Abriendo la norma
Ley provincial 2.424 · 1995
Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz.
Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y substanciado conforme a las disposiciones de este Código, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de la inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.
Las leyes procesales penales se aplicarán desde su promulgación, aun en causas por delitos anteriores cuyas sentencias no están ejecutoriadas, salvo disposición en contra.
Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía.
En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al Imputado.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia dictará las normas prácticas que sean necesarias para aplicar éste Código, sin alterar su alcance y espíritu.
La acción penal pública se ejercerá por el ministerio fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previsto por la ley.
La acción penal dependiente de instancia privada no se podrá ejercitar si las personas autorizadas por el Código Penal no formularen denuncia ante autoridad competente.
La acción privada se ejerce por medio de querella, en la forma especial que establece este Código.
Si el ejercicio de la acción penal dependiere de juicio político, desafuero o enjuiciamiento previos, se observarán los límites establecidos por este Código en los artículos 181° y siguientes.
Los Tribunales deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.
Cuando la existencia del delito depende de una cuestión prejudicial establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá aún de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior los tribunales podrán apreciar si la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que este continúe mediante resolución fundada.
El juicio previo de la otra jurisdicción podrá ser promovido y proseguido por el ministerio fiscal con citación de las partes interesadas.
Resuelta la suspensión del proceso se ordenará la libertad del imputado, sin perjuicio de realizarse los actos urgentes de la instrucción.
La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la pretensión resarcitoria civil, podrá ser ejercida solo por el titular de aquélla, o por sus herederos en relación a su cuota hereditaria, representantes legales o mandatarios, contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable, ante el mismo Tribunal en que se promovió la acción penal.
La acción civil será ejercida por la Fiscalía de Estado cuando la Provincia resulte perjudicada por el delito y por el ministerio pupilar o defensoría de pobres y ausentes cuando el titular de la acción sea incapaz para hacer valer sus derechos, no tenga quien lo represente o acredite estado de pobreza.
La acción civil sólo podrá ser ejercida en el proceso mientras esté pendiente la acción penal. La absolución del procesado no impedirá al Tribunal pronunciarse sobre la acción civil en la sentencia.
Si la acción penal no puede proseguir en virtud de causa legal, la acción civil podrá ser ejercida ante el fuero que correspondiera.
La competencia penal se ejerce por los magistrados que la ley instituye, es improrrogable y se extiende al conocimiento de los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar.
Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos. Sin perjuicio de ello, el proceso de jurisdicción provincial podrá substanciarse simultáneamente con el otro, siempre que no se obstaculice el ejercicio de las respectivas jurisdicciones o la defensa del imputado.
Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o de otra jurisdicción provincial, ser juzgado primero en la provincia si el delito imputado en ella fuere el de mayor gravedad o, siendo ésta igual, al que se hubiera cometido anteriormente. Del mismo modo se procederá en casos de delitos conexos. Pero el Tribunal, si lo estimare conveniente, podrá suspender el trámite del proceso o diferir su decisión hasta después que se pronuncie la otra jurisdicción.
Cuando una persona sea condenada en diversas jurisdicciones y corresponda unificar las penas, conforme a lo dispuesto por la ley sustantiva, el Tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o la menor.
El Tribunal Superior de la Provincia de Santa Cruz conoce en los casos y formas establecidos por la Constitución Provincial y leyes vigentes, y en especial: 1.- De los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión. 2.- De las cuestiones de competencia de magistrados de distintas circunscripciones y entre jurisdicciones de distintas naturalezas.
Las Cámaras en lo Criminal juzgan: 1.- En única instancia, de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro Tribunal. 2.- En única instancia, de las solicitudes de libertad condicional, respecto de los condenados por sentencias dictadas por ella. 3.- De las cuestiones de competencia entre los jueces de Instrucción, en lo Correccional y de Menores. Un Juez de recursos, con rango de vocal de cámara, entenderá en los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de Instrucción, en lo Correccional y de Menores; así como en los recursos de queja por justicia retardada o apelación denegada por los mismos.
Los jueces de instrucción investigarán los delitos de competencia criminal y correccional según las reglas establecidas en este Código.
El juez de menores conocerá: 1.- En la investigación de los delitos cometidos por menores que no hayan cumplido dieciocho años al tiempo de la comisión del hecho. 2.- En el juzgamiento en única instancia en los delitos cometidos por menores que no hayan cumplido dieciocho años al tiempo de la comisión del hecho cuya pena no supere los tres (3) años de prisión. En los casos que prevén este inciso y el anterior, quedarán sujetos a la misma causa los mayores de dieciocho (18) años que resultaren imputados en el mismo hecho como coautores, partícipes o encubridores. 3.- Nota de Redacciòn: Inciso 3- DEROGADO
Si en el territorio de su competencia no hubiere juez en lo penal o de menores, el juez de paz practicará los actos urgentes de investigación con arreglo al artículo 186°, debiendo comunicarlos inmediatamente al órgano judicial competente. Deberá remitir las actuaciones a dicho órgano dentro de los tres (3) días a contar desde su avocamiento, pero en caso de difícil investigación, aquél podrá prorrogar este término por otro tanto. Podrán ordenar la detención del imputado conforme a lo dispuesto por los artículos 264°, 265°, 266°, 267°, comunicándole inmediatamente al juez competente y recibirá únicamente declaraciones testificales según las normas de la instrucción, debiendo elevar en este caso las actuaciones y remitir el imputado dentro de las veinticuatro (24) horas. Una ley determinará en que juicios o en que delitos de pena menor el juez de paz podrá realizar íntegramente la instrucción conforme las normas de este Código.
Para determinar la competencia se tendrá en cuenta la pena establecida por la ley para el delito consumado y las circunstancias agravantes de calificación, no así la acumulación de penas por concurso de delitos de la misma competencia. Cuando la ley reprima el delito con varias clases de pena se tendrá en cuenta la cualitativamente más grave.
La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El Tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere. Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el Tribunal juzgará los delitos de competencia inferior.
La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia, producirá la nulidad de los actos excepto los que no pueden ser repetidos, y salvo el caso de que el Tribunal de mayor competencia haya actuado en una causa atribuida a otro de menor competencia.
Será competente el Tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito. En caso de tentativa, lo será el de la circunscripción judicial donde se cumplió el último acto de ejecución. En el caso de delito continuado o de delito permanente, será competente el Tribunal de la circunscripción judicial en la que cesó la continuación o la permanencia.
Si se ignora o duda en qué? circunscripción se cometió el delito, será competente el Tribunal que previno en la causa.
En cualquier estado del proceso, el Tribunal que reconozca su incompetencia territorial, previa vista al ministerio fiscal, debera remitir la causa al que estime competente poniendo a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.
La declaración de incompetencia territorial no producirá la nulidad de los actos de instrucción ya cumplidos.
Las causas serán conexas cuando: 1.- Los delitos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas; o aunque lo fuere en distinto tiempo o lugar, cuando hubiere mediado acuerdo entre ellas. 2.- Un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad. 3.- A una persona se le imputan varios delitos de idéntica competencia territorial.
Cuando se sustancian causas conexas por delitos de acción pública y jurisdicción provincial aquellas se acumularán y será Tribunal competente, de acuerdo al siguiente orden: 1.- Aquel al que corresponda el delito más grave. 2.- Si los delitos estuvieran reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el delito primeramente cometido. 3.- Si los delitos fueran simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que haya procedido a la detención del imputado o, en su defecto, el que haya prevenido. 4.- Si no pudieran aplicarse estas normas, el Tribunal que debe resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia. La acumulación de causas no obstará a que se puedan tramitar por separado las distintas actuaciones sumariales.
No procederá la acumulación de causas durante la instrucción cuando determine un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos los procesos deberá intervenir un solo Tribunal de acuerdo con las reglas del artículo anterior. Si correspondiere unificar las penas, el Tribunal lo hará al dictar la última sentencia.
Si dos Tribunales se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un delito, el conflicto será resuelto por: 1.-El Tribunal Superior de Justicia, cuando se planteare entre Tribunales de distinta competencia o de jurisdicciones de distinta naturaleza, que no reconozcan un órgano jerárquico común que deba resolverlos. 2.-Las Cámaras en lo Criminal y Correccional cuando se planteare entre distintos Jueces en lo Criminal y Correccional o de Menores de su circunscripción judicial.
El ministerio fiscal y las otras partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el Tribunal que consideren competente o por declinatoria ante el Tribunal que consideren incompetente. El que optare por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro ni emplearlos simultánea o sucesivamente. Al plantear la cuestión, el recurrente deberá manifestar, bajo pena de inadmisibilidad que no ha empleado el otro medio y si resultare lo contrario será condenado en costas, aunque aquella sea resuelta a su favor o abandonada. Si se hubieren empleado los dos medios y llegado a decisiones contradictorias, prevalecerá la que se hubiere dictado primera.
La cuestión de competencia podrá ser promovida en cualquier estado de la instrucción, y hasta antes de fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 30º, 33º y 359º.
Cuando se promueva la inhibitoria se observarán las siguientes reglas: 1.-El Tribunal ante quien se proponga, la resolverá dentro del tercer día previa vista al ministerio fiscal por igual término. 2.-Cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución será apelable ante el Tribunal competente para resolver el conflicto conforme a lo previsto en el artículo 38º. 3.-Cuando se resuelva librar oficio inhibitorio, con el se acompañarán las piezas necesarias para fundar la competencia. 4.-El Tribunal requerido, cuando reciba el oficio inhibitorio, resolverá previa vista por tres (3) días al ministerio fiscal y a las otras partes; cuando haga lugar a la inhibitoria, su resolución será apelable. Si la resolución declara su incompetencia los autos serán remitidos oportunamente al Tribunal que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y a los elementos de convicción que hubieren. 5.-Si se negare la inhibición, el auto será comunicado al Tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista en el inciso 4 y se le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes al Tribunal competente para resolver el conflicto. 6.-Recibido el oficio expresado anteriormente, el Tribunal que propuso la inhibitoria resolverá en el término de tres (3) días y sin más trámite, si sostiene o no su competencia; en el primer caso remitirá los antecedentes al Tribunal competente para resolver el conflicto. En el segundo, se lo comunicará al competente, remitiendo todo lo actuado. 7.-El conflicto será resuelto dentro de tres (3) días previa vista por igual término al ministerio fiscal, remitiéndose de inmediato la causa al Tribunal competente.
La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.
Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción que será continuada: a) Por el Tribunal que primero conoció la causa. b) Si dos Tribunales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha, por el requerido de inhibición. Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el Tribunal ordene la instrucción suplementaria prevista por el artículo 340º.
Los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia serán válidos, con excepción de lo dispuesto en el artículo 30°, pero el Tribunal a quien correspondiere el proceso podrá ordenar su ratificación o ampliación.
Las cuestiones de jurisdicción con Tribunales Federales, Militares o de otras Provincias, serán resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia.
Los Tribunales solicitarán la extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta jurisdicción acompañando al exhorto copia de la orden de detención, del auto de procesamiento y prisión preventiva o de la sentencia y, en todo caso, los documentos necesarios para comprobar la identidad del requerido.
Si el imputado o condenado se encontrara en territorio extranjero la extradición se tramitará por vía diplomática y con arreglo a los tratados existentes o al principio de reciprocidad.
Las solicitudes de extradición efectuadas por otros tribunales serán diligenciadas inmediatamente, previa vista por veinticuatro (24) horas al ministerio fiscal, siempre que reúnan los requisitos del artículo 46º. Si el condenado o imputado fuere detenido, verificada su identidad, se le permitirá que personalmente o por intermedio del defensor aclare los hechos o indique las pruebas que a su juicio pueden ser útiles, después de lo cual, si la solicitud de extradición fuese procedente, deberá ser puesto sin demora a disposición del Tribunal requirente.
El juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos: 1.-Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o auto de procesamiento; si hubiera intervenido como funcionario del ministerio fiscal, defensor, mandatario, denunciante, querellante, si hubiere actuado como perito o conocido el hecho como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere actuado profesionalmente con intereses contrapuestos con alguna de las partes involucradas. 2.-Si como juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3.-Si fuere pariente, en los grados preindicados, con algún interesado. 4.-Si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en él proceso. 5.-Si fuere o hubiere sido tutor o curador o hubiere estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados. 6.-Si él o sus parientes dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima. 7.-Si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de algunos de los interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales o constituidos bajo la forma de sociedades anónimas. 8.-Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados o acusado por ellos, o denunciado por los mismos. 9.-Sí antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio de destitución. 10.-Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados. 11.-Si tuviere amistad intima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. 12.-Si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo hubieran recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor.
A los fines del artículo anterior, sólo sé considerarán interesados el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado aunque éstos últimos no se constituyan en parte.
El juez que se inhiba remitirá la causa por decreto fundado al que deba reemplazarlo; éste proseguirá su curso inmediato, sin perjuicio de elevar los antecedentes pertinentes al Tribunal correspondiente, si estimare que la inhibición no tiene fundamento. El Tribunal resolverá la incidencia sin trámite. Cuando el juez que se inhiba forme parte de un Tribunal colegiado le solicitará que le admita la inhibición.
Las partes, sus defensores o mandatarios podrán recusar al juez sólo cuando existieren uno o más de los motivos enumerados en el artículo 49º.
La recusación deberá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad por un escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba si los hubiere.
La recusación sólo podrá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad en las siguientes oportunidades: durante la instrucción antes de su clausura; en el juicio durante el término de citación y cuando se trate de recursos en el primer escrito que se presente o en el término de emplazamiento. Sin embargo, en caso de causal sobreviniente, o de ulterior integración del Tribunal la recusación podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida o de ser aquélla notificada respectivamente.
Si el juez admitiere la recusación, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51º. En caso contrario, sé remitirá el escrito de recusación con su informe al Tribunal competente que, previa audiencia, en que sé recibirá la prueba e informaran las partes resolverá el incidente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, sin recurso alguno.
Si el juez fuere recusado y no admitiere la causal siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continuará la investigación aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos siempre que lo pidiere el recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ellos.
Los secretarios y auxiliares deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos expresados en el artículo 49º y el Tribunal ante el cual actúen averiguará sumariamente el hecho y resolverá lo que corresponda, sin recurso alguno.
Producida la inhibición o aceptada la recusación el juez inhibido o recusado no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo pena de nulidad. Aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la intervención de los nuevos magistrados será definitiva.
El ministerio fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley.
Además de las funciones generales acordadas por la ley, el fiscal de la Cámara en lo penal actuará en la tramitación de los recursos y durante el juicio ante el Tribunal respectivo y podrá llamar al agente fiscal que haya intervenido en la instrucción en los siguientes casos: 1.-Cuando se trate de un asunto complejo para que le suministre informaciones o cuadyuve con él, incluso, durante el debate. 2.-Cuando estuviere en desacuerdo fundamental con él requerimiento fiscal, o le fuere imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusación sustituyéndolo en el debate.
El agente fiscal actuará en su caso ante los jueces en lo penal, cumplirá la función atribuida por el artículo anterior y colaborará con el fiscal del Tribunal de juicio cuando este lo requiera.
Los representantes del ministerio fiscal formularán motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del juez; procederán oralmente en los debates y por escrito en los demás casos. Cuando el recargo de tareas lo hiciere estrictamente necesario, los miembros de los ministerios públicos podrán encomendar por nota poder, para que actúen bajo sus instrucciones, la representación a miembros letrados del ministerio a su cargo.
En el ejercicio de sus funciones el ministerio fiscal dispondrá de los poderes acordados al Tribunal por el artículo 113º.
Los miembros del ministerio público deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, con excepción de los casos en que la acusación o la denuncia hayan sido en ejercicio de sus funciones. La recusación, lo mismo que las cuestiones de inhibición, serán resueltas en juicio oral y sumario y mediante incidente, por el juez o Tribunal ante el cual actúa el funcionario recusado.
Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso. Cuando estuviere detenido, el imputado o sus familiares, podrán formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, el que la comunicará inmediatamente al magistrado competente.
La persona ha quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aún cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al Tribunal, personalmente o por intermedio de un defensor, aclarando los hechos o indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.
La identificación se practicará por los datos personales del imputado, sus impresiones digitales y señas particulares por medio de la oficina técnica respectiva y cuando no sea posible porque el imputado se niegue a dar sus datos o los dé falsamente, sé procederá a su identificación por testigos, en la forma prescripta para los reconocimientos por los artículos 254º y siguientes, y por los otros medios que se juzguen oportunos.
Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados y obtenidos no alterarán el curso de la causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de la misma o durante la ejecución.
Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho padecía de una enfermedad mental que lo hacía inimputable, podrá disponerse provisionalmente su internación en un establecimiento especial, si su estado lo tornare peligroso para sí o para los terceros. En tal caso, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador o si no lo hubiere, por el defensor oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados. Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años, sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutores, sin perjuicio de la intervención del defensor de menores.
Si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el Tribunal suspenderá la tramitación de la causa y, si su estado lo tornare peligroso para sí o para los terceros ordenará la internación de aquél en un establecimiento adecuado cuyo director le informará trimestralmente sobre el estado del enfermo. La suspensión del trámite del proceso impedirá la declaración indagatoria o el juicio, según el momento que se ordene sin perjuicio de que se averigue el hecho o se prosiga aquél contra los demás imputados. Si curase el imputado, proseguirá la causa a su respecto.
El imputado será sometido a examen mental siempre que exista la posibilidad de que se le aplique una pena superior a los diez (10) años de prisión, o cuando fuere sordomudo, o menor de dieciocho (18) años o mayor de setenta (70) años, o si fuere probable la aplicación de una medida de seguridad.
Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado Provincial garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos: a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente designe. c) A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia. d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado, en tanto no se comprometa la eficacia de la investigación. e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida antelación.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho: a) A ser informada por la oficina correspondiente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de constituírse en actor civil o tener calidad de querellante. b) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado. c) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado por persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.
Los derechos reconocidos en este capítulo deberán ser enunciados por el órgano judicial competente al momento de practicar la primera citación de la víctima o del testigo.
Tendrán derecho a constituirse en parte querellante y como tal, impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que este Código establezca: a) toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública. Cuando se tratare de un incapaz, actuará por él, su representante legal. Cuando se trate de un delito, cuyo resultado sea la muerte del ofendido, podrán ejercer este derecho las siguientes personas: el cónyuge supérstite, sus herederos forzosos, la persona que haya convivido en aparente matrimonio con la víctima del delito, conforme lo determinan las normas previsionales vigentes, los parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive o su último representante legal. Si el querellante particular, conforme lo determina el artículo 15 del presente ordenamiento se constituyera a la vez en actor civil, podrá hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos institutos; b) los Legisladores Nacionales, Provinciales o Municipales y cualquier ciudadano o persona jurídica; en los casos que se denuncien o investiguen hechos de corrupción que hayan sido presuntamente cometidos, como autores o partícipes, por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas; o en los de delitos contra el ambiente. También podrá ser tenido como parte querellante el Fiscal de Estado de la Provincia, cuando el hecho conlleve perjuicios patrimoniales para el Estado, sin que su intervención implique el desplazamiento o exclusión de los enunciados anteriormente, ni la necesidad de unificación de la representación con este último.
La pretensión de constituírse en parte querellante se formulará por escrito, en forma personal o por mandatario especial que agregará el poder, con asistencia letrada. Deberá consignarse bajo pena de inadmisibilidad: 1.- Nombre, apellido, domicilios real y legal del querellante. 2.- Relación suscinta del hecho en que se funda. 3.- Nombre, apellido y domicilio del o de los imputados, si los supiere. 4.- La acreditación de los extremos de personería que invoca, en su caso. 5.- La petición de ser tenido por querellante y la firma.
La constitución en parte querellante se regirá, en cuanto a su oportunidad, por lo dispuesto respecto al actor civil. El pedido será resuelto por decreto fundado o auto en el término de tres (3) días. La resolución será apelable.
Serán aplicables los preceptos sobre unidad de representación, responsabilidad del querellante y desistimiento expreso contenidos en el capítulo "Juicios por delitos de acción privada".
La intervención de una persona como querellante no la exime de la obligación de declarar como testigo en el proceso.
Para ejercer la acción civil emergente del delito en el proceso penal su titular deberá constituirse en actor civil. Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas en las formas prescriptas para el ejercicio de las acciones civiles.
La constitución de actor civil procederá aún cuando no estuviere individualizado el imputado. Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la acción podrá ser dirigida contra uno o más de ellos. Pero si lo fuera contra los segundos deberá obligatoriamente, ser dirigida además contra los primeros. Cuando el actor no mencionare a ningún imputado, se entenderá que se dirige contra todos.
La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por mandatario mediante un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, las condiciones personales y el domicilio legal del accionante, a que proceso se refiere y los motivos en que se funda la acción.
La constitución de parte civil podrá tener lugar en cualquier estado del proceso, hasta la clausura de la instrucción. Pasada dicha oportunidad la constitución será rechazada sin más trámite, sin perjuicio de su derecho de accionar en la sede correspondiente.
El actor civil tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho delictuoso y los daños y perjuicios que le haya causado, y reclamar las medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes.
La constitución de actor civil deberá ser notificada al imputado y al civilmente demandado y producirá efectos a partir de la última notificación. En el caso del artículo 81º primera parte, la notificación se hará en cuanto se individualice al imputado.
El actor civil deberá concretar su demanda dentro de seis (6) días de notificado de la resolución prevista en el artículo 329°. La demanda se formulará por escrito y con las formalidades exigidas en el Código Procesal en lo Civil y Comercial y será notificada de inmediato al imputado y a los civilmente demandados.
El actor podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiere causado. El desistimiento importa renuncia de la acción civil. Se lo tendrá por desistido cuando no concrete la demanda en la oportunidad fijada en el artículo 86º o no comparezca al debate o se aleje de la audiencia sin haber formulado conclusiones.
El actor civil carece de recursos contra el auto de sobreseimiento y la sentencia absolutoria sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderle en sede civil.
La intervención de una persona como actor civil no la exime del deber de declarar como testigo, en el proceso penal.
Las personas que según la ley civil, respondan por el imputado del daño que cause el delito, podrán ser citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien ejerza la acción resarcitoria, quién en su escrito, expresará el nombre y el domicilio del demandado y los motivos en que funda su acción.
El decreto que ordene la citación, que podrá hacerse en la oportunidad que establece el artículo 83º, contendrá el nombre y domicilio del accionante y del citado, la indicación del proceso y el plazo en que se deba comparecer el que nunca será menor de cinco (5) días. La resolución será notificada al imputado.
Será nula esta citación cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del civilmente demandado, restringiéndole la audiencia o la prueba. La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción civil ante la jurisdicción respectiva.
El desistimiento del actor civil hará caducar la intervención del civilmente demandado.
El civilmente demandado deberá contestar la demanda dentro de los seis (6) días de notificado de la misma. En el mismo plazo podrá oponer las excepciones y defensas civiles que estime pertinentes y reconvenir. La forma se regirá por lo establecido por el Código de Procedimientos Civil y Comercial.
El trámite de las excepciones y la reconvención se regirá por las respectivas disposiciones del Código de Procedimientos Civil y Comercial. Los plazos serán en todos los casos de tres (3) días. La resolución de las excepciones podrá, sin embargo, ser diferida por el Tribunal para la sentencia por auto fundado.
Aún cuando estuvieran pendientes de resolución las excepciones y defensas, las partes civiles deberán ofrecer su prueba, bajo pena de caducidad en el período establecido por el artículo 337º.
El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial lo que se le hará saber por la autoridad policial o judicial que intervenga en la primera oportunidad. Podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal substanciación del proceso. En este caso el Tribunal le ordenará que elija defensor dentro del término de tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio el defensor oficial. En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La designación del defensor hecha por el imputado importar, salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento de mandato para representarlo en la acción civil. Este mandato subsistirá mientras no fuere revocado. El imputado podrá designar defensor aún estando incomunicado y por cualquier medio.
El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan dos (2) defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución de uno por el otro, no alterará trámites ni plazos.
El cargo de defensor del imputado, una vez aceptado, es obligatorio. La aceptación será obligatoria para el abogado de la matrícula, cuando se lo nombrare en sustitución del defensor oficial. En ambos supuestos, podrán exceptuarse de ella por una razón atendible. El defensor tendrá derecho a examinar los autos antes de aceptar el cargo, salvo en el caso del secreto de sumario. Tendrá tres (3) días para hacerlo bajo apercibimiento de tener el nombramiento por no efectuado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97º y en la primera oportunidad y en todo caso antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hiciese hasta el momento de recibírsele declaración indagatoria, el juez designará de oficio al defensor oficial, salvo que autorice al imputado a defenderse personalmente.
La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado de elegir ulteriormente otro de su confianza, pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.
La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común, siempre que no exista incompatibilidad. Si esta fuere advertida, el Tribunal proveer, aún de oficio, a las sustituciones necesarias conforme a lo dispuesto en el artículo 100.
El actor civil y el civilmente demandado actuarán en el proceso personalmente o por mandatario, pero siempre con patrocinio letrado.
Los defensores de los imputados, podrán designar sustituto para que intervengan si tuvieren impedimentos legítimos, con consentimiento del acusado. En caso de abandono de la defensa el abogado sustituyente, asumirá las obligaciones del defensor y no tendrá derecho a prorroga de plazos o audiencias.
En ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa y dejar a su cliente sin abogado. Si así lo hiciere se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor oficial. Hasta entonces estará obligado a continuar en el desempeño del cargo y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa. Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la audiencia. El debate no podrá volverse a suspender por la misma causa, aún cuando el Tribunal conceda la intervención de otro defensor particular, lo que no excluir la del oficial. El abandono de los defensores o mandatarios de las partes civiles no suspenderá el proceso.
El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios podrá ser corregido con multa, además de la separación de la causa. El abandono constituye causa grave y obliga al que incurra en él a pagar las costas de la sustitución sin perjuicio de las otras sanciones. Estas serán sólo apelables cuando las dicte el juez. El tribunal de alzada podrá, además, suspender al defensor o mandatario en el ejercicio de la profesión, hasta dos (2) meses, según la gravedad de la infracción.
En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional, bajo pena de nulidad.
Para fechar un acto deberá indicarse el lugar, día, mes y año en que se cumple. La hora será consignada sólo cuando especialmente se lo exija o las circunstancias lo requieran. Cuando la fecha fuera requerida bajo pena de nulidad, esta sólo podrá ser declarada cuando aquélla no pueda establecerse con certeza en virtud de los elementos del acto o de otros conexos con él. El secretario del Tribunal o auxiliar autorizado deberá poner cargo a todos los escritos, oficios o notas que reciba, expresando la fecha y hora de presentación.
Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de instrucción y debate que podrán efectuarse en los días y horas que fije especialmente el Tribunal.
Cuando se requiera la prestación de juramento éste será recibido según corresponda por el juez o por el presidente del Tribunal bajo pena de nulidad, de acuerdo con la creencias del que lo preste, quien de pié será instruido de las penas correspondientes al delito de falso testimonio, para lo cual se leerán las pertinentes disposiciones legales, y prometerá decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula: "lo juro" o "lo prometo".
El que debe declarar en el proceso lo hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el Tribunal lo autorice para ello, si así lo exigiera la naturaleza de los hechos. En primer término, el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trata, y después si fuere necesario se lo interrogará. Las preguntas que se formulen no serán capciosas ni sugestivas. En los casos de delitos dependientes de instancia privada, la víctima y/o sus representantes legales sólo prestarán declaración ante el Tribunal, el agente fiscal y su abogado, debiendo evitarse los interrogatorios humillantes. Cuando se proceda por escrito, se consignarán obligatoriamente las preguntas y respuestas.
Para recibir juramento y examinar a un sordo, se le presentarán por escrito las fórmulas de las preguntas; si se tratare de un mudo, se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito; si de un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no supieren leer o escribir se nombrará intérprete a un maestro de sordomudo o a falta de él a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.
En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesario para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene.
El Tribunal será siempre asistido en el cumplimiento de sus actos, bajo pena de nulidad, por el secretario, quien refrendará todas las resoluciones, con firma entera precedida por la fórmula: "Ante mí".
Las decisiones del Tribunal serán dadas por sentencia, auto o decreto. Dictará sentencia para poner término al proceso después de su integral tramitación; auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, o cuando éste Código lo exija; decreto, en los demás casos, o cuando esta formas sea especialmente prescripta. Las copias de las sentencias y de los autos serán protocolizadas por el secretario.
Las sentencias y los autos deberán ser motivados bajo pena de nulidad. Los decretos deberán serlo bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga.
Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el juez o todos los miembros del Tribunal que actuaren. Los decretos por el juez o el presidente del Tribunal. La falta de firma producirá la nulidad del acto.
El Tribunal dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos dentro de los cinco (5) días, salvo que disponga de otros plazos; y las sentencias, en las oportunidades especialmente previstas.-
Dentro del término de tres (3) días de dictadas las resoluciones, el Tribunal podrá rectificar de oficio o a instancia de parte, cualquier error u omisión material contenidos en aquellas, siempre que ello no importe una modificación esencial. La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.
Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho, y si dentro de tres (3) días no lo obtuviere, podrá denunciar el retardo al Tribunal que ejerza la superintendencia, el que, previo informe del denunciado, proveerá enseguida lo que corresponda. Si la demora fuera imputable al presidente o a un miembro de un Tribunal colegiado la queja podrá formularse ante éste mismo Tribunal; y si lo fuere al Tribunal Superior de Justicia, el interesado podrá ejercitar los derechos que le acuerda la Constitución.
Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.
Cuando por cualquier causa se destruyan pierdan o sustraigan los originales de las sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos; a tal fin el Tribunal ordenará que, quien tenga la copia la consigne en secretaria, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.
Si no hubiere copia de los actos el Tribunal ordenará que se rehaga, para lo cual recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando esto no fuere posible, dispondrá la renovación prescribiendo el modo de hacerlo.
El Tribunal ordenará la expedición de copias e informes, siempre que fueren solicitadas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos y no se vulnere la eficacia de la investigación.
Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la sede del Tribunal, éste podrá encomendar su cumplimiento, en la forma que establezcan los convenios celebrados con la Nación u otras Provincias, y en defecto de ellos, por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un Tribunal de jerarquía superior, igual o inferior, o autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial.
Los Tribunales podrán dirigirse directamente a cualquier autoridad administrativa, la que prestará su cooperación y expedirá los informes que le soliciten sin demora alguna.
Los exhortos a tribunales extranjeros se diligenciarán por vía diplomática en la forma establecida por los tratados o costumbres internacionales. Los de tribunales extranjeros serán diligenciados en los casos y modos establecidos por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes del país o en la forma que se establezca en los convenios firmados con los distintos países, con sujeción al principio de reciprocidad.
Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados, sin retardo, previa vista fiscal, siempre que no perjudiquen la jurisdicción del Tribunal.
Si el diligenciamiento de un exhorto fuere denegado o demorado, el Tribunal exhortante podrá dirigirse al tribunal de alzada pertinente, el cual, previa vista fiscal resolverá si corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento.
El Tribunal exhortado podrá comisionar el despacho del exhorto a otro inferior, cuando el acto deba practicarse fuera del lugar de su asiento o remitirlo al Tribunal a quién se debió dirigiré si ese lugar no fuere de su competencia.
Cuando el funcionario público que intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este capítulo. A tal efecto el juez será asistido por un secretario, y los funcionarios de policía por dos (2) testigos, que en ningún caso podrán pertenecer a la misma repartición cuando se trate de las actas que acrediten los actos irreproducibles y definitivos, tales como el secuestro, inspecciones oculares, requisa personal. El Agente Fiscal y el Defensor Oficial serán asistidos por un jefe de Despacho o personal autorizado o dos (2) testigos según correspondiere.
Artículos 132.- Las actas deberán contener la fecha; el nombre y apellido de las personas que intervengan; el motivo que haya impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si estas fueren hechas espontáneamente o a requerimiento; si las dictaron los declarantes. Concluída o suspendida la diligencia, el acta será firmada previa lectura, por todos los intervinientes que deben hacerlo. Cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará aclaración de ello. Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se les informará que el acta puede ser leída, y en su caso suscripta por una persona de su confianza, lo que se hará constar.
El acta será nula si falta la indicación de la fecha, o la firma del funcionario actuante, o la del secretario, o Jefe de Despacho o testigo de actuación, o la información prevista en la última parte del artículo anterior. Asimismo son nulas las enmiendas, interlineados o sobrerraspados efectuados en el acta y no salvados al final de la misma.
No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de inconciencia.
Las resoluciones generales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas de dictadas salvo que el Tribunal dispusiere un plazo menor y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.
Las notificaciones serán practicadas por el secretario o el empleado del Tribunal que corresponda o se designe especialmente. Cuando la persona que se deba notificar esté fuera de la sede del Tribunal, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad judicial que corresponda.
Los fiscales y defensores oficiales serán notificados en sus respectivas oficinas; las partes, en la secretaría del Tribunal o en el domicilio constituido. Si el imputado estuviere preso, será notificado en la secretaría o en el lugar de su detención, según lo resuelva el Tribunal. Las personas que no tuvieren domicilio constituido serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.
Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro del radio del ejido urbano del asiento del Tribunal.
Si las partes tuvieren defensor o mandatario, solamente a éstos se les efectuarán las notificaciones salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también aquéllas sean notificadas. Siempre deberán notificarse a las partes en forma personal o en su domicilio, el auto de procesamiento, el de sobreseimiento, o cuando se le requiera o intime a cumplimentar una actividad individual.
La notificación se hará entregando a la persona que debe ser notificada y que lo solicite, una copia autorizada de la resolución, dejándose debidamente constancia en el expediente. Si se tratare de sentencia o de autos la copia se limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva.
Cuando la notificación se haga personalmente, en la secretaría, o en el despacho del fiscal, o del defensor oficial, se dejará constancia en el expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia y el notificado, quien podrá sacar copia de la resolución. Si éste no quisiere, no pudiere, o no supiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.
Cuando la notificación se haga en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará dos copias autorizadas de la resolución, con indicación del Tribunal y el proceso en el que se dictó; entregará una al interesado, y al pie de la otra, que se agregará al expediente, dejará constancia de ello con indicación de lugar, día y hora de la diligencia, firmando conjuntamente con el notificado. Cuando la persona a quien se deba notificar no fuere encontrada en su domicilio, la copia será entregada a alguna mayor de dieciocho (18) años que resida allí, prefiriéndose a los parientes del interesado, y a falta de ellos, a sus empleados o dependientes. Si no se encontrare a ninguna de esas personas, la copia será entregada a un vecino mayor de dicha edad que sepa leer y escribir, con preferencia del más cercano. En estos casos, el funcionario o empleado que practique la notificación hará constar los datos de la persona a quien hizo entrega de la copia y el motivo de ello, firmando la diligencia junto a ella. Cuando el notificado o el tercero se negaren a recibir la copia o dar su nombre o a firmar, ella será fijada en la puerta de la casa o habitación donde se practique el acto de lo que se dejará constancia, en presencia de un (1) testigo que firmará la diligencia. Si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo hará un testigo a su ruego.
Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que debe ser notificada, la resolución se hará saber por edictos que se publicarán durante cinco (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo. Los edictos contendrán según el caso, la designación del Tribunal que entendiere en la causa; el nombre y apellido del destinatario de la notificación; el delito que motiva el proceso; la transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que se notifica; el término dentro del cual deberá presentarse el citado, así como el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será declarado rebelde; la fecha en que se expide y la firma del secretario. Un ejemplar del Boletín Oficial en que se hizo la publicación, será agregado al expediente.
En caso de disconformidad entre el original y la copia, hará fe respecto de cada interesado la copia por él recibida.
La notificación será nula: 1.- Si hubiere existido error sobre la identidad de la persona notificada. 2.- Si la resolución hubiere sido notificada en forma incompleta. 3.- Si en la diligencia no constara la fecha, o cuando corresponda, la entrega de la copia. 4.- Si faltare alguna de las firmas o informaciones prescriptas en los artículos precedentes.
Cuando sea necesaria la presencia de una persona para un acto procesal, el Tribunal ordenará su citación. Esta será practicada de acuerdo con las formas prescriptas para la notificación, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente, pero bajo pena de nulidad, en la cédula se expresar: El Tribunal que la ordenó, su objeto y el lugar, día y hora en que el citado deberá comparecer.
Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios podrán ser citados por carta certificada con aviso de retorno, telegrama colacionado, carta documento o por medio de la policía. Se les advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no obedecen la orden judicial, y que, en éste caso, serán conducidos por la fuerza pública de no mediar causa justificada. El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente. La incomparencia injustificada hará incurrir en las costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga, y serán diligenciadas por las personas habilitadas para notificar.
Las vistas se correrán entregando al interesado, bajo recibo, las actuaciones en las que se ordenare. El secretario o empleado hará constar la fecha del acto mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.
Cuando no se encontrare a la persona a quien se deba correr vista, la resolución será notificada conforme a lo dispuesto en el artículo 142°. El término correrá desde el día hábil siguiente. El interesado podrá retirar de secretaría el expediente por el tiempo que faltare para el vencimiento del término. Deberá dejarse constancia del retiro en el expediente y en el libro correspondiente de la secretaría, firmando el interesado ambas constancias. El incumplimiento a esta disposición podrá considerarse falta grave del secretario y ocasionar la inhabilitación al interesado respecto de futuros préstamos del expediente.
Toda vista que no tenga término fijado, se considerará otorgada por tres (3) días.
Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones fueran devueltas, el Tribunal librará orden inmediata al oficial de justicia para que las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y a hacer uso de la fuerza pública. Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido, podrá imponérsele una multa, sin perjuicio de la detención y la formación de causa que corresponda.
Las vistas serán nulas en los mismos casos en que lo sean las notificaciones.
Fin del texto
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