Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 7.543/1969
(Texto Decreto-Ley 9331/79) Las acciones judiciales que deban tramitar por vía de apremio podrán ser encomendadas por el Fiscal de Estado a abogados que no pertenezcan al organismo. Dichos representantes no integran
la Administración Pública
ni les son aplicables las disposiciones del Estatuto para el Empleado Público. No percibirán honorarios o compensación alguna de
la Provincia
, en ningún supuesto, por el desempeño del mandato, siendo en su exclusiva cuenta los gastos en que deban incurrir para el ejercicio del poder. Sólo percibirán los honorarios que corresponda abonar a la parte ejecutada.
El Fiscal de Estado podrá revocar el mandato otorgado, cuando lo estime conveniente, sin que fuere necesario invocar causal alguna. Esta decisión no acordará derecho a reclamo alguno por parte de los mandatarios.
Artículo 4° bis.- (Artículo Incorporado por Ley 11401)
(Primer párrafo sustituido por Ley 11796) A partir de la vigencia de la presente, la ejecución de los créditos tributarios de
la Provincia
, estará a cargo de un funcionario de
la Fiscalía
de Estado y de no menos de seis (6) apoderados por cada Departamento Judicial”.
(Texto según Ley 11764) El Poder Ejecutivo propondrá al Fiscal de Estado la designación de los Apoderados Fiscales, y su remoción podrá ser dispuesta por el órgano que los nombró. Esta decisión no acordará derecho a reclamo alguno por parte de los afectados.
La actuación de los Apoderados Fiscales se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 4° y 6°, pero deberán ceder a
la Provincia
el porcentaje de sus honorarios que se determine por
la Reglamentación
, que ingresará a
la Cuenta
prevista en el artículo 17°. Los actuales Apoderados Fiscales continuarán ejerciendo sus mandatos, con sujeción al régimen establecido en los artículos 4° y 6°.
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