Abriendo la norma
Ley provincial 8.528 · 2025
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
El objeto de la presente Ley es establecer un marco normativo para la gestión y disposición de automotores, motovehículos y maquinarias registrables que se encuentren en depósitos públicos en todo el territorio provincial.
Son objetivos de esta Ley: a) Mitigar el impacto ambiental producido por su depósito en predios pertenecientes a la Provincia y a los Municipios. b) Reducir los riesgos sanitarios y coadyuvar a la prevención de enfermedades arbovirales. c) Promover la economía circular y maximizar la reutilización de materiales. d) Contribuir a la liberación, limpieza y descontaminación de los predios utilizados como depósitos.
La presente Ley se aplica a los automotores, motovehículos y maquinarias registrables secuestrados, removidos o trasladados por disposición de autoridad administrativa provincial o municipal competente que se encuentren en depósitos públicos provinciales o municipales, independientemente de su estado de conservación o aptitud para rodar. Se exceptúa a aquellos que fueron secuestrados en causas penales.
Los responsables de los depósitos emplazados en el territorio provincial deben realizar un inventario, con el pertinente registro fotográfico y datos exigidos por la reglamentación, y elevar a la Autoridad de Aplicación para su incorporación a un Registro que funcionará en su ámbito, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias que dicte al efecto.
La Autoridad de Aplicación, por sí o por terceros con capacidad técnica en la materia, debe determinar la aptitud para rodar de cada vehículo incorporado al Registro y practicar una valuación.
A los fines del cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación debe, según el caso, llevar adelante el siguiente procedimiento: a) En el supuesto de automotores, motovehículos y maquinarias registrables secuestrados en virtud de una infracción o falta en materia de tránsito o seguridad vial, que no hayan sido retirados en el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles desde el depósito, la Autoridad de Aplicación debe solicitar al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, informe de Estado de Dominio e intimar al titular registral a que en el plazo de veinte (20) días hábiles retire el vehículo previo pago de multas, tasas y gastos que pudieran corresponder conforme a la normativa vigente. b) En el supuesto de automotores, motovehículos y maquinarias registrables en estado de abandono o deterioro evidente en espacio público, la Autoridad de Aplicación debe labrar un acta consignando el estado e intimando al titular a su remoción del espacio público, la copia del acta se colocará en lugar visible del vehículo por el plazo de diez (10) días. Vencido el plazo sin que el titular lo haya retirado, la Autoridad de Aplicación procede al traslado al depósito correspondiente y a solicitar informe de Estado de Dominio a efectos de intimar al titular registral en los términos estipulados en el párrafo anterior.
La notificación, en todos los casos, se practica bajo apercibimiento de proceder a su descontaminación y compactación. Si la notificación efectuada resulta negativa, se publica edictos por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia y en el diario de mayor circulación, con los datos de la unidad afectada y el apercibimiento indicado en el párrafo anterior.
Vencido el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles desde el depósito sin que el titular registral haya comparecido, la Autoridad de Aplicación queda facultada para declarar el estado de abandono y, en consecuencia, proceder a su afectación al uso público, venta en subasta pública o proceso de descontaminación y compactación. Los titulares del dominio de los vehículos pueden solicitar voluntariamente la descontaminación y compactación conforme las disposiciones que rigen la baja de los mismos.
En forma previa a la afectación al uso público o venta en subasta pública, la Autoridad de Aplicación debe realizar la verificación policial en planta habilitada al efecto. En caso de adulteración, debe proceder a formular denuncia y poner el vehículo a disposición de la autoridad provincial competente.
La declaración de afectación al uso provincial o municipal, según el caso, se debe llevar a cabo mediante acto fundado, el que debe ser notificado al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, con solicitud de la documentación necesaria para la circulación y uso del vehículo. Para su destino, se priorizará los servicios de salud, seguridad y educación.
En caso de disponer la venta en subasta pública, la Autoridad de Aplicación realizará un sorteo por acto público para designar un martillero matriculado en el Colegio respectivo. Previo a la venta por subasta pública, se debe publicar edictos por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, en el diario de mayor circulación y en las páginas web y redes sociales oficiales del organismo correspondiente, el lugar, la hora y fecha del remate, con una breve descripción del vehículo a subastar.
La subasta puede ser realizada de forma electrónica, en el marco de la reglamentación de la Autoridad de Aplicación. La Ley 8072 es de aplicación supletoria.
Concluida la subasta, la Autoridad de Aplicación emite la documentación correspondiente a los fines de la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y pone en posesión al adquiriente del vehículo.
El producido de la venta se distribuirá de la siguiente manera: a) Cincuenta por ciento (50%) al municipio adherente a la presente Ley, en donde hubiera estado depositado el vehículo. b) Cincuenta por ciento (50%) a la Autoridad de Aplicación para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
La descontaminación y compactación se lleva adelante en los siguientes casos: a) Automotores, motovehículos y maquinarias registrables, piezas, rezagos, cascos o restos de vehículos secuestrados o hallados en espacio público que por su estado no se consideren aptos para rodar o impliquen un peligro real e inminente para la salud o el medio ambiente. b) Automotores, motovehículos y maquinarias registrables que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, lleven más de cinco (5) años en el depósito, y a criterio de la Autoridad de Aplicación no proceda su afectación al uso público ni venta en subasta.
Producida la descontaminación y compactación, conforme la legislación vigente, la Autoridad de Aplicación queda facultada para disponer, en forma gratuita u onerosa, la chatarra, el producido del desguace y de la descontaminación en su totalidad, pudiendo convenir con organizaciones de sociedades civiles cuyo objeto sea el reciclaje y otros organismos públicos o privados. En forma previa a la compactación, la Autoridad de Aplicación podrá entregar los vehículos en desuso a instituciones educativas o artistas para lo que se instrumentarán los convenios correspondientes.
Invítase a los Municipios de la Provincia a adherir a la presente Ley y a suscribir convenios de colaboración con la Autoridad de Aplicación, en el marco de sus facultades concurrentes.
El Poder Ejecutivo Provincial en articulación con los Municipios adherentes, designa la Autoridad de Aplicación, la que quedará facultada a dictar la reglamentación pertinente.
El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley, se imputará a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio vigente.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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