Abriendo la norma
Ley provincial 7.942 · 2008
Código Procesal Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan.
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
La competencia atribuida a los Tribunales de la Provincia es improrrogable. Exceptúase la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes.
La prórroga se operará si surgiere de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden. Asimismo, para el actor por el hecho de entablar la demanda; y respecto del demandado, cuando la contesta, deja de hacerlo, formula oposición u opone excepciones previas sin articular la declinatoria.
La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.
Toda demanda debe interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resulte no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, dicho juez deberá inhibirse de oficio. Si no resulta claramente de ellos que son de su competencia el juez mandará que el actor exprese lo necesario a ese respecto. Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente.
La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas contenidas en este código o en otras leyes, será juez competente: 1) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor. La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio. 2) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versa sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos. 3) Cuando se ejerciten acciones personales el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio, y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el lugar del contrato, siempre que el demandado se encontrare en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación. El que no tuviere domicilio fijo, podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia. 4) En las acciones personales derivadas de delitos o cuasi delitos, el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado a elección del actor. 5) En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias no habiendo designación del lugar en que deban cumplirse, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor. 6) En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse, y no estando determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración, el del demandado, o el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes. En la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero si no estuviese especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor. 7) En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas, y salvo disposición en contrario, el del domicilio fiscal, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización; el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor a elección del actor. La conexidad no modificará esta regla 8)En las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad de matrimonio así como las que versen sobre los efectos del matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del domicilio del cónyuge demandado a elección del cónyuge actor. Si uno de los cónyuges no tuviera su domicilio en la República, la acción podrá ser intentada ante el juez del último domicilio que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se hubiere celebrado en la República. No probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia. 9) En los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, y en los derivados de los supuestos de inhabilitación previstos en el Código Civil, el del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado; en su defecto, el de su residencia. En los de rehabilitación, el que declaró la interdicción. 10) En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron. 11) En la protocolización de testamentos, el del lugar en donde debe abrirse la sucesión. 12) En las acciones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción, el del lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social. 13) En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promuevan, salvo en el proceso sucesorio o disposición en contrario. 14) Cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra acción derivada de la aplicación de ese régimen, el que corresponda a la ubicación del inmueble. 15) En los juicios de desalojo, el del lugar en que esté situado el inmueble objeto del litigio o el del domicilio del demandado, a elección del actor. 16) En las pretensiones de satisfacción inmediata el del lugar en que deben cumplirse o del domicilio del obligado, a elección del actor. 17) En los interdictos el Juez de Paz del Departamento en donde se suscite el hecho o se encuentre situado el bien que da lugar a la promoción del mismo, con exclusión de los Departamentos que integran el gran San Juan en los términos de la Ley 6846 en cuyo caso intervendrá el Juez de Primera Instancia que corresponda.-
A falta de otras disposiciones será Tribunal competente: 1) En los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, citación de evicción, cumplimiento de acuerdos de conciliación o transacción celebrados en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el proceso, y acciones accesorias y conexas en general, el del proceso principal. 2) En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del juicio de divorcio, separación personal o nulidad de matrimonio. Si se promueven sin que exista divorcio, separación personal o nulidad, el que hubiera debido entender en estos procesos. 3) En las acciones por tenencia de hijos, régimen de visitas, y litisexpensas, el del juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio, mientras dure la tramitación de estos últimos. Si se hubiesen iniciado con anterioridad, pasarán a tramitar ante el juzgado donde quede radicado el juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio. No existiendo juicio de divorcio, de separación personal o de nulidad de matrimonio en trámite, ni probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia. En la exclusión del cónyuge se aplicarán en lo pertinente las mismas reglas. En toda otra actuación en interés de los menores, el del domicilio o residencia habitual del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado su estado de abandono, salvo disposición legal especial. 4) En las acciones por alimentos, el que hubiere entendido en el juicio de separación personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio; en su defecto y a opción del actor el del domicilio conyugal, el del domicilio del demandado, el de la residencia habitual del acreedor alimentario, el del lugar de cumplimiento de la obligación o del lugar de celebración del convenio alimentario si lo hubiere y coincidiere con la residencia del demandado, si se planteare como cuestión principal. Mediando juicio de inhabilitación, el pedido de alimentos contra el inhabilitado deberá promoverse ante el juzgado donde se sustancia aquél. 5) En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal. 6) En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquél se hará valer. 7) En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste. 8) En el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el Artículo 210 el que decretó las medidas cautelares; en el supuesto del Artículo 201, aquel cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva fijada.
Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre Jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procederá la inhibitoria. En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama. Elegida una vía no podrá en lo sucesivo usarse de otra. Una vez firme la resolución, las partes no podrán argüir la incompetencia en lo sucesivo. Tampoco podrá ser declarada de oficio. El mismo efecto tendrá la resolución de la excepción de incompetencia.
La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al Juez tenido por competente. Si éste no planteare la cuestión de competencia negativa dentro del quinto día de recibir las actuaciones no podrá hacerlo en lo sucesivo. La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de contestar la demanda, oponer excepciones, formular oposición en los procesos monitorios o comparecer al primer acto procesal establecido en el procedimiento de que se trate.
Si entablada la inhibitoria el Juez se declarase competente, librará oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia. Solicitará, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al Tribunal competente para dirimir la contienda. La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente.
Recibido el oficio o exhorto, el Juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición. Sólo en el primer caso su resolución será apelable, con efecto suspensivo. Una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al Tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho. Si mantuviere su competencia, enviará sin otra substanciación las actuaciones a la Corte de Justicia para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al Tribunal requirente para que remita las suyas.
En el plazo de diez días de recibidas las actuaciones de ambos Jueces, la Corte de Justicia resolverá la contienda, previa vista al Fiscal General de la Corte de Justicia, y las devolverá al que declare competente, informando al otro por oficio o exhorto, o encomendando hacerlo al declarado competente. Si el Juez que requirió la inhibitoria no remite las actuaciones dentro de un plazo prudencial a juicio de la Corte de Justicia, ésta lo intimará para que lo haga en un plazo de diez a quince días, según la distancia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su pretensión.
Las cuestiones de competencia se substanciarán por vía de incidente. No suspenden el procedimiento, el que seguirá su trámite por ante el Juez que previno, salvo que se trate de cuestiones de competencia en razón del territorio. En este supuesto sólo podrán disponerse medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudieren resultar perjuicios irreparables.
En caso de contienda negativa o cuando dos o más Jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los Artículos 9 a 12. La competencia negativa deberá plantearse dentro del plazo del Artículo 8.
Los Jueces de primera instancia y de los Tribunales superiores podrán ser recusados sin expresión de causa. Cada parte sólo podrá recusar a un Magistrado de cada instancia, y deberá hacerlo en su primera presentación ante él o el Tribunal que integra, antes o al tiempo de contestar la demanda, de formular oposición en los procesos ejecutivos o monitorios, de comparecer a la audiencia fijada como primer acto procesal, de presentar un recurso ante el Superior o contestarlo; y, en los casos en que el trámite no prevea esas intervenciones, dentro del día siguiente al conocimiento de la intervención del Magistrado. La recusación sin expresión de causa dirigida contra mayor número, sólo será eficaz contra el primero de los recusados, y las demás se rechazarán, incluso por el mismo Juez o Magistrado afectado. De la misma manera se rechazará toda recusación intentada con posterioridad a las ocasiones señaladas, salvo que cambiare el Juez, la integración del Tribunal interviniente o la radicación de la causa, en cuyo caso las partes que no hubieren recusado en esa instancia podrán hacerlo hasta el día siguiente de ser notificados de la primera providencia que se dicte por la nueva integración.
Deducida la recusación sin expresión de causa, el Juez recusado se inhibirá pasando las actuaciones, dentro del día siguiente, a su reemplazante legal, sin que por ello se suspenda el trámite, los plazos ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas. Si la primera presentación del demandado fuere posterior a los actos indicados en el segundo párrafo del Artículo 14 y en ella promoviere la nulidad de los procedimientos recusando sin expresión de causa, dicha nulidad será resuelta por el Juez recusado.
Serán causas legales de recusación: 1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo por afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados. 2) Tener el Juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante; o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, Procuradores o Abogados, salvo que la sociedad fuese anónima con fiscalización estatal permanente. 3) Tener el Juez pleito pendiente con el recusante. 4) Ser el Juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de las instituciones bancarias, si no se tratare, en este último caso, de montos de consideración exigibles o en mora. 5) Ser o haber sido el Juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 6) Haber solicitado el litigante el juicio político o denunciado a los Magistrados en los términos de la ley de enjuiciamientos de Magistrados, siempre que la sala acusadora o el Tribunal de enjuiciamiento hubiesen dispuesto dar curso a la denuncia. 7) Haber sido el Juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado. 8) Haber recibido el Juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 9) Tener el Juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato. 10) Tener el Juez contra el litigante enemistad, odio o resentimiento. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al Juez después que hubiese comenzado a conocer del asunto.
La recusación deberá ser deducida por cualquiera de las partes en las oportunidades previstas en el Artículo 14. Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante; pero cuando el juicio estuviere en estado de sentencia, solo procederá si se ofreciere probarla por confesión del mismo recusado o por instrumento público.
Cuando se recusare a uno o más Jueces de la Corte de Justicia o de una Cámara de Apelaciones, conocerán los que queden hábiles, integrándose el Tribunal, si procediere, en la forma prevista por la ley orgánica. De la recusación de los Jueces de primera instancia conocerá la Cámara de Apelaciones que corresponda.
La recusación se deducirá ante el Juez recusado y ante la Corte de Justicia o Cámara de Apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros. En el escrito correspondiente, se expresarán las causas de la recusación y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse.
Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alega concretamente alguna de las causas contenidas en el Artículo 16 o se presenta fuera de las oportunidades previstas en los Artículos 14 y 17, la recusación será desechada por el mismo Juez o el presidente de la Sala, en su caso. La resolución podrá ser recurrida por apelación en el primer caso o reposición en el segundo, en ambos casos, sin efecto suspensivo. Si se recurriere, el recusado deberá producir el informe de los Artículos 21 ó 25 y el Tribunal competente para entender la recusación se expedirá también sobre ésta si considerare que el rechazo liminar fue indebido.
Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un Juez de la Corte de Justicia o de Cámara se le comunicará aquélla, a fin de que informe sobre las causas alegadas, lo que deberá hacerse en el mismo plazo del Artículo 25.
Si el recusado reconociese los hechos, se le tendrá por separado de la causa. Si los negase, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por separado.
La Corte de Justicia o Cámara de Apelaciones, integradas al efecto si procediere, recibirán el incidente a prueba por diez días. El plazo podrá ampliarse en la forma dispuesta en el Artículo 159. Cada parte no podrá ofrecer más de tres testigos, siendo inadmisible la prueba confesional.
Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se resolverá el incidente dentro de diez días.
Cuando el recusado fuere un Juez de primera instancia, remitirá a la Cámara de Apelaciones, dentro de los cinco días, el escrito de recusación con un informe circunstanciado sobre las causas alegadas, en el que deberá admitir o negar expresamente los hechos, y pasará el expediente al Juez que sigue en orden de nominación para que continúe su sustanciación; igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.
Pasados los antecedentes a la Cámara de Apelaciones, si no procediere el rechazo in límine y del informe elevado por el Juez resultare la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa. Si los negare, la cámara podrá recibir el incidente a prueba, y se observará el procedimiento establecido en los Artículos 23 y 24.
Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al Juez subrogante a fin de que devuelva los autos al Juez recusado. Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el Juez subrogante con noticia al Juez recusado y comunicación a la Mesa General de Entradas, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron. Cuando el Juez recusado fuere uno de los Jueces de la Corte de Justicia o de las Cámaras de Apelaciones, seguirán conociendo en la causa él o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación.
Cuando la recusación sea desestimada, el recusante podrá ser condenado en las costas del incidente. Si fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria, se le impondrá a la recusante o a su letrado, o ambos conjuntamente, además una multa de hasta cuatro salarios mínimos del escalafón del Poder Judicial, no pudiendo ser menor a un salario mínimo. El destino de la multa se regirá según lo dispuesto en las disposiciones generales y transitorias.
Todo Juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el Artículo 16 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos objetivamente graves de decoro o delicadeza, o por encontrarse comprendido dentro de las causales previstas en la ley de Ética Pública Provincial. No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.
Las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el Juez al que corresponde entender estima que la excusación no procede se formará incidente que será remitido sin más trámite al Tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa. Aceptada la excusación, el expediente quedará radicado en el juzgado que corresponda, aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.
Incurrirá en la causal de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, en los términos de las previsiones constitucionales sobre Juicio Político o Jurado de Enjuiciamiento, el Juez a quien se probare que en forma reiterada encontrándose impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.
Los funcionarios del ministerio público no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al Juez o Tribunal y éstos podrán separarlos de la causa, dando intervención dando intervención a quien deba subrogarlo.
Son deberes de los Jueces: 1) Asistir a la audiencia inicial cuando fije la misma, y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquéllas en las que la delegación estuviere autorizada. En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del ministerio tutelar de incapaces, en su caso. En ella el Juez tratará de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal. 2) Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo la preferencia de los negocios urgentes o que por derecho deban tenerla. 3) Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: a) las providencias simples, dentro de los dos días siguientes de presentadas las peticiones por las partes, e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente. b) las sentencias interlocutorias y homologatorias, salvo disposición en contrario, dentro de los quince o veinte días de quedar la cuestión en estado de resolver, según se trate de Juez unipersonal o de Tribunal colegiado. c) las sentencias definitivas en juicio ordinario, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta, según se trate de Juez unipersonal o de Tribunal colegiado. El plazo se computará desde la fecha en que el Actuario certificare la adjudicación a estudio. d) Las sentencias definitivas en el juicio abreviado, dentro de los veinte o treinta días de quedar el expediente en estado de resolver, según se trate de Juez unipersonal o Tribunal colegiado. En todos los supuestos, si se ordena prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento. La convocatoria a audiencia de conciliación no interrumpe los plazos para dictar sentencia, pero podrá ser invocada para solicitar su prórroga por un máximo de diez días. El sometimiento a mediación lo suspenderá hasta su conclusión. 4) Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Las providencias simples denegatorias también deberán fundarse sumariamente. 5) Dirigir el procedimiento dentro de los límites expresamente establecidos en este Código, debiendo: a) concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar o disponer. b) señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades, siempre que el vicio no estuviere consentido o no se hubiere precluído la instancia para tal declaración, siendo de aplicación en este tema lo dispuesto en el Artículo 171. c) mantener la igualdad de las partes en el proceso. d) prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. e) vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal sin que con ello se vulneren las garantías constitucionales. f) procurar que la actividad procesal sea útil y eficaz sin que con ello se vulneren las garantías constitucionales. 6) Declarar, en oportunidad de dictar resoluciones interlocutorias o definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes. 7) Rechazar fundadamente en forma liminar las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso del derecho o entrañen fraude procesal.
Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los Jueces deberán: 1) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que alguna de las partes o tercero interesado solicite con fundamento que no se lo haga. 2) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso pudiendo aplicar de plano y en el mismo acto las sanciones disciplinarias que correspondan. 3) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código y la ley orgánica.
Aún sin requerimiento de parte, los Jueces y Tribunales podrán: 1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias. 2) Intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos. En cualquier momento podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación. 3) Proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. 4) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A ese efecto, podrán: a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito; b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos con arreglo a lo que dispone el Artículo 415, peritos y consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo que creyeren necesario; c) Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de terceros mencionados por las partes, en los términos de los Artículos 350 a 352. 5) Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de éstos o, en su caso, el Asesor de Menores, efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto. 6) Corregir, errores materiales, o suplir cualquier omisión de la resolución acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que ésta no hubiese sido consentida. 7) Disponer en cualquier estado del proceso la inspección ocular de lugares o constatación de cualquier circunstancia por intermedio de Secretaría o Prosecretaría. Si la realiza en forma personal deberá hacerlo con la asistencia de alguno de estos funcionarios y de las partes o sus mandatarios que quisieren asistir.
Los Jueces y Tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. Estas condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.
Los secretarios tendrán las siguientes funciones, además de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se les impone: 1) Comunicar a las partes y a terceros las decisiones judiciales mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, por medios informáticos o telecomunicaciones autorizadas por la Corte de Justicia, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los letrados respecto de las cédulas y oficios y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre Magistrados de distintas jurisdicciones. Las comunicaciones dirigidas al Gobernador de la Provincia, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de análoga jerarquía, Magistrados judiciales, rectores de universidades y obispos, serán firmadas por el Juez. 2) Extender certificados, testimonios y copias de actas, 3) Conferir vistas y traslados. 4) Firmar, sin perjuicio de las facultades inherentes al Juez o Presidente del Tribunal, y conforme las instrucciones de éstos, las providencias de mero trámite, observando en cuanto al plazo lo dispuesto en el Artículo 33 Inciso 3) Apartado a). En la etapa probatoria firmar todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o perención de la prueba. 5) Dirigir en forma personal las audiencias que tomare por delegación del Juez consentida por las partes. 6) Devolver los escritos presentados fuera de plazo o sin copias cuando correspondiere. El vencimiento del plazo debe surgir de las constancias del expediente o de los registros del Tribunal. En el plazo de cinco días, las partes podrán requerir al Juez deje sin efecto lo dispuesto por el Secretario. Este requerimiento se resolverá sin sustanciación.
Los secretarios de primera instancia únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el Artículo 16. Deducida la recusación, el Juez se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde, y sin más trámite dictará resolución que será inapelable. Los secretarios de la Corte de Justicia y los de las Cámaras de Apelaciones no serán recusables, pero deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el Tribunal lo considere y resuelva lo que juzgue procedente. En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los Jueces.
Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio procesal dentro del radio de dos kilómetros del asiento del respectivo juzgado o Tribunal. Esta obligación se extiende a los auxiliares del proceso. Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que se presente, o audiencia que se concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene debiendo ser aceptado por el Tribunal. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real, social registrado, o sede de la persona representada. Se diligenciará en el domicilio procesal toda notificación a domicilio que no deba serlo en el real, o en el convenido por contrato reconocido, con firma certificada u otorgado en instrumento público. Las personas que sin pretender el carácter de parte intervinieren de cualquier modo en el proceso, deberán denunciar su domicilio real. El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente.
Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, o no comparece quien haya sido debidamente citado, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el Artículo 132, salvo la notificación de la audiencia para absolver posiciones y la sentencia. Esta situación se mantendrá hasta la aceptación por el juzgado o el Tribunal del domicilio procesal que ulteriormente se constituya, sin perjuicio de la validez de lo actuado hasta entonces. Si no se denuncia el domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se notificarán en el lugar que se hubiere constituido y, en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el primer párrafo. Las partes deberán fijar domicilio procesal electrónico una vez que la Corte de Justicia por acordada, lo haya implementado conforme lo prescriben los Artículos 132 y 134 Inciso 4.
Mientras no se constituyan o denuncien otros, los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo. Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o tercera parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real. Todo cambio de domicilio deberá denunciarse en el expediente y ser aceptado por el Tribunal. Para las demás partes subsistirá el anterior hasta ser notificada por cédula su sustitución.
Cuando la parte que actúa personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el Juez o Tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el Artículo 55, Inciso 5.
Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajena el bien objeto del litigio o cede el derecho reclamado, el adquirente podrá intervenir en el proceso en la calidad prevista por los Artículos 90 Inciso 1 y 91 primer párrafo.
Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito o en un incidente, por quien lo perdiere total o parcialmente, el Juez podrá imponer una multa a la parte vencida o a su letrado patrocinante o a ambos conjuntamente según las circunstancias del caso. Su importe no excederá de la mitad de las costas totales del juicio o del incidente, y será a favor de la otra parte. Si el pedido de sanción fuera promovido por una de las partes, se decidirá previo traslado a la contraria.
Toda persona, salvo los casos de representación legal, puede comparecer en juicio por derecho propio siempre que actúe con patrocinio letrado, si no prefiere hacerse representar por Abogado o Procurador de la matrícula, conforme a las leyes del mandato. La renuncia al patrocinio genera para el Abogado, en lo pertinente, las obligaciones establecidas en el Artículo 55 Inciso 2. La renuncia al patrocinio hará cesar el domicilio procesal constituido por la parte conjuntamente con el letrado patrocinante al vencer el plazo de la notificación.
No rigen las normas del artículo anterior y, en consecuencia, puede actuarse aun sin patrocinio letrado para: 1) contestar intimaciones o requerimientos de carácter personal; 2) solicitar y recibir órdenes de pago; 3) solicitar declaratoria de pobreza; 4) tramitar informaciones sumarias o certificaciones ante la Justicia de Paz Letrada.
Cuando se actúa por Procurador, es obligatoria la firma de letrado en los escritos de demanda, reconvención, oposición de excepciones y sus contestaciones, oposición en procesos monitorios o sus contestaciones, ofrecimientos de prueba, alegatos, expresiones de agravios, memoriales, pliego de posiciones, interrogatorios, aquellos en que se promuevan incidentes y, general, en los que se sustancie o controvierta derecho ya sea de jurisdicción voluntaria o contenciosa. La intervención de la parte o Procurador en las audiencias requerirá la asistencia de letrado patrocinante.
Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante sin más trámite ni recurso, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviere, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión, suscribiendo un Abogado el mismo escrito ante el actuario, quien certificará en los autos esta circunstancia, o por ratificación que separadamente se hiciere con firma de letrado. De igual modo se procederá con los escritos de profesionales que no traigan la indicación precisa de la representación que ejercen o no consignen en forma legible, escritos o impresos con sellos, sus nombres, apellidos, tomo y folio o número de inscripción en la matrícula, a su comienzo o al pie de la firma o contigua a ella.
La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. Si se invocare la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el Juez considerase atendibles las razones que se expresen, podrá acordar un plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada. Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no tendrán la obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el Juez, a petición de parte o de oficio, los emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren. El mandato para actuar ante la Justicia de Paz Letrada podrá otorgarse por acta labrada ante el Secretario o quien lo reemplace.
Los Procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder. Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte, podrá intimarse la presentación de testimonio original.
Cuando deban realizarse actos procesales urgentes, podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, por un máximo de cuarenta (40) días hábiles desde la primera presentación del gestor. Si durante ese lapso no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la ratificación de la gestión o el otorgamiento del mandato que permita continuarla, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste deberá satisfacer el importe de las costas, sin prejuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido. La nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa. La facultad otorgada por el presente artículo solo podrá ejercerse por cada parte una vez en cada instancia del proceso.
Presentado el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare.
El apoderado estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deben ser notificados personalmente a la parte.
El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito. También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.
La representación de los apoderados cesará: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, bajo apercibimiento de continuar el juicio sin su intervención, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre la rebeldía. La sola presentación del mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el Juez fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuar el juicio sin su intervención. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del poderdante. En tales casos el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos o su representante tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado en este mismo inciso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el Juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio sin su intervención en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo. Cuando el deceso o la incapacidad hubieren llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al Juez o Tribunal en el plazo de diez días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante legal si los conociere. 6) Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, se suspenderá la tramitación del juicio, interrumpiéndose desde entonces los plazos en curso, y el Juez fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, citándolo en la forma dispuesta en el inciso anterior. Vencido el plazo fijado sin que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio sin su intervención.
Cuando actúan en el proceso diversos litigantes con un interés común, el Juez de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les intimará a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los diez días y si los interesados no concurriesen o no se aviniesen en el nombramiento de representante único, el Juez lo designará eligiendo entre los que intervienen en el proceso. Producida la unificación, el representante único tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato. El representante común actuará conforme a las instrucciones de sus representados si hubiere acuerdo, y de lo contrario, teniendo en cuenta los intereses comunes y la más pronta y favorable solución del litigio.
Una vez efectuado el nombramiento común, podrá revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el Juez a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario. La unificación se dejará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior.
La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el pleito después de haber comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de parte. En los procesos monitorios se aplicará este Instituto en la forma y con las modalidades que se prescriben en el Artículo 459. Esta resolución se notificará por cédula, o en su caso por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas por ministerio de la ley. Si el rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, será admitido como parte y cesando el pronunciamiento en rebeldía, seguirá la sustanciación del proceso sin que ésta pueda en ningún caso retrogradar.
La rebeldía no altera la secuela regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en la demanda, contestación y reconvención si la hubiere. Serán a cargo del rebelde las costas causadas por su rebeldía.
La sentencia se hará saber al rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía. Contra la sentencia ejecutoriada pronunciada en rebeldía no se admitirá recurso alguno, pudiendo solamente articularse el incidente de rescisión.
En cualquier estado del juicio y aún después de la sentencia ejecutoriada podrá el rebelde entablar rescisión contra el procedimiento o contra la sentencia, para lo cual se requerirá: 1) que medie nulidad del emplazamiento, y no hubiere transcurrido más de cinco días desde que tomó conocimiento del pleito y acredite fehacientemente la nulidad que pretende sea declarada. En todos los casos el demandado deberá indicar las defensas que se hubiere visto privado de oponer, y las pruebas de las que intente valerse. Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 457 en el proceso de estructura monitoria, en cuyo caso seguirá el proceso según su estado; 2) que el rebelde acredite que por fuerza mayor no ha podido comparecer o tener conocimiento del pleito y que desde la cesación de la fuerza mayor o desde la noticia del pleito hasta su instauración no hayan transcurrido más de treinta días. En el caso de los procesos de estructura monitoria el término será de cinco días, debiendo acompañar la documentación que acredite la fuerza mayor o el motivo de la falta de conocimiento del pleito, como asimismo las defensas que se hubiere visto privado de oponer, y las pruebas de las que intente valerse, siendo de aplicación lo dispuesto en el Artículo 457.
El que haya sito citado por edictos deberá acreditar además en la rescisión: 1) Que por fuerza mayor no ha podido comparecer o que no ha podido tener noticia de la demanda. 2) Cuando habiendo conocido el interesado el domicilio del que debía citarse o emplazarse, hubiere hecho practicar la diligencia en la forma prescripta para el caso de ser incierto el domicilio.
La rescisión se sustanciará por el trámite establecido para los incidentes, en pieza separada y por ante el Juez o Tribunal de Primera o única Instancia que estuviere conociendo o hubiere conocido del pleito principal. En caso que el proceso sea de estructura monitoria, se tramitará juntamente con el trámite de ejecución de la sentencia monitoria, debiendo resolver el Juez si la misma es procedente o lo es la rescisión articulada. En todos los casos el Juez al sentenciar deberá merituar la conducta de los involucrados, aplicando las multas que pudieren corresponder conforme lo dispuesto en el Artículo 44 del presente código. La sentencia del incidente de rescisión será apelable con efecto suspensivo.
Deducida la rescisión en los términos prescriptos, se suspenderá la ejecución de la sentencia en rebeldía, a menos que el interesado diere fianza u otra garantía bastante a satisfacción del Juez de responder de lo que reciba, si se hace lugar a la rescisión.
Si se declarase admisible la rescisión, se retrogradará el juicio hasta el estado en que se hallaba a la fecha del impedimento o hasta el momento de la comisión del acto nulo.
La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. El Juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.
En los incidentes también regirá lo establecido en el artículo anterior. No se podrán iniciar nuevos incidentes por quien hubiere sido condenado al pago de las costas en otro anterior mientras no se satisfaga su importe si estuvieren firmes la imposición de costas y los honorarios, o los afiance suficientemente, en caso contrario. Si el estado del proceso no permitiere la regulación de honorarios, el Juez o Tribunal los determinará provisionalmente a este efecto, aplicando el mínimo del arancel, quedando a salvo el derecho del vencedor de practicar la liquidación provisoria a los fines regulatorios. Este requisito no será exigible hasta la finalización de la audiencia, en relación a los incidentes promovidos durante su curso. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concederá en efecto diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.
No se impondrán costas al vencido: 1) Cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación. 2) Cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados. 3) Cuando el actor o reconviniente se allane a la excepción de prescripción salvo en lo referido al Tributo Judicial que será a cargo del allanado. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.
En los procesos judiciales que se susciten entre el Estado Provincial y las Municipalidades, entre éstas entre sí o con empresas o entes autárquicos provinciales o municipales, o entre éstos entre sí, las costas se soportarán en el orden causado.
Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, incluyendo el allanamiento parcial, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el Juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.
El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia y lo hubiese consignado en tiempo oportuno. Si no hubiese existido dicha admisión o si ambas partes incurrieren en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo precedente. No se entenderá que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de cuentas o cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un veinte por ciento.
Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado respecto de quienes celebraron el avenimiento; en cuanto a las partes que no lo suscribieron, se aplicarán las reglas generales. Si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora injustificada. Exceptúase, en todos los casos, lo que pudieren acordar las partes en contrario. Declarada la perención de la primera instancia, las costas del juicio deberán ser impuestas por el orden causado, en tanto las del incidente se regirán por lo dispuesto en el Artículo 67.
El mandatario o patrocinante que por su exclusiva culpa o negligencia causare un daño a su mandante en juicio, deberá responder por ellos previo juicio de responsabilidad profesional que deberá iniciar su mandante a tales fines, todo ello sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 44 al mandatario en el ejercicio del mandato o al patrocinante, en el proceso donde hubiere actuado originariamente causando el daño.
Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, las costas del incidente serán soportadas conforme lo dispuesto en el Artículo 67 y las producidas por el procedimiento anulado serán a cargo de la parte que causó la nulidad desde el acto o la omisión que dio origen a ella. Los Jueces o Tribunales podrán imponer multas a los funcionarios, empleados judiciales, peritos u otros auxiliares de la justicia, cuando la nulidad de la resolución u otras actuaciones judiciales sea ocasionada por un grave actuar negligente en el ejercicio de sus funciones. En el caso de los funcionarios, empleados judiciales, peritos u otros auxiliares de la justicia, el importe de las multas no podrá exceder del triple del salario mínimo del escalafón judicial. La imposición de multas a los funcionarios y empleados será apelable con efecto suspensivo. El recurso deberá interponerse y fundarse en el plazo de cinco días, formando incidente que tramitará por separado sin suspender el curso del proceso con el escrito de apelación, copia de la resolución y de las piezas que el recurrente designe, elevándose sin más trámite al superior. Si las multas hubieren sido impuestas en la apelación, resolverá la Corte de Justicia.
En los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio ofreciere considerables diferencias, podrá el Juez distribuir las costas en proporción a ese interés.
Si de los antecedentes del proceso resulta que el demandado no dio motivo a la promoción del juicio y se allana dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo su obligación, las costas se impondrán al actor.
La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y su preparación, y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito mediante el cumplimiento de la obligación. Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles. Si los gastos fuesen excesivos, a pedido de parte, el Juez podrá reducirlos prudencialmente.
Los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo. No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos; pero no se admitirá si existiere un pacto entre el solicitante y el profesional o cualquier otro tercero por el que éstos participen en el resultado del pleito. Los Tribunales deberán tener especialmente en cuenta la situación patrimonial del peticionante en función de las exigencias económicas del proceso entablado o a entablarse para evaluar si la falta de medios invocados hace imposible o excesivamente gravosa la erogación requerida.
La solicitud deberá contener: 1) La mención de los hechos en que se fundare, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores. 2) La indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir con una relación sucinta del mimo. 3) Indicar el nombre y el domicilio del litigante contrario o quien haya de serlo. 4) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener los recursos. Se dará vista inicial del trámite al Agente Fiscal. Deberá acompañarse el nombre y dirección de los testigos propuestos, el interrogatorio a que se someterán los mismos y su declaración en los términos de los Artículos 403, primera parte, 404 y 406, firmada por ellos, y ratificada en los términos del Artículo 199, cuya ausencia dará lugar a la nulidad de lo actuado, con costas al solicitante. En la oportunidad prevista en el Artículo 80 el litigante contrario o quien haya de serlo y el Agente Fiscal, podrán solicitar la citación de los testigos para corroborar y/o ampliar su declaración, a cuyo efecto se fijará audiencia. La citación de los testigos será a cargo de quien ofreció el testimonio. Si no concurrieren, el testimonio será desechado.
El Juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad y citará al litigante contrario o a quien haya de serlo, y al Agente Fiscal, quienes podrán fiscalizarla y ofrecer otras pruebas dentro de los cinco días de la notificación. Cada parte deberá urgir la prueba ofrecida. Aunque las partes no lo solicitaren deberá requerirse informes del Registro Inmobiliario y del organismo recaudador fiscal del domicilio del solicitante, sobre la existencia de bienes inmuebles o automotores a su nombre.
Producida la prueba se dará traslado por cinco días comunes al peticionario, a la otra parte, y al agente fiscal. El traslado se notificará personalmente o por cédula. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el Juez resolverá acordando el beneficio total o parcialmente, o denegándolo. En el primer caso la resolución será apelable con efecto suspensivo. Si se comprobare la falsedad de los hechos alegados como fundamento de la petición del beneficio de litigar sin gastos, podrá imponerse al peticionario y solidariamente a su apoderado o letrado patrocinante una multa que se fijará en el doble del importe de la tasa de justicia que correspondiera abonar, con un mínimo de tres salarios básicos del poder judicial.
La resolución que denegare o acordare el beneficio no causará estado. Si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. La que lo concediere, podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se demostrare que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio. La impugnación se sustanciará por el trámite de los incidentes. La concesión del beneficio solicitado antes o al promover la demanda abarcará todas las etapas del juicio. Si se lo pidiera o reiterara con posterioridad a la demanda, no obstará al cumplimiento de las obligaciones emergentes de la actividad procesal anterior por parte del peticionario.
Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y sellado de actuación. Éstos serán satisfechos, así como las costas, en caso de denegación. El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el proceso principal, salvo que así lo solicite el actor al momento de su interposición. No se llamará autos para sentencia en el proceso principal sin que existiere resolución firme en el beneficio de litigar sin gastos o se hubiere satisfecho la totalidad del Tributo Judicial correspondiente.
El que obtuviere el beneficio estará exento, total o parcialmente del pago de las costas o gastos judiciales desde que formuló su presentación y hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Los profesionales podrán exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas y a su cliente, en el caso y con la limitación señalada en este artículo.
La representación y defensa del beneficiario será asumida por el defensor oficial, salvo si aquél deseare hacerse patrocinar o representar por Abogado o Procurador de la matrícula. En este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera podrá hacerse por acta labrada ante el secretario.
A pedido del interesado, el beneficio podrá hacerse extensivo para litigar contra otra persona en el mismo juicio, si correspondiere, con citación de ésta.
Antes de la notificación de la demanda el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte, siempre que: 1) No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra. 2) Correspondan a la competencia del mismo Juez. 3) Puedan sustanciarse por los mismos trámites.
Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título, o por el objeto, o por ambos elementos a la vez. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Tribunal, hasta antes de ordenar la producción de la prueba, podrá disponer el desglose de las pretensiones para su tramitación por separado, sin perjuicio de la acumulación que ordenare al momento de resolver.
Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si así no sucediere, el Juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al litigante o litigantes omitidos.
Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien: 1) Acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio. 2) Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio.
En el caso del Inciso 1 del artículo anterior, la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviere prohibido a ésta. En el caso del Inciso 2 del mismo artículo, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales.
El pedido de intervención se formulará por escrito, con los requisitos de la demanda, en lo pertinente. Con aquél se presentarán los documentos y se ofrecerán las demás pruebas de los hechos en que se funde la solicitud. Se conferirá traslado a las partes y, si hubiese oposición, se la sustanciará en una sola audiencia. La resolución se dictará dentro de los diez días. Será inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniegue será apelable con efecto suspensivo en el caso del Artículo 94, y sin efecto suspensivo en los demás.
En ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso.
El actor en el escrito de demanda, y el demandado dentro del plazo para contestar la demanda podrán solicitar la citación de aquél a cuyo respecto, tengan una acción regresiva de resultar vencidos, o medie conexidad entre la relación controvertida en el proceso y otra relación existente entre el tercero y alguna de las partes originarias. Del pedido se correrá traslado por cinco días que será notificado por cédula. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el Juez resolverá admitiendo o denegándolo. La citación se hará por un plazo igual al conferido al demandado para contestar la demanda, en la forma dispuesta por los Artículos 301 y siguientes; debiendo ser activada por el peticionante en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del pedido. Una vez citado el tercero asumirá la calidad de parte, debiendo contestar la citación dentro del plazo que le fuere fijado observando las normas establecidas en los Artículos 318 y 295. El tercero tendrá las mismas facultades y deberá cumplir con las mismas cargas que los litigantes principales.
La citación de un tercero suspenderá el procedimiento hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiere señalado para comparecer.
En cualquier estado del juicio, ante la probabilidad de fraude o colusión en el proceso, el Tribunal de oficio o a pedido de parte o del ministerio público ordenará la citación de las personas que pudieren ser perjudicadas para que hagan valer sus derechos, pudiéndose a tal fin suspender el proceso hasta por cuarenta días.
Será inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniegue será apelable sin efecto suspensivo. En todos los supuestos, después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, la sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales. Será ejecutable la resolución contra el tercero si al sustanciarse el pedido de intervención el actor hubiere solicitado su condena, salvo que en oportunidad de formular el pedido de intervención o de contestar la citación, según el caso, se hubiese alegado fundadamente, la existencia de defensas y/o derechos que no pudiesen ser materia de debate y decisión en el juicio.
Las tercerías deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante. La de dominio deberá deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor derecho, antes de que se pague al acreedor. Si el tercerista dedujere la demanda después de diez días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abonará las costas que originare su presentación extemporánea, aunque correspondiere imponer las del proceso a la otra parte por declararse procedente la tercería.
No se dará curso a la tercería si quien la deduce no probare, con instrumentos fehacientes o en forma sumaria, la verosimilitud del derecho en que se funda. No obstante, aún no cumplido dicho requisito, la tercería será admisible si quien la promueve diere fianza para responder de los perjuicios que pudiere producir la suspensión del proceso principal. Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se fundare en título que hubiese poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera. No se aplicará esta regla si la tercería no hubiese sido admitida sólo por falta de ofrecimiento o constitución de la fianza.
Si la tercería fuese de dominio, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se suspenderá el procedimiento principal, a menos que se trate de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irrogaren excesivos gastos de conservación, en cuyo caso, el producto de la venta quedará afectado a las resultas de la tercería. El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo dando garantía suficiente de responder al crédito del embargante por capital, intereses y costas en caso de que no probare que los bienes embargados le pertenecen. La garantía se limitará al valor de los bienes, si el de éstos fuere notoriamente inferior al monto del crédito.
Si la tercería fuese de mejor derecho, previa citación del tercerista, el Juez podrá disponer la venta de los bienes, suspendiendo el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo si se otorgare fianza para responder a las resultas de la tercería. El tercerista será parte de las actuaciones relativas al remate de los bienes.
La demanda por tercería deberá deducirse contra las partes del proceso principal y se sustanciará por el trámite del juicio ordinario o de los incidentes, según lo determine el Juez atendiendo a las circunstancias. Esta resolución será irrecurrible. El allanamiento y los actos de admisión realizados por el embargado no podrán ser invocados en perjuicio del embargante.
Deducida la tercería, el embargante podrá pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se adopten otras medidas precautorias necesarias.
Cuando resulte probada la connivencia del tercerista con el embargado, el Juez ordenará, sin más trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia penal e impondrá al tercerista, al embargado o a los profesionales que los hayan representado o patrocinado, o a todos ellos en la medida de su participación, las sanciones disciplinarias que correspondan. Asimismo podrá disponer la detención del tercerista y del embargado hasta el momento en que comience a actuar el Juez en lo penal.
El tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio u ofreciendo sumaria información sobre su posesión, según la naturaleza de los bienes. Del pedido se dará traslado al embargante, que deberá notificarse por cédula. Si se deduce después de diez días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo, abonará las costas que origina su presentación, aunque correspondiere imponerlas a la parte que trabó indebidamente la medida o se opuso a levantarla. La resolución será apelable sin efecto suspensivo cuando haga lugar al desembargo, salvo que el embargante preste caución suficiente que fijará el Tribunal, en la providencia que concede el recurso, en cuyo caso procederá con efecto suspensivo. Si lo denegara, el interesado podrá deducir directamente la tercería, cumpliendo los requisitos exigidos por el Artículo 99.
Tanto el actor como el demandado podrán pedir la citación de evicción; el primero, al deducir la demanda; el segundo, dentro del plazo para la contestación de la demanda. La resolución se dictará sin sustanciación previa. Sólo se hará lugar a la citación si fuere manifiestamente procedente. La denegatoria será recurrible sin efecto suspensivo.
El citado será notificado en la misma forma y plazo establecidos para el demandado. No podrá invocar la improcedencia de la citación, debiendo limitarse a asumir o no la defensa. Si no la ejerciere, su responsabilidad se establecerá en el juicio que corresponda.
La citación solicitada oportunamente suspenderá el curso del proceso durante el plazo que el Juez fije. Será carga del citante activar las diligencias necesarias para el conocimiento del citado.
Si el citado no comparece o habiendo comparecido se resistiere a asumir la defensa, el juicio proseguirá con quien pidió la citación, salvo los derechos de éste contra aquél. Durante la sustanciación del juicio, las dos partes podrán proseguir las diligencias para obtener la comparecencia del citado. Si éste se presenta, tomará la causa en el estado en que se encuentre.
Si el citado asume la defensa podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación, en el carácter de litisconsorte.
Si el citado pretende, a su vez, citar a su causante, podrá hacerlo en los primeros cinco días de haber sido notificado, sin perjuicio de la carga de proseguir el proceso por sí. En las mismas condiciones, cada uno de los causantes podrá requerir la citación de su respectivo antecesor. Será admisible el pedido de citación simultánea de dos o más causantes. Será ineficaz la citación que se hiciere sin la antelación necesaria para que el citado pueda comparecer antes de la sentencia de primera instancia.
El ejercicio de la acción subrogatoria u oblicua, no requerirá autorización judicial previa y se ajustará al trámite que prescriben los artículos siguientes.
Antes de conferir traslado al demandado, se citará al deudor por el plazo de diez días, durante el cual éste podrá: 1) Formular oposición, fundada en que ya ha interpuesto la demanda o en la manifiesta improcedencia de la subrogación. Esta oposición no impedirá las medidas cautelares o conservatorias que solicitare el actor, si correspondieren. 2) Interponer la demanda, en cuyo caso se le considerará como actor y el juicio proseguirá con el demandado. En este último supuesto, así como cuando el deudor hubiese ejercido la acción con anterioridad, el acreedor podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el primer apartado del Artículo 91.
Aunque el deudor al ser citado no ejerza ninguno de los derechos acordados en el artículo anterior, podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el segundo apartado del Artículo 91. En todos los casos, el deudor subrogado podrá ser llamado a absolver posiciones y reconocer documentos.
La sentencia hará cosa juzgada en favor o en contra del deudor citado, haya o no comparecido.
En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba intervenir o prestar declaración, el Juez o Tribunal designará por sorteo un traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.
Cuando para dictar resolución se requiriese informe o certificado previo del Secretario, el Juez lo ordenará verbalmente. El informe podrá ser también evacuado en forma verbal, en cuyo caso se hará constar en la respectiva providencia.
Solo podrá peticionarse mediante simple anotación en el expediente firmada por el solicitante la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos, agregación de pruebas, entrega de edictos y, en general, que se dicten providencias de mero trámite.
Para la redacción de los escritos regirán las normas que dicte la Corte de Justicia. Requerirán sin embargo la firma autógrafa de quien los presenta, y en caso que dicha reglamentación permitiere la utilización de medios electrónicos, su firma digital en las condiciones que establece para ella la ley de fondo. Deberá abonar cada una de las partes el tributo judicial que corresponda coetáneamente a su presentación, no proveyéndose escrito o petición alguna mientras el sellado judicial de ley no se encuentre completo.
Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado, el secretario, el fedatario o notario habilitado deberán certificar que el firmante, cuya identidad certificarán en forma, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él.
De todo escrito del que deba darse traslado, de sus contestaciones y de los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidente, o constituir nuevo domicilio, y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas y legibles como personas en calidad de partes intervengan, salvo que hayan unificado representación o patrocinio. Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al presentante sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante el Juez que autoriza el Artículo 37, último párrafo, si no fuere suplida la omisión dentro de los dos días siguientes a los de la notificación por ministerio de la ley de la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior. Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados que intervengan en el juicio. Deberán conservarse ordenadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas a la parte interesada, su apoderado o letrado que intervengan en el juicio, con nota de recibo. Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, se dejará constancia de esa circunstancia. La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse las copias reservadas en secretaría.
No será obligatorio acompañar la copia de documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el Juez, a pedido formulado en el mismo escrito. En tal caso el Juez arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias. Cuando con una cuenta se acompañaren libros, recibos o comprobantes, bastará que éstos se presenten numerados y se depositen en la secretaría para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos. En el caso de acompañarse expedientes administrativos, deberá ordenarse su agregación o reserva en secretaría sin el requisito exigido en el Artículo 121.
Cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado. En su defecto será de aplicación el Artículo 427 Apartado 2.
El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el secretario, o el encargado de mesa de entradas. La Corte de Justicia podrá disponer que la fecha y hora de presentación de los escritos se registre con fechador mecánico electrónico o Informático. En este caso, a falta de otro resguardo de seguridad, el cargo quedará integrado con la firma o certificado digital del funcionario o agente responsable interviniente a continuación de la constancia del fechador. A quien lo solicite, se le dará constancia, en copia del escrito y documentación, de su presentación, con mención de día, hora y copias.
Las audiencias, salvo disposición expresa en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas: 1) Serán públicas bajo pena de nulidad, pero el Tribunal podrá resolver, aun de oficio, que total o parcialmente, se realicen a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral, el orden público, la seguridad o el derecho a la intimidad. La resolución, que será fundada, se hará constar en el acta. Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso al público. No tendrán acceso a la sala de audiencias los menores de dieciocho años, los condenados y procesados por delitos reprimidos con pena corporal, los dementes y los ebrios. Por razones de orden, higiene, moralidad o decoro el Tribunal podrá ordenar también el alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria, o limitar la admisión a un determinado número. 2) Serán señaladas con anticipación no menor de cinco (5) días y notificadas con una anticipación no menor de dos (2), salvo por razones especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución. En este último caso, la presencia del Juez o Tribunal podrá ser requerida el día de la audiencia. Se deberán fijar las fechas de las audiencias con la mayor contigüidad posible, a efectos de procurar la continuidad del proceso y la identidad del órgano jurisdiccional. Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación, salvo que ello resultare imposible. 3) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra. 4) Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta minutos, transcurridos los cuales podrán retirarse dejando constancia en el libro de asistencia. 5) El secretario levantará acta dejando constancia escrita de los comparecientes, haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes. El acta será firmada por el secretario, las partes, sus letrados y demás comparecientes salvo, cuando alguna de ellas no hubiera querido o podido firmar; en este caso, deberá consignarse esa circunstancia. Las partes podrán pedir copia del acta. El Juez firmará el acta cuando hubiera presidido la audiencia. 6) Las audiencias de prueba serán documentadas por el Tribunal. Si éste así lo decidiere y contare con los medios apropiados, la documentación podrá efectuarse por cualquier medio tecnológico o informático disponible. Ésta se realizará en doble ejemplar, uno de los cuales se certificará y conservará adecuadamente hasta que la sentencia quede firme; el otro ejemplar quedará a disposición de las partes para su consulta. Las partes que aporten su propio material tendrán derecho a constancias similares en la forma y condiciones de seguridad que establezca la Corte de Justicia. Los Tribunales de alzada, en los casos de considerarlo necesario para la resolución de los recursos sometidos a su decisión podrán requerir la presentación y trascripción o los elementos de reproducción de la documentación, en su caso, dentro del plazo que fijen al efecto a la parte que propuso el medio de prueba de que se trate o a la que el propio Tribunal decida, si la prueba fuere común. 7) En las condiciones establecidas en el inciso anterior, el Tribunal podrá decidir la documentación de las audiencias de prueba por cualquier otro medio técnico, ya sea que se lo disponga de oficio o a pedido de parte, en cuyo caso deberá solicitarse con anticipación suficiente.
Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la secretaría, bajo la responsabilidad de los Abogados, apoderados, peritos o escribanos, en los casos siguientes: 1) Para alegar de bien probado, expresar agravios o fundar recursos extraordinarios. 2) Para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de contabilidad; verificación y graduación de créditos; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas. 3) Cuando el Juez lo dispusiere por resolución fundada. En los casos previstos en los dos últimos incisos, el Juez fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos y en el del primero, podrá limitarlo cuando se requiera para posibilitar igual derecho de las demás partes del proceso. En todos los casos la entrega del expediente se hará bajo recibo, a cuyo efecto el actuario dejará constancia en el libro o en un sistema informático. La violación de ésta norma se considerará falta grave del funcionario o empleado responsable.
Si vencido el plazo no se devolviese el expediente, quien lo retiró será pasible de una multa cuyo importe por cada día de retardo equivaldrá a medio día del salario menor del escalafón del empleado judicial, salvo que manifestase haberlo perdido, en cuyo caso se aplicará además, lo dispuesto en el Artículo 129, si correspondiere. El secretario deberá intimar su inmediata devolución a quien lo retenga, y si ésta no se efectúa, el Juez mandará secuestrar el expediente con el auxilio de la fuerza pública; sin perjuicio de remitir los antecedentes al órgano disciplinario del ente o asociación profesional que corresponda y, en su caso, a la justicia penal.
Comprobada la pérdida de un expediente, el Juez ordenará su reconstrucción, que se efectuará en la siguiente forma: 1) El nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstrucción. 2) El Juez intimará a la parte actora o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que en el plazo de cinco días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder y correspondieren a actuaciones cumplidas en el expediente perdido. De ellas se dará traslado a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad y presenten, a su vez, las que tuvieren en su poder. En este último supuesto también se dará traslado a las demás partes por igual plazo. 3) El secretario agregará copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado que obren en los libros del juzgado o Tribunal, y recabará copias de los actos y diligencias que pudieren obtenerse de las oficinas o archivos públicos. 4) Las copias que se presentaren u obtuvieren serán agregadas al expediente por orden cronológico. 5) El Juez podrá ordenar, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considerare necesarias. Cumplidos los trámites enunciados dictará resolución teniendo por reconstruido el expediente.
Si se comprobase que la pérdida del expediente es imputable a alguna de las partes o a un profesional, éstos deberán satisfacer las costas de su reconstrucción y serán pasibles de una multa de hasta veinte veces aquéllas sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.
Toda comunicación dirigida a Jueces de jurisdicción provincial por otros del mismo carácter, se hará mediante oficio. Las dirigidas a Jueces nacionales o de otras provincias, por exhorto, salvo lo que establecieren los convenios sobre comunicaciones entre Magistrados. Podrán entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes, podrán expedirse o anticiparse telegráficamente, por fax, o por otros medios que la Corte de Justicia establezca por reglamentación. Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.
Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhorto. Tales comunicaciones, así como las que se reciban de dichas autoridades, se regirán por lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales y la reglamentación de superintendencia.
Las resoluciones judiciales quedarán notificadas por ministerio de la ley de la siguiente forma: a) Los días martes regirá para la Fuero Civil Comercial y de Minería, de Familia, de Menores, Comercial Especial y Contencioso Administrativo de todas las instancias. b) Los días miércoles para la Justicia de Paz Letrada. Procedimiento: 1) Si el día determinado en los Apartados a) y b) fuere feriado o se suspendieren los plazos judiciales por resolución de la Corte de Justicia, la notificación se producirá el día de nota siguiente que corresponda. 2) No se considerará cumplida esta notificación si el expediente no se encontrase a disposición del Letrado en Mesa de Entradas y se hiciere constar por éste tal circunstancia en un libro de asistencia que deberá llevarse a tal efecto. 3) Se considerará falta disciplinaria si el funcionario o agente responsable no mantuviere a disposición del Letrado litigante el libro mencionado. 4) Luego de que el profesional deje nota por segundo día de notificación correspondiente, ante la falta de disposición del expediente, la resolución que se dictare deberá serle notificada personalmente o por cédula; acreditada esta notificación, las subsiguientes continuarán conforme al régimen general. 5) La Corte de Justicia por Acuerdo General podrá instrumentar una metodología diferente a la anteriormente prevista para que se cumpla la notificación por Ministerio de la ley de conformidad a los avances y al desarrollo tecnológico que se instrumente. Asimismo, podrá establecer la implementación gradual del domicilio procesal electrónico, como también la notificación por medios electrónicos informáticos con el uso de firma digital practicada por los Juzgados y Tribunales Colegiados.
El retiro del expediente del juzgado por los apoderados, letrados patrocinantes o letrados autorizados con anterioridad por la parte o su apoderado en el expediente importará la notificación personal de todas las resoluciones dictadas hasta la fecha del retiro. El retiro de las copias de escritos o documentos por las personas mencionadas en el párrafo anterior, implica notificación personal del traslado que respecto del contenido de aquéllos se hubiera conferido.
En los casos en que este Código u otras leyes establezcan la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios: 1) Acta notarial. 2) Telegrama con copia certificada y aviso de entrega. 3) Carta-documento con aviso de entrega, carta certificada remitida con intervención notarial o notificación postal. 4) Medios electrónicos, informáticos o similares, conforme lo reglamente la Corte de Justicia. La notificación de los traslados de demanda, reconvención, citación de personas extrañas al juicio, la sentencia definitiva y todas aquellas que deban efectuarse con entrega de copias, se efectuará únicamente por cédula o acta notarial, sin perjuicio de la facultad reglamentaria concedida a la Corte de Justicia. Se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido en la pieza postal o telegráfica. La elección del medio de notificación se realizará por los letrados, sin necesidad de manifestación alguna en las actuaciones. Fracasada una diligencia de notificación no será necesario solicitar el libramiento de una nueva para reiterarla, incluso por otro medio. Los gastos que causen las notificaciones integrarán la condena en costas.
Sólo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones: 1) La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones. 2) La que dispone los traslados de las excepciones; de la prescripción si fuere opuesta como defensa de fondo; de la oposición del demandado en los procesos monitorios o de ejecución y, en su caso, de la del legitimado contra el pedido de satisfacción inmediata de una pretensión. 3) La que designa audiencia inicial, cuando el Juez la hubiera fijado, o en su defecto la que abre la causa a prueba, ordena la producción de la prueba y el plazo para producirlas. 4) La que declara la cuestión de puro derecho salvo que ello ocurra en la audiencia inicial. 5) Las que se dictan entre el llamamiento para la sentencia y ésta. 6) Las que ordenan intimaciones, la reanudación de plazos suspendidos, aplica correcciones disciplinarias, hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento. 7) La providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada, o tenga por efecto la reanudación de plazos suspendidos. 8) La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los Tribunales, o haya estado paralizado o fuera de secretaría más de tres meses. 9) Las que disponen traslados de liquidaciones o su impugnación. 10) La que dispone la citación de personas extrañas al proceso. 11) Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley señala para su cumplimiento. 12) Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, y sus aclaratorias. 13) La resolución que denegare el recurso extraordinario. 14) El cambio del Juez, la integración del Tribunal o la radicación de la causa estando pendiente el dictado de una sentencia interlocutoria o definitiva; toda resolución del Juez al intervenir por primera vez en el proceso; y en los Tribunales colegiados, la primera dictada después de cualquier modificación de su integración, modificación que deberá ser indicada juntamente con la resolución. 15) La que dispone el traslado del pedido de perención de la instancia. 16) La providencia que dispone el traslado a las partes para alegar. 17) Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley. 18) La providencia o resolución que se dicte luego de que cualquiera de las partes hubieren dejado nota por segunda vez por no encontrarse los autos a disposición en Mesa de Entradas. No se notificarán mediante cédula las decisiones dictadas en la audiencia inicial a quienes se hallaren presentes o debieron encontrarse en ella, ni las providencias simples que tiendan al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución para la parte que las hubiera solicitado cuando fueren consecuencia inmediata del pedido. Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho. Deberán devolverlo dentro de las veinticuatro horas, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. Las partes podrán convenir por escrito que deberá ser presentado en el expediente, que las notificaciones de las resoluciones judiciales que se dicten se notifiquen por cédula. Este convenio hace inaplicable en el juicio la notificación ficta prevista en el Artículo 132. Fuera de los supuestos previstos en éste artículo, las notificaciones se harán con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 132.
La cédula y los demás medios previstos en el Artículo 134 contendrán: 1) Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste. 2) Juicio en que se practica. 3) Juzgado y secretaría en que tramita el juicio. 4) Transcripción de la parte pertinente de la resolución. 5) Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta. En las notificaciones de traslados y vistas, deberán acompañarse las copias de los escritos o documentos que corresponda. En este caso, como en cualquier otro supuesto en que se acompañen copias, la pieza deberá contener detalle preciso de aquéllas.
La cédula y los otros instrumentos previstos como medios de notificación serán suscriptos por el letrado patrocinante de la parte que tenga interés en la notificación, o por el síndico, tutor o curador "ad litem", en su caso, quienes deberán aclarar su firma con el sello correspondiente. La presentación del documento al que se refiere esta norma en la secretaría u oficina de Tribunales que corresponda, u oficina de correo, o el requerimiento al notario importará la notificación de la parte patrocinada o representada. Deberán ser firmadas por el secretario o su sustituto legal las cédulas que notifiquen embargos, medidas precautorias, entrega de bienes o modificación de derechos, y las que correspondan a actuaciones en que no intervenga letrado patrocinante. El Juez podrá ordenar que el secretario suscriba las cédulas cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia.
Las cédulas se entregarán al organismo, funcionario o empleado encargado de su notificación dentro de las veinticuatro horas de ser presentadas, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de superintendencia. La demora en la agregación de las cédulas se considerará falta grave del encargado de hacerlo según la reglamentación de superintendencia de la Corte de Justicia. Cuando la diligencia deba cumplirse fuera de la ciudad asiento del Tribunal, una vez selladas, se devolverán en el acto y previa constancia en el expediente, al letrado o apoderado.
En los juicios relativos al estado y capacidad de las personas, cuando deba practicarse la notificación en el domicilio, las copias de los escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación de ambas, así como las de otros escritos cuyo contenido pudiere afectar el decoro de quien ha de recibirlas, serán entregadas bajo sobre cerrado. Igual requisito se observará respecto de las copias de los documentos agregados a dichos escritos. El sobre será cerrado por personal de secretaría, con constancia de su contenido, el que deberá ajustarse a lo dispuesto en la última parte del Artículo 136.
Si la notificación se hiciere en el domicilio, el encargado de practicarla dejará al interesado copia del instrumento, haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.
Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.
La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el encargado de mesa de entradas o quien cumpla tales funciones. Tal modo importará la notificación de todas las actuaciones anteriores. En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniere en el proceso como apoderado, letrado patrocinante o autorizado en los términos del Artículo 133, estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el Artículo 135. Si no lo hicieran, previo requerimiento que les formulará el encargado de mesa de entrada o su sustituto, o si el interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario.
Cuando se notifique mediante carta documento o telegrama con aviso de recepción, la fecha de notificación será la de la constancia de la entrega al destinatario. Si se entrega en día u hora inhábil, el plazo pertinente comenzará su curso a partir del primer día y hora hábil subsiguiente. Quien suscriba la notificación por pieza postal o telegráfica deberá agregar a las actuaciones copia de la pieza impuesta y la constancia de entrega. En la notificación por carta remitida con intervención notarial, el escribano autorizante deberá certificar la identidad de la copia que se agrega al expediente con la enviada, y la pieza remitida de modo que se relacione de manera indubitable con la constancia de entrega. La notificación que se practique por telegrama contendrá las enunciaciones esenciales de la cédula, y la copia presentada al expediente deberá ser autorizada por la agencia postal Estas notificaciones sólo serán válidas cuando se realicen por el Correo Oficial.
Se realizará por carta certificada con aviso de recepción hecha por duplicado y en forma que permita su cierre y emisión sin sobre. Un ejemplar se entregará al Correo Oficial para su expedición y otro será agregado al expediente con nota circunstanciada que firmará al letrado interesado o el secretario, según corresponda por el Artículo 137, certificando haberse expedido por vía postal una pieza del mismo tenor, la que identificará relacionándola de modo indubitable con el aviso de entrega, que se agregará también a los autos y determinará la fecha de notificación. Para la parte interesada, valdrá la fecha de remisión de la pieza, y si el envío hubiese de hacerse por el secretario, deberá notificarse previamente. No se dará curso a ningún reclamo o impugnación de esta notificación si no se presenta la pieza entregada según el acuse de recibo, salvo que el motivo de la impugnación surgiera de las constancias de autos. Esta advertencia y la de tratarse de una notificación judicial, debe figurar consignada en caracteres notables en dicha pieza. El gasto que demande el despacho de estas notificaciones será soportado o adelantado, en su caso, por el interesado y formará parte de las costas del proceso.
Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso la parte deberá previamente acreditar en forma sumaria acompañando informe de la Policía Provincial y Secretaría Electoral Nacional que ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar.
La publicación de los edictos se hará en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuere conocido, o en su defecto, del lugar del juicio, y se acreditará mediante la agregación al expediente del primero y último ejemplar de la publicación. A falta de diarios en los lugares precedentemente mencionados, la publicación se hará en la localidad más próxima que los tuviera, y el edicto se fijará, además, en la tablilla del juzgado y en los sitios que aseguraren su mayor difusión. Salvo en el proceso sucesorio, cuando los gastos que demandare la publicación fueren desproporcionados con la cuantía del juicio, sólo se podrá prescindirá de los edictos si existieren circunstancias extraordinarias que hicieren necesaria la promoción del juicio, en cuyo caso la notificación se practicará en la tablilla del juzgado.
Los edictos contendrán, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con trascripción sumaria de la resolución. El número de publicaciones será el que en cada caso determine este Código. La resolución se tendrá por notificada el día siguiente de la última publicación.
En todos los casos en que este Código autoriza la publicación de edictos, a pedido del interesado y a su costa, el Juez podrá ordenar que aquellos se anuncien por radiodifusión o televisión. Las transmisiones se harán en el modo y por el medio que determine la reglamentación de la superintendencia. La diligencia se acreditará agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora o de televisión, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica o televisiva.
Cuando los Tribunales, las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, informáticos, digitales y/o multimediales, que permitan el envío y la recepción de escritos, documentos o notificaciones, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido, y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el acuse de recibo que proceda.- Por este medio podrán notificarse todas las resoluciones que prevé el Artículo 135, salvo la notificación del traslado de la demanda o de la reconvención, citación para absolver posiciones y la sentencia. Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar al Tribunal el hecho de disponer de los medios antes indicados y constituir un domicilio procesal electrónico. La Corte de Justicia establecerá y reglamentará el régimen de comunicaciones procesales digitales, cuando se satisfagan las exigencias previstas precedentemente. En los procesos en que se aplique esta disposición no regirá el sistema de notificaciones establecido en el Artículo 132.
Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores siempre que la irregularidad fuere grave e impidiere al interesado cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica. El pedido de nulidad tramitará por incidente, aplicándose la normas del Artículo 177 y siguientes. Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. En todos los casos el funcionario o empleado que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurrirá en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable.
Fin del texto
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