en esos lugares personalmente o delegar el cometido a su Secretario en cualquier momento. El Juez de Detenidos y Garantías tendrá a su cargo el control y verificación de las condiciones de internación y detención, como toda otra restricción a la libertad ambulatoria de las personas, debiendo resguardar y tutelar la salud e integridad física y psíquica de los internos y asegurar las condiciones de salubridad y cuidados propios de la dignidad humana y sus derechos fundamentales; todo ello con conocimiento del Juez a cuya disposición se encuentren. El Juez de Detenidos y Garantías será competente para controlar las detenciones que se produjeran con motivo del inciso b) del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía N° 6192, fundamentalmente en el cumplimiento del plazo y razonabilidad de la medida. Quedan excluidas de la competencia material del Juez de Detenidos y Garantías, las que este Código ha establecido para el Juez de Ejecución.
*Art. 29 ter - Como consecuencia de lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior, los Jueces que dispusieren internaciones, aprehensiones, y toda otra restricción a la libertad ambulatoria de las personas distintas a las internaciones propias de las medidas de seguridad o penas definitivas, conservan todas las atribuciones que la Constitución de la Provincia y éste Código les confieren. Sin perjuicio de ello, deberán comunicar al Juez de Detenidos y Garantías las modalidades y características de las medidas de coerción personal que dispongan, como así también toda otra modificación ulterior.
*Art. 29 quáter - Toda autoridad competente que dispusiere la internación, detención, aprehensión y/o arresto, como toda otra restricción a la libertad ambulatoria de las personas, distintas a internaciones y medidas tutelares, de seguridad o penas definitivas, deberá comunicarlo de inmediato al Juez de Detenidos y Garantías. El informe que remita la autoridad interviniente será cabeza del expediente que tramite el Juzgado de Detenidos y Garantías.
*Art. 29 quinque - El Juez de Detenidos y Garantías deberá inhibirse y podrá ser recusado por las causales establecidas en el artículo 51. Las resoluciones que dicte dicho magistrado y que causen gravamen irreparable serán apelables con efecto devolutivo ante la Cámara de Acusación, con arreglo a lo que dispone éste Código.
Para determinar la competencia se tendrá en cuenta la pena establecida por la ley para la infracción consumada y las circunstancias agravantes de calificación, no asi la acumulacion de penas, por concurso de hechos de la misma competencia; pero siempre que sea probable la aplicación del artículo 52 del código penal, será competente la cámara en lo criminal. Cuando la ley reprima la infracción con varias especies de penas, se tendrá en cuenta la cualitativamente más grave.
La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso, y el tribunal que lo declare remitirá las actuaciones al que considere competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere. Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el tribunal juzgará aún en los delitos de competencia inferior.
La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia producirá la nulidad de los actos, excepto los que no pueden ser repetidos, y salvo el caso de que el tribunal de competencia superior haya actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior.
Será competente el tribunal con asiento en el lugar donde la infracción se haya cometido; en caso de tentativa, el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el del lugar donde cesó la continuación o permanencia.
Si fuere desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, será competente el tribunal que primero hubiera prevenido en la causa.
En cualquier estado del proceso, el tribunal que reconozca su incompetencia territorial deberá remitir las actuaciones al competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.
La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo producirá la nulidad de los actos de instrucción cumplidos después que se haya declarado la incompetencia.
Las causas serán conexas en los siguientes casos: 1) Si los delitos imputados hubieren sido cometidos simultánemente por varias personas reunidas; o aunque lo fueren en distintos lugares o tiempos, cuando hubiere mediado acuerdo entre ellas; 2) Si un delito hubiere sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad; 3) Si a una persona se le imputaren varios delitos.
Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública, aquellas se acumularán y será tribunal competente: 1) Aquel a quien corresponde el delito más grave; 2) Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el delito primeramente cometido; 3) Si los hechos fueren simultáneos, o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que haya procedido a la detención del imputado, o, en su defecto, el que haya prevenido; 4) Si no pudieran aplicarse estas normas, el tribunal que deba resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia La acumulación de causas no obstará a que se puedan recopilar por separado las distintas actuaciones sumariales.
No procederá la acumulación de causas cuando determina un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos los procesos deberá intervenir un solo tribunal, de acuerdo con las reglas del artículo anterior. Si corresponde unificar las penas, el tribunal lo hará al dictar la última sentencia.
Siempre que dos jueces o tribunales se declaren simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por la corte de justicia.
El ministerio fiscal y otras partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el tribunal que consideren competente o por declinatoria ante el tribunal que consideren incompetente. El que optare por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultáneamente o sucesivamente. Al plantear la cuestión, el recurrente deberá manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, que no ha empleado el otro medio, y si resultare lo contrario será condenado en costas, aunque aquella sea resuelta a su favor o abandonada. Si se hubieren empleado los dos medios y llegado a decisiones contradictorias, prevalecerá la que se hubiere dictado primero.
La cuestión podrá ser promovida durante la instrucción y hasta antes de fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 31, 35 Y 381.
Cuando se promueva la inhibitoria, se observarán las siguientes normas: 1) El tribunal ante quien se proponga la resolverá dentro del tercer día, previa vista al ministerio fiscal por igual término: 2) Cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución será apelable a la corte de justicia. 3) Cuando se resulta librar oficio inhibitorio, con él se acompañarán las piezas necesarias para fundar la competencia; 4) El juez requerido, cuando reciba de oficio inhibitorio, resolverá previa vista por tres días al ministerio fiscal y a las partes. Su resolución será apelable conforme al inciso 2) cuando haga lugar a la inhibitoria, caso en el cual los autos serán remitidos oportunamente al juez que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y a los elementos de convicción que hubiere; 5) Si se negare la inhibición, el auto será comunicado al tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista por el inciso 4), y se le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes a la corte de justicia. 6) Recibido el oficio expresado anteriormente, el tribunal que propuso la inhibitoria resolverá, sin más trámite y en el término de tres días, sostener su competencia o no. En el primer caso, remitirá los antecedentes a la corte de justicia, y lo comunicará al tribunal requerido para que lo haga lo mismo con el expediente; en el segundo, lo comunicará al competente, remitiéndole todo lo actuado: 7) El conflicto será resuelto dentro de tres días, previa vista por igual término al ministerio fiscal, remitiéndose inmediatamente la causa al tribunal competente.
La declinatoria se substanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.
Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción, que será continuada: a) Por el tribunal que primero conoció la causa; b) Si los dos tribunales hubieren proveído en la misma fecha, por el requerido de inhibición. Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia de debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el tribunal ordene una instrucción suplementaria prevista en el artículo 363.
Al resolver el conflicto el tribunal determinará, si corresponde, que actos declarado incompetente conservan validez, sin perjuicio de que el competente ordene la ratificación o ampliación de los actos de instrucción que hubieran sido practicados antes de la decisión.
Las cuestiones de jurisdicción con jueces nacionales, federales, militares o de otras provincias se resolverán, conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia, y con arreglo a la ley nacional o de tratados interprovinciales si existieren.
Los jueces o tribunales pedirán la extradición de los imputados o condenados que se encuentren en la capital federal, en otras provincias o en los territorios nacionales, acompañando el exhorto copia de la orden de detención del auto de procesamiento y prisión preventiva o de la sentencia y, en todo caso, los documentos necesarios para comprobar la identidad del requerido.
Si el imputado o condenado se encontrare en el territorio de un estado extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática y con arreglo a los tratados existentes, o al principio de reciprocidad o a las costumbres internacionales.
Las solicitudes de extradición efectuadas por otros tribunales serán diligenciadas inmediatamente, previa vista por 24 horas al ministerio fiscal, siempre que reúnan los requisitos del artículo 48. Producida la detención se pondrá de inmediato al detenido a disposición del juez de turno, quien dentro de las 24 horas, comunicará la detención al juez requirente, y éste dentro de los siete días de cursada la comunicación deberá confirmar la orden; en caso de que no lo hiciere se dispondrá de inmediato la libertad del detenido. Igual resolución se adoptará si aún confirmada la orden, dentro de los diez días de recibida la comunicación, el tribunal que la expidió no enviare personal autorizado para proceder al traslado del detenido. Si el imputado o condenado fuere detenido, verificada su identidad se le permitirá que personalmente o por intermedio del defensor aclare los hechos e indique las pruebas que a su juicio pueden ser útiles, después de lo cual, si la solicitud de extradición fuere procedente, deberá ser puesto sin demora a disposición del tribunal requirente. La resolución será apelable ante el superior en grado, el que resolverá previa vista por 24 horas al ministerio fisca.
*ARTÍCULO 51 - .- Motivos de inhibición. El juez deberá inhibirse de conocer en la causa solamente cuando exista uno de los motivos que taxativamente se enumeran: 1. Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o auto de procesamiento; si hubiere intervenido como funcionario del ministerio fiscal, defensor, mandatario, denunciante o querellante; si hubiere actuado como perito, o conocido el hecho como testigo; 2. Si como juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 3. Si fuere pariente, en los grados preindicados, con algún interesado; 4. Si él o algunos de dichos parientes tuvieran interés en el proceso; 5. Si fuere o hubiere sido tutor o curador, o hubiere estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados; 6. Si él o sus parientes, dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, excluida la sociedad anónima; 7. Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales; 8. Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusados por ellos, o denunciados por los mismos; 9. Si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados lo hubiere acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento; 10. Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados; 11. Si tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados; 12. Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados; o si después de iniciado el proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor; 13. Si el juez se encontrare en violencia moral.
A los fines del artículo anterior, se consideran interesados al imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado, aunque estos últimos no se constituyen en parte, lo mismo que sus representantes, defensores o mandatarios.
No obstante el deber de inhibición establecido, las partes podrán pedir que el juez siga entendiendo en el proceso, siempre que el motivo de la inhibición no sea alguno de los que contienen los cuatro primeros incisos del artículo 51.
La cámara de acusación juzgará de la inhibición o recusación de los jueces de instrucción, correccional o de menores; los tribunales colegiados, previa integración, la de sus miembros.
El juez que se inhiba, remitirá el expediente, por decreto fundado, al que deba reemplazarlo; éste tomará conocimiento de la causa inmediatamente y proseguirá su curso, sin perjuicio de que eleve los antecedentes en igual forma al tribunal respectivo, si estimare que la inhibición no tuviere fundamento. La incidencia será resuelta sin trámite. Cuando el juez que forme parte de un tribunal colegiado reconozca un motivo de inhibición, pedirá que se disponga su apartamiento.
El ministerio fiscal, las partes, sus defensores o mandatarios, podrán recursar al juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados taxativamente en el artículo 51.
La recusación deberá ser propuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por escrito, con indicación de los motivos en que se fundare y de sus pruebas. Los testigos que se ofrezcan no podrán ser más de cuatro.
La recusación sólo podrá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las siguientes oportunidades: durante la instrucción, antes de su clausura; en el juicio, durante el término de citación; cuando se trate de recursos, en el primer escrito que se presente o en el término de emplazamiento o al deducir el de revisión. Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o de ulterior integración del tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de las 48 horas de producida o de ser aquella notificada, respectivamente.
*ARTÍCULO 59.- Trámite y competencia. Si el juez admitiere la recusación se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55. En caso contrario, se remitirá el escrito de recusación con su informe a la Cámara de Acusación, quien previa audiencia en que se recibirá la prueba pertinente y útil, e informarán las partes, resolverá el incidente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas sin recurso alguno. Si la excusación o recusación aceptadas comprendieran a todos los integrantes de un mismo Tribunal colegiado, las actuaciones serán remitidas al que le sigue en orden de nominación.
Si el juez fuere recusado y no admitiere la causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continuará la investigación aun durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos siempre que lo pidiere el recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ellos.
Los secretarios y auxiliares deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos expresados en el artículo 51; y el tribunal ante el cual actúan averiguará verbalmente el hecho y resolverá lo que corresponda, sin recurso alguno.
Producida la inhibición o aceptada la recusación, el juez inhibido o recusado no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo pena de nulidad. Aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la intervención de los nuevos magistrados será definitiva.
El ministerio fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley.
Además de las atribuciones generales acordadas por la ley, el fiscal de corte actuará ante la corte de justicia en los casos previstos por este código.
*ARTÍCULO 65.- Además de las funciones generales acordadas por este código, el fiscal de acusación actuará ante ese tribunal en los siguientes casos: 1) En los recursos de apelación interpuestos por los agentes fiscales; 2) Nota de Redacción (Derogado por ley 7313); 3) En los conflictos entre jueces de instrucción y los agentes fiscales.
Además de las funciones generales acordadas por este código, el fiscal de cámara actuará durante el juicio ante el tribunal respectivo, y ejercerá las funciones del agente fiscal cuando en el debate sea necesario ampliar la acusación. Podrá llamar al agente fiscal que haya intervenido en la instrucción, en los siguientes casos: 1) Cuando se trate de un asunto complejo, para que se le suministre informaciones o coadyuve con él, incluso durante el debate; 2) Cuando esté en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal o le sea imposible actuar, que mantenga oralmente la acusación.
*ARTÍCULO 67.- Atribuciones del Agente Fiscal y del Fiscal Correccional. El Agente Fiscal actuará ante los Jueces de Instrucción Formal y de Menores. El Fiscal Correccional actuará ante los Jueces Correccionales y de Garantías, y dirigirá al procedimiento sumario.
Los representantes del ministerio fiscal formularán bajo sanción de inadmisibilidad motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del juez; procederán oralmente en los debates, y por escrito en los demás casos.
En el ejercicio de sus funciones, el ministerio fiscal podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Los miembros del ministerio fiscal deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto a los jueces, con excepción de los previstos en la primera parte del inciso 8) y en el 10) del artículo 51. La recusación, en caso de no ser aceptado el motivo invocado, será resuelta en juicio oral y sumario por el tribunal ante el cual actúe el funcionario recusado.
Los derechos que este código acuerda al imputado podrá hacerlos valer el que sea detenido o indicado como partícipe de una infracción penal, en cualquier acto del proceso, con patrocinio letrado obligatorio, salvo que fuera autorizado a la autodefensa. Cuando estuviere preso, el imputado podrá formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, el que la comunicará inmediatamente al magistrado competente.
La identificación del imputado se practicará mediante la oficina técnica respectiva, por sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares. Si se negare a dar esos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos, en la forma prescripta para los reconocimientos, o por otros medios que se estimaren útiles.
Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos no alterarán el curso de la causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de la misma o durante la ejecución.
Si el imputado fuere sometido a una medida provisional, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador, o si no lo hubiere, por el defensor oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados. Si el imputado no fuere penalmente responsable, sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutores.
Si durante el proceso sobreviniere la enfermedad mental del imputado, excluyendo su capacidad de entender o de querer, el tribunal ordenará por autos la suspensión del trámite hasta que desaparezca la incapacidad. Esto impedirá la declaración del imputado y del juicio, pero no que se averigue el hecho o que continúe el procedimiento contra los coimputados. También se dispondrá la internación del incapaz, en un establecimiento adecuado, cuyo director informará semestralmente sobre el estado mental del enfermo; pero podrá ordenarse su libertad dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o guardador, cuando no exista peligro que se dañe a sí mismo o a los demás; en este caso el enfermo será examinado por el perito que el tribunal designe.
El imputado será sometido a examen mental, siempre que el delito que se le atribuya esté reprimido con pena no menor de diez años de prisión, o cuando sea sordomudo, menor no responsable penalmente o mayor de 70 años. En todos los casos en que se atribuya delito de igual pena al imputado el informe ambiental será obligatorio.
*ARTICULO. 76 bis.- Desde el inicio de un proceso penal y hasta su finalización, el Estado garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos: a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente designe. c) A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia. d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado. e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación.
*ARTICULO 76 ter.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho: a) A ser informada por la oficina correspondiente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de constituirse en actor civil y/o tener calidad de querellante. b) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado. c) Cuando fuere menor o incapaz el órgano judicial podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado por persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.
*Art. 76 quáter.- Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán ser enunciados por el órgano judicial competente, al momento de practicar la primera citación de la víctima o del testigo.
*ARTICULO 77.- Constitución de parte. Para ejercer la acción civil emergente del delito en el proceso penal, su titular deberá constituirse en actor civil. Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas del modo prescripto para el ejercicio de las acciones civiles. Cuando en un primer momento apareciera la Provincia como damnificada, se notificará de la existencia del proceso al Fiscal de Estado o u reemplazante legal, a fin que exprese si se constituirá en actor civil. Si el delito se hubiera cometido en perjuicio de los Municipios o Entidades Autárquicas, podrán actuar como actores civiles y/o querellantes. Podrá entablar querella toda persona con capacidad civil damnificada directa por un delito de acción pública, y su representante legal o guardador en caso de incapacidad de aquella.
*ARTÍCULO 78.- Demandados y Querellados. La constitución de actor civil o en parte querellante procederá aún cuando no se haya individualizado al imputado. Si hubiere varios imputados y civilmente demandados, la acción podrá ser dirigida contra uno o varios de ellos; pero si lo fuere contra el segundo deberá obligatoriamente ser dirigida contra el primero. Cuando el actor civil o querellante no mencionara a ninguno, se entenderá que la dirige contra todos.
*ARTÍCULO 79.- Forma del acto. La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por mandatario, mediante un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, las condiciones personales y el domicilio legal del accionante, a qué proceso se refiere y los motivos en que se funda la acción. La constitución en parte querellante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo anterior. El pedido de constitución en parte querellante será resuelto por decreto fundado en el término de tres (3) días. La resolución será apelable. Si el querellante se constituyera a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos institutos.
*ARTÍCULO 80 - Oportunidad. En caso de Instrucción Formal, la constitución de parte civil y de querellante conjunto podrá hacerse desde el avocamiento del juez hasta la vista fiscal que ordena el artículo 340. Si la causa se tramitara por procedimiento sumario, se hará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 358. Pasadas las oportunidades mencionadas, la constitución será rechazada sin más trámite.
*ARTÍCULO 81 - Facultades. El actor civil podrá actuar en el proceso para acreditar la existencia del hecho delictuoso, el daño que pretenda haber sufrido y la responsabilidad civil del imputado y del que pudiera responder, según las leyes extrapenales de fondo. El damnificado directo por el delito actuará como querellante en el proceso para impulsarlo, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan. El querellante podrá: 1) Solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito e individualizar a su autor. 2) Asistir a los actos mencionados en el artículo 195. 3) Intervenir en la etapa de juicio, dentro de los límites fijados por este Código. 4) Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa. 5) Recurrir, en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público Fiscal.
*ARTÍCULO 82 - Notificación. La constitución del actor civil y del querellante deberá ser notificada por el Tribunal al imputado y demás interesados; y producirá efectos a partir de la última notificación. En caso del artículo 78, primea parte, la notificación se hará en cuanto se individualice al imputado.
*ARTÍCULO 83 - Demanda. El actor civil deberá concretar su demanda dentro de los cinco (5) días de notificado de la resolución que decrete la clausura de la instrucción. La demanda se formulará por escrito y con las formalidades exigidas por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, para el juicio ordinario, será notificada de inmediato al civilmente demandado y a la compañía aseguradora si hubiera sido citada en garantía.
*ARTÍCULO 84 - .- Desistimiento. El actor civil podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiere causado. El desistimiento importa renuncia de la acción civil. Se lo tendrá por desistido de la constitución de actor civil en el proceso penal cuando no concrete la demanda en la oportunidad fijada en el artículo anterior.
*ARTÍCULO 85 - Carencia de Recursos. El actor civil carece de recursos contra el auto de sobreseimiento y la sentencia absolutoria, sin perjuicio de las acciones que pudieren corresponderle en sede civil.
*ARTÍCULO 86 - Deber de atestiguar. La intervención de una persona como actor civil o querellante no le exime del deber de declarar como testigo, en la causa penal.
Las personas que según las leyes extrapenales de fondo, respondan por el imputado del daño que cause el delito, podrán ser citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien ejerza la acción resarcitoria, el que, en su escrito expresará el nombre y el domicilio, del demandado y los motivos en que se funda su acción.
Esta citación podrá hacerse en la oportunidad que establece el artículo 80, contendrá el nombre y domicilio del accionante, citado, y la indicación del proceso y el plazo en que se deba comparecer, el que nunca será menor de cinco días. La resolución será notificada al imputado.
Será nula esta citación cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del civilmente demandado, restringiéndole la audiencia o la prueba. La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá al ejercicio ulterior de la acción civil ante la jurisdicción respectiva.
La exclusión o el desistimiento del actor civil harán caducar la intervención del civilmente demandado.
El civilmente demandado deberá contestar la demanda dentro de los seis días de notificado la misma. En el mismo plazo podrá oponer las excepciones y defensas civiles que estime pertinentes y reconvenir. La forma se regirá por lo establecido en el código de procedimientos en lo civil y comercial para el juicio ordinario.
El trámite de las excepciones y la reconvención se regirá por las respectivas disposiciones del código de procedimientos en lo civil y comercial. Los plazos serán en todos los casos de tres días. La resolución de las excepciones podrá, sin embargo, ser diferida por el tribunal para la sentencia por auto fundado.
Aún cuando estuviesen pendientes de resolución las excepciones y defensas, las partes civiles deberán ofrecer su prueba, bajo la pena de caducidad, en el período establecido en la etapa preliminar del juicio.
El imputado tendrá derecho de hacerse defender por abogados de la matrícula o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal substanciación del proceso. La designación del defensor hecha por el imputado, importará salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento de mandato para representarlo en la acción civil. El imputado podrá designar defensor aun estando incomunicado, por cualquier medio.
El imputado no podrá ser asistido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará términos ni trámites.
El cargo de defensor del imputado, una vez aceptado, es obligatorio salvo excusación atendible. La aceptación será obligatoria para el abogado de la matrícula cuando se lo nombrare en sustitución del defensor oficial. El defensor tendrá derecho a examinar los autos antes de aceptar el cargo, salvo el caso en que se hubiere decretado el secreto de sumario. Tendrá tres días para aceptar el cargo, bajo apercibimiento de tener el nombramiento por no efectuado.
En la primera oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hace hasta el momento de recibirse la declaración indagatoria, el juez designará de oficio al defensor oficial, salvo que autorice al imputado a defenderse personalmente, si éste así lo pidiere.
La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado a elegir ulteriormente otro de la matrícula; pero la sustitución no se considera operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.
La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común, siempre que no exista incompatibilidad. Si ésta fuere advertida, el tribunal proveerá, aún de oficio, a las sustituciones necesarias, conforme a las normas pertinentes.
En las causas por delitos reprimidos sólo con multa o inhabilitación, el imputado podrá hacerse representar por un defensor con poder especial. El juez, no obstante, podrá requerir la comparecencia personal.
El actor civil y el civilmente demandado actuarán en el proceso personalmente o por mandatario, pero siempre con patrocinio letrado.
Los defensores de las partes podrán designar sustitutos para los casos de impedimento legítimo. En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente asumirá las obligaciones del defensor y tendrá derecho a solicitar una prórroga máxima de tres días la que será concedida por el tribunal. El debate no podrá suspenderse por la misma causa aún cuando el tribunal conceda la intervención a otro defensor oficial o particular.
Si el defensor del imputado abandonare la defensa y dejare a su cliente sin abogado, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor oficial, y no podrá ser nombrado de nuevo en el proceso. Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres días para la audiencia, la cual deberá ser concedida por el tribunal. El debate no podrá suspenderse otra vez por la misma causa. La intervención de otro defensor particular no excluirá la del oficial. El abandono de los defensores o mandatarios de las partes civiles no suspenderá el proceso.
El incumplimiento de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios, podrá ser corregido por el tribunal con multa cuyo monto no excederá del venticinco por ciento del sueldo del representante del ministerio fiscal en la instancia, en que ocurriere. Cuando esta sanción fuera impuesta por la cámara, la resolución será irrecurrible. El abandono constituye falta grave, y obliga al que incurriere en él a pagar las costas de la sustitución. Todo ello sin perjuicio de que el tribunal de ética profesional pueda disponer la suspensión de los defensores hasta un mes, según la gravedad de la infracción. A tales efectos el tribunal cursará las comunicaciones pertinentes.
En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional, bajo pena de nulidad.
El que deba declarar en el proceso, lo hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el juez lo autorice para ello, si así lo exigiere la naturaleza de los hechos. Los peritos serán autorizados a consultar notas y documentos. Primero serán invitados a manifestar cuanto conozcan sobre ellos, y después, si fuere necesario se los interrogará. Las preguntas que se formulen no serán capciosas o sugestivas. cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y respuestas, usándose las expresiones del interrogado.
Para jurar y examinar a un sordo, se le presentarán por escrito la fórmula del juramento, las preguntas y las observaciones, para que jure y responda oralmente; si se tratare de un mudo, se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito; si es sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no supieran darse a entender por escrito, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, a falta de él, a quien sepa comunicarse con el interrogado.
Para fechar un acto deberán indicarse el lugar, día, mes y año en que se cumple. La hora será consignada sólo cuando especialmente se la requiera. Cuando la fecha sea requerida bajo pena de nulidad, ésta sólo existirá cuando aquella no pueda establecerse con certeza, en virtud de los elementos del acto o de otros conexos con él. El secretario del tribunal deberá poner cargo a todos los escritos oficios o notas que reciba, expresando la fecha y hora de la presentación.
Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de instrucción. Para continuar el debate sin dilaciones perjudiciales, el tribunal podrá habilitar los días y horas que estime necesarios.
Cuando se requiera juramento, éste será recibido, según corresponda, bajo pena de nulidad, por el juez o por el tribunal, de acuerdo con las creencias del que lo preste, quien se hallará de pie, será instruido de las penas correspondientes por falso testimonio, prometerá decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante al fórmula "lo juro". Si el deponente se negare a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le exigirá promesa de decir verdad, mediante la fórmula: "lo prometo".
No podrán ser testigos de actuación los menores de edad, ni los que en el momento del acto se encuentren en estado de alienación o de inconsciencia.
En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene.
El tribunal será siempre asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario, quien refrendará a todas sus resoluciones con la firma entera precedida por la fórmula: "ante mi".
Las decisiones del tribunal serán dadas por sentencia, auto y decreto. Sentencia es la decisión que después del debate pone término al proceso. Auto es la decisión pronunciada a instancia de parte o de oficio, en el curso de la instrucción, del juicio o de la ejecución, sobre un incidente o artículo del proceso, salvo las excepciones que se establecen. Decreto es la decisión pronunciada en el curso del proceso, fuera de los casos mencionados en los apartados anteriores, o en aquellos en que esta forma sea especialmente prescripta por la ley. Las copias de las sentencias y de los autos serán protocolizadas por el secretario.
Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena nulidad; los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando se exija expresamente.
Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el juez o todos los miembros del tribunal que actúe; los decretos, por el juez o el presidente del tribunal. La falta de firma producirá la nulidad del acto, salvo lo dispuesto en la última parte de los requisitos de la sentencia.
El tribunal dictará los decretos dentro de los tres días en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, dentro de los diez días, salvo que se disponga otro plazo; y las sentencias, en las oportunidades especialmente previstas.
Dentro del término de tres días de dictadas, el tribunal podrá rectificar, de oficio o de instancia del fiscal o de las partes, cualquier error u omisión material contenido en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial. La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.
Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.
Cuando por cualquier causa se destruyan, pierdan o sustraigan los originales de las sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de aquellos. A tal fin, el tribunal ordenará que quien tenga la copia la consigne en secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.
Si no hubiere copia de actos, el tribunal ordenará que se rehagan, recibiendo las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido; y cuando esto no fuere posible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.
El tribunal ordenará la expedición de copias o informes, siempre que sean solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos.
Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la sede del tribunal, éste podrá encomendar su cumplimiento por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal de jerarquía superior, igual o inferior, o a autoridades que no pertenezcan al poder judicial.
Los tribunales podrán dirigirse directamente a cualquier autoridad de la provincia, la que prestará sin tardanza la cooperación o expedirá los informes que le soliciten.
Los exhortos a tribunales extranjeros se diligenciarán por vía diplomática, en la forma establecida por los tratados o costumbres internacionales.
Los tribunales diligenciarán exhortos de tribunales extranjeros en los casos y modos establecidos por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes del país, serán mandados a cumplir por la corte de justicia.
Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados sin retardo, previa vista fiscal, y siempre que no perjudiquen la jurisdicción del tribunal, salvo lo dispuesto en el artículo 50.
Si el diligenciamiento de un exhorto fuere denegado o demorado, el juez exhortante podrá dirigirse a la corte de justicia, la que previa vista fiscal, resolverá si corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento, según sea o no de la provincia el juez exhortado.
El tribunal exhortado podrá comisionar el despacho del exhorto a un juez inferior, cuando el acto deba practicarse fuera del lugar de su asiento, o remitirlo al tribunal a quien se debió dirigir, si ese lugar no fuere de su competencia.
Cuando sea necesario hacer fe de actos realizados por ellos o cumplidos en su presencia, los funcionarios que intervengan en el proceso o cumplan una investigación preliminar, labrarán un acta en la forma prescripta en este capítulo.
Para labrar un acta de juez o el miembro del tribunal será asistido por el secretario; los oficiales y auxiliares de la policía judicial, por dos testigos, los cuales podrán pertenecer a la misma repartición, en casos de suma urgencia.
*ARTÍCULO 132 - Contenido y formalidades. Las actas deberán contener: la hora de iniciación y conclusión del acto; la fecha; su objeto; el nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas y si éstas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento y si fueron dictadas por los declarantes. Concluida o suspendida la diligencia, el acta será firmada previa lectura, por todos los intervinientes que deban hacerlo; cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará mención de ello. El acta será nula si faltare la firma del funcionario actuante, o la del secretario o testigos de actuación y testigos del hecho imputado si los hubiere.
*ARTÍCULO 133 - Firma del ciego o analfabeto. Cuando un ciego o un analfabeto deba suscribir un acta, se le informará que ésta puede ser leída y firmada por una persona de su confianza, lo que se hará constar, bajo pena de nulidad.
Las resoluciones judiciales se harán conocer, cuando y a quienes corresponda, dentro de las 24 horas de dictadas, salvo que el tribunal dispusiere un plazo menor, y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.
Las notificaciones serán practicadas por el secretario, o el empleado del tribunal que especialmente se designe, o los oficiales de justicia. cuando la persona que deba notificarse esté fuera de la sede del tribunal, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad judicial que corresponda.
Los fiscales y defensores oficiales serán notificados en sus respectivas oficinas; las partes, en la secretaría del tribunal o en el domicilio constituido. Si el imputado estuviere preso, será notificado en la secretaría o en el lugar de su detención, según lo resuelva el tribunal. las personas que no tuvieren domicilio constituido serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.
Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro de la ciudad donde tuviere asiento el tribunal.
Si la parte tuviere en el proceso defensor o mandatario, a éstos se les harán las notificaciones, salvo que la ley o la naturaleza del acto exija también la notificación de aquélla.
La notificación se hará entregando al interesado que lo exigiere una copia autorizada de la resolución, donde conste el proceso en que se dictó. si se tratare de resoluciones fundamentadas, la copia se limitará al encabezamiento y parte resolutiva.
Cuando la notificación se haga en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará dos copias de la resolución; hará entrega de una al interesado, y al pie de la otra, que se agregará al proceso, pondrá constancia de ello, con la indicación del lugar, día y hora de la diligencia, firmando conjuntamente con el notificado. Cuando la persona que se deba notificar no fuera encontrada en su domicilio, la copia será entregada a alguna de las personas mayores de 18 años que residan allí, prefiriendo a los parientes del interesado y, a falta de ellos, a los empleados o dependientes. Si no se encontrare alguna de esas personas, la copia será entregada a un vecino mayor de dicha edad, que sepa leer y escribir, prefiriendo a los más inmediatos. En estos casos, el funcionario o empleado que practique la notificación, expresará en la constancia a qué persona hizo entrega de la copia, y por qué motivo, firmando la diligencia junto con ella. Cuando el notificado o el tercero se negare a recibir la copia o dar su nombre y firmar, ella será fijada, lo que se hará constar, en la puerta de la casa o habitación donde deba practicarse el acto, en presencia de un testigo que firmará la diligencia. si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo hará el testigo a su ruego.
Cuando se ignore el lugar donde reside la persona de que se trata, la notificación se hará por edictos, que se publicarán durante cinco días en un diario de circulación y en el boletín oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo.
Cuando la notificación se haga personalmente, se hará mediante constancia en el expediente, firmando el notificado. Cuando se diligencie en la oficina o en el despacho del fiscal o defensor oficial se hará mediante constancia en el expediente, efectuada por el encargado de la diligencia.
En caso de disconformidad entre la copia y el original, hará fe, respecto de cada interesado, la copia por él recibida.
La notificación será nula: 1) Si hubiere existido error sobre la identidad de la persona notificada; 2) si la resolución hubiere sido notificada en forma incompleta; 3) si en la diligencia no constare la fecha o, cuando corresponda, la entrega de la copia; 4) si faltare alguna de las firmas prescriptas.
Cuando sea necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal, el tribunal ordenará su citación. Esta estará practicada de acuerdo con las formas prescriptas para la notificación, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente; pero en la cédula se indicará: el tribunal que la ordenó, su objeto y el lugar, día y hora en que el citado deberá comparecer.
Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios podrán ser citados por medio de la policía judicial, o por carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado; se les advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no obedecen la orden judicial, y que en este caso seran conducidos por la fuerza pública, a no mediar causa justificada. El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente. La incomparecencia injustificada hará incurrir en las costas que cause, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga, y serán diligenciadas por las personas habilitadas para notificar.
LAS VISTAS SE CORRERÁN ENTREGANDO AL INTERESADO, BAJO RECIBO, LAS ACTUACIONES EN LAS QUE SE ORDENAREN, O LAS COPIAS DE LOS ESCRITOS O RESOLUCIONES PERTINENTES. El secretario o empleado hará constar la fecha del acto, mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él.
Cuando no se encontrare a la persona quien se deba correr vista, la resolución será notificada conforme a la notificación en el domicilio, y el término correrá desde el día hábil siguiente. El interesado podrá retirar de secretaría el expediente por el tiempo que falta para el vencimiento del término.
Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres días.
Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones fueren devueltas, el tribunal librará orden inmediata al oficial de justicia para que las requiera o se incaute de ellas, autorizando a allanar el domicilio y hacer uso de la fuerza pública si fuere necesario. Si la ejecución de la orden sufriere entorpecimiento por culpa del requerido, podrá imponerse una multa equivalente a la remuneración del juez de 1a. Instancia de un día como mínimo a cinco días como máximo.
Las vistas serán nulas en los mismos casos en que lo sean las notificaciones.
Fin del texto
Sin tarjeta de crédito. Conectá tu sistema judicial y hacele tu primera consulta a la IA.
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.