Abriendo la norma
Ley provincial 7.398 · 2003
Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan.
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución Provincial y competentes según las leyes reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en Ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni procesado o penado más de una vez por el mismo hecho.-
Las leyes procesales penales se aplicarán desde su vigencia, aún en causas por delitos anteriores cuyas sentencias no estén ejecutoriadas, salvo disposición en contrario.-
Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que límite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código a los sujetos del proceso o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente. Las leyes procesales penales no podrán aplicarse por analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.-
En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado.-
Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable.-
Los jueces actuarán con imparcialidad en todas las etapas del proceso. En el ejercicio de sus funciones, gozan de independencia. No podrán interferir en sus decisiones los miembros de otros Poderes del Estado, ni los demás integrantes del Poder Judicial.-
Se garantizará la intervención de las partes con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten. Los jueces no podrán mantener ninguna clase de comunicación con las partes o sus abogados sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dar aviso previo a todas ellas.-
Es inviolable la defensa de las partes y de sus derechos en el proceso.-
ARTICULO N 8 BIS.- Todos los derechos y garantías contenidos en este Código, son reconocidos al menor sometido a proceso penal juvenil al igual que los contenidos en la Constitución Provincial, en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales aprobados por el Estado Argentino y los tratados Internacionales de rango constitucional, desde el inicio de la investigación y durante la tramitación del proceso judicial. Ninguna disposición de este Código podrá ser aplicada o interpretada en contra de la vigencia de los derechos y garantías reconocidos a los niños y adolescentes en aquellos instrumentos.
ARTICULO N 9.- La víctima tendrá derecho a participar en el proceso penal de acuerdo con las normas de este Código.-
La Corte de Justicia dictará, de oficio o a propuesta de otros Tribunales o del Ministerio Público, las normas prácticas que sean necesarias para aplicar este Código, sin alterar sus alcances y espíritu.-
La acción penal pública será ejercida por el Ministerio Público Fiscal, el que deberá promoverla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo expresa disposición legal en contrario.-
Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá ejercitarse si el ofendido por el delito o, en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o guardador, formularen denuncia ante autoridad competente para recibirla. Será considerado guardador quien tuviera a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del menor. Sin embargo, el Fiscal la ejercerá directamente cuando el delito haya sido cometido contra un incapaz que no tenga representación, o cuando haya sido ejecutado por uno de sus padres, el representante legal o el guardador; y podrá ejercerla cuando existan intereses gravemente contrapuestos entre alguno de éstos y el menor. La instancia privada se extiende de derecho a todos los partícipes del delito.-
La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial que establece este Código.-
Sin perjuicio de los principios de legalidad y oficiosidad, de aplicación a todos los procesos en que se ejercite la acción pública, los organismos judiciales competentes, deberán dar prioridad tanto en la investigación como en el juzgamiento de las causas, cuando: 1) Se encuentren personas privadas de libertad, cualquiera sea la naturaleza de la acción ejercida. 2) Se investiguen delitos en los que hayan actuado como autores, partícipes o encubridores, funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a los tipos específicos contenidos en el Código Penal. 3) El delito haya sido cometido en perjuicio de la Administración Pública. 4) El hecho, por su naturaleza o importancia, produzca conmoción. 5) La tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o de víctimas, o por tratarse de delincuencia organizada. 6) El delito haya sido cometido mediante el uso de armas. 7) El delito se cometa con toma de rehenes. 8) Se trate de procesos con imputados que revistan la calidad de reincidentes o reiterantes. La Corte de Justicia y el Fiscal General, en el ámbito de sus respectivas atribuciones podrán dictar normas prácticas de persecución penal.-
El Juez debe resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.-
Cuando la existencia del delito dependa de una cuestión prejudicial establecida por la Ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.-
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez podrá apreciar si la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenará que éste continúe.-
El juicio previo de la otra jurisdicción podrá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público Fiscal del fuero correspondiente, con citación de las partes interesadas.-
Resuelta la suspensión del proceso, se ordenará la libertad del imputado, sin perjuicio de realizarse los actos urgentes de la Instrucción.-
ARTICULO N 20.- Cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un legislador, o contra un funcionario sujeto a juicio político o enjuiciamiento previo, el Juez competente practicará una información sumaria que no vulnere la inmunidad de aquél, disponiendo las medidas tendientes a interrumpir la comisión del hecho punible, a preservar la prueba que corriere riesgo de perderse por la demora y a la individualización de los responsables. Si existiere mérito para disponer su sometimiento a proceso, solicitará el desafuero o destitución a la Cámara de Diputados, al Jurado de Enjuiciamiento, o al organismo que corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen. Si el legislador o el funcionario sujeto a juicio político o enjuiciamiento previo, hubiere sido detenido por habérselo sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso, que merezca pena privativa de la libertad, el Juez que ordenó la detención dará cuenta dentro de los tres (3) días a la Cámara de Diputados, al Jurado de Enjuiciamiento, o al organismo que corresponda, con la información sumaria del hecho.-
ARTICULO N 21.- Si se produjere el desafuero o la destitución, el Juez dispondrá la investigación jurisdiccional correspondiente o dará curso a la querella. En caso contrario, declarará por auto que no se puede proceder y reservará las actuaciones, hasta el día en que cese el privilegio constitucional que lo ampara. En este caso se dispondrá la formación del proceso o dará curso a la querella.-
Cuando se proceda contra varios imputados y sólo alguno o algunos de ellos gocen de privilegio constitucional, el proceso podrá formarse y seguir con respecto a los otros.-
ARTICULO N 23.- Las partes podrán interponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: 1) Falta de jurisdicción o de competencia. 2) Falta de acción, porque ésta no se pudo promover o no fué legalmente promovida. 3) Extinción de la acción penal. Si concurriesen más de una excepción, deberán interponerse conjuntamente.-
ARTICULO N 24.- Las excepciones se sustanciarán y resolverán por incidente separado, y sin perjuicio de continuarse la tramitación de la causa. Se deducirán por escrito u oralmente, según corresponda, debiendo ofrecerse en su caso, y bajo pena de inadmisibilidad, las pruebas que justifiquen los hechos en que se basen. De las excepciones deducidas, se correrá vista al Ministerio Fiscal y a las otras partes interesadas. Si se dedujera durante la investigación fiscal preparatoria efectuado el trámite a que se refieren los párrafos precedentes, el Fiscal elevará el incidente a resolución del Juez Correccional, con opinión fundada, en el término de tres (3) días. Si no hubiera prueba que recibir, elevará inmediatamente las actuaciones.-
ARTICULO N 25.- Evacuada la vista dispuesta por el artículo anterior, el Juez o Tribunal dictará auto resolutivo, resolviendo primero la excepción de jurisdicción o de competencia; pero si las excepciones se basaren en hechos que deban ser probados, previamente se ordenará la recepción de la prueba por un término que no podrá exceder de quince (15) días, salvo que aquéllas fueran deducidas durante el debate, en cuyo caso el Juez o Tribunal, lo fijará prudencialmente dentro del término del artículo 441; vencido dicho plazo, se citará a las partes a una audiencia para que oral y brevemente hagan su defensa. El acta se labrará en forma sucinta.-
ARTICULO N 26.- Cuando se hiciere lugar a la falta de jurisdicción o de competencia, se remitirán las actuaciones al Juez u órgano judicial correspondiente y se pondrán a su disposición los detenidos que hubiere.-
ARTICULO N 27.- Cuando se hiciere lugar a una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido.-
Cuando se hiciere lugar a una excepción dilatoria se ordenará la reserva del proceso y la libertad del imputado; sin perjuicio de que se declaren las nulidades que correspondan, y se continuará la causa tan luego se salve el obstáculo formal al ejercicio de la acción.-
El auto que resuelva la excepción será apelable dentro del término de tres (3) días.-
La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la indemnización del daño causado por éste, podrá ser ejercida sólo por el damnificado directo, aunque no fuere la víctima, o sus herederos en los límites de su cuota hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra los partícipes y, en su caso, contra el civilmente responsable, ante el mismo Tribunal en que se promueve la acción penal.-
La acción civil podrá ser ejercida por la Fiscalía de Estado cuando la Provincia resulte perjudicada por el delito.-
La acción civil será ejercida: - Inciso 1) Ejercicio por el ministerio Público: Será ejercida por el Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia cuando su titular sea un menor de edad o un incapaz y no tenga quién lo represente. Esta acción será ejercida en el fuero que corresponda. 2) Por el Defensor Oficial cuando el titular de la acción careciera de recursos y le delegue su ejercicio. La delegación constará en un acta que contenga los datos personales del delegante y que valdrá como poder especial.-
La acción civil sólo podrá ser ejercida en el proceso mientras esté pendiente la acción penal. La competencia del tribunal Penal para conocer de la primera dependerá de la subsistencia de la segunda. La absolución del procesado, no impedirá al Tribunal Penal pronunciarse sobre la acción civil.-
Si la acción penal no puede proseguir en virtud de causa legal, la acción civil podrá ser ejercida en sede civil.-
La jurisdicción penal se ejerce por los Jueces y Tribunales que la Constitución Provincial y la Ley instituyan; es improrrogable y se extiende al conocimiento de los hechos delictuosos cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar.-
Si a una persona se le imputase un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos. No obstante ello, el proceso de jurisdicción provincial podrá sustanciarse simultáneamente con el otro, siempre que no se obstaculice el ejercicio de las respectivas jurisdicciones o la defensa del imputado.-
Si a una persona se le imputase un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción de la Capital de la Nación o de otra provincia, será juzgado primero en San Juan, si el delito imputado en ella es de mayor gravedad, o siendo éste igual, fuere de fecha de comisión anterior. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos. Pero el Tribunal, si lo estimare conveniente, podrá suspender el trámite del proceso o diferir su decisión hasta después que se pronuncie la otra jurisdicción.-
Cuando una persona sea condenada en diversas jurisdicciones y corresponda unificar las penas, conforme a lo dispuesto por el Código Penal, el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o la menor. El Condenado cumplirá la pena en la Provincia cuando en ésta se disponga la unificación, salvo que la ley autorice lo contrario.-
La Corte de Justicia conoce y juzga: 1) De los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión. 2) De las cuestiones de competencia entre Tribunales de distintas circunscripciones y entre jurisdicciones de distinta naturaleza. 3) De los recursos de queja por denegación o retardo de justicia de los Tribunales inferiores. 4) En los demás casos que la ley establezca.-
El Tribunal Oral en lo Criminal, a través de sus Salas Unipersonales o como Tribunal Colegiado, juzgará en única instancia los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro Tribunal.-
El Tribunal Oral en lo Penal Económico, a través de sus Salas Unipersonales o como Tribunal Colegiado, juzgará en única instancia los delitos comprendidos en el Título VI, Capítulo IV, IV bis y V; Título XI, Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y artículos 278 del Capítulo XIII; y TÏTULO XII, Capítulos V y VI del Libro Segundo del Código Penal.-
A los fines del ejercicio de su competencia, los Tribunales Orales en lo Criminal y en lo Penal Económico se dividirán en tres (3) Salas Unipersonales, las que procederán de acuerdo con las normas del juicio común; asumiendo la jurisdicción, respectivamente cada uno de los Vocales, en ejercicio de las atribuciones propias del Presidente y del Tribunal encargado de aquél.-
No obstante lo previsto en el artículo anterior, la jurisdicción será ejercida en forma colegiada en los siguientes supuestos: 1) Cuando se tratare de causas complejas en los supuestos enunciados en el artículo 14 inciso 5 u otras circunstancias que así se establezcan a criterio del Tribunal, en la oportunidad prevista por el artículo 432, segundo párrafo. 2) Si el imputado o su defensor se opusiere al ejercicio de la jurisdicción, a tenor de lo establecido en el artículo 432, segundo párrafo, in fine.-
La Cámara de Apelación conocerá de los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Instrucción, en lo Penal Económico, las que durante la instrucción dicte el Juez en lo Correccional, y en los demás casos que este Código contempla.-
El Juez de Instrucción investiga los delitos de acción pública de competencia criminal cuyo conocimiento no se atribuya a otro Tribunal, y en los demás casos que este Código contempla.
El Juez en lo Correccional juzga en única instancia y decreta las medidas que le correspondan durante la investigación fiscal preparatoria: 1) En los delitos reprimidos con penas no privativas de la libertad. 2) En los delitos reprimidos con penas privativas de la libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años. 3) En los delitos culposos. También conoce y juzga en los delitos de acción privada. Igualmente investiga y juzga en el supuesto de excepción contemplado por el artículo 411. La competencia asignada en todos los supuestos anteriores lo es con la salvedad que su conocimiento no se atribuya a otro órgano judicial.-
El Juez en lo Penal Económico investigará los delitos de acción pública comprendidos en el artículo 41.-
Al Juez Penal de la Niñez y Adolescencia le corresponde, de modo exclusivo y excluyente, la investigación y Juzgamiento de los hechos delictivos en los que aparezca involucrado un menor de edad al momento de su comisión, sea o no punible de acuerdo a la ley de fondo. El ejercicio de la competencia de investigación excluye la de juicio.
Si en el territorio de su competencia no tuviere el asiento de su despacho un Juez de Instrucción, en lo Penal Económico o en lo Correccional, los Jueces de Paz Letrados de la Provincia, con excepción de los Departamentos Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucia y Jáchal, deberán intervenir en la causa y practicar los actos urgentes de investigación con arreglo a lo dispuesto por el artículo 230. Recibirán declaración al imputado en la forma y con las garantías establecidas por la Ley, y ordenarán su detención en los casos previstos en los artículos 331 y 333, comunicándola inmediatamente al órgano competente; y recibirán las declaraciones testificales según las normas generales sobre la instrucción. Deberán remitir las actuaciones al órgano judicial competente dentro de los cinco (5) días a contar de su intervención; más en caso de difícil investigación, aquél podrá prorrogar este término por otro tanto. Del mismo modo procederá cuando corresponda investigación fiscal preparatoria si en el territorio de su competencia no hubiere Agente Fiscal. La intervención acordada en los párrafos anteriores cesará cuando se avoque al conocimiento de la causa el órgano judicial correspondiente, sin perjuicio de practicar las medidas que éstos puedan encomendarles. En la segunda circunscripción judicial, corresponderá al Juez de Paz letrado la investigación de los hechos en los que aparezca involucrado un menor de dieciocho (18) años de edad y tendrá las mismas atribuciones del Juez Penal de la Niñez y Adolescencia, excepto las de juicio.-
Corresponderá al Juez de Ejecución: 1) Controlar que se respeten las garantías constitucionales en el trato otorgado a los condenados y a las personas sometidas a medidas de seguridad. 2) Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictadas por los Tribunales Orales en lo Criminal y en lo Penal Económico y Jueces Correccionales, con excepción de la ejecución civil. 3) Controlar la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a inimputables mayores de edad. 4) Conocer en los incidentes y cuestiones suscitadas en la etapa de ejecución, con excepción de los relacionados a la unificación de penas, la revocación de la condena de ejecución condicional o de la libertad condicional por la comisión de un nuevo delito. 5) Controlar el cumplimiento, por parte del imputado o condenado, de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión del juicio a prueba, libertad condicional y condena de ejecución condicional, en coordinación con la Dirección de Protección al Preso, Liberado y Excarcelado. 6) Conocer en las peticiones que presentaran los condenados a penas privativas de libertad, con motivo de beneficios otorgados por la legislación de ejecución penitenciaria. 7) Conocer en los recursos contra las sanciones disciplinarias impuestas por la autoridad penitenciaria. 8) En los demás casos que la ley establezca.-
Para determinar la competencia se tendrá en cuenta la pena establecida por la ley para el delito consumado y las circunstancias agravantes para su calificación. No así la acumulación de penas por concurso de delitos de la misma competencia. Cuando la ley reprima el delito con varias clases de penas, se tendrá en cuenta la cualitativamente más grave.-
La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El Tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente poniendo a su disposición los detenidos que hubiere. Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el Tribunal juzgará los delitos de competencia inferior.-
La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia producirá la nulidad de los actos, excepto los que no puedan ser repetidos, y salvo el caso de que un tribunal de competencia superior haya actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior.-
Será competente el Tribunal del lugar en que el hecho se hubiera cometido. En caso de tentativa, el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el de aquél donde comenzó a ejecutarse.-
Si fuere desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, será competente el Tribunal que hubiera prevenido en la causa.-
En cualquier estado del proceso, el Tribunal que reconozca su incompetencia territorial, deberá remitir la causa al competente poniendo a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.-
La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo producirá la nulidad de los actos de instrucción cumplidos después que se haya declarado la incompetencia.-
ARTÍCULOS 57.- Las causas serán conexas: 1) Si los delitos imputados hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque lo fueran en distintos lugares o tiempo, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas. 2) Si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad. 3) Cuando a una persona se le imputaren varios delitos.-
Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública y jurisdicción provincial, aquéllas deberán acumularse y será Tribunal competente: 1) Aquél a quien corresponda el delito más grave. 2) Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el delito primeramente cometido. 3) Si los delitos fueren simultáneos, o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que haya procedido a la detención del imputado o, en su defecto, el que haya prevenido. El órgano judicial que deba resolver las cuestiones de competencia, tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia. La acumulación de causas no obstará a que se puedan tramitar por separado las distintas actuaciones sumariales.-
No procederá la acumulación de causas cuando este procedimiento determine un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos los procesos deberá intervenir un solo Tribunal, de acuerdo con las reglas del artículo anterior. Si correspondiere unificar las penas, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58 del Código Penal.-
Si dos tribunales se declararan simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por la Corte de Justicia.-
El Ministerio Fiscal y las otras partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el Tribunal que consideren competente o por declinatoria ante el tribunal que consideren incompetente. El que optare por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultánea o sucesivamente. Al plantear la cuestión, quien la promueva deberá manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, que no ha empleado el otro medio, y si resultare lo contrario, será condenado en costas, aunque aquella sea resuelta a su favor o abandonada. Si se hubieren empleado los dos medios y llegado a decisiones contradictorias, prevalecerá la que se hubiere dictado primero.-
La cuestión de competencia podrá ser promovida en cualquier estado de la instrucción, y hasta antes de fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 51, 55 y 452.-
Cuando se promueva la inhibitoria se observarán las siguientes reglas: 1) El Tribunal ante quien se proponga la resolverá dentro del tercer día, previa vista al Ministerio Fiscal por igual término. 2) Cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución será apelable ante el Tribunal inmediato superior. 3) Cuando se resuelva librar exhorto inhibitorio, con él se acompañarán las piezas necesarias para fundar la competencia. 4) El Tribunal requerido, cuando reciba el exhorto de inhibición, resolverá previa vista por tres (3) días al Ministerio Público y a las otras partes. Cuando haga lugar a la inhibitoria, su resolución será apelable conforme al Inciso 2) y en tal caso, los autos serán remitidos oportunamente al Tribunal que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y los elementos de convicción que hubiere. 5) Si se negare la inhibición, el auto será comunicado al tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista en el Inciso 4) y se le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes a la Corte de Justicia. 6) Recibido el oficio expresado anteriormente, el Tribunal que propuso la inhibitoria resolverá en el término de tres (3) días y sin más trámites si sostiene o no su competencia. En el primer caso remitirá los antecedentes a la Corte de Justicia y se lo comunicará al Tribunal requerido para que haga lo mismo con el expediente; en el segundo, se lo comunicará al competente remitiéndole todo lo actuado. 7) El conflicto será resuelto dentro de tres (3) días, previa vista por igual término al Ministerio Fiscal, remitiéndose de inmediato la causa al Tribunal competente.-
La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.-
Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción, que será continuada: 1) Por el Tribunal que primero conoció en la causa. 2) Si dos Tribunales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha, por el requerido de inhibición. Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el Tribunal ordene la instrucción suplementaria prevista por el artículo 433.-
Los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia serán válidos, con excepción de los dispuesto en el artículo 52, pero el Tribunal al que correspondiere el proceso podrá ordenar su ratificación o ampliación.-
Las cuestiones de jurisdicción con tribunales federales, nacionales, militares, Capital de la Nación o de otras provincias, serán resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia, con arreglo a la Ley nacional o tratados interprovinciales que existieren.-
Cuando un Tribunal pidiere a otro del país la extradición de un imputado o condenado por un delito, con el exhorto se remitirá, según corresponda, copia de la orden de detención, del auto de procesamiento y prisión preventiva o de la sentencia y en todo caso, los documentos necesarios para comprobar la identidad del requerido y los recaudos exigidos por la ley o convenios vigentes en la materia.-
Si el imputado o condenado se encontrare en territorio extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática y con arreglo a los tratados existentes o al principio de reciprocidad.-
Las solicitudes de extradición efectuadas por otros tribunales serán diligenciadas inmediatamente previa vista por veinticuatro (24) horas al Ministerio Público Fiscal siempre que reúnan los requisitos del artículo 68. Cuando se proceda a la detención de una persona, ésta deberá ser notificada por escrito en el momento en que se haga efectiva la medida, de la causa de la misma, autoridad que la dispuso y lugar donde será conducida, dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darse cuenta dentro de las veinticuatro (24) horas a un familiar del detenido o a quien éste indique a los efectos de su defensa. Si el imputado o condenado fuere detenido, verificada su identidad y si la solicitud de extradición fuese procedente, deberá ser puesto sin demora a disposición del Tribunal requirente. Sin perjuicio de ello, se le permitirá que personalmente o por intermedio del defensor aporte las pruebas que a su juicio puedan ser útiles, las que serán valoradas por el Juez exhortante.-
El Juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos: 1) Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o auto de procesamiento; si hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante; si hubiere actuado como perito, o conocido el hecho como testigo. 2) Si como Juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3) Si fuere pariente, en los grados preindicados, con algún interesado. 4) Si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el proceso. 5) Si fuere o hubiere sido tutor o curador, o hubiere estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados. 6) Si él o sus parientes dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados. 7) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se trate de bancos oficiales. 8) Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado por ellos, o denunciado por los mismos. 9) Si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio de destitución. 10) Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso. 11) Si tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. 12) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados; o si después de iniciado el proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas aunque sean de poco valor. 13) Si mediare violencia moral u otras circunstancias que, por su gravedad, afectaren su imparcialidad.-
A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el imputado, el ofendido, el damnificado y el civilmente responsable aunque estos últimos no se constituyan en parte.-
El Juez deberá inhibirse en cuanto conozca alguno de los motivos que prevé el artículo 71, aunque hubiera intervenido antes en el proceso.-
El Juez que se inhiba remitirá el expediente, por decreto fundado, al que deba reemplazarlo; éste proseguirá su curso de inmediato, sin perjuicio de elevar los antecedentes pertinentes al Tribunal correspondiente, si estimare que la inhibición no tiene fundamento. El Tribunal resolverá la incidencia sin trámite. Cuando el Juez que se inhiba forme parte de un tribunal colegiado le solicitará a éste que le admita la inhibición.-
Las partes, sus defensores o mandatarios, podrán recusar al Juez sólo cuando exista alguno de los motivos enumerados en el artículo 71, con excepción de la causal prevista en el inciso 13) de dicha norma.-
La recusación deberá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba, si los hubiere.-
La recusación sólo podrá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las siguientes oportunidades: 1) Durante la instrucción, antes de su clausura. 2) En el juicio, durante el término de citación. 3) Cuando se trate de recursos, en el primer escrito que se presente o en el término de emplazamiento. 4) En la etapa de ejecución, en el primer escrito que se presente, o dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber tomado conocimiento de su intervención. Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida o conocida, o de ser aquélla notificada, respectivamente.-
Si el Juez admitiere la recusación se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74. En caso contrario, se remitirá el escrito de recusación con su informe al Tribunal competente que, previa audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, resolverá el incidente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, sin recurso alguno.-
Si el Juez fuere recusado y no admitiere la existencia del motivo que se invoca, continuará la investigación aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos, salvo los actos que no puedan ser repetidos, siempre que lo pidiere el recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ello.-
En el caso de que el Juez recusado no admitiera en su informe la existencia del motivo invocado por el recusante, pero formule inmediatamente su inhibición por una causa distinta, elevará el escrito e informe previstos por el artículo 78, y deberá poner en conocimiento de su inhibición al Tribunal competente, el que suspenderá el trámite de la recusación hasta tanto recaiga resolución definitiva en aquélla. Si la inhibición fuera admitida, o resuelta favorablemente por el Tribunal competente, la recusación se tendrá por no propuesta. Caso contrario, el Tribunal competente deberá continuar el trámite de la recusación.-
La Cámara de Apelaciones conocerá de la inhibición o recusación de los Jueces de Instrucción, Penal Económico, Correccional y de Ejecución; el Juez de Instrucción, Penal Económico o Correccional, según corresponda, la del Juez de Paz Letrado; los tribunales colegiados, previa integración, la de sus miembros.-
Producida la inhibición o aceptada la recusación, el Juez inhibido o recusado no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo pena de nulidad. La intervención de los nuevos magistrados será definitiva, aunque posteriormente desaparezcan los motivos determinantes de aquéllas.-
Los Secretarios y auxiliares deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos expresados en los artículos 71 y 75. El Tribunal ante el cual actúen, averiguará sumariamente el hecho y resolverá motivadamente lo que corresponda, sin recurso alguno.-
El Ministerio Público Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley.-
Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal General actuará en los recursos deducidos ante la Corte de Justicia en la forma prevista por este Código.-
Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal del Tribunal Oral en lo Criminal actuará durante el juicio ante el Tribunal respectivo, y podrá convocar al Agente Fiscal que haya intervenido en la instrucción, en los siguientes casos: 1) Cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre informaciones o coadyuve con él, incluso durante el debate. 2) Cuando estuviere en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal o le fuere imposible actuar para que mantenga oralmente la acusación.-
El Fiscal del Tribunal Oral en lo Penal Económico actuará durante el juicio ante el Tribunal respectivo en la forma prevista en este Código y podrá convocar al Agente Fiscal en lo Penal Económico que haya intervenido en la instrucción, en los casos previstos en los incisos 1) y 2) del artículo 86.-
Además de las funciones acordadas por la Ley, el Fiscal de Cámara de Apelación actuará en los recursos deducidos ante ella en la forma prevista por este Código.-
Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal en lo Penal Económico actuará ante el Juzgado respectivo y de Paz Letrado y cumplirá la función atribuida en el artículo 87.-
Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal de Instrucción actuará ante los Jueces de Instrucción y de Paz Letrado, y cumplirá la función atribuida por el artículo 86.-
Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal Correccional actuará ante los Jueces Correccional y de Paz Letrado y practicará la investigación fiscal preparatoria. En este último caso, dirigirá la Policía Judicial.-
El Fiscal Penal de la Niñez y Adolescencia actuará, de modo exclusivo, ante los Jueces Penales de la Niñez y Adolescencia de acuerdo a lo establecido en el presente Código.-
Los Defensores Penales de la niñez y Adolescencia, ejercerán la defensa técnica del niño o adolescente que no tuviere asistencia letrada particular, por ante los Juzgados Penales de la Niñez y Adolescencia.-
ARTICULO N 91 QUATER.- El Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia tendrá en el proceso penal de menores una intervención similar a la atribuida al defensor, aun cuando el imputado tuviere asistencia letrada, y durará hasta que el proceso concluya por cualquiera de las formas admitidas en el presente Código. Toda medida respecto del menor de edad, deberá ser adoptada con su intervención y, para el caso que deba ser alojado en un establecimiento especial, aquella deberá ser previa y bajo pena de nulidad.-
Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal de Ejecución actuará por ante el Juez de Ejecución de acuerdo a lo previsto en este Código.-
Los representantes del Ministerio Público Fiscal formularán motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del Juez; procederán oralmente en los debates o por escrito, según corresponda. Adecuará sus actos a un criterio objetivo velando por la correcta aplicación de la ley penal aún a favor del imputado.-
Los miembros del Ministerio Público deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, con excepción de los previstos en la primera parte del inciso 8) y en el 10) del artículo 71. La recusación, lo mismo que las cuestiones de inhibición, serán resueltas en juicio oral y sumario por el Juez o Tribunal ante el cual actúa el funcionario.-
Los Secretarios y auxiliares del Ministerio Público Fiscal deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos del artículo anterior. El Fiscal ante el cual actúen, averiguará sumariamente el hecho y resolverá motivadamente lo que corresponda, sin recurso alguno.-
Los derechos que la ley acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, la persona que fuere detenida como partícipe de un hecho delictuoso, o indicada como tal en cualquier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra. Cuando estuviere detenido, el imputado o sus familiares podrán formular sus instancias por cualquier medio ante el funcionario encargado de la custodia, el que las comunicará inmediatamente al órgano judicial competente. Cuando el detenido fuere menor de edad deberá estar separado de los adultos y tendrá derecho a mantener contacto con su familia mientras se mantenga esa situación. Tendrá derecho a la asistencia letrada, desde el momento de la detención, así como el de impugnar la legalidad de la detención a través de los medios reconocidos en este Código. La detención de un niño o adolescente solo procederá cuando fuere absolutamente necesario, de acuerdo con las circunstancias del hecho investigado y el Juez Penal de la Niñez y Adolescencia deberá disponerla por auto fundado, bajo pena de nulidad. La detención sólo podrá decretarse por un máximo de sesenta (60) días, y la Sala de la Cámara Penal que corresponda podrá autorizar la prórroga por otro período similar, por única vez, por resolución fundada y será cumplida en un centro especializado. Tratándose de menor de 16 años, el plazo máximo será el indicado en el artículo 486 2 párrafo y no será prorrogable en ningún caso.
ARTICULO N 97.- La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa, tiene derecho, cuando todavía no fuere indagada a presentarse al Tribunal, personalmente o por intermedio de un defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles. El Tribunal, por su parte, puede asimismo, citarla a dar explicaciones no juradas, sin que ello importe su procesamiento. En ambos casos la asistencia letrada es necesaria. En ambos casos la asistencia letrada será necesaria y, tratándose de un menor de edad, será obligatoria también la intervención del Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia, bajo pena de nulidad.-
ARTICULO N 98.- La identificación del imputado se practicará por sus datos personales, impresiones digitales, señas particulares y fotografías. Si se negare a dar esos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos, en la forma prescripta para los reconocimientos, o por otros medios que se estimaren útiles. La individualización técnica se practicará mediante la oficina respectiva.-
Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos no alterarán el curso de la causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de la misma o durante la ejecución.-
ARTICULO N 100.- Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho padecía de alguna enfermedad mental que lo hace inimputable, previo dictamen pericial, el Juez podrá disponer provisoriamente su internación en un establecimiento especial, si su estado lo tornare peligroso para sí o para terceros. En tal caso sus derechos de parte serán ejercidos por el curador o, si no lo hubiere, por el Defensor Oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados. Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años de edad, sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutor.-
ARTICULO N 101.- Si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, previo dictamen pericial, el Tribunal suspenderá la tramitación de la causa y, si su estado lo tornare peligroso para sí o para terceros ordenará la internación de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo director le informará trimestralmente sobre el estado del enfermo. La suspensión del trámite del proceso impedirá la declaración indagatoria o el juicio, según el momento que se ordene sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga aquél en relación a otros imputados. Si curare el imputado, proseguirá la causa a su respecto. Cuando procediere la investigación fiscal preparatoria, el Fiscal Correccional podrá requerir al Juez Correccional, en su caso, la declaración de suspensión del trámite y la internación del incapaz.-
El imputado será sometido a examen mental, siempre que el delito que se le atribuya esté reprimido con pena no menor de diez (10) años de prisión, o cuando fuere sordomudo o menor de dieciocho años de edad, o mayor de setenta (70), o si fuera probable la aplicación de la medida de seguridad prevista por el artículo 52 del Código Penal.-
El ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, podrán intervenir en el proceso como querellante particular en la forma especial que este Código establece, y sin perjuicio de ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si el querellante particular se constituyera, a la vez, en actor civil, podrá formular ambas instancias en un solo escrito, con observancia de los requisitos previstos para cada acto. Los incapaces deberán actuar debidamente representados, autorizados o asistidos del modo prescripto por la ley. Esta calidad no podrá ser ejercida en el proceso penal de menores, sin prejuicio del goce de los derechos reconocidos en el articulo 110.-
La instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder especial o "apud acta", ante el Fiscal o el Juez competente, en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1) Nombre, apellido y domicilio del querellante particular. 2) Una relación sucinta del hecho en que se funda. 3) Nombre y apellido del o de los imputados, si lo supiere. 4) La petición de ser tenido como parte y la firma.-
La instancia podrá formularse a partir de iniciada la investigación judicial y hasta su clausura. El pedido será resuelto por decreto fundado o auto, según corresponda, por el Fiscal o por el Juez competente, en el término de tres (3) días.-
En los supuestos que corresponda investigación fiscal preparatoria, si el Fiscal rechazara el pedido de participación, el requirente podrá ocurrir dentro de las veinticuatro (24) horas antes el Juez Correccional, quien resolverá en el término de tres (3) días. Si el rechazo hubiere sido dispuesto por el Juez de Instrucción o Correccional, el instante podrá apelar la resolución.-
El querellante particular podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado en la forma que dispone este Código. La intervención de una persona como querellante particular no la exime del deber de declarar como testigo.-
ARTICULO N 108.- El querellante particular podrá renunciar a su intervención en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera causado. Se considerará que ha renunciado a su intervención cuando, regularmente citado, no compareciera a la primera audiencia del debate o no presentare conclusiones.-
ARTICULO N 109.- Quien pretenda constituirse como querellante y se domicilie fuera de la Provincia deberá, a pedido del imputado, prestar una caución suficiente para responder por las costas que eventualmente provoque al adversario, cuyo contenido y plazo se fijará judicialmente.-
ARTICULO N 110.- La víctima del delito o sus herederos forzosos, desde el inicio del proceso y hasta su finalización, tendrán derecho a: 1) Recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. 2) Ser informados acerca de las facultades que pueden ejercer en el proceso. 3) Ser informados del estado de la causa y de las resoluciones que se dicten sobre la situación del imputado. 4) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar, sin perjuicio de la participación del Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia, que durante los actos procesales en los cuales intervenga, sea acompañada por una persona de su confianza, siempre que ello no afecte los fines del proceso. 5) La protección de la integridad física, psíquica y moral, inclusive de su familia, y de los testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o de represalias.-
ARTICULO N 111.- En los procesos vinculados con violencia familiar, el órgano judicial interviniente podrá disponer, de oficio o a petición de la víctima, su representante legal o Ministerio Pupilar, como medida cautelar y mediante resolución fundada, la exclusión o la prohibición del ingreso del imputado al hogar de la víctima o cualquier otra medida protectora que estimare conveniente. Así también se procederá cuando el delito haya sido cometido en perjuicio de quien conviviera bajo el mismo techo, y existan motivos para presumir la reiteración de hechos de la misma naturaleza. La medida se dispondrá con posterioridad a la indagatoria, teniendo en cuenta las características y gravedad del hecho denunciado, como también las circunstancias personales y particulares del presunto autor de aquél. Una vez cesadas las razones que obligaron a la adopción de la medida, el órgano judicial competente dispondrá por resolución fundada su inmediato levantamiento.-
ARTICULO N 112.- Todos los derechos reconocidos en este Capítulo, serán comunicados a la víctima o a sus herederos forzosos, por el órgano interviniente al momento de practicar la primera diligencia procesal con ellos. En caso de denunciarse un delito en que pueda resultar perjudicado patrimonialmente la administración pública, deberá notificarse desde el inicio del proceso a la Fiscalía de Estado.-
Para ejercer la acción civil emergente del delito en el proceso penal, su titular deberá constituirse en actor civil. Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas en las formas prescriptas para el ejercicio de las acciones civiles. En el proceso penal de menores no procederá la constitución de actor civil, sin prejuicio del derecho del ofendido, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios de procurar, por ante el fuero civil, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho atribuido al menor de edad.-
La constitución de actor civil procederá aun cuando no estuviere individualizado el imputado. Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente responsables, la acción podrá ser dirigida contra uno o más de ellos. Pero si lo fuera contra los segundos deberá obligatoriamente ser dirigida, además, contra los primeros. Cuando el actor no mencionare a ningún imputado, se entenderá que se dirige contra todos.-
La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por mandatario, mediante un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, las condiciones personales y el domicilio legal del accionante, a qué proceso se refiere y los motivos en que se funda la acción.-
La constitución de parte civil podrá tener lugar en cualquier estado del proceso hasta la clausura de la instrucción. Pasada dicha oportunidad, la constitución será rechazada sin más trámite, sin perjuicio de accionar en la sede correspondiente.-
El actor civil tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho delictuoso y los daños y perjuicios que le haya causado, y reclamar las medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes.-
La constitución del actor civil deberá ser notificada al imputado y al civilmente responsable. En el caso del artículo 114, primera parte, la notificación se hará en cuanto se individualice al imputado.-
El actor civil deberá concretar su demanda, y ofrecer prueba dentro de tres (3) días de notificado de la resolución prevista en el artículo 430. La demanda se formulará por escrito y con las formalidades exigidas en el Código Procesal en lo Civil, Comercial y de Minería y será notificada de inmediato al civilmente demandado. El Tribunal deberá rechazar de oficio la demanda que no se ajuste a las formalidades establecidas, expresando los defectos que contengan. No podrá concretarse la demanda contra el civilmente responsable que no hubiera sido citado en los términos del artículo 122 o no interviniere espontáneamente.-
El actor civil podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiere causado. Se lo tendrá por desistido cuando no citare al demandado o éste no haya comparecido espontáneamente o concrete la demanda en la oportunidad fijada en el artículo anterior o no comparezca a la primera audiencia del debate o se aleje de la audiencia sin haber formulado conclusiones. El desistimiento importa renuncia de la acción civil en sede penal.
La intervención de una persona como actor civil no la exime del deber de declarar como testigo.-
Las personas que según la ley civil respondan por el imputado del daño que cause el delito podrán ser citadas para que intervengan en el proceso a solicitud de quien ejerza la acción civil quien, en su escrito, expresará el nombre y el domicilio del demandado y los motivos en que funda su acción.-
El decreto que ordene la citación, que podrá hacerse en la oportunidad que establece el artículo 116, contendrá el nombre y domicilio del accionante y del citado, la indicación del proceso y el plazo en que se deba comparecer, el que nunca será menor de cinco (5) días. La resolución será notificada al imputado y a su defensor.
Será nula esta citación cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del civilmente demandado, restringiéndole la audiencia o la prueba. La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción civil ante la jurisdicción respectiva.-
Cuando en el proceso se ejerza la acción civil, la persona que pueda ser civilmente demandada tendrá derecho a intervenir en el proceso. Esta participación deberá solicitarse, bajo pena de inadmisibilidad, en la forma y oportunidad que prescriben los artículos 115 y 116, en cuanto sea aplicable. El decreto que la acuerde será notificado a las partes y sus defensores.-
El desistimiento del actor civil hará caducar la intervención del civilmente demandado.-
El civilmente demandado deberá comparecer, contestar la demanda y ofrecer prueba dentro de los seis (6) días de notificado de la misma. En el mismo plazo podrá oponer las excepciones y defensas civiles que estime pertinentes y convenir. La forma se regirá por lo establecido por el Código Procesal en lo Civil, Comercial y de Minería.-
El trámite de las excepciones y la reconvención se regirá por las respectivas disposiciones del Código Procesal en lo Civil, Comercial y de Minería. Los plazos serán en todos los casos de tres (3) días. La resolución de las excepciones podrá, sin embargo, ser diferida por el Tribunal para la sentencia por auto fundado.-
Será declarada la rebeldía del civilmente demandado, cuando no comparezca en el plazo de citación del artículo 127. Ella no suspenderá el trámite, que continuará como si aquél estuviera presente. Sólo se nombrará defensor del rebelde al Defensor Oficial si hubiere sido citado por edictos.-
El actor civil, el imputado y el civilmente demandado, podrán pedir la citación en garantía del asegurador.-
La intervención del asegurador se regirá por las normas que regulan la del civilmente demandado, en cuanto sean aplicables.-
El actor civil, el imputado y el civilmente demandado deberán pedir la citación en la oportunidad prevista en el artículo 127.-
El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogados de su confianza o por el Defensor Oficial, lo que se le hará saber por la autoridad policial o judicial que intervenga en la primera oportunidad. Podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. Si el imputado estuviere privado de su libertad, cualquier persona que tenga con él relación de parentesco o amistad podrá presentarse ante la autoridad policial o judicial que corresponda, proponiéndole un defensor. En tal caso se hará comparecer al imputado de inmediato ante el órgano judicial competente, a los fines de la ratificación de la propuesta. En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La designación del defensor hecha por el imputado importará, salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento del mandato para representarlo en la acción civil. El imputado podrá designar defensor aun estando incomunicado y por cualquier medio.-
El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro, no alterará trámites ni plazos.-
El cargo de defensor del imputado, una vez aceptado, es obligatorio. La aceptación será obligatoria para el abogado de la matrícula cuando se lo nombrare de oficio en sustitución del Defensor Oficial. En ambos supuestos, podrán exceptuarse de ella por una razón atendible. El Defensor tendrá derecho a examinar los autos antes de aceptar el cargo, salvo el caso de secreto del sumario. Tendrá tres (3) días para aceptarlo, bajo apercibimiento de tener el nombramiento por no efectuado.-
Cuando no se autorice la defensa personal, el nombramiento de defensor se hará sin la menor dilación y siempre antes de comenzar el acto de la declaración indagatoria, para lo cual el Juez invitará al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hiciere, el Juez designará de oficio al Defensor Oficial, bajo sanción de nulidad de los actos en los cuales la ley acuerda al defensor la facultad de asistir.-
La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado a elegir ulteriormente otro de su confianza; pero el nombramiento no se considerará operado hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.-
La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad. Si ésta fuere advertida, el Tribunal proveerá, aún de oficio, a las sustituciones necesarias conforme a lo dispuesto en el artículo 136.-
El querellante particular y las partes civiles sólo podrán actuar con patrocinio letrado, o hacerse representar hasta por dos abogados; el primero, con poder especial o "apud acta".-
El defensor del imputado podrá, con su consentimiento, designar sustituto para que intervenga en determinados actos si tuviera impedimento atendible. El abogado sustituyente asumirá las obligaciones del defensor y no tendrá derecho a prórroga de plazos o audiencias.-
En ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa y dejar a su cliente sin asistencia letrada. Si así lo hiciere se proveerá a su inmediata sustitución por el Defensor Oficial y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa. Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la audiencia. El debate no se podrá volver a suspender por la misma causa, aún cuando el Tribunal conceda la intervención de otro defensor particular, lo que no excluirá la del oficial. El abandono o la inactividad de los mandatarios de las partes civiles no suspenderá el proceso.-
El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores de los imputados podrá ser sancionado con multa de hasta diez (10) veces el salario mínimo del escalafón judicial, además de la separación de la causa. El abandono constituye falta grave y obliga al que incurre en él a pagar las costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones. Estas serán apelables. Al quedar firmes serán comunicadas al Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados. Si se tratare de funcionarios judiciales, la comunicación se cursará a la Corte de Justicia y al Fiscal General.-
El defensor del imputado podrá renunciar al ejercicio de la defensa. En este caso el Tribunal deberá proveer de inmediato a su sustitución haciéndole conocer de ello al imputado. La renuncia no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.-
Las partes podrán designar asistentes para que colaboren en su tarea. En tal caso, asumirán la responsabilidad por su elección y vigilancia. Los asistentes sólo cumplirán con tareas accesorias, pero no podrán sustituir a quienes ellos auxilian. Se les permitirá concurrir a las audiencias, sin intervenir directamente en ella.-
Si por las particularidades o complejidad del caso, el Ministerio Público Fiscal o alguna de las partes intervinientes consideraran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrán al Ministerio Público Fiscal o al Tribunal, según el caso, el que decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, sin que por ello asuma tal carácter. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y acompañar en las audiencias a la parte con quien colaboran y auxiliarla en los actos propios de su función. El consultor técnico actuará siempre bajo la dirección y vigilancia de la parte a la que asisten. En ningún caso la actividad del consultor técnico o su ausencia podrá retardar la ejecución del cumplimiento de los actos procesales a los que pudiere asistir. Tampoco tendrán derecho a solicitar en el proceso regulación de honorarios o al reconocimiento de gastos, sin perjuicio de las reclamaciones privadas que pudieren corresponder.-
Fin del texto
Sin tarjeta de crédito. Conectá tu sistema judicial y hacele tu primera consulta a la IA.
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.