Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 10.120/1983
La fianza real o personal deberá ser suficiente para garantizar la comparencia del imputado durante el proceso. El monto de la fianza deberá atender, además, a la peligrosidad evidenciada en el hecho el número y gravedad de los delitos imputados, la extensión del perjuicio o daño causado, los antecedentes laborales, familiares y del medio social y vecinal donde se desenvuelve el agente, en tanto sirvan para determinar la accidentalidad o proclividad para el delito.
La ausencia de información a los efectos señalados precedentemente, no podrá impedir la concesión del beneficio.
El Juez, al acordar la libertad bajo fianza, podrá imponer al imputado las obligaciones que establece el artículo 6º de esta ley y el auto que la decreta será revocado si el imputado no cumpliese con estas obligaciones o cometiese un nuevo delito doloso al que corresponda pena privativa de libertad.
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