Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 8.065/1973
No podrán desempeñar la función de administrador y subadministrador general:
1. Los condenados en causa criminal por delitos comunes.
2. Los concursados civilmente o declarados en estado de quiebra.
3. Los comprendidos en las inhabilitaciones de orden ético o legal que para los funcionarios de la Administración Pública establezca la legislación vigente.
4. Los que se encuentren desempeñando cargos electivos nacionales, provinciales o municipales.
5. Los que por el desarrollo de sus actividades privadas, estén ligados directa o indirectamente a proveedores o terceros contratantes con O. S. B. A.
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