Abriendo la norma
Ley provincial 2.799 · 2025
Regulación del transporte de personas y cargas.
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
La presente ley tiene por objeto ordenar y regular la prestación del Servicio Público de Transporte de Personas y Cargas, sea en forma individual o colectiva, que se realice de modo permanente, transitorio o eventual dentro del territorio de la Provincia de San Juan.
La presente ley tiene por objeto ordenar y regular la prestación del Servicio Público de Transporte de Personas y Cargas, sea en forma individual o colectiva, que se realice de modo permanente, transitorio o eventual dentro del territorio de la Provincia de San Juan. ARTÍCULO 2°.- Principios. Son principios propios de la prestación del Servicio Público de Transporte de Personas y Cargas los siguientes: 1) Accesibilidad: Se refiere a la posibilidad de que las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder y utilizar entornos, productos, servicios, información y comunicaciones de manera segura, cómoda, eficiente y autónoma. Se busca eliminar las barreras que limitan la participación plena de todos en la sociedad. 2) Calidad: Se enfoca en asegurar que el servicio cumpla con las normativas legales, contractuales y reglamentarias y con las expectativas de los usuarios, proporcionando un servicio seguro, satisfactorio, con información clara, concisa y confiable. 3) Eficacia: Se refiere a la capacidad del sistema para alcanzar los objetivos deseados. 4) Eficiencia: Se refiere a la idoneidad de un sistema de transporte para realizar sus funciones de manera efectiva, utilizando los recursos disponibles de la mejor manera posible. Esto implica optimizar la puntualidad y capacidad de los medios de transporte, minimizando los tiempos de espera y maximizando la satisfacción del usuario; 5) Mejora Continua: Involucra el análisis de áreas de oportunidad, la implementación de soluciones, la evaluación de resultados y el ajuste de estrategias. 6) Modernización: Se centra en la implementación de nuevas tecnologías y estrategias. Esto incluye la diversificación de métodos de pago, la automatización, la digitalización y la integración de sistemas. 7) Regularidad: El servicio debe prestarse de manera constante y organizada, garantizando que los usuarios puedan contar con él de manera predecible y confiable. 8) Uniformidad: Se refiere a la necesidad de que el servicio se ofrezca de manera igualitaria para todos los usuarios, en las mismas condiciones y bajo las mismas normas; 9) Universalidad: El servicio debe ser accesible para todos los ciudadanos, sin importar sus características personales individuales. Esto implica que el servicio debe ser ofrecido de manera continua y regular, cubriendo la mayor parte del territorio. 10) Protección del Usuario: A los fines de la presente Ley, la protección del usuario constituye un principio rector del sistema de transporte, garantizando condiciones de seguridad, información clara, trato digno, previsibilidad y accesibilidad en la prestación del servicio, en cualquiera de sus modalidades.
A los fines de esta Ley, se entiende por: 1) Transporte Público de Personas: Servicio de traslado oneroso de personas dentro del territorio de la Provincia de San Juan; 2) Transporte de Cargas: Servicio de traslado oneroso de cargas dentro del territorio de la Provincia de San Juan, incluyendo tanto el transporte para terceros como el transporte propio, realizado mediante vehículos automotores y en cualquiera de sus modalidades, conforme a las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación; 3) Transportista: Toda persona humana o jurídica que se dedica profesionalmente a transportar cosas, personas o encomiendas de un lugar a otro; 4) Vehículo automotor: Medio de transporte de cuatro (4) o más ruedas, que permite el desplazamiento de personas, cosas o encomiendas para circular por vía terrestre; 5) Conductor: Toda persona humana que opera o tiene el control efectivo de un vehículo automotor mientras se encuentre en la vía pública; 6) Reincidencia: Reiteración de un incumplimiento después de una sanción firme por otro incumplimiento anterior en el ámbito provincial; 7 ) Propietario: Toda persona humana o jurídica que ostenta la titularidad del vehículo, debidamente registrado en el Registro de la Propiedad del Automotor de la jurisdicción de la Provincia de San Juan; 8) Servicio experimental: Servicio público de transporte de personas implementado mediante permiso, destinado a cubrir recorridos no servidos mediante otras líneas, condicionado a la realización de estudios previos que demuestren su necesidad; 9) Servicio alternativo de transporte: Servicio de transporte público de personas que emplea vehículos o unidades basadas en tecnologías no convencionales, tales como vehículos híbridos, eléctricos u otros desarrollos tecnológicos que se incorporen en el futuro.
Es la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Provincia, o el organismo que la reemplace, quien tiene como atribuciones y funciones: 1) Elaborar el plan anual a elevar al Poder Ejecutivo con objetivos y actividades referidos al transporte público en la Provincia; 2) Administrar los fondos de la Cuenta Especial Dirección de Tránsito y Transporte, creada por Ley Nº 405-I, como así también los bienes e instalaciones pertenecientes y existentes en la repartición; 3) Administrar el inmueble y disponer de todo el producido que de este se derive de la Estación Terminal de Ómnibus de San Juan, Estación Terminal de Caucete y todos aquellos inmuebles o instalaciones que cumplan la finalidad o faciliten el Servicio Público de Transporte de Personas, siempre que fueren de jurisdicción provincial, incluidos sus locales comerciales; 4) Registrar los prestadores de Servicios de Transporte Público de Personas o Cargas en sus distintas modalidades; 5) Administrar, controlar y disponer la aplicación de los subsidios referidos al transporte público de personas existentes o que se implementen en el futuro, sean estos de carácter internacional, nacional, provincial o municipal, e implementar el sistema de cobro para el transporte regular mediante el modelo más propicio para la actividad; 6) Garantizar la promoción y protección de la libre competencia de los servicios de transporte que concesiona o autoriza; ejercer toda acción, administrativa o judicial, por intermedio de los Organismo del Estado Provincial que resulten competentes; para asegurar el fiel cumplimiento de la Ley 27.442 (Ley de Defensa de la Competencia) protegiendo en cuanto de esta Secretaría dependa, el interés económico general, beneficiando a consumidores y empresas; 7) Prohibir conductas anticompetitivas, acuerdos para fijar precios, y el abuso de una posición dominante; acuerdos secretos entre competidores para manipular precios, cuotas de mercado o condiciones de prestación de servicios; 8) Requerir los informes que estime necesarios para la mejor aplicación de la presente Ley; 9) Contratar la realización de estudios, proyectos y asesoramiento necesario para la elaboración y ejecución de los planes aprobados por el Poder Ejecutivo sobre el transporte público de personas; 10) Controlar el cumplimiento de la presente Ley y su reglamentación; 11) Ejercer todas aquellas funciones no especificadas en este artículo que faciliten el cumplimiento de la presente Ley y su reglamentación.
La Autoridad de Aplicación debe elevar al Poder Ejecutivo, para su aprobación, todas las medidas que considere necesarias para proveer lo conducente al ordenamiento y régimen del transporte de personas y cargas en la Provincia. Asimismo, debe asesorar sobre las políticas del servicio de transporte público, su planificación, promoción, implementación, control y el otorgamiento de concesiones para la prestación de cualquiera de las modalidades establecidas por esta Ley.
Los titulares de concesiones o registraciones que se otorguen para el transporte público de personas y cargas deben abonar el canon que establezca la Ley Impositiva Anual. Este guardará proporcionalidad entre las distintas modalidades y, dentro de estas, entre las distintas formas de prestación, respetando la cantidad promedio anual de personas o cargas transportadas por cada modalidad y forma.
Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran): Se crea el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran). En dicho Registro deben incorporarse los transportistas, en cualquiera de sus modalidades; vehículos, conductores y sanciones por incumplimiento al régimen de la presente Ley, debiendo establecerse por vía reglamentaria los requisitos para inscribirse en el Re.Pro.Tran. En el caso de los vehículos, es requisito indispensable para ser incluido en el Re.Pro.Tran que el mismo se encuentre inscripto en un Registro Automotor de la jurisdicción de la Provincia de San Juan. Los vehículos incorporados mediante contrato de leasing deben ser registrados en el Re.Pro.Tran, cualquiera sea la modalidad de transporte a la que se destinen, siempre que se acredite el contrato respectivo y la unidad se encuentre radicada en la Provincia de San Juan. Se exceptúa el transporte interjurisdiccional de cargas que tome carga en la Provincia con destino a otra jurisdicción o al extranjero, aun cuando el servicio haya sido requerido o convenido fuera del territorio provincial.
El Registro Provincial de Transporte otorga un Certificado de Registración para quienes cumplan los requisitos de la presente Ley y las Normas Reglamentarias. El Certificado de Registración es personal e intransferible, y constituye un requisito necesario para la prestación del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades. La reglamentación fijará las normas, requisitos y procedimientos de seguridad e inviolabilidad de dicha documentación.
Para la prestación del servicio de transporte, en cualquiera de sus modalidades, es necesario contar con una licencia habilitante de conductor profesional conforme a las características del vehículo. Dicha licencia debe ser otorgada por la autoridad competente de la Provincia de San Juan o en quien esta delegue, debiendo también contar con seguro obligatorio conforme al servicio de transporte que se preste, acreditándose todo en el Registro Provincial de Transporte.
El transporte oneroso de personas o cargas que, por su naturaleza, riesgo o regulación externa, no se encuentre regulado en la presente Ley, y que requiera condiciones diferenciadas de habilitación, control y fiscalización, o autorización administrativa, debe ser reglamentado por la Autoridad de Aplicación, atendiendo a las particularidades del servicio y a las necesidades aleatorias del caso.
El Servicio Público de Transporte de Personas se realiza mediante servicios regulares o no regulares, conforme se definen en la presente Ley, pudiendo estos últimos adquirir distintas formas de prestación.
Es el que se presta con el objeto de satisfacer las demandas masivas de traslado de personas en sus diferentes formas, a saber: colectivos o cualquier otra modalidad que en el futuro se dispusiere. Este servicio se presta en forma permanente durante la totalidad de los días del año calendario, con itinerarios, tarifas y frecuencias prefijados por la Autoridad de Aplicación, y es declarado Servicio Público Esencial.
Es el servicio público que se pone a disposición de personas individualmente determinadas, sin frecuencias ni itinerarios fijos, con tarifas fijadas o no por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a la modalidad que se trate. Los servicios no regulares se clasifican en: 1) Servicios con conductor, se subdividen en las siguientes categorías: a) Servicio de vehículos identificados para Transporte Oneroso de Personas: las modalidades de Taxi/Remis, Transporte Escolar y Transporte con accesibilidad. b ) Servicio de vehículos no identificados para Transporte Oneroso de Personas: Comprende las modalidades de Servicios Generales y Servicios Contratados. c) Servicios que en el futuro reglamente la Autoridad de Aplicación en atención a las necesidades del público usuario. 2) Se rvicios sin conductor.
El Estado asegura la prestación de servicios regulares de transporte de personas, ya sea en forma directa, mixta o mediante tercero, a través del régimen de concesiones que establece la presente Ley.
Las concesiones para la prestación de servicios regulares de Transporte de Personas son otorgadas por el Poder Ejecutivo previa licitación pública, conforme lo regulado por la Ley Provincial 2000-A de Contrataciones del Estado y sus Normas Reglamentarias, por una duración que no exceda los diez (10) años. En caso de resultar desierta la licitación de una o más líneas, el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, puede contratar en forma directa la prestación del servicio por un término no menor de dos (2) años ni mayor de cinco (5) años. El Poder Ejecutivo debe llamar a nueva licitación en forma inmediata, dentro del año de otorgada la concesión anticipada.
El Poder Ejecutivo, por razones fundadas en oportunidad, mérito o conveniencia, puede prorrogar las concesiones otorgadas por un plazo que no puede exceder los cinco (5) años, lapso dentro del cual se llamará a nueva licitación.
Pliego Particular de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas. El Pliego Particular de bases, condiciones y especificaciones técnicas de la licitación debe contener, como mínimo, los siguientes requisitos: 1) Modo y forma de la prestación. 2) Recorridos del servicio. 3) Frecuencia y horarios a cumplir. 4) Velocidad comercial de cada línea a concesionar. 5) Cantidad y ubicación de paradas de ascenso y descenso de pasajeros. 6 ) Tarifas, forma de fijación y sistema de reajuste de las mismas. En la determinación del precio del boleto debe tomarse como máximo dos coma cuatro (2,4) empleados por colectivo afectado al transporte. 7) Modo de control de pago de viaje, boleto, ticket o el sistema que se adopte en el futuro, tanto en la emisión como en la comercialización. 8) Modo de expendio de boletos: manual o automático, tarjeta magnética, u otras que se incorporen en el futuro. 9) Cantidad máxima y mínima de vehículos que se afectan al servicio. 10) Establecer en forma expresa que, en los procesos de licitación, el porcentaje máximo que puede adjudicarse a una persona, sea esta humana o jurídica, en forma individual o conjunta, es del veinticinco por ciento (25%) del parque móvil total habilitado para la prestación del servicio regular de transporte público de personas en la Provincia. Las personas humanas integrantes de personas jurídicas concesionarias tampoco pueden exceder el porcentaje máximo aquí establecido. A cuyo fin, si la persona humana participa por sí o interpósita persona en personas jurídicas prestatarias de los servicios concesionados por la presente Ley y es titular de una tenencia accionaria o participación de cuota social (SA o SRL) en un porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) o superior, determinará la inmediata limitación de la persona jurídica en los máximos porcentuales previstos en el párrafo anterior del presente inciso. El límite se calculará sobre la totalidad de unidades habilitadas, a fin de evitar concentraciones indebidas y resguardar la competencia efectiva, conforme la Ley de Defensa de la Competencia. Lo dispuesto en el párrafo segundo del presente inciso se inscribe en el estricto cumplimiento del principio consagrado en los artículos 9°, 10°, 11° y 144° del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) vigente. 11) Parque Móvil: Datos técnicos de las unidades a afectar al servicio. 12) Criterios de evaluación q se aplicarán durante la adjudicación, incluyendo capacidad económica, financiera y técnica de los oferentes, antecedentes como prestadores del servicio y calidad del mismo en caso de haber sido concesionarios con anterioridad; así como los procedimientos de evaluación que se incorporen en el pliego correspondiente.
La Autoridad de Aplicación puede otorgar permisos de hasta un (1) año de duración, para la implementación de servicios experimentales en recorridos no servidos por otras líneas, siempre que los estudios previos demuestren su necesidad. Si vencido el plazo resultare que el servicio debe mantenerse, y el tiempo restante para la finalización de las concesiones otorgadas fuera menor a cinco (5) años, el mismo debe renovarse anualmente hasta el próximo llamado a licitación, en el cual se incluye el recorrido como una nueva línea. En caso que el tiempo restante para la finalización de las concesiones otorgadas fuera mayor a cinco (5) años, se puede renovar por un año el permiso otorgado y se debe licitar la línea por el plazo restante hasta la fecha de finalización de las demás concesiones en explotación.
La Autoridad de Aplicación puede fomentar la implementación de medios de transporte alternativos y nuevas tecnologías, ya sean híbridos, eléctricos o cualquier nueva tecnología que se desarrolle. Ello puede realizarse en líneas ya servidas y/o concesionadas. En caso de negativa del beneficiario de la adjudicación de la línea servida, se puede realizar una nueva línea siempre que se aplique en su totalidad el servicio alternativo por un plazo de hasta un (1) año. Si vencido el plazo resulta que el servicio debe mantenerse, y el tiempo restante para la finalización de las concesiones otorgadas fuera menor a cinco (5) años, el mismo debe renovarse anualmente hasta el próximo llamado a licitación general de líneas que se realice, en el cual se debe incluir el recorrido como una nueva línea. En caso que el tiempo restante para la finalización de las concesiones otorgadas fuera mayor a cinco (5) años, se puede renovar por un año el permiso otorgado y se debe licitar la línea por el plazo restante hasta la fecha de finalización de las demás concesiones en explotación.
Ante la necesidad de definir recorridos que sirvan al Transporte Público de Personas en nuevos núcleos poblacionales, la Autoridad de Aplicación debe intimar al concesionario con recorrido más cercano al punto a satisfacer, a ampliar el mismo, siempre y cuando esta no exceda el veinticinco por ciento (25%) de la limitación establecida en el artículo 17, inciso 10), en resguardo del cumplimiento de los principios que en él se consagran. La ampliación debe ser realizada dentro de un plazo que no puede exceder de noventa (90) días desde la intimación. Cuando el punto más cercano esté servido por más de un concesionario, ambos tienen derecho a realizar tal ampliación. En cuyo caso, esta se efectúa a prorrata teniendo en cuenta kilómetros servidos, frecuencia, capacidad económico-financiera y capacidad técnica de las concesionarias. La Autoridad de Aplicación debe, previo estudio técnico, realizar las modificaciones referidas a recorridos, frecuencias, horarios, tarifas y todo otro aspecto que haga a la prestación del servicio, estando los concesionarios obligados a aumentar su material rodante, en caso de resultar necesario. Si vence el plazo de intimación citado sin que la concesionaria hubiere ampliado la línea, se produce la caducidad de la concesión de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno. Dicha caducidad no genera compensación alguna en su favor por daños, perjuicios, lucro cesante o cualquier otro concepto, siendo de aplicación en el caso lo dispuesto en el artículo 31 de la presente Ley.
Cuando la Autoridad de Aplicación, previo estudio técnico, determine que la frecuencia de una línea de servicio concesionada resulta notoriamente insuficiente para la prestación efectiva del Servicio Público de Transporte, puede a su exclusivo criterio intimar a las concesionarias para que en un plazo máximo de noventa (90) días amplíen su material rodante. Si vence el plazo de intimación citado sin que la concesionaria haya ampliado la frecuencia requerida, se produce la caducidad de la concesión de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno, sin que ello genere compensación alguna en su favor por daños, perjuicios, lucro cesante o cualquier otro concepto, siendo de aplicación en el caso lo dispuesto en el artículo 31.
Los concesionarios pueden solicitar la reducción parcial del servicio, justificando la disminución de las necesidades del transporte de los usuarios con datos estadísticos oficiales. La Autoridad de Aplicación, previo estudio y verificación de los datos y circunstancias por los que se solicita la reducción, puede autorizar la misma por acto fundado.
Las concesiones pueden ser transferidas, previa autorización del Poder Ejecutivo, para lo cual la Autoridad de Aplicación debe realizar los informes técnicos, contables y jurídicos correspondientes, aconsejando por acto formal administrativo lo que considere corresponda. Las transferencias de las concesiones solo pueden realizarse válidamente cuando hubieran transcurrido más de cinco (5) años a contar desde la fecha del acto de adjudicación por parte del Poder Ejecutivo, y no exceda el límite establecido en el artículo 17, inciso 10).
El Poder Ejecutivo puede autorizar en cualquier tiempo la fusión de empresas concesionarias, siempre que ello no importe alterar los servicios concesionados ni sobrepasar el porcentaje establecido en el artículo 17, inciso 10).
1) Las empresas concesionarias del Estado Nacional o de extraña jurisdicción no pueden efectuar servicios locales de transporte de personas dentro de la Provincia si los puntos zonales que corresponden a esas empresas tienen líneas regulares suficientes y sin previa resolución que lo acuerde, dictada por la Autoridad de Aplicación. 2) Las empresas concesionarias, ya sean personas humanas o jurídicas, del Servicio Público de Transporte de Personas no pueden contrariar lo establecido en los artículos 32 a 35 de la Ley Nacional N° 19.550 (Ley General de Sociedades).
Las empresas concesionarias de servicios de transporte regular de personas, deben abonar al Estado Provincial el dos por ciento (2%) del producto bruto de los importes tarifarios recaudados. Por vía reglamentaria se establece como mínimo el procedimiento, vencimiento y forma de acreditación del pago de dicho importe. La falta de cumplimiento de la presente obligación es considerada falta grave. Los montos correspondientes deben ser depositados y afectados a la Cuenta Especial ya creada por la Ley 405-I, definida como: "Cuenta Especial Tasa Regulatoria de Tránsito y Transporte".
Obligaciones: Son obligaciones del concesionario: 1) Prestar el servicio con eficiencia, continuidad, uniformidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad durante todos los días del año calendario. 2) Aportar a la Autoridad de Aplicación toda la documentación e información de cualquier tipo que le sea requerida sobre el estado de la empresa o servicios que presta, dentro del plazo que a tal fin le fije. 3) Cobrar las tarifas fijadas por la Autoridad de Aplicación. 4) Expender los pasajes, tickets o boletos, cualquiera sea su forma, suministrados o autorizados por la Autoridad de Aplicación. 5) Cumplir en forma estricta las frecuencias y horarios fijados por la Autoridad de Aplicación. 6) Mantener en perfecto estado de higiene, uso, conservación y funcionamiento la totalidad del parque móvil afectado al servicio, incluido el de auxilio. 7) Contratar y mantener en vigencia permanente durante todo el tiempo de la concesión, seguros respecto de personas transportadas y terceros, conforme a las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, o del organismo que lo reemplace, por los montos que se establezcan en el Pliego Licitatorio. 8) Asegurar la totalidad del personal de la empresa, de conformidad con las Leyes vigentes en la materia. 9) Aceptar las modificaciones de recorrido que disponga la Autoridad de Aplicación, pudiendo solicitar el reajuste de tarifas adecuadas a la nueva situación. La modificación de la tarifa debe ser expresamente autorizada por la Autoridad de Aplicación. 10) Tener prohibido negarse a realizar el servicio público de transporte de personas, animales de compañía (de acuerdo al artículo 4, inciso a) de la Ley N° 2005-L) y efectos autorizados, conforme lo establezca la reglamentación. 11) Emplear personal capacitado y con habilitación profesional para conducir. 12) Efectuar las revisiones técnicas, alistamiento y desinfecciones conforme lo establezca la reglamentación. 13) Presentar ante la Autoridad de Aplicación en forma trimestral: a) Los comprobantes que acrediten el pago de impuestos, tasas y contribuciones conforme corresponda por Leyes Nacionales y Provinciales. b) Los comprobantes que acrediten el pago del impuesto a la radicación del automotor, aportes patronales y previsionales, seguros del personal y de los derivados del transporte, correspondientes al trimestre inmediato anterior. c) Los comprobantes de pago de las obligaciones impuestas en el artículo 26 de la presente Ley. El incumplimiento de esta obligación es causal de caducidad de la concesión. 1 4) Registrar a su nombre, en forma exclusiva, el parque móvil afectado a su servicio. En los casos previstos en el artículo 19 de la presente Ley o renovación del parque móvil, se podrá utilizar nuevos modos de adquisición, de la forma y en la cantidad que la Autoridad de Aplicación establezca en la reglamentación de la presente Ley, siempre que no supere el cincuenta por ciento (50%) del parque móvil afectado por cada concesionario. 15) Constituir y mantener las garantías fijadas por la Autoridad de Aplicación durante toda la vigencia de la concesión. El incumplimiento de esta obligación es causal de caducidad de la concesión. 16) Establecer salas de espera y servicios sanitarios en los lugares donde no existan estaciones terminales habilitadas. 17) Controlar el uso correcto de los beneficios otorgados por la Autoridad de Aplicación a los usuarios.
La caducidad la dispone la Autoridad de Aplicación mediante decisión fundada, ad referéndum del Poder Ejecutivo, previo procedimiento establecido a tal fin. Constatada cualquier irregularidad, la Autoridad de Aplicación debe proceder de inmediato a intimar al concesionario para que, en un plazo máximo de doce (12) horas de efectuada la notificación, proceda a dar cumplimiento a las exigencias de los Pliegos Licitatorios, el contrato respectivo, la presente Ley o su reglamentación. Vencido dicho plazo sin que la concesionaria cumpla el requerimiento, dentro de los tres (3) días posteriores, sin necesidad de nueva intimación y previo dictamen legal, se ordena la caducidad de pleno derecho de la concesión, la que es refrendada por el Poder Ejecutivo.
Son causales de caducidad de la concesión: 1) El retardo en la iniciación de los servicios respecto del término fijado en la adjudicación. 2 ) La prestación del servicio en forma defectuosa o incompleta, de acuerdo con el criterio de la Autoridad de Aplicación. 3) La suspensión, reducción o interrupción total o parcial del servicio sin causa justificada debidamente acreditada ante la Autoridad Competente dentro de las veinticuatro (24) horas de producida. 4) Habiendo causa suficiente para interrumpir el servicio, no se comunique previamente o dentro de las veinticuatro (24) horas de producida dicha circunstancia a la Autoridad de Aplicación. 5) La quiebra del concesionario. 6) Incumplir la obligación de asegurar las unidades móviles, personal, personas transportadas o terceros, o cualquier otro seguro que se le exija en la presente Ley, su reglamentación o el Pliego Licitatorio. 7) No estar al día en el pago de las cuotas de cualquiera de los seguros exigidos. 8) Alterar recorridos, tarifas u horarios sin previa autorización. 9) Por falta de titularidad de dominio de uno o más vehículos afectados al servicio, salvo lo dispuesto en el artículo 27, inciso 14). 10) La falta de pago del impuesto a la radicación del automotor durante tres (3) meses continuos o cinco (5) meses alternados en el año calendario, de conformidad a lo establecido en el artículo 27, inciso 13, subinciso b. 11) La falta de pago de aportes patronales, previsionales, impuestos nacionales o provinciales, tasas y servicios durante tres (3) meses continuos o cinco (5) meses alternados en el año, de conformidad a lo establecido en el artículo 27, inciso 13, subincisos a y b. 12) Falta de pago del dos por ciento (2%) del producto bruto de los importes tarifarios recaudados por parte de las empresas concesionarias del servicio de transporte regular de personas.
Declarada la caducidad de la concesión, el ex concesionario está obligado a continuar prestando el servicio en las condiciones pactadas, mientras se procede a la nueva adjudicación y hasta el término máximo de un (1) año, contado desde la notificación del Decreto que ratifica dicha caducidad.
La declaración de caducidad de la concesión implica la inhabilitación por el término de diez (10) años para prestar servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades dentro de la jurisdicción provincial. La Autoridad de Aplicación debe llevar un registro de inhabilitaciones dentro del Registro Provincial de Transporte (Re. Pro. Tran.).
Declarada la caducidad de la concesión, la Autoridad de Aplicación puede alternativamente: 1) Asumir directamente la prestación transitoria del servicio, conforme al régimen de la presente Ley, hasta tanto realice una nueva licitación y adjudicación, lo que se hará a través de convenios con entidades Nacionales, Provinciales o Municipales. 2) Cubrir los recorridos de los servicios con unidades afectadas al parque móvil de los concesionarios que sirvan en zonas vecinas o cercanas, siempre que cumplan con todos los requisitos legales para tal fin. 3) Contratar en forma directa a terceros para la continuidad en la prestación del servicio. Para cualquiera de los supuestos previstos, la Autoridad de Aplicación puede asimismo proceder a la requisa transitoria de los vehículos o medios materiales del ex concesionario caducado que fueren necesarios, para garantizar la efectiva prestación del servicio público de personas de que se trata.
En caso que para la finalización de las concesiones declaradas caducas reste menos de tres (3) años, la Autoridad de Aplicación puede otorgar la concesión en forma definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, hasta la finalización del plazo originario de la concesión.
A los fines de esta Ley, los titulares habilitados para la prestación del Servicio Público de Transporte No Regular de Personas realizan tal explotación por su cuenta y riesgo, dentro del marco y disposiciones de la presente Ley y su reglamentación.
Los requisitos para la prestación del Servicio Público de Transporte No Regular de Personas los establece la Autoridad de Aplicación de acuerdo con lo previsto en el artículo 7°.
Los vehículos destinados al transporte no regular de personas deben llevar incorporados sistemas de geolocalización móviles, a fin de efectuar el control durante todo su recorrido, conforme las normas establecidas por la Autoridad de Aplicación. La negativa a su incorporación produce la inhabilitación de la registración. Todo ello en conformidad con lo previsto en la Ley N° 25.326 (Ley de Protección de Datos Personales).
A los fines de esta Ley se entiende por: 1) Servicio de Taxi/Remis: Transporte no masivo de personas, de hasta cuatro (4) pasajeros, con o sin equipaje, cuyo itinerario o destino es fijado por el usuario y la tarifa por la Autoridad de Aplicación. 2) Taxi/Remis: Vehículo automotor debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación para la prestación del servicio de Taxi o Remis, cuyo propietario y conductor se encuentren debidamente inscriptos en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.). Por vía reglamentaria se establecen las características del vehículo.
A los fines de esta Ley se entiende por: 1) Servicio de Transporte Escolar: Transporte que tiene por objeto el traslado de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, desde sus domicilios hasta los establecimientos educativos, recreativos, y viceversa. Los horarios y tarifas son fijados entre las partes, las modalidades y condiciones son reglamentadas por la Autoridad de Aplicación. 2) Transporte Escolar: Vehículo automotor debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación para la prestación del servicio de transporte escolar, cuyo propietario y conductor se encuentren debidamente inscriptos en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), debiendo, además el conductor, dar cumplimiento a lo exigido en el Artículo 4° de la Ley N° 1412-S. Por vía reglamentaria se establecen las características del vehículo.
Para transportar a los niños, niñas y adolescentes es necesario que la persona registrada porte la respectiva autorización de guarda de por lo menos uno de los progenitores o tutores de los niños, niñas y adolescentes. Por vía reglamentaria se establecen los datos que debe contener dicha autorización.
Los permisos de viaje son solicitados por los interesados a la Autoridad de Aplicación con validez mensual. Es necesario contar con un permiso para cada contingente que se transporte, para lo cual debe denunciarse ante la Autoridad de Aplicación el listado de cada uno de ellos, actualizándolos cuando corresponda.
Quedan prohibidos: 1) Estacionar o detenerse en paradas destinadas a otro servicio de transporte o que contravenga una norma de tránsito. 2) Cargar combustible transportando pasajeros. 3) Transportar niñas, niños y adolescentes sin la debida autorización de por lo menos uno de sus progenitores o tutores. 4) Para el caso del conductor, haber sido condenado por delitos contra la integridad sexual.
A los fines de esta Ley se entiende por: 1)Servicio de Transporte con Accesibilidad: Transporte que tiene por objeto el traslado de personas con discapacidad, en situación de discapacidad, pacientes, con finalidad educativa, recreativa o médica previamente programadas que no revistan el carácter de urgencia ni requieran de asistencia técnico sanitaria durante el traslado. Los horarios y tarifas son convenidos por las partes; las modalidades y condiciones son reglamentadas por la Autoridad de Aplicación. 2 ) Transporte con Accesibilidad: Vehículo automotor debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación para la prestación del servicio de transporte con accesibilidad, cuyo propietario y conductor se encuentren debidamente inscriptos en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.). Por vía reglamentaria se establecen las características del vehículo. 3)Transportistas: Son las personas humanas o jurídicas definidas en el artículo 3° de la presente Ley, debidamente registradas para la prestación de servicios de transporte conforme las condiciones establecidas por la Autoridad de Aplicación.
A los fines de esta Ley, se entiende por: 1) Servicio de Vehículo No Identificado: Servicio de transporte no colectivo de personas, de hasta cuatro (4) pasajeros, con o sin equipaje, en recorridos convenidos con el usuario, sin frecuencia establecida, cuya tarifa es libre y estará a cargo del usuario, con uso exclusivo del vehículo automotor por parte de los pasajeros que lo soliciten, realizado por un prestador debidamente registrado en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.). 2 ) Vehículo No Identificado: Vehículo automotor debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación para la prestación del servicio de transporte no identificado, cuyo propietario y conductor se encuentren debidamente inscriptos en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.).
A los fines de esta Ley, se entiende por: 1) Servicio de Vehículos Contratados: Servicio de transporte de personas superior a seis (6) pasajeros, con o sin equipaje, en recorridos convenidos con el usuario, sin frecuencia establecida, con una tarifa libre a cargo del usuario, con uso exclusivo del vehículo automotor por parte de los pasajeros que lo soliciten, realizado por un prestador debidamente registrado en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.). 2) Vehículo Contratado: Vehículo automotor debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación para la prestación del servicio de transporte no identificado, cuyo propietario y conductor se encuentren debidamente inscriptos en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.). Por vía reglamentaria se establecen las características del vehículo, debiendo los mismos contar con una antigüedad máxima de quince (15) años.
Los permisos de viajes son requeridos por los interesados a la Autoridad de Aplicación, donde esta lo disponga, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan en la reglamentación respectiva. Los permisos de viajes son establecidos de acuerdo con la modalidad de transporte que corresponda, para el mismo grupo de personas. Los requisitos y formas de los permisos son establecidos por la Autoridad de Aplicación. Debe acompañarse copia de contrato, debiendo indicarse día, hora y lugar de inicio del viaje, destino final y fecha de regreso, con la nómina de pasajeros completa, con expresa indicación del documento de identidad de cada uno de ellos.
La prestación de servicio contratado tiene terminantemente prohibido durante el viaje: 1) Efectuar el ascenso o descenso de pasajeros o detenerse en paradas destinadas a otros servicios de transporte. 2) Superponerse o competir con el servicio regular. Cuando el recorrido del servicio regular sea superior a cincuenta (50) kilómetros, el servicio contratado debe efectuar la totalidad de su recorrido con sesenta (60) minutos de diferencia en más o en menos del horario establecido para las líneas de servicio regular. Para ello, es obligación del servicio contratado informarse sobre los horarios del servicio regular. La transgresión a lo dispuesto en este artículo da lugar a la inhabilitación de pleno derecho y sin necesidad de intimación previa.
A los fines de esta Ley, se entiende por: 1) Servicio de Vehículos sin Conductor: La locación de un vehículo automotor de propiedad de quien lo alquila, con los términos y condiciones pactados con el usuario, se denomina servicio de automóviles de alquiler sin conductor, el que solo puede ser realizado en la Provincia previa registración en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.). La Autoridad de Aplicación debe reglamentar los requisitos, procedimientos, obligaciones, derechos, facultades y todo otro aspecto para su efectiva ejecución. 2) Vehículos sin Conductor: Vehículo automotor debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación para la prestación del servicio de transporte sin conductor, cuyo propietario se encuentre debidamente inscripto en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.). Por vía reglamentaria se establecen las características del vehículo.
A los fines de esta Ley, se entiende por: 1) Servicio de Transporte de Cargas: Transporte que tiene por objeto el traslado de cargas realizados mediante vehículos automotores. Los horarios y tarifas son fijados entre las partes, las modalidades y condiciones son reglamentadas por la Autoridad de Aplicación. 2) Vehículo de Carga: Vehículo automotor debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación para la prestación del servicio de transporte de cargas, cuyo propietario y conductor se encuentren debidamente inscriptos en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.). Por vía reglamentaria se establecen las características del vehículo. 3) Cargas: Bienes o cosas que se trasladan de un lugar a otro en un vehículo automotor por la vía pública, realizado con un fin económico directo, sea de producción, guarda, comercialización o mediando contrato de transporte.
El Servicio de transporte de cargas se clasifica en: 1) Transporte para Terceros: el que se realiza mediante el cobro de un flete por parte de personas humanas o jurídicas registradas para dicho fin. 2) Transporte Propio: el que se realiza sin cobro de flete, vinculado a la actividad productiva, comercial o industrial del titular. 3) Transporte de Sustancias Peligrosas: tanto propio como para terceros, conforme la legislación nacional y provincial vigente.
La inscripción en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.) es condición previa e indispensable para solicitar la habilitación de vehículos y personas prestadoras del servicio de transporte de cargas en la Provincia. La habilitación es otorgada por la Autoridad de Aplicación y debe exhibirse cuando esta lo requiera. Las unidades de transporte de cargas, en sus diferentes modalidades, las dimensiones, pesos y demás requisitos se fijan en la reglamentación que al efecto se dicte teniendo en cuenta los caminos provinciales, cantidad de viajes, periodicidad de los mismos, accesibilidad de los lugares y todo otro dato que resulte necesario. La reglamentación determina los requisitos y condiciones específicas para los transportistas interjurisdiccionales que operen en la Provincia, incluyendo aquellos que establezcan sucursales, afecten vehículos o personal, o tomen cargas con destino fuera de la jurisdicción.
Las actividades de carga, descarga, control, logística, distribución u otras que resulten complementarias al servicio de transporte de cargas deben ser registradas en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.) por las personas humanas o jurídicas que las presten, conforme lo determine la reglamentación.
Durante el traslado, los vehículos afectados al transporte de cargas deben portar la documentación que acredite el origen, destino, contenido y titularidad de la carga, en las formas y condiciones que establece la reglamentación. Esta puede consistir, según el caso, en guía de carga, carta de porte, remito, factura o contrato, según la modalidad del transporte, o aquellas que determine la Autoridad de Aplicación.
Los vehículos registrados para el transporte de cargas deben contar con: 1) Seguro de responsabilidad civil conforme lo establece la normativa vigente. 2) Seguro sobre los bienes transportados, cuando corresponda, a cargo del remitente, consignatario o destinatario.
Las personas humanas o jurídicas con domicilio en la Provincia que contratan servicios de transporte de carga deben hacerlo únicamente con prestadores debidamente registrados. En caso contrario, son solidariamente responsables por las infracciones derivadas del servicio contratado.
Las personas humanas o jurídicas, sean concesionarias o registradas, dedicadas a la prestación del servicio público de transporte, y los conductores autorizados a estos fines, son responsables por la comisión de las conductas que la presente Ley tipifica. Como consecuencia de dicha comisión, pueden ser sancionadas en el ámbito administrativo o contractual, sin perjuicio de las demás acciones civiles, penales o contravencionales que el hecho tipificado pueda generar. Estas últimas acciones se juzgarán ante el Tribunal que corresponda, conforme a la competencia material y territorial.
A los efectos de la presente Ley, se entiende que existen los siguientes incumplimientos graves: 1) No prestar el servicio conforme a los requisitos y condiciones establecidos por esta Ley, su reglamentación y el Pliego de Condiciones. 2) Retirar del servicio unidades sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. 3) En el caso del servicio regular, abandono total o parcial del servicio sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. 4) No exhibir la cédula de identificación del vehículo automotor ante el requerimiento de la autoridad. 5) No exhibir placa de identificación o patente del vehículo, de acoplados y semirremolques, ante el requerimiento de la autoridad. 6) No exhibir licencia de conducir con la categoría habilitante, ante el requerimiento de la autoridad. 7) No exhibir registración o concesión por parte de la Autoridad de Aplicación, ante el requerimiento de la autoridad. 8) No exhibir seguros exigidos en la presente Ley, su reglamentación o el Pliego Licitatorio, ante el requerimiento de la autoridad. 9) No exhibir registración en vehículos identificados de acuerdo con la presente Ley, su reglamentación o el Pliego Licitatorio, ante el requerimiento de la autoridad. 10) No estar el vehículo automotor correctamente individualizado conforme lo establezca la concesión o régimen de registración. 11) Modificar los recorridos transitoria o permanentemente sin autorización de la Autoridad de Aplicación. 12) Incumplir con los horarios o frecuencias de los servicios aprobados por la Autoridad de Aplicación. 13) Alterar el régimen de tarifas sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. 14) Expender boletos o pasajes no autorizados por la Autoridad de Aplicación. 15) Transportar más pasajeros que los autorizados por esta Ley. 16) Afectar el vehículo automotor a otra actividad de transporte que no sea la autorizada por la Autoridad de Aplicación. 17) Circular con las puertas del vehículo automotor abiertas. 18) Detener para ascender o descender pasajeros fuera de las paradas establecidas para el servicio de que se trate. 19) Permitir el ascenso o descenso de pasajeros por puertas no habilitadas del vehículo. 20) Estacionar o detenerse en lugares destinados a otros servicios o con prohibición general de estacionamiento. 21) Circular por zonas o lugares no autorizados por la Autoridad de Aplicación. 22) Transportar personas en las plataformas de las puertas de los colectivos. 23) Transportar sustancias inflamables o cualquier otro elemento que ponga en riesgo a las personas transportadas. 24) Carga de combustible durante la prestación del servicio con pasajeros dentro del vehículo. 25) Falta de respeto o maltrato de los conductores a los pasajeros. 26) Distracción del conductor por conversación con los pasajeros o acompañantes. 27) No brindar a la Autoridad de Aplicación cuando esta lo solicite todo dato o informe relacionado con el servicio, o no permitir a esta investigar o inspeccionar las unidades de transporte, instalaciones, dependencias, libros, archivos, documentación contable o impositiva que hagan a la prestación del servicio. 28) No portar sistema de monitoreo, GPS u otro sistema de seguimiento y control. 29) La falta de cumplimiento de la obligación de abonar la tasa regulatoria establecida en el artículo 26 de la presente Ley.
A los efectos de la presente Ley, se entiende que existen los siguientes incumplimientos graves: 1) No prestar el servicio conforme a los requisitos y condiciones establecidos por esta Ley, su reglamentación y el Pliego de Condiciones. 2) Retirar del servicio unidades sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. 3) En el caso del servicio regular, abandono total o parcial del servicio sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. 4) No exhibir la cédula de identificación del vehículo automotor ante el requerimiento de la autoridad. 5) No exhibir placa de identificación o patente del vehículo, de acoplados y semirremolques, ante el requerimiento de la autoridad. 6) No exhibir licencia de conducir con la categoría habilitante, ante el requerimiento de la autoridad. 7) No exhibir registración o concesión por parte de la Autoridad de Aplicación, ante el requerimiento de la autoridad. 8) No exhibir seguros exigidos en la presente Ley, su reglamentación o el Pliego Licitatorio, ante el requerimiento de la autoridad. 9) No exhibir registración en vehículos identificados de acuerdo con la presente Ley, su reglamentación o el Pliego Licitatorio, ante el requerimiento de la autoridad. 10) No estar el vehículo automotor correctamente individualizado conforme lo establezca la concesión o régimen de registración. 11) Modificar los recorridos transitoria o permanentemente sin autorización de la Autoridad de Aplicación. 12) Incumplir con los horarios o frecuencias de los servicios aprobados por la Autoridad de Aplicación. 13) Alterar el régimen de tarifas sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. 14) Expender boletos o pasajes no autorizados por la Autoridad de Aplicación. 15) Transportar más pasajeros que los autorizados por esta Ley. 16) Afectar el vehículo automotor a otra actividad de transporte que no sea la autorizada por la Autoridad de Aplicación. 17) Circular con las puertas del vehículo automotor abiertas. 18) Detener para ascender o descender pasajeros fuera de las paradas establecidas para el servicio de que se trate. 19) Permitir el ascenso o descenso de pasajeros por puertas no habilitadas del vehículo. 20) Estacionar o detenerse en lugares destinados a otros servicios o con prohibición general de estacionamiento. 21) Circular por zonas o lugares no autorizados por la Autoridad de Aplicación. 22) Transportar personas en las plataformas de las puertas de los colectivos. 23) Transportar sustancias inflamables o cualquier otro elemento que ponga en riesgo a las personas transportadas. 24) Carga de combustible durante la prestación del servicio con pasajeros dentro del vehículo. 25) Falta de respeto o maltrato de los conductores a los pasajeros. 26) Distracción del conductor por conversación con los pasajeros o acompañantes. 27) No brindar a la Autoridad de Aplicación cuando esta lo solicite todo dato o informe relacionado con el servicio, o no permitir a esta investigar o inspeccionar las unidades de transporte, instalaciones, dependencias, libros, archivos, documentación contable o impositiva que hagan a la prestación del servicio. 28) No portar sistema de monitoreo, GPS u otro sistema de seguimiento y control. 29) La falta de cumplimiento de la obligación de abonar la tasa regulatoria establecida en el artículo 26 de la presente Ley.
A los efectos de la presente Ley, se entiende que existen los siguientes incumplimientos gravísimos: 1) Carecer de cédula de identificación del vehículo. 2 ) Carecer de licencia de conducir con la categoría habilitante. 3) Carecer de la registración o concesión por parte de la Autoridad de Aplicación. 4) Carecer de los seguros exigidos en la presente Ley, su reglamentación o el Pliego Licitatorio. 5) Carecer de la placa de identificación o patente del vehículo. 6) Carecer de la registración en vehículos identificados de acuerdo con la presente Ley, su reglamentación o el Pliego Licitatorio. 7) Afectar al servicio unidades que no estén registradas y habilitadas por la Autoridad de Aplicación. 8) Vehículos con deficiencias de orden mecánico, instrumental o de carrocería, que puedan poner en riesgo la seguridad del conductor o de terceros, transportado o no. 9) Falta de las placas de identificación del vehículo, acoplados y semirremolques. 10) Falta o deficiencia en los extinguidores de incendios ubicados en los vehículos o en los depósitos de guarda de estos en los casos que la reglamentación lo exija. 11) Cualquier modificación que se introdujera a los vehículos alterando las primitivas características con las que fue habilitado por la Autoridad de Aplicación. 12) Incumplir las obligaciones establecidas en el contrato de concesión, o de registración, sobre la prestación efectiva del servicio, o las características interiores o exteriores exigibles al vehículo automotor según el servicio que se trate. 13) Falta, obstrucción o deficiencia en las salidas de emergencia del vehículo. 14) Molestar, retardar, dificultar, entorpecer o interrumpir de cualquier forma con el vehículo automotor la circulación del servicio regular de transporte. 15) Conducir fumando, ingiriendo alimentos o bebidas alcohólicas o uso de aparatos telefónicos. 16) Conducir en estado de intoxicación alcohólica o bajo la acción de estupefacientes u otras sustancias tóxicas. 17) Negarse a proporcionar datos personales o del vehículo automotor a las Autoridades Competentes, o darse a la fuga. 18) Impedir o dificultar las tareas de inspección o fiscalización, o faltar el respeto a las Autoridades Competentes. 19) Circular realizando transporte de carga en contravención a los requisitos y condiciones establecidos por la presente la Ley y su reglamentación, Ley Nacional de Tránsito y Ley de Transporte de mercancías y residuos peligrosos.
El conductor del vehículo automotor es responsable por las multas derivadas de los incumplimientos a las disposiciones de la presente Ley y su decreto reglamentario, sin perjuicio de la responsabilidad concurrente del transportista.
Los incumplimientos cometidos por los concesionarios o registrados mencionados en los artículos precedentes son sancionados con multa por la Autoridad de Aplicación, previo cumplimiento del procedimiento reglado en el artículo 72 de la presente Ley. Pueden aplicarse, además, las siguientes Sanciones Accesorias: 1 ) Suspensión del registro. 2) Inhabilitación transitoria o permanente para realizar el servicio de transporte. 3) Caducidad de concesión. 4) Paralización de la unidad de transporte. 5) Decomiso de la carga. 6) Clausura de unidades, vehículos o locales. Las sanciones mencionadas pueden aplicarse en forma independiente o conjunta, y su aplicación debe garantizar el Debido Proceso y el Derecho de Defensa del presunto infractor, conforme al procedimiento que se establezca por vía reglamentaria. A los conductores, dadores de carga y requirentes del servicio, se les aplican sanciones específicas, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento.
Las multas se aplican conforme a la siguiente escala: 1) Para los prestadores registrados de servicios de pasajeros, regular: a) Para incumplimientos leves, de mil cincuenta unidades fijas (1.050 U.F.) a dos mil ciento unidades fijas (2.100 U.F.). b) Para incumplimientos graves, de dos mil ciento una unidades fijas (2.101 U.F.) a cinco mil seiscientas unidades fijas (5.600 U.F.). c) Para incumplimientos gravísimos, de cinco mil seiscientas una unidades fijas (5.601 U.F.) a diez mil unidades fijas (10.000 U.F.). <# LINE> 2) Para los prestadores de servicios públicos de pasajeros, no regular: a) Para incumplimientos leves, de dos mil cien unidades fijas (2.100 U.F.) a cinco mil seiscientas unidades fijas (5.600 U.F.). b) Para incumplimientos graves, de cinco mil seiscientas una unidades fijas (5.601 U.F.) a diez mil unidades fijas (10.000 U.F.). c) Para incumplimientos gravísimos, de diez mil una unidades fijas (10.001 U.F.) a quince mil (15.000 U.F.). <# LINE> 3) Para los prestadores de servicios de transporte de cargas: a) Para incumplimientos leves, de mil cincuenta unidades fijas (1.050 U.F.) a dos mil cien unidades fijas (2.100 U.F.). b) Para incumplimientos graves, de dos mil cien una unidades fijas (2.101 U.F.) a cinco mil seiscientas unidades fijas (5.600 U.F.). c) Para incumplimientos gravísimos, de cinco mil seiscientas una unidades fijas (5.601 U.F.) a diez mil unidades fijas (10.000 U.F.). <# LINE> 4) Los incumplimientos cometidos por prestadores de servicios de transporte no incluidos expresamente en el presente artículo. Son fijados conforme las escalas previstas para los servicios públicos de pasajeros no regulares. El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas U.F., cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta del Automóvil Club Argentino. Las multas deben ser depositadas y afectadas a la Cuenta Especial Dirección de Tránsito y Transporte, creada por Ley N° 405-I. La Autoridad de Aplicación está facultada para que en los convenios que realice con organismos Provinciales, Nacionales o Municipales a los fines de la aplicación de la presente Ley, se destine un porcentaje de las cobranzas de dichas multas al pago de los servicios que prestarán dichos organismos. Todo lo cual debe ser refrendado por el Poder Ejecutivo.
Se considera reincidente al concesionario o registrado que, habiendo sido sancionado por un incumplimiento anterior que haya quedado firme, cometa un nuevo incumplimiento antes de que haya transcurrido un plazo de dos (2) años, contados desde que la primera sanción quedó firme. Para la aplicación de las sanciones, debe tenerse en cuenta la reincidencia del concesionario o registrado. A los fines de la aplicación de la sanción de multa, son de aplicación las siguientes disposiciones, exclusivamente para los servicios no regulares: 1) Para la primera reincidencia, se aumenta la multa en un veinte por ciento (20%) del mínimo. 2) Para la segunda reincidencia, se aumenta la multa en un cincuenta por ciento (50%) del mínimo. 3) Para la tercera reincidencia, se aplica el máximo de la multa. 4) Para la cuarta reincidencia, además de aplicar el máximo de la multa, se aplicará la sanción de caducidad de la concesión o inhabilitación permanente para realizar el servicio de transporte.
Las sanciones de multa pueden aumentarse hasta el máximo previsto cuando concurran las siguientes circunstancias: 1) La falta cometida haya puesto en inminente peligro la vida o salud de las personas. 2) La falta entorpezca, altere o perjudique la prestación del servicio público de transporte
Sanciones accesorias: 1) Suspensión del registro: se aplica a partir del primer incumplimiento, no pudiendo superar el término de un (1) año. 2 ) Inhabilitación transitoria para realizar el servicio de transporte: se aplica a partir del primer incumplimiento grave o gravísimo, de un (1) año a tres (3) años. 3) Inhabilitación permanente para realizar el servicio de transporte: se aplica por incumplimientos gravísimos, e importará la baja definitiva en el registro. 4) Caducidad de concesión del servicio público de transporte de personas regular: podrá disponerla la Autoridad de Aplicación, ad referéndum del Poder Ejecutivo en los casos específicamente previstos en la presente ley, e importará la baja definitiva en el registro del transportista. 5) Paralización de la unidad de transporte: se aplica hasta tanto se adecue la misma o su carga a lo establecido en la presente Ley y su reglamentación. Dicha medida debe ser dispuesta por la Autoridad de Aplicación en los procedimientos de fiscalización de las unidades que transportan cargas en la provincia, a cuyo fin requerirá los servicios de la autoridad policial o de fuerzas de seguridad que considere oportuno. 6) Decomiso de la carga: se aplica para el caso de ser sustancias peligrosas o contaminantes y no pudiese actuarse de otra manera. 7) Clausura: se aplica sobre los locales que se utilicen como lugar de actividad principal o accesoria relacionada con el transporte, es de carácter provisorio hasta tanto se otorguen las habilitaciones pertinentes por la Autoridad de Aplicación para su funcionamiento.
La Autoridad de Aplicación ordena en forma permanente y en todo el ámbito de la Provincia de San Juan estrictos controles, mediante su cuerpo de inspectores y fiscalizadores propios, de la Policía de la Provincia o cualquier organismo o fuerza Provincial, Nacional o Municipal que por convenio así se determine, a fin de verificar el cumplimiento y estricta observancia de las disposiciones contractuales aplicables en materia de transporte y de las establecidas por esta Ley.
En todo el ámbito de la Provincia de San Juan, la Autoridad de Aplicación es competente en forma exclusiva y excluyente. Ella entenderá en el ordenamiento, procedimientos y comprobación de los incumplimientos cometidos por los concesionarios y registrados en la ejecución de sus contratos respectivos, previstos en esta Ley, como así también en la aplicación de las sanciones que correspondan por los incumplimientos comprobados.
En ocasión de realizarse los controles, inspecciones o fiscalizaciones dispuestas por la Autoridad de Aplicación, deben labrarse las correspondientes Actas de Constatación de Incumplimiento, con las formas y requisitos que establece la reglamentación.
Las Actas de Incumplimiento son labradas por inspectores o fiscalizadores de la Autoridad de Aplicación o por agentes dependientes de otros organismos Provinciales, Nacionales o Municipales autorizados mediante convenio con la Autoridad de Aplicación. Deben ser remitidas dentro de los dos (2) días hábiles a la Autoridad de Aplicación para la sustanciación del procedimiento que se indica.
Quedan facultados los inspectores y fiscalizadores de la Secretaría de Tránsito y Transporte, como también otros agentes dependientes de organismos Provinciales, Nacionales o Municipales autorizados mediante convenio por la Autoridad de Aplicación, al momento de realizar el Acta de Incumplimiento, a retener las licencias de conducir o radiar los vehículos, en los casos que se establezcan en la reglamentación.
Cumplimiento de la sanción: Los vehículos radiados preventivamente de circulación deben ser depositados en las playas de estacionamiento que a tal efecto determine la Autoridad de Aplicación. Pagarán por su guarda por día o fracción menor de tiempo el equivalente a diez (10) U.F. para automóviles y a quince (15) U.F. para el resto de los vehículos. Si el vehículo automotor fuere trasladado por un medio mecánico adecuado (grúa) por no encontrarse presente el conductor, o estándolo fuere remiso o se negare a hacerlo, se pagará el equivalente a veinticinco (25) U.F. en concepto de gastos de traslado cada diez (10) kilómetros de recorrido o fracción menor. Los vehículos radiados pueden permanecer hasta treinta (30) días en las playas de estacionamiento. Vencido dicho término sin que el transportista o concesionario hubiere solucionado el problema por el cual el vehículo automotor fue radiado, puede la autoridad actuar de acuerdo a lo establecido en los Artículos 55 a 64.
Precintado del vehículo: A fin de asegurar los efectos personales del infractor, los inspectores o fiscalizadores procederán a precintar las puertas, baúl y capot del vehículo, dejando constancia de la fecha y hora en que se efectuó el procedimiento. Se debe dar amplia difusión a la ubicación de los lugares donde funcionen los depósitos.
Prohibición de entrega del vehículo automotor al conductor o propietario: El vehículo automotor no podrá ser entregado al conductor o propietario hasta tanto no haya satisfecho totalmente los gastos administrativos, los originados por el traslado, depósito o guarda.
La entrega de la copia del Acta de Infracción tendrá el carácter de notificación y citación suficiente para comparecer ante la Autoridad de Aplicación en el plazo que se indique, a los fines del ejercicio del Derecho de Defensa. En ese acto deberán presentarse los descargos y ofrecerse, en el mismo acto, la totalidad de la prueba de la que el infractor intente valerse. Todo lo cual debe establecerse por vía reglamentaria. La incomparecencia autoriza a la Autoridad de Aplicación a dictar el Acto Administrativo por el cual se aplique la sanción, si corresponde, previo dictamen legal y sin más trámite. En los casos en que deba notificarse la infracción al titular de la concesión o registro, dicha notificación se realizará con copia del Acta de Infracción en el domicilio denunciado ante la Autoridad de Aplicación. Producido el descargo y recepcionada la prueba ofrecida (en su caso), previo dictamen legal, la Autoridad de Aplicación dictará el Acto Administrativo que resuelva la aplicación o no de sanción por infracción y conforme lo dispone la presente Ley. Dicho acto puede ser recurrido administrativa y judicialmente conforme lo disponen las Leyes N° 1995-A y N° 2415-O. Para el caso que la sanción fuere de multa, esta podrá ser abonada con una reducción de hasta el cincuenta por ciento (50%) del mínimo establecido para el tipo de incumplimiento, siempre que exista reconocimiento voluntario del mismo en la primera citación y el depósito se efectúe dentro de los diez (10) días hábiles de haber sido confeccionada el Acta de Infracción. En caso de que no se abone con la reducción mencionada, y aplicada la multa, si esta no es abonada dentro del término de veinte (20) días hábiles de notificado el respectivo Acto Administrativo Formal, se remitirán las actuaciones a Fiscalía de Estado para que inicie el juicio de cobro correspondiente. A tal fin, se otorga fuerza ejecutiva al Acto Administrativo Formal que imponga multas. Se faculta a la Autoridad de Aplicación a convenir con otros organismos o entidades gubernamentales, a fin de garantizar el efectivo cobro de las multas. A los fines de la ejecución judicial de la multa impuesta a que se hace referencia precedentemente, la Autoridad de Aplicación remitirá a Fiscalía de Estado el testimonio o copia de la resolución sancionatoria firmada por el funcionario competente, el cual constituirá título ejecutivo suficiente. Las multas que confeccione la Autoridad de Aplicación, en uso de sus facultades de control, prescribirán a los cinco (5) años, contados desde la fecha de su labrado. Son causales de interrupción de la prescripción la notificación del Acto Administrativo de Sanción y la interposición de la demanda judicial de cobro, en su caso.
Reglamentación: Por vía reglamentaria se establecen todos los aspectos relativos a las modalidades de transporte regulado o no regulado que no estén estrictamente previstos en la presente, para una mejor prestación de dicho servicio.
Facultades sobre terminales de la provincia: A los fines del cumplimiento del artículo 4º del inciso 3), se rige por la Ley Nº 136-A y Decreto Reglamentario.
ARTÌCULO 76.- Antigüedad vehicular: La antigüedad máxima de los vehículos que prestan servicios es determinada por la autoridad de aplicación para cada modalidad del servicio público de transporte, siendo de aplicación obligatoria para los registrados.
Entrada en vigencia: La presente entra en vigencia a partir de su reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley, dentro de los ciento veinte (120) días de publicada.
Poseedores de licencia: Los transportistas que posean Licencias para la prestación del Servicio Público de Transporte quedarán automáticamente inscriptos en el nuevo Registro, sujetos a las verificaciones que determine la autoridad de aplicación. Las observaciones que formule la autoridad de aplicación deben ser subsanadas en el plazo de un (1) año a partir de formulada la observación. Dichos transportistas continuarán con la prestación de los servicios de transporte a su cargo durante la puesta en funcionamiento del nuevo Registro. Por única vez y con carácter de excepción, la antigüedad máxima exigida para los vehículos afectados a la prestación de servicio de transporte se prorroga por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. Cumplido dicho plazo, regirá plenamente el límite de antigüedad correspondiente a cada modalidad. Una vez puesto en funcionamiento el nuevo Registro e implementado el régimen creado por la presente Ley, los transportistas prestadores del servicio Público de transporte no pueden prestar los servicios que no hayan sido declarados en el Registro.
Se abrogan las Leyes Nº 814-A y Nº 1050-A.
Se invita a los Municipios a adherir a la presente Ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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