Abriendo la norma
Ley provincial 1.733 · 1941
Código Procesal Criminal y Correccional de la Provincia de Santiago del Estero.
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Ningún habitante de la Provincia puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ni sacados de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.
Toda ley de procedimiento en materia penal, favorable al procesado tiene efecto retroactivo y deberá ser aplicada por los jueces y tribunales, desde su promulgación, cualquiera fuere el estado de la causa. Carecerá de tal efecto si dañare al procesado o condenado.
Es prohibido a los jueces aplicar por analogía las disposiciones de las leyes penales o interpretarlas extensivamente comprendiendo casos no previstos de una manera expresa en su texto.
En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al acusado.
Toda orden de pesquisa o arresto de una o más personas, deberá especificar las pesonas u objeto de la pesquisa, describiendo particularmente el sitio que debe ser registrado. No podrá expedirse mandato de esta clase sino por juez competente apoyado en la declaración jurada de un testigo al menos, u otra prueba simiplena, de la cual se ha de hacer mérito en dicha orden, salvo el caso de infraganti delito, en que todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez.
Las acciones que nacen de los delitos son: 1º.- Acción pública. 2º.- Acción que depende de instancia privada; 3º.- Acción privada; 4º.- Acción civil.
La acción penal pública se ejerce exclusivamente por el Ministerio Fiscal y su ejercicio no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo los casos expresamente previstos por la ley.
Las acciones dependientes de instancia privada son las que nacen de los delitos de violación, estupro, rapto y ultrajes al pudor, cuando no resulte la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91 del Código Penal. En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por denuncia del agraviado o de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador. Puesta en movimiento la acción por la denuncia privada, no puede desistirse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo los casos previstos por la ley, debiendo el Ministerio Fiscal continuar la acción como en los delitos de acción pública.
Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: 1º.- Adulterio; 2º.- Calumnias e injurias; 3º.- Violación de secretos, salvo los casos del artículo 154 del Código Penal; 4º.- Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159 del Código Penal. Estas acciones se establecen por medio de querella, en la forma que este Código establece.
La acción civil para la indemnización del daño causado o para la restitución de la cosa obtenida por el delito, puede ser ejercida contra los partícipes del delito, y en su caso, contra el civilmente responsable, por el titular de aquella o por los representantes o mandatarios del mismo, indistintamente ante la jurisdicción civil o criminal.
*ARTICULO 11.- La acción Civil debe ser ejercida, en el proceso penal, por el Ministerio Fiscal en los siguientes casos. 1) Cuando no habiendo constitución de parte civil, el titular de la acción, expresamente interrogado manifieste conformidad en delegarle su ejercicio. 2) Cuando el titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente sin perjuicio de la intervención del Ministerio Pupilar. Cuando el el patrimonio provincial sea perjudicado por el delito, la acción civil será ejercida por el Fiscal de Estado o Procurador del Tesoro, cuando corresponda, o por el Abogado Asesor que el Fiscal de Estado designe.
La acción civil sólo puede ser ejercida en el proceso conjuntamente con la acción penal, pero válidamente iniciada, puede ser perseguida aunque ésta no pueda serlo, una vez que se haya decretado la citación a juicio.
Si el ejercicio de la acción penal dependiere de juicio político, desafuero o ejuiciamiento previos, se observarán las condiciones y límites establecidos en la ley.
Los jueces o tribunales deberán resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.
Cuando la existencia del delito dependa de una cuestión prejudicial establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá aun de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal podrá apreciar si la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilitar el proceso, ordenará que éste continúe. Si el auto que ordena o niega la suspensión fuere dictada por el juez de instrucción, procederá recurso de apelación. Cuando el juicio civil sea necesario, podrá ser promovido por el Ministerio Fiscal citadas todas las partes interesadas.
La suspensión del proceso se hará efectiva sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción. Resuelta la suspensión del proceso, se ordenará la libertad del imputado.
La jurisdicción penal se ejerce por los jueces y tribunales que la ley instituye; es improrrogable y se extiende al conocimiento de los delitos o faltas cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar.
Tampoco se considerarán sometidas a la acción de la justicia ordinaria las multas que establezcan las leyes por falta de pago de impuestos o contribuciones, las que se harán efectivas en la forma determinada por las mismas leyes.
Si una persona comete un delito en jurisdicción de la Provincia y otro en jurisdicción de la Capital Federal o de otra provincia, primero será juzgado en esta provincia si el delito imputado es de mayor gravedad. Lo mismo se procederá en caso de delitos conexos.
En el caso de que uno de los delitos perteneciere al fuero nacional y otro al provincial, deberá ser juzgado primero por la jurisdicción federal.
Cuando una misma persona hubiera cometido dos o más delitos sometidos a distintos jueces de los que ejercen jurisdicción en este Provincia, será competente para su juzgamiento aquel a quien corresponda el conocimiento del delito más grave.
Dentro del territorio de la Provincia, es competente el juez de la circunscripción judicial en que la infracción se ha cometido. Si el delito ha sido comenzado en un lugar y consumado en otro, el conocimiento pertenecerá al juez del lugar en que el delito se hubiese consumado. Si el delito ha sido cometido sobre los confines de dos jurisdicciones, será competente el juez que previene en la causa.
Si el lugar en que se ha cometido el delito fuere desconocido, el juez del lugar en que se hubiere procedido al arresto será preferido al de la residencia del culpalble, a menos que este último hubiese prevenido en la causa.
Considéranse delitos conexos: 1.- Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas; 2.- Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos; si hubiese mediado concierto o acuerdo para ello; 3.- Los cometidos como medio para perpetrar otros delitos o facilitar su ejecución; 4.- Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
Cuando se trate de delitos conexos, los procesos se acumularán y será competente; 1.- El juez competente para juzgar el delito más grave; 2.- Si los delitos son reprimidos con la misma pena, el juez del primer delito cometido; 3.- Si los hechos fueren simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el juez que haya procedido a la detención del imputado; 4.- En último caso, si no hubiere detención, el juez designado por el tribunal que debe resolver los conflictos de competencia, para lo cual atenderá a la mejor y más pronta administración de justicia.
La acumulación de causas no procederá cuando ella determine un grave retardo de las primeras, aunque en todos los procesos deberá intervenir un solo juez, de acuerdo a las normas del artículo anterior.
Si una persona es condenada en diversas jurisdicciones y corresponde unificar las penas, el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según se haya dictado la pena mayor o la menor. El condenado cumplirá proporcionalmente la pena que corresponda en la Provincia.
El Ministerio Fiscal y las partes podrán promover las cuestiones de competencia en la forma y con los alcances fijados en el Código de Procedimientos Civil y Comercial, con las modificaciones que surja de las disposiciones de este capítulo.
La cuestión puede ser promovida en cualquier estado de la causa hasta la fijación de la audiencia para el debate, salvo las cuestiones de competencia por materia, que pueden ser declaradas, aún de oficio, en cualquier momento.
Las cuestiones de competencia no suspenden el curso del sumario que será continuado: 1.- Por el juez que primero conoció la causa; 2.- Si los dos jueces hubieren comenzado en la misma fecha, por el requerido de inhibición.
Las cuestiones de competencia promovidas antes de la audiencia para el debate, suspenderán el procedimiento hasta la decisión de las mismas. Durante la suspensión, el juez a quien corresponda la continuación de la causa, según lo dispuesto en el artículo anterior, practicará únicamente aquellas actuaciones que sean absolutamente necesarias y de cuya dilación pudieran resultar perjuicios irreparables, ya sea de oficio, ya a instancia de parte.
Para la decisión de toda contienda de competencia en lo criminal, el juez que deba continuar conociendo de la causa remitirá al tribunal superior respectivo, cualquiera que sea el estado en que la contienda se empeñare, testimonio de las actuaciones relativas a la cuestión y los demás que sean conducentes en apoyo de su opinión, reteniendo la causa para su continuación se se hallare en sumario. *El juez que no deba continuar actuando, remitirá original la causa y si no la hubiere comenzado, las actuaciones relativas a la cuestión.
Los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia son válidos, pero el juez a quién correspondiere el proceso podrá ordenar su ratificación o ampliación.
Los jueces que ejerzan la jurisdicción criminal, cualquiera que sea su grado o jerarquía, podrán ser recusados y excusarse de entender en los procesos con arreglo a las disposiciones respectivas contenidas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial, con las modificaciones que establece este capítulo.
*ARTICULO 36.- Las partes, sus defensores o mandatarios podrán recusar al juez sólo invocando un motivo legítimo de inhibición.
*ARTICULO 37.- La recusación sólo puede ser propuesta bajo pena de inadminisibilidad en el primer escrito que se presente y hasta la fi- jación de la audiencia para el debate. En el caso de que se produjeren ulteriores integraciones del Tribunal, la recusación deberá ser inter- puesta dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.
Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación de la causa, la persona contra la cual se ha decretado el procesamiento o la que ha sido en tal carácter citada, detenida o indicada en la denuncia, en la querella o en la requisitoria.
La persona presente en el proceso será identificada en la oportunidad fijada en el artículo 204; pero las dudas sobre la exactitud de los datos suministrados u obtenidos, no alteran el curso de la causa cuando sea cierta la identidad física de la persona, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado del proceso y aún durante la ejecución.
La identificación se practicará por las generales del imputado, sus impresiones digitales y señas particulares, por medio de la oficina técnica respectiva, y, cuando no sea posible porque el imputado se niegue a dar sus generales o las dé falsamente, se procederá a la identificación por testigos en la forma prescripta para los reconocimientos y por los otros medios que se juzguen oportunos.
Cuando el imputado sea sometido a la medida provisional del artículo 263, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador, y, si no lo hubiere, por el Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces, sin perjuicio de la intervención que tengan los defensores ya nombrados. Si el imputado en menor de diez y ocho años, sus derechos de parte corresponderán también a su padre o tutor.
Si después del hecho y durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el juez ordenará la suspensión de la causa y la internación de aquel en un establecimiento adecuado, cuyo director dará cuenta semestralmente al juez del estado del enfermo. La suspensión impedirá el interrogatorio del imputado y el juicio contra él, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga la causa contra los co-procesados. Si el imputado curase, la causa continuará.
El imputado será sometido a examen mental toda vez que por el delito por el que se procesa esté reprimido con pena no menor de diez años de prisión, o cuando sea sordomudo o mayor de setenta años.
Para ejercer la acción civil en el proceso penal, su titular deberá constituirse en parte civil; pero si no tiene capacidad para estar en juicio, no podrá hacerse parte sino con la autorización, asistencia o representación prescripta para el ejercicio de las acciones civiles.
La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por mandatario, por medio de declaración o por escrito, debiendo contener, bajo pena de inadmisibilidad: el nombre y domicilio legal del accionante; la indicación del proceso a que se refiere; una exposición sumaria de los motivos en que la acción se funda; la petición de ser admitido por parte y la firma.
La constitución de parte civil podrá tener lugar en cualquier estado del proceso con anterioridad al decreto de citación a juicio.
La parte civil tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar el hecho y los daños y perjuicios que le haya causado, reclamar las restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes.
La instancia de la parte civil deberá ser notificada al Ministerio Fiscal, al imputado y al civilmente responsable, si lo hubiere o se pidiere su citación, y suritrá efecto sólo a contar desde la última notificación.
Durante la instrucción judicial, las partes mencionadas en el artículo anterior podrán oponerse a la intervención del actor civil, dentro del término perentorio de tres días, a contar de la respectiva notificación; pero cuando el civilmente responsable sea citado o intervenga con posterioridad, también podrá oponerse dentro de dicho término, a contar de su citación o intervención.
La incidencia de oposición tendrá el trámite de las excepciones y la resolución será inapelable; pero si por el momento en que la oposición se dedujo su resolución retardara la clausura de la instrucción, el juez podrá diferirla a fin de que sea considerada en el juicio.
Tanto la aceptación como el rechazo de la parte civil podrán ser reproducidas en el juicio, cuando fueren resueltas por el juez de instrucción.
Si no se deduce oposición en las oportunidades fijadas por el artículo 49, la constitución de parte civil será definitiva, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente.
El tribunal podrá excluir de oficio, y en cualquier estado del proceso, a la parte civil cuya intervención sea manifiestamente ilegal; pero esta facultad no podrá ejercerse cuando la participación haya sido concedida resolviéndose un incidente de oposición.
La resolución que rechace la constitución de parte civil no impedirá el ejercicio ulterior de la acción en juicio civil.
La parte civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligada por los gastos y costas que haya ocasionado. Se considerará desistida la acción civil cuando la parte civil, regularmente citada, no comparezca al debate o no presente conclusiones, o se aleje de la audiencia sin haberlas formulado oportunamente.
El desistimiento importa renuncia de la acción civil.
La intervención de una persona como parte civil no la exime del deber de declarar como testigo
Cuando el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º, ejerza la acción civil en representación de su titular, se observará lo dispuesto en el artículo 48º.
Las personas que de acuerdo a las leyes civiles responden por el imputado del daño causado por el delito, pueden ser citadas para que intervengan en el proceso. Tal citación podrá ser hecha en cualquier estado de la causa con anterioridad al decreto de citación a juicio, con notificación a las partes.
La citación contendrá: 1.- Nombre o designación del citado, según se trate de una persona física o jurídica; 2.- Indicación de la parte a cuya solicitud se la cita y del juicio en que debe comparecer. Cuando la citación sea hecha directamente para el juicio, se observará además lo dispuesto en el artículo 305.
La citación del civilmente responsable es nula si contiene omisiones o errores esenciales que hayan podido perjudicar su defensa, restringiéndole la audiencia o la prueba. Esta nulidad no aplaza el juicio ni perjudica el ulterior ejercicio de la acción civil ante la jurisdicción civil.
Cuando en el proceso se ejerza la acción civil, el civilmente responsable puede comparecer voluntariamente con anterioridad al decreto de citación a juicio. Esta participación se pedirá en la misma forma establecida para la constitución de parte civil.
La exclusión o el desistimiento de la parte civil damnificada hace caducar la intevención del civilmente responsable.
A la intervención de la parte civil responsable podrá oponerse el citado, el Ministerio Fiscal y las partes, si no han pedido la citación. Este incidente se propondrá y tramitará en la forma, oportunidades y plazos establecidos para oponerse a la constitución de parte civil.
Vale también para la parte civil responsable el artículo 52º; pero si la exclusión tuviere lugar a pedido de la parte civi damnificada, ésta no podrá intentar nueva acción contra aquel.
La parte civilmente responsable gozará desde su intervención en el proceso y en cuanto concierna a sus intereses civiles, de los derechos y garantías concedidos al imputado para su defensa.
El imputado tendrá derecho a hacerse asistir y defender por abogados de la matrícula; podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal substanciación del proceso.
El imputado no podrá ser asistido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan varios defensores, las notificaciones hechas a uno de ellos valen respecto de todos, y la sustitución del uno por el otro no altera los términos ni el trámite.
El cargo de defensor del imputado, una vez aceptado, es obligatorio salvo excusación atendible. La aceptación será obligatoria para los abogados de la matrícula, cuando fueren designados en sustitución del Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces.
En la primera oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hiciere, el juez nombrará al Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces. La inobservancia de este precepto hace nulos los actos practicados, cuando el defensor tenía derecho a asistir a ellos. En el mismo acto, el juez invitará al imputado que estuviese en libertad, a elegir domilio legal a los fines de las notificaciones.
La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado de nombrar ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije el domicilio.
Cuando no exista incompatibilidad, la defensa de varios imputados puede ser confiada a un defensor común.
La parte civil damnificada y la civilmente responsable pueden estar en el proceso personalmente o por mandatario especial y con la asistencia de un abogado. Cuando el mandatario sea procurador el patrocinio letrado es obligatorio.
Los defensores de las partes pueden designar sus sustitutos para los casos de impedimento legítimo momentáneo, mediante un simple escrito que se presentará al tribunal con la aceptación del sustituto. En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente asume las obligaciones del defensor y no tiene derecho a prórroga de términos o audiencias.
En ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa dejando a su cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá a la inmediata sustitución por el Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces, y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa. Cuando ello ocurra poco antes o durante el debate, aquél podrá solicitar una prórroga máxima de tres días para la audiencia. El debate no puede volver a suspenderse por la misma causa, aun cuando el tribunal conceda intervención a otro defensor particular, la que dejará subsistente la del defensor oficial. El abandono de los defensores o mandatarios de las demás partes no suspende el proceso.
El incumplimiento de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios puede ser corregido con multa hasta quinientos pesos. El abandono constituye falta grave y hace cargar al que en él incurra con las costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones. Todas estas sanciones serán resueltas inmediatamente y, siendo impuestas por la Cámara, son inapelables.
Son aplicables al trámite de las causas, en cuanto no estén modificadas en el presente título, las disposiciones del Código de *procedimiento Civil y Comercial relativas a las actuaciones judiciales.
En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional bajo pena de nulidad.
El que deba declarar en el proceso lo hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el juez lo autorice para ello, si así lo requiere la naturaleza de los hechos. Las preguntas que se formulen en ningún caso serán capciosas o sugestivas.
Para examinar y hacer jurar a un sordo se le presentará por escrito la fórmula del juramento, las preguntas y las observaciones, para que jure y responda oralmente; si se trata de un mudo, se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito; si de un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no saben darse a entender por escrito, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos y, en su defecto, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.
Para fechar un acto deberá indicarse el día, el mes, el año y el lugar en que se cumple. La hora será consignada sólo si especialmente se la requiere. Si la fecha es requerida bajo pena de nulidad, ésta sólo existirá cuando aquélla no pueda establecerse con certeza a base de los elementos del acto o de otros que le sean conexos.
Con excepción de las actuaciones del sumario, los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles. En el juicio, el tribunal podrá habilitar todos los días y horas que considere necesarios.
Cuando se requiera la prestación del juramento, éste será recibido por el juez o presidente del tribunal, de acuerdo a las acreencias del que jura y haciéndosele saber las penas del falso testimonio. La persona que jure deberá hacerlo estando de pie y prometiendo decir la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula: "si juro".
No podrán ser testigos de actuación las personas que no hayan cumplido 18 años de edad y las que en el momento del acto se encuentren en estado de alienación mental o de inconciencia.
El tribunal, en el ejercicio de sus funciones, podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesario para el seguro y ordenado cumplimiento de los actos a los cuales procede.
El tribunal, será asistido por el secretario en todos los actos en que intervenga, si no se dispone otra cosa.
Los tribunales dictarán los decretos el día en que los expedientes fueren puestos a despacho, y los autos dentro de cinco días, salvo que se disponga otra cosa.
Las resoluciones de las que no se hubiese recurrido dentro del término legal respectivo, quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna.
Cuando sea necesario hacer fe de actos realizados por ellos o cumplidos en su presencia, los funcionarios que intervengan en el proceso labrarán un acta en la forma prescripta en este capítulo.
Las actas deberán contener la fecha, su objeto, los nombres de las personas que intervengan, el motivo que hayan impedido la intervención de las personas obligadas a asistir, la indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados, las declaraciones recibidas y si ellas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, y si fueron dictadas por los declarantes. Concluída o suspendida la diligencia, el acta, previa lectura, será firmada por todos los intervinientes que deban hacerlo, y cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará mención de ello. La firma del funcionario que cumpla el acto y la del secretario o testigos de actuación, se prescriben bajo pena de nulidad.
Cuando un ciego deba suscribir un acta, podrá pedir que antes la lea una persona de su confianza, lo que e hará saber, bajo pena de nulidad.
Las resoluciones judiciales se harán conocer, cuando y a quienes corresponda, dentro de las veinticuatro horas de dictadas salvo que el tribunal disponga un plazo menor, y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.
Los fiscales y el Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces serán notificados en sus respectivas oficinas; las partes, en el domicilio constituído o personalmente. Si el imputado se encuentra detenido, será notificado en la oficina haciéndosele comparecer, o en el lugar de su detención, si se considera más conveniente. Las personas que no tengan domicilio constituído en el proceso, serán notificadas en su domicilio, residencia o en el lugar donde se encuentren.
Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro del radio de diez cuadras del asiento del tribunal. Si así no lo hicieren se considerará que han constituído domicilio en la secretaría.
Si la parte tiene en el proceso defensor o mandatario, a éstos se harán las notificaciones, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan también la notificación a la parte.
La notificación se hará entregando a la persona que deba ser notificada una copia autorizada de la resolución. Tratándose de sentencias o de autos, la copia se limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva.
Cuando la notificación se hiciere en el domicilio, el funcionario o empleado o encargado de practicarla llavará dos copias de la resolución, haciendo entrega de una al interesado, y al pie de la otra, que se agregará al proceso, pondrá constancia de ello, con indicación del día, hora y lugar en que practica la diligencia, firmando juntamente con el notificado. Cuando la persona que deba notificarse no fuere encontrada, la copia será entregada a alguna de las personas mayores de dieciocho años, que residan en la casa, prefiriendo a los parientes del interesado y, a falta de ellos, a los empleados, dependientes o sirvientes. Si no se encontrase alguna de esas personas, la copia será entregada a un vecino mayor de dieciocho años que sepa leer y escribir, prefiriendo a los más inmediatos. En estos casos, el funcionario o empleado que practique la notificación expresará en la constancia que extienda, a qué persona hizo entrega de la copia y por qué motivo, firmando la diligencia junto con ella. Cuando el notificado o el tercero se negaren a recibir la copia o a dar su nombre y firmar, ella será fijada en la puerta de la casa o habitación donde deba practicarse la notificación, en presencia de un testigo que firmará la diligencia; en la que se hará constar el hecho. Si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo hará un testigo a su ruego.
Cuando se ignore el lugar donde se encuentre la persona que deba ser notificada, la notificación se hará publicando una copia del autos, durante diez días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación. Un ejemplar de cada diario correspondiente a la primera o la última publicación, serán agregados al proceso.
Cuando la notificación se hiciere personalmente en la oficina o en despacho del Fiscal o Defensor de menores, Pobres, Ausentes e Incapaces, se hará mediante constancia en el expediente con indicación de la fecha, firmando el notificado y el encargado de la diligencia.
En caso de disconformidad entre la copia y el original, hará fé respcto a cada interesado la copia por él recibida.
La notificación será nula: 1º.- Si ha habido error sobre la identidad de la persona notificada; 2º.- Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta; 3º.- Si en la diligencia no consta la fecha o, cuando corresponda, la entrega de la copia; 4º.- Si falta alguna de las firmas prescriptas.
Cuando para algún acto procesal sea necesaria la presencia de una persona, el tribunal la citará, observándose para ello las formas prescriptas para la ntoficación. Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios, podrán ser citados también por medio de la Policía o del Correo Nacional, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado.
Las personas a que se refiere la segunda parte del artículo anterior, serán citadas bajo apercibimiento de ser traídas por la fuerza pública, la que se hará efectiva sin más trámite, a no mediar causa justificada. El incomparendo injustificado hace incurrir en las costas causadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
Los actos procesales se practicarán dentro de los términos fijados en cada caso. Cuando no se fije término, se practicarán dentro de tres días. Los términos empezarán a correr para cada interesado desde su notificación, o desde la última que se practicare si aquéllos fueren comunes, y se contará en la forma establecida por el Código Civil.
Los términos son contínuos y en ellos no se computan los días feriados.
Los términos son perentorios e improrrogables salvo los casos que especialmente se exceptúan.
Si el término fijado vence después de las horas de oficina, el acto que debe cumplirse en ella podrá hacerlo durante la primera hora del día hábil siguiente.
El Ministerio Fiscal y las partes a cuyo favor se ha establecido un término, pueden perdir o consentir su abreviación mediante manifestación expresa.
Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no comparezca a la citación judicial o se fugue del establecimiento o lugar en que se hallare detenido, o ausente, sin licencia del tribunal, del lugar asignado como residencia.
Transcurrido el término de la citación o comprobada la fuga o ausencia, el tribunal declarará la rebeldía por auto y expedirá orden de detención, si antes no se hubiere dictado.
La declaración de rebeldía no suspenderá el curso del sumario. Si fuere declarado durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde, continuando para los demás imputados presentes, si los hubiere. Declarada la rebeldía, se reservarán los autos y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que sea indispensable conservar.
La declaración de rebeldía importa la revocatoria de la excarcelación y obliga al imputado al pago de las costas causadas por la rebeldía.
Si el imputado se presenta con posterioridad a la declaración de su rebeldía y justifica que no concurrió hasta ese momento a la citación judicial debido a un grave y legítimo impedimento, la declaración de rebeldía será revocada y no porducirá los efectos previstos en el artículo anterior.
Cuando el rebelde comparezca, por propia voluntad o por fuerza, la causa continuará según su estado.
Sólo pueden ser declarados nulos los actos procesales en los cuales no se hayan observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad.
Se entiende siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes: 1º.- Al nombramiento, capacidad y constitución del juez o tribunal; 2º.- A la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso, y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria. 3º.- A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece.
El tribunal que comprueba una causa de nulidad tratará, si es posible, de eliminarla inmediatamente, y si no lo es, podrá declararla a petición de partes, salvo nulidades previstas en el inciso 3º del artículo anterior, que podrán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso. Sólo podrán oponer la nulidad el Ministerio Fiscal y las partes que no la hayan causado y que tengan interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas.
Las nulidades deben oponerse: 1º.- Las producidas en la instrucción, durante ésta o en el término establecido por el artículo 308º, por medio de escrito fundado. 2º.- Las producidas en los actos preliminares del juicio, hasta inmediatamente después de abierto el debate; 3º.- Las producidas en el debate, antes o inmediatamente después de cumplirse el acto; El incidente se tramitará en la forma establecida para el recurso de reposición.
Toda nulidad puede ser subsanada por el modo establecido en este Código, salvo las previstas en el inciso 3º, del artículo 116º. Las nulidades quedan subsanadas: 1º.- Si las partes no las oponen en las oportunidades establecidas en el artículo anterior; 2º.- Cuando las partes que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; 3º.- Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de todos los interesados.
La nulidad de un acto, cuando es declarada, vuelve nulos todos los actos consecutivos que de él dependen. Al declarar la nulidad, el tribunal establecerá, además, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanzan la nulidad por conexión del acto anulado. El tribunal que declara la nulidad ordenará, cuando sea necesario y posible, la revocación o ratificación de los actos anulados.
Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa e imponerle las medidas disciplinarias que le acuerde la ley, o solicitarlas del Superior Tribunal de Justicia.
Toda persona con capacidad penal que se pretenda lesionada por un delito cuya represión sea perseguible de oficio, o que sin pretenderse lesionada tenga noticia de él, podrá denunciarlo al Juez, el Fiscal o a la Policía. Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar el ofendido por el delito, o en orden excluyente, su representante legal, su tutor o guardador, entendiéndose por tal la persona que por cualquier motivo tiene el menor a su cuidado.
La denuncia debe contener de un modo claro y preciso, en cuanto sea posible: 1º.- La relación circunstanciada del hecho reputado criminoso, con expresión de lugar, tiempo y modo cómo fue perpetrado, y con qué instrumento; 2º.- Los nombres de los autores, cómplices y auxiliadores en el delito, así como de las personas, que lo presenciaron o que pudieren tener conocimiento de su perpetración; 3º.- Todas las indicaciones y demás circunstancias que pueden conducir a la comprobación del delito, a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la averiguación de las personas criminal y civilmente responsables. La denuncia podrá hacerse personalmente o por medio de mandatario con poder especial. Podrá también hacerse por escrito o de palabra. La denuncia que se hiciere por escrito, deberá ser firmada por el denunciante, y, si no supiese o no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere, rubricará y sellará todas las fojas en presencia del que la presentare, que podrá rubricarlas también por sí o por otra persona a su ruego. Cuando la denuncia fuere verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante, relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no supiere o no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego.
La autoridad o funcionario que recibiere una denuncia verbal o escrita, hará constar la identidad de la persona del denunciante, si no fuere conocida, por medio de dos testigos. En el caso de denuncia hecha por un mandatario especial, el poder deberá enunciar el hecho y las circunstancias mencionadas en el artículo 123º. No se admitirán denuncias de descendientes contra ascendientes o de éstos contra aquellos, del marido contra la mujer o viceversa y de hermanos contra hermanos.
Cuando la denuncia sea formulada por el titular de la acción civil, podrá contener también la manifestación prevista en el artículo 11, inciso 2º.
Tienen la obligación de denunciar: 1º.- Los funcionarios o empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones adquieran conocimiento de un delito perseguible de oficio; 2º.- Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que profesen cualquier ramo del arte de curar y conozcan tales hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo el caso de que adquieran el conocimiento en virtud de manifestaciones puestas al amparo del secreto profesional.
El denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento judicial, ni incurrre en responsabilidad alguna, salvo el caso de calumnia.
El sumario puede iniciarse: 1º.- Por denunia, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente en la parte respectiva; 2º.- Por prevención de los funcionarios de policía de conformidad a lo establecido en las siguientes disposiciones; 3º.- De oficio, cuando los delitos puedan ser persguidos por la acción penal pública.
Cuando hubiere de procederse por denuncia, servirá de base al procedimiento la misma. En los casos de prevención de los funcionarios de policía, el sumario comenzará con las actuaciones y diligencias practicadas por dichos funcionarios.
Cuando hubiere de procederse de oficio formará la cabeza del proceso el auto que manda proceder la averiguación del delito. Este auto deberá contener: 1º.- La determinación del hecho punible; 2º.- El tiempo en que ha llegado la noticia al juez; 3º.- La designación del lugar en que ha sido ejecutado; 4º.- La orden de proceder a su averiguación y al descubrimiento de los autores y cómplices; 5º.- La determinación de las primeras diligencias que se consideren necesarias y convenientes, que se manden a practicar; 6º.- La citación del representante del Ministerio Público, a efecto de que tome en el sumario la intervención que legalmente le corresponde.
Cada delito será objeto de un sumario, excepto los delitos conexos, que se comprenderán en un solo proceso.
La intervención conferida a los funcionarios de policía en la prevención del sumario continuará luego que se haga cargo el juez correspondiente como auxiliar de esta último y bajo sus órdenes directas, si así lo dispusiese, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que están sometidos. Las diligencias practicadas, los instrumentos y efectos del delito, y las personas de los delincuentes, en el caso de haber sido detenidas, deberán ponerse en el acto, a disposición del juez.
Los funcionarios de policía tendrán las siguientes obligaciones: 1º.- Averiguar los delitos que se cometan dentro del territorio de la Provincia que den lugar al ejercicio de la acción pública; 2º.- Recibir las denuncias que se les hiciere sobre los mismos delitos y también de los delitos cuya acción dependa de instancia privada, siempre que estas últimas fueren hechas por las personas damnificadas u ofendidas; 3º.- Verificar, sin demora, las diligencias necesarias para dejar constatadas las huellas o rastros aparentes del delito, cuando haya peligro de que esas pruebas desaparezcan o se borren, si se retardara dicha diligencia. Si el retardo no ofreciere peligro, se limitarán a tomar las medidas necesarias a fin de que las huellas del hecho no desaparezcan y el estado de los lugares no sea modificado; 4º.- En los casos que den lugar a la acción pública, detener a las personas que sorprendan infraganti delito, y aquellas contra quienes hubieren indicios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad, para ponerlas a disposición del juez competente en el término de veinticuatro horas. Fuera de este caso, sólo podrán proceder a la prisión del presunto o presuntos culpables, en virtud de orden de juez competente. Sin embargo podrán tomar en tales casos las medidas precaucionales que consideren convenientes para evitar la fuga de los presuntos culpables; 5º.- Recoger las pruebas y demás antecedentes que puedan adquirirse en los momentos de la ejecución del hecho; practicar todas las diligencias de caracter urgente que considere necesarias paa constatar su existencia y determinar los culpables; 6º.- Poner en conocimiento del juez competente, sin la menor dilación, las denuncias recibidas y las informaciones de diligencias practicadas, a los objetos de la investigación criminal. 7º.- Velar por el cumplimiento de los reglamentos y ordenanzas municipales y de policía en todo lo que se refieran a contravenciones y faltas y someter a los infractores al juez competente.
Al efecto de las obligaciones determinadas en el artículo anterior, corresponde a las autoridades y funcionarios de policía; 1º.- Disponer que antes de practicarse las averiguaciones y examen a que deba procederse, no se haga alteración alguna en todo lo relativo al objeto del crimen y estado del lugar en que fué cometido; 2º.- Proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgaren necesarias, recibiendo las declaraciones de los ofendidos y los informes, esclarecimientos y noticias que puedan servir al descubrimiento de la verdad, de las demás personas que puedan prestarlos; 3º.- Secuestrar los instrumentos del delito o cualesquiera otros que puedan servir para el objeto de las indagaciones. 4º.- Conservar incomunicado al delincuente, si la investigación criminal lo exigiere; 5º.- Impedir, si lo juzgan indispensable o conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del delito o sus adyacencias, antes de concluir las diligencias de investigación, a fin de que les sean aplicadas las penas en que hubieren incurrido; 6º.- Hacer uso de la fuerza pública cada vez que fuese indispensable para el debido desempeño de sus atribuciones.
Si el delito fuere de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán las mismas obligaciones y facultades consignadas en los artículos anteriores, si fueren requeridos al efecto por aquélla.
Inmediatamente que los funcionarios de policía tuviesen conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir en las diligencias de algún delito dependiente de instancia privada, lo comunicarán al juez competente, sin cesar de practicar las diligencias urgentes de prevención.
Las autoridades o funcionarios a quienes por ley corresponde la instrucción de las primeras diligencias, podrán ordenar que les acompañe, en caso de delito flagrante de lesiones corporales, el primer médico que fuese habido para prestar, en su caso, los oportunos auxilios al ofendido.
Los médicos que, siendo requeridos, aun verbalmente no se prestasen a lo expresado en el artículo anterior, sin causa legítima, incurrirán en una multa de cincuenta a doscientos pesos, a no ser que hubieran incurrido, por su desobediencia, en responsabilidad criminal.
En el caso en que los funcionarios de policía, encargados de la prevención del sumario, no estuvieren facultados para entrar en ejercicio de sus funciones, a un establecimiento público, deberán solicitar previamente permiso de la autoridad o empleado a cuyo cargo estuviese el establecimiento, cuyo permiso no podrá ser negado sin causa legítima.
El proceso de prevención contendrá: 1º.- El lugar, día, mes y año en que fue iniciado; 2º.- El nombre, profesión y domicilio de cada una de las personas que en él intervinieron; 3º.- El juramento de los testigos y peritos; 4º.- La declaración, informe o dictamen textuales de los peritos y del ofendido, disposiciones, información y resultado de cualquier diligencia tendiente a obtener, no solo el completo conocimiento del hecho criminal y todas las circunstancias que contribuyan para la calificación exacta del delito, sino la referencia de cualquier presunción, indicio o sospecha, por las que pueda llegar a descubrirse cuáles fueron los autores, cómplices o auxiliadores; 5º.- En el caso de muerte, heridas u otras lesiones corporales, la declaración o dictamen textual de los peritos, respecto al número y clases de lesiones, y si son mortales o solamente peligrosas, del instrumento con que se notare haber sido hechas, y si la muerte resultó necesariamente de las heridas, o de circunstancias independientes o accesorias; 6º.- La firma de todos los que intervinieron en el proceso, o la mención de los que no supieren o no pudieren hacerlo.
Concluidas las diligencias urgentes del sumario de prevención, será remitido íntegro, dentro de veinticuatro horas, al juez competente. Los comisarios de policía, harán esa remisión por intermedio del jefe.
Cuando los funcionarios de policía no dieren cuenta al juez competente, inmediatamente después de tener conocimiento de la perpetración de una delito público o no remitieren las diligencias de prevención practicadas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su terminación, el juez pedirá del superior las correcciones disciplinarias a que hubiere lugar.
*ARTICULO 143.- El de instrucción examinará, sin demora, las requisitorias o prevenciones sumarias; ejecutará con habilitación de días y horas todos los actos y diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad sobre el hecho, descubrimiento de sus autores y partícipes e investigará el daño causado por el delito, aunque el damnificado no se haya constituído en parte civil. La instrucción judicial deberá quedar concluida en el plazo de tres meses a contar de la fecha de la declaración indagatoria. Si dicho término resultara insuficiente el juez solicitará prórroga a la Cámara respectiva, la cual podrá acordarle hasta otros dos meses más según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sólo en los casos de suma gravedad y de muy dificil investigación, la prórroga podrá llegar excepcionalmente hasta cuatro meses.
En la instrucción se procurará comprobar los hechos que según el Código Penal deban tenerse en cuenta para apreciar la naturaleza del delito, las circunstancias que lo califican, agravan o atenúan, como también las que influyen en su punibilidad o lo justifican. Igualmente se verificarán las circunstancias que influyan en la mayor o menor peligrosidad del imputado, conforme a las normas de los artículos 40º y 41º del Código Penal. En los casos de delitos graves, cuya comprobación fuera dificil por las circunstancias especiales, el juez se trasladará inmediatamente de tener conocimiento del delito al lugar de la ejecución y dirigirá personalmente la instrucción.
Cuando el delito que se investiga hubiere dejado vestigios o pruebas metariales de su perpetración, el juez los hará constar en el sumario, recogiéndolos inmediatamente y conservándolos como elementos probatorios, si fuere posible. En cualquier caso y oportunidad, si el juez lo considera necesario, podrá ordenar la reconstrucción del hecho. El imputado no podrá ser obligado a intervenir en la misma.
Siendo habida la persona, cosa u objeto del delito, el juez describirá, detalladamente, su estado y circunstancias y especialmente todas las que tuvieren relación con el hecho punible. En los casos de muerte por heridas, deberá consignarse, en la descripción ordenada, la situación y número de aquellas, haciéndose además, constar la posición en que se hubiere encontrado el cadáver, la ropa que lo cubre, nombre de la persona a la que corresponda, profesión y vecindad si fuere conocida y la dirección de los rastros de sangre o señales que se encuentren.
Cuando las circunstancias que se observaren en la persona o cosa, pudieran ser mejor apreciadas por peritos, inmediatamente después de la descripción ordenada en el artículo anterior, los nombrará el juez, haciéndose constar por diligencias el reconocimiento y el informe que emitieren.
Si para la apreciación del delito o de sus circunstancias, tuviere importancia el reconocimiento de un lugar cualquiera, el juez deberá practicar la inspección ocular y hará consignar en los autos la descripción del mismo, sin omitir ningún detalle que pueda tener valor tanto para la acusación como para la defensa.
El juez procurará recoger, en los primeros momentos, las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase, que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones o en poder del reo, o en otra parte conocida, extendiendo diligencia con expresión del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraron, describiéndolos minuciosamente, para que se pueda formar idea cabal de los mismos y del lugar y circunstancias en que se encontraron. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueron hallados, notificándose a la misma en el auto en que se mande a recogerlos.
Cuando en el acto de describir la persona, cosa objeto y lugar del delito, armas, instrumentos o efectos relacionados con el mismo, estuvieren presentes o fueren conocidos personas que puedan declarar acerca del modo y forma que aquel se cometió y de la causa de las alteraciones que se observaron en dichos lugares, armas, instrumentos o efectos, o acerca de su estado anterior, serán examinados inmediatamente después de la descripción, y sus declaraciones se considerarán como complemento de ella.
Cuando no hayan quedado huellas o vestigios del delito que motive el sumario, el juez averiguará y hará constar, siendo posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual o intencionalmente; las causas de la misma o los medios que para ello se hubiesen empleado, procediendo a recoger y consignar en el sumario las pruebas de cualquier otra clase que se adquieran acerca de la perpetración del delito.
Cuando el delito fuere de los que no dejan huella de su perpetración, el juez procurará hacer constar por declaraciones de testigos y por los demás medios de comprobación, la ejecución del delitos y sus circunstancias y la preexistencia de la cosa cuando el delito hubiese tenido por objeto la substracción de la misma.
Si la instrucción tuviese lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y la persona fuere desconocida, antes de procederse al entierro del cadáver se identificará su persona por medio de testigos, que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento. Se tomarán asimismo las impresiones digitales del cadáver. No habiendo testigos de reconocimiento, si el estado del cadáver lo permtiere, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia, durante veinticuatro horas al menos, y en el lugar destinado al efecto, a fin de que se comunique al juez cualquier dato que pueda contribuir al reconocimiento del cadáver o al esclarecimiento del delito y sus circunstancias. Cuando a pesar de tales prevenciones no fuera reconocido el cadáver, recogerá el juez todas las vestiduras y demás objetos encontrados en él, a fin de que puedan servir oportunamente para hacer la identificación. Si se le encontrase dinero o papeles de importancia, ordenará su depósito en la secretaría del juzgado.
En la instrucción señalada en el artículo anterior, cuando no aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por el médico de los tribunales, o, en su caso, por el que el juez designe, quien describirá exactamente dicha operación, informando sobre la naturaleza de las heridas o lesiones, el origen o causa inmediata del fallecimiento y sus circunstancias. En todos los casos, sea cual fuere el procedimiento empleado para el reconocimiento del cadáver, los peritos deben manifestar su opinión sobre si la muerte ha sobrevenido a consecuencia de las lesiones inferidas o si ha sido el resultado de causas preexistentes o posteriores extrañas al hecho consumado.
En ningún caso se decretará el secreto de pericias, reconocimientos, inspecciones, registros domiciliarios y reconstrucciones que por su naturaleza y características deban considerarse definitivas irreproductibles.
Antes de proceder a alguno de los actos a que se refiere el artículo anterior, el juez mandará, bajo pena de nulidad, que sean notificados los defensores y el *Ministro Fiscal, y la diligencia se practicará con o sin la asistencia de ellos, en la oportunidad prefijada. Dicha notificación no es necesaria para los registros domiciliarios y secuestros, salvo el derecho de las partes de asistir, con o sin defensor, a la ejecución de la medida. Sólo cuando exista urgencia absoluta podrá el juez proceder sin notificación o antes del término fijado, dejando constancia de los motivos, bajo pena de nulidad.
En los casos de lesiones corporales, el juez ordenará que los peritos determinen prolijamente en su informe la importancia de esas lesiones y el tiempo que han inutilizado para el trabajo al paciente. Tendrán en cuenta los peritos si concurren en las lesiones algunas de las circunstancias siguientes para constatarlas en su informe: 1º.- Si han inutilizado al paciente de una manera permanente; 2º.- Si le han ocasionado deformaciones permanentes en el rostro; 3º.- Si han puesto en peligro su vida; 4º.- Si le han producido una debilitación permanente en la salud, un órgano o un sentido; 5º.- Si le han ocasionado una dificultad permanente en la palabra o una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable; 6º.- Si le han producido la pérdida de un sentido o de un órgano o del uso del mismo, o de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir; 7º.- Si el paciente ha sido inutilizado para el trabajo por menos o por más de un mes.
En los casos de infanticidio, el juez hará que los peritos expresen en sus informes la época probale del parto, declarando si la criatura ha nacido viva, si se ha encontrado en estado de vivir fuera del seno materno, las causas que razonablemente hayan podido producir la muerte y si en el cadáver se notan o no lesiones.
En el caso de aborto, hará constatar la existencia de la preñez, los signos demostrativos de la expulsón del feto, la época del embarazo, las causas que hayan determinado el hecho y las circunstancias de haber sido provocado por la madre o algún extraño, de acuerdo o contra la voluntad de ellas y las demás circunstancias que, según el Código Penal, deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter y gravedad del delito.
Tratándose de envenenamiento, o si aparecieren señales o indicios de tal, deberá el juez ordenar que se practique la autopsia, para determinar los efectos que el veneno puede haber producido sobre los distintos órganos y que sirvan para comprobar la causa de la muerte y las substancias que la hayan producido. Deberá ordenar asimismo el análisis químico del veneno o las substancias a que se atribuye ese carácter.
Si se trata de robo o de cualquier otro hecho cometido con efracción, violencia o escalamiento, el juez deberá hacer constar y descubrir las huellas y rastros del delito, ordenando a los peritos que expliquen de qué manera, con que instrumentos o medios y en qué época consideran que el hecho ha sido verosímilmente ejecutado.
En los robos y hurtos o sustracciones, deberá comprobarse, ante todo, cuando menos por semiplena prueba, la existencia anterior y la desaparición de las cosas robadas o sustraídas. En defecto de esa comprobación, se admitirá la declaración jurada del dueño, siendo persona de notoria honradez o buena conducta, y que, además, por su posición, haya podido poseer las cosas robadas o substraídas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por hacerse una denuncia falsa o maliciosa.
En los casos de incendio voluntario, el juez hará que los peritos determinen en sus informes, el lugar, la manera y la época en que se ha cometido; la calidad de las materias incendiadas empleadas en su ejecución; el mayor o menor peligro para la vida de las personas o para la ruina y deterioro de las propiedades; las desgracias personales que haya producido; el lugar en que empezó el fuego; la causa de su desarrollo y si pudo o no fácilmente extinguirse. Deberá determinar, igualmente, la importancia aproximativa de los daños y perjuicios ocasionales por el incendio.
La confesión espontánea no eximirá al juez de practicar las diligencias que quedan descriptas, con el mismo celo y actividad que en los demás casos.
En caso de ser necesaria la exhumación de un cadáver, el juez ordenará y la practicará personalmente, acompañado del actuario, el facultativo, el sepulturero y algunos testigos que hubieren asistido al entierro, si fuera olvidado el lugar donde se encuentra el cadáver. Practicados los reconocimientos necesarios, dispondrá nuevamente que sea sepultado, dejando constancias en autos de todo lo obrado.
En los casos de falsedad cometida en instrumento público o provado, se hará por peritos el cotejo de los verdaderos con los falsos; si se tratare de falsedad que se comete contrahaciendo o fingiendo letra, firma, sello o marca, el juez mandará practicar también por peritos el cotejo de la firma, letra, sello o marca argüídos de falsos, con otras indubitadas.
Si por tratarse de falsificación cometida en instrumentos públicos o efectos existentes en dependencias del Estado, hubiere imprescindible necesidad de tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por parte del juez, se reclamarán de las oficinas o autoridades correspondientes, sin perjuicio de devolverlos después de terminada la causa.
Los jueces podrán ordenar a los comisarios de policía directamente, la ejecución de diligencias en los procesos en que intervengan dentro de los límites de su jurisdicción. El empleado instructor recibirá directamente órdenes del juez para la instrucción. El jefe de policía, dentro del término de veinticuatro horas, designará, a requisición del juez, el funcionario policial que deberá instruir el sumario. Hecha la designación, la hará saber dentro del mismo término al juez de la causa y no podrá sustituir al funcionario encargado de la instrucción sin consentimiento de aquel magistrado. Si el juez no accediere a la sustitución cuando el jefe de policía la considere indispensable, el caso será resuelto por la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional con los antecedentes que deberán serle remitidos. Continuará la instrucción hasta que el caso sea resuelto el empleado que estuviere encargado de ella.
Fin del texto
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