Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 8.686/1976
Se requerirá de los jueces competentes autorización para allanamientos domiciliarios con fines de pesquisa, detención de personas y secuestros.
La autorización judicial no será necesaria cuando el procedimiento deba realizarse en lugares públicos o de acceso habitual de público y en aquellos casos de excepción expresamente contemplados en las normas legales.
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