Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 11.643/1963
Ningún funcionario público podrá autorizar títulos de transmisión, constitución, o modificación de derechos reales sobre inmuebles, sin haber tenido a la vista el título que debe servirle de referencia, debidamente inscripto en el Registro de la Propiedad, así como certificado expedido a tal efecto por dicha oficina, en el que conste la situación jurídica de los bienes y de las personas. La reglamentación deberá expresar la forma cómo ha de solicitarse e informarse este certificado y el término de su validez, que no podrá ser inferior de 15 días.
Las escrituras públicas deberán consignar el número, fecha y constancias que resulten del certificado.
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