Abriendo la norma
Ley provincial 6.203 · 2010
Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Nadie podrá ser penado sino en virtud de un proceso previamente tramitado con arreglo a este Código; ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho y designados de acuerdo con la Constitución Provincial; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias. Esta última prohibición no comprende los casos en que no se hubiese iniciado el proceso anterior o se hubiese suspendido, en razón de un obstáculo formal, el ejercicio de la acción.
ÁMBITO TEMPORAL. Este Código será aplicado desde que sea puesto en vigencia, aun en los procesos por delitos anteriores, salvo disposición en contrario.
INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA. Será interpretada restrictivamente toda disposición legal que coarte la libertad personal, limite el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso o establezca sanciones procesales o exclusiones probatorias.
SUPLETORIEDAD. NORMAS PRÁCTICAS. En caso de silencio u oscuridad de este Código, se aplicarán, en cuanto sea posible, el Código Procesal en lo Civil y Comercial y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia dictará, de oficio o a propuesta de otros tribunales o del Ministerio Público, las normas prácticas que sean necesarias para aplicar este Código.
ACCIÓN PROMOVIBLE DE OFICIO. La acción penal pública será ejercida por el Ministerio Público, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada (Código Penal, artículo 72). Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo expresa disposición legal en contrario.
ACCIÓN DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA. Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá iniciarse si el ofendido por el delito o, en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o guardador hubiesen formulado denuncia ante autoridad competente para recibirla. Será considerado guardador quien tenga a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del menor. La instancia privada se extiende de derecho a todos los partícipes del delito.
QUERELLANTE PARTICULAR. El ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios podrán intervenir en el proceso como querellante particular, en la forma especial que este Código establece, y sin perjuicio de ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si el querellante particular se constituyera, a la vez, en actor civil, podrá formular ambas instancias en un solo escrito, con observancia de los requisitos previstos para cada acto.
ACCIÓN PRIVADA. La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial que este Código establece (artículo 428 (ex art. 424) y subsiguientes).
PREJUDICIALIDAD PENAL. Cuando la solución de un proceso penal dependa de la solución de otro y no corresponda la acumulación de ambos, el ejercicio de la acción se suspenderá en el primero después de la investigación penal preparatoria, hasta que en el segundo recaiga sentencia firme.
PREJUDICIALIDAD CIVIL. El tribunal o el fiscal de Instrucción deberán resolver, con arreglo a las disposiciones legales que las rijan, todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las referentes a la validez o nulidad del matrimonio, cuando de su resolución dependa la existencia del delito. En estos casos, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aun de oficio, hasta que en la jurisdicción civil recaiga sentencia firme, la que producirá el efecto de cosa juzgada.
APRECIACIÓN. Cuando se deduzca una excepción de prejudicialidad, el tribunal o el fiscal de Instrucción podrán apreciar, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil. En caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe. Cuando la resolución que ordene o deniegue la suspensión sea dictada por el fiscal de Instrucción, podrá ser objeto de oposición. El juez de Instrucción resolverá, sin sustanciación, en el plazo de tres (3) días. La resolución no será apelable. Cuando el auto que ordena o niega la suspensión sea dictado por el juez de Instrucción, podrá ser apelado.
EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. Resuelta la suspensión del proceso de acuerdo con los artículos 9 y 10, se ordenará la libertad del imputado, previa fijación de domicilio, pudiendo disponerse las restricciones previstas en el artículo 271 (ex art. 268) y practicarse los actos urgentes de investigación.
JUICIO CIVIL NECESARIO. El juicio civil que fuera necesario podrá ser promovido y proseguido por el fiscal en lo Civil y Comercial, con citación de todos los interesados.
DESAFUERO Y JUICIO POLÍTICO. Si se formulase requisitoria fiscal o querella contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político o juicio de destitución, el tribunal competente practicará una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado. Cuando existiese mérito para el juzgamiento, se solicitará el desafuero o destitución, ante la Legislatura, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen. La investigación sumaria no podrá exceder de dos (2) meses, bajo pena de caducidad. Si de acuerdo con el artículo 63 (ex art. 59) de la Constitución Provincial, el legislador hubiese sido aprehendido, el tribunal dará cuenta inmediatamente a la Legislatura, con la información sumaria del hecho. Del mismo modo se procederá cuando el aprehendido estuviera sujeto a juicio político, en cuyo caso se comunicará la privación de la libertad del magistrado o funcionario a la Legislatura.
PROCEDIMIENTO ULTERIOR. Si se produjese el desafuero o la destitución, el tribunal dispondrá la investigación jurisdiccional correspondiente o dará curso a la querella. En caso contrario, declarará por auto que no se puede proceder y archivará las actuaciones.
VARIOS IMPUTADOS. Cuando se proceda contra varios imputados y sólo alguno de ellos goce de privilegio constitucional, el proceso podrá formarse y seguir con respecto a los otros.
ENUMERACIÓN. El Ministerio Público y las partes podrán interponer las siguientes excepciones, que deberán resolverse como artículos de previo y especial pronunciamiento: 1. Falta de jurisdicción o de competencia. 2. Falta de acción, porque ésta no se pudo promover, no fue iniciada legalmente o no pueda proseguir. 3. Extinción de la pretensión penal. Si concurrieran dos (2) o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
INTERPOSICIÓN Y PRUEBA. Las excepciones se deducirán por escrito y, si fuese el caso, deberán ofrecerse las pruebas que justifiquen los hechos en que se basan, bajo pena de inadmisibilidad. Si las excepciones se basasen en hechos que deban ser probados, previamente se ordenará la recepción de la prueba, por un plazo que no podrá exceder de diez (10) días, y se citará a las partes a una audiencia para que oral y brevemente hagan su defensa. El acta se labrará en forma sucinta. El trámite de la excepción no podrá durar más de veinte (20) días, no computándose el tiempo de diligenciamiento de prueba fuera de la Provincia, incidentes, recursos o actos que dependan de la actividad de las partes.
TRÁMITE Y RESOLUCIÓN. De las excepciones planteadas se correrá vista al Ministerio Público, al querellante particular y a las partes interesadas. El tribunal resolverá por auto. Si se dedujera durante la investigación fiscal, efectuado el trámite a que se refiere el artículo anterior, el fiscal elevará el incidente a resolución del juez de Instrucción, con opinión fundada, en el plazo de tres (3) días. Si no hubiera prueba que recibir, elevará inmediatamente las actuaciones.
TRAMITACIÓN SEPARADA. El incidente se sustanciará y resolverá por separado, sin perjuicio de continuarse la investigación.
FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. Si se admitiese la falta de jurisdicción o de competencia, excepción que deberá ser resuelta antes que las demás, se procederá conforme a los artículos 41 o 45.
EXCEPCIONES PERENTORIAS. Cuando se haga lugar a una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que esté detenido.
EXCEPCIONES DILATORIAS. Cuando se haga lugar a una excepción dilatoria, se ordenará el archivo del proceso y la libertad del imputado, sin perjuicio de que se declaren las nulidades que correspondan. El proceso continuará inmediatamente después de que se salve el obstáculo formal al ejercicio de la acción.
TITULAR. La acción civil destinada a obtener la restitución del objeto materia del delito y la indemnización por el daño causado sólo podrá ser ejercida por el damnificado directo, aunque no sea la víctima del delito, o sus herederos, en los límites de su cuota hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable.
EJERCICIO POR EL DEFENSOR OFICIAL. La acción civil deberá ser ejercida por el defensor oficial: 1. Cuando el titular de la acción carezca de recursos y, sin constituirse en actor civil, le delegue su ejercicio. 2. Cuando el titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente, sin perjuicio de la representación promiscua.
OPORTUNIDAD. La acción resarcitoria podrá ser ejercida en el proceso -excepto el incoado ante los jueces de Menores- sólo cuando esté pendiente la acción penal, pero la absolución del acusado no impedirá que el tribunal de juicio se pronuncie sobre ella en la sentencia (artículo 414 (ex art. 411), ni la ulterior extinción de la pretensión penal impedirá que el tribunal superior decida sobre la civil.
EJERCICIO POSTERIOR. Si la acción penal no pudiera proseguir por haberse suspendido su ejercicio, por rebeldía o locura del imputado, la civil podrá ser ejercida ante la jurisdicción respectiva.
EXTENSIÓN Y CARÁCTER. La jurisdicción penal se ejercerá por los tribunales que la Constitución y la ley instituyen, y se extenderá al conocimiento de los hechos delictuosos cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar. La competencia de aquellos será improrrogable.
JURISDICCIONES ESPECIALES. Si a una persona se le imputase un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos.
JURISDICCIONES COMUNES. Si a una persona se le imputase un delito de jurisdicción provincial y otro correspondiente a la jurisdicción de otra provincia, primero será juzgado en Tucumán, si el delito imputado aquí fuese de mayor gravedad, o si teniendo la misma pena, la fecha de comisión fuese más antigua. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos.
TRÁMITE SIMULTÁNEO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, el proceso de jurisdicción provincial podrá sustanciarse simultáneamente con el conexo, cuando ello no determine obstáculo para el ejercicio de las jurisdicciones o para la defensa del imputado.
UNIFICACIÓN DE PENAS. Cuando una persona haya sido condenada en diversas jurisdicciones y corresponda unificar las penas (Código Penal, artículo 58), el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según haya impuesto la pena mayor o la menor. El condenado cumplirá la pena en la Provincia cuando en ésta se disponga la unificación, salvo que la ley determine lo contrario.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión.
CÁMARA EN LO PENAL. La Cámara en lo Penal juzgará en única instancia los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro tribunal.
CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL DE INSTRUCCIÓN. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción conocerá de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de Instrucción y de las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales jerárquicamente inferiores del fuero.
JUEZ DE INSTRUCCIÓN. El juez de Instrucción practicará la investigación jurisdiccional en el caso previsto en el artículo 343 (ex art. 340), las medidas que le correspondan durante la investigación fiscal y la investigación sumaria prescripta por el artículo 14. Además, hasta tanto se instrumenten los juzgados Contravencionales creados por Ley N° 6756, entenderá en grado de apelación y en última instancia de las resoluciones definitivas de carácter punitorio dictadas por la Provincia, por las municipalidades y por los tribunales de faltas, cualesquiera sean las penas impuestas, y de las que en materia contravencional dicte la Policía de la Provincia. En estos casos, el juez resolverá el recurso previa audiencia del infractor, a quien informará detalladamente del hecho que se le atribuye, pudiendo éste manifestar cuanto tenga por conveniente en su descargo y producir toda la prueba que no requiera sustanciación. Si esta fuera necesaria, se fijará un plazo para su producción, que no podrá exceder de cinco (5) días. Podrá asistir a la audiencia el asesor letrado y/o representante de la autoridad administrativa que dictó la resolución definitiva recurrida. Si el apelante lo pidiese en oportunidad de interponerse el recurso, podrá suplirse la realización de la audiencia con un informe escrito que deberá presentar en la fecha fijada, al que podrá adjuntarse la prueba que no requiera diligenciamiento. La fecha fijada deberá notificarse a la autoridad administrativa que dictó la resolución recurrida, la que podrá también presentar su informe. En todos los casos de este artículo, el juez deberá dictar sentencia definitiva dentro de los diez (10) días desde que los autos se encuentren en condiciones de ser resueltos. La sentencia pronunciada será irrecurrible, conforme al artículo 12 de la Ley N° 6756. Una vez firme, se devolverán las actuaciones a la autoridad administrativa, en el término de tres (3) días, para su cumplimiento.
JUEZ CORRECCIONAL. El juez Correccional juzgará en única instancia los delitos tipificados en los artículos 84; 189, segunda parte; y 203 del Código Penal, y los delitos de acción pública que estén reprimidos con prisión no mayor de tres (3) años o pena no privativa de la libertad.
JUEZ DE MENORES. El juez de Menores juzgará en única instancia los delitos imputados a menores de dieciocho (18) años.
DETERMINACIÓN. Para determinar la competencia se tendrán en cuenta todas las penas establecidas por la ley para el delito consumado y las circunstancias agravantes de calificación.
ACUMULACIÓN DE PENAS. A los efectos del artículo anterior, no se tendrá en cuenta la acumulación de penas por concurso de hechos de la misma competencia; pero siempre que sea probable la aplicación del artículo 52 del Código Penal, será competente la Cámara en lo Penal.
INCOMPETENCIA. La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio, en cualquier estado del proceso. El tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición los detenidos, si los hubiese. Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el tribunal juzgará de los delitos de competencia inferior.
NULIDAD. La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia producirá la nulidad de los actos, excepto los que sean imposibles de repetir. Esta disposición no regirá cuando un juez de competencia superior hubiera actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior.
REGLAS PRINCIPALES. Será competente el tribunal del lugar en que el hecho se hubiera cometido. En caso de tentativa, el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el de aquel donde cesó la continuación o la permanencia.
REGLA SUBSIDIARIA. Si fuese desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, será competente el tribunal del lugar donde se estuviese practicando la investigación o, en su defecto, el que designase el tribunal jerárquicamente superior.
INCOMPETENCIA. En cualquier estado del proceso, el tribunal que reconozca su incompetencia territorial remitirá las actuaciones al competente y pondrá a su disposición los detenidos que hubiese, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de investigación.
NULIDAD. La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo producirá la nulidad de los actos de investigación cumplidos después que se haya declarado la incompetencia.
CASOS DE CONEXIÓN. Las causas serán conexas: 1. Si los delitos imputados hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque lo fueran en distintos lugares o tiempo, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas. 2. Si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad. 3. Cuando a una persona se le imputasen varios delitos.
EFECTOS DE LA CONEXIÓN. Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública, los procesos se acumularán desde el primer momento en que se advierta causal de conexidad, y será competente: 1. El tribunal competente para juzgar el delito más grave. 2. Si los delitos estuviesen reprimidos con la misma pena, el tribunal competente para juzgar el que se cometió primero. 3. Si los hechos fuesen simultáneos o no constase debidamente cuál se cometió primero, el que designe el tribunal jerárquicamente superior. A pesar de la acumulación, las actuaciones sumariales se compilarán por separado, salvo que sea inconveniente para la investigación.
EXCEPCIÓN DE ACUMULACIÓN. La acumulación no será dispuesta cuando determine una grave postergación de la decisión referente a la libertad del prevenido o el grave retardo de alguno de los procesos, aunque en todos deberá juzgar el mismo tribunal, de acuerdo con las normas del artículo anterior. En el supuesto del inciso 3. del artículo 47, tampoco será dispuesta cuando se trate de causas por las que proceda investigación fiscal y jurisdiccional. En estos casos, las causas recién se acumularán de oficio al clausurarse las respectivas investigaciones. Si correspondiese unificar las penas, se procederá con arreglo al artículo 58 del Código Penal.
TRIBUNAL COMPETENTE. Si dos (2) tribunales se declarasen simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por el tribunal jerárquicamente superior.
PROMOCIÓN. El Ministerio Público y las partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el juez que consideren competente o por declinatoria ante el que estimen incompetente. El que opte por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro ni emplearlos simultánea o sucesivamente. Al plantear la cuestión, el oponente deberá manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, no haber usado el otro medio, y si resultase lo contrario, será condenado en costas, aunque aquella se resuelva a su favor o sea abandonada.
OPORTUNIDAD. La cuestión podrá ser promovida en cualquier momento hasta la fijación de la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 41, 45 y 386 (ex art. 383).
INHIBITORIA. Cuando se promueva inhibitoria, se observarán las siguientes normas: 1. El tribunal ante quien se proponga la resolverá previa vista al Ministerio Público. Si la resolución que deniega el requerimiento de inhibición fuese dictada por el juez de Instrucción, será apelable. Cuando decida librar exhorto inhibitorio, con él acompañará las piezas necesarias para fundar su competencia. 2. Cuando reciba exhorto de inhibición, el tribunal requerido resolverá previa vista al Ministerio Público y a las partes. Si la resolución que hace lugar a la inhibitoria fuese dictada por el juez de Instrucción, será apelable. Los autos serán remitidos oportunamente al juez que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y los elementos de convicción que hubiera. Si negase la inhibición, informará al tribunal que la hubiera propuesto, remitiéndole copia del auto, y le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes al tribunal superior. 3. Recibido el oficio antes expresado, el tribunal que propuso la inhibitoria resolverá sin más trámite si sostiene o no su competencia; en el primer caso, remitirá los antecedentes al tribunal superior y se lo comunicará al requerido para que haga lo mismo con el proceso; en el segundo, se lo comunicará al competente, remitiéndole todo lo actuado. 4. El tribunal superior decidirá previa vista al Ministerio Público y enviará inmediatamente la causa al competente.
DECLINATORIA. La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones (artículos 18 y subsiguientes).
EFECTOS. Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación que será continuada: 1. Por el juez que primero conoció la causa. 2. Si dos (2) jueces hubieran proveído en la misma fecha, por el requerido de inhibición. Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el tribunal ordene una investigación suplementaria (artículo 368 (ex art. 365)).
VALIDEZ DE LOS ACTOS. Al resolver el conflicto, el tribunal determinará, si corresponde (artículos 42 y 46), qué actos del declarado incompetente no conservan validez.
CUESTIONES DE JURISDICCIÓN. Las cuestiones de jurisdicción con jueces nacionales, militares o de otras provincias se resolverán conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia, con arreglo a la ley nacional o tratados interprovinciales que existieran.
REQUERIMIENTO A JUECES DEL PAÍS. Cuando un tribunal pida a otro del país la extradición de un imputado o condenado por un delito, se procederá conforme la Ley Nº 5191 -Adhesión a la Ley Nacional N° 22172, sobre comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción territorial-
REQUERIMIENTO A JUECES EXTRANJEROS. Si el imputado o condenado se encontrase en territorio extranjero, la extradición se tramitará en la forma prevista por el artículo 161 (ex 160).
MOTIVOS DE INHIBICIÓN. El juez deberá inhibirse de conocer en la causa: 1. Cuando en el mismo proceso hubiera pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; hubiera intervenido como juez de Instrucción, resolviendo la situación legal del imputado, o como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante; hubiera actuado como perito, o conociera el hecho investigado como testigo. 2. Si fuera cónyuge o pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de algún interesado. 3. Cuando él o alguno de sus parientes, en los grados preindicados, tengan interés en el proceso. 4. Si fuera o hubiera sido tutor o curador, o hubiera estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados. 5. Cuando él o sus parientes, dentro de los grados referidos, tengan juicio pendiente, iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima. 6. Si él, su esposa, padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo fueran acreedores, deudores o fiadores de algunos de los interesados, salvo que se tratara de bancos oficiales o constituidos por sociedades anónimas. 7. Cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido denunciante, querellante o acusador de alguno de los interesados, o denunciado, querellado o acusado por ellos, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos. 8. Si hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso. 9. Cuando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. 10. Si él, su esposa, padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo hubieran recibido o recibieran beneficios de alguno de los interesados. 11. Cuando en la causa hubiera intervenido o interviniera como juez algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 12. Cuando medien otras circunstancias que, por su gravedad, afecten su imparcialidad.
INTERESADOS. A los fines del artículo anterior, se consideran interesados el Ministerio Público, el imputado, el querellante, el ofendido, el damnificado y el responsable civil, aunque estos últimos no se constituyan en parte, lo mismo que sus representantes, defensores y mandatarios.
OPORTUNIDAD DE LA INHIBICIÓN. PROHIBICIÓN DEL PROFESIONAL. El juez deberá inhibirse cuando conozca alguno de los motivos que prevé el artículo 60, aunque hubiera intervenido antes en el proceso. Después que un juez haya empezado a conocer de causas en que no estaba impedido, no podrán intervenir en ella los abogados y procuradores cuya intervención pueda producir la separación del juez por cualquiera de las causas expresadas en este capítulo.
EXCEPCIÓN. No obstante el deber impuesto por el artículo 60, los interesados podrán solicitar al juez que siga conociendo en la causa, excepto que el motivo de inhibición esté previsto en alguno de los cinco (5) primeros incisos. Aquel resolverá sin recurso alguno.
TRIBUNAL COMPETENTE. La Cámara de Apelaciones juzgará de la inhibición o recusación de los jueces de Instrucción, Correccionales y de Menores; los tribunales colegiados, previa integración, la de sus miembros.
TRÁMITE DE LA INHIBICIÓN. El juez que se inhiba remitirá el expediente, por decreto fundado, al que deba reemplazarlo; éste tomará conocimiento de la causa inmediatamente y proseguirá su curso, sin perjuicio de que eleve los antecedentes en igual forma al tribunal respectivo, si estimara que la inhibición no tiene fundamento. La incidencia será resuelta sin más trámite. Cuando el juez que forme parte de un tribunal colegiado reconozca un motivo de inhibición, pedirá que se disponga su apartamiento.
RECUSANTES. El Ministerio Público, las partes, sus defensores y mandatarios podrán recusar al juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados en el artículo 60, salvo el previsto en el inciso 12.
FORMA Y OPORTUNIDAD PARA RECUSAR. La recusación deberá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en un escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba de los que haya de valerse. Deberá interponerse, bajo la misma sanción, en las siguientes oportunidades: durante la investigación, antes de la clausura; en el juicio, durante el plazo de citación (artículo 364 (ex art. 361)); cuando se trate de recursos, en el plazo de emplazamiento (artículo 467 (ex art. 462)) o al deducir el de revisión. Sin embargo, la recusación que se fundamente en una causal producida o conocida después de los plazos susodichos podrá deducirse dentro de las veinticuatro (24) horas a contar de la producción o el conocimiento. Además, en caso de ulterior integración del tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de la resolución que la hubiera dispuesto.
TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN. Si el juez admitiera la recusación, se procederá con arreglo al artículo 65. En caso contrario, remitirá el escrito de recusación y su informe al tribunal competente (artículo 64), para que el incidente se tramite por cuerda separada, o, si el juez integrase un tribunal colegiado, pedirá el rechazo de aquella. Previa audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, el tribunal competente resolverá el incidente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, sin recurso alguno.
RECUSACIÓN NO ADMITIDA. Si el juez de Instrucción fuese recusado y no admitiese la existencia del motivo que se invoca, continuará la investigación aun durante el trámite del incidente; pero si se hiciese lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos, siempre que el recusante lo pidiese en el plazo de veinticuatro (24) horas, a contar desde que el expediente llegó al juzgado que deba actuar.
RECUSACIÓN DE SECRETARIOS. Los secretarios deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos que expresa el artículo 60, y el tribunal ante el cual actúen averiguará verbalmente el hecho y resolverá motivadamente lo que corresponda, sin recurso alguno.
FUNCIÓN. El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley, dirigirá la Policía y practicará la investigación fiscal preparatoria.
MINISTRO FISCAL. El Ministro Fiscal actuará en los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia, en la forma prevista por este Código.
FISCAL DE CÁMARA Y CORRECCIONAL. Además de las funciones acordadas por la ley, el fiscal de Cámara actuará durante el juicio ante el tribunal respectivo. Podrá llamar al fiscal de Instrucción que haya intervenido en la investigación penal preparatoria, por intermedio del tribunal, en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre informaciones o coadyuve con él, incluso durante el debate. 2. Si estuviera en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal o le fuera imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusación. Iguales atribuciones tendrá el fiscal en lo Correccional.
FISCAL DE CÁMARA DE APELACIONES. Además de las funciones acordadas por la ley, el fiscal de Cámara de Apelaciones actuará en los recursos deducidos ante ella, en la forma prevista por este Código.
FISCAL DE INSTRUCCIÓN. El fiscal de Instrucción dirigirá la investigación fiscal, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella, y actuará ante el juez de Instrucción cuando corresponda.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN. En la investigación fiscal, el ámbito material y territorial de actuación del fiscal de Instrucción y lo relativo a conexión de causas se regirán por lo dispuesto en los artículos 40 a 49, en cuanto sean aplicables. En el caso del artículo 48, inciso 3., el Ministro Fiscal designará al fiscal que deba intervenir.
CONFLICTOS DE ACTUACIÓN. Los conflictos de actuación que se planteen serán resueltos: 1. Por el fiscal de Cámara de Apelaciones si dos (2) o más fiscales de Instrucción niegan o afirman, simultánea y contradictoriamente, sus atribuciones para investigar un hecho. 2. Por el juez de Instrucción si el planteo es formulado por las partes. En este caso, se resolverá con arreglo a los artículos 51 y 57, en cuanto sean aplicables.
CASOS TRÁMITE. Los miembros del Ministerio Público deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, con excepción del previsto en la primera parte del inciso 7. del artículo 60. La recusación será resuelta por el tribunal ante el cual actúe el funcionario recusado y, durante la investigación fiscal, por el juez de Instrucción que corresponda. En cuanto al trámite, se aplicarán, en lo posible, las disposiciones referentes a los jueces.
RECUSACIÓN DE LOS SECRETARIOS DEL FISCAL DE INSTRUCCIÓN. Los secretarios del fiscal de Instrucción deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos del artículo 60. El fiscal ante el cual actúen averiguará verbalmente el hecho y resolverá motivadamente, sin recurso alguno.
CALIDAD E INSTANCIAS. Toda persona podrá hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado, desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra. Cuando esté preso, el imputado podrá formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al tribunal o fiscal según corresponda.
IDENTIFICACIÓN. La identificación del imputado se practicará por sus datos personales, impresiones digitales, señas particulares y fotografías. Si se negase a dar esos datos o los diese falsamente, se procederá a la identificación por testigos, en la forma prescripta para los reconocimientos (artículo 254 (ex art. 251) y subsiguientes), o por otros medios que se estimasen útiles. La individualización dactiloscópica se practicará mediante la oficina técnica respectiva.
IDENTIDAD FÍSICA. Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos no alterarán el curso del proceso, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado del mismo o durante la ejecución.
PRESUNTA INIMPUTABILIDAD. Si el imputado fuese sometido a la medida prevista por el artículo 290 (ex art. 287), sus derechos de parte serán ejercidos por el curador o, si no lo hubiese, por el defensor oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados. Si el imputado fuese menor de dieciocho (18) años, sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o el tutor.
INCAPACIDAD SOBREVINIENTE. Si durante el proceso sobreviniese la enfermedad mental del imputado, excluyendo su capacidad de entender o de querer, el tribunal ordenará por auto la suspensión del trámite hasta que desaparezca la incapacidad. Esto impedirá la declaración del imputado y el juicio, pero no que se averigüe el hecho o que continúe el proceso con respecto a los coimputados. También se dispondrá la internación del incapaz en un establecimiento adecuado, cuyo director informará trimestralmente sobre el estado mental del enfermo, pero podrá ordenarse su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o guardador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. En este caso el enfermo será examinado semestralmente por el perito que el tribunal designe. Cuando proceda la investigación fiscal preparatoria, el fiscal requerirá al juez de Instrucción la declaración de suspensión del trámite y la internación del incapaz.
PERICIA PSIQUIÁTRICA. El imputado será sometido a pericia psiquiátrica siempre que fuese menor de dieciocho (18) años, mayor de setenta (70) o sordomudo; cuando el delito que se le atribuya fuese de carácter sexual o estuviese reprimido con pena no menor de diez (10) años de prisión, o si fuese probable la aplicación de la medida de seguridad prevista por el artículo 52 del Código Penal.
CASOS EN QUE PROCEDE. Será declarado rebelde el imputado que, sin grave y legítimo impedimento, no compareciera a la citación judicial, no cumpliera la obligación impuesta por el artículo 289 (ex art. 286), se fugase del establecimiento o lugar en que estuviese detenido, o se ausentase del lugar designado para su residencia, sin licencia del tribunal o del fiscal de Instrucción.
DECLARACIÓN. En los casos en que proceda, el tribunal o el fiscal de Instrucción, según corresponda, declarará la rebeldía del imputado, por resolución motivada, y expedirá la orden de detención si antes no se hubiese dictado.
EFECTOS SOBRE EL PROCESO. La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la investigación. Si fuese declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes. Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que sea indispensable conservar. Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado.
EFECTOS SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LAS COSTAS. La declaración de rebeldía implicará la revocatoria de la medida del artículo 286 (ex art. 283) y obligará al imputado al pago de las costas causadas por la contumacia.
JUSTIFICACIÓN. Si el imputado se presentase con posterioridad a la declaración de su rebeldía y justificase que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, aquella será revocada y no producirá los efectos previstos en el artículo anterior.
INSTANCIA Y REQUISITOS. Las personas mencionadas en el artículo 7 podrán instar su participación en el proceso -salvo en el incoado contra menores- como querellante particular. Los incapaces deberán actuar debidamente representados, autorizados o asistidos del modo prescripto por la ley. La instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder especial o "apud acta", ante el fiscal o el juez de Instrucción, en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1. Nombre, apellido y domicilio del querellante particular. 2. Una relación sucinta del hecho en que se funda. 3. Nombre y apellido del o de los imputados, si los supiese. 4. La petición de ser tenido como parte y la firma.
OPORTUNIDAD. TRÁMITE. La instancia podrá formularse a partir del inicio de la investigación y hasta su clausura o el dictado de la sentencia de sobreseimiento. El pedido será resuelto por el fiscal, por decreto fundado, o por el juez de Instrucción, en los casos del artículo 343 (ex art. 340), en el plazo de tres (3) días.
RECHAZO. Si el fiscal rechazara el pedido de participación, el querellante particular podrá ocurrir ante el juez de Instrucción, quien resolverá en igual plazo. La resolución no será apelable. Si el rechazo hubiera sido dispuesto por el juez de Instrucción, el instante podrá apelar la resolución.
FACULTADES Y DEBERES. El querellante particular podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, en la forma que dispone este Código. La intervención de una persona como querellante particular no la exime del deber de declarar como testigo.
RENUNCIA. El querellante particular podrá renunciar a su intervención en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera causado. Se considerará que ha renunciado a su intervención cuando, regularmente citado, no compareciera a la primera audiencia del debate o no presentase conclusiones.
VÍCTIMA DEL DELITO. Se garantizará a quienes aparezcan como víctimas o damnificados los siguientes derechos: 1. A recibir un trato digno y respetuoso. 2. A obtener información sobre el estado de la causa; la situación del imputado; la marcha del proceso en general y, en particular, sobre el resultado de la investigación; la fecha, hora y lugar del juicio; así como de la sentencia final; o de cualquier acto que dé por concluido o suspendido el proceso. 3. A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del proceso. 4. A la salvaguarda de su intimidad, en la medida compatible con el proceso regulado por este Código. 5. A la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su favor, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada. 6. A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código, sin costo alguno. 7. Cuando sea menor o incapaz, se le autorizará a que, durante los actos procesales, sea acompañado por personas de su confianza, siempre que ello no perjudique la defensa del imputado o los resultados de la investigación.
(ex art. 96 BIS).- LEGITIMACIÓN DE PERSONAS PERSONAS JURÍDICAS. SUPUESTOS. Cuando la investigación se refiera a delitos que afecten intereses colectivos o difusos, las personas jurídicas cuyo objeto sea la protección del bien tutelado en la figura penal tendrán la legitimación a la que se hace referencia en el presente capítulo.
(ex art. 97).- CONSTITUCIÓN DE PARTES. Para ejercer la acción resarcitoria, su titular deberá constituirse en actor civil (artículo 24). Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas del modo prescripto por la ley civil.
(ex art. 98).- INSTANCIA. La instancia de constitución deberá formularse, personalmente o por un representante con poder general, en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1. El nombre y domicilio del accionante. 2. La determinación del proceso a que se refiere. 3. Los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca y el daño que se pretende haber sufrido, aunque no se precise el monto. 4. La petición de ser admitido como parte y la firma.
(ex art. 99).- DEMANDADOS. La constitución procederá aun cuando no estuviese individualizado el imputado. Si en el proceso hubiese varios imputados y civilmente demandados, la pretensión resarcitoria podrá dirigirse contra uno (1) o más de ellos. Cuando el actor no mencionase a ningún imputado, se entenderá que se dirige contra todos.
(ex art. 100).- OPORTUNIDAD. El pedido de constitución deberá presentarse antes de la clausura de la investigación. La solicitud será considerada por el fiscal de Instrucción o el tribunal, según corresponda, quienes ordenarán las notificaciones pertinentes (artículo 102 (ex art. 101)).
(ex art. 101).- NOTIFICACIÓN. El decreto que acuerde la constitución deberá notificarse al imputado, al demandado civil y a sus defensores, y surtirá efectos a partir de la última notificación. En el caso previsto por la primera parte del artículo 100 (ex art. 99), la notificación se hará en cuanto se individualice al imputado.
(ex art. 102).- OPOSICIÓN. Los demandados podrán oponerse a la intervención del actor civil, bajo pena de caducidad, dentro del plazo de tres (3) días a contar de su respectiva notificación; pero cuando al demandado civil se lo cite o intervenga con posterioridad, podrá hacerlo, dentro de dicho plazo, a contar de su citación o intervención.
(ex art. 103).- TRÁMITE. La oposición seguirá el trámite de las excepciones y será resuelta por el fiscal o el juez de Instrucción, según corresponda. En este último caso, sin intervención del Ministerio Público. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 94, segundo párrafo.
(ex art. 104).- CADUCIDAD E IRREPRODUCTIBILIDAD. Cuando no se deduzca oposición en la oportunidad que establece el artículo 103 (ex art. 102), la constitución del actor civil será definitiva, sin perjuicio de la facultad conferida por el artículo 106 (ex art. 105). La aceptación o el rechazo del actor civil no podrán ser reproducidos en el debate.
(ex art. 105).- RECHAZO Y EXCLUSIÓN DE OFICIO. Durante la investigación penal preparatoria, el actor civil podrá ser rechazado o excluido de oficio, por resolución fundada, cuando su intervención sea manifiestamente ilegal. La resolución del juez de Instrucción será apelable. Cuando sea dictada por el fiscal de Instrucción, se podrá ocurrir ante el juez, en el plazo de tres (3) días. La resolución del juez de Instrucción que disponga o confirme el rechazo o exclusión de oficio no será apelable.
(ex art. 106).- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. El rechazo o exclusión del actor civil no impedirá el ejercicio de la acción ante la jurisdicción civil.
(ex art. 107).- FACULTADES Y DEBERES. El actor civil podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso, la existencia y extensión del daño pretendido y la responsabilidad civil del demandado. Será de aplicación el artículo 95, segundo párrafo.
(ex art. 108).- DESISTIMIENTO. El actor civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera ocasionado. Se considerará desistida la demanda cuando el actor civil, regularmente citado, no comparezca a la primera audiencia del debate, no presente conclusiones o se aleje de la audiencia sin haberlas formulado oportunamente (artículo 405 (ex art. 402)).
(ex art. 109).- INTERVENCIÓN POR CITACIÓN. Quien ejerza la acción resarcitoria podrá pedir la citación de la persona que, según las leyes civiles, responda por el daño que el imputado hubiera causado con el delito, para que intervenga en el proceso como demandada. La instancia deberá formularse en la forma y oportunidad prescriptas por los artículos 99 y 101 (ex arts. 98 y 100), con indicación del nombre y domicilio del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado.
(ex art. 110).- DECRETO DE CITACIÓN. El decreto que ordene la citación contendrá: el nombre y domicilio del accionante y del citado, y la indicación del proceso a que se refiere. La resolución deberá notificarse al imputado y a su defensor.
(ex art. 111).- NULIDAD. Será nula esta citación cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del demandado civil, restringiéndole la audiencia o la prueba. La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción ante la jurisdicción civil.
(ex art. 112).- REBELDÍA. Será declarada la rebeldía del demandado civil, a petición del interesado, cuando no comparezca en el plazo de citación a juicio (artículo 364 (ex art. 361)). Ella no suspenderá el trámite, que continuará como si aquel estuviera presente. Sólo se nombrará defensor del rebelde al defensor oficial si hubiese sido citado por edictos.
(ex art. 113).- INTERVENCIÓN ESPONTÁNEA. Cuando en el proceso se ejerza la acción civil, la persona que pueda ser civilmente demandada tendrá derecho a intervenir en él. Esta participación deberá solicitarse, bajo pena de inadmisibilidad, en la forma y oportunidad que prescriben los artículos 99 y 101 (ex arts. 98 y 100), en cuanto sean aplicables. El decreto que la acuerde será notificado a las partes y a sus defensores.
(ex art. 114).- OPOSICIÓN. A la intervención espontánea o por citación del demandado civil podrán oponerse, según el caso, el citado, el imputado o el que ejerza la acción civil, si no hubiera pedido la citación. Este incidente se deducirá y tramitará en las formas, oportunidad y plazos establecidos en los artículos 103 (ex art. 102) y siguientes.
(ex art. 115).- DERECHO. El actor civil, el imputado y el demandado civil asegurados podrán pedir la citación en garantía del asegurador de los dos (2) últimos.
(ex art. 116).- CARÁCTER. La intervención del asegurador se regirá por las normas que regulan la del demandado civil, en cuanto sean aplicables.
(ex art. 117).- OPORTUNIDAD. El actor civil, el imputado y el demandado civil deberán pedir la citación en las oportunidades previstas en la Ley Nacional N° 17418 -Ley de Seguros-.
(ex art. 118).- DERECHO DEL IMPUTADO. El imputado tendrá derecho de hacerse defender por abogados de su confianza o por el defensor oficial, lo que se le hará saber por la autoridad policial o judicial que intervenga en la primera oportunidad. Podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. Si el imputado estuviera privado de su libertad, cualquier persona que tenga con él relación de parentesco o amistad podrá presentarse ante la autoridad policial o judicial que corresponda, proponiéndole un defensor. En tal caso, se hará comparecer al imputado de inmediato ante el órgano judicial competente, a los fines de la ratificación de la propuesta.
(ex art. 119).- NÚMERO DE DEFENSORES. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos (2) abogados. Cuando intervengan dos (2) defensores, la notificación hecha a uno (1) de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará trámites ni plazos.
(ex art. 120).- OBLIGATORIEDAD. El ejercicio del cargo de defensor del imputado será obligatorio para el abogado de la matrícula que lo acepte, salvo excusación atendible. La aceptación será obligatoria sólo cuando se lo nombre en sustitución del defensor oficial (artículo 6, incisos 2. y 3., de la Ley N° 5233 -Ejercicio de la Profesión de Abogado-).
(ex art. 121).- Defensa de Oficio. Cuando el imputado no elija oportunamente defensor, el Fiscal de Instrucción o el Tribunal nombrará en tal carácter al Defensor Oficial, salvo que lo autorice a defenderse personalmente. Designado el Defensor Oficial, podrá ser sustituido por otro Defensor Oficial si existieran causas graves para su apartamiento a criterio del Fiscal, Juez o Tribunal. El Defensor Oficial podrá ser asistido por un Ayudante del Defensor. El mismo podrá actuar en representación del Defensor Oficial en los actos de defensa del imputado determinados por el Funcionario Constitucional; y sólo en los casos en que este Código autoriza. Sin perjuicio de ello, las vistas y notificaciones a la defensa de oficio, previstas en este Código, deberán efectuarse personalmente al Defensor Oficial.
(ex art. 122).- NOMBRAMIENTO POSTERIOR. La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado a elegir ulteriormente otro de su confianza, pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo.
(ex art. 123).- DEFENSOR COMÚN. La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad. Si esta fuese advertida, se proveerá, aun de oficio, a las sustituciones necesarias.
(ex art. 124).- MANDATARIO DEL IMPUTADO. En las causas por delitos reprimidos sólo con multa o inhabilitación, el imputado podrá hacerse representar, para todo efecto, por un defensor con poder especial. No obstante, se podrá requerir la comparecencia personal.
(ex art. 125).- OTROS DEFENSORES Y MANDATARIOS. El querellante, el querellante particular y las partes civiles sólo podrán actuar con patrocinio letrado o hacerse representar por un solo abogado; los dos (2) primeros, con poder especial.
(ex art. 126).- ABANDONO. Si el defensor del imputado abandonase la defensa y dejase a su cliente sin abogado, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor oficial y no podrá ser nombrado de nuevo en el proceso. Cuando el abandono ocurriese poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la audiencia. El debate no podrá suspenderse otra vez por la misma causa. La intervención de otro defensor particular no excluirá la del oficial. El abandono de los defensores o apoderados de las partes civiles no suspenderá el proceso.
(ex art. 127).- SANCIONES. El incumplimiento injustificado de sus obligaciones por parte de defensores y apoderados, debidamente comprobado, podrá ser corregido por los tribunales con apercibimiento, multa de hasta el importe de un (1) mes de remuneración de un juez de primera instancia y separación definitiva del proceso, según la gravedad de la infracción. El Ministerio Público podrá solicitar la imposición al tribunal respectivo. El abandono de la defensa, declarado por resolución firme, constituye falta grave. Las resoluciones que declaren la existencia de infracciones e impongan sanciones serán apelables ante el superior jerárquico, cuando corresponda. Al quedar firmes, serán comunicadas a la Corte Suprema de Justicia y, si fueran cometidas por abogados o procuradores, además, al respectivo colegio profesional.
(ex 128).- IDIOMA. Todos los actos procesales deberán cumplirse en idioma nacional, bajo pena de nulidad.
(ex art. 129).- FECHA. Para fechar un acto deberán consignarse el lugar, día, mes y año en que se cumpla. La hora será indicada sólo cuando la ley lo exija. Si la fecha fuese requerida bajo pena de nulidad, ésta sólo podrá ser declarada cuando aquella, en virtud de los elementos del acto o de otros conexos, no pueda establecerse con certeza.
(ex art. 130).- DÍA Y HORA DE CUMPLIMIENTO. Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de la investigación penal preparatoria. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitar los días y horas que estime convenientes.
(ex art. 131).- JURAMENTO. Cuando se requiera la prestación de juramento, el juez, el presidente del tribunal o el fiscal de Instrucción lo recibirá, bajo pena de nulidad, por las creencias del que jure, después de instruirlo de las penas que la ley impone a la falsedad. El declarante prometerá decir verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado, mediante la fórmula: "Lo juro". Si el deponente se negase a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le exigirá promesa de decir verdad.
(ex art. 132).- ORALIDAD. Las personas que sean interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas o documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos. El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y, si fuese menester, se lo interrogará. Las preguntas que se formulen no serán indicativas, capciosas ni sugestivas. Cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y respuestas, usándose las expresiones del declarante.
(ex art. 133).- DECLARACIONES ESPECIALES. Para recibir juramento y examinar a un sordo, se le presentarán por escrito la fórmula y las preguntas; si se tratase de un mudo, responderá por escrito; si fuese un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Cuando dichas personas no supiesen leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, en su defecto, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.
(ex art. 134).- REGLA GENERAL. Cuando un funcionario público deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este capítulo. El juez será asistido por el secretario; el fiscal de Instrucción, por el secretario, un ayudante fiscal o un oficial de policía; los oficiales o auxiliares de policía, por un testigo que, en lo posible, sea extraño a la repartición policial.
(ex art. 135).- CONTENIDO Y FORMALIDADES. Las actas deberán contener: la fecha; el nombre y apellido de las personas que actúen; en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si éstas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, y si las dictaron los declarantes; las observaciones que las partes requieran y, previa lectura, la firma de todos los intervinientes que deban hacerlo, o cuando alguno no pueda o no quiera firmar, la mención de ello. Si tuviese que firmar un ciego o un analfabeto, se les informará que el acta puede ser leída y suscripta por una persona de su confianza, lo que se hará constar.
(ex art. 136).- TESTIGO DE ACTUACIÓN. No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciséis (16) años, los dementes y los que se encuentren en estado de ebriedad.
(ex art. 137).- NULIDAD. Salvo previsiones especiales, el acta será nula si falta la fecha; la firma del funcionario actuante, la del secretario o testigo de actuación; o la información prevista en la última parte del artículo 136 (ex art. 135).
(ex art. 138).- PODER COERCITIVO. El tribunal, en el ejercicio de sus funciones, puede dirigirse a cualquier autoridad de la Provincia y ordenar directamente el auxilio de la fuerza pública, sin que el requerido pueda oponer a las órdenes del magistrado las de su superior jerárquico.
(ex art. 139).- ACTOS FUERA DEL ASIENTO. El tribunal podrá constituirse fuera de su asiento, en cualquier lugar de la Provincia, cuando estime indispensable conocer directamente elementos probatorios decisivos. En tal caso, si corresponde, avisará al tribunal de la respectiva competencia territorial.
(ex art. 140).- ASISTENCIA DEL SECRETARIO. El tribunal será asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario.
(ex art. 141).- RESOLUCIONES. Las decisiones del tribunal serán dadas por sentencia, auto o decreto. Dictará sentencia para poner fin al proceso; auto, para resolver un incidente o artículo del mismo, o cuando este Código lo exija; decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescripta.
(ex art. 142).- FUNDAMENTACIÓN. El tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad, la sentencia y los autos. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga.
(ex art. 143).- FIRMA. Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el juez o todos los miembros del tribunal que actúe. Los decretos, por el juez o el presidente del tribunal. Todas las resoluciones deberán ser también firmadas por el secretario. La falta de firma producirá la nulidad del acto, salvo lo dispuesto en el inciso 5. del artículo 411 (ex art. 408).
(ex art. 144).- TÉRMINO. Los tribunales dictarán los decretos el día en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, dentro de los tres (3) días, salvo que se disponga otra cosa; las sentencias, en las oportunidades especialmente previstas.
(ex art. 145).- RECTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN. Dentro del plazo de dos (2) días de dictadas las resoluciones, el tribunal podrá rectificar, de oficio o a instancia del fiscal o las partes, cualquier error u omisión material de aquellas, siempre que esto no importe una modificación esencial. La instancia de aclaración suspenderá el plazo para interponer los recursos que procedan.
(ex art. 146).- QUEJA POR RETARDADA JUSTICIA. Vencido el plazo en que se deba dictar una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho, y si dentro de tres (3) días no la obtiene, podrá denunciar el retardo al superior inmediato, el que proveerá en seguida lo que corresponda, previo informe del denunciado.
(ex art. 147).- RETARDOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Si la demora a que se refiere el artículo anterior fuese imputable al Presidente o a un miembro de la Corte Suprema de Justicia, la queja podrá formularse ante este Tribunal. Si el causante de la demora fuese el Tribunal, el interesado podrá ejercitar los derechos que le acuerda la Constitución.
(ex art. 148).- RESOLUCIÓN FIRME. Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.
(ex art. 149).- COPIA AUTÉNTICA. Cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el original de las sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de aquel. A tal fin, el tribunal ordenará que quien tenga la copia la consigne en secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.
(ex art. 150).- RESTITUCIÓN Y RENOVACIÓN. Si no hubiese copia de los actos, el tribunal ordenará que se rehagan, para lo cual recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando esto no sea posible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.
(ex art. 151).- COPIAS, INFORMES Y CERTIFICADOS. El tribunal podrá ordenar la expedición de copias autenticadas, informes o certificados que sean pedidos por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos, si el estado del proceso no lo impide (artículo 315 (ex art. 312), in fine) ni se estorba su normal sustanciación. A los efectos de esta disposición, no es aplicable el artículo 36 de la Ley N° 5480 -Honorarios de Abogados y Procuradores-. Los interesados, a su costa, podrán obtener copias simples sin necesidad de trámite alguno, si el estado del proceso no lo impide ni se estorba su normal sustanciación.
(ex art. 152).- NUEVO DELITO. Si durante el proceso tuviese conocimiento de otro delito perseguible de oficio, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
Fin del texto
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