Abriendo la norma
Ley provincial 8.534 · 2026
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
La presente Ley tiene por objeto la visibilización, sensibilización y educación a los efectos de prevenir la comisión de crímenes de odio consistentes en agresiones sexuales a mujeres, niñas y adolescentes pertenecientes a los Pueblos Originarios, en todo el territorio provincial.
El ejercicio y cumplimiento de la presente Ley estará a cargo de la Autoridad de Aplicación que a tales efectos designe el Poder Ejecutivo Provincial.
La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones: a) Analizar las estadísticas, casos y noticias que tengan o puedan tener relación con el objeto de la presente, a los efectos de su abordaje. b) Emitir informes y recomendaciones a los diferentes estamentos del Estado y sociedad civil. c) Elaborar y poner en funcionamiento un protocolo interinstitucional de actuación para la detección temprana, denuncia, intervención y asistencia integral a las víctimas de los hechos contemplados en el artículo 1º, coordinando acciones con los organismos de seguridad, salud, educación y justicia. d) Implementar un registro, confeccionar un mapa de casos y llevar las estadísticas. e) Realizar campañas de difusión y concientización. f) Procurar la protección de las víctimas instando todos los recursos estatales a disposición. g) Invitar a participar y hacer aportes a los Pueblos Originarios, Instituciones Educativas, miembros de los Poderes Legislativo, Judicial, Ministerio Público, y demás actores de la sociedad con injerencia en la problemática. h) Coordinar las políticas entre los organismos en razón del objeto de la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación estará facultada para solicitar colaboración a los Órganos Estatales de la provincia de Salta a los efectos de generar el mapa de casos, los informes y estadísticas necesarias para llevar a cabo el objeto de la presente Ley. Asimismo, deberán contemplar todas las recomendaciones y propuestas que los Órganos estimen pertinentes para dar acabado cumplimiento al objeto de la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación deberá elaborar un plan anual de acciones, en las que incluirá: a) Campañas de sensibilización y lucha en contra de los crímenes contenidos en el artículo 1º de la presente Ley, con miras a ser difundido en todos los niveles educativos. El material a producir, deberá tener una versión en diferentes lenguas de los Pueblos Originarios de la provincia de Salta, en diversos formatos que universalicen su acceso, y ser presentado a las autoridades competentes para su difusión. b) Un programa de sensibilización, destinado al personal y funcionarios del Estado Provincial que se encuentren afectados a zonas donde se tenga registro de la existencia o posible existencia de estos delitos. En ambos casos, se deberá incluir una perspectiva intercultural, de género y derechos humanos.
A partir de la promulgación de la presente Ley, los contenidos podrán ser incorporados a los temas de los módulos de capacitación respectivos de la Ley 8139, lo que deberá ser coordinado y adecuado con la Autoridad de Aplicación de esta última Ley.
Los Pueblos Originarios de la provincia de Salta, podrán realizar en todo momento los aportes y contribuciones que consideren necesarios a los efectos de fortalecer los objetivos propuestos por la presente. La reglamentación de esta Ley establecerá un mecanismo de consulta permanente de acuerdo a los estándares legales adoptados por el Estado, dando necesaria participación en ello al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).
La Autoridad de Aplicación elevará un informe anual al Poder Legislativo, Judicial y Ministerio Público, el que contendrá estadísticas, acciones realizadas, resultados de las mismas y las propuestas o proyectos de trabajo a futuro. El informe será de público acceso, debiendo estar a disposición en su sitio web.
En los casos señalados en el artículo 1º, el Ministerio Público, a través de la Defensoría General, podrá actuar en calidad de actor civil a favor de las víctimas, cuando éstas, sus padres, tutores o quienes ejerzan la responsabilidad parental así lo soliciten, en las circunstancias contempladas en la reglamentación de la presente que a tales efectos dicte el Poder Ejecutivo.
El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley será imputado al Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio vigente.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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