Abriendo la norma
Ley provincial 3.883 · 1990
Texto ordenado del código tributario de la provincia.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
Los impuestos, tasas, contribuciones, servicios establecidos por el Estado Provincial en ejercicio de facultades propias o en virtud de delegación, y los tributos en general, se regularán por las disposiciones de este Código y demás leyes tributarias especiales. Las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código, se aplicarán supletoriamente a las leyes tributarias especiales.
Ningún tributo puede ser creado, modificado o suprimido sino en virtud de ley. Solo la ley puede: a) Definir el hecho imponible; b) Indicar el contribuyente y, en su caso, el responsable del pago del tributo; c) Determinar la base imponible; d) Fijar la alicuota o el monto del tributo; e) Establecer exenciones y reducciones; f) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas penalidades; Las normas que regulan las materias anteriormente enumeradas no pueden ser integradas por analogía.
Todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica son admisibles para interpretar las disposiciones de este código y demás leyes tributaria especiales. Para los casos que no puedan ser resueltos con las disposiciones pertinentes de este Código o de una ley tributaria especial, se recurrirá en el orden que se establece a continuación: 1) A las disposiciones de este Código o de otra ley tributaria relativa a materia análoga, salvo lo dispuesto en artículo anterior; 2) A los principios de derecho tributario; 3) A los principios generales del derecho. Los principios del derecho privado podrán aplicarse supletoriamente respecto de este Código y demás leyes tributarias únicamente para determinar el sentido y el alcance propios de los conceptos, formas e institutos del derecho privado a que aquellos hagan referencia, pero no para la determinación de sus efectos tributarios. La aplicación supletoria establecida precedentemente, no procederá, cuando los conceptos, formas e institutos del derecho privado hayan sido expresamente modificados por este Código o la ley tributaria pertinente. En todas las cuestiones de índole procesal no previstas en este Código, serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
Para establecer la naturaleza de los hechos imponibles debe atenerse a los hechos, actos o circunstancias verdaderamente realizados. La elección por los contribuyentes de formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas es irrelevante a los fines de la aplicación del tributo.
La obligación tributaria nace al producirse el hecho, acto o circunstancia previsto en la Ley. Los medios o procedimientos para la determinación de la deuda revisten carácter meramente declarativo. La obligación tributaria es exigible aún cuando el hecho, acto o circunstancia que le haya dado origen tenga un motivo, un objeto o un fin ilegal, ilícito o inmoral.
Salvo disposición en contrario de este Código o leyes tributarias especiales, cuando la base imponible de un tributo esté expresada en moneda extranjera su conversión a moneda nacional se hará con arreglo al tipo de cambio oficial vigente al momento de verificarse el hecho imponible. Si la base imponible estuviera expresada en oro, la conversión se efectuará al tipo de cambio establecido por la legislación vigente al momento de verificarse el hecho imponible. Si no existiera tipo de cambio oficial se utilizará el precio en plaza del oro. En caso de existir distintos tipos de cambio oficiales, el Poder Ejecutivo establecerá el que deberá tenerse en cuenta.
Nota de Redacción Artículo DEROGADO por Artículo 2 de la Ley N. 4937.
Las normas tributarias que no señalen la fecha desde la cual entrará a regir, tienen vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. No tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. Las normas sobre infracciones y sanciones solo rigen para el futuro. Unicamente tendrán efecto retroactivo cuando eximan de sanción a los actos u omisiones punibles con anterioridad o establezcan una pena más benigna.
Los términos establecidos en este Código y leyes tributarias especiales, se computarán en la forma establecida por el Código Civil, a todos los efectos de la tributación. Los términos del proceso administrativo o judicial tributario se computarán solamente por días hábiles. En los casos de sanción de clausura, los plazos se computarán en días corridos, contados a partir del día siguiente a aquél en que la resolución quede firme. Cuando la fecha de vencimiento fijada por leyes, decretos o resoluciones para la presentación de las declaraciones juradas, pago de los impuestos, anticipos, recargos o multas, coincida con día no laborable, feriado o inhábil nacional, provincial o municipal, en el lugar donde deba cumplirse la obligación, el plazo establecido se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Salvo expresa mención en contrario, para el cálculo de los recargos que establece este Código y Leyes Tributarias especiales, se computará como mes completo a la fracción del mes. Los intereses que se apliquen sobre las deudas tributarias serán calculados en función del tiempo.
La Dirección Provincial debe ajustar sus decisiones a la real situación tributaria e investigar la verdad de los hechos y aplicar el derecho con independencia de lo alegado y aprobado por las partes, impulsando de oficio el procedimiento.
La Dirección Provincial carece de competencia para declarar la inconstitucionalidad de las normas tributarias, no siendo procedente la impugnación por tal causa de las mismas ante órganos administrativos fiscales. Los contribuyentes y responsables que se creyeren lesionados en su derecho por dicha causa, deberán deducir las acciones pertinentes ante la justicia de la Provincia, siempre que previamente se hubieran pagado las obligaciones fiscales, sus accesorios y multas.
Nota de Redacción Artículo DEROGADO por Art. 61 Ley N. 5129.
Para gozar de las exenciones previstas en este Código, los contribuyentes y/o responsables formularán los pedidos de exenciones por escrito ante la Dirección, acompañando las pruebas en que se funden sus derechos. El Director producirá dictamen que elevará al Poder Ejecutivo, quien resolverá sobre lo solicitado. Se evaluará en cada caso, la finalidad perseguida y la relevancia de las actividades desarrolladas por los sujetos solicitantes, pudiendo requerir el cumplimiento de condiciones en el acto que las declare. Declarada la exención por el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el presente, ésta regirá por el plazo que fije el Decreto que la declara y a partir del período fiscal anual correspondiente al de la fecha de notificación del Decreto. Las exenciones se extinguen por la abrogación o derogación de las normas que se establecen, por la expiración del término otorgado y por el fin de la existencia de las personas o entidades exentas. Las exenciones caducan por la desaparición de las circunstancias que las legitiman y por la comisión de defraudación fiscal por quien la goce. El Poder Ejecutivo podrá establecer otro trámite complementario o la sustitución del establecido en el presente artículo a los efectos de declarar las exenciones.
La persona que inicie , prosiga o de cualquier forma tramite expedientes relativos a materia regida por este Código, sea en representación de terceros o porque le compete en razón de oficio o investidura que le venga de la ley, deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten su personería.
Todas las funciones referentes a recaudación, fiscalización y determinación de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por este Código u otras leyes y, la aplicación de sanciones por infracciones fiscales, corresponden a la Dirección Provincial de Rentas, cuya organización será la que establezca la ley orgánica respectiva y la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.
La Dirección Provincial de Rentas, se denominará en este Código y demás leyes fiscales, Dirección o Dirección Provincial. El Ministerio de Hacienda y Obras Públicas se denominará también como Ministerio .
La Dirección puede dictar normas generales obligatorias, en cuanto a la forma y modo como deban cumplirse los deberes formales, las que regirán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. La Dirección deberá tomar las medidas pertinentes, a los fines de lograr la publicidad de las mismas por otros medios masivos de comunicación. La Dirección podrá además, dictar resoluciones generales interpretativas de las normas tributarias cuando así lo estimare conveniente o a solicitud de los contribuyentes y responsables o de cualquier entidad con personería jurídica. El pedido de tal pronunciamiento no suspenderá cualquier decisión que los funcionarios de la Dirección hayan de adoptar en casos particulares. Dentro del plazo de QUINCE (15) días de la fecha de publicación y de notificación de la resolución interpretativa, ésta podrá ser recurrida ante el Poder Ejecutivo de la Provincia, por cualquiera de las personas o entidades mencionadas en el párrafo anterior. Si no fuera recurrido o si el Poder Ejecutivo no hiciere uso de las facultades de revocarla o modificarla de oficio, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la resolución tendrá el carácter de norma general obligatoria. El Recurso deberá plantearse en el plazo estipulado, por escrito ante el Poder Ejecutivo Provincial, quien resolverá en definitiva.
Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección tiene, con los recaudos y limitaciones que establezca el Poder Ejecutivo, las siguientes facultades: 1) Solicitar o exigir, en su caso, la colaboración de los entes públicos, autárquicos o no y de los funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal; 2) Exigir de los contribuyentes o responsables, dentro del plazo que se establezca, la exhibición de los libros o instrumentos de los actos u operaciones que puedan constituir o constituyan hechos imponibles consignados en las declaraciones juradas; 3) Disponer inspecciones en todos los lugares donde se realicen actos o ejerzan actividades que originen hechos imponibles o se encuentren bienes que constituyan materia imponible, con facultad para revisar o incautarse libros , documentos y bienes del contribuyente, responsable o tercero; 4) Citar a comparecer a las oficinas de la Dirección al contribuyente, responsable o tercero o requerirles, informes o comunicaciones escritas o verbales, dentro del plazo que se les fije; 5) Requerir el auxilio de la fuerza pública o recabar orden de allanamiento y secuestro de la autoridad judicial competente, para efectuar inspecciones de libros, documentos, locales o bienes del contribuyente, responsable o terceros cuando estos dificulten su realización; 6) Las autoridades y organismos provinciales deberán retener todos los bienes, cosas, mercaderías, frutos o productos objeto de gravámenes en virtud de este Código, leyes fiscales especiales y Ley Impositiva, hasta que se pague o afiance el monto total de la obligación tributaria, su actualización, intereses, recargos y multas. 7) Cuando al deudor no se le conozcan bienes ejecutables o la deuda no exceda el monto que fija la Ley Impositiva Anual para este efecto, quedará a criterio del ente acreedor iniciar el juicio de apremio y en el caso de haberlo iniciado desistir de la acción. 8) Solicitar o exigir en su caso garantías reales o personales cuando se otorguen facilidades de pago para avalar el cumplimiento de las mismas. Facúltase a la Dirección a establecer los tipos de garantías que serán exigibles según los montos de las deudas. 9) Solicitar embargo preventivo por la cantidad que cierta o presumiblemente adeudan los contribuyentes o responsables y los jueces deberán decretarlo en el término de Veinticuatro horas (24 hs). Este embargo podrá ser sustituído por garantía real o personal suficiente y caducará si dentro del plazo de dos meses, la Dirección no iniciara el correspondiente juicio de ejecución fiscal. 10) Designar agentes de retención, percepción e información a personas físicas o jurídicas que estime corresponder por su vinculación con bienes, hechos, actos o contratos de los contribuyentes o responsables. Los agentes designados deberán actuar en la oportunidades, formas y condiciones que establezca la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. 11) Publicar cuando lo crea conveniente, la nómina de los contribuyentes y responsables de los tributos provinciales, indicando en cada caso los deberes formales que no hubieren cumplido y/o los pagos de los tributos provinciales que no hubieren efectuado. Asimismo queda facultada a publicar listados de contribuyentes a los cuales se les requiera el cumplimiento de deberes formales especiales a los efectos de su fiscalización. A los fines de la aplicación de este inciso, la publicación no será de aplicación el secreto fiscal. 12) Establecer procedimientos tendientes a incentivar y promover la colaboración directa o indirecta del público en general y de los contribuyentes en particular, para lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes y/o responsables. 13) Instrumentar procedimientos de incentivos de denuncias de situaciones fiscales irregulares siempre y cuando la Dirección Provincial no haya iniciado algún procedimiento de verificación o fiscalización con anterioridad a la fecha de la denuncia. 14) Exigir de los contribuyentes o responsables dentro del plazo que se establezca la exhibición de declaraciones juradas de impuestos nacionales presentadas ante la AFIP, declaraciones juradas presentadas ante el A.N.Se.S. y/o los organismos de recaudación tributarios públicos nacionales o provinciales. 15) Solicitar información de los contribuyentes o responsables referente a la actividad comercial, económica y financiera del contribuyente, tales como: montos de compra, remuneraciones de personal, números de cuenta corrientes, cajas de ahorro y otros depósitos con indicación de los bancos donde se hallan radicados, en el caso de sociedades: montos de los retiros de los socios, crédito y débito fiscal en el impuesto al valor agregado el que lo complemente o sustituya, nómina de proveedores y clientes y los montos de operaciones realizadas con éstos en un período dado. Los funcionarios de la Dirección levantarán en su caso un acta con motivo y en ocasión de las actuaciones que se originen en el ejercicio de las facultades mencionadas, la que podrá ser firmada por el o los interesados y servir de prueba en el procedimiento ante la Dirección. 16) Proceder de oficio a darle el alta a los contribuyentes que no se encuentren inscriptos en los impuestos provinciales y en virtud de información proporcionada por Organismos Nacionales o Federales (A.F.I.P., Sicom, Provincanje, Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y el Crédito Prendario, etc.) deberían estarlo y en su caso procederá a la liquidación de la deuda conforme la normativa vigente.
Todas las funciones y facultades atribuidas por este Código u otras leyes tributarias a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos serán ejercidas por el Director Provincial quien la representará ante los poderes Públicos, los contribuyentes y terceros. Dichas funciones y facultades podrán ser ejercidas por los funcionarios, empleados o entidades prestadoras de servicios profesionales conexos con la administración tributaria, a quienes el Director autorice, mediante resolución.
Sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria.
Son contribuyentes de los impuestos, tasas, contribuciones, servicios que preste el Estado Provincial y demás tributos, en tanto realicen los hechos, actos u operaciones, o se hallen en las situaciones que éste Código Tributario o las leyes fiscales especiales consideren como hechos imponibles los siguientes sujetos: 1) Las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el derecho privado; 2) Las sucesiones indivisas, en aquellos casos en que las normas tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible. 3) Las personas de existencia ideal, de carácter público o privado, y las simples asociaciones civiles o religiosas que revistan la calidad de sujetos de derecho. 4) Las entidades que no posean la calidad prevista en el apartado 3 anterior, los patrimonios destinados a un fin determinado, las Uniones Transitorios de Empresas, y las Agrupaciones de colaboración Empresaria. Las UTE y las ACE, regidas por la Ley N. 19.550 y sus modificatorias, así como las sociedades irregulares o no constituídas regularmente, deberán inscribirse a nombre de todos sus integrantes. 5) Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, Provincial o Municipal, así como las empresas estatales o mixtas.
Los contribuyentes conforme a las disposiciones de este Código o leyes tributarias especiales, y sus herederos de acuerdo al Código Civil, están obligados a pagar los tributos en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por intermedio de sus representantes voluntarios o legales y, a cumplir con los deberes formales establecidos en este Código o en leyes tributarias especiales.
Cuando un mismo hecho imponible se atribuya a dos o más personas o entidades, todas serán consideradas contribuyentes por igual y estarán obligadas solidaria e ilimitadamente al pago de la obligación tributaria, salvo el derecho del fisco de dividir la obligación a cargo de cada una de ellas. El hecho imponible atribuido a una persona o entidad, también será imputado a la persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de esas vinculaciones surja que ambas personas o entidades constituyen una unidad o conjunto económico, con el objeto de eludir en todo o en parte el cumplimento de las obligaciones tributarias. En este caso, también las partes involucradas en el conjunto responderán solidaria e ilimitadamente por el pago de la obligación. También se presumirá que existe vinculación económica y se extenderá la responsabilidad solidaria e ilimitada, salvo prueba en contrario en los siguientes casos: 1) Transferencias de mercaderías que integran el activo del contribuyente que excedan el giro normal de su operatoria e impliquen o puedan suponer el cese de sus actividades, el o los adquirentes de ellas serán considerados sucesores del enajenante. 2) Cuando hubiera cesado la actividad de algún contribuyente y la misma actividad se estuviera realizando, a nombre de otro contribuyente y este último tenga alguna relación comercial, vínculo de parentesco o haya mantenido una relación laboral de dependencia con el primero, será considerado sucesor del anterior contribuyente. 3) Cuando hubiera cesado la actividad comercial de algún contribuyente y posteriormente se encuentre otro contribuyente desarrollando la misma actividad o alguna vinculada en el mismo domicilio que el primero, será considerado sucesor del anterior contribuyente, salvo que demuestre que no ha tenido ningún tipo de relación, o hubieran transcurrido más de doce (12) meses entre el cese y la posterior alta. 4) Y en toda otra circunstancia que permita presumir que los contribuyentes han cesado en sus actividades y que están desarrollando las mismas actividades comerciales o similares, pero mediante otra denominación y/o forma societaria, y las mencionadas modificaciones se han realizado, entre otros fines, con el de eludir en todo o en parte el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Todas estas presunciones quedarán salvadas, siempre y cuando soliciten a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos la liquidación de la deuda y procedan a retener y/o abonar el importe informado ingresándolo a la orden del organismo recaudador. La Dirección Provincial de Ingresos Públicos expedirá el informe en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de que se le pongan todos los antecedentes registrales y documentales a su disposición para la determinación del crédito fiscal que pudiera hallarse impago. En caso de no constar con toda la documentación necesaria, que acredite dichas circunstancias o que posibilite la determinación de la deuda, la presunción persistirá hasta que se acompañen las mismas.
La solidaridad establecida en el artículo anterior tendrá los siguientes efectos: 1) La obligación podrá ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores a elección de la Dirección Provincial, sin perjuicio del derecho de demandar el cobro en forma simultánea a todos los deudores; 2) El pago en dinero efectuado por uno de los deudores libera a todos los demás; 3) La exención, condonación, remisión o reducción de la obligación tributaria libera o beneficia a todos los deudores, salvo que haya sido concedida u otorgada a determinada persona, en cuyo caso, la Dirección podrá exigir el cumplimiento de la obligación a los demás, con deducción de la parte proporcional del beneficiario; 4) La interrupción o suspención de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores, beneficia o perjudica a los demás.
Responsables son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes deben, por disposición de la Ley o del Poder Ejecutivo, cumplir con las obligaciones atribuidas a éstos.
Son responsables del pago de los tributos, accesorios, recargos y multas correspondientes a los contribuyentes, en la forma y la oportunidad que rija para estos o que expresamente se establezca para aquellos: 1. El cónyuge que administra, percibe y/o dispone los ingresos del otro; 2. Los padres, tutores y curadores de incapaces o inhabilitados total o parcialmente; 3. Los síndicos de las quiebras; los liquidadores de las quiebras; los representantes de las sociedades en liquidación; los albaceas y los administradores legales o judiciales de las sucesiones, y a falta de ellos los herederos o el cónyuge supérstite en forma indistinta; 4. Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean los representantes legales de los contribuyentes indicados en los puntos 3, 4 y 5 del Artículo 21. del Código Tributario de la Provincia de San Luis. 5. Los administradores del patrimonio, bienes o empresas que, en ejercicio de sus funciones, puedan liquidar las obligaciones tributarias a cargo de sus propietarios y pagar los tributos correspondientes; 6. Los mandatarios, respecto de los bienes que administran o disponen; 7. Las personas o entidades que hayan sido designadas agentes de retención, percepción o recaudación; 8. Los terceros que aún cuando no tuvieren deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión total o parcial de los tributos.
Los funcionarios públicos, magistrados y escribanos de Registro, son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas a los actos que autoricen en el ejercicio de sus respectivas funciones, a cuyo fin están facultados para retener o requerir de los contribuyentes o responsables los fondos necesarios.
Cuando los Escribanos Públicos de Registro y los Jueces de Paz de la Provincia, certifiquen firmas en los documentos mencionados en el Artículo 252 y no se haya acreditado fehacientemente que por los vehículos incluídos en los mismos no se regístra deuda, serán solidariamente responsables del pago del Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas, sus intereses, recargos, multas y correspondiente actualización. Se eximirá el escribano o Juez de Paz de su responsabilidad solidaria dejando fotocopia firmada del libre deuda o instrumento pertinente por el contribuyente y que exhibirá cuando le sea requerido. De esta actuación dejará constancia en el libro de certificación de firma.
Los responsables mencionados en los dos artículos precedentes están obligados solidariamente con el contribuyente al pago de la deuda tributaria de este ultimo, salvo cuando prueben que les ha impedido o hecho imposible cumplir correcta y tempestivamente con su obligación. Igual responsabilidad corresponde, sin perjuicio de las sanciones por las infracciones en que hubieran incurrido, a los terceros que por dolo o culpa, facilitaren u ocasionaren el incumplimiento de la obligación tributarias del contribuyente o responsable. El proceso para hacer efectiva la solidadridad, podrá promoveerse contra todos los responsables a quienes en principio se pretende obligar, pudiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme a éste artículo.
En los casos de sucesiones a título particular de bienes o de fondos de comercio de empresas o explotaciones, el adquirente responderá solidaria e ilimitadamente con el transmitente por el pago de la obligación tributaria relativa al bien, empresa o explotación transferida, adeudados hasta la fecha de la transferencia. Cesará la responsabilidad del adquirente: 1. Cuando la Dirección hubiera expedido certificado de libre deuda; 2. Cuando el transmitente afianzara a satisfacción el pago de la obligación tributaria. En ningún caso se considerará fianza de la deuda la adhesión a un plan de facilidades o moratoria. Caducarán de pleno derecho al momento de la subasta, las moratorias y planes de facilidades. 3. Cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde la fecha en que se comunicó la transferencia a la Dirección, sin que esta haya determinado la obligación tributaria o promovido acción judicial para su cobro. 4. Cuando hubiere adquirido en pública subasta, ordenada en proceso judicial por juez competente, siempre y cuando se hubiera procedido a la retención del importe total adeudado por impuestos provinciales. Para ello el juez ordenará retener del producido de la subasta el monto correspondiente al impuesto inmobiliario y/o automotor, caso contrario el adquirente responderá solidaria e ilimitadamente por el pago de la obligación tributaria adeudada. El martillero en el acto de subasta deberá manifestar y hacer constar en el acta el monto total de las deudas impositivas e informar que dichos montos serán retenidos por el juez de la causa, además deberá realizar todas las actuaciones administrativas y/o judiciales pertinentes a los fines de que se proceda al depósito de los montos retenidos, conforme la determine la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que le cabrían a los funcionarios actuantes, por la falta de retención y deposito del impuesto, en virtud del Artículo 26. inc 8) del presente Código, será multado con el cincuenta por ciento (50%) de lo percibido en concepto de comisión el martillero que no cumpla con esta obligación legal.
Los convenios referidos a obligaciones tributarias realizados entre los contribuyentes y responsables o entre éstos y terceros, no son oponibles al Fisco. Los contribuyentes y responsables de acuerdo con las disposiciones de éste Código lo son también por las consecuencias del hecho u omisión de sus factores, agentes, dependientes y/o profesionales contratados con o sin relación de dependencia.
El contribuyente y/o responsable; tiene la obligación de constituir domicilio fiscal en la Provincia de San Luis. En el caso de incumplimiento de esta obligación se presumirá de pleno derecho y sin admitir prueba en contrario que son domicilios fiscales, los siguientes: a) El lugar de ubicación del bien, en relación al impuesto inmobiliario, y/o el que lo complemente o sustituya. b) El lugar de realización de los actos o hechos jurídicos sujetos a tributo, en relación al impuesto sobre los ingresos brutos y/o el que lo complemente o sustituya. c) El último domicilio consignado por el contribuyente para cualquier tramitación referente al impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas y/o al que lo complemente o sustituya. En el caso de no contarse con un domicilio consignado por el contribuyente, se tomará por válido la exhibición de la notificación por tres (3) días en tablillas que habilitará al efecto en las oficinas de la Dirección de Ingresos Públicos. d) El domicilio real denunciado en la causa, en relación a la Tasa de Justicia e impuesto de sellos y/o el que lo complemente o sustituya. e) El que se determine en los impuestos a crearse. El domicilio fiscal, constituído o determinado en los términos de este artículo, se considerará válido para las notificaciones e intimaciones cualquiera sea la naturaleza del reclamo, tanto judicial y/o administrativo, el cual se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que es el domicilio fiscal del contribuyente.
El contribuyente podrá fijar un domicilio postal distinto al fiscal, constituido a los efectos de que se le remitan las liquidaciones para el pago del impuesto.
El contribuyente o responsable, tiene la obligación de consignar el domicilio fiscal o tributario en las declaraciones juradas y/o en los escritos que por cualquier cuestión presente ante la Dirección de Rentas. La Dirección podrá requerir, sin fundamentar el motivo, que el contribuyente constituya un domicilio fiscal. El domicilio fiscal constituido por el contribuyente, se reputará como válido para todos los efectos judiciales y administrativos en el que intervenga la Dirección Provincial de Rentas, y se mantendrá hasta tanto que el contribuyente no lo modifique y/o la Dirección no se lo determine de oficio.
Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los deberes establecidos por este Código y leyes tributarias especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de lo dispuesto de manera especial, los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a: 1) Inscribirse ante la Dirección y constituir domicilio fiscal en los términos que ella establezca; 2) Presentar en tiempo y en forma las declaraciones juradas de los hechos imponibles que este Código o leyes tributarias especiales le atribuyan; 3) Comunicar a la Dirección dentro del término de quince (15) días de ocurrido, todo cambio de su situación que pueda originar nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los existentes, como asímismo la transformación, fusión o escisión de sociedades o empresas, transferencias de fondos de comercio, cambio de nombre o denominación, apertura de nuevos locales o sucursales, modificación en el régimen de tributación, además de todo cambio de domicilio; 4) Emitir, registrar conservar facturas o comprobantes que se refieran a hechos imponibles o sirvan como prueba de los datos consignados en las declaraciones juradas, en la forma y condiciones que establezca la Dirección y a presentarlos y exhibirlos a su requerimiento. 5) Concurrir a las oficinas de la Dirección, cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier pedido de informe de la Dirección, y a formular las aclaraciones que le fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas y en general de las actividades que puedan constituir hechos imponibles; 6) Solicitar permiso previo y utilizar los certificados, guías, formularios y demás documentos que determine la Dirección y exhibirlos a requerimiento de la autoridad competente; 7) Exponer en lugar visible en el domicilio tributario, en su medio de transporte o en los lugares donde ejerza la actividad gravada, el o los certificados expedidos por la Dirección que acredite su inscripción como contribuyente de los impuestos, en los casos que establezca el Poder Ejecutivo o la Dirección; 8) Presentar los comprobantes de pago de los impuestos cuando le fueran requeridos por la Dirección o por las dependencias a cuyo cargo se encuentre la recaudación de los respectivos tributos; 9) Facilitar a los funcionarios y empleados fiscales autorizados, las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar o medio de transporte ; 10) Comunicar a la Dirección, la petición de concursos preventivos, dentro de los cinco (5) días de la presentación judicial, acompañando copia de la documentación exigida por el Art. 11 de la Ley Nacional N. 19.551; Ley N. 24.522 y modificatorias y/o sustitutivas. Los jueces deberán notificar a la Dirección la apertura de concursos de cualquier naturaleza; la declaración de quiebra y el inicio del proceso de liquidación; 11) Dirigirse en las peticiones o actuaciones ante los órganos de la administración fiscal, dentro de las pautas de corrección y respeto. El empleo de términos injuriosos o inadecuados en las presentaciones, será pasible de la multa establecida por el Art. 52. de este Código.
La dirección puede establecer con carácter general la obligación para determinadas categorias de contribuyentes o responsables, de llevar uno o más libros o sistemas de registros donde anotarán las operaciones y los actos relevantes para la determinación de sus obligaciones tributarias, con independencia de los libros de comercio exigidos por la Ley.
La Dirección puede requerir de terceros, quienes quedan obligados a suministrárselos, informes referidos a hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que constituyan o modifiquen hechos imponibles, salvo en los casos en que esas personas tengan el deber de guardar secreto conforme a la legislación nacional o provincial. El contribuyente, responsable o tercero podrá negarse a suministrar informe en caso de que su declaración pudiere originar responsabilidad de índole punitiva contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos y parientes hasta en cuarto grado.
Los magistrados, los funcionarios, los empleados, las oficinas de la administración pública toda y los escribanos de Registro, están obligados a comunicar o suministrar informes a la Dirección, con o sin requerimiento expreso de la misma, dentro de los diez (10) días de la petición, o de ocurrido, sobre todos los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones públicas o administrativas específicas y que puedan constituir o modificar hechos imponibles, salvo cuando medie expresa prohibición legal. Los magistrados judiciales deberán notificar a la Dirección la iniciación de los juicios de quiebra, concurso de acreedores, concurso preventivo y concurso civil dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de producida, a los fines de que tome la intervención que corresponda. Los síndicos que resultaren sorteados en los juicios mencionados en el párrafo precedente, deberán solicitar a la Dirección Provincial la certificación de libre deuda o liquidación de impuesto, en su caso, a los efectos de la reserva del Fisco que fuese precedente a la respectiva verificación del crédito.
Ningún magistrado, ni funcionario o empleado de la administración pública, registrará o dará curso a tramitación alguna con respecto a actividades, o bienes relacionados con obligaciones tributarias vencidas, cuyo cumplimiento no se pruebe con certificado expedido por la Dirección. Tampoco registrará, ordenará el archivo , ni dará curso a tramitacíon alguna sin que previamente se abonen las tasas retributivas de servicios que correspondan. La Dirección podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las actuaciones que se tramiten en cualquiera de las circunscripciones judiciales de la Provincia. Cuando se trate de actuaciones administrativas o judiciales que deban cumplirse en un plazo perentorio para evitar la pérdida de un derecho o la aplicación de una sanción, deberá darse entrada a los escritos o actuaciones correspondientes y ordenarse, previo a todo otro trámite, el pago de los tributos adeudados. Lo dispuesto en este artículo no regirá para los casos previstos en el Artículo 41. de la Ley N. 17.801.
La determinación de las obligaciones tributarias podr efectuarse, sobre la base de las declaraciones juradas que los contribuyentes y demás responsables presenten a la Dirección en la forma y tiempo que la Ley, el Poder Ejecutivo o la misma Dirección estableciera; por exhibición de los documentos pertinentes; por estimación o verificación de oficio y por cualquier otra forma que disponga este Código o Ley tributaria especial. Las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el contribuyente o responsable con datos que él aporte, tienen el carácter de declaración jurada y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben, están sujetas a las sanciones de los Artículos 53 y 54 de este Código Tributario, según el caso.
La declaración jurada deberá contener todos los datos y elementos necesarios para hacer conocer el hecho imponible realizado y el monto del tributo. La Dirección podrá verificar la declaración jurada para comprobar su conformidad a la Ley y exactitud de sus datos.
El contribuyente o responsable queda obligado al pago del tributo que resulte de su declaración jurada, salvo que medie error de cálculo al confeccionar la misma. El contribuyente o responsable únicamente podrá presentar declaración jurada rectificativa en el caso de que lo haga dentro del plazo que transcurra entre la fecha de vencimiento original y la de veinte (20) días de habérsele notificado por cualquier medio fehaciente la iniciación del procedimiento de inspección y verificación por parte de la Dirección del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
La Dirección determinará de oficio la obligación tributaria en los siguientes casos: 1) Cuando el contribuyente o responsable no hubiera presentado declaración jurada; 2) Cuando la declaración jurada ofreciera dudas relativas a su sinceridad o exactitud o fuera impugnable a juicio de la Dirección; 3) Cuando este Código o leyes tributarias especiales prescindan de la declaración jurada como base de la determinación.
La determinación de oficio será total con respecto al período o tributo de que se trate, debiendo comprender todos los elementos de la obligación tributaria, salvo cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de dicha determinación y definidos los aspectos y el período que han sido objeto de la verificación, en cuyo caso serán susceptibles de modificación aquellos no considerados expresamente.
La determinación de oficio de la obligación tributaria se efectuará sobre base cierta o sobre base presunta. La determinación de oficio sobre base cierta corresponde cuando el contribuyente o responsable suministre a la Dirección todos los elementos probatorios de los hechos imponibles o cuando este Código o leyes tributarias especiales establezcan taxativamente los hechos y circunstancias que la Dirección debe tener en cuenta a los fines de la determinación. En los demás casos la determinación se efectuará sobre base presunta tomando en consideración todos los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con los de este Código o leyes tributarias especiales definan como hechos imponibles, permitan inducir en el caso particular su existencia y monto. Podrán servir como indicios; el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y/o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, utilidades, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa habitación, gastos y consumos en servicios públicos, declaraciones juradas de tributos nacionales y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la Dirección o que deberán proporcionarle los agentes de retención y/o información, otros organismos de recaudación y fiscalización, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas o cualquier otra persona que posea información útil al respecto, relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con la verificación de los hechos imponibles. La determinación sobre base presunta no será considerada como definitiva, subsistiendo la responsabilidad del contribuyente o responsable por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.
1: Para los contribuyentes y responsables, cuyos ingresos totales anuales -sean gravados, no gravados o exentos- sean iguales o inferiores a la suma de Pesos Seis Millones ($ 6.000.000) sin considerar la incidencia del Impuesto al Valor Agregado, el Poder Ejecutivo podrá disponer, con carácter general y por el tiempo, impuestos y zonas geográficas que estime convenientes, que la fiscalización a cargo de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, se limite a los dos últimos períodos fiscales anuales anteriores a aquel por el cual se hubieran presentado declaraciones juradas. La vigencia de la limitación temporal establecida para las verificaciones del cumplimiento tributario comenzará para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2002 y cesará en el caso que los ajustes detectados por la fiscalización sean superiores al veinte por ciento (20%) del gravamen declarado por el contribuyente. Siempre que el ajuste fiscal no supere el veinte por ciento (20%) del monto declarado, hasta que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos proceda a impugnar las declaraciones juradas mencionadas en los párrafos anteriores y practique la determinación de oficio pertinente, se presumirá la exactitud de las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos. La presunción que establece este Artículo, no se aplicará respecto de las declaraciones juradas, originales o rectificativas, cuya presentación se origine en una inspección iniciada, observación de parte del ente recaudador o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con el responsable. Tampoco impedirá que la auditoría pueda extenderse a períodos anteriores a fin de comprobar hechos o situaciones con posible proyección o incidencia sobre las operaciones del período o períodos fiscalizados, o bien para prevenir los supuestos 44-2 apartado 2 y 44-3 último párrafo. La presunción a que se refiere el párrafo tercero no regirá respecto de los períodos fiscales vencidos y no prescriptos beneficiados por ella en virtud de una fiscalización anterior, si es que una fiscalización ulterior sobre períodos vencidos con posterioridad a la realización de la primera, demostrare la inexactitud de los ingresos declarados en relación con cualquiera de éstos últimos. En este caso se aplicarán las previsiones del Artículo 44-2.
2: Si de la impugnación y determinación de oficio indicada en el párrafo tercero del Artículo anterior resultare el incremento de la base imponible o de los saldos de impuestos a favor de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos o, en su caso, se redujeran los saldos a favor de los responsables, el organismo podrá optar por alguna de las siguientes alternativas: 1. Extender la fiscalización a los períodos no prescriptos y determinar de oficio la materia imponible y liquidar el impuesto correspondiente a cada uno. 2. Hacer valer, cuando correspondiere, la presunción de derecho prevista en el Art. 44-3 y siguientes. Una vez que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos hubiera optado por alguna de las alternativas referidas, deberá atenerse a la misma respecto de todos los demás períodos fiscalizables. No será necesaria la determinación de oficio a que se refiere el primer párrafo si los responsables presentaren declaraciones juradas rectificativas que satisfagan la pretensión fiscal.
3: Si de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44-2., la impugnación y determinación de oficio se hubieran efectuado directamente y por conocimiento cierto de la materia imponible o saldos de impuestos a favor de los responsables, se presumirá admitiendo prueba en contrario, que las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos no prescriptos adolecen de inexactitudes equivalentes, en cada uno de ellos, al mismo porcentaje que surja de relacionar los importes declarados y ajustados a favor de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos en el período base fiscalizado, salvo que en posteriores fiscalizaciones se determine un porcentaje superior para los mismos períodos no prescriptos a los cuales se aplicó la presunción. En ningún caso se admitirá como justificación que las inexactitudes verificadas en el período tomado como base de la fiscalización puedan obedecer a causas imputables a ejercicios fiscales anteriores. La presunción del párrafo primero no se aplicará en la medida que las impugnaciones tuvieran origen en cuestiones de mera interpretación legal.
4: Los porcentajes indicados en el Artículo 44-3 se aplicarán respecto de cada uno de los períodos no prescriptos para incrementar la base imponible o para reducir los saldos a favor del responsable. El cálculo de la rectificación se iniciará por el período no prescripto más antiguo respecto del cual se hubieren presentado declaraciones juradas y los resultados acumulados que se establezcan a partir del mismo, se trasladarán a los períodos posteriores como paso previo a la aplicación de los porcentajes aludidos al caso de estos últimos. En el caso que las rectificaciones practicadas en relación con el período o períodos a que alude el Artículo 44-1 hubieran sido en parte sobre base cierta y en parte por estimación, el organismo podrá hacer valer la presunción del Artículo 44-3, únicamente en la medida del porcentaje atribuible a la primera. Si los ajustes efectuados en el período base fueran exclusivamente estimativos, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos podrá impugnar las declaraciones juradas y determinar la materia imponible o los saldos de impuestos correspondientes a los restantes períodos no prescriptos sólo en función de las comprobaciones efectivas a que arribe la fiscalización en el caso particular de cada uno de ellos.
5: Los saldos de impuestos determinados con arreglo a la presunción de derecho de los Artículos 44-3 y 44-4, de corresponder, serán actualizables y devengarán los intereses de los Artículos 76. y 77. del presente Código, pero no darán lugar a la aplicación de las multas de los Artículos 52, 53 y 54 apartado 1. Cuando corresponda ejercer las facultades del Artículo 189 de este Código, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos podrá tomar en consideración tales resultados para fijar el importe de los pagos provisorios a que se refiere dicho artículo, indistintamente de que se tratare de períodos anteriores y/o posteriores al que se hubiera tomado como base de la fiscalización.
ARTICLO 44-6: La determinación administrativa del período base y la de los demás períodos no prescriptos susceptibles de la presunción del Artículo 44-3., sólo se podrá modificar en contra del contribuyente cuando se den algunas de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del Artículo 50. Corresponderá igualmente dicha modificación si con relación a un período fiscal posterior sobreviniera una nueva determinación administrativa sobre base cierta y por conocimiento directo de la materia imponible, en cuyo caso la presunción del Artículo 44-3. citado se aplicará a los períodos fiscales no prescriptos con exclusión del período base de la fiscalización anterior y aún cuando incluyan períodos objeto de una anterior determinación presuntiva.
Antes de dictar la resolución que determine, total o parcialmente, la obligación tributaria, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos correrá vista por el término de diez (10) días de las actuaciones producidas, con entrega de las copias pertinentes. Si el interesado no compareciera dentro del término señalado en el párrafo anterior, las actuaciones proseguirán en rebeldía. Si lo hiciera con posterioridad las actuaciones seguirán en el estado en que se encuentren. Dentro del término citado anteriormente, que no podrá ser prorrogado, el contribuyente o responsable procederá a constestar la vista conferida, reconociendo o negando los hechos y el derecho controvertido. En el mismo escrito deberá ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho, siendo admisibles todos los medios reconocidos por la ciencia jurídica, salvo la manifiestamente improcedente o dilatoria como la aportada en forma extemporánea. El interesado dispondrá para la producción de la prueba, del término que a tal efecto fije la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, el cual en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días ni superior a los cuarenta (40) días. Dicho término solamente podrá ser ampliado por disposición fundada de la Dirección, la cual también se encuentra facultada para disponer medidas para mejor proveer. Vencido el término para la producción de la prueba ofrecida, o cumplidas las medidas para mejor proveer, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos dictará resolución motivada dentro de los treinta (30) días siguientes, prorrogables por única vez por un período similar, incluyendo en dicho acto determinativo de oficio -de corresponder- las razones por las cuales se denegó la producción de prueba ofrecida. No será necesario dictar resolución determinativa de oficio, cuando el sujeto pasivo, o un representante suyo debidamente facultado para ello, prestase conformidad a la liquidación practicada por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos con carácter previo a la iniciación del procedimiento de determinación de oficio. En tales supuestos, la conformidad prestada tendrá los efectos de una declaración jurada rectificativa para el contribuyente y una determinación de oficio para el Fisco, quedando expedita la acción para el reclamo judicial del pago en el caso de que no se materializara en el plazo de diez (10) días de conformado el ajuste. Sin perjuicio de lo expresado en este párrafo, podrá instruirse el sumario pertinente, tendiente al juzgamiento de la conducta del contribuyente o responsable.
En las actuaciones administrativas originadas por la aplicación de este Código o leyes tributarias especiales, las notificaciones, citaciones o intimaciones se harán personalmente, por carta certificada con recibo de retorno, por carta documento o telegrama colacionado o por cédula, dirigida al domicilio tributario del contribuyente o responsable o al especial constituido conforme a los Artículos 31 y 33. Si no se pudieran practicar en cualquiera de las formas mencionadas, se efectuará por edictos, publicados por tres (3) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las diligencias que la Dirección pueda disponer para hacer llegar a conocimiento del interesado la notificación, citación o intimación. Las resoluciones dictadas por la Dirección se notificarán con transcripción de lo pertinente de la parte resolutiva.
Serán válidas las citaciones, notificaciones, e intimaciones, efectuadas por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos con la firma facsimilar del funcionario autorizado a tal efecto.
Los contribuyentes, responsables o terceros podrán remitir sus declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos por carta certificada o por telegrama colacionado. En tales casos se considerará como fecha de presentación el de la recepción de la pieza postal o telegráfica en la oficina de correos.
Las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante la Dirección son secretos en cuanto consignen informaciones referentes a su situación u operaciones económicas o a las de sus familiares.
Las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos aludidos en el artículo anterior no serán admitidos como prueba en causas judiciales y los jueces deberán rechazarlas de oficio, salvo cuando se ofrezca por el mismo contribuyente, responsable o tercero con su consentimiento y siempre que no revelen datos referentes a terceras personas o salvo también en los procesos criminales por delitos comunes cuando se viculen diréctamente a los hechos que se investiguen. El deber del secreto no rige cuando la Dirección utilice las informaciones para fiscalizar obligaciones tributarias distintas de aquellas para las cuales fueron obtenidas, ni tampoco para contestar los pedidos de los fiscos nacionales, provinciales o municipales con los que exista reciprocidad. El Poder Ejecutivo, en los casos debidamente justificados, podrá autorizar a la Dirección a suministrar a otras reparticiones públicas las informaciones que le sean requeridas, siempre que no tengan por objeto verificar el cumplimiento de obligaciones vinculadas con la actividad económica ejercida por el contribuyente, responsable o tercero.
La resolución que determine de oficio la obligación tributaria quedará firme a los diez (10) días de notificada al contribuyente o responsable, salvo que interponga recursos previstos en este Código. Una vez notificada la resolución que determine en forma total o parcial la obligación tributaria, solo podrá modificarse de oficio en contra del contribuyente o responsable cuando surjan nuevos elementos de juicio o cuando hubiere mediado error, culpa o dolo en la exhibición o consideración de los elementos que sirvieron de base a la determinación.
Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de indole sustancial o formal, constituye infración punible en la medida y con los alcances establecidos en este Código o leyes tributarias especiales. Las infracciones tributarias requiere la existencia de dolo o culpa.
El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este código, en las leyes tributarias especiales, en decretos reglamentarios o en resoluciones de la Dirección, constituye infracción que será reprimida con multas cuyos topes mínimos y máximos serán establecidos por la Ley Impositiva Anual. Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de la Dirección, las sucesivas reinteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieran por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas independientes, aún cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa o judicial. Los agentes de Información, que incumplan en sus deberes, podrán ser sujetos a una multa graduable entre pesos dos mil ($2.000) y pesos treinta mil ($30.000), conforme la reglamentación que a tales fines fije la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Cuando la infracción consista en la omisión de presentar las declaraciones juradas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a su vencimiento, la multa se fija en forma automática en la suma de Pesos Cien ($100) -si se trata de contribuyentes unipersonales -, elevándose a la suma de Pesos Doscientos ($ 200) -si se trata de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase, constituidas regularmente o no -. El procedimiento para la aplicación de esta multa se iniciará con una notificación emitida por el sistema informático de computación de datos, en el que conste claramente la omisión que se le atribuye al presunto infractor. Si dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación, el infractor presentara la declaración jurada omitida y pagase voluntariamente la multa, el importe de la notificación se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no será considerada un antecedente en su contra. El mismo efecto se producirá si se ha presentado la obligación fiscal antes de haberse notificado la multa, y se proceda a su cancelación dentro de los diez (10) días de notificada la misma.
Sin perjuicio de la aplicación de las multas previstas en el Artículo 52, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos podrá disponer la clausura por un tiempo de uno (1) a tres (3) días, de los establecimientos en los cuales se incurra en los siguientes hechos u omisiones: 1. Cuando se hubiere comprobado la falta de inscripción ante la Dirección Provincial de Ingresos Públicos por parte del contribuyente. 2. En caso que el contribuyente omita la emisión de las facturas o comprobantes equivalentes de una o más de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicios, o las que se emitan carezcan de los requisitos que establezca la Dirección, o bien cuando no se conservasen los duplicados o constancias de emisión. 3. Cuando no se acredite, con la factura de compra o documento equivalente expedido en legal forma, la posesión o el haber poseído materias primas, mercaderías o bienes de cambio o bienes de uso. 4. Cuando exista manifiesta discordancia entre el original y la factura o documento equivalente y las copias existentes en poder del contribuyente o responsable. 5. Cuando no se lleven anotaciones o registraciones de las adquisiciones de bienes o servicios, o de las ventas, locaciones o prestaciones, o que llevadas no reúnan los requisitos de oportunidad, orden y respaldo documental que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos exija. 6. Haber adoptado la forma de entes o personas jurídicas manifiestamente improcedentes, respecto de la actividad desarrollada, para dificultar la fiscalización tributaria. 7. Cuando habiéndosele efectuado dos (2) pedidos de informes y/o requerimientos en el mismo período fiscal por parte de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos -y por el mismo tributo objeto del requerimiento o pedido- para que suministre información y/o documentación propia o de terceros, o que presente declaraciones juradas, no lo hiciere dentro del plazo establecido o lo hiciere de manera incompleta. 8. No mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos que contengan datos vinculados con la materia imponible, por el término de dos (2) años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado, o no facilitar a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos copia de los mismos cuando les sean requeridas. En caso de reincidencia, el plazo de la clausura a imponer se duplicará en forma automática, tomándose como base el de la aplicada en la última oportunidad. La clausura deberá ser precedida de un acta de comprobación en la cual los agentes de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos dejarán constancia de todas las circunstancias relativas a los hechos, a su prueba y a su encuadramiento legal. La misma acta contendrá una citación para que el contribuyente o responsable comparezca a una audiencia a ejercer su defensa, munidos de las pruebas que hagan a su derecho, pudiendo asistir con patrocinio letrado. La mencionada audiencia se deberá fijar dentro de un plazo de cinco (5) días. Si se negaran a firmar o a notificarse, se dejará copia en el lugar donde se lleva a cabo la actuación, certificándose tal circunstancia en el original que se incorpore al sumario. El imputado podrá presentar un escrito antes de la audiencia, acompañando con el mismo las pruebas que hagan a su derecho, pero en tal caso no tendrá derecho a ser oído verbalmente. Si éste no asistiere a la audiencia o no presentare previamente el escrito, se dejará constancia de ello y se procederá al dictado de la resolución respectiva, con los elementos sobrantes en autos. Si compareciera con posterioridad, se proseguirán las actuaciones en el estado que se encuentren en ese momento. La audiencia o presentación del escrito, deberá realizarse ante la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, quien deberá dictar resolución en un plazo no mayor de cinco (5) días. La resolución que ordene la clausura dispondrá sus alcances y el número de días que deba cumplirse. Firme la resolución, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del caso. Podrá realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren en la misma. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos, salvo la que fuese necesaria para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. No podrá suspenderse el pago de los salarios u obligaciones tributarias o previsionales, sin perjuicio del derecho del empleador a disponer de su personal en las formas que autoricen las normas laborales.
Ter: El contribuyente o responsable que fuere sancionado con la pena de clausura del o los establecimientos donde se haya producido cualquiera de las causales tipificadas en los apartados 1) a 8) del Artículo 52. bis, podr redimir la sanción aplicada con el pago de una multa equivalente a la tercera parte del importe promedio del anticipo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos abonados o ajustados impositivamente, durante los últimos seis (6) meses a la fecha de la constatación de la infracción que originó la sanción, por cada día de clausura impuesta y por cada establecimiento penalizado con el cese de las actividades. Esta facultad se deberá manifestar por escrito dentro del plazo para interponer el recurso contra la aplicación de la clausura y caducará de pleno derecho en el supuesto de no abonarse la multa -por el monto liquidado por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y que surgirá del procedimiento indicado en el párrafo anterior- dentro del plazo de quince (15) días de notificado el importe de la sanción pecuniaria. La elección del presente instituto por el contribuyente o responsable, importa el reconocimiento expreso de la existencia real de la infracción constatada en el acta y la renuncia a todo tipo de reclamos relacionados con el procedimiento y con los efectos de la penalidad aplicada, así como el de reclamar la devolución del importe de la multa que se vaya a ingresar. De no pagarse la multa liquidada, se procederá a efectivizar la clausura sin más trámite atento al reconocimiento y las renuncias formuladas.
Quater: Contra la resolución que establezca la clausura del o los establecimientos el contribuyente o responsable podrá interponer por escrito ante la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y dentro del plazo de cinco (5) días, el recurso de apelación ante la justicia penal ordinaria de la Provincia de San Luis competente por el lugar donde se dispuso la penalidad. De no interponerse el recurso en tiempo y forma, la clausura quedará firme, debiendo ser desestimado sin más el que se presente en forma extemporánea. El recurso será concedido con efecto suspensivo. Conjuntamente con el recurso deberán exponerse todos los argumentos contra la resolución impugnada, como también acompañarse la prueba correspondiente que haga al derecho del recurrente, no admitiéndose fuera de esta oportunidad otros escritos con el objeto mencionado. Si existieran pruebas ofrecidas o agregadas, admitidas y sustanciadas, solo podrán ofrecerse o acompañarse con el recurso pruebas que se refieren a hechos posteriores a la resolución recurrida o documentos que no pudieron presentarse en la instancia administrativa por impedimento justificable. Podrá también el recurrente reiterar la prueba ofrecida ante la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y que no fué admitida o que habiendo sido admitida y estando su producción a cargo de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos no hubiera sido sustanciada. El juez en lo criminal deberá sustanciar las pruebas que considere conducentes y disponer las verificaciones que estime necesarias para establecer la real situación de hecho, y dictará la sentencia confirmando o revocando la clausura en el término de 20 días hábiles de recibida la causa. La resolución que dicte el juez es inapelable, causando ejecutoria y debiendo -en caso de confirmar la sanción- volver las actuaciones a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos para la efectivización inmediata de la clausura.
Incurrirá en omisión de impuestos y será reprimido con una sanción de multa graduable entre el veinte por ciento (20%) y el cien por ciento (100%) del monto de la obligación fiscal omitida, todo contribuyente que no pague -total o parcialmente- un tributo a su vencimiento. La graduación se establecerá de acuerdo a las escalas establecidas en la Ley Impositiva Anual. Los agentes de retención o percepción que omitan actuar como tales, también incurrirán en la infracción aquí tipificada. No será considerado infractor, aquel contribuyente que presente su declaración jurada al vencimiento, manifestando de manera íntegra la magnitud de su obligación tributaria, aún cuando no ingrese el gravamen adeudado, siendo en tales casos aplicables -únicamente- los intereses por mora en el pago de los tributos.
Incurren en defraudación fiscal y son punibles con multas graduables de una a diez veces el importe actualizado del tributo en que se defraudare o se intentase defraudar al Fisco, y clausura por cinco (5) a veinte (20) días, sin perjuicio de la responsabilidad penal por los delitos comunes: 1) Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra con el propósito de producir o facilitar la evasión total o parcial de las obligaciones tributarias que a ellos o a terceros les incumben; 2) Los agentes de retención, percepción o recaudación que mantengan en su poder el importe de tributos retenidos o percibidos después de haber vencido el plazo en que debieron abonarlos al Fisco. El dolo se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo prueba en contrario. Para este caso, la reincidencia se tendrá especialmente en cuenta a los efectos de graduación de la multa, conjuntamente con otros antecedentes. No será de aplicación para los recursos de la pena de clausura prevista en este artículo las disposiciones de los Arts. 52 Bis, 52 Ter. y 52 Quater. de este Código.
Será sancionado con multa graduable de una a diez veces el importe actualizado del tributo en que se defraudó o pretendió defraudar al fisco, el funcionario o empleado de la Administración Pública que violando dolosamente los deberes de su cargo facilitare o produjere la defraudación fiscal de las obligaciones tributarias correspondientes al contribuyente o responsable.
Se presume la intención de defraudar al Fisco, salvo prueba en contrario, en las siguientes circunstancias: 1) Cuando exista contradicción evidente entre las constancias de los libros y documentos con los datos consignados en las declaraciones juradas; 2) Cuando las declaraciones juradas contengan datos falsos o se omita consignar bienes, actividades u operaciones que constituyan hechos imponibles; 3) Cuando se produzcan informes o comunicaciones intencionalmente falsas ante la Dirección sobre bienes, actividades u operaciones que constituyan hechos imponibles; 4) Cuando se lleven dos o mas juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos, o no se lleven o exhiban libros, documentos o antecedentes contables cuando la naturaleza o el volumen de las actividades u operaciones desarrolladas no justifiquen tal omisión; 5) Cuando no se lleven los libros especiales que menciona el Artículo 35 de este Código; 6) Cuando medie manifiesta disconformidad ente los preceptos legales o reglamentarios y su aplicación al declarar, liquidar o pagar el tributo; 7) Cuando los contribuyentes o responsables omitan presentar las declaraciones juradas o pagar el tributo adeudado, no correspondiendo tal conducta dada la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones; 8) Cuando se adopten formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas para desfigurar la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso tributario.
Las multas por infracciones previstas en los Artículos 52, 53 y 54, deberán ser satisfechas por los infractores dentro de los diez (10) días de notificada la resolución respectiva.
Las penalidades de los Artículos 53 y 54 inc. 1) se reducirán de pleno derecho a un tercio (1/3) del mínimo legal, cuando los contribuyentes rectificaren en forma voluntaria sus declaraciones antes de que se les corra la vista del Artículo 45. La reducción será a los dos tercios (2/3) del mínimo legal en los mismos supuestos, cuando presten conformidad a los ajustes impositivos, dentro del plazo para contestar la vista del Artículo 45. En el caso de consentir los ajustes efectuados en la determinación de oficio, dentro del plazo para recurrirla, las multas que se hayan aplicado por infracciones a los Artículos 53 y 54 se reducirán de pleno derecho al mínimo legal. Las reducciones operarán en la medida indicada, en tanto el contribuyente abone las multas en los plazos expresados en los p rrafos anteriores del presente. No serán acreedores a las reducciones aquí dispuestas aquellos infractores que registraren la aplicación de multas con anterioridad. Tampoco serán procedentes las reducciones cuando fuera de aplicación un recargo especial establecido por este Código o por leyes tributarias especiales para un tributo en particular.
La Dirección Provincial de Ingresos Públicos antes de aplicar las multas por las infracciones previstas en los Artículos 53 y 54, dispondrá la instrucción de un sumario, notificando al presunto infractor y emplazándolo para que en el término de diez (10) días alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho. Las infracciones a los deberes formales contempladas en el Artículo 52., quedarán configuradas por la mera constatación de los hechos por parte de la Dirección, debiendo aplicarse las sanciones correspondientes establecidas en las leyes vigentes. Se excluyen las infracciones cometidas por la omisión de suministrar información propia o de terceros las que requerirán la instrucción de un sumario previo para su juzgamiento y eventual aplicación y las consistentes en la falta de presentación de declaraciones juradas al vencimiento que se rigen por el procedimiento previsto en el párrafo final del Artículo 52. Si el imputado notificado en legal forma no compareciere dentro del término señalado en el párrafo anterior, el sumario proseguirá en rebeldía. El interesado dispondrá para la producción de la prueba del término que a tal efecto fije la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, el que no podrá ser inferior a diez (10) días ni superior a cuarenta (40) días. El término de prueba no podr ser prorrogado sino por disposición de la Dirección. El interesado podr agregar informes, certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habilitante. No se admitirán las pruebas inconducentes, ni las presentadas fuera de término. Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos dictará resolución motivada dentro de lo treinta días siguientes, prorrogables por otro lapso igual por única vez la que será notificada al interesado, incluyendo en su caso las razones del rechazo de las pruebas consideradas inconducentes o no sustanciadas. La resolución impondrá la multa correspondiente a la infracción cometida o declarará la inexistencia de la infracción y la absolución del imputado.
Cuando de las actuaciones tendientes a determinar la obligación tributaria surja, prima facie, la existencia de infracciones previstas en los Artículos 53 y 54, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos podrá disponer la instrucción del sumario mencionado en el Artículo anterior, en forma conjunta con el procedimiento de determinación de oficio. De tal manera, se conferirá la vista dispuesta por el Artículo 45 y la notificación y emplazamiento aludidos en el Artículo anterior, debiendo la Dirección Provincial de Ingresos Públicos decidir ambas cuestiones en una misma resolución, salvo en los casos previstos en el último párrafo del Artículo 45. En tales situaciones sólo corresponderá dictar resolución aplicando la multa si fuere pertinente, la que será reducida en la proporción indicada en el Artículo 57 siempre que el infractor la abone en el plazo procesal correspondiente.
Las resoluciones que apliquen multas o declaren la existencia de presuntas infracciones deberán ser notificadas a los interesados y quedarán firmes, si dentro del término de diez (10) días de notificadas, aquellos no interponen los recursos previstos en este Código. Lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 50 es aplicable al supuesto contemplado en esta norma.
Las accciones y sanciones por infracciones previstas en los Artículos 52, 53 y 54 se extinguen por la muerte del infractor, aunque la decisión hubiere quedado firme y su importe no hubiere sido abonado.
Los contribuyentes mencionados en los incisos 3) 4) y 5) del Artículo 21, son punibles sin necesidad de establecer la culpa o el dolo de una persona de existencia visible. Los responsables aludidos en los Artículos 26 y 27 quedan solidaria e ilimitadamente obligados al pago de multas. La Dirección Provincial de Ingresos Públicos podrá publicar la nómina con identificación precisa de los contribuyentes contra los que se ha promovido acción de apremio fiscal.
Salvo disposición expresa en contrario de este Código o leyes fiscales especiales, el pago de los tributos deberá ser efectuado por los contribuyentes o responsables, dentro de los plazos generales que establezca la Dirección. Esta podrá exigir anticipos o pagos a cuenta de las obligaciones tributarias.
Toda deuda por impuestos, tasas, contribuciones u otras obligaciones fiscales, como así también los anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y multas, que no se abonaren hasta el último día del segundo mes calendario siguientes a los plazos establecidos al efecto podrá ser actualizada automáticamente en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo, y sin necesidad de interpelación alguna, mediante la aplicación del coeficiente correspondiente al período comprendido entre la fecha del vencimiento y la de pago, computándose como mes entero las fracciones de mes. La actualización procederá sobre la base de la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, producida entre el mes que debió efectuarse el pago y el penúltimo mes anterior a aquél en que se lo realice. A estos efectos, podrá ser de aplicación la metodología que a los mismos fines establezca la Dirección General Impositiva para la percepción de los tributos nacionales. El Poder Ejecutivo podrá , desde una fecha determinada y cuando medie razones de política económica establecer un porcentaje mensual de actualización, en reemplazo de la variación del índice de precios mayoristas anunciado, teniendo en cuenta las tasas de interés del mercado financiero.
El monto de la actualización correspondiente a los anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, no constituye crédito a favor del contribuyente o responsable contra la deuda de tributo al vencimiento de éste, salvo en los casos en que el mismo no fuera adeudado.
En los casos de pagos con facilidades previstos en este Código, la actualización o demás accesorios por mora de la deuda, procederán solamente hasta el día que se fije la reglamentación que a tal efecto dicte la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Las cuotas serán fijas o variables, con el interés que fije el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la caducidad del plan y el inicio de la correspondiente ejecución fiscal por el total de lo adeudado.
La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones e intereses previstos en este Código u otras leyes tributarias especiales y se aplicará, conforme el Artículo 64, hasta el momento del ingreso de la deuda, aún cuando se efectúe como consecuencia de demanda judicial. Cuando el monto de la actualización o accesorios no fuera abonado al momento de ingresar el tributo adeudado, constituir deuda fiscal y le será de aplicación el régimen establecido en los Artículos 64, 76 y 77, respectivamente desde ese momento hasta la fecha de su efectivo pago, en las formas y plazos previstos para los tributos.
Los embargos preventivos, solicitados por la Dirección, podrán incluir la actualización presuntiva de la deuda fiscal, sin perjuicio de la determinación posterior del tributo y accesorios en la actualización al momento del pago.
El pago de los tributos, su actualización monetaria de corresponder, sus accesorios y multas, deberán efectuarse abonando las sumas correspondientes en las cuentas especiales abiertas a nombre de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos en las entidades recaudadores, conforme lo establezca o convenga el Poder Ejecutivo. El pago de las obligaciones tributarias, podrá efectuarse mediante estampillas fiscales , papel sellado o máquinas timbradoras habilitantes al efecto, con cheque o giro postal o bancario a la orden de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, no negociable, con las formalidades que la misma establezca, tarjetas de crédito, débitos en cuenta corriente o similares, salvo cuando este Código o leyes especiales determinen otras formas de pago. Cuando el pago se realizare por ante instituciones bancarias u otras entidades autónomas, el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas acordará la comisión máxima que éstas percibirán por la prestación de los servicios.
Se considera fecha de pago: 1) El día que se efectivice el depósito o el pago en los lugares indicados en el primer párrafo del artículo anterior; 2) El día que se tome el giro postal o bancario, siempre que sea entregado o remitido por pieza certificada a la Dirección dentro de los dos (2) días siguientes; caso contrario se tomará como fecha de pago el día que se entregue a la Dirección o se remita por pieza certificada; 3) El día que se entregue a la Dirección o se remita el cheque no negociable por pieza certificada; 4) El día señalado por el sello fechador con que se inutilicen las estampillas fiscales o el papel sellado o el de la impresión cuando se utilicen máquinas timbradoras.
Las deudas fiscales exigibles o de pago vencido, serán ejecutadas por vía de apremio sin ninguna ulterior intimación de pago, sirviendo la liquidación expedida por la Dirección de suficiente título ejecutivo.
La estampilla fiscal y el papel sellado deberán tener impreso su valor en monetario, llevarán numeración correlativa y se ordenarán por series. El Poder Ejecutivo establecerá las demás caracteristicas de la estampilla fiscal y el papel sellado, así como todo lo relativo a su emisión, venta, canje, inutilización y caducidad.
El pago total o parcial de un tributo, aún cuando fuera recibido sin reserva alguna, no constituye presunción de pago de : 1) Las prestaciones anteriores, del mismo tributo relativas al mismo año fiscal; 2) Las obligaciones tributarias relativas a años fiscales anteriores; 3) Los intereses, recargos y multas, ni la actualización de la deuda prevista por este Código.
Los ingresos realizados por los contribuyentes y/o responsables de los impuestos, tasas o contribuciones, serán considerados como pago del año y vencimiento al que fueron imputados por el deudor. Los pagos efectuados sin indicar el concepto de la deuda al que deben imputarse serán imputados de oficio por la Dirección, en el siguiente orden: multas, recargos, intereses, actualización e impuestos, extinguiendo de modo parcial el concepto para el cual el monto a imputar resultare insuficiente para cancelarlo totalmente. Los pagos efectuados sin indicar a qué deuda deben imputarse serán imputados a la correspondiente al año más remoto. Si prosperare la excepción de prescripción, la Dirección deberá imputar el pago a la deuda fiscal del año más remoto que no estuviere prescripta. Cuando la Dirección impute un pago debe notificar al contribuyente o responsable la liquidación que efectúa por ese motivo. Esta liquidación se equiparará a una determinación de oficio de la obligación tributaria al solo efecto de la interposición de los recursos previstos en este Código.
La Dirección podrá conceder a los contribuyentes y/o responsables facilidades para el pago de tributos, actualizaciones, intereses, recargos y multas adeudados hasta el mes de la presentación de la solicitud respectiva. El término para completar el pago no podrá exceder de DOS (2) años sin garantías y hasta un máximo de CUATRO (4) con garantías. La resolución que fija el marco de los planes de facilidades de pago a otorgar, deberá ser homologada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial. Las facilidades de pago no regirán para los tributos de carácter instantáneo, ni para los agentes de retención, recaudación o percepción. En caso de otorgamiento de planes de facilidades de pago, la obligación originaria se sigue entendiendo como vencida a los objetos de la Certificación de Libre Deuda exigida por este Código. La Dirección Provincial de Ingresos Públicos, fijará la formas, plazos y condiciones para el otorgamiento de los planes de pago.
Salvo el caso indicado en el artículo anterior, las deudas en favor del Fisco de la Provincia, cualquiera sea el concepto o causa , que resulten de determinaciones de oficio o liquidaciones practicadas por la Dirección, y que no sean abonadas dentro de los diez (10) días de notificada la resolución o intimación respectiva , devengarán, sin necesidad de previa constitución en mora del deudor, un recargo mensual cuyo monto será igual a la mitad del interés correspondiente por aplicación del Artículo 77 de esta ley. Dicho recargo se duplicará cuando se trate de deudas reclamadas mediante apremio fiscal. La presente disposición será aplicable a toda deuda impaga a la fecha de publicación de esta ley, excepto las que, a la misma fecha tuvieran indicada la demanda fiscal de apremio.
Las deudas actualizadas conforme a lo dispuesto en el Artículo 64. devengarán en concepto de intereses. a) Cuando se trate de deudas vencidas hasta el 31 de marzo de 1991 , desde el vencimiento respectivo y hasta la fecha indicada, el treinta y tres milésimos por ciento (0,033%) diario: y desde el 1 de abril de 1991, la tasa de interés que indica el inciso b) siguiente: b) Cuando se trate de deudas vencidas desde el 1 de abril de 1991, la tasa que establezca el Poder Ejecutivo, que no podrá exceder a la mensual vencida que cobre un banco oficial, nacional o provincial, para operaciones de crédito en descubierto de cuentas corrientes en plaza San Luis, incrementada en un treinta por ciento (30%). Lo dispuesto en este artículo es aplicable a los agentes de retención, recaudación o percepción.
La Dirección podrá compensar de oficio los saldos acreedores de los contribuyentes o responsables, cualesquiera sea la forma o procedimiento con que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de los tributos declarados por aquellos o determinados por la Dirección, comenzando por los más remotos, salvo los prescriptos y aunque se refieran a distintos tributos. La Dirección compensará los saldos acreedores con las multas, recargos e intereses, en ese orden, y el excedente si lo hubiera con el tributo adeudado y la correspondiente actualización por los distintos conceptos. Cuando el contribuyente o responsable solicitara compensación de su crédito con otras deudas fiscales, aunque se trate del mismo tributo, éstas deberán liquidarse con sus accesorios de Ley hasta la fecha de solicitud formal y, si resultara procedente, deberá seguirse el orden de imputación - multas, recargos e intereses, impuesto y actualización - señalado en el párrafo precedente. Las liquidaciones de las compesaciones deberán notificarse a los interesados y se equipararán a una determinación de oficio, al solo efecto de la interposición de los recursos previstos en este Código.
Los agentes de retención o de percepción no podrán compensar las sumas ingresadas que hubiesen sido retenidas o percibidas de los contribuyentes. En lo que no esté previsto en este Código o leyes tributarias especiales, la compensación se regirá por las disposiciones del Libro Segundo, Sección Primera, Título Décimo del Código Civil.
Habrá extinción por confunsión cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo, quedare colocado en la situación del deudor.
El Poder Ejecutivo y los órganos de la administración pública no podrán acordar quitas, ni transar, ni liberar de pagos de los tributos a ningún contribuyente o responsable, salvo lo que se establezca en leyes especiales.
Prescriben por el transcurso de cinco (5) años: a) Las facultades de la Dirección para determinar las obligaciones tributarias y para aplicar las sanciones por infracciones previstas en este Código; b) La facultad de la Dirección para promover la acción judicial para el cobro de la deuda tributaria; c) La acción de repetición a que se refiere el Artículo 92 de este Código.
Los términos de prescripción se computarán de la forma siguiente: A) En el caso del apartado a) del artículo anterior, comenzará a correr desde el primero de enero siguiente: 1) Del año que se produzca el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada correspondiente: 2) Del año que se produzca el hecho imponible generador de la obligación tributaria respectiva, cuando no mediare obligación de presentar declaración jurada; 3) Del año en que se cometieron las infracciones punibles. B) En el supuesto contemplado en el apartado b) del artículo anterior, el término de prescripción comenzará a correr desde el primero de enero del siguiente año en que quede firme la resolución de la Dirección que determine la deuda tributaria o imponga las sanciones por infracciones, o al año en que debió abonarse la obligación tributaria cuando no mediare determinación. C) En el supuesto del apartado c) del artículo anterior, el término de prescripción comenzará a correr desde el primero de enero siguiente a la fecha de cada pago.
Se suspenderá el curso de la prescripción: a) En el caso del apartado a) del Artículo 82, por cualquier acto que tienda a determinar la obligación tributaria o por la iniciación del sumario a que se refiere el Artículo 58 de este Código, hasta noventa (90) días después que la Dirección dicte la resolución sobre los mismos o venza el término para dictarla: b) En el caso del apartado b) del Artículo 82, por la intimación administrativa de pago de la deuda tributaria, hasta un año después de efectuado; c) En el caso del apartado c) del Artículo 82 no regirá la causal de suspensión prevista por el Artículo 3966 del Código Civil.
La prescripción de las facultades de la Dirección para determinar la obligación tributaria, se interrumpirá: a) Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por parte del contribuyente o responsable: b) Por la renuncia al término corrido de la prescripción en curso. El nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde el primero de Enero del siguiente año que ocurra el reconocimiento o la renuncia.
El término de prescripción de la facultad de la Dirección para aplicar sanciones por infracciones se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde el primero de Enero siguiente al año en que tuvo lugar la infracción punible interrumpida.
La prescripción de la facultad mencionada en el apartado b) del Artículo 82 se interrumpirá por la iniciación del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable, o por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.
La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la interposición de la demanda de repetición a que se refiere el Artículo 92 de este Código. El nuevo término de la prescripción comenzará a correr el primero de enero siguiente a la fecha que venzan sesenta (60) días de transcurrido el término conferido a la Dirección para dictar resolución, si el interesado no hubiera interpuesto los recursos autorizados por este Código.
Los términos de prescripción establecidos en el Artículo 82 no correrán, mientras los hechos imponibles no hayan podido ser reconocidos por la Dirección, por algún acto o hecho que los exteriorice en la Dirección. Igualmente, tampoco correrán, cuando el contribuyente estuviera gozando de exenciones o bonificaciones promocionales, mientras perduren dichos beneficios.
La Dirección deberá, a pedido de los contribuyentes o responsables, acreditarles o devolverles las sumas por las que resulten acreedores, en virtud de pagos efectuados espontáneamente o a requerimiento de la Dirección y que correspondan a tributos no adeudados o abonados en cantidad mayor que la debida. La devolución total o parcial de un tributo obliga a devolver en la misma proporción, los intereses, recargos y multas, excepto la multa prevista en el Artículo 52 de este Código.
En los casos en que los contribuyentes o responsables solicitaren la devolución, la acreditación o compensación sin perjuicio de la aplicación de la ley Nacional N. 23928 de importes indebidamente abonados o en exceso, si el reclamo fuera procedente se reconocerá la actualización desde la fecha de aquél y hasta el momento de notificarse la disposición que ordene la devolución o autorice la acreditación o compesación. El coeficiente de actualización que se aplicará será el correspondiente a la variación entre los índices previstos en el Artículo 64, ocurrida entre el mes del pedido de devolución, acreditación o compensación, y el penúltimo anterior al de la notificación precitada. Dicho coeficiente de actualización no podrá ser menor que la unidad. Los agentes de retención o de percepción no podrán repetir las sumas ingresas que hubiesen sido retenidas o percibidas de los contribuyentes.
Para obtener las devolución de las sumas que consideren indebidamente abonadas, los contribuyentes o responsables deberán interponer demanda de repetición ante la Dirección. Con la demanda deberá acompañarse y ofrecerse toda clases de pruebas. La demanda de repetición obligará a la Dirección a practicar la determinación de la obligación tributaria con respecto al período de que se trate y, en su caso, a exigir el pago de las sumas que resultaren adeudarse. Cuando la demanda se refiera a tributos para cuya determinación estuvieren prescriptas las accciones y facultades del Fisco, éstas renacerán por el término fiscal a que se impute la devolución y hasta el límite de la cantidad que se reclame. No será necesario el requisito de la protesta previa para la procedencia de la demanda de repetición, cualquiera sea la causa en que se funde.
Interpuesta la demanda, la Dirección, previa sustanciación de la prueba ofrecida que considere conducente y demás medidas que estime oportuno disponer, correr al demandante la vista que prevee el Artículo 45. a sus efectos y dictará la resolución dentro de los sesenta (60) días de interpuesta la demanda. La resolución será notificada al demandante.
La resolución de la Dirección quedará firme a los diez (10) días de notificada, salvo que el demandante interponga dentro de ese término los recursos establecidos en el Título Décimo de este Código. Si la Dirección no dictara resolución dentro de los sesenta (60) días de interpuesta la demanda, el demandante podrá considerarla como resuelta negativamente e interponer los recursos que correspondieren.
La acción de repetición por vía administrativa no procede, cuando la obligación tributaria hubiera sido determinada por la Dirección o por el Ministerio, mediante resolución firme, o cuando se fundare exclusivamente en la impugnación de la valuación de bienes establecida con carácter definitivo por la Dirección, el Ministerio u otra repartición administrativa competente, de conformidad con las normas establecidas.
Contra las resoluciones de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos que determinen total o parcialmente obligaciones tributarias, impongan sanciones por infracciones, resuelvan o denieguen exenciones, el contribuyente o responsable podrá interponer, ejerciendo la opción de manera excluyente, los siguientes recursos: a) De reconsideración ante la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, o b) De apelación ante el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. De no manifestar en forma expresa que ha optado por el recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, se entenderá que ha elegido el recurso de reconsideración ante la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.
Cualquiera haya sido el recurso por el que haya optado el contribuyente o responsable, el mismo será presentado por escrito ante la Dirección Provincial de Ingresos Públicos dentro de DIEZ (10) días de notificada la resolución respectiva.
Conjuntamente con el recurso de reconsideración, deberán exponerse todos los argumentos contra la resolución impugnada, como también acompañarse y ofrecerse la prueba correspondiente que haga al derecho del recurrente, no admitiéndose fuera de esta oportunidad otros escritos con el objeto mencionado. Si existieran pruebas, ofrecidas o agregadas, admitidas y sustanciadas, sólo podrán ofrecerse o acompañarse con el recurso, pruebas que se refieran a hechos posteriores a la resolución recurrida o documentos que no pudieron presentarse a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos por impedimento justificable.
La Dirección Provincial de Ingresos Públicos deberá sustanciar las pruebas que considere conducentes, pudiendo disponer las verificaciones y las medidas para mejor proveer que estime necesarias para establecer la real situación de hecho, las que serán notificadas al recurrente para su control, y dictará resolución motivada dentro de los treinta (30) días contados desde la interposición del recurso, notificándola al recurrente en la forma prevista por el Artículo 46.
La resolución de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos recaída en recurso de reconsideración, quedará firme a los cinco (5) días de notificada, salvo que dentro de ese término el recurrente interponga recurso contencioso administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
Conjuntamente con la interposición del recurso de apelación deberá expresarse los agravios, no pudiendo presentarse ni ofrecerse pruebas nuevamente. Interpuesto en tiempo y forma, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos elevará las actuaciones al Ministerio de Hacienda y Obras Públicas conjuntamente con un escrito de contestación a los fundamentos del apelante, dentro del término de los diez (10) días de interpuesto éste. El Ministerio de Hacienda y Obras Públicas dictará una decisión dentro de los treinta (30) días, a contar desde la fecha de la presentación del recurso, debiendo la respectiva resolución ser notificada al recurrente con sus fundamentos en la forma establecida en el párrafo anterior.
En todos los casos en que el contribuyente o responsable opte por la vía del recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos deberá remitir las actuaciones administrativas - con la contestación del organismo mencionada en el Artículo anterior- dentro del término fijado y sin más trámite que el de elevación. Unicamente podrá expedirse a su respecto, denegando la procedencia del recurso, en el supuesto de que la interposición del recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas haya sido realizada fuera del término legal de cinco (5) días contados desde la notificación de la resolución de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos objeto de la apelación.
El Ministerio de Hacienda y Obras Públicas podrá disponer medidas para mejor proveer y, en especial, convocar a las partes, a los peritos y a cualquier funcionario o empleado para procurar aclaraciones sobre puntos controvertidos. En todos los casos, las medidas para mejor proveer, serán notificadas a las partes quienes podrán controlar su diligenciamiento y efectuar las comprobaciones y verificaciones que estimen convenientes.
El contribuyente o el responsable, podrá interponer recurso contensioso-administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, contra las decisiones definitivas del Ministerio o cuando éste no hubiera dictado resolución, o vencido el plazo establecido en el artículo 100. El recurso deberá interponerse dentro de los cinco (5) días de notificada la decisión del Ministerio o de vencido el plazo señalado en el párrafo anterior. El Tribunal fijará fianza a su satisfacción para que con ella se responda al pago del tributo y sus accesorios, si el recurso fuera rechazado. Esta fianza deberá fijarse como requisito previo a cualquier trámite del recurso, y si no lo rindiera en el plazo de cinco (5) días se porducirá la caducidad del recurso.
Las pruebas de los asuntos contenciosos- administrativos referentes a la materia regida por este Código, serán valoradas con la regla de la sana crítica haciendo prevalecer la verdad real sobre la verdad formal.
Las constancias escritas y extendidas por los funcionarios de la Dirección en los sumarios instruidos con motivo de las infracciones fiscales, merecerán fe en juicio mientras no se pruebe su falsedad, esté o no firmada por el presunto infractor. Si el funcionario consignare datos falsos, culposa o dolosamente, será sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales aplicables al caso.
Los funcionarios de la Dirección en ningún caso, cualquiera sean las actuaciones, podrán ser recusados. Tampoco podrá ser recusado el Director Provincial.
Los recursos de reconsideración, apelación, eventualmente de queja, y la demanda de repetición, son requisitos previos esenciales para recurrir al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en vía contenciosa-administrativa.
*ARTICULO 108: El cobro judicial de los tributos, y su actualización, recargos e intereses y multas que no hubieren sido abonados, se efectuará por la vía de juicio de apremio en la forma prescripta en presente título. Para los casos no previstos en este Código o Leyes tributarias especiales se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, en especial las del Título Proceso Sumarísimo, no admitiéndose el abuso de los procesos legales que desnaturalicen o contraríen la brevedad del procedimientos de apremio fiscal. Establécese para el juicio de apremio el impulso procesal de oficio estando a cargo del Juzgado el activar la causa de tal manera que se respeten los términos y finalidad de celeridad perseguidos. La no observancia podrá constituir causal de mal desempeño de sus funciones por parte de los jueces intervinientes.
Los juicios serán tramitados ante los Jueces de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, cualesquiera sea el domicilio fiscal del contribuyente o responsable deudor.
Será Título Ejecutivo para el apremio, la Boleta de Deuda expedida por la Dirección Provincial de Rentas. El Título Ejecutivo contendrá: a) Apellido y nombre del deudor o deudores; y/o denominación o razón social de las personas jurídicas. b) Domicilio del deudor cuando sea conocido; o en su defecto el domicilio fiscal determinado según los Artículos 31 y 32 del presente Código. c) Tributo adeudado. d) Importe de la deuda discriminada por conceptos a la fecha de expedición del título; e) Lugar y fecha de su expedición; f) Firma del Director y sello de la Repartición.
Los poderes de los representantes del Fisco serán las copias de los decretos y/o poderes de sus respectivos nombramientos, o carta poder firmadas por el Fiscal del Estado o sus sutitutos legales, las que serán agregadas a cada expediente. Los representantes del Fisco no tienen facultad para efectuar cobranzas fuera del juicio, debiendo en todos los casos hacerse depósito judicial o pago en la Dirección. Tampoco están facultados para desistir, conceder esperas y paralizar los juicios sin autorización escrita de la Dirección.
En el escrito de demanda se denunciarán los bienes a embargar y en caso de no existir o desconocerse la solvencia del deudor, se solicitar su inhibición general. Junto con el escrito de demanda, se indicará y propondrá el oficial de justicia AD HOC designado por la Dirección, indicando el número de resolución, para que a petición de parte, cumpla con las diligencias pertinentes.
Presentada la demanda el juez examinará la documentación acompañada y si la encontrare en forma, la proveerá dentro de las veinticuatro (24) horas con las siguientes especificaciones: a) Presentación del actor, fijación del domicilio, justificación de la personería y agregación de los documentos acompañados; b) Iniciación de la demanda de apremio y embargo por la suma reclamada, más la que el magistrado presupueste provisoriamente para gastos y costas. c) La notificación y emplazamiento del deudor por el término de cinco (5) días, para que abone su deuda y suma presupuestada provisoriamente para gastos y costas o concurra a estar en juicio, constituir domicilio dentro del radio del juzgado y oponer excepciones legítimas. d) La traba del embargo sobre los bienes del deudor denunciados por el ejecutante en la demanda y con posterioridad a ella. Simultáneamente ordenará librar oficio a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble para la toma de razón del embargo, cuando se tratare de inmuebles, y mandamiento al Oficial de Justicia para que proceda a su secuestro y/o depósito judicial, si se tratare de muebles o semovientes. Si resultare insolvente el demandado se decretará su inhibición general. e) Designar el Oficial de Justicia ad hoc, propuesto por la Dirección Provincial de Rentas, indicando que se encuentra autorizado a notificar, embargar, secuestrar o requerir el pago y toda otra diligencia propia de la función de los Oficiales de Justicia.
El auto mencionado en el artículo anterior será notificado, por cédula, en el domicilio fiscal constituído o determinado. La única notificación que se realizará obligatoriamente en el domicilio fiscal o determinado del contribuyente, es la de intimación de pago y citación para comparecer, en su caso, a estar a derecho y oponer excepciones legítimas de que da cuenta el inc. c) del Artículo 113 precedente. Todas las demás, en caso de incomparendo a juicio del obligado, se tendrán por efectuadas en los Estrados del Juzgado, incluida la referida a la declaración de su rebeldía. La notificación de la demanda en el domicilio fiscal o determinado y en la persona de quien adujere ser el encargado o responsable en relación al bien, establecimiento o persona física o jurídica en su caso, implicar el pleno efecto de la notificación o requerimiento a los herederos, condóminios o responsables y obligados al pago de la deuda que se reclame, cuando éstos, no hubieren notificado a la actora, en tiempo y forma el cambio de titular en el dominio o posesión, o de toda otra situación que hubiere modificado lo relacionado con el contribuyente y/o domicilio registrado con anterioridad. Estarán encargados del diligenciamiento pertinente, los Señores notificadores del Tribunal, Oficiales de Justicia, Jueces de Paz o Encargados de Destacamentos, Comisarías o Puestos de Policía de la Provincia o el Oficial de Justicia Ad-hoc propuesto por el ejecutante, con idénticas facultades que las contenidas en el inc. e) del Artículo 113 Código Tributario.
Vencido el término del emplazamiento sin que el ejecutado comparezca a juicio, se le dará por perdido el derecho que ha dejado de usar y se lo declarará rebelde y las sucesivas notificaciones se efectuarán en los estrados del Tribunal.
Si fueren varios los ejecutados, o si de la notificación del Art. 114 resultaren otros responsables el juicio de apremio se tramitar en un solo expediente, unificándose la personería en un representante, a menos que existan intereses encontrados a juicio del magistrado. Si a la primera intimación las partes no concidieren en el representante único, el juez lo designará entre los que intervinieren en el juicio y sin recurso alguno. Si alguno de los deudores opusiera excepciones o defensas que no fueran comunes, se formarán incidentes separados, los que se abrirán a prueba por el mismo término previsto en el Art. 120. Código Tributario.
Las únicas excepciones admisibles son: a) Pago total; b) Inhabilidad de Título por vicio de forma, fundada exclusivamente en defectos extrinsecos de la Boleta de Deuda. c) Exención fundada en Ley; d) Prescripción; La numeración precedente es taxativa y de interpretación restrictiva, no pudiendo asimilarse a ningún otro tipo de defensa.
Si el contribuyente demandado tuviere efectuados pagos parciales de la deuda reclamada, podrá alegarlos, únicamente, con la agregación de los recibos oficiales que lo acrediten, dentro del mismo término fijado para oponer excepciones. En caso de que simultáneamente se efectivice la diferencia resultante con la suma reclamada en la demanda y lo provisoriamente presupuestado por el Juzgado para los intereses, gastos y costas, se lo considerará como alegación de causal extintiva del juicio de apremio. De lo contrario sólo será considerado en la liquidación final del juicio. La negación de pago sólo genera costas por su orden.
Las pruebas de pago consistirán, exclusivamente, en los recibos oficiales expedidos y reconocidos por el ejecutante. De los pagos, como de las excepciones, se correrá traslado a la actora por el término de cinco (5) días, lo que se notificará por cédula. Esta deberá ser entregada en forma, al juzgado, por el oponente, dentro de los tres (3) días siguientes al momento en que el decreto que ordene el traslado haya quedado firme, bajo apercibimiento de tenerse por producido de pleno derecho el desistimiento del planteo de que se trate.
Opuesta la excepción y existiendo hechos que probar, se ordenará apertura de la causa a prueba por diez (10) días improrrogables. El término de prueba solo podrá suspenderse con relación a determinadas pruebas que no hubieren sido diligenciadas por causa no imputables a la parte interesada, en cuyo caso al juez fijará un plazo que no excederá los diez (10) días para que se practique.
Vencidos los términos establecidos en el artículo anterior, se agregarán las pruebas producidas corriéndose de las mismas traslado a la Dirección de Rentas, para que se exprese sobre los hechos materia de prueba, por (5) cinco días.
No habiéndose opuesto excepciones, el Juez automáticamente y en el término de diez (10) días desde que las actuaciones queden en estado de resolver, dictará sentencia de remate, mandando llevar adelante la ejecución por el capital reclamado, accesorias legales, gastos y costas. Cuando hubiere que resolver excepciones y estas tuvieren que rechazarse, en la misma oportunidad, se deberá dictar la sentencia de remate, lo que también, deberá ocurrir dentro del mismo término antes indicado.
Dictada la sentencia de remate y dentro del término de diez (10) días de haber quedado firme, se dispondrá la venta en pública subasta de los bienes embargados, fijándose lugar, día y hora para la realización de aquélla, lo que no podrá ocurrir más allá de los veinte (20) días siguientes a la fecha del decreto que ordena la subasta. La venta se anunciará por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y otro diario local durante el plazo de dos (2) días si se tratara de bienes muebles, y de tres (3) días si se tratara de bienes inmuebles. Cuando hubiere acreedor hipotecario, prendario o cualquier otra persona con interés directo en el juicio, se le citará para la venta en el mismo edicto a que se refiere el párrafo anterior, a menos que, sabiéndosele domiciliado en la localidad sede del juzgado puede hacérsele personalmente la citación. En caso de que resulten acreedores los bancos oficiales o particulares que estén fuera de la localidad, se los citará en la forma establecida en el Artículo 46 primer párrafo. Cuando del informe, que el registro respectivo deba expedir, antes de la subasta del bien embargado, resulte que el título del mismo no se encuentra inscripto o no existan constancias sobre las condiciones de dominio, el propietario actual, no podrá invocar como defensa el error que se hubiera cometido en la constancia de la Dirección respecto del nombre del deudor o cualquier otra circunstancia. Conocido que sea se mandará a inscribir, corregir la inscripción del bien cuestionado, continuándose la acción contra el verdadero dueño. En caso de inmuebles, si se desconociera el nombre del propietario, se seguirá la acción contra propietario desconocido, nombrándole al Defensor de Ausentes para que lo represente.
El martillero a cuyo cargo correrá la subasta será designado a propuesta de la Dirección de Rentas. Si ésta llevare la conformidad de aquél, significará la aceptación del cargo. El Martillero designado podrá ser recusado con justa causa dentro de dos (2) días posteriores a su designación.
La venta de los bienes embargados se decretará sobre la base del monto total de la deuda y costas presupuestadas Fracasado el primer remate podrá ordenarse un segundo con igual base que para el anterior, a menos que se haga uso de la facultad que establece el Artículo 127.
La venta podrá ordenarse por la totalidad o por una sola parte del bien o bienes afectados a la ejecución, cuando a juicio del ejecutante sea posible y conveniente la subdivisión. En caso de bienes inmuebles la subdivisión quedará librada al criterio de la Dirección, la cual para una mejor apreciación podrá solicitar el asesoramiento o intervención de otras reparticiones técnicas o funcionarios de la administración pública provincial. En tal supuesto servirán como base para la subasta los porcentajes del monto determinado en el artículo anterior correspondientes a la parte proporcional del avalúo que señale la Dirección. Esta facultad podrá ser usada por el actor en cualquier estado del juicio anterior a la venta.
Si fracasara la venta en el primer remate, los autos serán pasados al Poder Ejecutivo para que opte dentro del término de quince (15) días, por un segundo remate o por la adjudicación de los bienes embargados. Fracasado el segundo remate los bienes serán adjudicados en propiedad al Estado.
Obtenida la adjudicación en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior se mandará dar la posesión del inmueble al demandante y la correspondiente escritura traslativa de dominio por el deudor o por el juez. En tales casos los jueces no podrán disponer el archivo de las actuaciones mientras no se haya cumplimentado lo dispuesto en el párrafo anterior.
En el acto de remate el comprador oblará al Martillero el valor total de la venta o el diez por ciento (10%) como seña y parte del precio, más la comisión correspondiente. En este último caso el adquirente perderá lo depositado si no ingresa el saldo dentro del plazo establecido en el Artículo 130 y por tal causa, se dejará sin efecto el remate. Dentro de los tres (3) días siguientes de haber llenado su cometido, el Martillero dará cuenta al juez acompañando la boleta comprobatoria del depósito en el Banco de la Provincia de San Luis, a la orden del Juzgado y como perteneciente al juicio por el importe percibido con dedución de los gastos.
Aprobado el remate, el comprador está obligado a depositar el saldo de su compra dentro de los tres (3) días de su notificación y emplazamiento, concluído el cual se mandará darle la posesión del bien subastado. Si no cancelare dicha obligación, se dejar sin efecto el remate, ordenándose nueva subasta con igual base que la anulada. En este caso, la seña oblada por el comprador responderá de las costas causadas con ese objeto, y el remanente, si lo hubiere, será ingresado a Rentas Generales.
Hecha la oblación del precio total de los bienes subastados, y dada la posesión, se recabarán los títulos, emplazando al deudor para que los presente dentro de los tres (3) días siguientes al mismo, bajo apercibimiento de ser sacados a su costa de los protocolos públicos a fin de otorgar la correspondiente escritura de transferencia por el término de ocho (8) días, por el ejecutado por el juez. Cuando no pudiera obtenerse título de propiedad ni segundo testimonio del mismo, la Dirección con la colaboración de los funcionarios y oficinas técnicas de la administración que estime necesario, procederá a formalizar las bases del nuevo título, debiendo acompañarse el plano que hará levantar del inmueble subastado y que servirá de base para la nueva escritura, de la cual se tomará razón en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, y empadronará la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro a nombre del adquirente aunque no hubiese existido título.
Realizado el pago de precio y previa determinación de los gastos causídicos y costas que se adeuden, se mandará hacer la correspondiente liquidación del crédito, y practicada que sea por el actor, se correrá traslado de ella al ejecutado por el término de tres (3) días para que exprese su reparo o conformidad. Con ese obrado, el juez sin otras sustanciaciones aprobará o reformará la liquidación sin recurso alguno para el ejecutado. Cumplida esta diligencia, el juez mandará entregar al Fisco el importe de su crédito y ordenará el pago de los gastos causídicos y costas. Si pagada la deuda fiscal, origen de la ejecución y gastos de ella, resultare algún saldo, el juez ordenará entregarlo al ejecutado. En ningún caso se ordenará practicar liquidación antes de la realización de la subasta, o de la efectivización por el ejecutado de las sumas reclamadas en autos.
El deudor ejecutado puede interrumpir el apremio hasta el momento del acto de remate, abonando el crédito, comisión, intereses, honorarios y gastos, estos últimos aproximadamente si no están regulados ni liquidados, quedando responsable por el saldo total.
Las resoluciones dictadas por los Jueces de Primera Instancia en los Juicios por Apremio causan ejecutoria, y son irricurribles para el ejecutado salvo hechos posteriores o violaciones al procedimiento establecido en el presente Título.
En los casos de sentencia dictada en los juicios de apremio por cobro de impuestos, tasas y contribuciones, la acción de repetición en juicio ordinario solo podrá deducirse una vez satisfecho el impuesto, tasa o contribución adeudada, su actualización, multas, accesorios, gastos y costas.
El Fisco de la Provincia, los entes autárquicos y descentralizados de ésta, y las municipalidades, están eximidos de prestar fianza en los juicios que se promovieren.
Los juicios de apremio no podrán durar en su tramitación más de noventa (90) días. Si se excediera este término la oficina correspondiente informará a la Dirección y ésta al Ministerio, en caso que sea necesario, sobre los motivos de la dilación a fin de adoptar las medidas que correspondan. Los jueces no ordenarán el finiquitamiento del juicio de apremio sin previa comprobación auténtica del depósito y pago del importe de la ejecución, gastos y costas.
En los juicios de apremio no se operará la perención de instancia prevista por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. No será obstáculo a la prosecución de los mismos la falta de reposición de sellado o tasa correspondiente.
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