Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 7.322/1967
Si por negligencia de las autoridades o funcionarios en el cumplimiento de las obligaciones que imponen los artículos 10° y 11° el Estado resultare perjudicado, el negligente será patrimonialmente responsable de los daños causados, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que pudieran corresponderle.
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