Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 7.809/1972
Sin perjuicio de las disposiciones que contengan los respectivos ordenamientos procesales sobre plazos para la terminación de las causas, se establecen las siguientes normas para el mejor desenvolvimiento de la Administración de Justicia:
a) El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Oficio, por denuncia de parte interesada, de los abogados o procuradores de la misma o de los funcionarios del Ministerio Público, podrá solicitar a los magistrados de Primera y Segunda Instancia y de los Tribunales del Trabajo, el pronto despacho de las causas que estos tengan a resolución, cuando se comprobaren demoras injustificadas, así como también recabarles los informes que estimare convenientes. En el caso de que la denuncia procediera de los interesados o de sus profesionales asistentes, podrán reservarse sus nombres si así lo solicitaren.
b) El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia estará investido de amplias facultades para interponer los recursos y quejas pertinentes y, en su caso, promover las acciones para la formación del Tribunal de Enjuiciamiento cuando los jueces mencionados en la presente Ley, incurrieran en negligencia manifiesta en el cumplimiento de sus obligaciones.
c) Los funcionarios del Ministerio Público deberán ajustar sus actividades a las instrucciones que les imparta el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia en su carácter de Jefe de la Institución, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 180 de la Constitución de la Provincia y por los incisos 1, 12 y 13 del artículo 76º de la Ley 5.827, constituyendo falta grave para aquellos el no acatamiento de las mismas.
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