Abriendo la norma
Ley provincial 14.488 · 2026
Ley de Proceso Contencioso Administrativo.
La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de Ley:
El poder jurisdiccional en materia contencioso administrativa es ejercido por los jueces que determine la legislación especial, conforme a las disposiciones de la presente ley.
Corresponde a los jueces en lo contencioso administrativo el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan por la actuación u omisión en el ejercicio de funciones administrativas de: a) los órganos de la Provincia, los Municipios y los entes descentralizados en el ejercicio de funciones administrativas; b) las personas de derecho público de carácter no estatal u otras personas que tengan delegadas potestades administrativas, cuando se encuentren en ejercicio de las mismas. Para la determinación de la competencia material, prevalece la naturaleza de la función ejercida por sobre la forma jurídica adoptada. La actividad de los órganos de la Administración Pública provincial o municipal y sus entes descentralizados se presume, salvo prueba en contrario, realizada en el ejercicio de funciones administrativas y regida por el derecho administrativo. Procede esta presunción aun cuando por analogía se apliquen normas de derecho privado o principios generales del derecho.
En particular, los jueces en lo contencioso administrativo son competentes para entender en las siguientes controversias: a) las que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos, de alcance individual o general; b) las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo; c) las que tengan como parte a personas de derecho público de carácter no estatal, cuando actúen en el ejercicio de competencias regidas por el derecho administrativo; d) las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita o inactividad ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes descentralizados e) las relativas a actos dictados en ejercicio de potestades tributarias provinciales o municipales y sus accesorios, como así también las demandas de repetición vinculadas; f) las vinculadas con contratos administrativos y a aquellos parcialmente regidos por el derecho administrativo, cualquiera sea su denominación; g) las que promuevan las personas de derecho público de carácter estatal regidas por el derecho administrativo; h) las que se planteen con el objeto de obtener la anulación de actos declarados lesivos por el Estado; i) las acciones de amparos individuales o colectivas, las acciones de clase y las acciones de habeas data cuando versen sobre la materia contencioso administrativa; j) las que versen sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones, y; k) las vinculadas a la revisión de los actos del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La enumeración es meramente enunciativa y no implica la exclusión de otros casos regidos por el derecho administrativo.
Los jueces en lo contencioso administrativo no son competentes para entender en las siguientes controversias: a) las que versen sobre situaciones jurídicas regidos exclusivamente por el derecho privado o por normas o convenios laborales; b) los reclamos de agentes estatales en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y demás contingencias cubiertas por el régimen de riesgos del trabajo; c) las ejecuciones fiscales promovidas para el cobro de tributos y sus accesorios, multas y otras sanciones pecuniarias; d) las de familia, restricciones a la capacidad, salud mental y las vinculadas al sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, en las que el Estado pudiese tener intervención sin el carácter de parte; e) las que versen sobre la tutela sindical de agentes estatales fundadas en la aplicación de la Ley Nacional 23.551 o la que en el futuro la reemplace; f) las acciones de amparo en materia de salud promovidas contra entes públicos no estatales, y; g) toda otra que corresponda a la materia administrativa y que por ley tenga asignada específicamente otra competencia.
La duplicación de plazos procesales no se aplica a los establecidos en la presente ley.
La competencia contencioso administrativa es de orden público y no es prorrogable.
Los funcionarios, empleados, jubilados y pensionados gozan del beneficio de litigar sin gastos en las causas vinculadas con sus derechos como tales.
Los terceros directamente interesados en la actividad que diera lugar a la pretensión, pueden intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. A este efecto, salvo presentación espontánea, se los cita, emplaza a estar a derecho y se les corre traslado por cinco días para que expresen lo que haga a sus derechos. Vencido dicho plazo sin que mediare presentación, la intervención de coadyuvantes puede producirse en cualquier estado de la causa, pero su intervención no retrotrae el curso del proceso, ni interrumpe su tramitación. El tercero coadyuvante debe cumplir, en lo pertinente, los requisitos exigidos para la interposición de la demanda, tiene las mismas facultades procesales que la parte con la que coadyuva y le alcanzan todos los efectos de la sentencia que oportunamente se dicte. Cuando hubiere más de un tercero coadyuvante se debe disponer la unificación de la representación si fuera posible.
Cuando exista verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora, la parte actora puede solicitar la suspensión de la ejecución de un acto o la adopción de cualquier medida cautelar que resulte idónea para asegurar sus derechos o intereses involucrados, ya sea de forma previa, simultánea o con posterioridad a la promoción de la demanda. El juez al resolver, debe ponderar la proporcionalidad y necesidad de la medida solicitada, procurando armonizar la tutela cautelar con el interés público comprometido. La petición cautelar no interrumpe ni suspende el plazo de caducidad de la demanda previsto en la presente Ley.
Del pedido de tutela cautelar se debe correr traslado a la demandada por cinco días, a fin de que se pronuncie respecto del interés público comprometido o de cualquier otra cuestión que haga a sus derechos. El juez puede requerir el acceso al expediente administrativo cuando lo considere necesario. Evacuado el traslado, la solicitud debe resolverse dentro de los cinco días. Cuando la medida solicitada consista en una prohibición de innovar o en la suspensión de los efectos del acto administrativo, el juez puede disponer inaudita parte una medida precautelar, si considera que la situación no admite dilación, que se encuentran acreditados los requisitos de procedencia y que, de una ponderación razonable, no surge afectación al interés público. En caso de concederse la precautelar, la resolución debe notificarse de inmediato y simultáneamente se corre el traslado previsto en el primer párrafo.
Si la solicitud de suspensión de la ejecución de un acto administrativo se formula mientras se encuentra pendiente la resolución de un recurso en sede administrativa, la parte actora debe acreditar que requirió dicha suspensión ante la Administración y que esta resolvió en sentido desfavorable, o bien que han transcurrido cinco días desde su presentación sin pronunciamiento.
Cuando se haga lugar a una solicitud de tutela cautelar puede exigirse que se preste contracautela para responder por los daños y perjuicios que pudieran resultar a los intereses públicos o a derechos de terceros. En las causas promovidas por funcionarios, empleados, jubilados y pensionados vinculadas a sus derechos derivados de tal condición, la contracautela se tiene por prestada mediante caución juratoria, la que se considera implícita en la petición.
La parte demandada podrá solicitar el levantamiento, modificación o sustitución de la medida cautelar cuando acredite que ocasiona un grave perjuicio al interés público o que han variado las circunstancias que justificaron su dictado. En tal caso, la demandada es responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución del acto administrativo si la demanda resultase finalmente procedente. Del pedido se correrá traslado a la parte actora por el plazo de cinco días. Evacuado el traslado o vencido dicho plazo, el juez resolverá dentro de los cinco días siguientes.
La demanda contencioso administrativa debe consignar una relación ordenada y sintética de los hechos y del derecho en que se funda y de las pretensiones que se deduzcan, en términos claros y precisos. Debe expresar la designación precisa de lo que se demanda y su apreciación pecuniaria, si la tuviere. Cuando no fuere posible fijarla con exactitud, suministrar los antecedentes que puedan contribuir a su determinación aproximada. Debe acreditar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como así también ofrecer y acompañar la prueba documental vinculada con la cuestión planteada. Cuando el actor no disponga de los expedientes administrativos relacionados con la causa, los debe individualizar.
La demanda puede ser deducida por cualquier persona que invoque una lesión o afectación de sus derechos o intereses jurídicamente tutelados.
Son requisitos específicos de admisibilidad de la demanda: a) que se haya agotado la vía administrativa reclamativa o recursiva, si correspondiere, conforme al régimen jurídico que resulte aplicable; b) que exista congruencia entre lo pretendido en sede administrativa y lo postulado en la demanda; c) que se acredite el pago del tributo cuya impugnación se promueve; d) que se deduzca en el plazo establecido por esta ley.
El juez puede dispensar del requisito del agotamiento de la vía administrativa de manera expresa y fundada. La dispensa es excepcional y sólo procede cuando concurran circunstancias graves, debidamente acreditadas, que tornen su exigencia en una carga irrazonable, un ritualismo inútil o una denegación efectiva de justicia.
Cuando se impugne un acto administrativo que ordene el pago de tributos se debe abonar previamente el monto exigido, recaudo que no rige respecto a sumas accesoriamente debidas por recargos, multas o intereses. Si existen circunstancias graves, debidamente acreditadas y excusables que determinen la imposibilidad de pago del actor y que impliquen denegatoria de justicia, se puede establecer una modalidad de cancelación diferente al pago total o incluso dispensar su cumplimiento como requisito de admisibilidad. Si durante el proceso vencen plazos de un convenio de pago de la obligación tributaria, se debe acreditar su cumplimiento dentro de los diez días de los vencimientos respectivos, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del proceso.
La demanda se debe interponer dentro del plazo de noventa días hábiles judiciales, contados desde la notificación del acto que agota la vía administrativa. Sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción, podrá iniciarse en cualquier momento cuando se configure la denegación presunta por silencio de la Administración.
El juez puede solicitar la remisión o el acceso a las actuaciones administrativas vinculadas al proceso en el plazo improrrogable de quince días.
Presentada la demanda, el juez verifica el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Si advierte defectos u omisiones susceptibles de subsanación, otorga un plazo de cinco días para su adecuación. La providencia que declara la admisibilidad de la demanda es irrecurrible.
La parte actora debe acumular en su demanda las pretensiones que no sean incompatibles entre sí y que se relacionen con la misma actividad u omisión administrativa. Si las pretensiones fueran incompatibles entre sí, se debe ordenar que tramiten por separado. La demanda puede ser propuesta por varios interesados siempre que impugnen la misma actividad u omisión y por iguales motivos. Si se interponen varias demandas relacionadas con la misma actividad u omisión administrativa, el Juez puede disponer la acumulación, de oficio o a instancia de las partes, en cualquier momento procesal. Las partes deben denunciar en el proceso todo acto o circunstancia que guarde conexión directa con la conducta administrativa objeto del litigio en cualquier momento del trámite.
Admitida la demanda, debe correrse traslado al demandado para que comparezca a estar a derecho y conteste la demanda en el plazo de treinta días. Si existieran otros sujetos que pudieran tener interés directo en la conservación del acto administrativo impugnado, la parte demandada debe identificarlos al contestar la demanda.
Las excepciones dilatorias y las cuestiones que obsten a la admisibilidad de la demanda deben ser opuestas por la parte demandada en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento dentro del plazo establecido para contestar la demanda, con indicación de la prueba que la justifique en su caso. De las excepciones opuestas, se corre traslado a la parte contraria por el término de diez días para que las conteste y ofrezca la prueba pertinente. Vencido el plazo, el juez abre la causa a prueba por el término de diez días si existieren hechos controvertidos o de demostración necesaria y clausurada dicha etapa, las partes pueden presentar informe sobre el mérito de la prueba dentro de los cinco días siguientes. Se debe resolver dentro de los diez días siguientes. La oposición de excepciones suspende el término para contestar la demanda, el que vuelve a correr una vez que hubiere pasado en autoridad de cosa juzgada el auto que las resuelva.
Contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, el juez abre la causa a prueba por un máximo de noventa días. Este plazo sólo puede ampliarse cuando la naturaleza o complejidad de la prueba lo justifique. La prueba debe ofrecerse dentro de los diez primeros días. El juez debe fijar la audiencia preliminar, la que debe celebrarse dentro de los diez días siguientes.
En la audiencia preliminar el juez debe: a) determinar los hechos controvertidos y conducentes para la decisión del proceso; b) resolver sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida y proveer su producción; c) fijar la audiencia de producción de pruebas dentro del período probatorio, quedando las partes notificadas en el mismo acto; d) declarar, de oficio o a pedido de parte, que la cuestión es de puro derecho. En este caso, debe proceder de conformidad con lo previsto en el artículo 29, y; e) propiciar, de ser compatible con el interés público, la conciliación de las partes.
En la audiencia de producción de pruebas se debe producir la prueba oportunamente ofrecida, instada por las partes y que no se encuentre incorporada al proceso. Sólo pueden disponerse audiencias complementarias en el supuesto excepcional de que reste recibir la declaración de uno o más testigos, siempre que se haya justificado debidamente la imposibilidad de su comparecencia en la fecha prevista y se acredite haberla instado con la debida diligencia.
El juez, en su carácter de director del proceso, debe: a) estar presente y dirigir las audiencias; b) disponer la realización de diligencias de prueba complementarias o la ampliación de las ya producidas, en cualquier estado del proceso y mediante resolución fundada, cuando entienda que las ofrecidas por las partes no fueren suficientes. La resolución que las disponga es inapelable, y; c) subsanar los vicios que puedan determinar la nulidad de actos procesales o de la sentencia y declarar la nulidad de actuaciones defectuosas y ordenar su recomposición, preservando el derecho de defensa.
Recepcionada íntegramente la prueba o vencido el término para su producción, el juez, de oficio o a pedido de parte, dispone la clausura del período probatorio y pone los autos a disposición de las partes para que formulen, facultativamente, alegato de bien probado. Las partes pueden acordar la modalidad de su presentación; en su defecto, el juez determina si el alegato se produce en forma oral, en la audiencia de producción de prueba, o por escrito, en un plazo común de quince días. Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el juez llama autos para sentencia.
La sentencia se debe dictar dentro del plazo de treinta días de que el proceso quede en estado de resolver y contendrá un pronunciamiento sobre las pretensiones articuladas en el proceso y sobre las costas.
En caso de que se haya solicitado el pago de daños y perjuicios, se debe fijar la cuantía del resarcimiento. Cuando por las características del caso no fuere posible, se deben establecer las bases para la liquidación del monto resarcible, cuya determinación queda diferida a la etapa de ejecución de la sentencia.
La parte vencida es siempre condenada en costas, aunque no lo pidieran las partes, salvo en el caso de allanamiento oportuno de la demandada previsto por esta ley o cuando haya habido razón bastante para litigar, en cuyo caso se deben expresar los motivos de la exención.
Dentro de los diez días de notificada una sentencia condenatoria, puede solicitarse la suspensión temporaria de su ejecución, la sustitución de la forma o modo de su cumplimiento o la dispensa absoluta de su ejecución cuando · ello resulte indispensable para prevenir un daño grave o irreversible al interés público o al orden público, o para hacer cesar un peligro cierto y grave que comprometa el ambiente, la seguridad, la salud pública, la integridad de las personas o la preservación de los bienes del dominio público, ofreciendo satisfacer la indemnización de los daños y perjuicios que ocasionare. El juez debe apreciar prudencialmente los motivos aducidos y el carácter extraordinario que revisten y, de considerarlo oportuno, determinar la indemnización correspondiente y la forma y oportunidad de su pago. La omisión del pago determina la caducidad de la modalidad de cumplimiento acordada. El juez debe correr vista por cinco días de la solicitud a la parte actora y puede, de oficio o a petición de parte, abrir a prueba el incidente por diez días. Debe resolver dentro de los diez días siguientes.
- MODOS DE FINALIZACIÓN. El proceso puede concluir por desistimiento, allanamiento, reconocimiento o transacción, siempre que ello sea jurídicamente viable y no comprometa el interés público. El juez verifica el cumplimiento de tales condiciones, aprueba en su caso la finalización y dispone el archivo de las actuaciones y la devolución del expediente administrativo, si corresponde. El allanamiento de la parte demandada implica la aceptación de las pretensiones de la parte actora y da lugar al dictado de sentencia conforme a ellas, preservando el interés público comprometido. No es oportuno el allanamiento cuando la demanda reproduce en sustancia lo solicitado en la reclamación administrativa previamente denegada. En estos supuestos, la parte demandada debe contar con la autorización expresa del órgano superior en cuya actuación u omisión se origine la controversia.
Caduca el proceso si no se insta su avance durante nueve meses. La caducidad puede declararse aun de oficio.
La acción promovida por el Estado con el objeto de obtener la anulación de actos administrativos favorables a los particulares es admisible si media declaración previa de lesividad dictada por el órgano competente. La declaración debe explicitar las razones de interés público, contar con dictamen del servicio jurídico permanente y haber otorgado previamente al destinatario del acto la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.
La acción de lesividad se sustancia conforme al trámite procesal establecido en la presente ley para las acciones contencioso administrativas.
El que fuere parte en un procedimiento administrativo puede solicitar se libre orden judicial de pronto despacho. La orden es procedente cuando el órgano que debe resolver demore, de manera manifiestamente irrazonable, el dictado de la resolución o del acto de trámite o preparatorio para continuar o resolver el procedimiento administrativo.
Si el pedido resulta fundado se debe requerir a la parte demandada que, en el plazo de cinco días, informe sobre la causa de la demora aducida. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo, se debe resolver librando la orden de pronto despacho si correspondiere. Se debe disponer un plazo prudencial para que el órgano se expida, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del asunto. Las resoluciones de trámite en este proceso son irrecurribles. La sentencia es apelable dentro de los tres días de notificada.
Cuando el caso no admita dilación ni requiera un debate o producción de prueba que exceda el examen inmediato de los antecedentes, la parte interesada puede solicitar la adopción de una medida urgente destinada a evitar un perjuicio grave o irreparable. El juez debe evaluar la concurrencia de los supuestos de procedencia, de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, así como la razonabilidad y proporcionalidad de la medida solicitada.
Presentada la solicitud, el juez puede correr traslado a la parte demandada por el plazo de cinco días. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez resuelve de inmediato. La resolución que se dicte es apelable, mediante recurso fundado, dentro de los tres días de su notificación.
Los procesos de expropiación se rigen por la ley especial que regula la materia.
Serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe en los aspectos no regulados en la presente ley y en cuanto fueren compatibles con la naturaleza y finalidad de los procesos que regula, incluidas las relativas a los recursos.
La presente ley entrará en vigencia una vez que se hallen en funcionamiento los nuevos órganos jurisdiccionales competentes en materia contencioso administrativa y en el plazo máximo de ciento ochenta días. El Poder Ejecutivo en acuerdo con la Corte Suprema de Justicia dispondrá la fecha exacta de entrada en vigencia.
Modifíquense los artículos 3°, 4° y 5° de la ley 7.234 los que quedarán redactados de la siguiente manera: "ARTÍCULO 3°.- El pronunciamiento acerca del reclamo debe efectuarse dentro de los treinta días hábiles administrativos desde la fecha de interposición. Vencido ese plazo, el interesado puede requerir pronto despacho y, si transcurren otros treinta días hábiles administrativos más sin que se dicte resolución, la acción judicial puede entablarse directamente. En caso de silencio la demanda se puede interponer en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción...". "ARTÍCULO 4°.- La demanda se notifica al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y/o al Ministerio Público según corresponda. En todos los casos debe además notificarse al Fiscal del Estado, bajo pena de nulidad y el término correrá a partir de la fecha de la última notificación. Tratándose de entes autárquicos o Municipalidades la notificación se efectúa a la máxima autoridad y/o al órgano correspondiente si lo hubiere." "ARTÍCULO 5°.- En todos los juicios en que intervenga la Provincia, sus entes autárquicos y Municipalidades, se duplicarán los términos procesales establecidos por las leyes respectivas, inclusive los fijados para que se opere la caducidad de los procesos, con la sola excepción de los correspondientes para la publicación de edictos. Esta duplicidad beneficiará a todas las partes intervinientes. Quedan excluidos de lo dispuesto en el presente artículo los procesos contencioso-administrativos, los que se regirán por los plazos establecidos en su normativa específica."
Derogase la Ley Nº 11.330 a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y conforme lo dispuesto en el artículo siguiente.
Las causas en trámite ante las Cámaras en lo Contencioso Administrativo serán reasignadas a los nuevos órganos jurisdiccionales competentes en la materia, con excepción de aquellas que ya hubieren sido resueltas o se encontraren en estado de resolver, las que continuarán su trámite ante las Cámaras hasta su finalización, y se regirán por la Ley Nº 11.330. Las causas en trámite ante otros órganos judiciales continuarán sustanciándose ante ellos y se regirán por el procedimiento que corresponda conforme a la normativa vigente hasta su finalización.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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