Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 7.764/1971
(Decreto-Ley 9.178/78, Ley 11.134, Ley 11.291) Ley 11.275. No obstante lo expresado en el artículo 25, podrá contratarse:
1. (Monto establecido por Decreto 2334/03) Por licitación privada cuando el monto de la operación no exceda de $ 400.000.
2. (Monto establecido por Decreto 2334/03) Hasta $ 400.00 según lo reglamenta el Poder Ejecutivo.
3. Directamente.
a) Entre reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y entidades en las que dichos Estados tengan participación mayoritaria;
b) Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;
c) Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;
d) Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;
e) Las compras y locaciones que sean menester efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar en ellos la liquidación;
f) La compra de bienes por selección o en remate público previa fijación del monto máximo a abonarse en la operación;
g) Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;
h) La contratación de artistas, técnicos y/o sus obras;
i) La reparación de motores, máquinas y aparatos en general y la compra de vehículos, automotores y su reparación;
j) Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas;
k) La publicidad oficial;
l) (Ley 12.012) La compra, locación, arrendamiento y los contratos de locación financiera con opción acordada de compra (leasing) de inmuebles
m) Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para el funcionamiento de las dependencias del Estado o para prestaciones a cargo del mismo;
n) Cuando los bienes o servicios sean limitados a experimentación, investigación o simple ensayo;
o) Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;
p) La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios;
q) Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial;
r) La venta de bienes en condición de rezago a instituciones de bien público reconocidas por organismos dependientes del Estado Provincial o Municipal;
s) Cuando se entreguen bienes muebles o semovientes a cuenta de precio;
t) ( Ley 11.134 y 11.292) La compra de bienes y/o contratación de servicios producidos por Talleres Protegidos y toda otra instancia Protegida de producción debidamente habilitada, registrada y supervisada por el Ministerio de Salud Pública y Acción Social o aquél que haga sus veces.
(Ley 11.275) En los supuestos de contratación de los incisos h) y n) las Universidades Nacionales con asiento en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, tendrán el carácter de Cuerpos Consultores y Asesores Preferenciales.
u) (Apartado Incorporado por Ley 14650) “Las contrataciones de bienes y/o servicios que previo informe del Consejo Provincial de Economía Social y Solidaria, se celebren con personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro de Efectores de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires”.
ARTÍCULO 26° bis : (Ley 11.621) En los supuestos de los incisos 1, 2 y 3 apartados b), c), d), e), g), i), k), l), m), n), o) p y s) del artículo 26, se podrá adquirir bienes y/o servicios, bajo las siguientes condiciones:
1. Los bienes y/o servicios aludidos deberán ser adquiridos a fabricantes, productores, importadores directos exclusivos de los bienes que comercializan y hacedores de los servicios que prestan salvo imposibilidad o negativa de los mismos, carencia y/o inexistencia de proveedores indicados precedentemente, en cuyo caso se podrá contratar con comerciantes que se hallen ubicados en la escala intermedia del proceso de comercialización. Tales como distribuidores cuyos objetivos sean comercializar productos.
2. El precio por los bienes y/o servicios que el Estado contrate no podrá ser superior al valor tope que para cada rubro establezca el organismo que determine la reglamentación, surgido de un estudio de mercado, para el que tomará como referencia los importes de venta de fábrica, mayorista y minorista, considerando para su fijación, los descuentos, bonificaciones, promociones, ofertas, reintegros, comisiones especiales, premios, notas de crédito, y cualquier clase de beneficio en las ventas.
En el supuesto del inciso 3 apartado c) se podrá contratar superando el valor tope establecido, quedando obligado el funcionario responsable interviniente que autoriza y aprueba la contratación, a publicar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario o periódico que asegure la mayor difusión del acto, el monto y las modalidades de la contratación.
3. Cuando los bienes y/o servicios tengan características especiales que no permitan la determinación del precio en el mercado, se procederá de la siguiente manera
a) Si los bienes y/o servicios fueren de fabricación nacional, el oferente deberá presentar un informe de costos y rentabilidad.
b) Cuando los bienes y/o servicios no se fabricaren en el país, se añadirá el informe indicado en a), fundamentación de las causas que impidan la sustitución por similares.
4. No será requisito excluyente la inscripción del oferente en el Registro de Proveedores del Estado, debiendo los no inscriptos, al momento de cotizar, cumplir con los requisitos inherentes a las existencias de dicho Registro.
5. El oferente deberá acompañar a su propuesta los antecedentes de su actividad empresaria, no menor de dos (2) años, a fin de efectuar la valoración de mérito, tendiente a cumplir con eficacia el objetivo de la contratación.
ARTICULO 26° TER: (Incorporado por Ley 12.496) En todos los casos en que se recurra al procedimiento de Contratación Directa, el funcionario competente deberá asegurarse por todos los medios a su alcance, que la contratación recaerá sobre la propuesta que ofrezca mejores condiciones en cuanto a precio y calidad de entre los sujetos beneficiarios del principio de prioridad establecido en el artículo 25 bis, salvo casos de inexistencia de producción o elaboración nacional de los productos, bienes y servicios requeridos y/o imposibilidad material de provisión en tiempo y forma de los mismos.
La consulta al Registro Provincial de Microempresas del Ministerio de Producción será obligatoria para el funcionario actuante. En caso de existir en el mismo empresas proveedoras de los productos, bienes y servicios requeridos, la contratación deberá canalizarse con empresas inscriptas en dicho Registro, salvo casos de notorias distorsiones de los precios ofrecidos por las mismas, así como por imposibilidad material de entrega en tiempo y forma. Dichas situaciones deben ser debidamente comprobadas, bajo responsabilidad del funcionario responsable de la dependencia contratante.
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