Abriendo la norma
Ley provincial 1.210 · 2026
Régimen Integral de Promoción del desarrollo económico y del empleo.
La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de Ley:
Crear el "Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE)", como marco normativo destinado al ordenamiento, sistematización y promoción de políticas de desarrollo económico y empleo en la provincia de San Luis.-
El presente Régimen tiene por objeto el fomento de la inversión y la generación de empleo en el territorio de la provincia de San Luis, mediante la implementación de instrumentos de promoción económica.-
El presente Régimen comprende las actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios, así como toda otra actividad económica desarrollada o a desarrollarse en el territorio de la provincia de San Luis.-
El presente Régimen se rige por los siguientes principios: a) Desarrollo territorial equitativo y sustentable: orientación de las inversiones y actividades económicas conforme a la planificación estratégica y las políticas de desarrollo federal y sustentable de la Provincia; b) Estabilidad y previsibilidad: estabilidad normativa y previsibilidad en la aplicación del Régimen; c) Desarrollo del empleo: promoción de la conservación, generación y acceso al empleo formal en la Provincia; d) Encadenamiento productivo: integración de las cadenas de valor provinciales y vinculación entre los distintos actores económicos, favoreciendo el desarrollo económico local; e) Política fiscal: orientación de la política fiscal del Estado Provincial como herramienta para promover el desarrollo económico y la generación de empleo.-
Declarar la promoción del desarrollo económico y del empleo como política de Estado de la provincia de San Luis, en cuyo marco se promoverán condiciones de estabilidad, previsibilidad normativa y seguridad jurídica en la aplicación del presente Régimen, a fin de favorecer la inversión y el desarrollo de actividades económicas en la Provincia.-
A los efectos de la presente Ley, se entiende por: a) Actividad económica: toda actividad destinada a la producción, transformación, distribución y/o comercialización de bienes y/o a la prestación de servicios, desarrollada o a desarrollarse en el territorio de la provincia de San Luis; b) Nueva inversión: la instalación de una nueva unidad de negocio en la Provincia, la ampliación y/o reconversión de una existente; c) Proyecto de inversión: el conjunto de acciones, inversiones y compromisos presentados por los sujetos comprendidos en el Artículo 7º de la presente Ley para el desarrollo de actividades económicas en el territorio provincial; d) Encadenamiento productivo: la articulación entre unidades económicas radicadas en la Provincia que participen en procesos de producción, provisión, comercialización o prestación de servicios, generando agregado de valor y desarrollo económico local; e) Puesta en marcha: la culminación de la etapa de construcción, instalación, montaje, pruebas o actividades similares requeridas para la operatividad y funcionamiento de la unidad de negocio del proyecto, habilitando el inicio de su etapa comercial o de explotación.-
Podrán acogerse a los beneficios del presente Régimen las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, así como otras formas organizativas que desarrollen o proyecten desarrollar actividades comprendidas en el Artículo 3º en el territorio de la provincia de San Luis.-
Crear el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones, al que podrán acceder los sujetos que presenten un proyecto de inversión en los términos del Artículo 45 de la presente Ley. La Reglamentación establecerá los criterios de admisión, verificación y acreditación de la inversión comprometida en el proyecto.-
Exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas. Los beneficiarios que adhieran al presente Programa podrán acceder a exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas. La exención se aplicará conforme a la siguiente escala: a) Del año 1 al año 5: CIEN POR CIENTO (100%); b) Del año 6 al año 10: SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%); c) Del año 11 al año 15: CINCUENTA POR CIENTO (50%). La exención será aplicable, en el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sobre los ingresos generados por la nueva inversión. La Reglamentación establecerá el mecanismo de atribución de los ingresos generados por la nueva inversión cuando la misma no revista una unidad de negocio independiente del resto de las actividades desarrolladas por el contribuyente en la Provincia. En el caso del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas, la exención alcanzará a los inmuebles y automotores directamente afectados al proyecto. La aprobación del proyecto y el otorgamiento de la exención serán dispuestos por Decreto del Poder Ejecutivo. La puesta en marcha del proyecto será otorgada por la Autoridad de Aplicación previa acreditación del cumplimiento de los compromisos asumidos por el beneficiario. La exención será operativa desde la puesta en marcha del proyecto e importará, asimismo, la exclusión de los regímenes de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia por el término de UN (1) año, prorrogable. La Reglamentación establecerá las condiciones para el mantenimiento, control y pérdida del beneficio.-
Exención del Impuesto de Sellos y de Tasas Administrativas. Quedarán exentos del pago del Impuesto de Sellos y de Tasas Administrativas todos los actos, contratos, instrumentos, trámites y actuaciones administrativas vinculados con los proyectos aprobados en el marco del presente Programa. La exención tendrá vigencia desde la fecha de aprobación del proyecto hasta su efectiva puesta en marcha. En caso de que ésta no se produzca, el beneficiario deberá abonar los tributos oportunamente eximidos, con más los intereses, recargos y multas que correspondan, calculados desde el vencimiento de las respectivas obligaciones. La Reglamentación establecerá las condiciones para el mantenimiento, control y pérdida del beneficio.- Sección II Programa de Incentivos Fiscales
Crear el Programa de Incentivos Fiscales, al que podrán acceder los sujetos que presenten un proyecto de inversión en los términos del Artículo 45 de la presente Ley, el que deberá contemplar una inversión mínima equivalente a DOS (2) veces los impuestos provinciales devengados durante los DOCE (12) meses inmediatos anteriores a su presentación. La puesta en marcha del proyecto no podrá exceder el año desde su aprobación. La Reglamentación establecerá los criterios de admisión, verificación y acreditación de la inversión comprometida en el proyecto.-
Los beneficiarios que adhieran al presente Programa podrán acceder a un Crédito Fiscal equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los impuestos provinciales que se devengarán en su condición de contribuyente de la Provincia durante los DOCE (12) meses siguientes a la aprobación del Proyecto. El Crédito Fiscal tendrá carácter nominativo e intransferible y podrá ser utilizado exclusivamente por su titular para la cancelación de obligaciones tributarias provinciales.-
La aprobación del proyecto será otorgada mediante Decreto del Poder Ejecutivo, en el que se fijará el importe del Crédito Fiscal provisorio que el beneficiario podrá utilizar en los DOCE (12) meses siguientes a su dictado. Dicho importe será estimado en función de las obligaciones fiscales devengadas por el beneficiario en los últimos DOCE (12) meses y de las inversiones comprometidas en el proyecto presentado. Transcurridos los DOCE (12) meses desde la aprobación del Proyecto, la Autoridad de Aplicación evaluará el cumplimiento de los compromisos asumidos y determinará el importe definitivo del Crédito Fiscal calculado sobre el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los impuestos provinciales efectivamente devengados durante dicho período. En el mismo acto se determinará la diferencia entre el importe del Crédito Fiscal provisorio utilizado por el beneficiario para la cancelación de tributos y el importe definitivo del Crédito Fiscal. En caso de que el Crédito Fiscal provisorio utilizado por el beneficiario resulte mayor al importe del Crédito Fiscal definitivo, el beneficiario deberá ingresar la diferencia, con más los intereses y accesorios correspondientes desde la fecha en que se produjo la utilización en exceso. En caso de que el Crédito Fiscal provisorio utilizado resultare menor al Crédito Fiscal definitivo, el beneficiario podrá utilizar el saldo resultante para los impuestos que se devenguen en los períodos siguientes hasta su total agotamiento. La Dirección Provincial de Ingresos Públicos establecerá los procedimientos operativos a los fines de la utilización de los créditos fiscales.-
El Decreto de aprobación del proyecto presentado en el marco del presente Programa implicará para el beneficiario la exclusión de los regímenes de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia, por el plazo de UN (1) año contado a partir de la fecha de su dictado.- Sección III Exención a la Actividad Industrial
Eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los contribuyentes que desarrollen actividades industriales en la Provincia y cumplan con los requisitos y condiciones previstos en la presente Sección. Quedará comprendido en la exención lo efectivamente producido en la Provincia, con exclusión de las ventas que, conforme la Ley Impositiva Anual, sean consideradas ventas al por menor. El beneficio alcanzará a la actividad industrial que desarrolle el contribuyente en su conjunto, con independencia de las modificaciones, ampliaciones o diversificaciones que se produzcan. La exención será otorgada por Decreto del Poder Ejecutivo y será operativa desde la puesta en marcha del Proyecto.-
Para acceder a la exención prevista en esta Sección, los contribuyentes deberán presentar un proyecto de inversión en los términos del Artículo 45 de la presente Ley. En el caso de empresas que ya se encuentren radicadas en la Provincia al momento de la sanción de esta Ley, la Autoridad de Aplicación podrá considerar las inversiones realizadas con anterioridad. Las empresas que hubieren sido beneficiarias de la Ley Nº VIII-0501-2006 y que, a esa fecha hubieran perdido el beneficio, quedarán comprendidas en este último supuesto. En todos los casos, la Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos y procedimientos para el acceso a los beneficios, la fecha a partir de la cual dichas inversiones serán consideradas válidas y, en su caso, la metodología de actualización aplicable.-
El beneficiario deberá definir anualmente los compromisos a asumir en cuanto a personal, inversión, producción y generación de círculos virtuosos. El mantenimiento de la exención quedará sujeto a la definición anual de los compromisos y su posterior cumplimiento. El compromiso anual deberá prever como mínimo: a) Conservar el personal existente y/o incorporar nuevos trabajadores conforme a las necesidades de la actividad y a un cronograma de incorporación; b) Promover la generación de círculos virtuosos en la economía provincial mediante la vinculación con proveedores y clientes radicados en la Provincia, fomentando el encadenamiento productivo; c) Cumplir con los parámetros y relaciones cuantitativas que disponga la Autoridad de Aplicación entre las opciones de compromisos mínimos a asumir. La omisión en la definición de los compromisos anuales o el incumplimiento de los mismos hará perder al beneficiario la exención por el o los períodos anuales pertinentes debiendo abonar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos más sus intereses y accesorios correspondientes. El restablecimiento de la exención será otorgado por Decreto del Poder Ejecutivo en el que se definirán los compromisos anuales asumidos por el beneficiario. La Autoridad de Aplicación reglamentará el procedimiento aplicable para aquellos supuestos en los que, por razones objetivas, debidamente acreditadas, derivadas de caso fortuito, fuerza mayor, retracción o caída general de la actividad correspondiente al ramo industrial de que se trate, o cualquier otra circunstancia ajena a la responsabilidad del beneficiario, se produjeren incumplimientos de carácter coyuntural y transitorio respecto de los compromisos asumidos, estableciendo asimismo los márgenes razonables de tolerancia y aceptación de tales incumplimientos.-
Los contribuyentes que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, sean beneficiarios del régimen de exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos previsto en la Ley Nº VIII-0501-2006, mantendrán dicho beneficio en los términos de la presente Sección, debiendo solicitar a la Autoridad de Aplicación su incorporación al régimen establecido por esta Ley. Cuando la exención de la que gozare el contribuyente alcanzare únicamente una parte de la actividad industrial desarrollada en el territorio provincial, en los términos del Artículo 15, podrá solicitar su extensión al resto de las actividades industriales no alcanzadas y radicadas en el territorio provincial, mediante la declaración de las mismas, sin necesidad de presentar un nuevo proyecto de inversión, quedando excluidas las ventas consideradas al por menor. La exención será otorgada mediante Decreto del Poder Ejecutivo.-
Los sujetos alcanzados por la presente Sección podrán solicitar el acceso al Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones o al Programa de Incentivos Fiscales establecido en esta Ley. En este último supuesto, podrán adicionar los importes adeudados en planes de pago vigentes, cualquiera fuere el período al que correspondan, a los efectos de la determinación de la inversión mínima prevista en el Artículo 11 y del Crédito Fiscal regulado en los Artículos 12 y 13.- Sección IV Alivio Fiscal
Transformación de Saldos a Favor en Crédito Fiscal Transferible. Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sean contribuyentes directos o comprendidos en el Convenio Multilateral con sede en la provincia de San Luis, que hubieran declarado saldos a favor al 31 de mayo de 2026, podrán solicitar su conversión en certificados de crédito fiscal hasta el 31 de marzo de 2027, plazo que podrá ser prorrogado por SEIS (6) meses. Dicho crédito podrá alcanzar hasta un máximo del OCHENTA POR CIENTO (80%) del saldo a favor declarado, conforme a los límites, condiciones y procedimientos que establezca la Reglamentación. El certificado de Crédito Fiscal será nominativo, podrá ser utilizado por el propio contribuyente o transferido a terceros, y sólo podrá aplicarse a la cancelación de obligaciones tributarias provinciales cuyo vencimiento hubiera operado con anterioridad al 31 de mayo de 2026. A los efectos del presente Artículo, no se considerarán las declaraciones juradas originales o rectificativas presentadas con posterioridad al 31 de mayo de 2026 que impliquen el incremento del saldo a favor declarado.-
Los beneficiarios del Programa de Incentivos Fiscales podrán, además de lo previsto en el Artículo anterior, aplicar los certificados de Crédito Fiscal allí regulados a la cancelación de obligaciones tributarias provinciales que se devenguen durante los DOCE (12) meses siguientes a la aprobación del Proyecto.-
Régimen de Bloqueo Fiscal para Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Establecer un régimen especial de bloqueo fiscal por el término de CINCO (5) años contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley, aplicable a los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sean contribuyentes directos o comprendidos en el Convenio Multilateral con sede en la provincia de San Luis, con exclusión de los agentes de retención, percepción y/o recaudación. En el marco del presente Régimen, la fiscalización del citado tributo se limitará a los últimos DOS (2) períodos fiscales. Cuando de las verificaciones realizadas surjan diferencias inferiores al DIEZ POR CIENTO (10%) respecto de la base imponible declarada, del impuesto determinado o del impuesto a pagar, se presumirá la exactitud de las declaraciones juradas no fiscalizadas y operará el bloqueo fiscal. Cuando las diferencias detectadas excedieran el porcentaje previsto en el párrafo anterior, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos podrá extender la fiscalización a los períodos no prescriptos. En tal caso, la Dirección podrá optar por determinar las obligaciones de dichos períodos, aplicándoles de manera proporcional los desvíos detectados en los períodos fiscalizados.-
Régimen de Facilidades de Pago y Regularización Fiscal. Establecer un régimen de planes de facilidades de pago aplicable a las deudas tributarias provinciales, incluidas aquellas correspondientes a agentes de retención, percepción y/o recaudación, así como a sus multas, recargos y demás accesorios, vinculados a obligaciones adeudadas con una antigüedad superior a DOS (2) meses, conforme a las condiciones que establezca la Reglamentación. Se encuentran alcanzadas por el presente régimen las obligaciones que hayan sido o no intimadas, se encuentren en proceso de determinación o sumarial, recurridas en cualquiera de las instancias administrativas y/o judiciales, debatidas ante la Comisión Arbitral o la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, cuestionadas ante la Comisión Federal de Impuestos, o sometidas a juicio de apremio y/o a cualquier otro proceso judicial, en cualquiera de sus etapas procesales, así como aquellas comprendidas en procesos de concurso preventivo o quiebra. Los contribuyentes podrán optar por la cancelación de contado de la deuda, en cuyo caso gozarán de una reducción del DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el monto adeudado. En ningún caso la reducción podrá implicar una deuda inferior al capital adeudado. Asimismo, podrán acceder a planes de financiación en hasta TRES (3), DOCE (12), VEINTICUATRO (24) y TREINTA Y SEIS (36) cuotas, con las siguientes condiciones: a) Hasta TRES (3) cuotas: sin entrega inicial y sin interés de financiación; b) Más de TRES (3) y hasta DOCE (12) cuotas: con entrega del DIEZ POR CIENTO (10%) y reducción del SETENTA POR CIENTO (70%) del interés de financiación; c) Más de DOCE (12) y hasta VEINTICUATRO (24) cuotas: con entrega del DIEZ POR CIENTO (10%) y reducción del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del interés de financiación; d) Más de VEINTICUATRO (24) y hasta TREINTA Y SEIS (36) cuotas: con entrega del DIEZ POR CIENTO (10%) y reducción del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del interés de financiación. Las cuotas de los planes de financiación y las obligaciones correspondientes a los pagos de contado podrán cancelarse mediante créditos fiscales otorgados en el marco del Programa de Incentivos Fiscales y/o mediante certificados de Crédito Fiscal originados en la conversión de saldos a favor regulado en el Artículo 20 de la presente. La Dirección Provincial de Ingresos Públicos establecerá las condiciones operativas para la implementación del presente régimen. El plazo de acogimiento vencerá el 31 de marzo de 2027, pudiendo ser prorrogado mediante Resolución de dicha Autoridad.-
Establecer que, en los padrones del Impuesto Inmobiliario en los que durante el año 2026 se hubieren incorporado construcciones o mejoras sin haberse cumplido en tiempo y forma con las obligaciones previstas en el Artículo 162 de la Ley Nº VI-0490- 2005 (Código Tributario Provincial), y que no registren deuda exigible al 31 de diciembre de 2026, la determinación del tributo, con dichas incorporaciones, se efectuará únicamente a partir del ejercicio fiscal 2026. Para el resto de los contribuyentes, la determinación se realizará respecto de los períodos no prescriptos, conforme a la normativa vigente.-
Exención de Obligación de Rectificación de Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los contribuyentes que hubieran liquidado el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con los beneficios establecidos en los Artículos 17 y 18 de las Leyes Impositivas Nº VIII-0254-2024 y Nº VIII-0254- 2025, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2025 y 2026, sin haber cumplido los requisitos para acceder a ellos o mantenerlos, podrán regularizar su situación en los supuestos y bajo los requisitos que se establecen a continuación: a) Cuando el contribuyente no hubiere solicitado el beneficio en los términos del primer párrafo del Apartado 1 de los Artículos 17 y 18 de las leyes citadas, deberá efectuar dicha solicitud antes del 31 de diciembre de 2026 mediante Clave Fiscal, con la presentación del Formulario Electrónico correspondiente, el que operará como declaración jurada informativa; b) Cuando el contribuyente no hubiere presentado y/o pagado el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el plazo previsto en el Apartado 2 de los Artículos 17 y 18 de la Ley Nº VIII-0254-2024, se considerará presentado y/o pagado en tiempo y forma -a los fines de mantener el beneficio-, cuando la presentación y/o pago se hubiere efectuado hasta el último día del mes subsiguiente al que operó el vencimiento de cada anticipo que se declaró y/o liquidó con el beneficio respectivo; c) Cuando los ingresos anuales totales del contribuyente correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025 hubieren superado el límite establecido en el Apartado 3-a) del Artículo 18 de la Ley Nº VIII-0254-2024, se considerará que no excedieron dicho tope si los ingresos anuales totales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024 -gravados, no gravados o exentos, sin considerar la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA)- no superaron la suma de PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($300.000.000).- Sección V Incumplimiento y Pérdida de Beneficios
El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o compromisos exigidos para el otorgamiento o mantenimiento de los beneficios establecidos en el presente Capítulo dará lugar a la pérdida total o parcial de los mismos, la cual será declarada por la Autoridad de Aplicación, conforme el procedimiento que establezca la Reglamentación. En tal caso, el beneficiario deberá reintegrar los importes efectivamente utilizados en concepto de créditos fiscales, exenciones o demás beneficios tributarios otorgados, con más los intereses, multas y accesorios que correspondan, calculados conforme la normativa tributaria vigente. Asimismo, podrá aplicarse una multa de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto actualizado de los beneficios indebidamente usufructuados, sin perjuicio de las acciones legales que pudieren corresponder.-
Quienes se acojan a la presente Ley e incorporen a su nómina de personal, bajo el régimen laboral legal vigente, a personas comprendidas en el Régimen de Inclusión Social (Ley Nº I-0001-2022), podrán acceder a un subsidio al empleo consistente en un aporte económico por cada persona incorporada, equivalente al monto del beneficio social vigente que ésta perciba al momento de su alta. La incorporación del trabajador deberá representar un incremento neto del plantel laboral del empleador. En ningún caso podrá implicar el reemplazo de personal existente. El subsidio tendrá carácter temporal, excepcional y decreciente, conforme al siguiente esquema: a) Durante el primer año, hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del beneficio social vigente; b) Durante el segundo año, hasta el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del beneficio social vigente durante el primer semestre, y hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) durante el segundo semestre. El empleador beneficiario deberá dar cumplimiento a la normativa laboral, previsional y de la seguridad social vigente, incluyendo las condiciones salariales establecidas en los convenios colectivos de trabajo aplicables, no pudiendo sustituir ni absorber el beneficio social como parte de la remuneración. El aporte económico previsto en el presente Artículo no tendrá naturaleza salarial ni generará relación laboral entre el Estado Provincial y/o los empleadores y/o las personas comprendidas en el Régimen de Inclusión Social. Durante la vigencia de la relación laboral, la persona incorporada suspenderá la percepción del beneficio social de origen. En caso de desvinculación laboral, la persona desvinculada podrá reingresar al Régimen de Inclusión Social y el empleador beneficiario podrá solicitar su reemplazo por otra persona comprendida en dicho régimen, conforme lo establezca la Reglamentación. Finalizado el período de subsidio, el empleador beneficiario asumirá íntegramente el costo laboral del trabajador incorporado, extinguiéndose el derecho al beneficio previsto en el presente Artículo.- Sección II Incumplimiento y Pérdida del Subsidio
El incumplimiento de los requisitos, condiciones u obligaciones previstos en el presente Capítulo dará lugar a la caducidad del subsidio al empleo y a la pérdida de los beneficios pendientes de percepción. Cuando proceda el reintegro de las sumas percibidas, el empleador beneficiario deberá restituirlas con más los intereses que correspondan, desde la fecha de su percepción. Asimismo, el empleador beneficiario podrá ser inhabilitado para acceder a nuevos beneficios previstos en el presente Régimen, por el plazo que determine la Autoridad de Aplicación, en función de la gravedad del incumplimiento, su reiteración y el perjuicio ocasionado, conforme a los criterios que establezca la Reglamentación. La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento aplicable para la verificación del incumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieran corresponder.-
A los efectos del presente Régimen, el Poder Ejecutivo podrá destinar los bienes inmuebles del dominio privado del Estado Provincial a la promoción de inversiones y actividades económicas, en el marco de la planificación estratégica y de las políticas de desarrollo y generación de empleo en la Provincia.-
El Poder Ejecutivo podrá desafectar los inmuebles del dominio público cuando se verifique la pérdida de su afectación específica o cuando los mismos no resulten necesarios para el cumplimiento del fin público al que estuvieren destinados.-
Revisión de Situaciones de Ocupación en Inmuebles Fiscales. Respecto de permisos precarios, ocupaciones transitorias o tenencias no consolidadas de inmuebles fiscales comprendidos en el presente Régimen, el Poder Ejecutivo dispondrá un proceso de revisión y regularización. A tales efectos, se distinguirán las siguientes situaciones: a) Cuando no hubiere operado la puesta en marcha del proyecto: deberá acreditarse la ocupación o tenencia del inmueble, y podrán presentarse, en el plazo que establezca la Reglamentación, propuestas de regularización compatibles con los objetivos del presente Régimen; b) Cuando hubiere operado la puesta en marcha del proyecto: deberá acreditarse la antigüedad de la ocupación, la actividad desarrollada y el cumplimiento de la normativa fiscal y laboral aplicable. En función de la inversión realizada, el empleo generado y el impacto socioeconómico del Proyecto, el Poder Ejecutivo podrá disponer, mediante acto fundado, la regularización y el otorgamiento del inmueble bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 33, o bien la caducidad o revocación del derecho. Quedan excluidos de las disposiciones del presente Artículo los inmuebles comprendidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), los que se regirán por el régimen jurídico específico que les resulte aplicable.-
Encomendar al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Fiscalía de Estado, la promoción de acuerdos con los titulares de inmuebles comprendidos en procesos expropiatorios, otorgándole prioridad a los acuerdos en que el expropiado presente un proyecto de inversión compatible con los objetivos del presente Régimen.- Sección II Modalidades de Otorgamiento
Los inmuebles del dominio privado del Estado Provincial podrán otorgarse mediante las siguientes modalidades: a) Concesión de uso; b) Locación; c) Comodato; d) Derecho real de superficie; e) Venta; f) Cualquier otro instrumento jurídico compatible con los objetivos de la presente Ley. En los supuestos de concesión de uso, locación y comodato, los plazos serán de hasta VEINTE (20) años. En los restantes supuestos, los plazos se ajustarán a los máximos previstos en la legislación nacional de fondo aplicable. Las condiciones de otorgamiento, requisitos y procedimientos aplicables a cada modalidad serán establecidas por la Reglamentación, conforme a su naturaleza jurídica y finalidad.- Sección III Venta
Autorización y Procedimiento de Venta de Inmuebles Fiscales para el Desarrollo Económico. Autorizar al Poder Ejecutivo a vender los bienes inmuebles del dominio privado del Estado Provincial con destino al desarrollo de actividades económicas. La venta podrá realizarse mediante licitación pública, subasta pública, iniciativa privada o concurso de proyectos. Asimismo, podrá recurrirse al procedimiento de venta directa cuando existan razones de urgencia, circunstancias sociales o económicas, o razones de interés público debidamente acreditadas que así lo justifiquen, así como cuando hubieren fracasado los procedimientos previstos precedentemente. El valor base para la venta se determinará en función de la tasación oficial que será realizada por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, conforme lo establecido en la Ley Nº V-0123-2004, la que deberá incluir el valor del terreno, sus construcciones, accesorios, instalaciones y demás bienes adheridos al mismo, incluidos los bienes muebles en caso de que resultare conveniente su venta conjunta. La Autoridad de Aplicación podrá suplir la participación de dicha Dirección, encomendando la tarea a colegios profesionales provinciales u otros organismos técnicos especializados, a través de convenios que podrá realizar para tal fin. El precio de venta podrá ser bonificado y financiado. A tal fin, la Autoridad de Aplicación establecerá el porcentaje de bonificación y/o las condiciones de su financiación, bajo criterios de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa en función del impacto económico, productivo y social que genere el Proyecto. La Reglamentación establecerá los procedimientos de venta en los que quien pretenda adquirir el inmueble deba presentar un proyecto de inversión. Cuando, además, solicite acceder a los beneficios previstos en el Título II, Capítulo I, Secciones I, II y III, deberá presentar un proyecto de inversión con las formalidades exigidas por el Artículo 45 de la presente Ley. En los casos previstos en el Artículo 31, la Autoridad de Aplicación podrá considerar las inversiones realizadas con anterioridad al otorgamiento del inmueble, conforme a las condiciones que establezca la Reglamentación. La escritura traslativa de dominio se formalizará una vez acreditado el cumplimiento de los compromisos asumidos por el adquirente y verificado el pago total del precio de venta o constitución de hipoteca en primer grado en garantía del saldo.-
El producido derivado de las modalidades de otorgamiento previstas en el Artículo 33 se destinará a la ejecución de infraestructura productiva y/o social, a fondos de garantía y a programas de financiamiento de actividades económicas del sector privado, en el marco de las políticas de desarrollo económico y empleo de la provincia de San Luis. Dichos recursos no podrán afectarse al financiamiento del gasto público corriente del Estado.- Sección IV Incumplimiento y Restitución de Inmuebles
El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o compromisos que hubieren dado origen al otorgamiento del inmueble bajo cualquiera de las modalidades de uso previstas en el presente Régimen dará lugar a la extinción del derecho otorgado y a la obligación de restituir el inmueble al Estado Provincial. Asimismo, según corresponda a la naturaleza jurídica de la relación, importará la resolución del contrato, la caducidad del acto administrativo o la extinción del derecho real que le hubiere dado origen. En todos los casos, la restitución del inmueble deberá efectuarse libre de ocupantes y de derechos constituidos a favor de terceros, sin perjuicio de las mejoras que correspondan y de lo previsto en el instrumento de otorgamiento. En los supuestos de venta, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adquirente facultará al Poder Ejecutivo a declarar operada la resolución del contrato de compraventa por aplicación de las cláusulas resolutorias allí previstas, a hacer efectivas las garantías constituidas y a disponer la restitución del inmueble al dominio privado del Estado Provincial, conforme la legislación aplicable. La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento aplicable para la verificación del incumplimiento.-
El Poder Ejecutivo implementará instrumentos destinados a facilitar el acceso al financiamiento de los proyectos comprendidos en el presente Régimen, pudiendo a tal efecto: a) Establecer líneas de crédito de fomento destinadas a impulsar actividades, sectores productivos y de servicios; b) Promover el acceso al financiamiento de los proyectos comprendidos en el presente Régimen; c) Facilitar la reconversión de empresas; d) Conceder subsidios para la bonificación de tasas de financiamiento; e) Establecer plazos de gracia destinados a promover mecanismos de recuperación económica; f) Otorgar subsidios para financiar programas de capacitación de personal que contribuyan a la competitividad empresarial. Las acciones enumeradas precedentemente tienen carácter meramente enunciativo y no taxativo, pudiendo la Autoridad de Aplicación incorporar otras de naturaleza análoga. A tal fin, podrá articular programas y acciones, así como suscribir convenios con entidades financieras públicas o privadas, organismos de crédito, fondos de garantía, organismos multilaterales y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), o los que en el futuro los sustituyan o reemplacen. Asimismo, la Autoridad de Aplicación coordinará la implementación de los instrumentos previstos en el presente Régimen con otros programas, políticas o regímenes vigentes o futuros, a efectos de asegurar su complementariedad y optimizar los recursos públicos destinados al desarrollo económico, productivo y social provincial.-
Facultar al Poder Ejecutivo a crear, constituir, integrar o participar en fondos de garantía, fideicomisos, fondos de respaldo crediticio y/o cualquier otro instrumento financiero equivalente, de carácter público, privado o mixto, en el marco de la legislación nacional vigente. Dichos instrumentos tendrán por objeto garantizar total o parcialmente operaciones de crédito, inversiones y necesidades de financiamiento de los proyectos alcanzados por el presente Régimen, pudiendo complementar los demás instrumentos previstos en la presente Ley.-
Autorizar las adecuaciones, reestructuraciones y modificaciones presupuestarias necesarias para la constitución, integración y funcionamiento de los instrumentos previstos en la presente Ley.-
Los fondos de garantía, fideicomisos, instrumentos financieros y demás mecanismos creados en el marco del presente Régimen, así como los actos, contratos y operaciones directamente vinculados a su constitución, administración, funcionamiento y liquidación, estarán exentos del pago de tributos, tasas, contribuciones y demás gravámenes provinciales que correspondan, en los términos y condiciones que establezca la Reglamentación.- Sección II Incumplimiento y Pérdida de los Beneficios Financieros
El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o compromisos asumidos por los beneficiarios que accedan a financiamiento, garantías o subsidios financieros en el marco del presente Capítulo dará lugar a la pérdida de los beneficios otorgados. En tal caso, el beneficiario deberá reintegrar los fondos percibidos, con más los intereses y accesorios que correspondan. Asimismo, se producirá la caducidad de los beneficios financieros pendientes de otorgamiento o desembolso.- El incumplimiento podrá dar lugar, además, a la suspensión o exclusión del beneficiario del acceso a futuros instrumentos financieros previstos en el presente Régimen, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieran corresponder.-
A los efectos del presente Régimen, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (S.A.P.E.M.), las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.) pertenecientes al Estado Provincial y los Entes Descentralizados, Desconcentrados o Autárquicos de Estado Provincial podrán participar en alianzas estratégicas con personas humanas o jurídicas del sector privado. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a disponer la transformación de los Entes comprendidos en el Artículo 133 de la Ley Nº VIII-0256-2004 y de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.) pertenecientes al Estado Provincial, en Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (S.A.P.E.M.), a fin de propiciar la incorporación de capital privado, garantizando la continuidad de las relaciones laborales existentes al momento de la transformación y el respeto de los convenios colectivos de trabajo vigentes. Las alianzas previstas en el presente Artículo podrán instrumentarse mediante convenios, acuerdos de cooperación, esquemas de gestión conjunta, asociaciones u otras formas jurídicas compatibles con la normativa vigente. A requerimiento de cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo deberá informar, dentro de un plazo no mayor a TREINTA (30) días corridos desde la recepción de la solicitud, las transformaciones societarias dispuestas en el marco del presente Artículo.-
Autorizar al Estado Provincial y a sus organismos, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, a adquirir bienes producidos en el territorio provincial, mediante compulsa de precios o contratación directa, con el fin de promover el desarrollo económico y proteger el empleo local.-
Institucionalizar las Mesas Sectoriales como espacios estables de diálogo, participación e intercambio entre el Estado Provincial y el sector privado. Su objeto principal es el diseño, la planificación y la ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo económico sostenible, la atracción de inversiones, el incremento de la competitividad y la protección del empleo en el territorio provincial. Las Mesas Sectoriales funcionarán en los siguientes sectores de la economía provincial: a) Industria, Logística, Comercio Exterior y Energías Renovables; b) Ganadería, Agricultura y Agroindustria; c) Turismo, Esparcimiento, Industrias Culturales y Comercio; d) Minería y Mineroindustria; e) Frutihorticultura y Producción Familiar; f) Apícola; g) Industrias de Base Tecnológica, Industria del Conocimiento y de la Inteligencia Artificial. La Autoridad de Aplicación queda facultada para modificar, unificar o ampliar los sectores enunciados precedentemente, debiendo considerar la realidad socioeconómica y productiva de la Provincia de ese momento. Las Mesas Sectoriales estarán integradas por representantes del sector público provincial, sector privado, organizaciones no gubernamentales, entidades académicas y organismos científicos y tecnológicos que se encuentren vinculados de forma directa o indirecta con la actividad económica de cada sector.-
Las personas comprendidas en el Artículo 7º de la presente Ley que pretendan acceder a los beneficios establecidos en el Título II, Capítulo I, Secciones I, II y III, deberán presentar un proyecto de inversión vinculado a alguna de las actividades previstas en el Artículo 3º. Los proyectos deberán definir los compromisos a asumir en materia de inversión, empleo, producción y vinculación con actores económicos provinciales, y cumplir con los requisitos de admisibilidad, plazos, documentación y demás condiciones que establezca la Reglamentación.-
Los proyectos de inversión serán evaluados a fin de verificar la relación entre los beneficios solicitados, los compromisos asumidos y su impacto en la economía provincial, conforme al espíritu y finalidades del presente Régimen. Asimismo, se analizará su viabilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamentación. En la evaluación se considerarán especialmente los siguientes criterios: a) El monto de la inversión; b) La conservación y/o generación de empleo; c) El impacto en la economía provincial. La evaluación estará a cargo de la Autoridad de Aplicación, la que podrá requerir la intervención de las áreas competentes y, de ser necesario, de un Comité Evaluador constituido a tal efecto.-
En los casos en que la Autoridad de Aplicación lo considere procedente, recomendará, mediante propuesta fundada, la aprobación del proyecto y el otorgamiento de los beneficios solicitados. La aprobación del proyecto, el otorgamiento de los beneficios y la incorporación del beneficiario al presente Régimen se formalizarán mediante Decreto del Poder Ejecutivo.-
Los beneficios previstos en el presente Régimen serán compatibles entre sí, con excepción de los establecidos en el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones y en el Programa de Incentivos Fiscales, los cuales serán excluyentes entre sí respecto de un mismo sujeto y proyecto, no pudiendo acumularse.-
Los beneficios fiscales, promocionales o económicos otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley conservarán su validez y se mantendrán hasta su extinción, conforme a las condiciones bajo las cuales fueron otorgados, no afectándose los derechos adquiridos en virtud de regímenes anteriores.-
Los sujetos comprendidos en regímenes provinciales, nacionales o interjurisdiccionales de promoción de inversiones podrán acceder a los beneficios previstos en el presente Régimen, en tanto se respeten las reglas de compatibilidad establecidas en la presente Ley.-
La provincia de San Luis adhiere al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) previsto en el Título XXIII de la Ley Nacional Nº 27.802, en cuanto resulte compatible con el presente Régimen y en el marco de sus competencias constitucionales. La presente adhesión tiene por objeto establecer un marco de articulación institucional y compatibilidad entre el Régimen Nacional y el presente Régimen Provincial, sin implicar acumulación automática de beneficios, incentivos o ventajas de origen nacional y provincial.-
Los sujetos o proyectos comprendidos en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), podrán solicitar su incorporación al presente Régimen Provincial, conforme a las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley. La incorporación a los regímenes nacionales no generará derecho automático ni acumulación de beneficios provinciales, los que serán evaluados en forma independiente por la Autoridad de Aplicación.-
A los fines de la determinación de los beneficios vinculados a la generación de empleo previstos en la presente Ley, la regularización de relaciones laborales realizada en el marco del Título XXII de la Ley Nacional Nº 27.802 podrá ser considerada como generación de nuevos puestos de trabajo, en las condiciones y con los alcances que establezca la Reglamentación.-
El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación del presente Régimen, pudiendo designar a uno o más organismos de su dependencia, conforme a sus respectivas competencias.-
La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la implementación, administración, evaluación, seguimiento y control del presente Régimen. A tales fines, podrá: a) Dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para su aplicación; b) Establecer los procedimientos de presentación, evaluación, aprobación, seguimiento y control de los proyectos de inversión; c) Administrar los beneficios, instrumentos de promoción, financiamiento y asistencia previstos en la presente Ley; d) Requerir información, realizar verificaciones y efectuar controles sobre el cumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones y compromisos asumidos por los beneficiarios; e) Aplicar las medidas previstas en la presente Ley ante los supuestos de incumplimiento; f) Coordinar acciones y celebrar convenios con organismos públicos o privados vinculados a los objetivos del presente Régimen; g) Conformar, en caso de ser necesario, un Comité Evaluador de carácter consultivo, cuyos informes y recomendaciones tendrán carácter no vinculante; h) Ejercer toda otra facultad necesaria para el cumplimiento de los objetivos del presente Régimen.-
Facultar al Poder Ejecutivo a implementar políticas de simplificación y modernización en el ámbito de la Administración Pública Provincial, pudiendo a tal efecto unificar, modificar o suprimir trámites, requisitos, tasas y procedimientos administrativos, así como disponer su digitalización, automatización e interoperabilidad, con el objeto de mejorar la eficiencia y celeridad de la gestión pública.-
Invitar a los municipios de la provincia de San Luis a adherir al presente Régimen y a dictar normas complementarias, en el ámbito de sus respectivas competencias.-
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de la provincia de San Luis.-
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley.-
Derogar las Leyes Nº VIII-0239-2004, Nº VIII-0247-2004, Nº VIII-0501-2006, Nº VIII-0509-2006, Nº VIII-0564-2007, Nº VIII-0664-2009, Nº VIII-0780-2011, Nº VIII-0810-2012, Nº VIII-1050-2021, Nº VIII-1087-2022 y Nº VIII-1092-2022, en la parte en que estas se opongan a la presente Ley, así como toda otra ley que también lo hiciera. Quedan exceptuadas las Leyes Nº VIII-0246-2004 y Nº IX-0313-2004, cuyos regímenes serán compatibles con el establecido en la presente Ley, pudiendo aplicarse cualquiera de ellos, según corresponda en cada caso y de conformidad con sus respectivos requisitos, condiciones y procedimientos.-
Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-
Fin del texto
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