Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 7.543/1969
El Poder Ejecutivo y los institutos autárquicos sólo podrán decidir los expedientes en que pudieren resultar afectados los intereses patrimoniales de
la Provincia
con el previo informe de
la Contaduría General
, dictamen del Asesor General de Gobierno y vista del Fiscal de Estado. Esta disposición comprende:
a) Todo proyecto de contrato que tenga por objeto bienes del Estado, cualquiera sea su clase.
b) Toda licitación, contratación directa o concesión.
c) Las transacciones extrajudiciales que se proyecten.
d) Todo asunto que verse sobre la rescisión, modificación o interpretación de un contrato celebrado por
la Provincia.
e) Las actuaciones por contratación directa de los bienes declarados de utilidad pública.
f) El otorgamiento de jubilaciones y pensiones.
g) Toda reclamación por reconocimiento de derechos por los que puedan resultar afectados derechos patrimoniales del Estado, en cumplimiento de lo normado por el artículo 143° de
la Constitución
de
la Provincia.
h) (Texto según Decreto-Ley 9140/78) Todo sumario administrativo cuando de modo directo existan intereses fiscales afectados. Se exceptúan los sumarios sustanciados contra personal de Policía y Servicio Penitenciario de
la Provincia.
i) Todo recurso contra actos administrativos para cuya formación se haya requerido la vista del Fiscal de Estado.
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