Abriendo la norma
Ley provincial 14.495 · 2026
Establecen un sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos.
La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de Ley:
La presente ley tiene por objeto establecer el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, creando los instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos destinados a intervenir la cadena de valor de dichos mercados mediante acciones de prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional.
Son finalidades de la presente ley: a) fortalecer la seguridad pública mediante la desarticulación de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos; b) prevenir y combatir la comercialización de dispositivos tecnológicos de origen ilícito, la obtención de beneficios económicos derivados de dicha actividad y desalentar la demanda de bienes provenientes de la comisión de delitos contra la propiedad; c) promover la recuperación y restitución de los dispositivos a sus legítimos titulares; d) garantizar la trazabilidad, transparencia y legalidad de las actividades económicas alcanzadas por esta ley; e) fortalecer la inteligencia criminal y el análisis de información para la prevención e investigación de los mercados ilícitos; f) promover la cooperación institucional y la participación ciudadana en la prevención de estos fenómenos; y g) promover la coordinación e interoperabilidad entre los registros y sistemas de información nacionales, provinciales y municipales vinculados con la identificación, comercialización, reparación, denuncia, bloqueo, recuperación y restitución de dispositivos tecnológicos.
A los fines de la presente ley, se entiende por: a) Celulares y dispositivos afines. Todo dispositivo tecnológico electrónico portátil o transportable destinado al almacenamiento, procesamiento, transmisión o recepción de datos, voz, imágenes o cualquier otra información digital, así como sus accesorios esenciales, cualquiera sea su tecnología, características o evolución futura. Comprende: 1. teléfonos celulares y/o smartphones de cualquier marca, modelo o generación tecnológica; 2. dispositivos de comunicación inalámbrica identificables mediante número de identificación internacional de equipo móvil (IMEI), u otro identificador único equivalente; 3. accesorios y componentes electrónicos inalámbricos diseñados para funcionar de manera vinculada o sincronizada a los celulares y/o para ampliar sus funcionalidades. b) Terminal móvil. Todo dispositivo tecnológico identificable mediante un código IMEI, MEID, ESN, eSIM, EID, número de serie u otro identificador técnico equivalente utilizado por los sistemas nacionales o internacionales de telecomunicaciones. c) Identificador electrónico único. El código, número, secuencia o cualquier otro identificador físico o lógico que permita individualizar un dispositivo tecnológico durante su ciclo de vida. d) Componente. Toda pieza electrónica o mecánica que integra estructuralmente un dispositivo tecnológico y resulta necesaria para su funcionamiento. e) Repuesto. Todo componente destinado al reemplazo, reparación, mantenimiento o reacondicionamiento de un dispositivo tecnológico. Comprende: 1. los componentes externos e internos constitutivos de un equipo celular ensamblado y operativo, y que permiten su funcionamiento normal; 2. los componentes individuales destinados a la reparación, reposición o mantenimiento de dichos equipos. f) Operador comercial. Toda persona humana o jurídica que intervenga, habitual u ocasionalmente, en actividades de compra, venta, permuta, consignación, reparación, reacondicionamiento, importación, exportación, reciclado, almacenamiento, intermediación y comercialización digital o física de dispositivos tecnológicos; y g) Local comercial. Todo establecimiento, fijo o móvil, abierto o no al público, donde se desarrollen actividades alcanzadas por la presente ley. La enumeración precedente tiene carácter enunciativo. La autoridad de aplicación podrá incorporar por vía reglamentaria nuevas categorías conforme la evolución tecnológica lo requiera.
A los fines de la presente ley, se entiende por intervención del mercado ilícito el conjunto coordinado de medidas preventivas, administrativas, tecnológicas, fiscales, policiales, de inteligencia criminal, investigativas, comunicacionales y de cooperación institucional, ejercidas dentro del ámbito de competencia de cada autoridad, destinadas a disminuir la oferta, reducir la demanda, incrementar el riesgo de detección, afectar la rentabilidad económica y desarticular los circuitos de comercialización de dispositivos tecnológicos de origen ilícito o de procedencia no acreditada.
Será autoridad de aplicación el Ministerio de Justicia y Seguridad, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros organismos.
Créase el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines en el ámbito que determine la reglamentación. En dicho Registro deberán inscribirse las personas humanas o jurídicas que realicen actividades de compra, venta, permuta, acopio, reparación, reacondicionamiento o comercialización de celulares y/o dispositivos afines de carácter usado, de sus partes y/o repuestos, incluyendo las operaciones realizadas mediante plataformas digitales, sitios web, redes sociales u otros medios electrónicos, sea como actividad principal o accesoria, en forma permanente o habitual.
La inscripción en el Registro por parte de las personas humanas o jurídicas comprendidas en el artículo 6 se realizará a través de los medios, plataformas o sistemas que habilite la autoridad de aplicación, quien además establecerá, mediante reglamentación, los requisitos, condiciones, procedimientos, documentación respaldatoria, declaraciones juradas, mecanismos de acreditación, actualización de datos y demás recaudos necesarios para la inscripción, permanencia y funcionamiento del Registro, atendiendo a la naturaleza de las actividades alcanzadas por la presente ley y a las necesidades de control, trazabilidad y fiscalización que ella persigue. Las Municipalidades deberán requerir, como condición inexcusable para otorgar las habilitaciones correspondientes a quienes realicen las actividades comprendidas en esta ley, la acreditación de haber cumplimentado con su incorporación en el Registro estipulado por esta ley.
Dentro del Registro que se habilite al efecto, el operador comercial debe asentar como mínimo: a) Los datos de cada teléfono celular o dispositivo que posean para la venta, indicando número IMEI o identificador único equivalente del dispositivo; marca, modelo, color y número de serie, y estado funcional; b) Los datos personales del vendedor o cedente del dispositivo, con exhibición obligatoria del documento nacional de identidad vigente al momento de la operación; c) La modalidad de la operación efectuada (compraventa, permuta, consignación u otra), especificando precio o valor pactado, fecha y número de comprobante emitido; d) La descripción de las partes y/o de los repuestos que utilicen para la venta y/o reparación de otros teléfonos celulares. Cuando se trate de partes o repuestos usados, deberá registrarse el número IMEI o identificador electrónico único equivalente del dispositivo del cual provengan; y e) Los celulares que tengan para su reparación y las operaciones de compraventa y/o reparación que realicen. Al momento de adquirir un dispositivo usado, o de recibirlo para su reparación, reacondicionamiento o comercialización, el operador inscripto deberá verificar el identificador electrónico único mediante los sistemas de información legalmente habilitados, a fin de determinar si éste registra denuncia, bloqueo o requerimiento vigente. En caso de que un dispositivo tuviera denuncia activa de robo, hurto o extravío, carezca de IMEI o identificador único equivalente o éste haya sido bloqueado, alterado o removido, deberá comunicarlo a la autoridad de aplicación y realizar la denuncia inmediata ante el Ministerio Público de la Acusación.
Las operaciones detalladas en el artículo anterior deberán registrarse en la forma, oportunidad y condiciones que establezca la reglamentación, la que determinará la información mínima que deberá consignarse en cada caso, atendiendo a la naturaleza de la operación, al tipo de dispositivo tecnológico y a las necesidades de trazabilidad previstas en la presente ley.
Las personas humanas o jurídicas enumeradas en el artículo 6 deberán resguardar, en el formato y por el tiempo que determine la reglamentación, la documentación sobre la titularidad y/o tenencia de todo aparato electrónico, partes y/o repuestos que se encuentren en el local y/o establecimiento.
La ausencia de documentación suficiente para acreditar la trazabilidad de un dispositivo tecnológico o de cualquiera de sus componentes constituirá un indicador objetivo de riesgo que habilitará la adopción de las medidas preventivas y administrativas previstas en la presente ley, sin perjuicio de las actuaciones penales que pudieren corresponder.
La autoridad de aplicación ejercerá el control sobre las actividades reguladas por la presente ley y podrá inspeccionar, en cualquier momento y conforme a la normativa vigente, los establecimientos, locales, depósitos y demás espacios donde se desarrollen actividades alcanzadas por este régimen, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de registración, trazabilidad y documentación establecidas en la presente ley y su reglamentación. En ejercicio de dichas facultades podrá: a) verificar la inscripción de los operadores; b) controlar la registración de las operaciones alcanzadas por la presente ley; c) verificar la trazabilidad de los dispositivos tecnológicos, sus partes y componentes; d) requerir la exhibición de la documentación respaldatoria correspondiente; e) constatar la identificación electrónica de los dispositivos mediante los sistemas de información legalmente habilitados; y f) confeccionar las actas de inspección correspondientes a los fines de dar inicio a los procedimientos sancionatorios.
Medidas preventivas administrativas" Cuando durante una inspección se constaten incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente ley o existan indicadores objetivos que impidan acreditar razonablemente la procedencia legítima o la trazabilidad de dispositivos tecnológicos, partes o componentes, la autoridad de aplicación podrá, mediante acto fundado y conforme al procedimiento que establezca la reglamentación: a) disponer la inmovilización preventiva de los bienes; b) ordenar su identificación y resguardo; c) disponer la clausura preventiva del establecimiento cuando la gravedad de los hechos así lo justifique; d) adoptar toda otra medida preventiva necesaria para asegurar la eficacia de la fiscalización; y e) dar inmediata intervención al Ministerio Público de la Acusación cuando de las actuaciones surgieran circunstancias que pudieran configurar la comisión de un delito.
Imputación de conductas pasibles de ser consideradas infracciones. Si de los hechos denunciados o de las inspecciones realizadas surgen presuntas infracciones a lo previsto en la presente, se deben imputar las conductas pasibles de ser consideradas como infracción. La notificación debe contener: a) la imputación en términos claros y concretos con indicación de las pruebas reunidas hasta ese momento y de las normas presuntamente infringidas; b) la descripción sintética de las circunstancias de constatación de la presunta infracción; y c) la mención expresa al derecho que asiste a los presuntos infractores de actuar Por sí, por apoderado o con patrocinio letrado.
La persona imputada debe presentar su descargo y ofrecer y producir toda la prueba de que pretende valerse en el término de diez (10) días hábiles de notificado del acto de imputación.
Prueba, Las pruebas se admiten sólo en caso de existir hechos controvertidos o de demostración necesaria y en tanto los medios ofrecidos no resulten manifiestamente inconducentes. En caso de rechazar los medios probatorios ofrecidos, la autoridad interviniente debe fundar su decisión. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba procede el recurso de reconsideración.
La prueba debe producirse, respetando los principios de amplitud probatoria y libertad de prueba, dentro del término de diez (10) días hábiles administrativos, prorrogables por causa justificada. Se tienen por desistidas las pruebas no producidas dentro del plazo referido por causa imputable al presunto infractor.
Producida la totalidad de la prueba, debe emitirse dictamen proveniente del servicio permanente de asesoramiento jurídico que corresponda.
Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido son pasibles de las siguientes sanciones, que se pueden aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) apercibimiento; b) multa de uno (1) a mil (1.000) unidades jus, según valor establecido por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; c) decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; d) suspensión de la autorización para funcionar por un plazo de hasta treinta (30) días; o e) clausura del establecimiento.
La autoridad de aplicación deberá coordinar sus acciones con el Ministerio Público de la Acusación, el Ente Nacional de Comunicaciones -ENACOM-, los prestadores de servicios de comunicaciones móviles y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. A tales fines, promoverá mecanismos de cooperación e intercambio de información con los organismos y entidades mencionadas, a fin de facilitar la denuncia por robo, hurto o extravío de dispositivos móviles y contribuir a su bloqueo, trazabilidad y recupero. Asimismo, impulsará campañas públicas de difusión destinadas a promover la radicación de las denuncias correspondientes.
Toda persona puede consultar en los sistemas de información legalmente habilitados a tal fin por la autoridad de aplicación, en forma gratuita y por medios electrónicos, si el número de IMEI o identificador único equivalente de un dispositivo registra denuncia, bloqueo o requerimiento vigente. La consulta no requiere la acreditación de interés jurídicamente tutelado y debe efectuarse respecto de un identificador electrónico único. La información brindada se limita a los datos mínimos necesarios para conocer si el dispositivo registra denuncia, bloqueo o requerimiento vigente. La autoridad de aplicación debe implementar los medios electrónicos necesarios para garantizar la consulta pública, gratuita y segura, con mecanismos adecuados de identificación de quienes consultan y trazabilidad de los accesos.
El Ministerio Público de la Acusación informará a la autoridad de aplicación, en caso de corresponder, las investigaciones penales preparatorias donde se encuentren siendo investigadas las personas comprendidas en la presente ley, con el objeto de evaluar la realización de las inspecciones que correspondan en sus establecimientos, locales y/o depósitos. Asimismo, deberá comunicar los identificadores electrónicos únicos individualizados en las denuncias radicadas en relación a dispositivos denunciados como robados o hurtados, al Registro que por esta ley se crea. El intercambio de información deberá limitarse a los datos necesarios para el cumplimiento de las finalidades de esta ley y realizarse con las medidas de seguridad y confidencialidad correspondientes. La información recibida no podrá utilizarse para finalidades distintas de las previstas en la presente ley ni implicará por sí misma la existencia de responsabilidad administrativa o penal.
Modifícase el inciso 5) del artículo 170 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, el que queda redactado de la siguiente manera: "5) existencia de objetos o efectos relacionados con la comisión de un delito que pudieran ser advertidos a simple vista o con el auxilio de medios técnicos, incluidos los sistemas de geolocalización o dispositivos de rastreo, siempre que permitan establecer, de manera precisa e inequívoca, su ubicación en dicho domicilio;"
Las personas están obligadas a exhibir el número de identificador electrónico único de sus dispositivos tecnológicos a requerimiento de autoridad competente.
Reforma a la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia. Incorpórase el inciso j) al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia, el que queda redactado de la siguiente manera: "j) requerir a cualquier ciudadano la exhibición del identificador electrónico único de los dispositivos tecnológicos que tuvieren en su poder y verificar su situación registral mediante los sistemas de información legalmente habilitados. Queda absolutamente vedado solicitar otra información contenida en el dispositivo o la exploración de las comunicaciones, archivos o datos o cualquiera otra información del dispositivo que no sea el IMEI o identificador equivalente. Ante la negativa de la persona a exhibir el identificador electrónico único, la autoridad policial debe retener el dispositivo tecnológico y dar inmediato aviso al Ministerio Público de la Acusación."
Las obligaciones de inscripción en el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines, de registración de operaciones y demás deberes cuyo cumplimiento dependa de la efectiva implementación del sistema registral, comenzarán a ser exigibles a partir de la fecha que determine la autoridad de aplicación mediante el acto administrativo que disponga su habilitación. A partir de dicha fecha, los sujetos alcanzados dispondrán de un plazo de noventa (90) días corridos para adecuarse a las obligaciones previstas en la presente ley. La autoridad de aplicación deberá realizar acciones de difusión y capacitación destinadas a los sujetos alcanzados con carácter previo al inicio del plazo de adecuación.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
Sin tarjeta de crédito. Conectá tu sistema judicial y hacele tu primera consulta a la IA.
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.